Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Antecedentes Desde la antigüedad se han distinguido diversos modelos de tratamiento hacia las personas con discapacidad, se creía que el origen de la discapacidad tenía justificación religiosa y se ejercían tratamientos eugenésicos y de marginación, con la consideración de que “las personas con discapacidad no tenían nada que aportar a la sociedad”. Posteriormente, se consideró la necesidad de “curar” o “normalizar” a las personas con discapacidad a fin de que fueran integradas a la sociedad desde un modelo médico-rehabilitador que implicaba su institucionalización forzada que, contrario a la finalidad buscada, generó mala percepción, dependencia y segregación de las personas con discapacidad. Como resultado de una larga lucha encabezada por personas con discapacidad y de organizaciones de la sociedad civil que buscaban la consideración de dichas personas como sujetos plenos de derechos y obligaciones, se adoptó el modelo social con el cual se logró que la discapacidad dejara de ser vista exclusivamente como “enfermedad” y/o un tema de salud para ser de interés colectivo y social. En este modelo las causas de la discapacidad se entienden directamente relacionadas con las barreras impuestas por la propia sociedad y se basa en la búsqueda de su inclusión mediante la igualdad de oportunidades. Al modelo social se sumó con posterioridad el enfoque de Derechos Humanos, dando origen a un nuevo modelo de atención para las personas con discapacidad en el que la actuación conjunta entre éstas, la sociedad y las instancias gubernamentales es fundamental para la eliminación de las barreras que impiden su plena inclusión, por lo que enfatiza el empoderamiento de las personas con discapacidad, bajo la concepción de que deben ser incluidas a la sociedad no por caridad, sino por derecho y aspira a potenciar el respeto a su dignidad humana, a la igualdad y a la libertad individual. Con dicha concepción, el Estado mexicano hizo un llamado ante la 56° Asamblea General de las Naciones Unidas para que se adoptara un tratado internacional que comprometiera a los Estados parte a adoptar medidas que garantizaran el pleno disfrute de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y facilitaran su plena inclusión. Lo anterior motivo la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual se abrió a firma el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Este instrumento internacional representa la culminación de cinco años de negociaciones y decenios de lucha por parte de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan para garantizar los derechos de ese colectivo. La entrada en vigor de la Convención significa un cambio de paradigma en el trato de las personas con discapacidad: se ha pasado de una perspectiva médica o caritativa a un enfoque de Derechos Humanos que vela por que las personas con discapacidad tengan acceso y puedan participar en las decisiones que influyen en su vida y solicitar reparación del daño en caso de que se violen sus derechos. Por su parte, para dar cumplimiento al artículo 33.2 de la CDPD, el 21 de febrero de 2011, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el Marco encargado a nivel nacional de la promoción, la protección y la supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad integrado por los 33 Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, quienes fueron designados ante el Secretario General y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como Mecanismos de seguimiento de la Convención. Aunado a lo anterior, en mayo de 2011 se publica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto e igualdad de oportunidades. Dicha ley motivó la emisión de ordenamientos homólogos a nivel local, por lo que actualmente existen en el país una ley general en materia de inclusión de las personas con discapacidad y 32 leyes estatales, es decir, un amplio marco normativo que tutela los derechos de las personas con discapacidad. La publicación de la ley a nivel nacional dio lugar a la creación de estructuras institucionales especializadas en la atención e inclusión de las personas con discapacidad, como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), organismo público al que en observancia a lo establecido en el artículo 33 numeral 1 de la CDPD le corresponde la aplicación y coordinación de las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad. Para el fortalecimiento de las estructuras institucionales, a nivel estatal existen ocho organismos encargados de la inclusión de las personas con discapacidad, a saber, en Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. No obstante, la ineficacia de las políticas públicas en el país y su carencia de una perspectiva de inclusión, aún da lugar a frecuentes vulneraciones a los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Contexto Actual A pesar de la existencia de un amplio marco normativo que tutela los derechos de las personas con discapacidad, las estructuras institucionales especializadas en su atención se han debilitado, en gran medida, por recortes presupuestales. Así en 2019 el CONADIS sufrió una disminución de recursos de aproximadamente el 36% respecto al año anterior, a lo que se suma el hecho de que a diciembre de 2019, no se ha nombrado a la persona titular de dicho organismo. Ante ese