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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

III. Grupos de Atención Prioritaria y otros Temas

Las personas que sufren violaciones a los derechos humanos, así como sus familiares, deben contar con las más amplias posibilidades de ser escuchadas y acompañadas en los respectivos procesos de protección y defensa, así como en la procuración de justicia, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, todo ello en la búsqueda de una debida e integral reparación del daño causado. Es necesario hacer valer los derechos de forma efectiva, tomando en consideración las condiciones que generan diferencias entre los diversos integrantes de la sociedad. Por tal motivo, es preciso reconocer y resolver los factores de desigualdad de aquellos grupos de la población que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad y marginación, que dificultan su acceso a la justicia. Dichos grupos requieren medios de compensación, que permitan subsanar la posición de desventaja, a fin de hacer posible el pleno goce de los derechos humanos y la inclusión social que favorezcan la vida digna. La CNDH consciente de ello, a través de diversos programas, brinda servicios especiales y específicos a diferentes grupos de la población que requieren atención prioritaria en materia de derechos humanos.

Las niñas, niños y adolescentes poseen los mismos derechos que corresponden a todos los seres humanos. Sin embargo, deben considerase algunos derechos específicos relacionados con la familia, la sociedad y el Estado, ya que, debido a su situación de fragilidad, las niñas, niños y adolescentes requieren protección prioritaria para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Las personas de 60 años o más, constituyen un segmento poblacional que con frecuencia sufre diversas formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos, así como de escasas oportunidades para el desarrollo económico y personal. Las causas de esas transgresiones son diversas, entre ellas puede identificarse al menos una que resulta determinante, como lo es la percepción social negativa sobre el envejecimiento, que suele desembocar en un estatus de vulnerabilidad múltiple.

La violencia contra las mujeres es una violación grave a los derechos humanos que requiere de una investigación efectiva con alcances adicionales al tratarse de una mujer que sufre muerte, maltrato o afectación a su libertad personal, en el marco de un contexto de violencia. En los casos de violencia sexual, la investigación debe evitar la revictimización o la reexperimentación de la situación traumática. Respecto a las denuncias de desaparición de mujeres surge el deber de la diligencia estricta, con relación a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. La igualdad es un concepto relacional que involucra la comparación entre distintos elementos. A partir de este análisis comparativo, puede determinarse la presencia o no de la igualdad entre personas o grupos, en el acceso y disfrute de sus derechos. La igualdad se manifiesta en el ámbito normativo y en las prácticas sociales y, por tanto, se concibe como un derecho humano. En cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres, el concepto de igualdad se relaciona con la no discriminación y con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En este sentido, la estrategia de la CNDH comprende los principios para el ejercicio pleno de los derechos por parte de las mujeres, promoviendo un contexto de igualdad, de no discriminación y de no violencia contra las mujeres por razones de género.

A las personas con discapacidad se les debe asegurar el acceso a la justicia, así como generar las condiciones que permitan mitigar sus desventajas. Es necesario reconocer y resolver los factores de desigualdad, a fin de generar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la posibilidad de disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos humanos.

La trata de personas constituye un gran reto para la protección de los derechos humanos. Numerosas víctimas pasan desapercibidas ante la sociedad, y particularmente para las autoridades que son responsables de las tareas de detección, identificación y atención de las víctimas. La discriminación por cuestiones de género, origen, raza, nacionalidad, edad, orientación sexual, religión y otras más, es considerada como uno de los factores que inciden en la falta de atención de los casos, incluyendo el acceso a la justicia. El Estado es el encargado de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de violaciones a los derechos humanos. En este tenor, la CNDH se asume como una instancia proactiva y especializada que contribuye al combate y prevención de la trata de personas en el país, además promueve la aplicación de acciones dirigidas a garantizar la atención integral a las víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos, a partir de la elaboración de herramientas técnicas y prácticas, el impulso de una cultura inclusiva/incluyente, interesada y ocupada en la prevención de los factores que propician y promueven el incremento de este fenómeno delictivo, así como del fortalecimiento de estrategias dirigidas a garantizar la restitución de los derechos humanos de las víctimas.

Cabe señalar que los derechos humanos deben ser garantizados a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. El Estado Mexicano es el encargado de garantizar que toda persona extranjera que transita por el país, aun cuando fuere un migrante en situación irregular, pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad. La CNDH acompaña a las personas migrantes y defiende sus derechos ante abusos de la autoridad, al mismo tiempo que condena todos los actos que atentan contra estas personas, por parte del crimen organizado, exigiendo a la autoridad responsable extremar las medidas de seguridad que protejan a este grupo de la población.

Asimismo, para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, es necesario brindar una protección efectiva que considere su situación de vulnerabilidad, las particularidades culturales, características socioeconómicas, respeto a sus tradiciones ancestrales, valores, usos y costumbres, así como la protección territorial que permita su libre desarrollo. Además, en los casos en que integrantes de este grupo se encuentren internados en centros penitenciarios, es necesario vigilar sus procesos y situación ya que mantienen implícita una mayor vulnerabilidad, que la de los demás internos de manera general.

