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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Contra la Trata de Personas

Análisis Situacional de los Derechos Humanos en Materia de Trata de Personas

Antecedentes

La comercialización de seres humanos con fines de explotación se extiende a través del mundo sin que nuestro país se encuentre exento de ella. En la actualidad la lucha por su erradicación es un objetivo global y los enfoques utilizados por los Estados se centran cada vez más en las víctimas y la prevención, ante los limitados resultados que presentan las políticas criminales dirigidas exclusivamente a perseguir a los tratantes. 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señaló en su Informe Global de Trata de Personas 2018 que el total de víctimas reportadas por país ha aumentado y que el número de víctimas alcanzó su nivel más alto en 2016 cuando se detectaron más de 24,000. Asimismo, el Informe reportó que, a nivel global, el 72% de las víctimas detectadas en 2016 o más recientemente son mujeres: el 49% de los casos son mujeres adultas y el 23% son niñas, lo que representa un incremento en relación con el informe de 2016. 
 
En términos regionales, hubo un incremento en el porcentaje de víctimas de trata con fines de explotación sexual detectadas en América del Norte (Estados Unidos de América, México y Canadá), pues el Informe de 2016 señaló que el 55% de las víctimas de trata de personas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que en el Informe de 2018 el porcentaje aumentó a 70%. En tanto a otras formas de explotación, la UNODC señaló que en dicha región las víctimas de trata son sometidas a formas mixtas de explotación (sexual y trabajo forzado) y que son obligadas a realizar actividades criminales. Por igual, la organización reportó que aproximadamente, una cuarta parte de las víctimas detectadas en esta zona del continente fueron utilizadas para trabajos forzados, de las cuales más de la mitad de las víctimas fueron hombres (56%) mientras que las mujeres representaron el 18%, los niños el 14% y las niñas el 12%.
 
Cada año, el Gobierno de los Estados Unidos de América publica el Informe sobre Trata de Personas (también conocido como TIP por sus siglas en inglés Trafficking in Persons Report) con el objetivo de monitorear los esfuerzos implementados por los gobiernos en la lucha contra la trata. De esta manera, clasifica a los países en diversos niveles dependiendo del cumplimiento gubernamental con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y formula una serie de recomendaciones para que los gobiernos puedan cumplir con ellos. En los reportes se ha insistido que México es un país de origen, de tránsito y de destino de víctimas de trata con fines de explotación sexual y de trata para trabajo forzado. Asimismo, ha hecho hincapié en que los grupos más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidades, las personas en situación de migración, y las personas de la comunidad LGBTTTIQ.
 
Los informes han señalado situaciones de corrupción por parte de autoridades locales, de agentes judiciales y de agentes de migración, quienes, señala el Departamento de Estado, extorsionan con sobornos o servicios sexuales a migrantes en situación irregular incluyendo niños y niñas. Los reportes han buscado dar seguimiento a los juicios o sentencias del funcionariado público, pero las autoridades no brindan tal información, por lo que el progreso no puede ser monitoreado. Ante esto, el Departamento de Estado ha señalado que en México la complicidad de autoridades es un problema desatendido.
 
México ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas en 2003, obligándose con la comunidad internacional a prevenirla, perseguirla, sancionarla y a brindar protección y asistencia a las víctimas. En junio de 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Ley General) definiéndose con esto, además de las conductas penales a sancionar, las obligaciones para las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
 
A partir de la aprobación de la Ley General y de la publicación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, se han creado comisiones intersecretariales y fiscalías especializadas a nivel federal y estatal para la implementación de políticas públicas y la persecución de los delitos en materia de trata de personas.  Si bien se han diseñado algunos protocolos y modelos de atención, así como programas de capacitación, lejos se está todavía de una institucionalización e implementación de las políticas públicas que permitan que los avances generados perduren en el tiempo, sean exigibles, evaluables, y tengan garantizada una continuidad y permanencia en las entidades de gobierno, independientemente de las o los servidores públicos que ostenten los cargos públicos o su voluntad en el tema.
 
Ante la falta de resultados concretos, la CNDH ha realizado una serie de pronunciamientos sobre la urgente necesidad de abordar la trata de personas en su dimensión de violación a Derechos Humanos, lo cual implica identificar las formas en que éstos se vulneran a lo largo del ciclo de la trata de personas, así como las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional.
 
Para reforzar lo anterior, este Organismo Nacional ha realizado diagnósticos y reunido la experiencia de especialistas para aportar recomendaciones dirigidas a mejorar la política pública en la materia las cuales han sido enviadas a las autoridades encargadas de su elaboración e implementación en el país.

Contexto actual
 
Uno de los obstáculos más importantes para combatir la trata de personas es la falta de información sobre la situación que guarda este delito y otras conductas delictivas conexas como son los diversos tipos de explotación. El último diagnóstico realizado por el Gobierno Federal, concretamente por la Secretaría de Gobernación en conjunto con UNODC, data de 2013, y durante el sexenio pasado no se logró consolidar un sistema nacional de datos que pudiera ser nutrido y compartido por todas las instancias encargadas de la persecución y atención a víctimas.

Si bien existen algunas cifras, éstas varían dependiendo de la fuente; sin embargo, existe coincidencia en que la trata de personas está asociada a profundas causas estructurales como la discriminación, la violencia de género, la falta de acceso a las oportunidades, la corrupción y la desigualdad.
 
Este año la CNDH publicó el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019 que presenta información del periodo comprendido entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, y de cual se desprende la siguiente información:
 
Sobre las víctimas de trata de personas
 
De acuerdo al Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019 presentado por este este Organismo Nacional, las Procuradurías y Fiscalías Generales identificaron, entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, a 5,245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas. Con excepción de Colima y Yucatán, en todas las entidades se identificó al menos una víctima de estos delitos (no fue posible analizar la información proporcionada sobre este punto por la autoridad de Morelos, dado las discrepancias en su respuesta). El 85% de las víctimas fueron reportadas por una autoridad estatal y el 15% restante, por la federal.
 
Las niñas y mujeres representan el mayor porcentaje de víctimas de los delitos en materia de trata de personas, con el 85%, los niños y hombres el 15%.
 
En cuanto a la edad de las víctimas identificadas, la mayoría son personas adultas, representando el 73%, en contraposición, el 27% son niñas, niños y adolescentes. La desagregación sexual de esta información revela que, en el caso de las mujeres víctimas, las personas menores de 18 años de edad representan el 25%, pero para los hombres víctimas, niños y adolescentes suman el 37%. Ello hace visible que casi cuatro de cada 10 hombres víctimas, tienen menos de 18 años de edad.     
 
Sobre la nacionalidad de las víctimas identificadas, el 84% son mexicanas, lo que demuestra que, en México, la gran mayoría de los casos se dan dentro de las fronteras, esto es, se presenta en mayor medida la trata de personas interna. De hecho, de la totalidad de las víctimas mexicanas, el 50% fue identificada en la misma entidad de la que es originaria. Respecto al total de las víctimas extranjeras, que representan el 13% del total, se repite la tendencia de un mayor número de mujeres víctimas identificadas, con un 88%. En México, se observó la presencia de víctimas nacionales de 28 países distintos, casi todas del continente americano, de Sudamérica y Centroamérica, específicamente.   
 
A nivel nacional no se cuenta con información del 72% de las víctimas respecto a su pertenencia a algún grupo en condiciones de vulnerabilidad ante los delitos en materia de trata de personas, lo que impide contar con un panorama nacional sobre poblaciones en mayor riesgo. Solo se tuvo el registro de 29 víctimas pertenecientes a una comunidad indígena, 4 personas con discapacidad, 6 personas LGBTTTIQ y 3 personas migrantes en tránsito.
 
La mayoría de las víctimas identificadas lo fueron de los delitos en materia de trata de personas en al ámbito sexual, dado que representan el 70%, seguidas en el 17% por las víctimas de los delitos en materia de trata de personas en el ámbito laboral.
 
A nivel nacional, no se identificó víctima alguna de los siguientes tres tipos penales señalados en la Ley General: condición de siervo, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos (Aunque sí se detectaron dos sentencias condenatorias por la modalidad de tráfico de órganos). Para el resto, se tiene registro de al menos un caso en el país. Si se analiza el tipo de delito en materia de trata de personas del que fueron sujetas las víctimas identificadas por sexo, se concluye que las mujeres, niñas y adolescentes lo fueron principalmente por los delitos en materia de trata de personas en el ámbito sexual.
 
Respecto a los hombres se observa que las víctimas adultas identificadas lo fueron principalmente de explotación laboral, pero, para el caso de niños y adolescentes, se documentó que el mayor número de víctimas lo fue por explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.  
 
Se identificaron 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales, 748 son mujeres y niñas, 37 hombres y niños, y de 5 se desconoce esta información. Del total de las víctimas reportadas, el 67% provienen de sentencias del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el 11% del Tribunal de Puebla, y el 5% del Estado de México; en conjunto, representan el 83% del total de las víctimas. Lo anterior, significa que, 8 de cada 10 víctimas de las sentencias condenatorias de los delitos en materia de trata de personas provienen de tres Órganos Jurisdiccionales Estatales.
 
Considerando el total de las víctimas sobre las que se cuenta con información del sexo (785), se observa que el 95% son mujeres y el 5% restante, hombres.  Se destaca que, 11 órganos jurisdiccionales indican que la totalidad de las víctimas de sentencias condenatorias son mujeres: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala.
 
Se cuenta con el registro de edad del 65% de las víctimas de sentencias condenatorias firmes, del 35% restante se desconoce esta información.  De las 516 víctimas sobre las que se cuenta con una desagregación etaria, se observa que la mayoría de las víctimas son adultas, representando el 81% y el 19% son niñas y niños.  Al analizar esta información por sexo, se observa que, en el caso de las mujeres, las adultas representan el 84%; pero, en el caso de los hombres, el 63% son niños.
 
