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INFORME DE ACTIVIDADES 2022    Ayuda

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  3. Personas en Situación de Víctimas

Personas en Situación de Víctimas

Diagnóstico de los Derechos Humanos de las Personas en Situación Víctimas

Las personas en situación de víctimas integradas en colectivos, con el apoyo de organizaciones de defensores de derechos humanos, instituciones, poderes públicos y otros sectores sociales y académicos, lograron en 2013, con la expedición de la Ley General de Víctimas (LGV), el reconocimiento de sus derechos, sin embargo, su implementación en el ámbito administrativo y penal no ha sido plena, lo cual ha abierto una brecha que hasta ahora no se ha conseguido cerrar entre los derechos reconocidos en el marco normativo a este grupo de personas de atención prioritaria para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su cumplimiento.
 
Lo anterior obedece, sobre todo, a la debilidad, en algunos casos histórica, de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, salud, de protección de niñas, niños y adolescentes, entre otras, incluso, de las comisiones de víctimas federales y locales que operan el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), instancia de formulación de políticas públicas en la materia, instalada en 2015, pero que no ha operado regularmente como lo establece la Ley General de Víctimas, lo cual ha impedido la implementación de una política pública nacional de atención a víctimas que articule los esfuerzos institucionales, tal y como se detalla en el Diagnóstico Situacional elaborado por esta CNDH.

Como se advierte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022,[1] elaborada con datos de 2021, durante dicho ejercicio se contabilizaron en el país 22.1 millones de víctimas; la prevalencia delictiva en hombres fue 8% mayor que la estimada para mujeres y las entidades con mayor prevalencia delictiva fueron Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Tabasco, Querétaro, Puebla, Guanajuato y Jalisco.
 
En 2021, únicamente se denunció el 10.1% de los delitos, identificándose en la ENVIPE a la pérdida de tiempo (33.5%) y a la desconfianza en la autoridad (14.8%), como las razones más comunes de las personas en situación de víctimas para no denunciar. Aunado a ello, la Encuesta reveló que solo en el 67.3% de los casos denunciados el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación, así como que en el 50.8% de éstas no pasó nada o no se continuó con la investigación.
 
Al respecto, Impunidad Cero,[2] organización de la sociedad civil que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en nuestro país, ha señalado que, “combinados los altos índices de incidencia delictiva, la baja denuncia y efectividad de las autoridades para resolver los delitos, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de apenas 1%.”
 
Sumado al contexto social descrito, como se apuntó líneas arriba, las deficiencias institucionales han recrudecido las problemáticas a las que se enfrentan las personas en situación de víctima.  En ese tenor, destaca la eliminación del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la falta de creación de fondos en algunas comisiones locales de atención a víctimas, o bien, la insuficiente dotación de recursos en los fondos ya existentes, que ha generado afectaciones de manera general en el derecho de las personas en situación de víctimas a la reparación del daño sufrido y, en específico, al establecimiento de medidas de asistencia y apoyo a su favor.
 
Ante tal escenario -que se agravó con la emergencia sanitaria de COVID-19, en razón de sus afectaciones no solo en la salud y economía del país, sino también en el funcionamiento de la administración pública federal y local y en la operación de la justicia-, este Organismo Nacional ha reforzado su quehacer institucional para incidir ante las autoridades correspondientes y coadyuvar en la atención integral de las víctimas que garantice su derecho a la reparación del daño tutelado en la Constitución Federal y en el derecho internacional de los derechos humanos, así como al acceso a la justicia y a la atención oportuna de sus necesidades derivadas del hecho victimizante -gastos de traslado, hospedaje, alimentación, salud, vivienda, becas educativas, entre otras que regula la LGV-.
 
El reforzamiento del quehacer institucional en cita se ha enfocado, principalmente, en los casos relativos a delitos de alto impacto social o violaciones graves de derechos humanos que afectan a grupos sociales históricamente desprotegidos, como es el caso de los feminicidios y las demás formas de violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes; violencia contra personas mayores; desaparición forzada y/o cometida por particulares; agravios a periodistas; desplazamiento forzado por razones políticas, ambientales y/o crimen organizado, entre otros, que ocupan la agenda nacional y trazan una ruta crítica en las estrategias y acciones para la atención que brinda este Organismo Nacional a las personas en situación de víctimas, a través de, entre otros, de sus servicios victimológicos.
 
[2] Disponible para consulta en la siguiente liga electrónica: https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=170&t=percepcion-de-impunidad-2022
 

La CNDH en materia de Personas en Situación de Víctimas

En el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024[1] de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de su Programa Anual de Trabajo 2022[2], este Organismo Nacional ha venido impulsando un proceso de reestructuración y replanteamiento de funciones, con el que se ha buscado fortalecer la atención que se brinda a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, con el objeto de incidir en la actuación de las autoridades competentes para que garanticen los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño que el marco jurídico reconoce a las personas en situación de víctimas, así como de coadyuvar en su atención integral.
 
