Diagnóstico de los Derechos Humanos de las Personas en Situación Víctimas Las personas en situación de víctimas por delitos y/o violaciones a derechos humanos, en su recorrido institucional para exigir acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, también han sufrido afectación en su salud, incluso algunas de ellas que no se detuvieron para resguardarse aún a sabiendas del riesgo que corrían perdieron la vida por la pandemia por COVID-19, además han enfrentado una parálisis parcial administrativa y judicial, ya que ahora muchos de los servicios y trámites jurídicos son a distancia de manera virtual, circunstancia que ha propiciado que se mantenga, e incluso en algunos rubros se ha agravado, la problemática que en materia de víctimas priva en el país. Esta realidad que no sabemos cuándo será superada en su totalidad, aunque motivada por una causa de fuerza mayor que trasciende todo tipo de previsiones, ha propiciado dilación en el trámite de los casos de las personas en situación de víctimas y la victimización institucional de éstas obliga a las propias instituciones y poderes públicos, así como a la CNDH, a su comprensión y, consecuentemente, a realizar los ajustes necesarios a su quehacer institucional para superarla y abonar a la observancia de los derechos humanos en el país. En este sentido, la CNDH ha impulsado el fortalecimiento de los servicios de orientación jurídica, atención psicológica, información, canalización y acompañamiento que se brindan a las personas en situación de víctimas; asimismo, como un proceso de mejora permanente promueve su reorganización y modificación del marco normativo, así como el replanteamiento de sus acciones de trabajo, con especial énfasis en el acompañamiento a este grupo de personas de atención prioritaria, entre las que se encuentran grupos sociales históricamente desprotegidos como las mujeres, niñas y niños y personas adultas mayores, ante las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para coadyuvar en el cumplimiento de los derechos que les reconoce la Ley General de Víctimas e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Estos servicios victimológicos a personas en situación de víctimas, con enfoque psicosocial y de derechos humanos, permean el proceso de atención que la CNDH les brinda en todas las áreas que directa o indirectamente tienen esta encomienda para facilitar, en última instancia, su acceso a la justicia y a la reparación del daño, así como la recuperación de su proyecto de vida y su reinserción a la convivencia social. El Programa E006: Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos está en armonía con esta estrategia general de trabajo. En el año que se informa, replanteó sus metas privilegiando el acompañamiento presencial y seguimiento de los casos de las personas en situación de víctimas ante las instituciones públicas que tienen intervención por resultarles competencia, como fórmula para allanarles el camino hacia el acceso a la justicia y la reparación del daño, lo cual ayudará a restañar el tejido social. El Diagnóstico puede consultarse completo aquí. La CNDH en materia de Personas en Situación de Víctimas Con motivo de la aprobación del Programa Estratégico Institucional (PEI) de la CNDH 2020-2024, este Organismo Nacional ha venido impulsando un proceso de reestructuración y replanteamiento de funciones, con el que se ha buscado fortalecer la atención que se brinda a las víctimas a fin de abonar al cumplimiento de los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño que reconoce a las personas en situación de víctimas el actual marco jurídico, pero sobre todo a la recuperación de su proyecto de vida. Esta reorientación sustantiva en la actuación de la CNDH, ha implicado redireccionar diversos recursos y esfuerzos a la atención de las víctimas, debido a que el actual escenario nacional que muestra una disociación entre lo que establece el marco normativo y el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de víctimas, demanda una Comisión Nacional más proactiva que, en el ámbito de sus atribuciones, brinde acompañamiento a las víctimas en la ruta de atención que en cada caso sea trazada. En virtud de este renovado compromiso con las personas en situación de víctimas, la CNDH desde el año 2000, y como parte de las acciones para atender lo encomendado a los organismos públicos de derechos humanos en la LGV, cuenta con el ahora denominado Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (PROVÍCTIMA), que ha operado ininterrumpidamente proporcionando a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, primordialmente, orientación jurídica, atención psicológica de urgencia, así como acompañamiento ante las instituciones públicas competentes para que se les facilite la ayuda que necesitan. Lo anterior se lleva a cabo aun cuando la atención integral en el nuevo modelo