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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Análisis Situacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Antecedentes

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), han pasado por un largo proceso que aún no culmina, respecto a su consagración, y con relación a los mecanismos para lograr su eficacia.
 
Los DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, y comprenden distintos derechos humanos, entre ellos: los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente.
 
Para la realización de estos derechos, cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas. La obligación de las autoridades para cumplir con los mínimos indispensables de estos derechos es ineludible.
 
No pasa inadvertido que distintos órganos internacionales de supervisión como el Comité DESC[i] y el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, ambos del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, han manifestado inquietudes sobre las condiciones laborales[ii], la educación, las necesidades de vivienda, las tasas de mortalidad materna, el acceso a la seguridad social, la pobreza y el medio ambiente en nuestro país. Esto, al observar los altos índices de población que laboraba en la informalidad, que no gozaba de servicios de buena calidad en sus viviendas, que carecían de servicios de protección a la salud o bien que se encontraban en situación de pobreza.

En marzo de 2018, el Comité DESC reiteró, en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, la insuficiencia del salario mínimo para proporcionar condiciones de vida digna; la alta proporción de trabajadores en la informalidad; que el desempleo y subempleo afectan especialmente a personas jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, entre otros; condiciones laborales injustas para trabajadores agrícolas y en el servicio doméstico; un sistema de protección social fragmentado por sectores y vinculado a la formalidad del empleo; que las altas tasas de desnutrición en contraposición con altos niveles de sobrepeso y obesidad, vulneran el ejercicio del derecho a la alimentación; además de una alta desigualdad que afecta a las personas más desfavorecidas y marginadas.[iii].
 

Situación Actual

La reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011) fortaleció a los DESCA al reafirmar el reconocimiento de  los derechos humanos previstos además en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte con preocupación que el pleno goce y ejercicio de éstos aún no es una realidad para la mayoría de las personas, al considerar la información expuesta por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016, se identificaron 53.4 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 9.4 millones estaban en pobreza extrema[iv].
 
El CONEVAL ha implementado una medición multidimensional de la pobreza: una de las dimensiones da cuenta del bienestar económico y las otras de las carencias en DESCA. En ese sentido, señaló  que en el caso de la medición de pobreza las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero registran los mayores porcentajes de pobreza con 77.1, 70.4 y 64.4 por ciento, respectivamente, mientras que Nuevo León presenta el porcentaje de pobreza más bajo a nivel nacional (14.2), seguido de Baja California Sur (22.1) y Baja California (22.2)[v]. En el caso de los municipios, en el año 2015 y su comparativo con 2010, un total de 927 municipios tenían 75 por ciento o más de su población en situación de pobreza (la mayoría son municipios pequeños, con un porcentaje alto de población indígena y rurales)[vi].
 
En ese mismo sentido, la Encuesta Nacional de los Hogares del INEGI 2016 señala que de la población estimada en el país 23.2 por ciento reside en localidades rurales donde hay 104 mujeres por cada 100 hombres. Una de cada tres mujeres rurales se concentra en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y seis de cada diez mujeres (62.1 por ciento) se halla en situación de pobreza. En efecto, se deduce que la pobreza es aún más lacerante e impacta de mayor manera a las niñas y mujeres, lo cual se agrava si se encuentran en contextos rurales[vii].

No debe pasar inadvertido que la pobreza es un fenómeno multidimensional que rebasa al aspecto económico, al reproducir patrones de exclusión social y discriminación que transgreden la dignidad de las personas, por ende, es necesario atenderle como causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos.
 
El acceso a la seguridad social, a la alimentación y a los servicios básicos en la vivienda son las tres carencias sociales[viii] que la población presentaba en 2016, en una mayor proporción, situación que ha sido recurrente en el periodo de análisis inmediato anterior efectuado por el CONEVAL, es decir, 2014, y de las cuales este Organismo Nacional se ha pronunciado en sus informes previos.
 
Por otra parte, este Organismo Nacional ha evidenciado en sus distintos estudios y Recomendaciones[ix], la existencia de un déficit entre el salario mínimo vigente y el costo de los satisfactores mínimos, es decir, el ingreso obtenido por una persona no es suficiente para solventar el costo de los productos de primera necesidad y servicios básicos, además de puntualizar sobre las omisiones de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de implementar acciones positivas y la aplicación deliberada de recursos para el cumplimiento de los DESCA.

Este Organismo Nacional destaca la resolución adoptada por unanimidad en el Consejo de Representantes -integrado por el sector obrero, patronal y gobierno- de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el pasado 17 de diciembre de 2018, en la cual se fijó el Salario Mínimo General Nacional para 2019, considerando el salario mínimo actual, adicionado de un incremento nominal en pesos, a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y un ajuste porcentual inflacionario de 5%; si bien es evidente el incremento, se continuará impulsando las acciones necesarias para que el salario mínimo contribuya a la satisfacción de las necesidades de las y los trabajadores y sus familias.

 

Retos del Estado Mexicano

Esta Institución Autónoma advierte con preocupación la urgente necesidad de implementar la perspectiva de derechos humanos en la gestión gubernamental, además de prácticas para prevenir la corrupción y sancionarlas de manera efectiva y real, ello permitirá a nuestro país el uso debido y eficiente de los recursos para dar cumplimiento a los DESCA, situación que ha sido expuesta en los Estudios  Presupuesto Público y Derechos Humanos: Por Una Agenda para el Rediseño del Gasto Público en México  y Los Derechos Humanos y la Corrupción en México[x]. Asimismo, se deben atender distintas problemáticas y obstáculos como son prevenir y combatir la discriminación; llevar a cabo una adecuada armonización legislativa; la adopción de instrumentos internacionales que favorezcan el ejercicio de estos derechos; lo que permitiría generar mejores prácticas administrativas, así como precedentes jurisdiccionales[xi] para el goce y ejercicio de los DESCA; generar políticas públicas incluyentes; un sistema de seguridad social que garantice una cobertura de protección social universal y prestaciones (en caso de vejez, desempleo, enfermedad, entre otras) adecuadas a todas las personas.
 
En ese sentido, resulta de la mayor importancia un cambio de paradigma en la acción gubernamental cuyo punto de partida sea el reconocimiento de las personas como titulares de derechos y agentes de cambio, además de impulsar medidas positivas y afirmativas con especial énfasis en los ámbitos vulnerables a la pobreza. Estas medidas deben impactar en los instrumentos legislativos, administrativos, presupuestarios y reguladores, así como en las políticas, programas y planes gubernamentales.
 
De ahí la relevancia de que las instituciones -tanto aquellas que planean y ejercen como aquellas que lo aprueban y revisan- diseñen e impulsen presupuestos públicos con un enfoque de derechos humanos y, de igual manera, ajusten las reglas de operación de los programas sociales correspondientes. Debe superarse la perspectiva administrativa de la prestación de servicios públicos a meros usuarios, para tornarla en acciones coordinadas y eficaces de las autoridades que tengan como finalidad realizar los derechos humanos de las personas, esto es, reconocer que en la prestación de los servicios públicos subyace en primer lugar la salvaguarda de la dignidad humana.
 
En ese sentido, es necesario se garantice que las instalaciones, bienes y servicios públicos se encuentren disponibles y sean accesibles (económicamente), adaptables (deben considerar las diferencias culturales, las barreras lingüísticas, las necesidades específicas e incluso prestar una asistencia adaptada), asequibles (algunos pueden ser incluso de acceso gratuito) y de buena calidad. Y se garantice que quienes viven en pobreza puedan acceder a ellos.
 
Por otra parte, es necesario impulsar mecanismos[xii] que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social, transparencia y rendición de cuentas basada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos; contar con mecanismos eficaces para denunciar abusos y explotación, fortalecer las labores de inspección, principalmente, en materia laboral, de seguridad social y ambiental, así como una coordinación más efectiva entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
 

Indispensables 2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la necesidad de realizar acciones impostergables, como la ratificación de instrumentos internacionales, entre los cuales se encuentra el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), toda vez que, con su adopción se reconoce una instancia de garantía de los derechos humanos complementaria y subsidiaria a los mecanismos nacionales; del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño; del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y la suscripción de Convenios de la OIT como son: 81 sobre la inspección del trabajo; 122 sobre la política de empleo; 129 en materia de agricultura; 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, 183 sobre protección de la maternidad; y 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
 
En ese sentido, también resulta necesario implementar los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos[xiii] adoptados en 2012 en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que constituyen una herramienta práctica a quienes les compete la formulación de políticas que permitan asegurar que éstas lleguen a las personas más desfavorecidas, respeten y hagan cumplir sus derechos, aunado a considerar los distintos obstáculos sociales, culturales, económicos y estructurales que les impiden disfrutar de sus derechos; así como los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos[xiv], por los que se pueden orientar acciones para las empresas y los Estados en la protección, a fin de promover el respeto de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, y en consecuencia al acceso a reparaciones eficaces para las personas y grupos afectados por dichas actividades.
 