Sobre la persecución e impartición de justicia
 
Se reportan 2,701 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas y/o concluidas por los delitos en materia de trata de personas a nivel nacional. Con excepción de Yucatán y Durango, todas las autoridades reportaron al menos una investigación. Del total, el 72% fueron reportadas en el ámbito local y las 28% restantes, en el federal.
 
El 70% de las investigaciones en el ámbito estatal se concentraron en cinco autoridades: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Todas cuentan con una Fiscalía o Unidad Especializada y reportan el 55% de las víctimas identificadas a nivel nacional para las Procuradurías y Fiscalías Generales.
 
Se reportan 3,344 personas indiciadas e imputadas a nivel nacional. Es importante señalar que este dato refiere a personas presuntamente responsables de todos los tipos penales contemplados en la Ley General, es decir, no sería preciso hacer referencia a ellos y ellas como tratantes, sino como personas indiciadas e imputadas por los delitos en materia de trata de personas. De ellas, el 69% son hombres y el 31% restante mujeres. Con la información en la que se cuenta con edad y sexo de estas personas, se puede concluir que se tiene una mayor presencia de hombres adultos con una probable participación delictiva.
 
Entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, los órganos jurisdiccionales del ámbito estatal reportaron 543 condenatorias y 274 absolutorias, mientras que en el ámbito federal se reportaron 19 sentencias condenatorias y 22 absolutorias, resultando en un total de 858 sentencias dictadas por 29 órganos jurisdiccionales. Cabe destacar que las 562 sentencias condenatorias no son necesariamente por trata de personas en términos del artículo 10 de la Ley General, sino que pueden corresponder a uno o más de los delitos señalados en el citado ordenamiento.
 
Se reportaron 492 personas sentenciadas por los delitos en materia de trata de personas derivadas de sentencias condenatorias firmes, de las cuales, el 70% son hombres y el 30% mujeres.

Retos del Estado Mexicano 

En México, a la trata de personas se le sigue viendo exclusivamente desde la perspectiva criminal, es decir, como un delito, que en la mayor cantidad de las veces pareciera aislado; sin embargo, se encuentra asentada en profundas raíces sociales, económicas y culturales, que requieren ser visibilizadas para comprenderlas y, en consecuencia, formular estrategias no reactivas sino planificadas para su atención. Esto significa que se deben analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que posicionan a determinadas personas o grupos entre aquellos más fáciles de acceder por los tratantes. El Gobierno de México no cuenta con una política pública preventiva que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales. Las acciones de prevención implementadas se han dirigido esencialmente a la difusión de información, dejando de lado aspectos indispensables como la implementación de los modelos que permitan combatir dichas causas que generen las condiciones señaladas, frente a los delitos en materia de trata de personas. Aún y cuando existen mecanismos que pueden permitir el desarrollo de acciones para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas de forma coordinada, en México se carece de una política de estado para hacer frente a este delito y evitar que siga expandiéndose.
 
A pesar de que la trata de personas está presente en todo el país, hay focos rojos donde la problemática reviste particular gravedad. En cada entidad federativa varía la prevalencia de los diversos factores que la propicia; siendo que, en algunas entidades los factores predominantes refieren a la vulnerabilidad de las víctimas en sus lugares de origen, pero en otras, resulta determinante la presencia de la delincuencia organizada.  El grado de demanda de “servicios sexuales” constituye un factor decisivo, principalmente en destinos donde se practica la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sector/contexto de los viajes y el turismo, tales como lugares de playa y ciudades fronterizas.
 
Contar con cifras exactas sobre las víctimas de los delitos en materia de trata de personas en México es un reto debido a una serie de factores. Entre ellos, las autoridades no identifican cada uno de los delitos contenidos en la Ley General y, por ende, a sus víctimas, por lo que se presenta una falta de registros administrativos y de sistematización. Existe una diferencia importante respecto al número de víctimas que cuentan con una investigación ministerial en relación con aquéllas que terminaron con una sentencia firme, o de las que han sido atendidas por las comisiones de atención a víctimas. Asimismo, las cifras oficiales distan mucho de las que ofrecen los documentos emitidos por las organizaciones nacionales e internacionales y la academia, así como de la información que reportan los medios de comunicación.
 
Otro gran reto ha sido la asistencia y protección a víctimas de los delitos en materia de trata de personas, De acuerdo al Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 2019, no ha podido ser instalada una política pública verificable y evaluable. Las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, con obligaciones específicas en la Ley General, desde su entrada en vigor desde junio de 2012 hasta julio 2017, no realizaron acciones indispensables para garantizar los derechos de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas como: el establecimiento del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, la adecuación del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, la correcta implementación y evaluación del Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos de los delitos en materia de trata de personas y el Protocolo único para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas, la estrategia para brindar oportunidades de trabajo a las víctimas, así como aquellas dirigidas a garantizar el derecho a la educación y salud de éstas hasta su rehabilitación y resocialización
 
La falta de formalización hacia el interior de las propias dependencias y entidades que conforman la Comisión Intersecretarial de los protocolos, modelos y programas que generan y aprueban como órgano colegiado, así como la falta de sociabilización y generación de acciones que obliguen al personal del servicio público  a implementarlas, ha impedido que los avances generados perduren en el tiempo, sean exigibles y evaluables, y tengan garantizada una continuidad y permanencia en las instituciones independientemente de quienes  se encuentren en los cargos públicos y su interés en el tema.
 
Aunado a lo anterior, en los informes anuales presentados entre 2013 y 2017 por la Comisión Intersecretarial, se observaron limitantes en cuanto a la calidad de la información reportada y un déficit de verificabilidad de la mismas, ya que deberían haberse enfocado en la evaluación de los cumplimientos del Programa Nacional y presentarse de una manera más sistemática tanto en las acciones individuales de cada autoridad como en las colectivas; De igual forma, los métodos de recolección y análisis de datos debieron tener como principal objetivo la medición del cumplimiento del Programa Nacional para garantiza el acceso a dicha información por toda la ciudadanía. Derivado de esto, constituye un reto para el estado mexicano la forma en se implementa la política pública en materia de trata de personas.

Con la reinstalación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos el pasado 30 de julio del presente año, así como los esfuerzos realizados desde los distintos grupos de trabajo como la elaboración del Programa Nacional en la materia, que guiará la política pública en los próximos años, la administración federal tendrá el reto de consolidar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a partir de la ratificación de los instrumentos internacionales correspondientes así como de aquellas señaladas en la Ley General aprobada, desde una visión de Derechos Humanos.

Indispensables para 2020
 
El Programa contra la Trata de Personas, a través de la eficaz aplicación de recursos humanos y materiales; atiende este tema de forma integral, en tres aspectos básicos; el jurídico, el institucional y el social, estableciendo como ejes de desarrollo la coordinación y cooperación con las instituciones públicas y la sociedad civil.
 
Por lo anterior, se fomentará la coordinación con los tres órdenes de gobierno para sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, derivado de la falta de formación especializada que se detectó en el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, así como coadyuvar con las autoridades, promover y observar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de prevención, persecución y sanción del delito, para una eficiente protección y asistencia de las víctimas del mismo, lo anterior con base en las recomendaciones que se señalaron a las diversas autoridades respecto al cumplimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la actuación de las autoridades de procuración de justicia a nivel nacional, los órganos jurisdiccionales y las comisiones de atención a víctimas, en la persecución y administración de justicia para los delitos en materia de trata de personas, y las medidas de asistencia, atención y protección a las víctimas, ofendidos y testigos de ellos.  
 
De igual manera, con base en estos documentos resulta necesario continuar con el acompañamiento y el seguimiento a los avances que el Gobierno Federal lleve a cabo para mejorar la eficacia y eficiencia en la implementación de las políticas públicas.
 
Asimismo, se continuará difundiendo los instrumentos normativos nacionales e internacionales sobre trata de personas y Derechos Humanos, a fin de promover su cabal cumplimiento; y con las actividades relativas al estudio, promoción y defensa de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran dentro de esta problemática social. También se promoverán y coordinarán acciones de sensibilización y cooperación en sectores de la sociedad civil estratégicos, en específico el sector empresarial, así como con las Organizaciones de la Sociedad Civil que promueven los Derechos Humanos.
 
Derivado del aumento de los niveles de violencia en especial hacia las mujeres se buscará seguir dando a conocer la segunda etapa de la Campaña Nacional de Prevención y posicionar en las escuelas los materiales preventivos realizados en 2019. De igual forma, se buscará reforzar las acciones preventivas y de protección de derechos a posibles víctimas de trata de personas en contextos de movilidad humana.
 
Por otra parte, se seguirán fortaleciendo las acciones dirigidas a proteger los Derechos Humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente en lo relativo a la garantía de reparación del daño y a su temprana detección por parte de las autoridades. Se avanzará en la implementación de acciones dirigidas a tener contacto con posibles víctimas en espacios y comunidades de origen y destino, así como promover la denuncia anónima telefónica y/o electrónica. Particularmente se prestará especial atención al monitoreo en medios de comunicación, los 365 días del año para identificar posibles casos de trata de personas y tener una respuesta proactiva, sin la necesidad de que las víctimas tengan que presentar su queja ante este Organismo Nacional.
 

Objetivos del Programa contra la Trata de Personas

El Programa contra la Trata de Personas, enfoca sus servicios de atención y promoción en diversas vertientes. Por una parte, se dirige a servidoras y servidores públicos, autoridades y sociedad civil, como población objetivo de los servicios de capacitación y profesionalización; por otra, atiende a la población, a través de campañas de prevención y sensibilización; asimismo, desarrolla acciones dirigidas a sectores específicos en situación de vulnerabilidad ante la trata de personas (jornaleras y jornaleros agrícolas, personas en contexto de movilidad humana y niñas, niños y adolescentes).
 
