Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras Antecedentes La CNDH ha reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor que desempeñan periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos. A pesar de ello, en México su actividad ha sido sistemáticamente obstaculizada por medios diversos en los que la censura, ya sea directa o indirecta, la estigmatización y el descrédito de su labor, han afectado de manera profunda y sensible a quienes ejercen tales derechos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria. Es por ello que el maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de este Organismo Nacional, ha subrayado que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas, que no se puede cuantificar o compensar, ya que mientras la mayoría de los casos permanezcan impunes no les será posible acceder a la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho. La violencia, impunidad y falta de condiciones de seguridad en diversas regiones del país, es parte del complejo panorama que enfrentan los derechos humanos en México. Este Organismo Nacional ha enfatizado su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios y agresiones que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo, así como del derecho a defender. 2017 fue un año particularmente grave respecto a las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entre los casos que lamentablemente se registraron durante el año pasado se encuentra el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y El Norte en la ciudad de Chihuahua, del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce de Culiacán, Sinaloa, y corresponsal del periódico La Jornada, así como del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, licenciado Silvestre de la Toba Camacho y de su joven hijo Fernando de la Toba Lucero. La CNDH se pronunció sobre tales crímenes como hechos inaceptables y reprobables que lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto y a la vida democrática de nuestro país, por ello exigió a la autoridad asumir su obligación y poner fin a todo tipo de agresiones, desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas y personas defensoras, recorrido que pasa por el miedo, la incertidumbre, la autocensura, el cierre de medios informativos, el cambio de profesión de periodistas y personas defensoras y el auto destierro o movilidad forzada. El Presidente de este Organismo Nacional ha reconocido que México requiere seguridad, pero no a cualquier costo y no por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el respeto irrestricto de los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación oportuna de la ley, sin descartar a la justicia transicional como un camino para lograr la verdad y la reparación a las víctimas, así como para una efectiva rendición de cuentas por las autoridades. Situación Actual Las agresiones de personas defensoras y periodistas se han producido en contextos de especial o extrema vulnerabilidad. Numerosos casos han ocurrido en zonas con fuerte presencia de cárteles del narcotráfico y de otras formas de crimen organizado, en las que las víctimas realizaban un periodismo de denuncia o periodismo crítico, así como actividades de defensa en temas relacionados con corrupción e inseguridad, entre otros. Por todos es conocido el extremo clima de violencia que enfrenta nuestro país y que ha vulnerado de manera particular a periodistas y a personas defensoras. La CNDH, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en el periodo de 2000 al 20 de diciembre de 2018, ha registrado un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10.6 %. Los estados con mayor incidencia en homicidios de periodistas son los siguientes: Estados con mayor incidencia en homicidios de periodistas Columna: N° de Homicidios de Periodistas En el caso de personas defensoras se han registrado un total de 40 homicidios en el periodo comprendido entre el 2006 al 20 de diciembre de 2018, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 37.5%. Los estados con mayor número de homicidios de personas defensoras se listan a continuación: Estados con mayor incidencia en homicidios de defensores Columna: N° de Homicidios de Defensores Respecto a la solicitud de medidas precautorias, facultad con que cuenta la CNDH para la protección de periodistas y personas defensoras, se advirtió un incremento derivado del aumento en la frecuencia y gravedad de las agresiones en contra de estos dos grupos en situación de riesgo, tal y como se aprecia del comparativo de las siguientes cifras: Al cierre de 2014, se habían solicitado en 11 ocasiones medidas cautelares a favor de periodistas y en 4 ocasiones a favor de personas defensoras. A partir de 2015 se advierte un incremento en dichas solicitudes, en ese año se solicitaron en 16 ocasiones medidas cautelares a favor de personas que ejercen el periodismo y en 12 ocasiones a favor de personas defensoras a fin de garantizar su seguridad e integridad física. Durante 2016, se solicitaron en 27 ocasiones medidas cautelares a favor de periodistas y en 28 a favor de personas defensoras. En 2017 se solicitaron 66 medidas cautelares para la protección de periodistas y 32 a favor de personas defensoras de derechos humanos. Es alarmante advertir que en 2018 la CNDH solicitó en 96 ocasiones medidas cautelares a favor de periodistas y personas reporteras de diversos medios de comunicación, y en 45 ocasiones a favor de personas defensoras con el mismo fin. El profundo impacto social que tienen las agresiones a personas defensoras y periodistas, particularmente, los homicidios cometidos en su agravio y la complejidad de los escenarios donde se insertan tales crímenes exige que las