La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada en la sede las Naciones Unidas en 2006, surge del impulso de organizaciones sociales y colectivos de personas con discapacidad en todo el mundo, con el fin de brindar protección, promoción y supervisión respecto de los derechos humanos de más de 650 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, a un poco más del 10% de la población mundial de ese entonces, cifra que a la actualidad asciende a más de 1,000 millones de personas, es decir, aproximadamente el 15% de la población mundial (según la Organización Mundial de la Salud OMS).
 
La noción de una convención propia buscaba trasladar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente a un instrumento específico que coadyuvara a eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, y con ello lograr el reconocimiento y ejercicio de todos sus derechos humanos en igualdad de condiciones que el resto de la población.
 
En el marco de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica, en el 2001, la delegación del Estado mexicano fungió como una de las promotoras de la CDPD, contribuyendo a que en el Programa de Acción de Durban presentado durante el 56º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebrado en el mismo año, se reconociera la necesidad de adoptar un instrumento internacional para la protección y promoción de los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad.
 
A partir de la firma y entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país -3 de mayo de 2008- el Estado mexicano se comprometió a garantizar una serie de derechos que consideran aspectos particulares y las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, para cumplir con tales compromisos se han aprobado ordenamientos jurídicos y normativos, así como estructuras institucionales especializadas en la atención e inclusión de las personas con discapacidad que se inscriben en un proceso de evolución progresiva hacia la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. No obstante, la ineficacia de las políticas públicas en el país y su carencia de una perspectiva real de inclusión, aún da lugar a frecuentes vulneraciones a los derechos humanos de ese sector de la población.
 
La deficiencia en la eficacia de las políticas públicas y acciones gubernamentales, van de la mano de la inexistencia de datos estadísticos sobre el número de personas con discapacidad en México de los que se puedan advertir las problemáticas que enfrentan y su incidencia en los ámbitos escolar, laboral, cultural, social, económico, entre otros, lo que ha dificultado el diseño e implementación de acciones transversales e interseccionales que tutelen y garanticen el ejercicio pleno de los derechos de ese sector de la población.
 
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, configurándose como el 16.5% de la población total. Esta cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9%) que fueron identificadas como personas con discapacidad, más los 13 millones 934 mil 448 (11.1%) que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y de las 723,770 (0.6%) con algún “problema o condición mental”.
 
De acuerdo con el Censo en comento, se detecta mayor prevalencia de las personas con discapacidad en aquellas entidades que tienen un mayor número de población, de manera que el 52.40% de las personas con discapacidad en el país -equivalente a 10,919,571 personas-, se encuentra en ocho entidades federativas: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán.
 
Lamentablemente, las personas con discapacidad aún enfrentan barreras de actitud, físicas, institucionales y de información al ejercer sus derechos, que se han traducido en brechas sociales, económicas, políticas, educativas, de salud, laborales, solo por mencionar algunas, cuya eliminación es primordial para el disfrute de sus derechos humanos en igualdad de condiciones que el resto de la población.
 
A fin de ofrecer un panorama general sobre la situación de las personas con discapacidad, así como de las acciones realizadas por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Programa de Atención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para atender algunas de las problemáticas que vulneran a ese grupo poblacional, se elaboró un Diagnóstico pormenorizado que puede ser consultado en este apartado. 

El 8 de marzo de 2011, en la sesión ordinaria número 227, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que este Organismo Nacional se haría cargo de las tareas de promoción, protección y supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), creando así la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad.
 
En ese sentido, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 33, numeral 2 de la CDPD, la Dirección General en cita coordina el Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de este Organismo Nacional que tiene la finalidad de coadyuvar en la protección, observancia, promoción, divulgación y estudio de los derechos humanos de las personas con discapacidad y, como parte del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, supervisar la aplicación de la CDPD en México.
 
El Programa proporciona a las personas que así lo soliciten, servicios de orientación y asesoría jurídica de manera presencial, vía telefónica y por medios electrónicos y realiza gestiones y/o diligencias para su atención; ofrece pláticas, cursos, talleres, conferencias, entre otras actividades de capacitación y actualización a personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, a personas con discapacidad y sus familias y a las organizaciones sociales que las representan, en temas de derechos humanos de las personas con discapacidad; se realizan estudios e investigaciones sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en el país para formular recomendaciones y propuestas encaminadas a prevenir y proteger las conductas violatorias de los mismos y promover el perfeccionamiento del marco jurídico que los protege, e incluso, se colabora en la presentación de acciones de inconstitucionalidad; se elaboran y distribuyen materiales de divulgación -en formatos accesibles-, con el objeto de difundir el conocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad; se realizan actividades de vinculación con instituciones públicas y privadas para dar seguimiento a la política pública nacional en la materia y se llevan a cabo tareas de supervisión de la aplicación de la CDPD.
 