Los niveles de violencia en contra de las personas defensoras y periodistas, la ausencia de políticas públicas adecuadas, el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre fuerzas armadas federales y las instituciones de seguridad estatales y municipales, han agudizado la problemática que enfrentan estos dos grupos en situación de riesgo. Las agresiones en estos últimos años, se han agudizado en contextos de especial o extrema vulnerabilidad. Numerosos casos de agravio han ocurrido en zonas con alta presencia de cárteles del narcotráfico y de otras formas de crimen organizado, en las que las víctimas corresponden con personas que realizaban labores de periodismo de denuncia o periodismo crítico, así como actividades de defensa a los derechos humanos, en temas relacionados con la corrupción e inseguridad.

Si bien se han logrado avances en materia de víctimas, principalmente en términos normativos, también existe una gran necesidad de fortalecer las políticas públicas que implican el cumplimiento e impulso del respeto a sus derechos humanos. La CNDH ha observado la omisión reiterada de las autoridades locales respecto al establecimiento de los sistemas estatales de atención a víctimas. Es necesario estrechar los vínculos de colaboración interinstitucional y redoblar los esfuerzos de coordinación en beneficio de las víctimas con el objeto de evitar su revictimización. De igual manera, se requiere realizar las previsiones, ajustes y/o reasignaciones presupuestales que permitan la efectiva implementación y operación de los sistemas estatales de atención a víctimas, así como generar los registros estatales de víctimas, que permitan mantener actualizado el Registro Nacional de Víctimas. En cuanto a los servicios de asesoría jurídica a víctimas, se requiere un mayor compromiso que considere el suficiente personal especializado a nivel nacional.

Nuestro país enfrenta un grave problema estructural, relacionado con la desaparición de personas. En dicho problema se conjuntan diversos aspectos, entre ellos la corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión entre diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada. Además, el problema se agrava con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social del país. Las posibilidades de solución son poco esperanzadoras, debido a los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, en la búsqueda y localización de las víctimas directas; los insuficientes avances sobre el conocimiento de la verdad de los hechos, que da origen a las desapariciones; y a la lentitud en la identificación de los responsables involucrados, para que sean sujetos de la acción de la justicia. Todo ello ocasiona, entre otras cosas, un delicado contexto de impunidad que alienta la proliferación de este tipo de conductas. Ante ello, la situación empeora, debido a que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas, ni una base de datos sólida en funcionamiento, en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta situación en nuestro país. En este sentido, la CNDH impulsa el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias, al tiempo que colabora con las autoridades a fin de reforzar las labores de búsqueda y las tareas de identificación de restos relacionada con la aparición de fosas clandestinas.

Actualmente, la pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) constituye un importante reto a la salud pública debido, entre otras cosas, a que su principal vía de transmisión es la sexual, así como a su asociación arbitraria con poblaciones estigmatizadas, como son quienes tienen una identidad de género distinta a la cisgénero (persona que asume una identidad de género que corresponde al sexo que tiene al nacer), o una orientación o práctica sexual no heterosexual. Para la CNDH resulta apremiante difundir entre la población, la información básica sobre el VIH, las medidas de prevención, sus vías de transmisión, así como los derechos humanos relacionados con la materia, especialmente, relacionados con el acceso a la prueba de detección, al tratamiento, a la confidencialidad del diagnóstico, entre otros, con énfasis en acciones focalizadas en las poblaciones mayormente afectadas por la pandemia, ya sea porque presentan mayores prevalencias o por su vulnerabilidad derivada de sus prácticas o contextos. Es necesario que la toma de decisiones se encuentre encaminada a garantizar la entrega completa y oportuna al usuario final del tratamiento antirretroviral (TAR), al momento de ser prescrito, asegurar su continuidad y, de esta forma, evitar la aparición de resistencias que podrían mermar su eficacia.

El sistema penitenciario de nuestro país en su conjunto, es señalado por formar parte de los pendientes que el Estado tiene en materia de derechos humanos, en temas relacionados con las condiciones, funcionamiento y trato que reciben las personas privadas de la libertad, a fin de que sea acorde con la observancia de sus derechos humanos. La prisión es considerada una medida aflictiva, por ello su aplicación debe estar basada en el respeto de los Derechos Humanos en concordancia con la seguridad, el orden y la disciplina que debe observarse en los establecimientos penitenciarios, que a su vez permita organizar las acciones destinadas a alcanzar la reinserción social. Todo ello de acuerdo con el fin constitucional establecido, al considerar que las acciones emprendidas permitan aprovechar el período de privación de libertad, con el fin de lograr la integración a la sociedad tras la puesta en libertad, que permita la convivencia armoniosa, al tiempo que fundamenta la manutención como producto del trabajo. La CNDH no interviene en los procesos judiciales de los internos, la labor se circunscribe a realizar permanentemente visitas de supervisión a los centros de reclusión del país, con el propósito de verificar la vigencia de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de la libertad.