La continuidad en la reorientación sustantiva en la actuación de la CNDH ha implicado redireccionar diversos recursos y esfuerzos a la atención de las víctimas, con el objeto de atender las exigencias del escenario nacional que aún muestra una disociación entre lo establecido en el marco normativo y la observancia y garantía de los derechos de las personas en situación de víctimas.
 
En ese tenor, este Organismo Nacional, a través de su Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (PROVÍCTIMA) -denominación adoptada con motivo de la reforma al Reglamento Interno de la CNDH de octubre de 2021-, ubicado en razón de la reorientación sustantiva en comento en el eje rector de protección y defensa de los derechos humanos, ha asumido el imperativo de abonar, en el ámbito de la competencia de esta Comisión Nacional, a la implementación de la política nacional de atención a las personas en situación de víctimas, así como de redireccionar sus actividades y fortalecer, en el marco de sus atribuciones, los servicios de protección que contribuyan a la atención de dicho sector de la población.
 
En ese contexto, la CNDH, a través de PROVÍCTIMA ha impulsado procesos de mejora en los servicios que ofrece y que proporciona con cobertura nacional, entre los que se encuentran: orientación jurídica, atención psicológica, atención de requerimientos de información sobre las instancias competentes y los mecanismos para hacer exigibles determinados derechos, canalización y acompañamiento a las personas en situación de víctimas.
 
Además, ha continuado la reorganización del Programa -creado en el año 2000- iniciada en 2021 con motivo de la adición al Reglamento Interno de esta Comisión Nacional del artículo 95 Bis que le encomienda el acompañamiento victimológico a las víctimas, para lo cual, PROVÍCTIMA redireccionó sus recursos orientándolos al fortalecimiento de los servicios de protección que proporciona, con especial énfasis en el acompañamiento victimológico ante las instituciones públicas competentes, con el objeto de verificar de manera directa que se atienda adecuadamente a las víctimas y se respeten sus derechos, especialmente de las personas en situación de víctimas que además pertenecen a grupos sociales históricamente desprotegidos como las mujeres, niñas y niños, adolescentes y personas adultas mayores, para lo que, incluso, la estructura del Programa fue robustecida con la asignación de personas visitadoras adjuntas.
 
Los servicios victimológicos en cita se proporcionan con enfoque psicosocial, de derechos humanos y perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales, a fin de facilitar a las personas víctimas el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, así como a la recuperación de su proyecto de vida. 
 
En adición a los servicios victimológicos, PROVÍCTIMA participa en actividades de vinculación con instituciones públicas de los órdenes de gobierno federal y local, así como con organizaciones de la sociedad civil y colectivos con trabajo en favor de las víctimas, para dar seguimiento a los compromisos institucionales y a la política pública nacional en la materia, concertar acciones conjuntas y coadyuvar en la atención integral de las necesidades de las víctimas derivadas del hecho victimizante que les causó daño. Además de que, eventualmente, colabora con el área competente de este Organismo Nacional en el desarrollo de actividades de toma de conciencia orientadas a difundir el contenido y alcance de los derechos humanos de las víctimas y de los mecanismos existentes para exigir su observancia, así como a la actualización y/o especialización de las y los servidores públicos, cuyas funciones se relacionan con la atención de las personas en situación de víctimas.
 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Víctimas

Ante el inacabado proceso de implementación de la Ley General de Víctimas y del establecimiento y efectiva operatividad del SNAV, como parte del proceso de reestructuración y replanteamiento de funciones con el que se ha buscado centralizar a las víctimas en el quehacer institucional de este Organismo Nacional, durante el periodo que se reporta, PROVÍCTIMA fortaleció, en el ámbito de sus atribuciones, la atención de las personas en situación de víctimas, brindándoles servicios victimológicos -cuya prestación no ha sido interrumpida durante la emergencia sanitaria de COVID-19 iniciada en el año 2020 y que en 2022 continúa generando efectos negativos en el acceso a la justicia de las víctimas-, a saber:  orientación jurídica, apoyo psicológico a través de la atención en crisis y/o psicoterapia breve y, cuando el caso lo amerita, acompañamiento, así como canalización ante las instituciones competentes que podrían aportar al proceso de atención a las personas en situación de víctimas, además de la atención de requerimientos de información sobre las instancias competentes y los mecanismos para hacer exigibles determinados derechos de las víctimas, convirtiéndose así en un puente entre las víctimas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y entre las instituciones públicas de las esferas federal y local que forman parte del SNAV para la facilitación de los servicios necesarios para la atención integral de aquéllas.
 