Aunado a lo anterior, este Programa recibe quejas, conoce e investiga a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de Derechos Humanos de las víctimas. Asimismo, formula recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Por lo tanto, su objetivo es ser un Programa proactivo y especializado que aporte al combate y prevención de la trata de personas, así como a las acciones dirigidas a garantizar la atención integral a las víctimas, desde una perspectiva de Derechos Humanos. Para ello, procura focalizar varios de los esfuerzos institucionales en la elaboración y publicación de herramientas técnicas y prácticas, así como acciones de coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de identificación de víctimas, así como del fortalecimiento de estrategias dirigidas a garantizar la restitución de los Derechos Humanos de las víctimas.

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, se impulsa una estrategia basada en tres ejes de acción. El jurídico, a través del cual se da difusión a los instrumentos normativos nacionales e internacionales sobre trata de personas y Derechos Humanos, a fin de promover su cabal cumplimiento. Por medio del eje institucional se fomenta la coordinación con los tres órdenes de gobierno para sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, así como coadyuvar con las autoridades, promover y observar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de prevención, persecución y sanción del delito, para una eficiente protección y asistencia de las víctimas del mismo.

Finalmente, con base en el eje social se promueven y coordinan acciones de sensibilización y cooperación en todos los sectores de la sociedad civil, con el fin de lograr una eficaz respuesta social a este problema y evitar la captación de víctimas.
 
El Programa contra la Trata de Personas ha focalizado su estrategia de trabajo en llegar a las poblaciones que requieren mayor información para prevenir la trata de personas y para garantizar que las autoridades correspondientes cumplan con las obligaciones que el marco jurídico nacional e internacional les señala para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de este delito. 

El programa de trabajo tiene un componente preventivo muy importante, entendiendo como prevención, por una parte, la reducción de riesgos, mediante el desarrollo y difusión de información sobre el delito a la población, y por otra, la visibilización, rechazo, denuncia y persecución de las acciones que permiten o constituyen la trata de personas, por medio de acciones dirigidas a las personas que consumen o tienen un disfrute de la explotación, así como a tratantes y explotadores/as.
 
Bajo este contexto con objetivo de abordar la trata de personas desde los ámbitos jurídico, institucional y social, y de establecer estrategias y acciones para prevenir, erradicar y sancionar este delito, así como proteger y brindar asistencia a las víctimas del mismo, la CNDH creó el Programa contra la Trata de Personas que opera desde octubre de 2007.
 

Promoción de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

Para la CNDH es indispensable continuar con la sensibilización y capacitación de personal del servicio público federal, estatal y municipal para lograr una oportuna detección e identificación de víctimas y/o posibles víctimas, por lo que a través del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General, ha orientado las actividades de promoción que se dirigen a este sector con la finalidad de ofrecer herramientas que contribuyan a esta actividad.
 
Las actividades de promoción se imparten a cada sector de la sociedad, con perspectiva de género y en atención a la doctrina de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en garantizar los derechos de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo: las mujeres, personas en contextos de movilidad, comunidades indígenas, etcétera.
 
A través de las diversas estrategias implementadas, durante el 2019 se realizaron 167 acciones de promoción, presencial y en línea, con la cuales se impactaron a un total de 20,141 personas; de las cuales 3,744 corresponden a personal del servicio público. 
 
Dentro de las acciones de promoción realizadas se destaca la presentación del libro: “Trata de Personas. Un acercamiento a la realidad nacional", el cual fue presentado por el Mtro. Luis Raúl Pérez González, el entonces Presidente de esta Comisión Nacional, con el propósito de compilar las opiniones de expertos académicos, organizaciones de las sociedad civil y actores gubernamentales. Mediante perspectivas alternativas que trascienden el enfoque criminal con el que regularmente ha sido abordada, esta obra editorial contribuye al conocimiento contemporáneo de su prevención, las causas y los efectos, así como la atención de las víctimas de esta actividad ilícita.
 
Con la finalidad de difundir la obra mencionada se realizaron diversos Foros temáticos. El Primer Foro: “Trata de Personas. Un acercamiento a la atención a víctimas y la persecución del delito”, se efectuó en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; y el Segundo Foro: “Trata de Personas. Un acercamiento a su prevención y análisis situacional” también en coordinación con la UNODC, y en esta ocasión, con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En ambos se tuvo como finalidad presentar las opiniones más recientes en materia de atención, persecución de los delitos de trata de personas, su prevención y análisis situacional, plasmadas en el libro de referencia. En los dos eventos se contó con un aforo de 893 personas en total, entre servidoras y servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, estudiantado de nivel superior, autoridades en la materia y público en general. 
 
Aunado a lo anterior la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó un evento de presentación del libro en comento, en las instalaciones de la Escuela de Medicina, en el que participó este Organismo Nacional.
 
Como parte del seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones relacionadas con el tema de trata de personas emitidas por esta Comisión Nacional, se realizaron acciones de promoción y capacitación dirigidas a servidoras y servidores públicos a nivel municipal, estatal y federal, específicamente de la Recomendación 14VG/2018 relativa a violaciones graves a los Derechos Humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán, dirigidas a personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de las áreas de Primer Contacto y Asesoría Jurídica Federal, así como los Centros de Atención Integral. De igual manera, con personal del servicio público del estado de Colima, se analizó y capacitó en temas relacionados con la Recomendación 15/2018 sobre el caso de las violaciones a diversos humanos por actos de trata de personas en agravio de jornaleros indígenas de origen mixteco en condiciones de vulnerabilidad localizados en un ejido del municipio de Colima, en dicha entidad federativa.
 
Respecto a la Recomendación 28/2016 sobre el caso de los jornaleros agrícolas indígenas Rarámuris (Tarahumaras), en Baja California Sur, se impartió la conferencia "Conceptos generales de prevención, detección y atención de posibles víctimas de Trata de Personas en campos agrícolas desde una perspectiva de los Derechos Humanos, con enfoque de género e infancia" a servidoras y servidores públicos municipales, estatales y federales de dicha entidad federativa, a fin de que desde el ámbito de sus competencias, con perspectiva de los Derechos Humanos con enfoque de género e infancia, identifiquen los elementos básicos para la prevención y detección en campos agrícolas de posibles víctimas de la trata de personas y la atención de sus casos, y a su vez, analizar los factores que incidieron en la emisión de dicha Recomendación emitida por este Organismo Nacional.
 
Por la importancia de prevenir y continuar visibilizando la problemática en la materia en el estado de Tlaxcala, se llevó a cabo el Foro: Retos de la Política Pública para la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en co-organización con el Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., con la finalidad de compartir elementos de análisis y reflexión sobre los retos que plantea la erradicación de la trata de personas. Dentro de los temas abordados, se habló de la importancia de la política pública en la prevención de la trata de mujeres y niñas desde las escuelas”, asimismo, se presentaron los resultados del proyecto “Fortalecimiento ciudadano para la acción local e incidencia nacional en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual” de esa Asociación Civil. 

En el marco de la Campaña de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas de la CNDH, se realizaron acciones de promoción con el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígena (INDEPI) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dirigidas a estudiantes hablantes de español y lengua materna de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tancahuitz.
 
De igual forma, durante 2019, en el sector salud se continuaron impulsando acciones a nivel federal y estatal; específicamente con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se sensibilizó y capacitó a personal de diversos hospitales de esta entidad respecto a la importancia de la atención, asistencia y protección a las víctimas del delito de trata de personas desde el sector salud y la generación de políticas públicas de la protección de su derecho a la salud para el cumplimiento de las obligaciones que establecen las normas internacionales, nacionales y locales existentes en la materia.
 
Respecto al personal del servicio público en materia de impartición de justicia, en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Michoacán, se impartieron cursos de Actualización jurídica sobre los delitos en materia de Trata de Personas y de Detección e identificación de víctimas de trata de personas desde una perspectiva de los Derechos Humanos.

En colaboración con el Gobierno del Estado de Sonora, se impartieron cursos con los temas: “Situación jurídica de la trata de personas en México” y “Generalidades básicas para la protección de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes posibles víctimas del delito de trata y explotación de personas”, impactando a 595 servidoras y servidores públicos del estado. . Con la Secretaría de Educación y Cultura de esa entidad federativa, se realizaron diversas acciones dirigidas al sector educativo a través de la Jornada de Prevención de la Trata de Personas en niñas, niños y adolescentes, con la cual se buscó sensibilizar y prevenir de los riesgos de las redes sociales como medio de captación específicamente para este grupo de la población. Esta Jornada se replicó en el estado de Aguascalientes en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad federativa, aportando a la prevención de los delitos en materia de trata de personas a través de conferencias específicas dirigidas a este sector.

Respecto a las acciones realizadas con niñas, niños y adolescentes, se encuentran las actividades realizadas en coordinación con la Fundación Casa Las Mercedes IAP y el Ayuntamiento de Santa María Huatulco en el estado de Oaxaca, con la finalidad de sensibilizar y prevenir de los riesgos de las redes sociales como medio de captación de niñas, niños y adolescentes para la trata de personas, dirigido a estudiantes de nivel básico de esa entidad federativa.  Asimismo, se destaca la colaboración con el Sistema Nacional DIF para la capacitación a su Red Nacional de DIFusores, con la finalidad de proporcionar información preventiva en la materia a esta red, la cual está conformada por niñas, niños y adolescentes de 32 entidades federativas que difunden y promueven el conocimiento de sus derechos dentro de su familia, escuela y comunidad; con el reconocimiento de autoridades locales, a fin de tener una participación comunitaria en su localidad.
 
De igual manera, se impartieron diversas conferencias de Prevención de la Trata de Personas en niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigidas a estudiantes de nivel básico y medio superior de Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Sinaloa.
En el marco de la Primera Jornada Estatal de Derechos Humanos contra la Trata de Personas en Baja California Sur, se impartieron conferencias para prevenir estos delitos en niñas, niños y adolescentes, dirigidas a estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California Sur, previniendo mediante la sensibilización a las y los adolescentes de los riesgos de las redes sociales y las formas de captación de víctimas para la trata de personas y explotación, llegando a 1020 estudiantes de nivel medio superior.