contexto, el Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional emitió un Pronunciamiento ante las restricciones presupuestales, operativas y cambios administrativos que serían aplicables a CONADIS, IMJUVE, INAPAM e INDESOL, a través del cual expresó que la reducción o desaparición de los mencionados organismos afectarían de manera directa los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad que atienden, los cuales históricamente han sido víctimas de exclusión, discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de la población. Lo anterior, aunado a la carencia de estadísticas que revelen con certeza la realidad de las personas con discapacidad dificulta la focalización de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida. Ante ese panorama debe tomarse en cuenta que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) realizada en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estima que la prevalencia de la población con discapacidad en México es del 6.3%, es decir que en nuestro país 7.8 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia, de los cuales 54.1% son mujeres y 45.9% son hombres, quienes enfrentan múltiples barreras para gozar de todos los derechos contemplados por el orden jurídico nacional e internacional. Además, la mencionada encuesta reveló que del total de la población con discapacidad, el 52.7% presentó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas; el 39% reportó grave o severa dificultad para ver; el 19% tenía dificultad para aprender, recordar o concentrarse; el 18.4% una deficiencia para escuchar; el 17.8% para moverse o usar sus brazos o manos; el 13.8% tenía dificultad para bañarse, vestirse o comer; el 11.9% tenía problemas emocionales o mentales, y el 10.5% lo conformaban las personas con dificultades para hablar o comunicarse. Es de resaltar que una persona puede tener dificultad para hacer más de una actividad, es decir, tener más de un tipo de deficiencia, por ello, la cantidad de las diversas dificultades registradas es mayor que el número de personas con discapacidad. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), realizada en el 2017 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), reportó que del total de las personas encuestadas, el 28.9% de las personas con discapacidad había experimentado discriminación, de las cuales más de la mitad (58.3%) consideró que ocurrió en razón de su deficiencia, principalmente en los servicios de salud, en el transporte público y al interior de su familia; mientras que el 48.1% de las personas con discapacidad consultadas, manifestó que no se respetan sus derechos, 14 puntos porcentuales arriba de la misma encuesta del 2010. Además, la ENADIS informó que el 30.9% de las personas con discapacidad declaró haber tenido al menos un incidente de negación de sus derechos en los últimos cinco años. Entre las principales problemáticas declaradas por las personas con discapacidad consultadas se encuentran la falta de accesibilidad en calles, instalaciones y transportes (31.1%) y la falta de oportunidades para encontrar empleo (30%). Dicha encuesta informó que el 58% de la población entrevistada considera que los derechos de las personas con discapacidad se respetan poco o nada. El 24% de mujeres y el 25% de hombres consideró que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, lo que se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, la cual reportó que las personas con discapacidad perceptores de ingresos, únicamente representan el 8.7% del total de perceptores. De la población con discapacidad perceptora de ingresos, el 5.4% corresponde a las personas con alguna dificultad para caminar, moverse, subir o bajar y su ingreso promedio trimestral monetario es de 11,215 pesos, mientras que las personas que tienen dificultad para ver registran un ingreso promedio trimestral de 11,260 pesos y las personas con dificultad para poner atención o aprender cosas sencillas, cuentan con un ingreso promedio trimestral de 6,209 pesos. En ese sentido, las personas con discapacidad tienen un ingreso promedio trimestral de 11,438 pesos, mientras que las personas sin discapacidad de 18,663 pesos, lo que implica una diferencia porcentual de 38.71% y revela las condiciones de desigualdad prevalecientes entre la población. A su vez, las mujeres con discapacidad tienen un 38.09% menos de ingresos trimestrales, en comparación con los hombres con discapacidad. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través del Estudio Diagnóstico Derecho a la Educación 2018, informó que se contabilizaron 80,628 personas con discapacidad en edad escolar que no asisten a la escuela; que el 26.7% de la población de 18 a 29 años con discapacidad es analfabeta, en comparación con 0.9% de personas analfabetas sin discapacidad. En consecuencia, el porcentaje de población en rezago educativo, en el mismo rango de edad, es de 42.7% para personas con discapacidad y 14.1% para personas sin discapacidad. Como se advierte de las estadísticas, las personas con discapacidad que conforman la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, lo cual se debe a la falta de servicios que les faciliten la vida cotidiana y a que tienen menos recursos para hacer exigibles sus derechos. La eliminación de esos obstáculos para la integración de las personas con discapacidad, requiere el fortalecimiento