Un reto relevante para el Estado mexicano será el establecimiento de un mecanismo efectivo para supervisar los progresos del PIDESC y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que es necesario fortalecer la participación y colaboración de la CNDH para alcanzar los Objetivos y Metas de la Agenda 2030; contar con sistemas de información pertinente, oportunos y confiables, además de indicadores adecuados que permitan identificar situaciones de incumplimiento en el ejercicio de los DESCA.
 
[i] El Comité DESC fue creado por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, su función primordial es vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los Estados Partes.
[ii] En el Informe Alternativo sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017 elaborado por organizaciones y redes de la sociedad civil se alude que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en su misión a México en 2016 constató “la situación de un aproximado de 2 millones 48 mil niños que participan en una actividad económica, de los cuales 1 millón tienen menos de 15 años y 900 mil no van a la escuela”.
[iii] Este informe se encuentra disponible en http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf
[iv] Disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
[v] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), FASCÍCULO 1 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, pág. 18, Disponible en http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/32-FASC-1-POBREZA.pdf
[vi] Ibídem., pág. 21.
[vii] Comunicado de Prensa DGC/308/18, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_308.pdf
[viii] El comparativo puede consultarse en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
[ix] Los Estudios y Recomendaciones emitidos por la Sexta Visitaduría General pueden ser consultados en http://forodesca2030.cndh.org.mx/Main/Documentos
[x] Disponibles en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Presupuesto-Publico-DH-Rediseno-Gast.pdf y http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/DH-Corrupcion-Mexico.pdf
[xi] De conformidad con las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, el Comité DESC señala con preocupación que en la práctica las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales enfrenten dificultades para acceder a recursos judiciales efectivos. Incluso alienta a llevar a cabo capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, entre otros actores.
[xii]Al respecto, es importante señalar que tanto el Comité DESC como la CNDH, con motivo del Estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción En México Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014, han enfatizado sobre distintos aspectos, entre ellos, fortalecer el acceso a los recursos judiciales, se investiguen de manera efectiva las denuncias presentadas en esa materia, se integren comisiones de la verdad o comisiones internacionales contra la impunidad, la observancia efectiva de la normatividad, entre otras.
[xiii] Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP.pdf
[xiv] Disponible en https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

La CNDH y los DESCA

La Observación General 10 del Comité DESC[i], de 10 de diciembre de 1998, intitulada La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales reconoce la importancia de la labor de dichas instituciones y las enmarca dentro del cumplimiento de las medidas que se comprometen a adoptar los Estados Parte en el PIDESC.
 
Dentro de las actividades de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) enfatizadas por el Comité se encuentran las actividades  de difusión y educación; el examen de leyes y disposiciones administrativas en su compatibilidad con las normas del PIDESC; la realización de estudios y labores de asesoramiento técnico a otras instancias; la determinación de criterios para medir el grado de cumplimiento de los derechos previstos en el Pacto; y, la vigilancia de la observancia de los derechos y el examen de reclamaciones por violaciones a los mismos.
 
Aunado a lo anterior, la adopción por la comunidad internacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impactó en la actividad de las INDH, por ende, en la Décimo Segunda Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos llevada a cabo en Mérida, Yucatán, en 2015 quedó establecido el papel de éstas en la ejecución de la Agenda.
 
Además de la adopción de la Agenda del 2030, uno de los objetivos principales fue la creación de un Grupo de Trabajo del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), el cual funge como mecanismo de colaboración e interlocutor internacional de las INDH. Se identifican seis actividades generales que pueden desarrollarse por la CIC y por las INDH en lo individual, de manera específica, se destaca el proporcionar asesoramiento a los gobiernos nacionales y locales, a los titulares de derechos y otros actores claves para promover un enfoque basado en los derechos humanos y, en la implementación, ejecución, control y seguimiento de la Agenda.
 
Bajo estas premisas, la CNDH acorde a su mandato constitucional y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos ha enfocado sus esfuerzos en la promoción y difusión de los DESCA entre la sociedad en general y  las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, difusión que se realiza tanto en materiales impresos (cartillas, folletos); materiales digitales (cápsulas informativas, infografías, videos); pronunciamientos y boletines; eventos y acciones de capacitación (cursos, talleres, diplomados), tanto en modalidad presencial como a distancia, así como distintos eventos en los cuales se hace énfasis en los DESCA, su interdependencia con los derechos civiles y políticos y los objetivos y metas de la Agenda 2030.

Durante 2018, se desarrollaron 11 eventos relacionados con los DESCA, en los cuales se contó con la participación de 2,308 asistentes, además de resaltar la participación de especialistas en el tema tanto nacionales como internacionales.

Con el apoyo del Centro Nacional de los Derechos Humanos se editaron 6 publicaciones, cuatro de ellas en disco compacto y 2 en folleto, en relación  con las temáticas de Ciudades Sostenibles, Presupuesto Público, Corrupción, Protección Civil y Derechos Humanos Culturales. Además, se entregaron 89,896 ejemplares mediante los cuales se difunde información relacionada con el derecho humano al trabajo, a la seguridad social, a la cultura, al desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; y las temáticas de Biodiversidad, Movilidad y Vivienda.
 
Adicionalmente, se emitieron 24 comunicados de los cuales 8 corresponden a días conmemorativos relacionados con DESCA, 9 a la emisión de Recomendaciones tanto específicas como generales y 7 que comprenden tanto la difusión de los eventos realizados como exhortos a las autoridades del orden federal para impulsar acciones que contribuyan a la promoción, respecto, protección y garantía de los Derechos Humanos, en especial, de los DESCA.

Se debe mencionar que las acciones de vinculación con la academia y las organizaciones de la sociedad civil, han contribuido a difundir la perspectiva de los derechos humanos y su aplicación en los planes, políticas y programas gubernamentales, ejemplo de ello, son los distintos estudios que se han generado a efecto de profundizar su análisis, llevando a cabo diagnósticos y así proveer elementos en materias afines a los DESCA.
 
En su conjunto, estas acciones permiten visibilizar  problemáticas relacionadas con el goce y ejercicio de los DESCA, además de sensibilizar a la población en general y a las autoridades de los tres ordenes de gobierno para que se exija y se de cumplimiento, respectivamente, a lo previsto en el artículo 1° constitucional. 

No pasa inadvertido que una de las labores más importantes de esta Institución Autónoma es, sin duda, el ejercicio de sus atribuciones para atender quejas en casos concretos, llevar a cabo investigaciones y emitir  Recomendaciones a las autoridades involucradas, para lograr la reparación de las víctimas, aunado a los pronunciamientos generales en los cuales se evidencian violaciones a derechos humanos que derivan de una situación recurrente y, en ocasiones, sistemática, identificándose como una buena e importante práctica la integración o referencia de las Observaciones Generales, Informes de las Relatorías, de los Grupos de Trabajo, así como los precedentes y criterios jurisdiccionales en materia de derechos humanos, ya que esto contribuye a una mejor comprensión o a una amplia difusión, además de que ayuda a evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
 
La Agenda DESCA de la CNDH para el periodo 2019 estará encaminada a fortalecer los esfuerzos hasta ahora realizados en materia de promoción, protección y defensa de estos derechos, además de proveer información a los operadores jurídicos y autoridades de los tres órdenes de gobierno que les permita implementar el enfoque de derechos humanos como eje de la actividad gubernamental y, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil como un mecanismo de seguimiento. Asimismo, deberán redoblarse las acciones realizadas para prevenir violaciones a los DESCA, particularmente, de los grupos de atención prioritaria mediante la vinculación con los distintos actores, además de implementarse un monitoreo pertinente a la situación que guardan estos derechos en nuestro país.
 