Los servicios fueron proporcionados con especial énfasis en las personas que aunado a la victimización suman alguna otra condición de vulnerabilidad, considerando los aspectos que se describen en el siguiente cuadro:[1]
 
Delito y/o Violación a Derechos Humanos Personas en situación de víctimas  
Victimización
(Daño individual y/o colectivo: físico, psicológico, patrimonial, entre otros)		 Condición de vulnerabilidad: “(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.”
Causas de vulnerabilidad: “(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.” [2]
 
En materia penal, según las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se consideran en esta categoría a las víctimas del delito  y, con motivo de la aprobación de la LGV en 2013, cabe hacer extensiva tal condición a las víctimas de violaciones a derechos humanos que cuenten con alguna relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados del hecho victimizante experimentado, de su contacto con el sistema de justicia (victimización institucional), o bien, para hacer frente a los riesgos de sufrir una nueva victimización.
 
En consecuencia, en el marco del eje relativo a la atención victimológica, durante 2022 se aperturaron 2,679 expedientes, de los cuales se concluyeron 2,679, lo cual implicó la atención de 2,946 personas: 1,583 mujeres; 1,220 hombres; 54 mujeres y 6 hombres adolescentes; 50 niñas y 33 niños.
 
A continuación, se desglosa la vía de acceso y la naturaleza de los casos materia de los expedientes aperturados:
 
             Vía de acceso de los asuntos
PROVÍCTIMA/TEL 472
PROVÍCTIMA/WEB 444
PROVÍCTIMA/SEDE 106
PROVÍCTIMA/VA 1,630
PROVÍCTIMA/ESCRITO 27
Total 2,679
 
 
    Naturaleza jurídica de los casos atendidos
Otras materias 657
Penal 1,889
Violaciones a derechos humanos* 133
Total 2,679
    *Quejas y/o recomendaciones de organismos locales o
              nacional de derechos humanos, así como inconformidades ante la CNDH.
 
               Asuntos Penales*     Violaciones a derechos humanos
Víctimas 1,593 Organismos locales 80
Inculpados 296 Organismo Nacional 53
Subtotal 1,889 Subtotal 133
Total 2,022
   * En los asuntos de naturaleza penal el 84.33 % fue planteado por las víctimas
              directas o sus familiares y el 15.67 % por los inculpados.

Lo anterior, originó que se proporcionaran 6,184 servicios victimológicos de los que 2,315 fueron orientaciones jurídicas, 214 atenciones psicológicas, 2,685 requerimientos de información, 560 acompañamientos y 410 canalizaciones a instituciones públicas, dirigidas éstas últimas a 622 personas: 417 mujeres y 175 hombres, así como 14 niñas, 9 niños y 3 mujeres y 4 hombres adolescentes.
     
Servicios proporcionados
Orientación jurídica 2,315
Atención psicológica 214
Información 2,685
Acompañamiento 560
Canalizaciones 410
Total 6,184
Hay asuntos en los que se proporcionó más de un servicio.
  
Asimismo, en el periodo que se informa, se recibieron en PROVÍCTIMA dos folios calificados como remisión y, por tanto, remitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, respectivamente, para su tramitación por tratarse de presuntos hechos violatorios atribuidos a servidores públicos de las referidas entidades federativas. De igual forma, se encuentran en dicho Programa 4 folios calificados como remisión en trámite.

Para potenciar los servicios victimológicos en cita y, como parte del proceso de reestructuración y replanteamiento de funciones en este Organismo Nacional al que se ha hecho referencia, con el que se ha buscado privilegiar la atención a las víctimas, PROVÍCTIMA, en aras del fortalecimiento de sus servicios de protección, durante 2022 desarrolló una estrategia de trabajo con la que se buscó, por un lado, empoderar a las víctimas para que interpongan, cuando procedan, las denuncias correspondientes ante las fiscalías de justicia o las quejas ante organismos públicos de derechos humanos y, al mismo tiempo, la concertación de acciones interinstitucionales orientadas a garantizarles medidas de protección efectivas -que eventualmente, en conjunto con otras acciones de política pública, faciliten su recuperación de las consecuencias del hecho victimizante- y, por el otro, fortalecer la colaboración y coordinación con los actores involucrados en la atención de este grupo de personas de atención prioritaria para facilitar su acceso a la verdad, a la justicia y, en su caso, a la reparación del daño.
 
Esta estrategia en lo relativo a la atención victimológica abarca lo siguiente:
 
  1. Orientar eficazmente a las personas en situación de víctimas, brindándoles acompañamiento victimológico para que denuncien los delitos y/o violaciones a derechos humanos cometidos en su agravio y llevarlas a un entorno seguro ante situaciones de alto riesgo.
 
Para su implementación se realizaron acciones específicas que a continuación se destacan:

I. Acercamiento de servicios victimológicos a la sociedad en general en espacios públicos de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos

Implicó la habilitación de mecanismos para acercar los servicios victimológicos a la sociedad en general. Para ello, se realizaron jornadas de atención de personas en campo, trasladando los servicios a la periferia de instituciones del ámbito federal y local: Fiscalía General de la República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Centros de Reclusión de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México y Estado de México, entre otras, a las que las víctimas acuden a solicitar servicios o a presentar denuncias e inconformidades; además de que se allegan los servicios a lugares en los que potencialmente pueden ocurrir delitos y/o violaciones a los derechos humanos con el objeto de brindar atención a las víctimas.
 