Con motivo de la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 de la CNDH, este Organismo Nacional ha venido impulsando un proceso de reestructuración y replanteamiento de funciones, con el que se ha buscado fortalecer la atención que se brinda a las víctimas.

Esta reorientación sustantiva en la actuación de la CNDH que ubica al Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad en el eje rector de protección y defensa de los derechos humanos, ha implicado el redireccionamiento de sus actividades y el fortalecimiento, en el ámbito de sus atribuciones, de los servicios de protección que abonen a la atención de las víctimas.

Aunado a lo anterior, el 25 de octubre de 2022, se realizó una reforma al Reglamento Interno de esta Comisión Nacional, a través de la cual se modifica el artículo 21, estableciendo que la persona titular de la Presidencia de la CNDH, ejercerá la presidencia del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adicionalmente, se modifican los artículos 61 bis y 61 ter instaurando la estructura y funciones del Mecanismo.
 
Además, el Área Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de este Organismo Nacional, como parte del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD (integrado por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las entidades federativas) coadyuva, en su caso, en los trabajos de capacitación y acompañamiento para la implementación y operación de los Mecanismos de Monitoreo Independientes Estatales de la CDPD en cada uno de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las entidades federativas, con el fin de construir una ruta de trabajo conjunta que permita establecer una estructura institucional que mejore sustancialmente la vida de la población con discapacidad en el país mediante la supervisión puntual del cumplimiento de la CDPD.

• Durante el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 22 de abril, se impartió el Curso Especializado en Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, organizado por esta Comisión Nacional a invitación de la Red Nacional de Ciegos México, A.C. (RENAC), con el objetivo de ofrecer a las y los integrantes de dicha Red (personas con discapacidad visual) un panorama y profundizar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad a la luz de diversos ordenamientos de fuente nacional e internacional. En el marco de sus 16 sesiones -conferencias- se abordaron los temas: “Antecedentes de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, “Modelos de Atención de las Personas con Discapacidad”, “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, “Normas Internacionales de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, “Niñas, niños y mujeres con discapacidad”, “Accesibilidad como Derecho Humano”, “Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad”, “Derecho de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, “Educación Inclusiva”, “Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad”, “Derecho al Más Alto Nivel Posible de Salud de las Personas con Discapacidad”, “Habilitación y Rehabilitación como Derecho Humano de las Personas con Discapacidad”, entre otros, a través de los cuales se les ofrecieron las herramientas necesarias para conocer y hacer exigibles sus derechos humanos ante las autoridades.
• Durante el periodo que va del 15 de febrero al 6 de septiembre se impartió el Diplomado Especializado en el Desarrollo de Estrategias de Protección, Promoción y Supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado de manera conjunta por esta Comisión Nacional, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y las comisiones estatales de derechos humanos en Veracruz, Tlaxcala y Yucatán, el cual tuvo por objetivo propiciar el conocimiento y desarrollo de habilidades en las y los integrantes de todos los Mecanismos de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el marco de sus 26 sesiones -mesas redondas, conferencias, conversatorios, talleres- se abordaron los temas 1) Panorama jurídico sociopolítico sobre la discapacidad en el Siglo XXI; 2) Interseccionalidad y Discapacidad; 3) Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Derecho Internacional; 4) Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Derecho Nacional; 5) Estrategias para la Promoción de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad; y 6) Estrategias de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad; formando a 42 personas servidoras públicas representantes de los 33 OPDH.
• Durante mayo se participó con la Universidad Autónoma de Guerrero, en la capacitación de docentes a través del Diplomado Estrategias para la Implementación de la Educación Inclusiva en el Nivel Medio Superior y Superior, impartiendo tres módulos de los seis que lo conforman, en los que se abordaron, entre otras, las siguientes temáticas: marco normativo nacional e internacional que tutela el derecho de las personas con discapacidad a una educación de calidad, fundamentos teóricos de la educación inclusiva que sustenta la relación enseñanza-aprendizaje a partir de la diversidad del alumnado, discriminación en el ámbito educativo y su impacto en el aprendizaje y convivencia escolar. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la atención educativa de alumnas y alumnos con discapacidad y coadyuvar en la garantía de su derecho a la educación inclusiva.  
• El 27 de junio, a invitación del Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Yucatán, se impartió el taller Inclusión de las Personas con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil, así como la capacitación sobre los Avances y Retos para el Ejercicio del Derecho a la Accesibilidad en México, dirigidas a personal de dicho Centro y a estudiantes de la Universidad Vizcaya Campus Mérida, con el objeto de proporcionarles herramientas para la elaboración de planes de evacuación y programas internos de protección civil que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad, así como de analizar la accesibilidad como principio indispensable para el ejercicio y materialización de los derechos de ese sector de la población.
• Los días 22 y 23 de septiembre se realizó el Quinto Encuentro de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en el que se contó con la participación de las y los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país. El Encuentro tuvo por objeto profundizar sobre los preceptos de la Convención en comento para determinar sus alcances en relación con las personas con discapacidad, así como reflexionar sobre las acciones que en el ámbito de competencia de los Mecanismos Estatales y del Mecanismo Nacional coadyuvan a la supervisión y observancia de la CDPD.
• Durante octubre y noviembre se realizaron 15 acciones en el marco del Curso Especializado Impartición de Justicia con Perspectiva de Discapacidad, con el objetivo de capacitar al personal impartidor de justicia del Poder Judicial de la Federación en temas relacionados con la capacidad jurídica y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
• Durante noviembre se capacitó a personal nacional e internacional de Rotoplas en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como derechos humanos de este sector de la población. Lo anterior, con el objetivo de promover entre gerentes y personal administrativo la inclusión plena.
• En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevaron a cabo 9 conferencias; 2 mesas redondas y 1 conversatorio en diversos temas tales como, Funciones del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD; Protección Civil; Armonización Legislativa Autismo; Derechos Sexuales y Reproductivos; así como el Protocolo Facultativo de la CDPD. Lo anterior, con el objetivo de generar conciencia en personas servidoras públicas, sociedad civil y público en general sobre los derechos de este colectivo, así como los mecanismos para hacerlos exigibles.