autoridades estatales establezcan mecanismos de protección y desarrollen protocolos de actuación especializados para la debida y oportuna atención de la problemática que enfrentan estos dos grupos en situación de riesgo. A pesar de que el contexto descrito implica una situación estructural de violencia, que se agudiza y subsiste debido a la impunidad y autocensura, la mayoría de las entidades federativas no cuentan con agencias especializadas para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras. Esta circunstancia es preocupante ya que el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección cuando existe el riesgo de que se produzcan crímenes en contra de personas defensoras y periodistas por situaciones concretas en las que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan estos delitos, tal y como fue manifestado por la Relatoría Especial de la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CmIDH). También se evidencia que los órganos de procuración de justicia tampoco consideran ni evalúan el nivel de riesgo relacionado con su labor, y mucho menos el contexto asociado a ésta, aspectos determinantes para estar en posibilidad de identificar las causas reales y responsables materiales e intelectuales, lo que incide en que las investigaciones de delitos cometidos en su agravio no sean efectivas, con lo que se perpetúa el ciclo de impunidad y la repetición de tales crímenes. La CNDH en las Recomendaciones Generales Núm. 24 y Núm. 25, publicadas en 2016, recomendó a la Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas promover, ante las legislaturas de las entidades que no cuenten con legislación en materia de protección a personas defensoras y periodistas, las leyes necesarias para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad, en función de la situación de riesgo que enfrentan con motivo de su labor; considerando la implementación y operación de Mecanismos de Protección en su favor, recomendación que al cierre del año 2018 no ha sido cumplida a cabalidad. Recordemos que a instancia de esta Comisión Nacional el 17 de mayo de 2017 se realizó la reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en seguimiento a dicha reunión, a petición de la CNDH, el 2 de junio de 2017 la Segob y la CONAGO firmaron un convenio sobre protección a periodistas, en donde se acordó: 1) Contar con legislaciones específicas en la materia; 2) Establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas; 3) Promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y 4) Homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas. Acciones que fueron establecidas en cumplimiento a la Recomendación General No. 24 sobre libertad de expresión. Si bien al cierre del año 2018 dichos acuerdos no han sido cumplidos en su totalidad, de manera eficiente y adecuada, lo que evidencia una falta de colaboración y voluntad política para crear políticas públicas que verdaderamente atiendan la problemática que enfrentan tanto periodistas como personas defensoras en ejercicio de su labor, la CNDH reconoce como una buena práctica la elaboración del "Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión" por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, el cual fue aprobado en la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia por las y los procuradores y fiscales del país. Respecto al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en virtud de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como un instrumento para abordar la problemática ante la situación de riesgo en la que viven periodistas y defensores civiles de derechos humanos, es necesario mencionar que no obstante que la CNDH forma parte de su Junta de Gobierno, no ha sido ajena a la preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil respecto a sus deficiencias. La CNDH continúa recibiendo quejas en contra de la Coordinación Ejecutiva Nacional, así como de algunas Unidades, debido a la problemática derivada de la implementación de medidas de protección acordes a la evaluación de riesgo realizada por el personal especializado de dicho Mecanismo. No obstante, la CNDH reconoce las acciones que el Mecanismo de Protección Federal ha realizado en atención a las Recomendaciones Generales números 24 y 25, entre éstas la implementación de medidas de control para contribuir a mejorar los procedimientos en la atención de las solicitudes de incorporación, así como la pronta y expedita emisión de los estudios de evaluación de acción inmediata y de riesgo, y la verificación de que las medidas otorgadas sean implementadas en los plazos y términos establecidos, para lo cual cuenta con el acompañamiento técnico de organizaciones no gubernamentales, situación que la Comisión Nacional alienta, pues este tipo de acciones contribuyen al mejoramiento continuo de los procesos, derivando en una mejor atención a las y los beneficiarios. Si bien es cierto que como parte de un esfuerzo coordinado entre la CNDH, las Entidades Federativas y el Mecanismo de Protección Federal y con motivo de la referida petición realizada por el Presidente de este Organismo Nacional a la CONAGO en 2017, se crearon y entraron en funcionamiento las unidades de enlace en los 32 Estados cuya función primordial es el auxiliar a una mejor articulación en la implementación y seguimiento de las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección Federal a favor de periodistas y personas defensoras; también lo es que a la fecha el funcionamiento de dichas unidades de enlace no ha sido el óptimo para cumplir con los objetivos para los que fueron instrumentadas. Es menester subrayar que ante la problemática derivada de la falta de recursos para la operación del Mecanismo de Protección Federal durante los últimos meses de 2018, este Organismo Nacional se ha pronunciado para que las instancias competentes realicen lo conducente para dotar de los recursos a dicho Mecanismo, lo que se expone a mayor detalle en diverso apartado del presente informe. Retos del Estado mexicano: La prevención de agresiones a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos Resulta imprescindible que además de una estrategia de protección se adopte una política pública general de prevención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CmIDH) y la ONU han señalado que la promoción de la seguridad de los periodistas y personas defensoras y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia en su contra. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos el deber de prevención al que se encuentran sujetos los Estados, en términos generales, se compone de tres elementos que han de ser concurrentes: a) El conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato; b) Un individuo o grupo de individuos determinado que se encuentre sometido a tal situación, y c) Posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. La actuación del Estado trasciende a su responsabilidad internacional cuando está en conocimiento de un riesgo real e inminente y concurren los tres elementos anteriormente señalados. En ese sentido, la Corte Interamericana ha señalado que la ausencia de una política orientada a la prevención, implica una falta al deber de prevención general a cargo del Estado. La CmIDH identifica diversos “deberes” de prevención en favor de periodistas y personas defensoras que el Estado mexicano debe adoptar. 1) Adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra personas defensoras y periodistas. 2) Instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a las personas defensoras y periodistas. 3) Respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. 4) Mantener estadísticas precisas sobre la violencia contra personas defensoras y periodistas. De esa manera es posible comprender la magnitud y la modalidad de los actos de violencia contra ellos. En las Recomendaciones Generales 24 y 25, este Organismo Nacional recomendó diversas medidas de carácter preventivo, entre estas la realización de una campaña pública en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas a efecto de sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos que pudieran, por alguna razón, estar en contacto con ellas. No obstante, a la fecha ninguna entidad federativa la ha realizado. Cabe señalar que en 2017, la CNDH lanzó la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de Derechos Humanos”, en la cual también se incluye la defensa del derecho a la libertad de expresión, la cual continúa vigente en 2018. Asimismo, en agosto de 2018 se presentó la Campaña “Con violencia no hay Libertad de Expresión”, así como el documental “Libertad de Expresión. Periodismo en México” contribuyendo con ello a las acciones preventivas a favor de estos dos grupos en situación de vulnerabilidad. La exigencia dirigida a un Estado democrático es la creación de condiciones para el desarrollo pleno y libre de la libertad de expresión y el derecho a defender, a través de la participación coordinada entre la sociedad civil organizada, el sector académico y público. En ese sentido, la CNDH subraya que sólo a través de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia será posible combatir de manera efectiva la violencia en contra de estos dos grupos en situación de riesgo. Indispensables 2019 Por lo expuesto, este Organismo Nacional considera indispensable que se continúen realizando acciones de promoción relacionadas con el Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a Defender a fin de generar conciencia a través de la difusión y fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos de periodistas y personas defensoras, tanto en el servicio público como en la sociedad civil. También es necesario impulsar la ley modelo relativa a la derogación de los tipos penales de calumnias, injurias y difamación que criminalizan el libre ejercicio de la libertad de expresión, en las entidades en cuyas legislaciones penales aún se encuentran vigentes. Igualmente, se debe consolidar la difusión de las campañas en favor de Defensores y de Periodistas como parte de las acciones de prevención dirigidas a promover el respeto a la labor que realizan estos dos grupos en situación de riesgo, así como los programas de capacitación dirigida a colectivos en materia de Libertad de Expresión y Derecho a Defender. Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos En ese contexto, y en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 1991 la CNDH creó como un rubro de especial atención, el denominado Programa Especial de Periodistas. En una primera etapa conocía de casos relativos a presuntas violaciones cometidas en agravio de comunicadores de distintos medios informativos. Posteriormente, en 1995, el Consejo Consultivo de la CNDH consideró necesario ampliar las funciones del Programa e incluir los casos de defensores civiles de derechos humanos, que en el desempeño de su labor fueran víctimas de violación a sus derechos humanos. De tal suerte que en mayo de 1997 fue creada la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, considerando que ambos sectores en particular son fundamentales para la consolidación de una cultura de los derechos humanos en nuestro país y que enfrentan grandes riesgos en el desempeño de sus labores. Cabe señalar que en enero de 2005, se creó la Quinta Visitaduría General a la que fue adscrita la entonces Coordinación General del referido Programa, cambiando de denominación por Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la cual tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de ambos grupos, procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar sus derechos y adquirieran mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por periodistas y defensores civiles. De la misma manera, en dicho Programa se han realizado acciones de prevención y observancia en materia de derechos humanos a través de la capacitación impartida a periodistas y defensores civiles, así como a servidoras y servidores públicos; con la finalidad de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de una cultura de respeto y protección. Promoción de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras La capacitación impartida sobre derechos humanos de periodistas y defensores civiles tiene la finalidad de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de una cultura de respeto y protección hacia los mismos. En 2018, se realizaron 35 acciones de promoción dirigidas preponderamente a personas servidoras públicas, grupos de atención prioritaria y organizaciones sociales, impactando a un total de 733 personas en temas relacionados con la libertad de expresión y el derecho a defender. Cabe señalar que mediante estas acciones de promoción se han dado a conocer los elementos constitutivos del Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a Defender, así como los medios indirectos y directos a través de los que pueden ser coartados, además de informar a servidoras y servidores públicos, periodistas, personas defensoras y público en general la competencia del Programa Especial en cita. En el mes de enero se participó en el módulo VI. “Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos” del Diplomado denominado “Participación y Derechos Humanos”, organizado por la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con los temas “Libertad de Expresión” y “Derecho a Defender y las Personas Defensoras de Derechos Humanos”. En el mes de febrero se impartió el curso “Libertad de Expresión” a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. En el mes de marzo, en la Ciudad de México, se impartió un curso sobre “Personas Defensoras de Derechos Humanos” dirigido a personal de las oficinas ubicadas en las entidades federativas, adscritas a la Quinta Visitaduría General de la CNDH. Igualmente, se presentó en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de Derechos Humanos”. En la Casa Club de Periodistas, el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos participó en el evento verificado en conmemoración de la periodista Miroslava Breach Velducea. Adicionalmente, se realizó el Foro de Análisis “Hacia la regulación de la publicidad oficial en México” con la participación del Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH y la maestra Ana Cristina Ruelas, Directora de la Oficina para México y Centroamérica de la Organización Artículo 19. En el mes de abril, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, se impartió una plática sobre “Libertad de Expresión” a periodistas de la ciudad de Cozumel, en esa entidad. Igualmente, el Director General del Programa participó en la Mesa “Libertad de Expresión y Derechos Humanos en México Hoy” realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el mes de mayo, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se impartió el curso “Libertad de Expresión en México” a periodistas y público en general en el puerto de Manzanillo, Colima. Igualmente, el Director General del Programa dio dos entrevistas dirigidas al público en general sobre “Libertad de Expresión y el Derecho a Defender” En el mes de junio se impartió la conferencia “El Derecho y la Libertad de Expresión en México”, dirigida a alumnos del Instituto Politécnico Nacional, así como a personal de la Defensoría de los Derechos Politécnicos de esa institución educativa. Igualmente, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua se impartió el curso “Protección a la Libertad de Expresión”, dirigido a periodistas, comunicadores y público en general. En agosto, en la Ciudad de México, así como en la ciudad de Tijuana, Baja California, se presentó la campaña “Con violencia no hay Libertad de Expresión”, entidad en la que también se presentó la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de Derechos Humanos”, así como el documental “Libertad de Expresión: Periodismo en México”, adicionalmente en dicha ciudad se impartió el curso “Defensores de Derechos Humanos de Personas Migrantes”. Igualmente, se presentó el informe especial sobre el impacto de las recomendaciones en materia de periodistas. Adicionalmente, el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos dio una entrevista sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, y participó como mediador en una mesa sobre libertad de expresión. En el mes de septiembre el Director General del Programa participó en el taller para la elaboración del Protocolo para personas defensoras de derechos humanos, al que también asistió personal de la Procuraduría General de la República; del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, así como integrantes del programa ProVoces de USAID. En el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos se presentó la conferencia magistral “La Paz como Derecho Humano” a cargo del maestro Pablo Romo Cedano, miembro fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en la Ciudad de México, así como de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” A. C. Igualmente, personal adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos participó en la jornada de vinculación titulada “Detección de posibles víctimas de trata de personas en el ámbito migratorio y