 

Actividades de Promoción de los DESCA

El 27 de marzo de 2018 en colaboración con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se realizó el Ciclo de Conferencias Las condiciones de trabajo y su remuneración como derecho humano, en el Auditorio Artículo 123 de dicho organismo jurisdiccional. Evento que convocó al Licenciado Roberto Rafael Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Maestro José Francisco Maciel Amaya, Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Maestra Alejandra Negrete Morayta, Procuradora General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, al Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General y al Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 
En el marco del Ciclo de Conferencias, los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suscribieron un Convenio de Colaboración con el objetivo de analizar, evaluar, ejecutar y verificar acciones de colaboración para proteger los derechos humanos de las y los usuarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
 
En el uso de la palabra, el Maestro Luis Raúl González Pérez señaló que es indispensable aplicar los principios de igualdad y no discriminación en las convocatorias para los puestos de trabajo, además, sostuvo que la protección del derecho a una remuneración digna es crucial, ya que el salario mínimo es insuficiente para satisfacer la canasta básica, lo que provoca vulneración a los derechos a la salud, alimentación o vivienda, además de que genera segregación en la población y es factor detonante de la pobreza.
 
Las conferencias fueron impartidas por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien señaló la importancia de proteger los derechos humanos laborales por instituciones competentes; la Maestra Alejandra Negrete Morayta expresó que es necesario romper la brecha salarial, toda vez que en México 45 por ciento de las mujeres que trabajan, su ingreso es menor al de los hombres y sus oportunidades de desarrollo profesional también lo son. Por su parte, el Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco hizo hincapié en la necesidad de que el trabajo sea digno y cuente con una remuneración adecuada.
 
En el mes de abril de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una serie de actividades enfocadas a la promoción y divulgación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
 
Entre las actividades de divulgación, se encuentra la presentación del libro Los Derechos Humanos Laborales y la presentación del Estudio sobre Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos.
 
La presentación de la obra Los Derechos Humanos Laborales realizada en coordinación con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), se llevó a cabo el 4 de abril de 2018, en la sede de este Organismo Nacional ubicada en la calle de Cuba, donde se reunieron autores, académicos y servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como, público en general interesado en la materia laboral y su vínculo con los derechos humanos.

El 9 de abril de 2018, se presentó el Estudio Sobre Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, derivado del Convenio Específico de Colaboración entre esta Comisión Nacional y la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Auditorio Jorge Carpizo fue el espacio en que diversas voces se dieron cita y dialogaron sobre la situación de los recursos hídricos en el país.

El 13 de abril se presentó en el Auditorio María Lavalle Urbina del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), la Conferencia sobre: La labor del Alto Comisionado y su relación con los mecanismos de tratados y los procedimientos especiales en la protección de los derechos humanos impartida por Karin Hechenleitner Schacht, Oficial de Derechos Humanos Asociada, quien expuso la estructura de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y el desarrollo de sus importantes actividades.

El 29 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, la presentación del Curso Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad. En el marco de la presentación, distintos especialistas compartieron con el público, diversas temáticas relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano. Destaca la relativa a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se expuso una herramienta metodológica de cómo analizar, entender, abordar y utilizar este instrumento en la citación jurídica, además de conocer sus objetivos y metas.

Posteriormente, se analizaron los aspectos principales del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y la relevancia del carácter vinculante de las normas internacionales en materia ambiental para los países firmantes.

Finalmente, en el marco del evento se presentó la Recomendación 67/2017 sobre el caso de la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, por la remoción de manglar para la realización del desarrollo Malecón Cancún (Proyecto Tajamar) en Quintana Roo, en la cual se destacó la importante labor de los organismos nacionales y estatales en la protección del derecho humano al medio ambiente sano.
 
El 16 y 17 de agosto, se llevó a cabo en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y diversas organizaciones de la sociedad civil, el Foro Ciudadano sobre los DESCA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual, contó con la presencia de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, los Presidentes de las Comisiones Estatales de Colima y Durango, y la presencia del Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
 
Dicho foro abordó de manera clara y precisa algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a través de mesas con panelistas nacionales e internacionales, además, resultó una oportunidad invaluable para escuchar dos conferencias enfocadas a exponer el estado que guardan los DESCA a nivel internacional, regional y nacional.
 
Durante el foro de mérito, se contó con la presencia del Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien en su mensaje de bienvenida demandó fortalecer las fiscalías autónomas y dar el siguiente paso para la materialización de éstas en los niveles federal y estatales para un efectivo acceso a la justicia, en aras del cumplimiento efectivo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 relativo a la consecución de la paz, justicia e instituciones sólidas. Aunado a lo anterior, resaltó la comunicación emitida por la CNDH a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que México ratifique lo más pronto posible el Acuerdo de Escazú.
 
Se contó con la presencia de invitados del ámbito internacional, entre los que se encontró la Doctora Soledad García Muñoz, Relatora Especial Sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos quien compartió su experiencia a través de la conferencia intitulada Los DESCA en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tema por demás relevante en México y en la región de América.

La segunda conferencia, estuvo a cargo de la Bióloga Gloria Olimpia, Directora de Comunicación y Educación Ambiental de Iniciativa Acceso México, quien abordó el tema del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
 
En el marco del Foro, se expusieron diversas temáticas en espacios divididos en mesas enfocadas a La protección social y su vínculo con derechos humanos; El derecho al agua y al saneamiento; El Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano; y a los Mecanismos de Evaluación y Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México.
 
El 22 de agosto en el Auditorio María Lavalle Urbina del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), se presentó el Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1° constitucional, realizado en colaboración de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
 
En el marco de la presentación de dicho Estudio, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que la pobreza no es solo un indicador de la situación económica de un país sino, antes que nada, es un asunto de dignidad humana.
 
El 28 de agosto, se presentó en la Sede de Cuba de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Recomendación General No. 32/2018, emitida por la CNDH el 24 de julio de 2018, Sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana.
 
El pasado 24 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos organizó el Foro de Análisis El Derecho Humano a la Salud en México, espacio de reflexión que reunió a especialistas en materia de salud, de instancias gubernamentales, de organismos internacionales, de la academia y de la sociedad civil quienes se dieron cita en la Sede Cuba de la CNDH para externar sus opiniones respecto del derecho a la salud y su impacto en el goce y ejercicio de los derechos humanos.
 
Durante el Foro, el Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo referencia a diversas recomendaciones emitidas por la CNDH que abordan desde la protección de la salud, el expediente clínico como elemento del derecho a la información en servicios de salud y la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud.
 
Por su parte, la Doctora María Cecilia Acuña Díaz, Asesora en Servicios y Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en México, dictó una conferencia magistral relacionada con la temática "El Derecho Humano a la Salud y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades".
 
Asimismo, se llevó a cabo el Panel de Expertos enfocado al Contexto actual del derecho a la salud en México. Sus Retos y Perspectivas, mismo que contó con ponentes de amplia experiencia, quienes aportaron una visión clara de la realidad de este derecho al señalar algunas de las deficiencias del sistema de salud en el país.
 
El Foro concluyó con una Mesa de Análisis con el tema El Acceso a la Salud y grupos de atención prioritaria, a efecto de insistir en la importancia de impulsar diversas acciones para eliminar la revictimización de las personas, en particular quienes se encuentran en estos grupos.

El martes 23 de octubre durante la inauguración del Foro, el Maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  señaló la importancia de alentar y aprovechar la cooperación con los organismos especializados de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos y la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, apuntó que no basta contar con buenas leyes, sino que éstas deben materializarse mediante su aplicación e impacto en las vidas de las personas, y que el éxito de la Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, no se logrará en tanto las autoridades no sitúen la dignidad de las personas en el centro de sus actividades. 

Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018, se llevó a cabo en la Ciudad de México el Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual se constituyó como un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, visiones y reflexiones de reconocidos especialistas acerca del alcance y compromiso que representa la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
 
El Presidente de la CNDH, acompañó a la Doctora Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quien con sus palabras contextualizó al auditorio respecto de la importancia de la Agenda y su relevancia en el plano internacional y regional.
 
La Relatora destacó que los derechos humanos forman una triada indisoluble con la democracia y la libertad, y propuso generar vínculos efectivos entre los pueblos sobre el contenido de la Agenda 2030, con perspectiva del medio ambiente, que es inseparable de la dignidad humana.
 