En aras del fortalecimiento de la vinculación interinstitucional y con el objeto de impulsar la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, se llevaron a cabo 208 reuniones de trabajo tanto con organizaciones de la sociedad civil como con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para la realización de eventos de promoción, formalización de acuerdos, suscripción de convenios de colaboración y difusión de una perspectiva positiva de las personas con discapacidad, tanto en modalidad presencial en diversas entidades federativas del país, entre las que se encuentran Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; como en modalidad virtual o a distancia, aprovechando los beneficios de la tecnología.
 
En el marco de la vinculación interinstitucional, es importante resaltar la participación continuada de esta Comisión Nacional, durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, a invitación de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud Federal, en las Mesas para el análisis y actualización de la Norma para la Emisión del Certificado de Discapacidad.
 
Adicionalmente, se destaca la participación de esta Comisión Nacional en un grupo de trabajo con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), para la creación del “Código de Ética y Conducta Profesional para Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana”, con el objeto de generar una herramienta que fortalezca y atienda los derechos lingüísticos de las personas sordas, a través del establecimiento de estándares profesionales dirigidos a las personas intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana.

Con la finalidad de coadyuvar a la eliminación de los prejuicios y estereotipos hacia las personas con discapacidad, así como de promover el respeto de sus derechos humanos y, en consecuencia, su inclusión plena en todos los ámbitos de la vida, la CNDH elaboró diversos materiales de divulgación en formatos accesibles tales como, trípticos, cartillas, folletos y cuadernos en fácil lectura y en sistema Braille, que se distribuyeron, en su mayoría, a organismos públicos de derechos humanos, secretarías de protección civil locales, y a organizaciones de y para personas con discapacidad.
 
En el periodo que se informa se distribuyeron 3,250 ejemplares tanto en tinta, como en formatos accesibles (fácil lectura y sistema Braille).
 
Se elaboraron, revisaron y/o actualizaron 11 materiales de divulgación, cuyos contenidos fueron enviados al CENADEH para el correspondiente proceso editorial.  Entre ellos, destaca el folleto Violencia. ¿Qué es, cómo darme cuenta y qué hacer? Información sobre violencia para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, diseñado con el objeto de ofrecer herramientas orientadoras para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad que les permitan identificar la violencia, las autoridades competentes para brindarles atención y las formas para erradicarla. 

Como parte del proceso de reestructuración y replanteamiento de funciones en este Organismo Nacional, con el que se ha buscado privilegiar la atención a las víctimas, durante el periodo que se reporta, el Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad fortaleció, en el ámbito de sus atribuciones, los servicios de protección que ofrece.

En ese tenor, en el marco de las acciones de protección y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se proporcionaron orientaciones y asesorías jurídicas de manera personal, telefónica y electrónica, respecto a diversas problemáticas o situaciones que conllevan a la vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad para, en su caso, su posterior canalización al Área de Quejas de esta Comisión Nacional, remisión a las instancias correspondientes, o bien, gestión con instancias públicas o privadas para la resolución de la problemática expuesta. De esta manera, durante el 2022 se atendieron 166 orientaciones y 155 asesorías jurídicas que fueron canalizadas a las instituciones pertinentes. 
 