la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, realizada en Tijuana, Baja California, impartiendo el tema “Derechos Humanos de las Personas Defensoras”. En el mismo mes, la CNDH en colaboración con el Colegio de México y el CIDE organizó el seminario “Periodismo, periodistas y violencia criminal en México”, en el cual se abordaron algunos de los casos más emblemáticos de periodistas asesinados en México en el contexto de la violencia criminal y de sus nexos con el entramado institucional del Estado. Por otra parte, la CNDH en colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó ante periodistas, personas defensoras y público en general en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de Derechos Humanos”. Igualmente, en el marco de la sesión ordinaria del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas realizada en el mes de septiembre en la Ciudad de México se presentó la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión” ante integrantes de la Junta de Gobierno de dicho órgano interistitucional. En el mes de octubre, se presentó la Campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, así como el documental “Libertad de Expresión. Periodismo en México” en las ciudades de Fresnillo y Zacatecas, en el estado de Zacatecas, así como en la ciudad de Veracruz, Veracruz ante periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y público en general. Adicionalmente, el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos participó como ponente en el seminario “La labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y la protección de datos personales”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En noviembre se impartió una conferencia con el tema “Quienes son y qué hacen las personas defensoras de derechos humanos”, dirigida personas defensoras y público en general en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. En diciembre, el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos participó en un conversatorio con el tema “Periodistas”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con las acciones de promoción realizadas en 2018 se ha impulsado el cumplimiento de las Recomendaciones Generales No. 24 y 25 publicadas en 2016; igualmente, se ha fortalecido la colaboración interinstitucional con las autoridades a quienes se ha sensibilizado sobre la importancia de la labor de los periodistas y personas defensoras. Se ha fortalecido la colaboración con organismos locales de defensa de derechos humanos para la difusión de la cultura de respeto de derechos humanos, particularmente en los temas de libertad de expresión y el derecho a defender en la población. Adicionalmente, se ha promovido la colaboración con la sociedad civil organizada a fin de implementar acciones conjuntas que promuevan el respeto a la libertad de expresión y el derecho a defender, incidiendo con ello en el reconocimiento social de la importancia de la labor que realizan las personas defensoras y periodistas. También, se fortalecieron las estrategias de difusión de los derechos humanos de personas defensoras y periodistas, así como los mecanismos de protección de estos dos grupos en situación de riesgo. Acciones de vinculación respecto de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras. Una de las vertientes de este programa consiste en desarrollar estrategias y acciones que permitan generar vínculos con las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, así como con las involucradas en la protección, promoción y defensa de los Derechos Humanos. Por lo anterior, con objeto de implementar espacios de reflexión para analizar la problemática atinente al ejercicio de la libertad de expresión, y a la defensa de los derechos humanos en México, se llevaron a cabo 61 reuniones de trabajo con autoridades federales y estatales, así como con diversas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, personal de este programa asisitió a 21 eventos relacionados con los derechos de los periodistas y personas defensoras. Observancia de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras Con el fin de detectar, registrar y, en su caso, investigar hechos que se hacen públicos en diversos medios de comunicación y que pueden constituir violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y comunicadores, así como de defensores civiles de los Derechos Humanos, durante este año se documentaron un total de 167 asuntos que pueden constituir violaciones a derechos humanos, de los cuales 124 se encuentran relacionadas con agravios a periodistas y 43 a defensores civiles de Derechos Humanos. Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras Durante 2018 se radicaron 160 expedientes en total en el Programa, de los cuales 99 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas y 61 asuntos en agravio de defensores civiles de Derechos Humanos. Al cierre del año, se radicaron 9 expedientes de oficio en el Programa, de los cuales 8 concernieron a la investigación de hechos relacionados con actos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos en perjuicio de periodistas, y uno correspondió a hechos que pudieran haber vulnerado los Derechos Humanos de defensores civiles. Cabe destacar respecto de la integración de expedientes relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos de periodistas y personas defensoras que a partir del 16 de enero de 2015 se iniciaron acciones que tuvieron por objetivo abatir el rezago de expedientes que existían en ese momento. Del total de 87 expedientes que estaban en integración en esa fecha (con o sin rezago), al 31 de enero de 2016 se concluyeron 68 expedientes, lo que corresponde al 78% de los asuntos recibidos. Expedientes en rezago al 16 de enero