Derivado de las Recomendaciones que este organismo ha emitido, se observa una problemática sobre los derechos humanos en el ámbito empresarial desde dos ámbitos, el interno y externo de las empresas. Por lo que respecta al ámbito interno, se han identificado condiciones inadecuadas en los centros de trabajo relacionadas con la seguridad e higiene; falta de reglamentos, planes y programas de capacitación que permitan reducir riesgos en accidentes de trabajo; violaciones a los mínimos derechos laborales; regulaciones contrarias en la materia, ante la falta de contrataciones formales; e inadecuados salarios, horarios y jornadas. Asimismo, en muchos casos se ha visibilizado que las condiciones laborales refieren contextos de trata de personas y trabajo infantil. Respecto al ámbito externo se han identificado tres principales problemas. 1) falta de planeación de proyectos de desarrollo; 2) irregularidades al otorgar permisos, autorizaciones, licencias y títulos de concesiones, o que las empresas incumplen con los requisitos que marca la ley; de igual manera se lleva a cabo la celebración de contratos entre el Estado y empresas, sin que el Estado exija vía contractual el respeto a los derechos humanos; 3) falta de vigilancia, inspección, supervisión y sanción de las actividades empresariales por parte de las autoridades. Las acciones para proteger los derechos humanos en las actividades empresariales, deben ponerse en práctica con especial atención a los derechos y las necesidades de los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La CNDH reconoce y enfatiza la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), a través de Recomendaciones específicas, generales, estudios, eventos, documentos y pronunciamientos. Al respecto, este Organismo Autónomo ha atendido casos y situaciones que impactan el goce y ejercicio de dichos derechos, y que a su vez generan obligaciones para las autoridades del Estado mexicano. La realización de los DESCA es el medio idóneo y eficaz para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. Este Organismo Nacional advierte con preocupación que existen problemáticas y obstáculos que requieren atención por parte de las autoridades, como son llevar a cabo una adecuada armonización normativa, generar mejores prácticas administrativas, así como precedentes jurisdiccionales que faculten el goce y ejercicio de los DESCA sin discriminación de ninguna especie, en particular para los grupos de atención prioritaria, además de generar políticas públicas incluyentes y destinar los recursos necesarios para la satisfacción de tales derechos. Las instituciones deben impulsar y diseñar los presupuestos públicos con un enfoque de derechos humanos y, de igual manera, ajustar las reglas de operación de los programas correspondientes.  Debe superarse la perspectiva administrativa de la prestación de servicios públicos a meros usuarios, para tornarla en acciones coordinadas y eficaces de las autoridades para cumplir con los derechos básicos de las personas, es decir, reconocer que en la prestación de los servicios públicos subyace la salvaguarda de la dignidad humana. Es fundamental, que las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios seas verificadas a la luz del respeto a los derechos humanos.

El derecho a la salud y a la seguridad, son temas que se atienden de manera trasversal en la CNDH, ya que las personas sufren afectaciones frecuentemente con relación a estos dos aspectos. El primero se relaciona con algunos de los hechos violatorios más frecuentes que implican afectaciones relacionadas con los derechos a la protección de la salud y a la información en la materia destacando la escasez de médicos, especialistas y personal de enfermería; baja capacidad para la generación de diagnósticos y la aplicación de tratamientos adecuados; ineficaz supervisión a residentes o pasantes a cargo del personal responsable; insuficiente infraestructura hospitalaria y recursos materiales (camas, medicamentos, laboratorios, instrumental y equipo médico, etc.); trato que contraviene a la dignidad de los pacientes (discriminación, desatención, negligencia en intervenciones quirúrgicas, etc), entre otros.

Con relación al derecho a la seguridad, la gravedad de los casos ha crecido en los últimos años. El incremento de las actividades relacionadas con la delincuencia organizada, la impunidad prevaleciente y la complicidad de elementos que participan en tareas de seguridad, genera una latente vulnerabilidad de la población en general y un mayor riesgo para los grupos que requieren atención prioritaria.

Este breve recuento no pretende ser exhaustivo ni tampoco limitativo. Simplemente describe en términos generales, cómo la CNDH a través de su personal especializado brinda atención a la población con base en sus necesidades. Su defensa requiere que todos los órganos del Estado actúen a la altura de las exigencias que entraña la materialización de los principios esenciales del Estado de Derecho, y que en algunos casos sea proporcionada con características particulares para la población, principalmente hacia los grupos que requieren atención prioritaria. De esta forma se estaría en posibilidades de brindar a las personas la protección más amplia contra los actos u omisiones que atenten o menoscaben su dignidad e integridad. Tengamos en mente que todas y todos tenemos derechos humanos.

En este apartado se dan a conocer los avances sobre los esfuerzos que la CNDH hizo durante 2018 a favor de todos estos grupos. 
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