Además, en los casos en que la orientación o la asesoría jurídica lo requirió, se realizaron gestiones y/o diligencias con las autoridades competentes consistentes en la vinculación o enlace con instituciones del sector público, privado, social o académico, con la finalidad de coadyuvar en la solución de la problemática planteada por la persona peticionaria. En ese sentido, se llevaron a cabo 80 gestiones que implicaron la realización de 97 diligencias, encauzadas a conciliar o mediar entre las partes o, bien, a obtener información para atender cada petición. 

El trabajo que se realiza a través de las orientaciones y asesorías jurídicas, las gestiones y las diligencias, se hace desde un enfoque transversal e interseccional, considerando los requerimientos específicos de cada caso y procurando el trato diferenciado para coadyuvar en su atención integral.
 
Entre dichas actividades, cabe destacar que se realizó la gestión y acompañamiento correspondiente a una persona con discapacidad motriz del Estado de Jalisco, en razón de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condicionó el trámite de su firma electrónica a la presentación de un dictamen médico que acreditara su capacidad, de un “dictamen de incapacidad” y de la firma de su madre quien fungiría como tutora. Las gestiones realizadas por esta Comisión Nacional para la atención del caso, así como la contravención al derecho de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, tutelado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, constriñeron al SAT a reconocer la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y a expedir la firma electrónica solicitada.

Para abonar a la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como parte de la reorientación de los esfuerzos para fortalecer la atención de las víctimas, durante 2022, en el Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad se implementó el monitoreo cotidiano y seguimiento de notas periodísticas, con el objeto de identificar actos u omisiones que pudieran implicar presuntas violaciones a derechos humanos e incidir, en el ámbito de sus atribuciones, en la atención de dichos casos y en la actuación de las autoridades correspondientes, de manera que esta acción constituye otra alternativa para la defensa de las víctimas. En ese contexto, durante el periodo que se reporta se realizaron acciones para la atención y seguimiento de 1 nota periodística.

Adicionalmente, en razón de que la estructura del Programa fue robustecida con la asignación de personas visitadoras adjuntas para reforzar sus servicios de protección a las víctimas, a partir de septiembre del 2022, se colaboró en la atención directa de 7 expedientes registrados -2 de queja, 2 de orientación directa y 3 de remisión- de los cuales al cierre del año se encontraban concluidos 2 expedientes de queja y 2 expedientes de remisión.

Derivado de las modificaciones al Reglamento Interno de esta Comisión Nacional, el Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad se transformó en Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir del 26 de octubre de 2022, el cual ya no cuenta entre sus atribuciones con la integración de expedientes de quejas, por lo que ya no se continuó con esta actividad.  

No se omite señalar que, de acuerdo a los registros del Sistema de Gestión, en las diversas áreas de esta Comisión Nacional, durante el periodo de 1 enero al 27 de diciembre del 2022, se recibieron 510 escritos de queja presentados por personas con discapacidad, de los cuales, 352 se encuentran concluidos (209 durante el trámite respectivo, 124 por orientación, 11 por no existir materia, 5 por falta de interés procesal del quejoso y 2 por conciliación) y 159 están en trámite. En los escritos de queja aludidos destacan, principalmente, tres derechos vulnerados: seguridad jurídica, igualdad y protección a la salud, siendo las tres principales autoridades señaladas como presuntas responsables la Secretaría de Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Cabe hacer mención que este número de quejas solo corresponde a las presentadas por personas con discapacidad, según información proporcionada por la Dirección General de Quejas y Orientación, unidad que cuenta con información actualizada y completa, sobre el total de quejas recibidas en esta Comisión Nacional.

Es de resaltar que durante marzo, en colaboración especial y de manera conjunta con la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de esta CNDH, el Programa brindó acompañamiento a la persona quejosa, en el marco del monitoreo del cumplimiento de la Recomendación 81/2020, emitida en su momento por este Organismo Nacional, relativa a violaciones del derecho a la no discriminación, en perjuicio de un niño con Síndrome de Down, por parte de servidoras y servidores públicos adscritos al Instituto Hidalguense del Deporte.