Dicha actividad implicó proporcionar a las personas atendidas, de manera breve, información sobre los derechos reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional y las instancias de apoyo a personas en situación de víctimas que operan en la Ciudad de México y en el Estado de México -entidades federativas donde se trabajó-, así como orientación jurídica específica y, en su caso, acompañamiento o canalización ante las instancias competentes para atender sus necesidades victimológicas y prevenir la victimización institucional.
 
Para llevar a cabo dichas acciones, se organizaron dos equipos de trabajo integrados cada uno de ellos por dos visitadores y/o visitadoras adjuntas y una persona operativa que condujo la volanta (unidad móvil de la CNDH), la cual se ubicó, con la anuencia de las autoridades correspondientes, en los lugares donde se realizó la actividad, misma que se desarrolló durante cuatro días a la semana en horario laboral y a la que el personal asistente acudió debidamente identificado y con material de difusión elaborado por esta CNDH sobre diversos temas en materia de derechos humanos.
 
La estrategia de acercamiento de los servicios que proporciona este Organismo Nacional a las víctimas a través de diversas acciones, debe ser un desafío institucional permanente, el cual encuentra sustento en el hecho de que grandes sectores sociales no tienen conocimiento de los derechos que les asisten cuando son víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos, ni de las instituciones del Estado Mexicano a las que pueden recurrir para que les brinden atención victimológica, que les permita, eventualmente, acceder a la justicia en el sentido más amplio del término y retomar su proyecto de vida.
 
En el marco de los trabajos en cita, fueron atendidas 631 personas: 408 mujeres y 223 hombres. 

II. Laboratorio victimológico de autoprotección, acompañamiento y reacción inmediata ante situaciones de alto riesgo
 
Durante 2022 se piloteó el proyecto denominado “Laboratorio victimológico de autoprotección, acompañamiento y reacción inmediata ante situaciones de alto riesgo”, dirigido en un inicio a grupos de jóvenes en centros de educación superior y, posteriormente, se amplió a otros niveles educativos,  que tiene como objetivo, contribuir a la prevención victimológica de las distintas manifestaciones de violencia en agravio de mujeres y hombres en rangos de edades entre 18 a 24 años, pues de acuerdo con fuentes de información nacionales entre las que se encuentran datos del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[3] y los propios datos de atención de PROVICTIMA, las personas de esas edades, con frecuencia se han visto vulneradas por distintas tipologías victímales que van desde violencia de género y violencia familiar, hasta trata con fines sexuales, acoso sexual, ciberbullying (acoso virtual), sexting (sexteo: término relativo al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos móviles), incorporación forzada a la delincuencia organizada, desaparición de personas, feminicidios y homicidios.
 
Los trabajos del laboratorio iniciaron de manera experimental en junio, con la Universidad Politécnica “Francisco I. Madero”, ubicada en la localidad de Tepatepec, Estado de Hidalgo; y, en septiembre y octubre, con la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Durante las jornadas universitarias, se trabajó con 1,005 personas -461 mujeres y 544 hombres- (jóvenes estudiantes y personal docente y administrativo), a quienes se les proporcionó orientación jurídica sobre el procedimiento para interponer denuncias penales que son competencia de las fiscalías de justicia o quejas ante los organismos públicos de derechos humanos, incluyendo a este Organismo Nacional, así como información general sobre el marco jurídico nacional en materia de víctimas de delito y/o de violaciones a derechos humanos.
 
Esta actividad con enfoque preventivo, se amplió en contenido a través de los llamados “Círculos Restaurativos”, los cuales al igual que los laboratorios se realizaron con las y los alumnos de planteles educativos con el objetivo de abordar las conductas víctimales y violaciones a los derechos humanos, desde un enfoque psicosocial, pedagógico y humanista, así como orientar desde la prevención y protección integral a adolescentes y jóvenes, para restablecer derechos, la toma de conciencia sobre el daño causado y prevenir y detectar conductas víctimales que permitan reparar el daño en lo individual, social y en las relaciones interpersonales de los estudiantes con sus pares.
 
En este contexto, la CNDH de junio a noviembre del año que se informa, en el marco del Plan Estratégico Institucional por una Cultura de Paz y Derechos Humanos, en septiembre realizó 63 laboratorios de prevención víctimal y 135 círculos restaurativos en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca. 
 
A través de dichas prácticas y metodologías restaurativas, se impactó y atendió a más de 5,000 personas del estudiantado y docentes, principalmente, de los diversos planteles educativos donde se trabajó.
 
Destaca la colaboración sostenida con el Colegio Nacional de Supervisoras y Supervisores de Educación Media Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que permitió realizar los “Laboratorios victimológicos de autoprotección, acompañamiento y reacción inmediata ante situaciones de alto riesgo” y los “Círculos Restaurativos” en centros de educación media superior, en noviembre, en la Ciudad de Oaxaca. 
 