de las estructuras institucionales y la asignación de recursos presupuestales que permitan la implementación de políticas públicas eficientes que incidan en su participación activa y productiva en la vida social y económica de sus comunidades, para lo cual es indispensable la acción coordinada entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad y de la sociedad en general. Retos del Estado mexicano La materialización de las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad implica el desafío de diversos retos, entre los que destacan los identificados a partir de las investigaciones realizadas para elaborar el Informe Especial sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país, y el Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, que se señalan a continuación: Fortalecer las estructuras institucionales especializadas en la atención e inclusión de las personas con discapacidad. Eliminar las barreras que obstaculizan a las personas con discapacidad el acceso pleno al derecho a la salud, complementando las medidas exclusivamente rehabilitatorias con otras necesarias. Dar seguimiento al proceso de armonización legislativa a fin de que se garantice el ejercicio, goce y disfrute de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de manera homologada en todo el país y acorde a los estándares internacionales. Crear mecanismos efectivos, permanentes y coordinados interinstitucionalmente para consultar a las personas con discapacidad y garantizar su participación en la toma de decisiones. Establecer mecanismos para proveer ajustes de procedimiento en sus requerimientos de apoyo, a fin de garantizar el principio de igualdad ante la ley de las personas con discapacidad y el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Establecer planes en materia de accesibilidad que abarquen todos los ámbitos como lo son entorno construido, transporte y tecnologías de información y comunicación. Generar bases de datos, estadísticas y registros administrativos medibles y comparables que permitan la desagregación de información por tipo de deficiencia, apoyos, barreras, edad, género y etnicidad, a fin de poder crear políticas públicas adecuadas al contexto actual. Enfocar la protección social de las personas con discapacidad en su desarrollo integral para todos los ámbitos de la vida a través de la provisión de ayudas técnicas, apoyos económicos y medidas para su autosuficiencia. Diseñar y difundir toda la información pública en formatos accesibles como Sistema Braille, Lengua de Señas Mexicana, estenografía proyectada, señalética y lectura fácil. Cabe destacar que es de vital importancia construir políticas públicas transversales, que cuenten con la participación de todos los actores en la materia (autoridades, personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan) y fortalecer los mecanismos estatales de aplicación y supervisión de la CDPD. Asimismo, es imperante atender y dar cumplimiento, a la brevedad, a las recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la realización de acciones encaminadas a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Indispensables para 2020 Fortalecer el mecanismo de coordinación de la aplicación de la CDPD para asegurar la transversalidad en las acciones gubernamentales y garantizar el desempeño eficiente de sus atribuciones. Creación de campañas de toma de conciencia para desalentar las prácticas de marginación y exclusión, entre ellas, la discriminación por motivos de discapacidad, la denegación de ajustes razonables y de procedimientos, la institucionalización forzada, entre otros. Realización de diagnósticos para determinar el impacto en el ejercicio de presupuestos dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, a fin de priorizar sectores de este colectivo expuestos a mayor riesgo de vulnerabilidad. Realizar diagnósticos sobre accesibilidad para las personas con discapacidad en todos los ámbitos, tales como transporte, entorno construido y tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de diseñar e implementar planes estatales que sean operados de manera transversal. Desarrollar un programa nacional de accesibilidad, con acciones de corto, mediano y largo plazos, a partir de una Estrategia Nacional para la implementación de ese derecho que considere hacer accesible todo lo nuevo, conservar lo que ya es accesible y adecuar lo que no es accesible. Elaborar programas dirigidos a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para asegurar la selección, contratación y permanencia con calidad en el empleo de este colectivo. Desarrollar protocolos de evacuación y autoevacuación de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, para lo cual es necesario conocer los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Reforzar estrategias y acciones encaminadas a garantizar un nivel de vida adecuado de este colectivo, tales como el acceso a la educación de calidad, a la cultura, actividades recreativas, al esparcimiento, deporte, entre otras. La CNDH en materia de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad El 8 de marzo de 2011, en la sesión ordinaria número 227, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que este Organismo Nacional se haría cargo de las tareas de promoción, protección y supervisión de la CDPD, creando así