Se llevó a cabo la presentación del Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, con la finalidad de aportar al conocimiento de las cifras y datos de los delitos en materia de trata de personas en el país del periodo comprendido entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017. Cabe señalar que el evento de presentación de este Diagnóstico se replicó en diversas entidades federativas, entre las que se encuentran: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, en las cuales se expusieron los datos y cifras del Diagnóstico, particularmente el número de investigaciones iniciadas, víctimas identificadas así como edad y sexo, sentencias dictadas. Asimismo, las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron con la finalidad de fortalecer la política pública en el país.
 
En el marco de la conmemoración del Día mundial contra la trata de personas, se llevó a cabo el lanzamiento de dos “Jornadas de Prevención de la Trata de Personas en el Sector de los Viajes y el Turismo” en coordinación con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en Baja California Sur y Quintana Roo, con la finalidad de visibilizar los riegos a los que están expuestas las familias ante este delito, los mecanismos que utiliza el tratante para captar a sus víctimas, así como las formas de prevenir ser víctimas del mismos. A través de los miembros de la CROC, se realizó difusión de material que forman parte de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas: “Libertad sin engaños ni promesas falsas” de esta Comisión Nacional, y a la cual esa organización sindical se adhirió, con la finalidad que se distribuyan en los lugares turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) de cada una de las entidades. En este mismo marco de conmemoración, se realizaron acciones de capacitación en coordinación con las Comisiones de Derechos Humanos en los Estados de Hidalgo y Veracruz, así como con la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y con el Gobierno del Estado de Michoacán, impartiendo diversas conferencias, cursos y talleres a servidoras y servidores públicos de cada una de dichas entidades federativas.

Durante el año, también se realizaron acciones de promoción con agremiados de la CROC en Manzanillo, Colima, a través del curso: “Prevención de la trata de personas en el sector de los viajes y el turismo” con la finalidad de sensibilizar sobre la importancia de combatir la trata y explotación de personas, particularmente en este sector.

A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Congreso de la Unión de Aguascalientes, se realizó un conversatorio con las y los Presidentes de las Comisiones de Lucha Contra la Trata de Personas, de Migración, de Derechos Humanos, de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Ciencias y Tecnología; con la finalidad de fortalecer la legislación en materia de trata de personas desde un enfoque de los Derechos Humanos para dicha entidad federativa.
 
Dentro de las acciones de promoción, destaca también, la realización del Foro: “El traslado de víctimas de trata de personas: Buenas prácticas para la detección de posibles casos”, en co-organización con Aeroméxico, con el cual se fortalecieron las acciones en el sector de la aviación para la prevención y detección de posibles casos de trata de personas. A través de éstas acciones de sensibilización y capacitación, y del compromiso de Aeroméxico como empresa socialmente responsable, se ha logrado el involucramiento de la tripulación y representaciones sindicales que ahora cuentan con herramientas para unirse al combate de la trata de personas desde el sector privado. A este foro asistieron organizaciones civiles que atienden a víctimas de trata, pilotos, sobrecargos, personal administrativo de esta aerolínea, así como autoridades en materia de aeronáutica civil, de comunicaciones y transportes, personal de procuración de justicia federal, representantes sindicales y de organismos internacionales. De igual manera,  se brindó asesoría técnica para la realización del curso en línea: “Curso introductorio de Sensibilización en Materia de Trata de Personas para Sobrecargos de Aeroméxico”, el cual representa una estrategia para sensibilizar y capacitar desde una perspectiva de los Derechos Humanos con enfoque de infancia y género a las y los sobrecargos de esa aerolínea, con la finalidad de que cuenten con herramientas para detectar a víctimas o posibles víctimas de este delito durante los traslados aéreos.

Derivado de la buena práctica entre Aeroméxico y CNDH se desarrolló el Protocolo de procedimientos para la detección de posibles víctimas de trata de personas en la prestación de servicios aéreos, el cual se presentó durante la Tercera Cumbre Iberoamericana sobre Migración y Trata de Personas organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y fue aprobado para su implementación en la región; se plantea como una base para que pueda ser retomado por los miembros de esa FIO y contiene conceptos generales e internacionales que son aplicables a cualquier país, y otros que deberán de ser adaptados, por ejemplo, lo relativo al marco jurídico nacional. Si bien los indicadores de detección son también de aplicación general, pueden adecuarse a situaciones particulares de la región.

En el marco de la mencionada Cumbre Iberoamericana, se impartió un taller con la finalidad de brindar herramientas para la implementación de dicho Protocolo a nivel estatal, dirigida a representantes de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Marruecos, España, Argentina y Colombia
 
Como parte de los eventos de inauguración de los Centros de Información en Derechos Humanos de las Oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Tapachula y San Luis Potosí, se llevaron a cabo las conferencias: "Masculinidades y Trata de Personas" por personal de GENDES A.C. y "El enfoque de Derechos Humanos para abordar la trata de personas en el ámbito laboral" impartida por personal de Polaris Project.
 
Con el sector empresarial agrícola, a invitación de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad social (AHIFORES), en Villahermosa, Tabasco, se participó en la Gira de Buenas Prácticas impartiendo del “Taller sobre identificación de aspectos de la trata de personas en el ámbito laboral”, dirigido a empresarios agrícolas y empleadores de jornaleros de ese sector pertenecientes a la Alianza empresarial de referencia.

En conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se realizó la presentación de la traducción al español de los documentos temáticos: “El papel de la corrupción en la trata de personas” y “El concepto de explotación en el protocolo contra la trata de personas”. Estos documentos publicados por UNODC en 2011 y 2015 respectivamente, sólo se encontraban en el idioma en el que se elaboraron (inglés), por lo que esta Comisión Nacional decidió traducirlos al español como una aportación al enriquecimiento del conocimiento de los delitos en materia de trata de personas, los cuales coadyuvarán a las acciones gubernamentales, a las acciones de procuración e impartición de justicia, a la labor de defensoras y defensores civiles, activistas y académicos, así como al fortalecimiento de las estrategias y las metas que se ha trazado la Comisión Intersecretarial en la materia del Gobierno de México.

Con la Organización Internacional Polaris y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se realizó el Foro “La trata de personas con fines de explotación laboral y las condiciones de vulnerabilidad de las personas jornaleras agrícolas en San Luis Potosí: dónde estamos y hacia dónde vamos”, que tuvo como principal objetivo de proveer un marco de análisis sobre los factores de riesgo y vulnerabilidad que pueden colocar a las personas jornaleras agrícolas en situaciones de trata, dar a conocer su situación en el estado de San Luis Potosí y las acciones que se están llevando a cabo para proteger y garantizar sus Derechos Humanos y laborales.

Se colaboró con la Secretaría de Educación de Colima a través de la impartición de conferencias en el marco de la 9a Semana Estatal contra la Trata de Personas en esa entidad federativa, dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior con la finalidad de explicar los conceptos generales de la trata de personas y sensibilizar sobre la importancia de comprender y distinguir las diversas modalidades que existen.

En el marco del cumplimiento del convenio específico de colaboración entre CNDH y la Cátedra Extraordinaria "Trata de Personas" de la UNAM, se realizó el Seminario Internacional “Género, prevención y trata de personas” que tuvo como objetivo profundizar en la perspectiva de género como un eje de análisis transversal para el estudio, la investigación, la reflexión, la planificación y ejecución de políticas públicas, particularmente las preventivas, en torno a la trata de personas. Este Seminario se desarrolló a través de diversas mesas de trabajo, tales como: Prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual, una mirada desde el trabajo sexual; Prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual, una mirada desde la violencia contra las mujeres; Prevención de la trata de personas con fines de explotación laboral y trabajos forzados. Participaron personas expertas de diversas nacionalidades que compartieron sus visiones sobre estos temas a través de las conferencias magistrales: Reflexiones sobre los roles de las mujeres en la trata de personas vinculada a la delincuencia organizada en Europa y Debates feministas sobre la trata de mujeres: miradas y desafíos. En este mismo contexto, se llevó a cabo la Ceremonia de premiación conjunta al 6to Premio Universitario de Trata de Personas, el 4to Concurso de Ensayo en materia de Trata de Personas y el 3er Concurso de Mass Media sobre Trata de Personas.

En busca de generar espacios de reflexión y análisis en torno al tema, se llevó a cabo el Conversatorio de trata de personas en el ámbito trasnacional, el cual contó con la participación de dos ponentes internacionales con la finalidad de intercambiar experiencias, retos y buenas prácticas en materia de trata de personas desde el ámbito trasnacional, en el cual también participaron servidoras y servidores públicos que integran la Comisión Intersecretarial en la materia. 

En coordinación con Polaris, se realizó el Foro "La trata de personas con fines de explotación laboral y las condiciones de vulnerabilidad de las personas jornaleras agrícolas en San Luis Potosí: dónde estamos y hacia dónde vamos", con el cual se buscó proveer un marco de análisis sobre los factores de riesgo y vulnerabilidad que pueden colocar a las personas jornaleras agrícolas en situaciones de trata, trabajo forzado o explotación y al mismo tiempo elevar el conocimiento de los diversos actores y de la población en general sobre la situación de las personas jornaleras agrícolas en el estado y las acciones que se están llevando a cabo para proteger y garantizar sus Derechos Humanos y laborales y como esto incide en la prevención de la trata de personas.

La violencia ejercida en contra de las mujeres es un de los factores estructurales de la trata de personas, por lo que se realizaron diversas conferencias coorganizadas con el Instituto Nacional de Desarrollo Social mediante el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) dirigidas a servidoras y servidores públicos de los Institutos para la Mujer de los estados de Jalisco, Nayarit, Hidalgo y San Luis Potosí; con la finalidad de explicar los conceptos generales de la trata de personas y sensibilizar sobre la importancia de comprender y distinguir las diversas modalidades que existen, además, se analizaron los conceptos generales de la detección e identificación de víctimas, especialmente mujeres y niñas,  desde una perspectiva de Derechos Humanos, así como las condiciones de vulnerabilidad que no se visibilizan para que las personas sean detectadas.