Por otro lado, en el marco de las acciones de protección y defensa en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, durante 2022, se emitieron las siguientes recomendaciones:
 

• Recomendación No. 32/2022, de fecha 18 de febrero, dirigida a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones al derecho humano a la salud por negligencia médica, en el HGR-72 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, así como al acceso a la justicia atribuible a la FGR y a la FGJ-EM, en agravio de QV, quien a consecuencia de la negligencia médica quedó impedida para trabajar “con pensión por invalidez definitiva
• Recomendación No. 34/2022, de fecha 22 de febrero, dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre la falta de adecuado seguimiento de atención médica especializada y tratamiento oportuno, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de una persona con discapacidad psicosocial, quien requería de medicamento y supervisión estrecha, en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit.
• Recomendación No. 49/2022, con fecha del 3 de marzo, dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud en relación con el acceso al más alto nivel posible de salud física y mental en agravio de personas privadas de la libertad -entre ellas personas con discapacidad- en el Centro Federal de Readaptación Social en Buenavista Tomatlán, Michoacán.
• Recomendación No. 50/2022, de fecha 8 de marzo, dirigida a Petróleos Mexicanos, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud por omitir suministrar medicamentos en agravio de V, quien tiene esclerosis múltiple, por personal de los servicios médicos subrogados de Petróleos Mexicanos, en Playas de Rosarito, Baja California.
• Recomendación No. 54/2022, de fecha 17 de marzo, dirigida a la Comisión de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de Morelos, sobre el caso de discriminación en el acceso al más alto nivel posible de salud física y mental; tortura por discriminación e investigación ministerial sin perspectiva de género del suicidio de una mujer privada de la libertad con discapacidad psicosocial que hasta el momento de los hechos permaneció en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16, CPS, Femenil, en Coatlán del Río, Morelos.  
• Recomendación No. 117/2022, con fecha 14 de junio, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la integridad personal y al proyecto de vida de V1, así como al acceso a la información en materia de salud en su agravio, y en el de V2 y V3, en el Hospital General de Zona No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, toda vez que el diagnóstico equivocado provocó el deterioro del estado físico y psicoemocional que conllevó a la depresión, estrés, minusvalía y detrimento en la calidad de vida de la persona agraviada.
• Recomendación 118/2022, de fecha del 16 de junio, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la integridad personal y daño al proyecto de vida de V1 en la Unidad de Medicina Familiar No. 9 y el Hospital Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Querétaro, en razón de que por una deficiente atención médica durante un legrado para retirar un Dispositivo Intrauterino (DIU) “traslocado”, se ocasionó a la agraviada una infección y, en consecuencia, 3 paros cardiacos, extirpación del útero y del ovario derecho, así como la amputación de ambas extremidades inferiores, sin otorgarle seguimiento y fisioterapia requerida.
• Recomendación No. 126/2022, de fecha 30 de junio, dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud por inadecuada atención médica -que provocó la amputación del pie derecho-, acceso a la información en materia de salud y afectación al proyecto de vida en agravio de V, en la Clínica de Medicina Familiar “Ermita Zaragoza”, el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” y el Hospital General “Gral. José María Morelos y Pavón” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México.
• Recomendación No. 158/2022, de fecha 29 de julio, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la verdad y al acceso a la información en materia de salud en agravio de V, persona adulta mayor, por hechos ocurridos en el Hospital General de sub zona con Medicina Familiar 17, en Los Reyes Salgado, Michoacán, en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco, en el Hospital General Regional 1, en Morelia, Michoacán, así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, debido a que V recibió una inadecuada atención médica, que resultó en severos daños como la amputación de su pierna izquierda, discapacidad intelectual y motriz, daño visual, en la memoria a corto y mediano plazo, e incontinencia, entre otras secuelas, por lo que ahora requiere cuidados continuos.
• Recomendación No. 182/2022, de fecha 30 de septiembre, dirigida a la Comisión Federal de Electricidad (Distribución), sobre el caso la vulneración a los derechos humanos a la integridad personal y de petición en agravio de V -quien sufrió una descarga eléctrica con cables propiedad de la CFE, que le ocasionaron una discapacidad total, al provocarle lesiones por quemaduras de segundo y tercer grado en el 25% de su cuerpo, que conllevó la amputación del antebrazo izquierdo y otras partes de su cuerpo-, así como a la vivienda por la falta de debida diligencia, ante la inobservancia de la normativa que prevé la separación de los inmuebles con las líneas aéreas de media tensión, propiedad de CFE Distribución, en el Municipio de Córdoba, Veracruz.
• Recomendación No. 188/2022, de fecha 30 de septiembre, sobre el caso de violaciones al derecho humano a la protección de la salud por el tardío diagnóstico de una fractura de vértebra T7 en agravio de V, en la Unidad de Medicina Familiar No. 57 y en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de Veracruz, Veracruz. En razón de que el actuar de las autoridades le produjo movilidad limitada de sus miembros inferiores.
• Recomendación No. 202/2022, de fecha del 31 de octubre, sobre la vulneración a los derechos humanos a la seguridad social y a la protección a la salud en agravio de V, por la omisión para concretar su transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, atribuibles a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior, afecta la pensión por incapacidad permanente que recibía por adquirir una discapacidad motriz en un combate armado.
• Recomendación No. 209/2022, de fecha del 31 de octubre, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al trabajo en condiciones de dignidad, en el contexto de trabajo agrícola, así como a la procuración de justicia y al interés superior de la niñez, en agravio de 38 personas jornaleras agrícolas indígenas, en Villa de Arista, San Luis Potosí. Dentro de las personas víctimas, se encuentran personas con discapacidad.
• Recomendación No. 214/2022, de fecha de 31 de octubre, sobre el caso de violación a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica por la imposición de castigos injustificados, inadecuadas condiciones de habitabilidad y así como la falta de atención y tratamiento médico en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 en Hermosillo Sonora. En razón de la suspensión, modificación o inadecuada atención y tratamientos médicos a personas con discapacidad psicosocial, poniendo en riesgo su integridad.

