El 11 de mayo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó a la opinión pública el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. El objetivo general de este informe especial consistió en analizar las causas, las manifestaciones y las principales problemáticas del DFI en México, con el fin de proponer medidas y acciones para la protección de personas desplazadas que son víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos. Para cumplir con ese objetivo, personal de la CNDH acudió a diferentes puntos de la República Mexicana a realizar entrevistas y recabar testimonios respecto al DFI, y solicitó también información a diversas autoridades federales y estatales.
 
En el Informe se abordan algunas de las causas más conocidas que han provocado desplazamiento en los últimos 50 años, como es el caso del DFI por temas religiosos, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, grupos de autodefensa, actividad periodística en México y proyectos de desarrollo. Igualmente, recoge testimonios de desplazamientos ocurridos en los últimos años en varios estados de la República Mexicana.
 
La información obtenida pone de relieve una característica importante y preocupante acerca del fenómeno de DFI con motivo de la violencia en México: la invisibilización del problema y de las víctimas. Si las personas que han sido víctimas de violencia omiten acudir ante las instituciones de seguridad pública o de persecución del delito a denunciar los actos cometidos en su contra, y hacer de su conocimiento su intención de desplazarse o de haberlo hecho por las amenazas sufridas o el temor fundado, las posibilidades de que las autoridades puedan ejercer sus facultades correspondientes en la materia son mínimas, ante la imposibilidad para conocer y dimensionar el problema adecuadamente.
 
En cuanto a las cifras presentadas en el informe, los testimonios recabados para la elaboración del mismo dan cuenta de 1,784 personas que dijeron haberse desplazado de manera forzada. Además, se detectaron 35,433 personas víctimas de DFI de manera referenciada, ya sea por servidores públicos, por las propias víctimas de desplazamiento o por personas que no eran víctimas. Por su parte, varias autoridades estatales y municipales (incluidos los OPDH) informaron haber identificado la existencia de unas 37,062 personas víctimas de DFI entre los años 2013 y 2015 en sus respectivos territorios. Finalmente, destacan alrededor de 4,554 personas (1,177 familias) víctimas de DFI en el estado de Sinaloa, identificadas en un expediente de queja que actualmente integra la CNDH, así como las 16,092 personas indígenas desplazadas (5,364 familias) atendidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre 2006 y 2013. Estas cifras deben considerarse sólo como una muestra de la magnitud de la problemática del DFI en México.
 
El Informe Especial concluye, entre otras cuestiones, que las autoridades del Estado Mexicano están obligadas a proporcionar atención a las víctimas de manera prioritaria para proteger sus derechos y para generar soluciones duraderas para atender la problemática.