Vinculación de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

El fortalecimiento de los vínculos de trabajo con diversos organismos internacionales, instituciones de los tres niveles de gobierno, Organismos Públicos Autónomos Estatales Defensores de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, ha sido una prioridad para este Organismo Nacional, es por ello que, desde el Programa contra la Trata de Personas, se llevan a cabo actividades de vinculación con la finalidad de sumar aliados en la protección y defensa de los Derechos Humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, contribuyendo a su detección, identificación, atención, asistencia, reinserción y reparación del daño.
 
Durante 2019, se atendieron  310 actividades de vinculación y divulgación, correspondientes a las reuniones de trabajo, acciones de cooperación y asistencia a eventos con diversos actores en la temática de trata de personas, en los que participaron un total de 2,344 personas, con la finalidad de fortalecer los vínculos y generar acciones conjuntas en materia de prevención y atención de los delitos en la materia. Cabe destacar que en el total de las actividades de vinculación se suman las acciones de distribución de materiales como una actividad de divulgación, las cuales se desglosan en el apartado correspondiente de este informe.
 
La colaboración con la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido una actividad de vinculación continua y que en este periodo se ha fortalecido. Este año se llevó a cabo la Convocatoria conjunta y premiación a las personas ganadoras del: 6to Premio Universitario de Tesis sobre Trata de Personas, 4to Concurso de Ensayo “Perspectivas Universitarias sobre Trata de Personas” y al 3er Concurso de Mass Media sobre Trata de Personas.

Asimismo, con el objetivo de aportar al fortalecimiento del cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (LGTP), su reglamento y el reglamento interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas (CITP), respecto a la rendición de información, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó en conjunto con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el “Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas”, el cual se hizo llegar a la Secretaría de Gobernación con el objeto de que pueda ser considerado en las actividades que realiza la CITP.

Con la finalidad de aportar datos y cifras a diversos actores fundamentales en la prevención y combate de la trata de personas, se envió el “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019” a los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos y los 32 Gobiernos Estatales de la República Mexicana, así como Secretarías de Estado.
 
En el marco de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos  (CITP), mecanismo interinstitucional del cual este organismo es participante, se colaboró en el diseño del Programa Nacional que establece los objetivos, estrategias y acciones que guiarán la política de esta materia en los próximos años, mediante dos estrategias: una participación activa en los distintos espacios originados para este fin y a través de la elaboración de un documento ad hoc para esta etapa. Para la primera, se participó con propuestas específicas en el “Foro Especial Trata de Personas” (Ciudad de México, marzo) y en el “Foro temático: Estrategias para la garantía de los Derechos Humanos en Materia de Trata de Personas” (Tlaxcala, julio); así mismo, se formó parte del Grupo de Trabajo conformado para la elaboración del citado programa, instalado en el mes de agosto, contribuyendo con su revisión para la transversalización del enfoque de Derechos Humanos en el documento referido. Para la segunda estrategia, esta Comisión Nacional hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos y actores gubernamentales para que aportaran su experiencia y conocimientos especializados en el tema con el objetivo de elaborar propuestas concretas de políticas públicas en materia de trata de personas. El documento resultado de esta consulta fue remitido a la Secretaría de Gobernación con el fin de que se valorara su incorporación en el Programa Nacional; de igual manera, se distribuyó con las organizaciones participantes del grupo de trabajo antes referido, para su revisión y análisis en el diseño del citado instrumento de la política pública.
 
También se resalta que dentro de las acciones de vinculación con la CITP, se participa en sus sesiones en pleno, en las de la Subcomisión Consultiva, así como en el Grupo de Trabajo de Actualización del Programa Nacional de Capacitación en materia de Trata de Personas, instalado en el mes de agosto, mediante el cual se elaboró un Instrumento de recolección de datos para generar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, y se revisaron y analizaron los contenidos de ese programa para su mejora y actualización. 

Se participó en el conversatorio “Traslado y transporte de las víctimas de trata de personas” organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) de la Secretaría de Bienestar, el cual fue transmitido por el canal de YouTube del INDESOL, con la finalidad de analizar las causas estructurales que generan la trata de personas, exponer la importancia de prevenir este delito, especialmente en el sector del transporte, señalando los medios y formas de captación para la trata de personas y el traslado de sus víctimas. Asimismo, se presentaron los datos y cifras del Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; buscando con estas acciones llegar a un mayor número de audiencia, ya que el contenido se encuentra de forma permanente en dicha plataforma.

De igual forma, se tuvo participación en el Foro: “Trata de Personas con fines de explotación sexual” organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la intervención como ponente en el panel: La atención a víctimas de trata de personas por explotación sexual, con el objetivo de identificar los elementos que deben considerarse para atender a las víctimas de la trata de personas desde la perspectiva de los Derechos Humanos con enfoque de género e infancia. 

Campañas Contra la Trata de Personas

Durante 2019 se continuó con la difusión de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños, ni promesas falsas”, la cual contiene mensajes relativos al combate del delito de trata de personas a través de sus causas estructurales, sin imágenes estereotipadas y que informan sobre determinadas formas de trata de personas que no son visibles, lo que permite a la sociedad conocer otra cara de este delito.
 
Asimismo, con la difusión de infografías e infografías animadas en materia de prevención de la trata de personas en las redes sociales, enfocados en las causas estructurales de este delito y con contenidos dirigidos principalmente a niñas, niños y adolescentes como grupo prioritario de atención, con los temas: La trata de niñas y adolescentes con fines de explotación en el trabajo del hogar, La discriminación y la violencia contra las mujeres son algunas de las causas de la trata de personas y Redes sociales seguras vs la trata de personas. De igual manera las infografías: ¿Cómo prevenir ser víctima de trata de personas en redes sociales? Guía para adolescentes, ¿Cómo prevenir ser víctima de trata de personas en redes sociales? Guía para padres y Los delitos en materia de trata de personas afectan principalmente a las mujeres; así como las infografías realizadas en el marco del Día para la Abolición de la Esclavitud.

De igual manera, las infografías animadas correspondientes al Guion Teatral “Tú mentira” y al libro Trata de Personas. Un acercamiento a la realidad nacional.
 
Derivado de la presentación del Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México 2019, se realizaron infografías con las cifras y estadísticas que se desprenden del mismo, así como acciones que las autoridades requieren concretar en materia de prevención, atención y persecución de estos delitos, las que deben reforzar para la creación de políticas públicas en materia de trata de persona y las acciones que cada persona podemos realizar para ayudar a combatirla.

Asimismo, a partir de información solicitada a las procuradurías y fiscalías federales y estatales, para la elaboración del mencionado Diagnóstico, el 85% del total de las víctimas identificadas de trata de personas en México, son mujeres, se elaboró la segunda etapa de la Campaña Nacional, con la finalidad de hacer visible la discriminación contra las mujeres y la demanda de servicios sexuales derivados de explotación sexual como factores estructurales de la trata de personas.

Dado que prevenir la trata de personas es una tarea fundamental, específicamente en sectores con altas condiciones de vulnerabilidad, se distribuyeron los dípticos: 1. Prevención de la trata de personas para jornaleras y jornaleros agrícolas y 2. Prevención de la trata de personas en los trabajos del hogar.

Se continuaron realizando acciones focalizadas y dirigidas particularmente a sectores específicos de la sociedad, como lo son las personas indígenas, por lo que se continuó con la difusión de la Campaña de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas, con la finalidad de hacer llegar información preventiva sobre la trata de personas a las personas de estas comunidades, así como las formas en las que los tratantes captan a sus víctimas, siendo especialmente las mujeres y niñas las más vulnerables para ser explotadas con fines sexuales y/o en los trabajos o servicios forzados u otras modalidades más.
 

Divulgación de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

En 2019, se realizaron 147 acciones de difusión mediante las cuales se entregaron 44,815 materiales impresos y audiovisuales, informativos y preventivos en el país con ayuda de diversas instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil.
 
Entre los materiales que se distribuyeron se encuentran: el libro publicado por esta Comisión Nacional: “Trata de Personas. Un acercamiento a la realidad nacional”, el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, también publicado por CNDH, los “12 Puntos por la Seguridad de las Familias”, el DVD con cápsulas y video pedagógico de 21 minutos “Detrás de lo que ves…”; el tríptico “Los Derechos de las Víctimas”, compendio de documentos electrónicos en la materia, materiales audiovisuales para la prevención y capacitación sobre este delito; así como todos los materiales que comprenden la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas: “Libertad sin engaños ni promesas falsas” y los de la Campaña de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas, como lo es la difusión de la Radionovela “Tu mentira”, y el Libro de Prevención de la Trata de Personas en lengua indígena en diversos espacios propicios para ello.

Se destaca la distribución a los 32 Organismos Estatales Defensores de Derechos Humanos a través de la entrega de materiales en materia de trata de personas, con el objeto de compartir información relevante que pueda ser difundida al interior como al exterior de cada Organismo Autónomo.

Toda vez que una de las acciones que realizan los tratantes para cometer los delitos en materia de trata de personas, es el traslado de las víctimas utilizando diversos medios de transporte, se conjugaron esfuerzos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Nacional de Migración (INM), para prevenir y combatir este delito, particularmente en aeropuertos y carreteras, a través de la difusión de la Campaña Nacional de la Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas” de este organismo nacional en espacios de afluencia masiva. Los materiales fueron remitidos por parte de la SCT a las Direcciones Generales de Autotransporte Federal, de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, de Fomento y Administración Portuaria, de Marina Mercante y de Desarrollo Carretero, así como a la Agencia Federal de Aviación Civil, para que por su conducto se difundieran los materiales, tales como banners en inglés y en español, adheribles, tarjetas, carteles y otros más, que forman parte de esta Campaña, en las terminales de autotransporte federal, los Centros de Capacitación y Adiestramiento, las terminales de ferrocarril, las plazas de cobro, la Red Nacional Aeroportuaria, Administraciones Portuarias Integrales y Capitanías de Puerto del país, entre otros.