Además, esta Comisión Nacional ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las siguientes acciones de inconstitucionalidad en materia de discapacidad:
 

• Acción de Inconstitucionalidad 60/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 21 de abril, promovida en contra del Decreto 216 por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el 22 de marzo de 2022.
• Acción de Inconstitucionalidad 65/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de abril, promovida en contra de los artículos 7, en su porción normativa “o incapacitados”, 8, fracción VII, y 12, en su porción normativa “o incapacitados”, de la Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit.
• Acción de Inconstitucionalidad 68/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9 de mayo, promovida en contra del Decreto por el que se modificaron los artículos 6 y 24 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el 8 de abril de 2022, en razón de que se estimó vulnerado el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 80/2022 presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de mayo, promovida en contra de los artículos 114, fracción III, en su porción normativa “que no han observado en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural”, y 115, en su porción normativa “observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no”, de la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit.
• Acción de Inconstitucionalidad 99/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de julio, promovida en contra del artículo 49, fracción V, último párrafo, de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, en razón de que se estimó vulnerado el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 104/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio, promovida contra el Decreto 65-150 mediante el cual se reformó el artículo 35 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se adicionó el artículo 205 Bis al Código Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Tamaulipas, publicado el 14 de junio 2022 en el Periódico Oficial de la entidad, en razón de que se estimó vulnerado el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 105/2022 presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de julio, promovida en contra del Decreto 242 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a las leyes de Víctimas, y del Instituto de Defensoría Pública, ambos ordenamientos del estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el 16 de junio de 2022, en razón de que entre otros, se estimó vulnerado el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 106/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de julio, promovida en contra del artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango, en razón de que se estimó vulnerado el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 112/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de agosto, promovida en contra de los artículos 12, en su porción normativa “pertenezca a un municipio o comunidad indígena u originario, afromexicana o” y 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos, en razón de que, entre otros, se estimó vulnerado el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 134/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de septiembre, promovida en contra de diversos artículos de la Carta de Derechos Civiles; de la Carta de Derechos Políticos y de la Carta de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, todos ordenamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, en razón de que, entre otros, se estimó vulnerado el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 136/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de septiembre, promovida en contra del artículo 44 del Código Civil del Estado de Zacatecas, en razón de que se estimó vulnerados los derechos de igualdad y no discriminación, al igual reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad, y a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad.
• Acción de Inconstitucionalidad 158/2022, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de noviembre de 2022, en contra del artículo 1402, segundo párrafo, del Código Civil del Estado de Durango, adicionado mediante Decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de octubre del mismo año, en razón de la falta de consulta previa, estrecha y con la participación activa de las personas con discapacidad.

Con el fin de conocer y dar a conocer el avance en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por parte del Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad, en años previos al que se reporta ha realizado diversos ejercicios de supervisión que han motivado la elaboración y presentación de los siguientes estudios e informes especiales:
 

1. Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país.
2. Informe Especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.
3. Estudio sobre el marco de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades maya, otomí y tarahumara.
4. El Informe Especial sobre el estado que guarda el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México.
5. Estudio sobre Indicadores para el monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
6. Informe Especial sobre Violencia y los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Niñas, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad en México 

 
Todos estos documentos presentan la situación de las personas con discapacidad respecto a derechos específicos y señalan la existencia o falta de información estadística a este respecto, así como las acciones mínimas necesarias a realizar por los diferentes órdenes de gobierno a fin de solventar los aspectos no atendidos y así coadyuvar a la creación de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Entre los ejercicios de supervisión realizados durante el periodo que se reporta, destaca el siguiente Informe Especial:

Informe Especial sobre la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad en México
 
El Informe Especial sobre el Derecho al Trabajo y Empleo de las Personas con Discapacidad en México comenzó su elaboración durante el 2021 y concluyó en 2022. Éste contiene un marco conceptual en materia de discapacidad, trabajo y empleo; el marco jurídico internacional y nacional al respecto; referencias a documentos orientadores para la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad; consideraciones y conclusiones de mesas de trabajo con empresas, organizaciones sociales y con autoridades federales en las que se reflexionó sobre la situación actual del derecho al trabajo y empleo, así como un apartado de análisis de la información investigada y recabada.
 