Refirió que los Estados nacionales no pueden perder de vista el enfoque de derechos humanos para enfrentar el impacto global de la pobreza, principalmente de los grupos en situación de vulnerabilidad como son las mujeres, niñas, población indígena, afrodescendientes, migrantes, entre otros, y expresó que no sólo deben ver las consecuencias, sino las causas que originan la pobreza, ante el aumento de las tasas de hambre.
 
Durante el Foro también se efectuaron 9 Mesas temáticas, enfocadas a problemáticas que deben atenderse tanto en el plano internacional como en el nacional, así como el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, en específico los Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Al contar con ponentes de diversas partes del mundo, el panorama que se presentó durante los tres días de actividades permitió conocer de manera clara y cabal, la situación que enfrentamos como sociedad y el compromiso que debemos adquirir para soslayar la brecha que existe entre la población.
 
Las actividades del primer día continuaron respecto de los Objetivos 1, 2, 6 y 7; en específico, se abordaron las temáticas Hacia una vida digna para todas las personas, Impacto de los DESCA para poner fin a la pobreza y el hambre; Hacia un acceso universal y equitativo al agua; y Retos de la implementación de energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
 
El segundo y tercer día del Foro las mesas analizaron las temáticas relacionadas al trabajo decente y crecimiento económico; las ciudades y comunidades sostenibles; acción por el clima; vida submarina y ecosistemas terrestres; paz, justicia y sociedades sólidas; generación de alianzas para la supervisión y rendición de cuentas, temas que aborda la Agenda 2030 en los objetivos 8, 11, 13, 14, 15, 16 y 17.
 
En el Foro, se contó con la participación de especialistas pertenecientes a organismos internacionales, así como de organismos no gubernamentales, secretarías e instituciones nacionales, además de personas de la comunidad académica. Tal es el caso de Paloma Villagómez Ornelas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Global; Mariela Morales Antoniazzi del Instituto Max Planck; Adriana Sandoval Moreno de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 
También se contó con la participación de María Elvira Querol de WaterLex; Andrés Schuschny de la Organización Latinoamericana de Energía; Pablo H. Ibargüengoytia del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; Alfredo Orellana Moyao de la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente; Catalina Delgado González de la Comisión Reguladora de Energía, Leticia Bonifaz Alfonzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Rosario Leonor Quiroz Carrillo de la Confederación Patronal de la República Mexicana; Ana Ruiz Nieves de ONU-Hábitat para México y Cuba.
 
Además de la presencia de Julián Juárez Cárdenas de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Henry Jiménez Guanipa de Heidelberg para América Latina; Luisa Alejandra Domínguez del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; Krishanti Dharmaraj de Center for Women’s Leadership; Birgitte Feiring del Instituto Danés de Derechos Humanos; y María Soledad Patané de la Alianza Global para Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, entre otras distinguidas personalidades.
 
En el marco de la ceremonia de clausura del Foro, el Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General hizo referencia a las principales conclusiones, resaltó la importancia de solucionar la grave problemática que representa la pobreza en el mundo, toda vez que requiere en primera instancia se reconozca como un problema de desigualdad con patrones de discriminación que generan múltiples violaciones a los derechos humanos, por lo que superarla requiere de acciones simultáneas y coordinadas con base en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
 
Se consideró el reto de que surjan mecanismos formales y reales de participación de la sociedad civil, puesto que ésta tiene mucho que aportar, por ejemplo, en la solución de los problemas hídricos. De ahí la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
 
Otro tema de gran relevancia fueron los presupuestos públicos y el enfoque de derechos humanos que debe imperar en la actividad gubernamental, por otro lado, se abordó la necesidad de un salario mínimo digno, el combate a la corrupción e impunidad, así como las acciones para detener el cambio climático, prioridades que requieren del compromiso de los Gobiernos, de los esfuerzos de las instituciones de protección a los derechos humanos y de la sociedad civil organizada.

Durante todo el evento, se escucharon distintas perspectivas en torno a un tema en común: poner sobre la mesa las perspectivas de la comunidad internacional a través de la visión de la Agenda 2030, sus Objetivos y Metas, los cuales son alcanzables únicamente a partir de la protección de los derechos humanos. Es necesario poner al alcance de todas las personas las herramientas administrativas, jurisdiccionales y de los Organismos Nacionales de Derechos Humanos que permitan alcanzar el pleno goce y satisfacción de dichos derechos, además de la plena efectividad de los mecanismos de protección que existen en el plano internacional, con la finalidad de que "Nadie se quede atrás".

El 22 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en la Sede Cuba de esta Comisión Nacional, la Presentación de la Recomendación General 34/2018 Sobre el efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

El evento, contó con la participación del Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Maestra Lucila Servitje Montull, Integrante del Núcleo Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; la Licenciada Adriana Luisa Geuguer, Directora General de la Sexta Visitaduría de la CNDH; el Abogado Alfredo Domínguez Marrufo; y la Doctora Alma Elena Rueda Rodríguez de la CNDH.

La Doctora Rueda detalló los aspectos metodológicos para la elaboración de la Recomendación General en comento, entre los que destacó el estudio efectuado a la legislación nacional y comparada que permitió analizar el derecho a recibir una remuneración equitativa y satisfactoria, la cual debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de las y los trabajadores, así como de sus familias.

Adicionalmente, detalló que el salario mínimo general debe ser acorde con la dignidad humana y cubrir ciertas características contempladas dentro de la norma nacional y los instrumentos internacionales, con la finalidad de alcanzar el mayor goce y ejercicio de dicho derecho.

En México, la suficiencia del salario mínimo constituye el medio fundamental para asegurar una vida digna, pues a través de éste se puede acceder a servicios o satisfactores que contribuyen al disfrute de otros derechos humanos como la salud, la alimentación, la vivienda, educación, cultura, recreación, además de garantizar el bienestar y la dignidad de las personas.

Por su parte, la Maestra Servitje enfatizó que el salario es, por encima de todo, un derecho humano, por ende, propuso aprobar un salario mínimo de $102.00 pesos diarios para el inicio de 2019, al considerar que el monto límite inferior del salario mínimo no debe ser menor al costo de la canasta básica para una persona.

Insistió, además en la necesidad de crear una nueva Institución responsable de la política salarial para fijar los salarios mínimos que involucren a organizaciones del Estado que puedan aportar los estudios necesarios para tal decisión incluyendo a organizaciones de la sociedad civil.

La Maestra Servitje concluyó señalando la necesidad de que se apruebe un plan multianual para la recuperación gradual de salarios, con sustento en evidencia científica y en análisis económicos y sociales rigurosos con un planteamiento responsable que tenga como fundamento el enfoque de derechos basados en los artículos 1° y 123 de la Constitución Mexicana y los tratados internacionales en materia de salario suficiente.

El Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco reiteró la  problemática en materia de salario mínimo, pues acorde con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el salario mínimo mensual que percibe una trabajadora o un trabajador resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, considerando que el número de integrantes promedio de un hogar mexicano es de 3.8 personas de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Asimismo, resaltó que en estadísticas realizadas por la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con el salario mínimo más bajo por hora, situación que vulnera el pleno goce de los derechos en el trabajo, previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), al no asegurarse condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Refirió que, al carecer de un salario mínimo digno, el fenómeno de la pobreza en el país se intensifica, afectando a cerca de 54.3 millones de personas y propiciando que, en las familias más pobres, un número mayor de integrantes tenga que contribuir al ingreso familiar.

En consecuencia, se advierte la necesidad de considerar la perspectiva de derechos humanos en la fijación del salario mínimo y entender a éste como un derecho humano que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, situación que aún no se logra.

Como menciona dicha Recomendación General, la CONASAMI debe fortalecer las investigaciones y estudios necesarios para determinar el presupuesto indispensable para la satisfacción de las necesidades básicas de cada familia, además de difundir la metodología que utiliza para fijar los salarios mínimos en el país, con el objetivo de impactar positivamente en la vida de las y los mexicanos.

Finalmente, es pertinente señalar que la presentación de la Recomendación General tiene por objetivo exteriorizar la preocupación de este Organismo Nacional por el sector de la sociedad que percibe un sólo salario mínimo, que debe cubrir las necesidades de una persona y su familia, esto es, debe ser suficiente para el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

La información de estas actividades puede ser consultada aquí. Ésta  concentra datos relativos a la entidad federativa en la cual se llevó a cabo la actividad, días y horas de duración, número de asistentes, desagregados por sexo.