Por otra parte, en el marco de las acciones de colaboración entre la CNDH y el INM se realizó la distribución e instalación de banners de la  campaña “Libertad sin engaños ni promesas falsas” en español e ingles en los puntos de revisión de documentos migratorios en los aeropuertos internacionales ubicados en   Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Ciudad Juarez, Tapachula, Mazatlán, Oaxaca, La Paz, Huatulco, Cozumel y Acapulco.

Posicionamientos, Artículos y Mensajes Contra la Trata de Personas

Esta Comisión Nacional emite posicionamientos, artículos o mensajes derivados de temas actuales vinculados con violaciones a los Derechos Humanos en México.
 
En materia de trata de personas se han emitido los siguientes:
 
1
30 de enero de 2019
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es fundamental escuchar y dar voz a todas las perspectivas. Sin lugar a dudas, una cuestión como la trata de personas puede generar diversas posturas y debates sobre cómo debe ser abordada para su erradicación.
Mensaje emitido durante el evento de Presentación del libro “Trata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional”, el cual tuvo como propósito compilar las opiniones más recientes de expertos académicos, organizaciones de la
sociedad civil y actores gubernamentales. 
2
9 de julio de 2019
Las acciones de prevención implementadas por la Administración Pública Federal se circunscriben esencialmente a la difusión de información, dejando de lado aspectos indispensables como el combate a las causas estructurales de la trata de personas y la atención a grupos y comunidades especialmente vulnerables. El incumplimiento relativo a la elaboración de los modelos que combatan estos factores, así como de diagnósticos que permitan identificar a las regiones y localidades con rezagos en la atención a los delitos en materia de trata de personas y la omisión en la implementación de los programas complementarios mandatados por la Ley General ha impedido hacer de la prevención un mecanismo estratégico de los delitos en materia de trata de personas en el país.
Mensaje emitido durante el evento de Presentación del “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, 2019”, el cual tuvo como finalidad, aportar al conocimiento de las cifras y datos de los delitos en materia de trata de personas en el país del periodo comprendido entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017.

Protección y Defensa de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

En el ejercicio 2019, se radicaron 23 expedientes, de los cuales, 9 se radicaron como queja por presunta violación, 14 expedientes fueron por orientación directa, en los que no se observó la competencia de este Organismo Nacional, sin embargo, se brindó la orientación jurídica a las personas reclamantes, mientras que 9 expedientes fueron por remisión, mediante la cual se turnó al organismo local respectivo.

Durante el ejercicio 2019, se concluyeron 8 expedientes por no existir materia para seguir conociendo, 3 expedientes por orientación jurídica, en cuyo caso se orientó a las personas quejosas, 2 por conciliación, 1 por recomendación y 1 por acumulación.

Los derechos vulnerados y los hechos violatorios en los expedientes de queja que se recibieron en este Programa, fueron:
 
 Derechos vulnerados Hechos violatorios
Derecho a la seguridad jurídica
  • Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones
  • Prestar indebidamente el servicio público
  • Acciones u omisiones contrarias a la administración de justicia.
  • Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia.
  • Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y sus familiares.
  • Obligar a declarar.
  • Dilación en el procedimiento administrativo.
  • Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria.
  • Negar la recepción de una denuncia.
Derecho a la legalidad
  • Acciones y omisiones contrarias a la legalidad
Derecho a la libertad
  • Retención ilegal
  • Detención arbitraria
Derecho al trato digno
  • Acciones y omisiones que trasgreden los derechos a los migrantes y a sus familias.
 
Asimismo, las autoridades señaladas como probables responsables en los expedientes de queja que se radicaron durante el 2019, fueron:
 
  • Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
  • Fiscalía General de la República
  • Instituto Nacional de Migración
  • Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur
  • Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
  • Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
  • Fiscalía General del Estado de Jalisco
  • Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco
  • Secretaría de la Defensa Nacional
 Uno de los constantes retos, es la correcta identificación y detección de víctimas de trata de personas, no sólo por parte de las y los servidores públicos, sino por parte de la sociedad y de la propia víctima. Es por eso, que el Programa contra la Trata de Personas, implementa acciones proactivas dirigidas a tener contacto con posibles víctimas en espacios y comunidades de origen y destino, así como promover la denuncia anónima telefónica y/o electrónica.
 
El monitoreo de medios de comunicación que realiza este Organismo Nacional a través del Programa contra la Trata de Personas, es una acción que se realiza los 365 días del año, con la finalidad de identificar posibles casos de violaciones a los Derechos Humanos en materia de trata de personas y con esto tener una respuesta proactiva, sin ser necesaria la presentación de una queja por parte de las víctimas.
 

Recomendaciones contra la Trata de Personas

Durante el ejercicio correspondiente a 2019, la Quinta Visitaduría General, a través del Programa contra la Trata de Personas, emitió la Recomendación 86/2019 sobre violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica de V1, V2 y V3, a la integridad personal de V2 y al interés superior de la niñez de V3, por acciones y omisiones atribuibles a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El 18 de noviembre de 2015, Q presentó queja ante este Organismo Nacional en la que señaló que el 9 de agosto de 2013, V1 y V2 fueron rescatadas en un operativo en materia de Trata de Personas que realizó la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde se radicó la Averiguación Previa 1. Mencionó también que derivado del riesgo en el que se encontraban las víctimas, toda vez que solo se había cumplimentado una de las cuatro órdenes de aprehensión que fueron giradas en contra de los presuntos responsables, V1 y V2 no podían trabajar, por lo que la SEIDO les entregaba un apoyo económico mensual para solventar sus gastos, sin embargo, a partir de 2015 éste les fue suspendido sin previo aviso, argumentando que sólo tenían recursos para la investigación, sugiriéndoles acudir a la CEAV.

Al presentarse en la CEAV, sin especificar la fecha, les dijeron que no podían apoyarlas con dinero ya que no tenía habilitado el Fondo de Emergencia, no obstante, les solicitaron sus datos personales para realizar su registro a pesar de la garantía individual de protección de los mismos, haciendo que llenaran los formatos de registro con su información personal. Así las cosas, Q también detalló que las víctimas acudieron a la CEAV en una segunda ocasión, en la que nuevamente les negaron el acceso al citado Fondo alegando que su normatividad interna se los impedía, por lo que únicamente les ofrecieron una despensa y pañales para V3 hijo de V1; ante esta situación, Q se entrevistó con uno de los Consejeros de la CEAV quien únicamente se comprometió a que les reembolsarían sus gastos, pero había algunos que no se podían comprobar, por lo que Q consideró que se les dejó en “absoluta indefensión”.

Se evidenció que a pesar de que desde el 20 de noviembre de 2014 el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó a la CEAV que V1 y V2 fueran registradas para que se les brindaran las medidas de atención, asistencia y ayuda inmediatas, petición que además fue reiterada por Q el 9 de marzo de 2016, no fue sino hasta que este Organismo Nacional solicitó a la CEAV implementara las citadas medidas cautelares, que el 8 de noviembre de 2016 resolvió respecto a las mismas, transcurriendo un periodo de aproximadamente dos años en los que se dejó en una situación de vulnerabilidad a las víctimas, toda vez que no contaban con redes familiares de apoyo en el país ni con un trabajo para su subsistencia.

Por otro lado, una vez que la CEAV acordó procedente brindarles apoyo de tipo económico, V1 y V2 sostuvieron en sus quejas de 14 y 15 de marzo de 2018, respectivamente, demoras injustificadas e irregularidades en su entrega.

Asimismo, se acreditó que desde el 9 de marzo de 2016, Q había solicitado a la CEAV apoyo alimentario para V1 como para su hijo V3. No obstante, el 22 de marzo de 2017, cuando la CEAV resolvió la procedencia del pago por concepto de alimentación lo hizo únicamente respecto de V1, dejando en estado de abandono las necesidades de V3, de un año de edad, a pesar de que la propia Ley General de Víctimas dispone que cuando se vean involucrados derechos de personas menores víctimas indirectas de la comisión de un delito, la autoridad deberá ponderar el interés superior del menor.

De igual forma, esta Comisión Nacional considera que la dilación en los pagos antes mencionada, también impactó en las necesidades alimentarias de V2, pues cubrir las mismas durante el tiempo que la CEAV se tardaba en brindarle el apoyo debió ser complicado considerando que se trata de una persona extranjera, que no tiene familiares en el país y por ende redes de apoyo y que no contaba con una fuente de trabajo para su subsistencia, situaciones de vulnerabilidad que personal de la CEAV dejó de lado.

Por otra parte, el 8 de enero de 2018, Q solicitó a la CEAV le fuera otorgado a V2 un boleto de viaje, así como los viáticos respectivos para visitar a sus familiares. Al no tener respuesta de la petición, la misma fue retomada por V2, en la reunión del 3 de abril de 2018, llevada a cabo con personal de la CEAV, en la que solicitó una respuesta respecto a su deseo para viajar a su país de origen con el objeto de reunirse con sus familiares.

Al respecto, en su informe rendido el 20 de abril de 2018, la CEAV indicó que a efecto de atender la solicitud planteada, solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación indicara su postura respecto a la solicitud de V2 para realizar el mencionado viaje. El Representante Social de la Federación informó a la Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delito de la CEAV que no existía inconveniente alguno para que V2 realizara el viaje solicitado a su país de origen.

A pesar de ello, personal de la CEAV no dio una respuesta a la víctima. La petición fue retomada en la resolución sobre la reparación del daño de 30 de agosto de 2018, en que la CEAV refirió que solicitaría nuevamente al agente del Ministerio Público de la Federación determinar la viabilidad para que la peticionaria viajara a su país de origen.