Cabe precisar que, de los Laboratorios y Círculos Restaurativos realizados, han resultado practicas restaurativas inmediatas, como la construcción de redes de apoyo educativas, comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, que, como mecanismo, sirven de puente para que estudiantes, personal docente y no docente, cuenten con el apoyo de referencia de instituciones federales, estatales y municipales, cuando existan conductas víctimales que pongan en riesgo a integrantes de la población educativa.   
 
Las acciones que implementen las redes de apoyo de prevención y atención víctimal al interior de los planteles educativos, impactaran de manera inmediata en la reducción de conductas y conflictos en la institución educativa; por esta razón, con motivo del “Primer Encuentro Nacional de Prevención Victimal y Cultura de Paz en el Ámbito de la Educación Media Superior”, realizado el 25 de noviembre en la referida entidad federativa, se tomó protesta a los primeros tres Comités para la Prevención y Atención Víctimal, Embajadoras y Embajadores de Derechos Humanos, los cuales están conformados por alumnas, alumnos, personal docente, no docente y padres de familia, cuyo objetivo es ser una red educativa que permita la prevención, detección, recepción y atención de los casos de violencia identificados en el plantel educativo de que se trate, convirtiéndose además, en un espacio en donde se atenderán los casos en los que la comunidad educativa se ve involucrada en los diversos tipos y modalidades de violencia de género y otras violencias dentro del núcleo familiar y el entorno social, promoviendo así la aplicación de medidas reparadoras desde un enfoque integral y de derechos humanos. 
 
Además, las personas atendidas, siguiendo la metodología del Estudio del Caso, expresaron de manera individual y confidencial en un formato prestablecido, las distintas vulneraciones que ellos, sus familiares y/o personas de su entorno cercano han padecido, lo cual permitió conocer los delitos de mayor incidencia en las Universidades en comento y, por ende, en la región, así como la situación del estudiantado derivada del hecho victimizante.
 
De manera complementaria, se les remitió información básica sobre estrategias y/o medidas para promover entre el estudiantado una conciencia victimal respecto de los riesgos severos y de alto impacto que enfrentan en su cotidianidad, y sobre los servicios de orientación jurídica, atención psicológica y acompañamiento que este Organismo Nacional puede brindar a quienes sean víctimas para que asuman la decisión de denunciar con la confianza de que se les acompañará para que las instituciones competentes las atiendan y, en su caso, se les lleve a entornos seguros ante situaciones de alto riesgo.
 
A partir de los trabajos realizados, en la Universidad Politécnica “Francisco I. Madero” de Tepatepec, Hidalgo, PROVÍCTIMA identificó 164 casos en los que fue necesario proporcionar orientación y atención psicológica a distancia. Para la atención oportuna de dichos casos, se fortaleció la colaboración interinstitucional con la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, a efecto de que a través de la próxima formalización del convenio correspondiente que permita la canalización respectiva, coadyuve con este Organismo Nacional en la atención psicológica a estudiantes y a su colocación en entornos seguros ante situaciones de alto riesgo.
 

III. Niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición, como grupo de personas en condición de vulnerabilidad y tema prioritario en la política pública de atención a víctimas

Si bien a través de los servicios proporcionados por PROVÍCTIMA se atiende a todas las personas en situación de víctimas que lo solicitan, se pone especial énfasis en la atención de quienes además, se encuentran en condición de vulnerabilidad, circunstancia que les impide hacer frente a las consecuencias del delito o de la violación a derechos humanos y acceder a la justicia, como sucede en el caso de niñas, niños, adolescentes, mujeres y jóvenes de ambos sexos, entre otros grupos de atención prioritaria. En ese tenor, en los casos de desaparición que afectan a esos sectores de la población, los esfuerzos se redoblan.
 
Lo anterior, en razón de que si bien el fenómeno de la desaparición de personas ha generado y continúa generando estragos en las personas en condición de víctimas y en la sociedad misma, la desaparición de niñas, niños y adolescentes es un fenómeno social que se ha agravado en los últimos años.
 
Según un análisis de contexto elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en colaboración con la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México (Redim)[4], adolescentes de entre 12 y 17 años, de complexión delgada, mayoritariamente estudiantes de secundaria, son parte de las características de las víctimas de desaparición en el Estado de México, entidad que concentra el 20% de los registros de desapariciones de niñas y mujeres desaparecidas en el país, seguido por Tamaulipas y Jalisco, donde las principales causas de desaparición son la trata de personas y el feminicidio.
 
Para la Redim, las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, y de manera particular las de niñas y adolescentes mujeres han sido “invisibilizadas” por el “adultocentrismo y el sexismo” y los casos aumentan por la impunidad que propicia la repetición de este deleznable hecho violatorio.
 