Actividades de Vinculación en materia de los DESCA

Las actividades de vinculación que realiza la CNDH buscan generar relaciones y estrechar la cooperación y colaboración con distintas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y diversos actores de la sociedad, con la finalidad de fortalecer la promoción y difusión de los derechos inherentes a todas las personas.
 
Durante el 2018 se llevaron a cabo, de manera indistinta, 20 reuniones de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, académicas y Organismos Públicos de Derechos humanos, entre ellas: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Coahuila, y con Fundación para la Paz en Guerrero, A. C.; además, se realizaron reuniones de trabajo con personal de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Baja California y de Jalisco, así como con la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, SEPLAN, del estado de Yucatán, al mostrar esta última su interés por incorporar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su plan gubernamental.
 
Estas reuniones permitieron obtener resultados satisfactorios. En primer lugar, la vinculación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe propició la suscripción el pasado 14 de febrero de 2018 de un Convenio Marco de Colaboración que tiene por objeto coordinar esfuerzos para realizar actividades conjuntas en materia de promoción, estudio, difusión y divulgación de la ciudadanía económica y de garantía de los derechos económicos, así como a los sociales, culturales y ambientales.
 
La reunión con personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje permitió llevar a cabo el Ciclo de Conferencias Las condiciones de trabajo y su remuneración como derecho humano, así como la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 
Respecto a las reuniones con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de los Estados de Baja California y Jalisco, facilitaron el llevar a cabo eventos en dichas entidades. En el primer caso,  en la Ciudad de Tijuana, se presentó el Curso Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad. En el segundo caso, el Foro Ciudadano sobre los DESCA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Guadalajara, los días 16 y 17 de agosto.
 
Las reuniones celebradas con la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvieron múltiples fines. Se resaltan el avance en la realización de un estudio enfocado al seguimiento de la Recomendación General 26/2016 sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en Áreas Naturales Protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos y el taller Una mirada a las recomendaciones sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales emitidas por la CNDH, realizado en la Coordinación de Humanidades de la mencionada Institución Educativa.
 
Se han realizado dos reuniones con la referida Casa de Estudios, a través de su Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, con el propósito de suscribir un Convenio Específico de Colaboración cuyo objeto sea realizar un estudio que analice la manera en que el Gobierno Federal atiende los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y cómo es que se integra la perspectiva de los derechos humanos dentro de los programas sociales federales. Aunado a lo anterior, se revisará la manera en que se determina la población objetivo de los programas y el impacto de éstos en la vida de las personas. Una vez se conozca esta situación se analizará la manera en que se ejerce el presupuesto público por las dependencias a través de sus programas sociales, y se realizarán propuestas dirigidas a un mejor uso de los recursos, revisando en primer lugar a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
En las reuniones celebradas con la Fundación para la Paz en Guerrero, A.C., se llevó a cabo la presentación del Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1° constitucional.
 
Finalmente, es de destacar que el Sexto Visitador General sostuvo una reunión con Equipos de Relatores Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, en principio, para un intercambio en relación con la situación que guardan los DESCA en México, aunado a generar las sinergias necesarias para contar con la presencia de personal especializado de Naciones Unidas que pueda compartir sus conocimientos y experiencias.
 
La información de estas actividades puede ser consultada aquí, en ésta se aprecian los datos más relevantes, por ejemplo, instancia con la cual se da la vinculación, entidad federativa donde se realiza, el número de personas participantes, desagregadas por sexo.

Actividades de Difusión de los DESCA

La difusión de los DESCA, así como de las publicaciones que ha realizado este Organismo Nacional se dirigen a diversos sectores de la población (sociedad en general, autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil e instituciones académicas). Durante 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos distribuyó diversas publicaciones concernientes a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en los términos que enseguida se refieren:
 
  • Cartilla Derecho humano a la seguridad social*, con 10,987 ejemplares distribuidos;
  • Cartilla Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo*, con 10,856 ejemplares distribuidos;
  • Libro Los derechos humanos laborales*, con 938 ejemplares distribuidos;
  • Folleto Biodiversidad y derechos humanos*, con 1,140 ejemplares distribuidos;
  • Cartilla Los derechos humanos culturales*, con 25,297 ejemplares distribuidos;
  • Cartilla Derecho humano al desarrollo*, con 10,512 ejemplares distribuidos;
  • Cartilla Movilidad, vivienda y derechos humanos*, con 25,295 ejemplares distribuidos;
  • Bases Técnico-Metodológicas para el informe de México al Protocolo de San Salvador relacionadas con los siguientes derechos: a la alimentación adecuada; al medio ambiente sano; a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, sindicales y culturales. Se distribuyeron 25 ejemplares por cada derecho. Con un total de 200 ejemplares distribuidos.
  • Retos a la eficacia de los derechos humanos en España y la Unión Europea, con 25 ejemplares distribuidos;
  • El principio pro persona ante la ponderación de derechos, con 25 ejemplares distribuidos;
  • La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. Control de convencionalidad, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. Estándares para niñas, niños y adolescentes migrantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. Reflexiones en torno al arraigo como medida privativa de la libertad en el proceso penal, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. Uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Análisis desde el derecho internacional de los derechos humanos, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. La justiciabilidad de los derechos económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en los sistemas de derechos humanos, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia. Las obligaciones generales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con 25 ejemplares distribuidos;
  • Tríptico ¿Cómo presentar una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?, con 100 ejemplares distribuidos;
  • Tríptico Derecho de los pueblos indígenas a la salud reproductiva, con 100 ejemplares distribuidos;
  • Colección sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Comentarios sobre la tensión entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad, con 100 ejemplares distribuidos;
  • Tríptico Derecho humano a la salud de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, con 100 ejemplares distribuidos;
  • El derecho a la salud en México. Problemas de su fundamentación, con 100 ejemplares distribuidos;
  • Cartilla Derechos humanos de las personas que viven con VIH, con 50 ejemplares distribuidos;
  • Cartilla Derechos sexuales y reproductivos: un asunto de derechos humanos, con 50 ejemplares distribuidos;
  • Folleto Derechos y deberes del personal de salud que trabaja con personas que viven con VIH, con 50 ejemplares distribuidos;
  • Tríptico El derecho humano a la salud de las mujeres, con 50 ejemplares distribuidos;
  • Libro El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-legal: Una visión comparada, con 90 ejemplares distribuidos;
  • CD Los Derechos Humanos y la Corrupción en México, con 516 ejemplares distribuidos;
  • CD Protección Civil y Derechos Humanos, con 324 ejemplares distribuidos;
  • CD Documentos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, con 636 ejemplares distribuidos;
  • CD Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos, con 285 ejemplares distribuidos;
  • Folleto Presupuesto Público y Derechos Humanos: Por una Agenda para el Rediseño del Gasto Público en México, con 721 ejemplares;
  • Cartilla Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 999 ejemplares distribuidos.
  • Folleto Otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada y pensión por vejez, con 125 ejemplares distribuidos; y
  • Folleto Cambio climático y derechos humanos, con 25 ejemplares distribuidos.
 
Con un total de 89,896 ejemplares distribuidos a la fecha, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.  Las publicaciones identificadas con asterisco fueron desarrolladas por la Sexta Visitaduría General de este Organismo Nacional.

 
 

Protección y Defensa en materia de DESCA

Al ser la protección y defensa de los Derechos Humanos una de las principales atribuciones de este Organismo Nacional, la atención de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se ha vuelto cada vez más apremiante dada la interdependencia de los derechos y el impacto que ejercen en diversos sectores de la sociedad.
 
La CNDH inició en materia de DESCA con 385 expedientes en trámite al 31 de diciembre de 2017, cifra que se incrementó durante el período que comprende del 01 de enero al 13 de diciembre de 2018, radicándose 6,588 expedientes atendidos por este Organismo Público Autónomo, de los cuales, se concluyeron un total de 6,296 expedientes durante el mismo período.

Adicionalmente, se refieren las autoridades que han sido señaladas con mayor frecuencia en las quejas presentadas ante este Organismo Nacional:
 
  AUTORIDADES
1 Instituto Mexicano del Seguro Social
2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
3 Secretaría de Educación Pública
4 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
5 Comisión Federal de Electricidad
6 Secretaría de la Defensa Nacional
7 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
8 Petróleos Mexicanos
9 Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
10 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Recomendaciones en materia de los DESCA

De acuerdo con sus atribuciones, este Organismo Nacional ha emitido las siguientes Recomendaciones:

 3/2018 Sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el Proyecto Integral Morelos (PIM). 