En ese tenor, este Organismo Nacional considera que la diligencia propuesta por segunda ocasión constituye una práctica burocrática dilatoria injustificada por parte de la CEAV, que violentó el derecho de V2 a la reunificación familiar establecida en la Ley General de Víctimas.

En suma a lo ya mencionado, el 9 de marzo de 2016 Q hizo del conocimiento de la CEAV la solicitud expresa de reservar la identidad de V2, y pidió que en actuaciones posteriores al referirse a ella, se utilizara su nombre clave de identidad reservada. El 26 de octubre de 2016, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada informó al titular de la CEAV, que a V2 se le había reservado su identidad dentro de la Averiguación Previa 6, por lo que, en lo subsecuente, se usaría el nombre clave que le fue designado para tales efectos, a pesar de ello, a pesar de ello, en diversos trámites, personal de la CEAV uso el nombre de V2 y no su seudónimo, por lo que se concluyó que personas servidoras públicas de la CEAV omitieron proteger la identidad de V2, al no llevar a cabo acciones para garantizar que el nombre de la víctima de trata de personas fuera resguardado.

Asimismo, este Organismo Nacional pudo constatar que el flujo de la información entre el personal de la CEAV y las víctimas no era el adecuado, tal como se desprende del hecho que ninguna persona servidora pública de la CEAV le había detallado qué podía adquirir y qué no, por lo que al no hacerlo provocó que V1, por desconocimiento, gastara su dinero en productos que no le serían pagados, derivado de ello, se considera que el personal de la CEAV trasgredió su derecho “a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley”.

En cuanto a la compensación subsidiaria, esta Comisión Nacional observó que el tiempo que le llevó a la CEAV resolver al respecto a favor de V1 y V2 fue igualmente excesivo, pues la petición de las mismas fue formulada desde el 17 de agosto de 2017 por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada, tomándole a la CEAV un año para resolver, lo cual vulneró su derecho de ser “reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante”.

De igual manera, se acreditaron omisiones respecto al tema de la educación de V1 y V2, pues se observó la falta de respuesta a sus solicitudes para el incremento en el apoyo que se les otorgaba, con el objetivo de cubrir los gastos de transporte, libros y material necesario para dar seguimiento a sus cursos de inglés o en su defecto, para que se les brindara un apoyo especial.

Por otra parte, se evidenció que personal de la CEAV vulneró el derecho a la integridad personal de V2, toda vez que al acudir a las oficinas de la CEAV con el propósito de dar seguimiento a sus solicitudes relacionadas con los apoyos en materia de educación, reparación del daño y atención médica, más allá de atender las necesidades particulares de la víctima, una trabajadora social la agredió de forma verbal confrontándose con la víctima.
Finalmente, se acreditó que personal de la CEAV transgredió el interés superior de V3, ya que a pesar de que el 9 de marzo de 2016 Q solicitó brindar apoyo alimentario a V3, no fue sino hasta dos años después, el 12 de febrero de 2018, cuando resolvió procedente otorgarle una medida especial de ayuda “inmediata”.

Medidas Cautelares

Durante el ejercicio 2019, se emitieron cinco medidas cautelares en total, tres dirigidas a tres autoridades federales: Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General de la República y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y dos medidas cautelares dirigidas a dos autoridades locales: Procuraduría General de Justicia de Estado de Baja California y Procuraduría para la Defensa de los menores y la Familia del Estado de Baja California.

En el expediente CNDH/5/2019/5755/Q se solicitaron medidas cautelares a las tres autoridades federales, en favor de un joven de nacionalidad peruana víctima del delito de explotación laboral, con la finalidad de evitar daños irreparables a sus derechos humanos a la integridad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia. Dichas medidas fueron aceptadas por las instancias a quienes se le dirigieron. Actualmente el caso se encuentra en trámite y por tanto las medidas en seguimiento.

El 10 de septiembre de 2019, se solicitaron medidas cautelares a las dos autoridades estatales, en favor de dos adolescentes víctimas del delito de explotación sexual, con la finalidad de evitar daños irreparables a sus derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como el interés superior de la niñez. Dichas medidas fueron aceptadas por las instancias a quienes se le dirigieron. Actualmente el caso se encuentra en trámite y por tanto las medidas en seguimiento.

Solicitudes de Información, Estudios y Publicaciones en Materia de Trata de Personas

Una de las mayores limitantes que este Organismo Nacional ha observado en el abordaje de la trata de personas es la falta de estudios, investigaciones y diagnósticos que sean integrales y que permitan conocer la forma en la se presentan en el país. Derivado de esto la CNDH presentó el 9 de julio de este año el Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas 2019 que presenta información del periodo comprendido entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017. Se consideró como punto de partida la entrada en vigor de la Ley General, dado que estableció a nivel nacional los tipos penales en materia de trata de personas, así como las obligaciones para las autoridades de los tres niveles de gobierno en los ámbitos de prevención, persecución, cooperación, y asistencia, atención y protección a las víctimas. Para la elaboración de este documento se solicitó información a 104 autoridades federales y estatales.

El Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019 y su Resumen Ejecutivo, es un trabajo de recopilación, sistematización y análisis de información obtenida tanto de solicitudes realizadas a diversas dependencias y entidades, federales y estatales, como de otras fuentes nacionales e internacionales relacionadas con el tema que se realizó con el objetivo de brindar un panorama basado en datos concretos de los cuales se pudiera partir para estudios y reflexiones más especializadas. Es así como este documento puede ser leído desde diversas perspectivas: como una base para un análisis criminológico y/o victimológico, desde la rendición de cuentas y la implementación de políticas públicas, como una mirada al papel que tienen los medios de comunicación en la visibilización de la problemática, etcétera. 
 
El Diagnóstico cuenta con tres capítulos que pretenden, de manera conjunta, brindar una visión integral sobre una problemática en la que se presentan diversos actores y escenarios. Se parte del hecho de que las víctimas de trata de personas no son solo aquéllas que han sido identificadas por una autoridad del ámbito penal, sino que existe una importante cantidad de personas que no han sido detectadas y que, por tanto, no han tenido acceso a la justicia. De ahí que fue fundamental para este análisis, obtener información de otras fuentes que sirviera de contraste, ya sea reafirmando lo que señalan las cifras oficiales o aportando nuevos datos que pudieran servir de base para nuevas líneas de investigación.

El primer capítulo denominado “La situación de la trata de personas en México desde las cifras oficiales” presenta los datos obtenidos a través de diversas solicitudes de información en colaboración realizadas a las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas y a la entonces Procuraduría General de la República; a los órganos jurisdiccionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal; así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homologas en los estados; al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
 
Con la finalidad de completar la información que brindan las cifras oficiales en el país, en el capítulo segundo denominado “La situación de la trata de personas en México desde otras fuentes de información” se reúnen datos que han aportado actores cruciales y sin los cuales la reflexión no estaría completa. En un primer apartado, se retoman los resultados de la sistematización y análisis del monitoreo de notas periodísticas que realizó este Organismo Nacional entre enero de 2015 y julio de 2017. En un segundo apartado se abordan distintos informes, diagnósticos, artículos e investigaciones publicadas por actores de la sociedad civil que plasman su visión acerca de la trata de personas. Por último, se exponen los puntos más relevantes obtenidos de informes internacionales relativos a la materia con referencia a México publicados por la UNODC, la organización Walk Free Foundation, la Organización Internacional del Trabajo y los Departamentos de Estado y de Trabajo de los Estados Unidos de América. 
 
La respuesta que las autoridades tiene ante las obligaciones establecidas en los tratados internacionales y la normatividad nacional es también una forma de conocer la situación que guarda la trata de personas en el país, toda vez que la actuación o falta de ésta bajo criterios de debida diligencia tiene implicaciones directas en los niveles de impunidad, corrupción, acceso a las oportunidades en condiciones de igualdad y seguridad para las personas. Derivado de lo anterior, y ante la falta de un mecanismo que evaluara los avances en este rubro, este Organismo Nacional consideró importante conocer el grado de cumplimiento, para complementar el panorama que los dos primeros capítulos brindan sobre la situación de la trata de personas en México.
 
En la primera parte de este tercer capítulo se dan a conocer los resultados de las solicitudes de información que esta Comisión Nacional realizó a 17 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuentan con obligaciones establecidas en la Ley General y su Reglamento ya sea de forma individual o como parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
 
Para tener un mejor panorama de cómo se encuentra este cumplimiento, se ha dividido esta primera parte en cinco temas: 1. Prevención de los delitos en materia de trata de personas; 2. La asistencia, atención y protección a víctimas, ofendidos y testigos; 3. La investigación de los delitos en materia de trata de personas; 4. La coordinación interinstitucional; y 5. Las capacidades institucionales.
 
En el segundo apartado de este último capítulo se presenta información sobre la protección y defensa a los derechos humanos de las víctimas de trata de personas a partir del contacto que esta Comisión Nacional, a través del Programa contra la Trata de Personas adscrito a la Quinta Visitaduría General, ha tenido por medio de la tramitación de expedientes de queja, atenciones brindadas, así como de la emisión de conciliaciones y recomendaciones.

Se incluye en este Diagnóstico una sección dedicada a la Legislación Nacional que pretende situar a las y los lectores sobre los antecedentes que dieron origen a la Ley General vigente, y sobre la estructura de este ordenamiento, con la finalidad de que los capítulos que conforman este documento puedan ser comprendidos y dimensionados. También se cuenta con un apartado dirigido a explicar la metodología utilizada, y una serie de anexos complementarios.
 
Aunado a lo anterior, al final del documento se presentan las conclusiones y un apartado de recomendaciones, que pretende aportar al fortalecimiento de las acciones dirigidas a crear una política pública coordinada, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigida a cumplir las obligaciones adquiridas en los tratados internacionales ratificados por el país, y cuyo eje rector sean las personas y las comunidades, y la motivación principal, eliminar los factores que impiden a éstas desarrollar sus potenciales y capacidades para vivir libres de explotación y esclavitud.