Se enviaron 35 ^[1] solicitudes de información a las autoridades federales y locales responsables en materia laboral en el país, dirigidas a las personas titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como a las y los 32 titulares de las dependencias estatales competentes en materia de inclusión laboral,  a fin de recabar información sobre el estado que guarda el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad a nivel nacional.
 
A fin de recabar insumos que sustentaran la investigación y para darles voz a los sectores involucrados en la inclusión laboral de las personas con discapacidad se realizaron mesas de trabajo de manera virtual con organizaciones sociales, empresas y autoridades garantes y capacitadoras, con el objeto de obtener información estadística y conocer las acciones que se realizan en favor de este sector de la población.
 
Tras la investigación, recopilación y análisis de la información se identificaron a las siguientes brechas:
 

• Si bien la normatividad nacional sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad contempla su derecho al trabajo y empleo, aún se identifica insuficiente armonización del sistema jurídico. Además, de no existen mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la normatividad nacional.
• Se identificó la asignación de recursos económicos para la implementación de acciones en materia de trabajo y empleo para la población en general; sin embargo, no se contempla de forma específica a las personas con discapacidad.
• Se observa que los programas educativos, de formación y capacitación para el trabajo de personas con discapacidad se encuentran desvinculados de los perfiles y requerimientos del mercado laboral.
• México cuenta con un marco legal que regula la seguridad y salud en los centros de trabajo, empero el desafío es lograr que todas las instituciones públicas y privadas, sin importar su tamaño o actividad económica, cumplan con ella.
• Se identificó desconocimiento por parte de instancias gubernamentales de las estrategias, programas o acciones de comunicación implementadas por instituciones públicas, privadas o sociales sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, lo que impide la vinculación efectiva entre estos actores.
• Si bien existen bolsas de trabajo específicas, aún son mínimas en comparación con el número de personas con discapacidad demandantes de empleo.
• No se observan programas o acciones en materia de educación y formación para el trabajo específicos para fomentar la participación de las mujeres con discapacidad en el ámbito laboral, lo que provoca disparidad de género en el acceso al trabajo y empleo decente.

En seguimiento a los compromisos asumidos en junio de 2016 con la firma del Convenio General de Colaboración, celebrado entre esta CNDH y los 32 organismos públicos de derechos humanos, se continuaron las acciones para la conformación y fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
  
A la fecha existen 28 Mecanismos de Monitoreo instalados que representan el 84.8% de la estructura total del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional; a su vez, se han integrado 23 Comités Técnicos de Consulta y 2 Observatorios Ciudadanos, órganos que representan el 78.12% de la estructura total de la sociedad civil que colabora y se coordina con los Mecanismos de Monitoreo.
 
Como parte de los acuerdos y del trabajo conjunto entre los Mecanismos de Monitoreo de la CDPD, es de destacar que en febrero de 2022 se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre esta CNDH, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos de Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, con el objeto de obtener el aval académico de la UATx en el Diplomado Especializado en el Desarrollo de Estrategias de Protección, Promoción y Supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, coordinado por tales instancias con la finalidad de propiciar el conocimiento y desarrollo de habilidades en las y los integrantes de todos los Mecanismos de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Por otro lado, es de resaltar que el 24 de marzo se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de presentar el Plan Anual de Trabajo del Mecanismo, así como el avance final de la Recomendación de Accesibilidad elaborada por los 33 organismos públicos de derechos humanos (OPDH). En seguimiento a tales trabajos, el 7 de junio y el 9 de septiembre, respectivamente, se celebraron la Segunda y Tercera Sesiones Ordinarias de la Comisión de Gobierno en cita, con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos contenidos en su Plan de Trabajo, así como de presentar los avances y documentos elaborados con la participación de las y los integrantes de los organismos públicos de derechos humanos para la protección, supervisión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional.
 