Por su parte, la CNB ha señalado que en México se está desapareciendo a la juventud, lo mismo a hombres que a mujeres, destacando que respecto a estas últimas, el pico más alto de los registros de desapariciones está entre los 15 y 19 años de edad, de ahí la importancia de los análisis de contexto para generar mejores estrategias de búsqueda.
 
Por esos motivos, al tratarse la desaparición de este grupo de personas de casos de alto impacto por las características de las víctimas, el riesgo severo que corre la integridad personal de la víctima directa y el trastorno que ocasiona en la vida de sus familiares, este Organismo Nacional a través de PROVÍCTIMA, en razón de que la realización de acciones en este tema es una obligación del Estado mexicano que involucra a todas las instituciones públicas con atribuciones en el tema, incluyendo a los organismos públicos de derechos humanos, ha intervenido de manera oficiosa en casos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo comunicación y vínculos de colaboración con las fiscalías especializadas en esta materia para que atiendan a los familiares de las víctimas y profundicen en las investigaciones, especialmente, en los casos de niñas y niños, adolescentes y mujeres, procurando que se emitan las alertas Amber (menores de edad)  y/o Alba (mujeres), según corresponda.
 
Es de resaltar que no obstante que la mayoría de las desapariciones son del ámbito estatal, se obtuvo la colaboración de la Dirección de Difusión de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que facilitó que en los casos enviados a dicha instancia por esta Comisión Nacional, se realizara la búsqueda respectiva a nivel nacional con la intervención de autoridades federales. 
 
Cabe destacar que en los casos en los que se tuvo contacto con los familiares de las víctimas directas, se proporcionó información general sobre sus derechos, atención psicológica de contención, orientación jurídica, acompañamiento ante las fiscalías especializadas del ámbito federal y local, así como canalización ante otras instancias competentes.
 
En el marco de las acciones referidas, se intervino en 140 casos, de los cuales, en el 50.71% se logró la localización con vida de las personas desaparecidas (71 personas). Ante su localización, la intervención de la CNDH continuó con el objeto de brindarle, con un enfoque victimológico, el acompañamiento respectivo para facilitar su reincorporación al núcleo familiar y a su comunidad.   


IV. Acompañamiento victimológico para verificar que las instituciones competentes brinden asistencia, apoyo y protección a las personas en situación de víctimas
 
En el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 de este Organismo Nacional, que incluyó como una de sus acciones prioritarias el fortalecimiento de los servicios que la CNDH proporciona a las personas en situación de víctimas, destacan los acompañamientos realizados en observancia a lo dispuesto en el  artículo 95 Bis de su Reglamento Interno -adicionado el 8 de octubre de 2021-, lo cual permitió, por una parte, verificar que a las personas acompañadas se les brindarán los servicios y ayudas que necesitaban y, por otra, advertir la debilidad de diversas instituciones manifestada en la falta de infraestructura y presupuesto, así como en la existencia de reglas o procedimientos rígidos para atenderlas y dar seguimiento a los casos.
 
El acompañamiento victimológico se ha venido consolidando como un instrumento cuyo objetivo esencial es propiciar la intervención inmediata de las instituciones públicas de los distintos órdenes de gobierno competentes en esta materia para que brinden a las víctimas asistencia, apoyo, protección y atención en su recorrido para obtener justicia, verdad y, de proceder, la reparación del daño.
 
En este sentido, en el año que se informa, se efectuaron 560 acompañamientos a personas en situación de víctimas ante fiscalías de justicia especializadas; centros de justicia para las mujeres; instituciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres; hospitales públicos; organismos públicos de derechos humanos; comisiones de víctimas; centros educativos -a través de círculos restaurativos-; entre otras, de los ámbitos federal y local, que forman parte del SNAV, con el objeto de que se atendieran sus necesidades inmediatas derivadas del delito y/o violación a derechos humanos, se les proporcionaran apoyos subsecuentes y se les facilitara el acceso a la justicia, a la verdad y, en su caso, a la reparación del daño, evitando su revictimización.
 
  1. Fortalecer la colaboración y coordinación con los actores involucrados en la política nacional de atención a víctimas.
 
El detalle de las acciones realizadas al respecto se describe en el apartado denominado “Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Personas en Situación de Víctimas” del presente Informe.
 
Por otro lado, para abonar a la protección y defensa de los derechos de las víctimas, también como parte de la reorientación de esfuerzos para fortalecer su atención, durante 2022, en el Programa se implementó el monitoreo cotidiano y seguimiento de notas periodísticas, con el objeto de identificar actos u omisiones que pudieran implicar presuntas violaciones a derechos humanos e incidir, en el ámbito de sus atribuciones, en la atención de dichos casos y en la actuación de las autoridades correspondientes, de manera que esta acción constituye otra alternativa para la defensa de las víctimas. En ese contexto, durante el periodo que se reporta se realizaron acciones para la atención y seguimiento de 149 notas periodísticas, relacionadas con la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, así como con feminicidios.
 