El PIM provocó inconformidades de diversas comunidades de los 27 municipios que recorre en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán Popocatépetl y la omisión de cumplir con el derecho a la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas.
 
Como resultado de su investigación, se acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  difundió el proyecto mediante Internet y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no realizó esa consulta, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del Proyecto y sus implicaciones a la población en las localidades impactadas, que presentan niveles de marginación de altos a muy altos. De igual manera, acreditó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) omitió cumplir con su mandato e intervenir al tener conocimiento de los hechos suscitados.
 
Por ende, se concluyó que se actualiza una responsabilidad institucional para la SEMARNAT, la CFE y la CDI por no armonizar la normatividad vigente con el artículo 1° constitucional; por la falta de coordinación interinstitucional; desconocimiento de normas nacionales e internacionales; insuficiente supervisión de acciones en el proceso administrativo y para garantizar el acceso a los mecanismos de participación de la sociedad y de los pueblos y comunidades indígenas.
 
11/2018 Sobre las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, propiedad, trabajo y agua contra QV1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, por la transmisión irregular del título de concesión otorgado a favor de la unidad de riego de la cuarta ampliación del ejido Chaparrosa, Villa de Cos, Zacatecas.

En la citada Recomendación se advierte que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reconoció un derecho a un tercero para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas subterráneas para fines agrícolas en la Cuarta Ampliación del Ejido Chaparrosa, localizado en el Municipio de Villa de Cos, Zacatecas, en perjuicio de diversas personas que gozaban de un título de concesión desde 1997.
 
Además de las afectaciones derivadas de la inobservancia a lo dispuesto por el régimen jurídico de las aguas nacionales y las atribuciones que rigen a las autoridades en cuestión, esta Institución autónoma observó que el desconocimiento de las y los integrantes originarios repercutió negativamente en su patrimonio, en la posibilidad de ejercer libremente sus actividades como agricultoras y agricultores, y, en definitiva, la privación de los recursos hídricos que jurídicamente les correspondían. Aunado a lo anterior, se destaca que el acuífero donde se sitúa la concesión, enfrenta severos problemas de sobreexplotación y déficit de recursos hídricos, incertidumbre en la titularidad de derechos y posibles casos de acaparamiento de concesiones.
 
La CNDH exhortó a la CONAGUA, autoridad responsable, a restituir a los afectados en el uso y goce de sus derechos, y emitir circulares en las cuales se explicite la necesidad de acreditar exhaustivamente los requisitos correspondientes a trámites sobre concesiones, además de acciones de capacitación relativas al derecho humano al agua. Igualmente, se recomendó la adopción de un instrumento encaminado a la reglamentación del Acuífero Chupaderos, con una perspectiva de derechos humanos.
 
El 24 de julio de 2018, emitió la Recomendación General No. 32/2018 Sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana.

La investigación iniciada por este Organismo Nacional se origina a partir de un planteamiento relativo a la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes de las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental, así como la inadecuada distribución en todo el territorio nacional de gasolina y diésel con las calidades satisfactorias, para el adecuado funcionamiento en vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera. Concluidas las investigaciones, el instrumento recomendatorio se dirige a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía y Salud, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Gobernadoras y Gobernadores de los estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidentes Municipales.
 
Se destaca de los distintos puntos recomendatorios dirigidos a las diversas autoridades, el relativo a la Secretaría de Salud en el cual se exhortó a la adopción de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de elevar los parámetros de protección en salud en todo el país; a las y los gobernadores y titulares de las presidencias municipales del país llevar a cabo la revisión de vehículos y concesiones de transporte público, para detectar unidades altamente contaminantes y estudiar la viabilidad de su reemplazo por unidades de cero emisiones, e incentivar —en futuras concesiones— la utilización de unidades libres de contaminantes para transitar a un transporte público urbano accesible, eficiente, asequible y no contaminante, que garantice el derecho a un nivel de vida adecuado.
 
Asimismo, este Organismo Nacional se pronunció sobre la inadecuada implementación y/o funcionamiento de las estaciones y redes de monitoreo atmosférico a nivel nacional, mediante las cuales es posible determinar los índices de contaminación en las ciudades, estaciones que a su vez envían dicha información al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), por lo que se recomendó a las autoridades en todo el territorio nacional para que implementen medidas de reparación, funcionamiento y seguimiento necesarias para su correcto funcionamiento y puntual información al SINAICA.
 
Por lo que se refiere a PROFEPA recomendó inicie las inspecciones necesarias en todas las estaciones de monitoreo. En el caso de SEMARNAT, llevar a cabo estudios técnicos necesarios para la emisión de una norma oficial mexicana sobre límites máximos de emisión sobre de compuestos orgánicos volátiles, con la finalidad de incrementarlos.
 
De manera conjunta a las secretarías y la CRE, le exhortó entre otras cuestiones, a implementar mecanismos para cumplir las especificaciones sobre combustibles fósiles para que éstos cumplan con un estándar óptimo de calidad, disponer de laboratorios de pruebas, unidades de verificación u organismos de certificación acreditados y aprobados por la ley respectiva, al igual que la distribución y su debida inspección de las gasolinas y diésel disponibles en las estaciones de servicio de todo el país.

La Recomendación 47/2018 Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma saludable y aceptable, por la inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en agravio de quienes habitan y transitan en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Este documento apunta a una gestión integral de los residuos, así como a la prevención de la contaminación y los riesgos de salud asociados, entre otras actividades. Además de la necesidad de capacitar a personas servidoras públicas en materia ambiental. 
 
La Recomendación 54/2018 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la maternidad en el trabajo, a la protección de la salud, al desarrollo óptimo del producto de la gestación, a una vida libre de violencia obstétrica, al acceso a la información en materia de salud, al acceso a la justicia en sede administrativa y al deber de investigar con debida diligencia la violencia.

Esta recomendación atiende a las irregularidades en el desempeño de las funciones de las autoridades responsables con base en sus conductas u omisiones, además de la necesidad de atender a la rehabilitación, compensación y satisfacción de las víctimas. En particular, respecto de los derechos a la protección de la maternidad de las trabajadoras, así como a vivir una vida libre de violencia y a la lactancia materna.

Como parte de la reparación integral del daño se recomienda brindar la atención médica, psicológica, tanatológica, farmacéutica y auxiliares de diagnóstico con base en las consideraciones planteadas, según el caso. Aunado a implementar las medidas necesarias para evitar que estos actos se repitan y se vulneren los derechos humanos de las personas.

Por tal motivo y después de una exhaustiva investigación, este Organismo Nacional emitió el pasado 22 de noviembre de 2018, la Recomendación 62/2018 mediante la cual dirigió diversos puntos recomendatorios a las Secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), al Gobernador y al Fiscal General ambos del Estado de Coahuila y al Presidente Municipal de Sabinas.

En general, la Comisión Nacional recomendó a las autoridades mencionadas llevar a cabo acciones como efectuar la reparación integral e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas; iniciar los procedimientos de inspección para verificar las condiciones en que se llevan a cabo dichas operaciones extractivas; emitir circulares y llevar a cabo actividades de capacitación a servidores públicos cuya actuación, en el ámbito de sus atribuciones, se relacione con la minería; además de colaborar con los procedimientos que se instruyan ante los respectivos órganos internos de control.

Lo anterior, al observar que se infringieron disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, las leyes generales tanto de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como sobre Bienes Nacionales, las normas relativas a los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del ámbito general, así como al Estado de Coahuila y el Municipio de Sabinas, particularmente su Plan Director de Desarrollo Urbano. Aunado a lo anterior, este Organismo Nacional advirtió que en los lugares donde se ubican las excavaciones no existen medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes, lo que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos los ordenamientos señalados, lo cual también da cuenta de su ineficacia en la mencionada región carbonífera.

Es preciso destacar que las Recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional enuncian no solo la normatividad nacional e internacional aplicable, sino también los estándares internacionales en materia de derechos humanos que al ser de observancia obligatoria imponen a las autoridades el deber de reorientar su actividad gubernamental y cumplir de manera efectiva el mandato previsto en el artículo 1° constitucional. Los distintos pronunciamientos  tienen como finalidad que las autoridades responsables reparen el daño ocasionado a las víctimas de violaciones a derechos humanos, además de que implementen las medidas y acciones pertinentes para que esos hechos no se repitan.