Los días 22 y 23 de septiembre se realizó el Quinto Encuentro de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en el que se contó con la participación de las y los titulares, así como de las y los enlaces de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, incluida la Presidenta de esta Comisión Nacional. El Encuentro tuvo por objeto profundizar sobre los preceptos de la Convención en comento para determinar sus alcances en relación con las personas con discapacidad, además de reflexionar sobre las acciones que en el ámbito de competencia de los Mecanismos Estatales y del Mecanismo Nacional coadyuvan a la supervisión y observancia de la CDPD, entre las que destacó la Recomendación General sobre Accesibilidad. 

En este sentido, el 17 de noviembre se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo General del MIMN en Mérida, Yucatán, tuvo como objetivo presentar el proyecto del Tercer Informe de Monitoreo Nacional realizado por los 33 OPDH. Estuvieron presentes las personas titulares de los OPDH de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Además, se contó con la asistencia virtual de la Mtra. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH, así como personal de los Organismos de Guanajuato e Hidalgo.

Aunado a lo anterior, en el marco de las tareas de supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con fundamento en las cláusulas primera, segunda y tercera del Convenio General suscrito en 2016, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional envió 32 solicitudes de información a los mecanismos estatales de monitoreo de la CDPD u organismos públicos de derechos humanos, a fin de recopilar información sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad que pudiera servir de insumo para elaborar, en el Marco del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, una Recomendación General en la materia.
 
A fin de recabar más información sobre la situación actual del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en México, se llevaron a cabo 62 Grupos Focales, de los cuales 31 se realizaron con docentes y 31 con madres y padres de familia, en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Dichas actividades, se realizaron de manera conjunta con los OPDH locales, con el objetivo de realizar un ejercicio de monitoreo sobre aspectos relacionados a la educación inclusiva para personas con discapacidad en las entidades federativas, a través de la respuesta a un cuestionario previamente enviado y de la información recabada en las mesas de trabajo.
 
Por su parte, en seguimiento a las solicitudes de información enviadas a los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la CDPD para dar seguimiento al Tercer Informe de Mecanismos de Monitoreo, se realizaron 77 reuniones individuales con los mecanismos de monitoreo de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
 
Además, en el periodo que se reporta se enviaron 32 requerimientos a los Mecanismos de Monitoreo Estatal, a fin de obtener insumos para la elaboración del apartado Reporte General de Supervisión de la aplicación de la CDPD, recibiéndose respuesta -reportes- de los 32 mecanismos, cuya información fue relevante para la elaboración del Tercer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD.

Este documento cuenta con un de monitoreo nacional, con el objetivo de identificar los pendientes y retos a que se enfrenta el Estado mexicano para garantizar la protección de las personas con discapacidad de las personas con discapacidad ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, así como conformar un instrumento de evaluación que permita establecer una línea base para medir su avance sobre el principio de progresividad de los derechos humanos.
 
La información que se presenta fue recabada por los OPDH que conforman el MIMN del país, de las instituciones encargadas de la protección civil en cada entidad federativa y en el orden federal. Con ese fin se desarrolló un instrumento conformado por 9 preguntas en materia de gestión de la protección civil de las personas con discapacidad. De igual forma se llevó a cabo una evaluación de la legislación de protección civil federal y de las entidades federativas, así como de su reglamentación, esta última con fecha de corte al día 30 de septiembre del 2022.
 
A través de dicho monitoreo se pudieron identificar a 30 autoridades estatales y 1 federal, responsables de la protección civil como vulneradoras del derecho a la protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, ya que si bien se tienen avances enfocados en la accesibilidad del entorno físico, así como en la información y las comunicaciones, no se garantizan todos los preceptos contenidos en el artículo 11 de la CDPD.
 
Entre las principales propuestas emitidas en dicho documento se encuentran:
 

• Reglamentar la legislación en materia de protección civil en las entidades federativas que no cuenten con ella y armonizar las ya existentes con base en los ordenamientos internacionales.
• Adopción de un programa nacional y los correspondientes en el orden estatal que sean inclusivo para las personas con discapacidad, con el fin de gestionar los riesgos y que incorpore de manera transversal la perspectiva de discapacidad.
• Fortalecer las capacidades de los organismos competentes dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de cuenten con las atribuciones necesarias para desarrollar, implementar y evaluar los planes y programas de gestión de riesgo para personas con discapacidad

En adición a las acciones de supervisión y observancia de la CDPD realizadas por esta Comisión Nacional, durante el mes de mayo, a solicitud de la organización Bastón Blanco, A.C. este Organismo Nacional, en su carácter de Mecanismo de Monitoreo Nacional de la CDPD, asistió al Congreso del Estado de Jalisco con el fin de observar el proceso de consulta a personas con discapacidad, derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 176/2020 promovida por esta CNDH y resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.