nacional es una obligación de las comisiones de víctimas locales y federal, así como de las instituciones públicas que forman parte del SNAV. En el nuevo marco de actuación, este Organismo Nacional, a través de PROVÍCTIMA, hasta julio de 2021 realizó actividades de promoción de los derechos de este grupo de personas de atención prioritaria, elaboró y distribuyó materiales de difusión sobre dicha temática y estableció vínculos con instituciones públicas y privadas que forman parte del SNAV, a fin de concertar acciones conjuntas, así como con organizaciones sociales y colectivos de víctimas para realizar acompañamientos y reuniones de trabajo encaminadas a supervisar la observancia de sus derechos. A partir de entonces, ha concentrado sus esfuerzos en la atención a víctimas mediante el acercamiento directo y el fortalecimiento de los servicios aludidos en el párrafo anterior. Cabe señalar que en razón del proceso de reestructuración y fortalecimiento de la atención que se brinda a la personas en situación de víctimas, mismo que tiene de marco de referencia el PEI 2020-2024, en 2021 dejó de existir la Dirección de Promoción y Vinculación de PROVÍCTIMA delegando las actividades que realizaba al área competente de la CNDH, así como que el quehacer del Programa se ha ajustado a lo dispuesto en la adición del artículo 95 bis del Reglamento Interno de la CNDH (última reforma incorporada el 8 de octubre de 2021), precepto legal del que se desprende que el ahora Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, “…desde el momento de la presentación de la queja, en los casos en que se requiera, realizará el acompañamiento a las víctimas y sus familiares ; es decir, que las 24 horas del día, en todas las Oficialías de Partes de la Institución se habilitarán espacios para que personal del programa atienda los requerimientos de las víctimas”. Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Víctimas Ante el inacabado proceso de implementación de la Ley General de Víctimas y del establecimiento y efectiva operatividad del SNAV, este Organismo Nacional coadyuvó en la asistencia a las personas en situación de víctimas, proporcionándoles orientación jurídica, apoyo psicológico a través de la atención en crisis y/o psicoterapia breve y, cuando el caso lo ameritó, acompañamiento, así como canalización ante instituciones competentes que aporten al proceso de atención a las personas en situación de víctimas e información. De tal forma que este Organismo Nacional se ha convertido en un puente entre las víctimas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y entre las instituciones públicas de las esferas federal y local que forman parte del SNAV para la facilitación de los servicios requeridos. La prestación de dichos servicios no se vio interrumpida durante la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, la cual continuó generando efectos negativos en el acceso a la justicia de las víctimas. Además, los servicios fueron proporcionados con especial énfasis en las personas que aunado a la victimización suman alguna otra condición de vulnerabilidad en los términos que se describen en el siguiente cuadro:[1] Delito y/o Violación a Derechos Humanos Personas en situación de víctimas Victimización (Daño individual y/o colectivo: físico, psicológico, patrimonial, entre otros) Condición de vulnerabilidad: “(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.” Causas de vulnerabilidad: “(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.” [2] En materia penal, según las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se consideran en esta categoría aquellas víctimas del delito y, con motivo de la aprobación de la LGV en 2013, cabe hacerlo extensivo a las víctimas de violaciones a derechos humanos, que cuenten con alguna relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados del hecho victimizaste experimentado o de su contacto con el sistema de justicia (victimización institucional), o para hacer frente a los riesgos de sufrir una nueva victimización. En consecuencia, en el marco del eje relativo a la atención victimológica, durante 2021 se aperturaron 2,900 expedientes, de los cuales se concluyeron 2,926 - incluidos 26 correspondientes al año 2020-, lo cual implicó la atención de 3,133 personas: 1,912 mujeres, 1,207 hombres, un adolescente hombre, un adolescente mujer, siete niños y cinco niñas. A continuación se desglosa la vía de acceso y naturaleza de los casos materia de los expedientes aperturados: Vía de acceso de los asuntos PROVÍCTIMA/TEL 164 PROVÍCTIMA/WEB 1,415 PROVÍCTIMA/SEDE 30 PROVÍCTIMA/VA 1,215 PROVÍCTIMA/ESCRITO 76 TOTAL 2,900 Naturaleza jurídica de los casos atendidos Otras materias 2,569 Penal 331 TOTAL 2,900 Asuntos Penales Víctimas 307 Inculpados 24 TOTAL 331 En los asuntos de naturaleza penal el 92.75% fue planteado por las víctimas directas o sus