El 20 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 76/2018 sobre el caso de la falta de debida diligencia en las actividades de supervisión y mantenimiento de las líneas subterráneas de distribución de energía eléctrica en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, que derivaron en el fallecimiento de V1 por electrocución.

De las evidencias que integraron el expediente, se advirtió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su subsidiaria CFE Distribución incumplieron con identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar y controlar con oportunidad al máximo, el riesgo en el lugar de los hechos, por lo que dicha Recomendación en comento, se dirigió a los actuales directores Generales de ambas paraestatales.
 
Ante esto, la CNDH recomendó a la CFE y CFE Distribución reparar de forma integral el daño ocasionado, incluyendo atención psicológica y el pago de una indemnización justa, en términos de la Ley General de Víctimas; emitir circulares para instruir a los Gerentes Divisionales en el país para la implementación de medidas de prevención y supervisión de instalaciones eléctricas a su cargo, garantizando la seguridad de las mismas y para que no se suspendan los procedimientos de Recomendación de Responsabilidad Patrimonial del Estado  presentados ante ellos; así como capacitar al personal de CFE y CFE Distribución sobre los requerimientos de seguridad previstos en las disposiciones convencionales, legales, reglamentarias y normativas que regulen el servicio público de distribución de energía eléctrica.

Síntesis de la Recomendación No. 76/2018 disponible aquí.

El 26 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 82/2018 sobre la violación a los Derechos Humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población general.
 
De las evidencias que integraron el expediente, se observó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no ha cumplido en la prevención de contaminación atmosférica, agua y de suelos, por el uso no controlado de plaguicidas; la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dejó de investigar constantemente los riesgos y daños a la salud que originan la contaminación del ambiente estas sustancias tóxicas. Por su parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), incumplieron con la armonización de las disposiciones regulatorias y medidas fitosanitarias en materia de plaguicidas, con los estándares internacionales dentro del ámbito de sus atribuciones que restringen el uso de algunos compuestos químicos.
 
Ante esto, la CNDH recomendó, entre otros aspectos, a la SADER realizar un estudio sobre los riesgos asociados al uso y manejo de plaguicidas; a SENASICA, diseñar un procedimiento para determinar los límites máximos de residuos de dichas sustancias tóxicas en alimentos; a la SEMARNAT elaborar un diagnóstico del estado actual de contaminación de suelos y aguas superficial y subterránea por plaguicidas en las zonas agrícolas; y, a COFEPRIS, plantear al Ejecutivo Federal la incorporación de medidas de carácter prohibitivo o restrictivo para la totalidad de los 35 plaguicidas y los 17 pesticidas contenidos en los convenios de Rótterdam y de Estocolmo respectivamente.
 
Síntesis de la Recomendación No. 82/2018 disponible aquí.

Recomendaciones Generales en materia de DESCA

Durante este año se emitieron dos Recomendaciones Generales:

El 28 de septiembre de 2018, la Recomendación No. 
32/2018 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 
Esta Recomendación atiende las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de personas pensionadas, algunas con limitaciones motrices, que demandaban el pago oportuno de sus cheques por prestaciones de seguridad social y de fin de año, así como que hubiera fondos en las cuentas bancarias para cobrarlos, cuando recibieron descargas eléctricas con armas prohibidas, fueron empujadas con bastones cortos y largos, y agredidas verbalmente, en tanto que los periodistas fueron golpeados con toletes y amenazados.

Es importante señalar que luego de conocer el caso por información periodística difundida en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos, la Comisión Nacional emitió un acuerdo de atracción, debido al impacto del hecho en la opinión pública nacional, para investigar la situación que fue del conocimiento inicial de la Comisión Estatal.

Esta Institución Autónoma recomendó, entre otras acciones, reparar integralmente el daño, iniciar las investigaciones y determinar las responsabilidades administrativas de 12 servidores públicos y demás autoridades que participaron en los hechos, presentar las denuncias de hechos correspondientes y adoptar las medidas para cubrir oportunamente las prestaciones de seguridad social a las personas pensionadas.
 
El 14 de noviembre de 2018 se emitió la Recomendación General 34/2018 sobre el efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. En este instrumento señaló que el salario es un derecho humano, mismo que debe ser suficiente y asegurar una vida digna tal como lo señala la norma constitucional y diversos instrumentos internacionales.

Las cifras de pobreza y pobreza extrema, y el número trabajadoras y trabajadores que perciben un salario mínimo o menos, apuntan a que la suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización del derecho al mínimo vital y de otros derechos humanos.

A los Secretarios del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; y a las Legisladoras y Legisladores del Congreso de la Unión, a asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo, lo expuesto por el CONEVAL en relación con la línea de bienestar y en este mismo sentido, tomar en cuenta la relación existente entre salario mínimo y la cantidad de personas promedio en cada hogar mexicano.

Al Secretario del Trabajo y Previsión Social que solicite a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la revisión del salario mínimo con base en el artículo 570, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, desde un enfoque de derechos humanos, para que prevalezca la dignidad de las personas como eje rector en el establecimiento del monto del mismo.

A los miembros del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, realizar la fijación del salario mínimo con una perspectiva de derechos humanos y con apego a los estándares nacionales e internacionales que salvaguardan la dignidad de las personas como eje central de esa actividad; a hacer públicos la metodología, los informes y los estudios empleados por ese órgano colegiado tripartito para fijar el salario mínimo en México; y considerar la relación existente entre el salario mínimo y la cantidad de personas promedio en cada hogar mexicano.

Finalmente, a las y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, legislar sobre la fijación del salario mínimo desde una perspectiva de derechos humanos, a efecto de que se incorporen en la normatividad laboral pertinente los estándares más altos y las mejores prácticas en las actividades de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos al establecer el monto de los mismos.

La expansión de la actividad extractiva del carbón en poblaciones del municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, y en el interior de áreas naturales protegidas en la región carbonífera de dicha entidad federativa, en ausencia de las concesiones que amparan tales actividades, las autorizaciones de impacto ambiental o en contravención de los usos de suelo previstos, o sin apego a lo dispuesto en dichas resoluciones, repercute seriamente en los componentes ambientales, y en la salud y condiciones de vida de las personas que residen o transitan por los alrededores de obras mineras.
 

Comunicados emitidos a fin de promover el conocimiento, respeto y vigencia de los derechos humanos, enfatizando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

El 16 de agosto de 2018, la CNDH emitió el comunicado de prensa DGC/232/2018, mediante el cual exhorta a los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para la pronta firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú establece diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todas las prerrogativas de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes, según lo señalado por la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, constituyen el segundo grupo más vulnerable y más proclive a perder la vida a causa de sus actividades.

Dicho Acuerdo Regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se fundamenta en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que tiene como base el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar, en su caso, la reparación integral de daños.

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En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza -17 de octubre- la CNDH manifestó mediante el comunicado de prensa DGC/315/2018 la importancia de reconocer que la pobreza es un fenómeno multidimensional que rebasa al aspecto económico, al reproducir patrones de exclusión social y discriminación que transgreden la dignidad de las personas, e insiste en atenderle como causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con el Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la región de América Latina y el Caribe continúa siendo la más desigual en el mundo, en 2014, el 10% de la población acaparaba el 71% de la riqueza y solo el 1% poseía el 40% de ésta. En México, durante 2016, según información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se identificaron 53.4 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales, 9.4 millones estaban en pobreza extrema, es decir, presentaban al menos tres carencias sociales, ya sea de acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a los servicios básicos de vivienda, a la alimentación o, a la calidad y espacios de la vivienda.

No debe pasar inadvertida la difícil realidad de las personas que viven en pobreza, toda vez que, aunado a los distintos obstáculos físicos, económicos, sociales y culturales que enfrentan, son objeto de distintas privaciones como el acceso a un trabajo digno, a los sistemas de protección social, a la atención de la salud, a condiciones de vivienda salubres, a la educación y a la participación en la toma de decisiones, situaciones que restringen el ejercicio de sus derechos y, generalmente, perpetúa los ciclos de pobreza en las generaciones futuras. 