En suma, con las acciones en comento, la CNDH participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a las personas víctimas del delito y/o de violaciones a derechos humanos como en el de la prevención de éstas, al proporcionarles orientación jurídica sobre los derechos reconocidos en el orden jurídico nacional y convencional, atención psicológica de contención, canalización ante instituciones competentes para que les brinde auxilio y acompañamiento victimológico para verificar de manera directa la prestación de servicios y el cumplimiento de sus derechos e información general sobre los mecanismos legales e instituciones de apoyo a víctimas existentes para su defensa.
 
Lo anterior, ha permitido a la CNDH convertirse realmente en un puente entre las personas en situación de víctimas y las instituciones competentes que, en su caso, deban intervenir, verificando la atención que se les brinde y facilitando su acceso a la justicia.      
 
[1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Acceso a la justicia en tiempos de cuarentena. “También debe reconocerse claramente que la cuarentena inducida por COVID-19 ha creado repercusiones perjudiciales en las actividades judiciales. En todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 han impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia. La mayoría de los casos judiciales son, o serán, inevitablemente diferidos, si no paralizados.”, vínculo electrónico https://www.unodc.org/dohadeclaration/es/news/2020/03/access-to-justice-in-times-of-judicial-lockdown.html
[2] Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia del 4 al 6 de marzo de 2008, vínculo electrónico https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
[4] Desaparición de Mujeres Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata de personas con ese u otros fines, disponible en: https://issuu.com/infanciacuenta/docs/informe_edomex_versio_n_pu_blica
 

Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Personas en Situación de Víctimas

Como parte de la estrategia de la CNDH para fortalecer la atención que se brinda a las personas en situación de víctimas que solicitan su intervención, y ante la brecha existente entre los avances normativos, el respeto y ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de víctimas, entre otras causas, por la debilidad institucional para brindarles atención integral y facilitar su acceso a la justicia y, en los casos en que proceda, a la reparación del daño, la mejor fórmula para incidir en la observancia y garantía de sus derechos, es la suma y articulación de esfuerzos a través de la colaboración y coordinación entre las instituciones que cuenten con competencia en la materia.
 
La LGV dispuso la instalación y funcionamiento de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) al que se le concibió como la instancia superior de coordinación interinstitucional en materia de protección de los derechos de las víctimas a la que se delegó la responsabilidad de formular y articular instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos que lo integran, sin embargo, desde su instalación en 2015 no ha vuelto a sesionar, quedando de facto este compromiso en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancia de apoyo a víctimas en el ámbito federal, que no ha conseguido sumar los esfuerzos institucionales para atender la problemática pública de brindar atención integral a las víctimas y garantizar su derecho de acceso a la justicia.    
 
Ante ese escenario en el que existe una insuficiente coordinación y colaboración institucional, lo cual impacta la política nacional en materia de víctimas, la CNDH con atribuciones para atenderlas e interceder por ellas ante las autoridades competentes, ha asumido como una de sus prioridades clave el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional, a través de reuniones de acercamiento y concertación, así como de la suscripción de convenios específicos con todas las instituciones avocadas al tema, para potencializar los servicios y mejorar la atención que se brinda a las víctimas.  
 
En ese sentido, las actividades de vinculación realizadas en el Programa durante el año que se informa, se desarrollaron con un nuevo enfoque orientado a fortalecer la capacidad institucional para atender a las personas víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos en los ámbitos federal y estatal.
 
Con tal objeto y para fomentar la colaboración y coordinación interinstitucional con miras a mejorar la atención que se brinda a ese grupo de personas de atención prioritaria, en el periodo que se informa, Províctima participó en 45 actividades de vinculación con instituciones públicas, organizaciones sociales, colectivos y familiares de víctimas, en diversas entidades federativas del país, celebradas en su mayoría en la Ciudad de México, para concertar acciones conjuntas en beneficio de las personas en situación de víctimas, de las cuales 27 se realizaron a distancia. 
 
En el marco de dichas actividades, destacan las reuniones de trabajo con fiscalías especializadas en violencia familiar, desaparición de personas, feminicidio y unidades de derechos humanos de las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México; con Centros de Justicia para las Mujeres de diversas entidades federativas del país; Unidades de Igualdad de Género de las dependencias públicas de los distintos órdenes de gobierno; con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); con la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP); Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Fiscalía General de la República (FGR); Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de la Secretaría de Salud; Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los Colegios de Bachilleres (COLBACH); así como con organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra la Red Nacional de Refugios, A.C.; entre otras, realizadas con el objeto de abonar a la garantía de los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño de las personas en situación de víctimas, así como de coadyuvar en su atención integral y en la prevención de la revictimización.
 
Entre dichas reuniones de trabajo, son de resaltar las sostenidas con los Centros de Justicia para las Mujeres y Unidades de Igualdad de Género de diversas dependencias públicas, en las que se abordaron casos relacionados con distintas formas de violencia ejercida contra mujeres, niñas y adolescentes, solicitando, en el marco de sus atribuciones, su colaboración e intervención con perspectiva de género, enfoque que debe permear tanto en la administración pública como en la procuración e impartición de justicia.     
 