familiares y el 7.25% por las personas inculpadas. Lo anterior, originó que se proporcionaran 4,390 servicios victimológicos de los que 2,710 fueron orientaciones jurídicas, 165 atenciones psicológicas, 1,184 requerimientos de información, 199 acompañamientos y 132 canalizaciones a instituciones públicas, dirigidas éstas últimas a 289 personas: 219 mujeres y 58 hombres, así como cinco niñas y siete niños. Servicios proporcionados Orientación jurídica 2,710 Atención psicológica 165 Información 1,184 Acompañamiento 199 Canalizaciones 132 TOTAL 4,390 Hay asuntos en los que se proporcionó más de un servicio. Las canalizaciones fueron dirigidas a 259 personas: 219 mujeres, 58 hombres y un niño. Cabe destacar el “Programa intensivo de promoción, información y orientación jurídica en materia de derechos humanos”, implementado con la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), que permitió brindar orientación jurídica a 1,892 mujeres y hombres jóvenes, universitarios[3] , acerca de los delitos y hechos violatorios a los derechos humanos que se presentan con mayor frecuencia en su espacio educativo, así como proporcionar información sobre las instituciones públicas de apoyo a personas en situación de víctimas instaladas en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero e Hidalgo, donde se ubican las Universidades Tecnológicas y Politécnicas con las que se trabajó. Asimismo, destacan las brigadas en campo de orientación jurídica con enfoque preventivo que, desarrolladas principalmente en la Ciudad de México, a través de las cuales se entrevistó y brindó orientación jurídica a 1,160 personas, quienes se encontraban esperando para ser atendidas o salían de las agencias del ministerio público, clínicas, hospitales, centros de readaptación social y del Centro de Atención a Víctimas de la CEAV, de las cuales 754 son mujeres y 406 hombres. . Esta actividad cumple con la finalidad de prevenir tanto violaciones a derechos humanos como la revictimización, y en caso de haber ocurrido se brinda la orientación necesaria para que interpongan una queja ante la instancia correspondiente. Lo anterior, en el marco del Programa Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 de este Organismo Nacional, que coloca a las personas en situación de víctimas en el centro de su actuación, para lo cual incluyó como una de sus acciones prioritarias, el fortalecimiento de los servicios que esta Comisión Nacional les proporciona, destacando además los acompañamientos realizados a las personas en situación de víctimas (hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes), los cuales abonan sustancialmente a garantizar la observancia de sus derechos ante los órganos de procuración de justicia; instituciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres; hospitales públicos; organismos públicos de derechos humanos; comisiones de víctimas; entre otras, de los ámbitos federal y local, que forman parte del SNAV, con el objeto de que se atiendan las necesidades inmediatas derivadas del delito y/o violación a derechos humanos y se les brinden apoyos subsecuentes, así como que se les facilite el acceso a la justicia, a la verdad y, en su caso, a la reparación del daño. Con estas acciones, la CNDH participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos como en la prevención de éstas, al proporcionarles orientación jurídica, atención psicológica, canalización y acompañamiento e información sobre los derechos que les reconoce el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como sobre los mecanismos e instituciones existentes para su defensa. [1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Acceso a la justicia en tiempos de cuarentena. “También debe reconocerse claramente que la cuarentena inducida por COVID-19 ha creado repercusiones perjudiciales en las actividades judiciales. En todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 han impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia. La mayoría de los casos judiciales son, o serán, inevitablemente diferidos, si no paralizados.”, vínculo electrónico https://www.unodc.org/dohadeclaration/es/news/2020/03/access-to-justice-in-times-of-judicial-lockdown.html [2] Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia del 4 al 6 de marzo de 2008, vínculo electrónico https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf [3] “Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos. Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.” Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada en la Ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, en vigor a partir del 1 de marzo de 2008. Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Personas en Situación de Víctimas La CNDH es un organismo constitucional autónomo que rige su actuación a través de su Ley y Reglamento, sin embargo, en materia de víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos este marco normativo no se aplica de manera aislada, se complementa con otros ordenamientos, principalmente, con la LGV expedida en 2013, de la que se desprende que este Organismo Nacional forma parte del SNAV, de donde emanan los mecanismos e instrumentos de la política pública nacional de atención a víctimas para su implementación. En consecuencia, el quehacer institucional de la CNDH -como el resto de las instituciones que forman parte del SNAV- debe tener un nexo causal con los mecanismos e instrumentos generados como parte de la política pública nacional de atención a víctimas, cuya adecuada implementación depende de la alineación de programas, objetivos, estrategias y acciones -en el marco de la competencia de cada institución que forma parte del SNAV- a dichos mecanismos, así como del trabajo coordinado para alcanzar los resultados trazados. En ese sentido, a través de Províctima se efectuaron 71 vinculaciones con instituciones públicas, organizaciones sociales, colectivos y familiares de víctimas, en diversas entidades federativas del país, principalmente en la Ciudad de México, para concertar acciones conjuntas, de las cuales 54 se realizaron a distancia. De este tipo de actividades destacan las reuniones con las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México, Durango, Nayarit, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas, en las que participaron la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), para abonar al acceso a la justicia y a exigencia legítima de los deudos a la reparación del daño. Asimismo, la asistencia a reuniones entre víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos y la CEAV, para la regularización de la entrega de medidas de asistencia y apoyo o, en su caso, la determinación de la reparación del daño, especialmente con motivo de la desaparición del Fondo de Asistencia, Apoyo y Reparación Integral (FAARI), la cual se materializó con la reforma a la LGV publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, misma que surtió plenamente sus efectos en el año 2021, lo cual para el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y los colectivos Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Familias Unidas Por Nayarit y Familias Unidas en Busca de una Esperanza, entre otros, implicó un retroceso en materia de víctimas. Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Víctimas La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (ENVIPE), elaborada con datos del año 2019, refiere que en esa anualidad se cometieron 30.3 millones de delitos, que impactaron a 22.3 millones de víctimas, lo cual representa una taza de 24,849 víctimas de delitos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la ENVIPE revela que la cifra negra de delitos no denunciados a nivel nacional fue de 92.4 %, identificando que los principales motivos por los que las personas en situación de víctimas no denuncian son atribuibles a la autoridad y que entre ellos destacan, en un 36.3 % la consideración de la denuncia como una pérdida de tiempo y en 15% la desconfianza hacia la autoridad. En materia de violaciones a derechos humanos, del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2020, se desprende que durante 2019, se reportaron 28,471 hechos presuntamente violatorios registrados, los cuales victimizaron a 27,850 víctimas (personas agraviadas), mientras que en los Organismos Públicos de Derechos Humanos, en las entidades federativas, se reportó un total de 157,322 hechos de esta naturaleza, en agravio de 109, 998 personas en situación de víctimas. En este sentido, se debe continuar difundiendo entre la sociedad el contenido y alcance de la Ley General de Víctimas y sus modificaciones, la última implicó la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) [4] y la creación de los Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) [5], y del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de otros ordenamientos que integran el marco jurídico protector de los derechos humanos de este grupo en condición de vulnerabilidad, para coadyuvar en el fortalecimiento de una cultura de respeto y en observancia. Por ello, y ante el desconocimiento general del marco jurídico nacional e internacional protector de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, este Organismo Nacional redobló esfuerzos en la implementación de actividades de toma de conciencia, con vertiente informativa, de especialización o actualización, tales como cursos, talleres, conferencias, foros, por mencionar algunas, a fin de difundir los derechos humanos de ese grupo de atención prioritaria, prevenir su victimización secundaria, informar sobre las obligaciones del Estado y contribuir a la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas. En ese sentido, en materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en