de 2015 Al 16 de enero de 2015 existían las siguientes cifras de expedientes en rezago por año: 2012: 1 expediente 2014: 63 expedientes 2013: 11 expedientes Total: 75 en situación de rezago Expedientes en rezago a diciembre de 2018 A diciembre de 2018 se abatió el rezago que existía al 16 de enero de 2015 en un 100%, ya que los 75 expedientes que se encontraban en tal situación se encuentran concluidos. A esta fecha, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, el rezago existente lo constituyen únicamente un expediente de 2016 y 13 expedientes de 2017. Histórico de expedientes registrados en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos A pesar del trabajo desarrollado en el marco del Programa, el nivel de agresiones y violencia en contra de periodistas y personas defensoras ha ocasionado un incremento en el número de casos que esta Comisión Nacional ha registrado en agravio de estos dos grupos en situación de riesgo, tal y como se puede advertir de la siguiente información: Al cierre de 2014, se radicaron 140 expedientes, 95 en agravio de periodistas, 43 por presuntas violaciones a derechos humanos de personas defensoras y 2 casos se calificaron como generales. Si bien, durante 2015 la cifra se mantuvo cercana a la correspondiente a 2014, ya que se radicaron 138 expedientes en el programa, de los cuales 79 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas, 56 en agravio de personas defensoras y 3 casos calificados como generales; a partir de 2016 se observa un incremento en el número de casos, toda vez que se radicaron 157 expedientes, de éstos 92 por agravios a periodistas, 64 en agravio de personas defensoras y un caso se calificó como general. En 2017 se radicaron 150 expedientes en el Programa, de los cuales 92 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas y 58 a asuntos en agravio de personas defensoras. Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2018 se radicaron 160 expedientes en el Programa, de los cuales 99 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas y 61 en agravio de defensores civiles de Derechos Humanos. Por otro lado, se precisa que por cuanto hace a la atención de las quejas radicadas, se realizaron 45 visitas, con objeto de integrar debidamente los expedientes respectivos, para entrevistar a los agraviados y conocer los pormenores de los hechos denunciados, consultar las averiguaciones previas iniciadas o recabar la información de las autoridades involucradas. Adicionalmente, se llevaron a cabo 354 búsquedas en prensa de asuntos relacionados con la posible violación a los Derechos Humanos de periodistas y defensores civiles de derechos humanos con la finalidad de advertir casos que pudieran originar expedientes de queja. Recomendaciones en materia de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras Es necesario señalar que se emit ieron tres recomendaciones al haberse acreditado violaciones a derechos humanos en agravio de periodistas: 88/2018, 89/2018 y 91/2018; así como dos recomendaciones al haberse acreditado violaciones a derechos humanos en agravio de personas defensoras: 4/2018 y 50/2018. Solicitudes de medidas cautelares a favor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos Se solicitaron en 141 ocasiones medidas cautelares, 96 en favor de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación, a fin de garantizar su seguridad e integridad física. Asimismo, respecto de los casos relacionados con defensores civiles e integrantes de organismos no gubernamentales se solicitaron en 45 ocasiones medidas cautelares, con el mismo fin. Acciones destacadas de difusión en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Presentación del Informe sobre asignación y contratación de Publicidad Oficial. El 21 de marzo de 2018, se realizó el Foro de Análisis “Hacia la regulación de la publicidad oficial en México”, donde el maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de este Organismo Nacional presentó el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre asignación y contratación de la publicidad oficial. En dicho evento el Presidente de la CNDH enfatizó que la falta de directrices claras sobre la manera en que se asigna la publicidad genera suspicacias respecto de que la misma se emplea para premiar o castigar medios de comunicación, en atención a la línea editorial que las televisoras, frecuencias de radio, revistas, periódicos o medios digitales manejan, o a la crítica que los mismos hagan respecto de las instituciones o servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Asimismo, señaló que regular la asignación de esos recursos coadyuvará a fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país, por lo que llamó al Congreso de la Unión a tomar en cuenta dicho Informe Especial en la elaboración de la legislación ordenada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, el Presidente de la CNDH subrayó la gran responsabilidad que los legisladores tienen ante el Máximo Tribunal del país, así como con la población que merece que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y transparente, y nunca para premiar o castigar a un medio de comunicación. Dicho informe fue elaborado por la CNDH a partir recomendaciones previas de este Organismo Nacional dirigidas a autoridades federales por no contar con criterios objetivos de asignación sobre esta materia, así como de diversas solicitudes de información dirigidas a todas las entidades federativas sobre la manera en que se regula, controla y asigna la publicidad oficial. Presentación del documental “Libertad de Expresión. Periodismo en México”. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la CNDH presentó el documental “Libertad de Expresión. Periodismo en México”, en el que quedó de manifiesto que, ante el elevado nivel de impunidad en agresiones contra periodistas, el Estado mexicano tiene la obligación de impulsar en todos los niveles de gobierno acciones encaminadas a mejorar el trabajo de prevención del delito y garantizar que las investigaciones de los casos se desarrollen de manera seria, diligente y profesional. La CNDH recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que toda afectación a la libertad de expresión –amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como criminalización y uso del derecho penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas— constituyen acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición. La Comisión Nacional reconoció que si bien se han generado acciones de política pública para proporcionar medidas de protección al gremio periodístico, como el mencionado Mecanismo –creado a partir de la emisión de la Ley correspondiente en 2012, y del cual la CNDH forma parte de su Junta de Gobierno—, lo cierto es que el mismo constituye una medida extraordinaria que obedece también al contexto de violencia que enfrentan tanto periodistas y personas defensoras. Otra de las temáticas que se abordaron durante el evento realizado fue la relacionada con la asignación y contratación de publicidad oficial en el país. De conformidad con las conclusiones contenidas en el Informe que sobre esta materia dio a conocer la CNDH en el mes de marzo, la falta de criterios claros propicia que se deje a la discrecionalidad de cada entidad gubernamental –tanto federales como estatales— realizar contrataciones publicitarias sin criterios objetivos e imparciales que garanticen igualdad de oportunidades entre los medios que buscan contar con publicidad oficial. La presentación del documental referido estuvo encabezada por el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, quien estuvo acompañado por Leopoldo Maldonado, Oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, y Pablo Romo, docente, activista y ex presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En su oportunidad, Leopoldo Maldonado señaló que la situación de vulnerabilidad de los periodistas conlleva un terrible costo en términos democráticos para la libertad de expresión. Afirmó que la impunidad en los casos de agresiones a periodistas tiene mucho que ver con la paradoja de que las autoridades no investigan las tareas periodísticas del periodista victimado y, de hecho, descartan esa línea de investigación. Pablo Romo señaló que se trata de un documental muy completo que contiene apartados fundamentales para entender el estado de la libertad de expresión y el derecho a la información en México; que trabajadores de los medios de comunicación locales, principalmente en algunas entidades federativas, están más expuestos a sufrir agresiones, porque a través de su labor informativa llegan a tocar fibras sensibles del crimen, por lo cual es preciso denunciar y difundir dichos agravios. El documental pretende abarcar la realidad que enfrentan en nuestro país quienes ejercen el periodismo, a partir de diversas entrevistas a periodistas y especialistas sobre libertad de expresión, con la intención de dar a conocer en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, parte del trabajo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos El documental “Libertad de Expresión. Periodismo en México”, puede verse en:https://www.youtube.com/watch?v=EyTyxMmYdys Campaña “Con Violencia no hay libertad de expresión” El maestro Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, acompañado en el presídium por el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, y los periodistas Esteban Román Alonso, Subdirector de Opinión de El Universal; Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras; Leopoldo Maldonado, Subdirector de Artículo 19; María Idalia Gómez, de Eje Central, y Roberto Rock, de La Silla Rota, presentó la Campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, la cual tiene por objeto visibilizar los riesgos que enfrentan los comunicadores en el país, evidenciar la relevancia de las actividades que desempeñan, así como la necesidad de que se les proteja y brinden las condiciones idóneas para tal efecto. Como parte de esta campaña se presentaron los testimoniales “Sobre uso indebido del derecho penal contra periodistas” y “Criminalización contra mujer periodista”, así como los promocionales de televisión y radio “Riesgos que enfrenan los periodistas” y “Dos caras del periodismo”. La campaña en cita puede ser consultada en el siguientes sitio: http://libertadexpresion.cndh.org.mx/ Presentación del “Tomo IV Persecución a Periodistas” que forma parte de la serie denominada “Estudios Sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017” El 21 de agosto de 2018, el maestro Luis Raúl González Pérez, presentó el estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales de la CNDH en materia de agravios a periodistas, realizado por la UNAM, que revela la problemática que se advierte en la atención de dichos documentos y contiene propuestas para mejorar su efectividad. En dicho evento participó el coordinador del estudio, doctor Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como la maestra Ana Cristina Ruelas Serna, Directora para México y Centroamérica de la organización Artículo 19. El Presidente de este Organismo Nacional subrayó que la impunidad imperante en materia de procuración de justicia en los casos de agresiones a periodistas es reflejo de la falta de compromiso de las fiscalías federal y estatales, así como de las autoridades, especialmente municipales, que además muestran sensible retraso y desdén respecto de las