I. Directriz Institucional

La estrategias principales de la CNDH que marcan la directriz institucional se encuentran reflejadas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, a fin de proporcionar una mejor atención a las víctimas de los derechos humanos. Desde el inicio de la actual gestión a la fecha, se han realizado acciones relevantes como parte de la transformación de la vida institucional, a fin de lograr una mejora continua a nivel de procesos, estructura organizacional y resultados, que generen un mayor impacto en las víctimas y en todas aquellas personas en riesgo de serlo. En este sentido, se han implementado medidas a nivel funcional, programático y presupuestario, considerando los lineamientos de austeridad. Asimismo, se ha impulsado la optimización y sistematización de los procedimientos para hacer más eficiente la labor de las áreas sustantivas, evitando la duplicidad de funciones y la burocratización. De la misma manera, se ha fortalecido la vinculación, de manera directa, con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con múltiples actores relacionados con los derechos humanos, desde la sociedad civil hasta las instituciones públicas, privilegiando a las personas y estableciendo estrategias a fin de garantizar la mayor protección y defensa de las víctimas.

La CNDH busca tener un mayor acercamiento con las víctimas, escucharlas, entender su proceso que estan viviendo, para proporcionarles mecanismos de protección, defensa de sus derechos humanos, así como asegurar las garantías de no repetición. El objetivo es hacer más con menos, generando un mayor impacto en las víctimas y brindando atención a todas las personas, sin prejuicios ni distinciones y con el compromiso de defender sus derechos humanos. Vamos en el camino correcto hacia la transformación de la CNDH en una auténtica Defensoría de los Derechos del Pueblo.

Plan Estratégico de Cultura de Paz y Derechos Humanos

La Estrategia de Cultura de Paz y Derechos Humanos, anunciada en septiembre de 2022, plantea orientar el trabajo de la CNDH con un enfoque innovador, orientado a la construcción de una verdadera cultura de paz, de manera que, además de cumplimentar mejor su tarea de protección y defensa de los derechos humanos, abone, con el ejercicio progresivo de sus facultades, a la prevención de la conflictividad social y la pacificación del país.

El Plan involucra a todas las áreas de la CNDH, y tiene el objetivo de contribuir a la construcción y consolidación de una cultura de paz y derechos humanos por medio del despliegue de todos sus recursos que la ley le otorga, además de las medidas cautelares, las acciones de inconstitucionalidad, los informes especiales y las recomendaciones, incorporar iniciativas y acciones preventivas, sobre todo, con el fin de anticipar soluciones a los grandes desafíos que, de otro modo, pueden desembocar en violaciones a los derechos humanos.

En México venimos de una larga historia de violencia que nos ha llevado a situaciones altamente críticas y a que, en ocasiones, la sociedad quede inerme, lo que hace que actualmente el reclamo de reducir la violencia y transitar hacia la pacificación sea deseable y urgente.

Desde ese punto de vista, esta Comisión Nacional reconoce la actual estrategia gubernamental y los avances por ella obtenidos, tanto en la reducción de la incidencia delictiva como en la erradicación de las causas estructurales que originan la violencia, pero asume, también, que los desafíos son tan grandes como la problemática generada por décadas de deterioro. Por esa razón, en el debate nacional que suscitó la reforma legal que otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por otros dos años más, fiel a su compromiso con el pueblo y entendiendo que la principal preocupación de las y los mexicanos es su seguridad, la CNDH optó por dar inicio al Plan Estratégico, con la previsión de que a inicios del 2024 lo someterá a una evaluación de sus resultados, así como del balance de sus alcances, en apego a nuestra Constitución y a los criterios internacionales reconocidos y suscritos por el Estado mexicano.

Creemos que los fenómenos de la criminalidad y violencia se asocian a diversos factores: tanto al aumento de las desigualdades, la pobreza, el analfabetismo, la discriminación y el racismo, como a la insuficiencia institucional para enfrentarlos, condiciones enunciadas en la “Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”, aprobada el 6 de octubre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello, una política adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida, en primer lugar, como parte del conjunto de los esfuerzos del Estado por avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades, y como parte del esfuerzo de fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y las libertades públicas.

Los dos años que vienen serán de grandes desafíos. Las mejores prácticas seguidas en varios países al resolver el dilema entre derechos humanos y combate a la criminalidad, han sido el promover el diálogo fructífero y abierto entre sociedad y Estado y, más precisamente, privilegiar la mejora de las condiciones de vida, y por ende la normalización de estas, para la mayoría de la población, el entendido de que el derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos.

No olvidemos que el disfrute de los derechos humanos está indisolublemente relacionado a la forma mediante la cual las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia o de las violencias que puedan manifestarse en su seno.