Destaca también, el impulso dado a la suscripción del convenio específico para brindar atención psicológica a las personas en situación de víctimas que sean canalizadas por esta CNDH a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), máxima casa de estudios comprometida con la atención de grupos sociales históricamente desprotegidos, entre los que se encuentran las personas en situación de víctimas, quienes necesitan, independientemente de las limitantes presupuestales o competenciales, la atención de sus requerimientos, entre otros, de representación legal, atención psicológica, becas escolares, vivienda, atención médica, etcétera. 
 
Por otro lado, es de subrayar el acercamiento y vinculación con el Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de la Secretaría de Salud, que permitió materializar la atención de los casos de personas en situación de víctimas que necesitan atención psicológica y/o psiquiátrica, a partir de las canalizaciones realizadas por este Organismo Nacional, así como la capacitación y profesionalización del personal de PROVÍCTIMA en el tema "Primeros Auxilios Psicológicos y Estrés Agudo".

En esta misma dirección, y con el fin de consolidar las herramientas con que se cuenta para mejorar la atención que se brinda a las personas en situación de víctimas, se concertó con el Hospital General Dr. Manuel Gea González, impartir el 6 y 8 de diciembre del año que se informa, un taller sobre la temática referida en el párrafo que antecede a visitadoras y visitadores adjuntos, así como personal directivo de la Primera Visitaduría General de la CNDH.

Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Víctimas

Si bien, en el marco de la reorientación sustantiva de la actuación de esta CNDH, PROVÍCTIMA replanteó sus metas privilegiando el desarrollo de actividades y sus servicios de protección, no puede desconocerse la importancia de la promoción de los derechos de las personas en situación de víctimas, como estrategia fundamental para incidir en su visibilización, reconocimiento y tutela, a través de la difusión de su contenido y alcance, así como de los mecanismos para hacerlos exigibles.
 
En ese contexto, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos, durante el periodo que se reporta, PROVÍCTIMA colaboró con el área competente de este Organismo Nacional en el desarrollo de 7 actividades de promoción, consistentes en el curso denominado “Perspectiva de Género y Derechos Humanos”, impartido en modalidad a distancia y compuesto  por 4 módulos con un tiempo de duración de 10 horas cada uno. El curso se dirigió a personas servidoras públicas integrantes de los centros de justicia para las mujeres y fiscalías especializadas de los órganos de procuración de justicia del país que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre logró impactar a 19,115 personas de diversas entidades federativas.
 
La temática abordada se impartió en el marco de la Recomendación General No. 43/2020. Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias, contribuyendo con ello a la sensibilización de las y los servidores públicos.
 
Asimismo, se realizó una plática sobre “La denuncia de la violencia y acoso sexual en espacios educativos desde la perspectiva de los derechos humanos”, en la Escuela Superior de Música (Campus Fernández Leal) de la Ciudad de México, dirigida a alumnos y alumnas, docentes y personal administrativo; así como el “Primer Encuentro Nacional de Prevención Victimal y Cultura de Paz en el Ámbito de la Educación Media Superior”, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26 (CBTis) de la Ciudad de Oaxaca, dirigido al Colegio Nacional de Supervisores y Supervisoras Federales de Educación Media Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), alumnos, alumnas, personal docente y no docente, así como a padres y madres de familia,  en el marco del Plan Estratégico Institucional por una Cultura de Paz y Derechos Humanos elaborado por este Organismo Nacional, y un conversatorio en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México sobre “El futuro de las Políticas Públicas en materia de Género”, dirigido a servidores públicos y público en general, con motivo de los “16 días de eventos contra la violencia hacia las mujeres y las niñas” que inició el 25 de noviembre que se conmemora el día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.

Divulgación de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Víctimas

Sin dejar de lado el proceso de reorientación de actividades como parte los mecanismos de mejora permanente de esta Comisión Nacional que enfatizan el fortalecimiento de los servicios de protección a las víctimas, a efecto de contribuir a la difusión del contenido y alcance de la Ley General de Víctimas y, en general, del marco jurídico protector de los derechos humanos de las víctimas, sensibilizar a la población en general y coadyuvar en el fortalecimiento de una cultura de respeto y observancia a los mismos, se revisaron y actualizaron 3 materiales de divulgación, cuyos contenidos fueron enviados al CENADEH para el correspondiente proceso editorial.
 
Asimismo, se distribuyeron 5,502 materiales -trípticos- en diversas entidades federativas del país, tales como Ciudad de México, Hidalgo y Michoacán, sobre diversas temáticas en materia de derechos humanos, dirigidos al público en general con motivo del acercamiento de los servicios del Programa, a través de las actividades de campo, así como a centros educativos y a diversas instituciones públicas que brindan atención a las personas en situación de víctimas. 
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