En relación con este tópico, la CNDH reitera el contenido del Objetivo 1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, orientado a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, la cual es considerada como el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en diversos espacios y medios la necesidad de atender la problemática de cambio climático y el impacto de éste en el ejercicio de los derechos humanos. Respecto de los recursos naturales, existe un claro vínculo con derechos como a la salud, a un medio ambiente sano y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Es precisamente por esta preocupación que en conmemoración del Día Mundial del Suelo se emitió un comunicado de prensa para visibilizar esta temática.
 
Es prudente destacar que, en diciembre de 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo; mediante la resolución 68/232 reconoció su importancia en el crecimiento económico, la diversidad biológica, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las medidas para hacer frente al cambio climático y el aumento de la disponibilidad de agua.
 
En nuestro país, de acuerdo con la Línea Base Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación realizada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Universidad Autónoma Chapingo, el 90.7% de la superficie nacional presenta algún tipo de degradación de tierras (177.6 millones de hectáreas) por causas naturales y antrópicas. El 24.3% (47.5 millones de hectáreas) presentan degradación ligera, mientras 17.2% con degradación moderada (33.6 millones de hectáreas), con degradación severa es el 38.4% (75.2 millones de hectáreas) y 9.4% con degradación extrema (18.4 millones de hectáreas).

Con motivo del Día Mundial del Suelo –5 de diciembre—, esta Comisión Nacional subrayó la falta de atención a los beneficios que proporcionan los suelos como el desarrollo de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático mediante la conservación del carbono orgánico y el mantenimiento de los acuíferos, toda vez que la filtración de sustancias dañinas provoca desequilibrio que afecta a todas las formas de vida, aunado a causar problemas en la salud humana.

Por ello, exhortó a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a cumplir lo señalado en el artículo 4° constitucional respecto del acceso al derecho a un medio ambiente sano, a la salud y alimentación, ya que las vías de contaminación del suelo pueden implicar la deposición atmosférica, aplicación de herbicidas y pesticidas, y metales pesados en los fertilizantes y en aplicaciones de residuos en tierra firme.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación mediante el comunicado de prensa DGC/415/18, porque México se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción al bajar del punto 3 al 29, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI), mientras que a nivel regional también está entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, con base en la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
 
Con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, este Organismo Nacional exhortó a las autoridades gubernamentales a cumplir cabalmente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, además de adoptar las medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro carácter para prevenir y sancionar actos de corrupción, los cuales impiden el desarrollo económico de nuestro país, debilitan a las instituciones y transgreden los derechos humanos de todas las personas, particularmente de aquellas en situación de pobreza y de grupos de atención prioritaria.

Igualmente, reiteró su llamado al Senado de la República de nombrar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción y demanda al nuevo gobierno federal el fortalecimiento de las fiscalías autónomas y dar el siguiente paso para su materialización en los niveles federal y estatales, para el efectivo acceso a la justicia, en aras del cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 relativo a la consecución de la paz, justicia e instituciones sólidas.

La información de esta actividad puede ser consultada aquí.
 

Estudios en materia de DESCA

Estudio sobre ríos, lagos y acuíferos desdes la perspectiva de los Derechos Humanos
 
El Estudio en comento fue elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, se compone de ocho apartados en los cuales se analiza la situación del agua en México; el marco jurídico del derecho humano al agua; la problemática del agua y los derechos humanos; además, de identificarse buenas prácticas en la gestión del agua con enfoque de derechos humanos y, en el último apartado se refieren algunas conclusiones y recomendaciones.
 
En el Estudio se afirma que, si bien las autoridades en materia de agua miden la contaminación orgánica y física de las aguas utilizadas en las ciudades en lo relativo a la calidad del elemento, las publicaciones oficiales no han mostrado la contaminación derivada de las descargas industriales, ni han evidenciado la remediación de los cuerpos de agua contaminados, ni el tipo de participación de los responsables de la contaminación.
 
Ante los negativos escenarios que arrojó el Estudio, el derecho al agua y al saneamiento en relación con la protección de ríos, lagos y acuíferos requiere estrategias que faciliten acceso mayor y sostenible a ese recurso, en particular para las personas y comunidades de las zonas rurales y urbanas más desfavorecidas.
 
La investigación señala con claridad los problemas en tres grandes grupos: la sobreexplotación, contaminación, y disponibilidad; muestra un análisis jurídico de los derechos que deben permear, y propone soluciones orientadas al diseño de políticas públicas en materia de agua, y plantea la adecuación del marco normativo a los estándares internacionales en todos los órdenes de gobierno.
 
En ese sentido, se formulan diversas recomendaciones, de las cuales se resaltan:
 
Reconocer que el carácter de derecho humano constitucional al derecho al agua debe ser el principio que guíe las discusiones en torno a la elaboración de la legislación secundaria. Los esfuerzos para lograr una armonización entre las exigencias de la sociedad civil organizada, los intereses gubernamentales y de la iniciativa privada deben orientarse en una lógica de derechos humanos, de tal forma que los mismos constituyan una barrera ante las pretensiones autoritarias o privatizadoras.
 
Diseñar estrategias de gestión de aguas residuales en lo local, municipal, estatal, por cuencas y territorios, donde los tres órdenes de gobierno tengan clarificadas sus responsabilidades en coordinación con actores no estatales. Ello implica buscar procedimientos y tecnologías para la creciente diversidad de compuestos químicos de las aguas servidas.
 
En cuanto a la atención de la demanda de agua, se requiere cambiar el enfoque con los volúmenes de agua disponible en cada cuenca, disminuyendo la demanda del recurso mediante un manejo eficiente y reúso del mismo, e invertir en proyectos alternativos como lo es la captación de agua de lluvia en ciudades y en localidades rurales.
 
Por lo que se refiere a la sostenibilidad del agua, se recomienda establecer mecanismos institucionales, específicos, para la protección de humedales, ríos, lagos, manantiales y acuíferos, en cuencas, subcuencas y microcuencas, con la participación plural, informada y abierta de la sociedad, el gobierno y a la academia.

El estudio se encuentra disponible aquí.
 
 
Estudio sobre Derechos Humanos y Pobreza, Políticas Públicas frente a la pobreza con las perspectiva de Derechos Humanos del Artículo 1Constitucional
 
El estudio plantea formas para aplicar el enfoque de derechos humanos a las políticas públicas destinadas a enfrentar la pobreza y la desigualdad. Para ello, concentra su análisis tanto en el diagnóstico como en las propuestas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, debido a su vínculo con los factores generadores de pobreza.
 
Además, recomienda prácticas que puedan ser aplicadas por las instituciones del Estado, en particular por los gobiernos federal y estatales, así como indicadores y mejoras de política pública. El Estudio se divide en cinco secciones que permiten apreciar el impacto de la pobreza en el debido goce y ejercicio de los derechos humanos.
 
La primera de las secciones contextualiza a las lectoras y lectores respecto a los Derechos Humanos y su relación con los ámbitos Económico, Social, Cultural y Ambiental, es decir los DESCA, partiendo de un análisis del artículo primero constitucional y  en el marco normativo internacional, además ofrece una revisión concreta sobre un amplio catálogo de derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social, entre otros.
 
La segunda Sección del Estudio contempla la relación entre la pobreza y los DESCA, así como conceptos y mediciones dadas por el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos. Además, realiza un desglose de indicadores por derechos.
 
En su tercera y cuarta sección se revisa el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas frente a la pobreza. La última sección del estudio concluye con una serie de recomendaciones generales y específicas, así como acciones concretas para su implementación, destaca el adoptar formalmente el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza, al generar mecanismos de participación de las personas en esa situación, especialmente para garantizar la adecuada atención y el cumplimiento de la norma.
 
Otra de las recomendaciones que se resaltan es contar con una política fiscal que posibilite la asignación del máximo de recursos disponibles para garantizar y promover el ejercicio efectivo de derechos, al transparentar en el presupuesto la evolución progresiva del gasto y de su efecto redistributivo, así como la evolución progresiva de los bienes o servicios públicos generados para la población objetivo con los recursos públicos.
 
El Estudio se enriquece con un ejercicio de aplicación práctica centrado en el Estado de Guerrero y, en particular, en cuatro municipios que forman parte de la Costa Grande de Guerrero: Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana.

Este estudio se encuentra disponible aquí.
 
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