respuestas que deben dar a las Recomendaciones Generales, por lo cual se propondrán maneras distintas de dirigirse a ellas como destinatarias de las mismas. Hasta ahora la divisa ha sido: a más agresión, incipiente atención Igualmente, comentó que el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala que las cuatro Recomendaciones Generales de la CNDH sobre periodistas y libertad de expresión –Recomendación General 7, emitida en 2004; Recomendación General 17, de 2009; Recomendación General 20, de 2013 y Recomendación General 24, de 2016— también fueron evaluadas con ánimo crítico por las personas entrevistadas, informadores y especialistas que contribuyeron con textos originales para este Estudio y quienes cuestionan que, si bien hay reconocimiento a las tareas de la CNDH y a su presencia pública, dichas Recomendaciones no hayan contribuido a resolver los problemas diagnosticados. El estudio presenta varias sugerencias para mejorar el efecto de las Recomendaciones Generales, entre ellas: que se tomen en cuenta además del escenario nacional, situaciones locales y regionales; que diversifiquen sus fuentes de información, con especial énfasis en testimonios directos de periodistas; que mencionen por sus nombres y apellidos a los funcionarios destinatarios; mencionar la vulnerabilidad laboral, profesional y política de muchos periodistas; y dirigir recomendaciones a funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las normas laborales que no se cumplen en muchos medios de comunicación. También sugiere reconocer las diferencias de agendas e intereses que hay en los medios y definir a partir de ellas distintos contenidos y versiones de las Recomendaciones; hacer del boletín de prensa un cauce hacia los documentos completos y no un reemplazo de ellos; dirigirse directamente a los grupos interesados en esos asuntos aprovechando la capacidad de propagación de las redes digitales, entre otros. El texto íntegro del Estudio sobre el Seguimiento de las Recomendaciones Generales en Materia de Agravios a Periodistas puede consultarse en la liga: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-Periodistas-2018.pdf Presentación del “Tomo V Defensores Civiles” que forma parte de la serie denominada “Estudios Sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017” En el mes de octubre el Quinto Visitador General doctor Édgar Corzo Sosa, presentó el estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, realizado por la UNAM, evento en el que participaron la doctora Carolina Espinosa Luna, investigadora del Centro de Investigaciones Mutidisciplinarias de la UNAM, quien coordinó el equipo de investigación del Estudio, y María del Pilar Tavera Gómez, ex Consejera del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El estudio analiza la respuesta de las autoridades al Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida por este Organismo Nacional en febrero de 2016. En dicho evento el Quinto Visitador General dio a conocer los estados con más homicidios de personas defensoras. Explicó que para abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos es fundamental que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman su responsabilidad en la investigación de dichos casos, además de diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad. El estudio contiene propuestas en materia de políticas públicas para que quienes se dedican a la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas ejerzan su actividad con los estándares mínimos de seguridad previstos en los tratados e instrumentos internacionales en la materia. Asimismo, el Quinto Visitador General indicó que se deben reforzar la concientización y sensibilización en la sociedad y autoridades sobre el respeto y reconocimiento que merecen las actividades de quienes defienden los derechos humanos, así como capacitar a los servidores públicos encargados de investigar las agresiones y homicidios contra las personas defensoras, y generar indicadores de medición que permitan evaluar su eficacia. El Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos puede consultarse en la siguiente liga: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-Defensores-Civiles-ANEXO.pdf Participación de la CNDH en la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, estableció las bases de cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de protección, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. La CNDH es miembro permanente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual es un órgano interinstitucional integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional, operado por la Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el artículo 3 de la referida Ley Federal. La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo, está integrada por nueve miembros permanentes, entre los que se encuentra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la referida Junta de Gobierno corresponde al Quinto Visitador General. En esa virtud, durante 2018 este Organismo Nacional participó en 12 sesiones ordinarias y una extraordinaria de la Junta de Gobierno del referido Mecanismo. Cabe destacar que en 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotara de los recursos presupuestales suficientes para que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante el riesgo inminente de que quedara sin fondos en el mes octubre y se incumpliera la ley. La CNDH advirtió que la falta de fondos en el Mecanismo pondría en peligro la integridad de las personas beneficiarias del mismo, y se incumpliría el compromiso de la Federación y de la CONAGO de atender las Recomendaciones Generales 24 y 25 de la CNDH, que asumieron como política pública.