Hay que reconocer así que, en mucho, los métodos tradicionales de enfrentamiento del delito que todavía imperan en la región han sido rebasados por la realidad; que se requieren respuestas adecuadas a los tiempos y a la altura de las nuevas dificultades que la complejidad del problema en nuestros países demanda. Así que una política de seguridad ciudadana debe ser consensuada y transparente en su formulación, moderna en sus concepciones, actualizada en sus procedimientos y además recurrir a lo más avanzado de la ciencia y la tecnología.

Por eso resultan de suma importancia y trascendencia las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Sin dejar de atender la urgencia de los tiempos excepcionales que vivimos, pero que son transitorios, es indispensable poner en práctica paulatinamente políticas y cambios normativos que garanticen la eficacia en el combate a la violencia generada por el crimen organizado pero también para que, en los plazos establecidos, lleven a la separación nítida de funciones entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía, asumiendo que son los segundos los que tienen la misión específica de hacerse cargo de la preservación de la seguridad interna y enfrentar el delito.

Es un hecho que, bajo el contexto actual, y a pesar de los esfuerzos, los cuerpos de policía adolecen de graves problemas y limitaciones que debilitan su eficacia. Y el reto, entonces, es asegurar la consolidación de la Guardia Nacional sin que esto mismo pase, como ya pasó con la Policía Federal, de tal suerte que, al parejo que se trabaje en la pacificación del país, se avance en la solidez institucional que requiere adquirir la Guardia, para enfrentar los desafíos.

Por ello, si bien los estándares internacionales en materia de derechos humanos son un marco para otorgar la protección más amplia a las personas; de acuerdo a lo establecido por la CIDH, estos también mencionan que, en situaciones como por las que pasa el país, si bien los Estados parte de las Convenciones podrían desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna. Supuesto que se cumple en el caso de las reformas aprobadas, de tal suerte que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA atiende a los parámetros tanto nacionales como internacionales de los derechos humanos, porque ser extraordinaria; subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la SEDENA, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para mejorar protocolos y normativas, de manera que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes, y desde luego su actuación, con un enfoque de derechos humanos.

Desde la CNDH creemos que la Guardia Nacional debe contar con un enfoque diferenciado de formación al de las fuerzas armadas, pues su incorporación a la SEDENA no significa que se cuente con los mismos planes de capacitación. Por lo que en el año que se da cuenta empezamos a desarrollar un amplio programa de educación, que abone a su desempeño en el terreno, frente a la ciudadanía y ante el crimen organizado que nos acecha; contar con los elementos que, a partir del conocimiento de los derechos humanos, les permita diferenciar el tipo de acción a llevar a cabo y en qué medida puede resultar violatoria de derechos, aunado a un marco que dé certeza a sus actuaciones.

Por esa y otras muchas razones, esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, no interpuso Acción de Inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Senado y decidimos sumarnos a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas desde luego, que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan, pero también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones.

Tomamos como referente la “Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz” de la ONU, arriba enunciada, donde se define a la Cultura de Paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:

• El respeto a la vida, el fin de la violencia y el fomento y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;

• El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;

• El respecto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

• El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;

• Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras;

• El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;

• El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres;

Desde la CNDH tenemos claridad en la misión que implica la necesaria y urgente construcción de una Cultura de Paz para México: desde el ejercicio de nuestras facultades, mediante la atención de las quejas de las violaciones a derechos humanos, nos pronunciaremos oportuna y eficazmente sobre ellas mediante los instrumentos con que cuenta la CNDH; y además, impulsar el desarrollo de iniciativas educativas y divulgativas, pero fundamentalmente acciones preventivas, junto con las autoridades, que contribuyan a la construcción y consolidación de una cultura de paz.

Esto implica abonar a la Estrategia Nacional de Seguridad relacionada con la aplicación de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, y las ocho medidas que se recomiendan: promoción de la educación para la paz; impulso del desarrollo económico y social sostenible; alentar el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación democrática, así como la lucha contra la inseguridad, la violencia y la corrupción; promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad en toda la sociedad, en particular con los grupos vulnerables; velar por la libertad prensa, de información y comunicación; y promover la paz y seguridad internacionales.

Con el Plan Estratégico Institucional de Cultura de Paz y Derechos Humanos iniciado en septiembre de 2022, pretendemos abonar al fortalecimiento de la estrategia nacional de pacificación, mediante el despliegue, con criterio de progresividad, de las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna a la CNDH.

Con la implementación de este Plan, estaremos estableciendo diversas dinámicas e interacciones con autoridades, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y población en general, para impactar directamente ahí donde se origina la violencia.