Con la finalidad de ampliar el alcance y la difusión de la información analizada en el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, este Organismo Nacional realizó la traducción oficial al idioma inglés del Resumen Ejecutivo: Diagnosis on the Situation of Traffiking in Persons in México 2019, Executive Summary , aportando con ello al conocimiento internacional respecto a la situación de los delitos en esta materia en México.
En este contexto, la traducción del Resumen ejecutivo se hizo llegar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ya que para este Organismo Nacional es fundamental compartir todo conocimiento que se produce en materia de trata de personas, especialmente aquél que informe sobre el cumplimiento de las autoridades a sus obligaciones en materia de prevención, persecución y sanción de estos delitos, así como a la atención y protección a las víctimas.
 
 
Asimismo, se publicó el Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el cual evalúa la metodología y el contenido de los cinco informes anuales de la Comisión Intersecretarial que corresponden a los años de 2013 a 2017, en cuanto a su conformidad con los requerimientos de la calidad de información pública sobre delitos en materia de trata de personas y tiene como objetivos específicos:
 
  1. Identificar las obligaciones normativas que la LGTP, su Reglamento y el Reglamento Interno de la CITP establecen para la rendición de información pública a través de los informes anuales de la CITP;
  2. Evaluar la calidad de la información recabada y publicada por la CITP y su conformidad a estas obligaciones;
  3. Emitir recomendaciones para mejorar el proceso de recolección y la calidad de la información contenida en estos informes anuales.
 
A partir del trabajo realizado, se destacan las siguientes recomendaciones con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
 
1) Aprovechar el marco de la rendición de cuentas y transparencia (concentrado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) para establecer los criterios de calidad de información pública que ayudarían a mejorar el contenido de los informes anuales de la CITP y de los informes del PNTP.
 
2) Aprovechar la necesidad de elaborar un nuevo PNTP para desarrollar una metodología e indicadores que reconozcan los distintos delitos en materia de trata de personas tipificados en la LGTP, planteen acciones públicas en respuesta a éstos y presenten congruencia entre objetivos y la evaluación de su medición.
 
3) Promover una discusión sobre la necesidad de reformular la manera de trabajar de la CITP para enfatizar su carácter colegiado; pensar en posibles reformas de la LGTP, su Reglamento y el Reglamento Interno de la CITP que promuevan este cambio y definan mejor las obligaciones de rendición de información para los diferentes tipos de autoridades públicas participantes en la CITP.
 
4) Rediseñar la estructura de los informes anuales de la CITP para enfocarlos más en la evaluación de los avances hacia el cumplimiento de los objetivos del PNTP vigente y presentar de una manera más sistemática tanto las acciones individuales de cada autoridad participante, como las acciones colectivas de la CITP como órgano colegiado. Definir con más precisión los tipos de información que debe reportar cada autoridad participante.
 
5) Ante la ambigüedad del marco normativo respecto a las autoridades responsables de reportar la información sobre la persecución de los delitos, reforzar la obligación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (art. 89 fracción IV) de generar un banco de datos desagregado para cada uno de los delitos establecidos en la LGTP. Abrir una discusión sobre la necesidad y pertinencia de incluir estos datos en los informes anuales de la CITP.
 
6) Desarrollar un método de recolección y análisis de datos estable en el tiempo, cuyo objetivo principal sea la medición de los avances del PNTP y garantizar el acceso a dicha información para toda la ciudadanía.
 
7) Difundir los informes de manera sistematizada y accesible a la ciudadanía, agrupándolos en un mismo portal electrónico, favoreciendo su divulgación por todos los medios posibles y con las adaptaciones y traducciones que fueran necesarias para garantizar su accesibilidad.
 
8) Fortalecer la identificación de los indicadores de evaluación para el análisis de los avances anuales en los ámbitos relacionados con la prevención, persecución, coordinación interinstitucional, cooperación internacional, armonización legislativa y atención a víctimas de los delitos en materia de trata de personas.
 
9) Homologar los criterios para solicitar información a las diversas autoridades a fin de facilitar la sistematización de la misma.
 
10) Intensificar el análisis de la información obtenida para realizar productos que brinden una evaluación cualitativa de los avances en la materia evitando quedarse en una recopilación.
 
11) Fortalecer los recursos económicos y humanos para llevar a cabo los trabajos de la Comisión Intersecretarial.

Otro diagnóstico que se elaboró, fue el Diagnóstico sobre víctimas de trata de personas y las capacidades institucionales para su atención, el cual ofrece un panorama nacional, tanto de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, como de las capacidades institucionales que se tienen para su atención y protección, desde las respuestas otorgadas por las autoridades para esta materia y a partir de las experiencias que las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han tenido en la atención directa y en la canalización.

Para ello, el primer capítulo “Marco jurídico para la atención a víctimas de trata de personas” presenta los derechos de las víctimas, así como las obligaciones de las autoridades para su atención y protección, establecidos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

El segundo capítulo “Las víctimas de trata de personas identificadas por las autoridades” brinda una visión sobre el perfil de las víctimas identificadas por las autoridades de procuración de justicia de las 32 entidades federativas, así como de la Fiscalía General de la República, otorga también, información sobre la atención a las víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homologas estatales; de igual manera, presenta a las víctimas de sentencias condenatorias firmes por los delitos en materia de trata de personas en el ámbito federal y estatal.

En este capítulo se proporciona un esbozo general sobre las capacidades institucionales, que las autoridades de procuración y administración de justicia, así como de atención a víctimas, tienen para otorgar una atención y protección a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas de conformidad con las obligaciones jurídicas.

Por último, el tercer capítulo “Las víctimas de trata de personas desde la visión de las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales en México” presenta a partir de las experiencias de estos actores, un análisis respecto a la atención que desde las instituciones públicas se otorga a las víctimas de estos delitos.

Este Diagnóstico busca hacer visible a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas en una temática que, tanto a nivel internacional como nacional, se ha focalizado en la persecución. Es necesario evaluar las capacidades existentes para la atención a las víctimas y contrastarla con la información que sobre ellas se tiene, sus necesidades y características particulares, de modo que se aseguren los derechos que tanto los instrumentos internacionales como los nacionales les reconocen.

De igual manera, se publicó el Guion teatral Tu mentira, mismo que surge de la Radionovela del mismo nombre, elaborada por este Organismo Nacional, con la finalidad de que esta obra de teatro sea una herramienta didáctica que pueda ser utilizada por educadores, organizaciones de la sociedad civil, compañías teatrales, etcétera, para que de una manera lúdica se reflexione sobre las causas estructurales, así como las formas de enganche en la trata de personas, específicamente con fines de explotación sexual de mujeres.

Se desarrolló también el Protocolo para la detección de posibles víctimas de trata de personas en la prestación de servicios aéreos, el cual se encuentra basado en una colaboración realizada entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México con la aerolínea Aeroméxico.

Se plantea como una base para que pueda ser retomado por los miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) en sus países. Contiene conceptos generales e internacionales que son aplicables a cualquier país, y otros que deberán de ser adaptados, por ejemplo, lo relativo al marco jurídico nacional. Si bien los indicadores de detección son también de aplicación general, pueden adecuarse a situaciones particulares de la región.

El Protocolo se divide en 3 capítulos. El primero ofrece una introducción conceptual a la trata de personas, desde la visión internacional contenida en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; además, brinda información sobre el número de víctimas detectadas a nivel mundial y de los tratantes, así como de los derechos que tienen las víctimas de trata de personas; por último, aborda el marco jurídico nacional, en este caso, de México.

El segundo capítulo se enfoca en la detección, sus implicaciones y la responsabilidad del personal de la Aerolínea. Ofrece indicadores a seguir ante la detección de posibles víctimas de trata de personas por parte del personal en tierra (agentes de servicio al cliente) tripulantes (pilotos y sobrecargos). En este capítulo se observarán apartados destinados a establecer los procedimientos para cada parte del personal que deberán trabajarse directamente con la Aerolínea y sus áreas de seguridad de implementación de manuales. Sin embargo, se incluyen algunas sugerencias genéricas. En este capítulo se señala el papel que debe tener la institución pública de derechos humanos en este protocolo.

Por último, en el tercer capítulo se incluye un breve temario sobre los aspectos mínimos que debe contener la capacitación al personal de la Aerolínea en la implementación de este Protocolo.

El Manual de orientaciones y herramientas para prevenir la trata de personas en la comunidad educativa fue elaborado a partir de una colaboración entre esta Comisión Nacional y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollos Local A.C., tiene como objetivo brindar información y una serie de orientaciones prácticas que puedan ser utilizadas por las y los docentes, personal que labora en escuelas, madres y padres de familia y otros miembros de la comunidad educadora interesados en promover acciones de prevención y autocuidado dirigidas a evitar que los niños, niñas y adolescentes eviten ser víctimas de trata de personas, pero también para que rompan con patrones que normalizan la explotación humana en todas sus modalidades.
El primer capítulo tiene como objetivo que las personas interesadas en implementar este Manual comprendan qué es la trata de personas. Se abordan aspectos fundamentales tales como su definición, tipificación, los elementos que la conforman, así como el papel y las finalidades de los victimarios. También contiene algunas cifras a nivel internacional y nacional que permiten dimensionar la trata de personas, mismas que se complementan con la información del capítulo 2 relativa a la situación de muchos niños, niñas y adolescentes que, en función del grupo social al que pertenecen, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El tercer y último capítulo aporta una serie de recursos que pueden ser retomados e integrados en las actividades que realizan las y los docentes con el apoyo de los demás integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, ubica los ordenamientos legales que indican las obligaciones del Gobierno en la prevención de la trata de personas en las escuelas a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
 
 
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