el periodo que se reporta se realizaron 26 eventos de promoción sobre derechos de las víctimas, en modalidad a distancia, en los que se contó con la participación de 3,375 asistentes, entre personas servidoras públicas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas. Se precisa que en el anexo correspondiente se incluyen las entidades federativas en las que se desarrollaron las actividades de promoción sin que ello implique que las personas servidoras públicas y/o público en general impactado resida en dicha entidad. Entre las temáticas abordadas destacan las relativas a Derechos humanos y perspectiva de género; Derechos de personas en situación de víctimas y en materia de violencia contra la mujer; Tipos y modalidades de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes; Derechos de las niñas, niños y adolescentes; Tipos y modalidades de violencia; Principios que rigen los derechos humanos; Introducción a los derechos humanos y violencia de género; Prevención de la Tortura; Mujeres víctimas de desplazamiento interno y desaparición forzada; Uso de la Fuerza; Atención a Víctimas; Atención a Personas Migrantes. Cabe resaltar la colaboración entre la CNDH y la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instancia del Gobierno Federal que impulsa diversas acciones para fortalecer los mecanismos de coordinación con la Fiscalía General de la República, las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) y la Policía Federal, a fin de vincular los esfuerzos que se realizan en el combate a este ilícito, para compartir con su personal información sobre los instrumentos internacionales y la legislación nacional en materia de tortura, como una medida para su prevención y un marco de referencia para la atención de las personas que han resultado agraviadas con motivo de esta grave violación a derechos humanos. Por otro lado, esta Comisión Nacional, a través del Programa de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos (PROVÍCTIMA), con el objeto de ampliar los vínculos de colaboración con colectivos de víctimas integrados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales vinculadas al tema, así como de proporcionar información sobre sus derechos y evaluar la intervención de las instituciones en los ámbitos federal y local en la atención de ese flagelo, realizó cuatro acompañamientos con instituciones públicas del ámbito federal y local, así como con colectivos, familiares de personas desaparecidas y con organizaciones sociales vinculadas al tema. También es de subrayar la realización de diversas actividades orientadas a promover el respeto de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, en general, los mecanismos legales para su protección y el enfoque que debe darse a la atención victimológica en los casos relacionados con este grupo de atención prioritaria. Lo anterior, motivado por la impunidad en el tema de violencia contra las mujeres, la cual alcanza niveles alarmantes en América Latina y el Caribe, pues según ONU Mujeres México: “Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio están en América Latina y Caribe y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia de acuerdo con la OMS. El femicidio y la violencia sexual están estrechamente vinculados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora la mujer”. [6] Además, “… los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar”. [7] En este sentido, destaca la realización de diversas actividades orientadas a promover el respeto de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, en general, los mecanismos legales para su protección y el enfoque que debe darse a la atención victimológica en los casos relacionados con este grupo de atención prioritaria. [4] Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 6 de noviembre del 2020. [5] Lineamientos para el Otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) a Personas en Situación de Víctimas, publicados en el Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2021. [6] ONU Mujeres, vínculo electrónico https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/08/feminicidios-violencia-mujeres [7] ONU Mujeres, vínculo electrónico https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19 Divulgación de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Víctimas A fin de difundir el contenido y alcance de la Ley General de Víctimas y, en general, del marco jurídico protector de los derechos humanos de las víctimas, sensibilizar a la población en general y coadyuvar en el fortalecimiento de una cultura de respeto y observancia a los mismos, se revisaron y actualizaron 5 materiales de divulgación, cuyos contenidos fueron enviados al CENADEH para el correspondiente proceso editorial. Asimismo, se distribuyeron 16,700 materiales -trípticos- en diversas entidades federativas del país.