la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad. Posteriormente, el 17 de junio de 2016, este Organismo Nacional celebró un Convenio General de Colaboración (http://mecanismodiscapacidad.cndh.org.mx/Content/Archivos/sec04_A3/Convenio_Colaboracion22082016.pdf) con los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas del país, con el objeto de crear e instrumentar el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención y mediante el cual, las partes se obligaron a implementar las acciones correspondientes a fin de promover, difundir, proteger y supervisar los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y ejercer así las facultades para ejecutar el Mecanismo de Monitoreo referido. En abril del 2017, en el marco del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, los 33 OPDH eligieron a los miembros de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, con el objetivo de contribuir al análisis y evaluación del avance de la implementación de la CDPD. En junio del mismo año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que implicaron la adición de los artículos 61 Bis, 61 Ter, 61 Quáter y 61 Quinquies, relativos a la estructura y funcionamiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En observancia al numeral 3 del artículo 33 de la CDPD, el 21 de agosto de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para elegir a los miembros de la sociedad civil y de la academia que integrarían el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente, quienes desde su designación, además de sus funciones como miembros del Comité han participado en el desarrollo de acciones conjuntas con los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la CDPD. Como parte de los avances en el fortalecimiento del Marco de Mecanismos de monitoreo de la CDPD, en 2019 se acordó la elaboración de un manual de apoyo que definirá de manera homologada las atribuciones de los Mecanismos de Monitoreo de la CDPD y la sistematización de sus acciones. Es importante señalar que desde su creación en marzo de 2011 el programa de atención a los derechos de las personas con discapacidad de esta Comisión Nacional realiza actividades de toma de conciencia dirigidas a personas servidoras públicas, organizaciones sociales, personas con discapacidad y sus familias; elabora y distribuye materiales de divulgación sobre los derechos de las personas con discapacidad en formatos accesibles; proporciona asesoría jurídica; elabora informes y diagnósticos del estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en el país y lleva a cabo tareas de supervisión de la aplicación de la CDPD. Cabe resaltar que este Organismo Nacional coadyuva permanentemente en los trabajos de seguimiento y acompañamiento para la implementación de los Mecanismos de Monitoreo Independientes Estatales de la CDPD en cada uno de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las entidades federativas. Fortalecimiento del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad En seguimiento a los compromisos asumidos en 2016 con la firma del Convenio General de Colaboración, celebrado entre esta CNDH y los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos, se continuaron las acciones para la conformación y fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD. En ese sentido, como parte de las tareas de promoción, protección y supervisión del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención, se participó en diversas sesiones de trabajo de los Mecanismos de Monitoreo de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo. Durante el periodo que se reporta, adicionalmente se realizaron reuniones de trabajo para promover la instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la CDPD pendientes, teniendo como resultado la instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo en Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas y de los Comités Técnicos de Consulta en Morelos y en Tamaulipas. A la fecha existen 25 Mecanismos de Monitoreo instalados que representan el 75.75% de la estructura total del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional; a su vez, se han integrado 22 Comités Técnicos de Consulta y 2 Observatorios Ciudadanos, órganos que representan el 72.72% de la estructura total de la sociedad civil que colabora y se coordina con los Mecanismos de Monitoreo. Además, en el mes de agosto se llevó a cabo el Segundo Encuentro del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el objetivo de dar seguimiento y acompañamiento en la labor del monitoreo de la aplicación de la CDPD, coadyuvando con los diversos OPDH a fin de cumplir con las obligaciones adquiridas internacionalmente. En este encuentro, se acordó la elaboración de un manual de apoyo que definirá de manera homologada las atribuciones de los Mecanismos de Monitoreo de la CDPD y la sistematización de sus acciones en materia de promoción, protección y supervisión e incluirá indicadores de cada rubro, la periodicidad para el reporte de información, entre otros aspectos. Cabe destacar que durante los trabajos del LI Congreso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos llevado a cabo en Veracruz, Veracruz los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019 se celebró la Primera Sesión del Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional en la que se designó a los integrantes de la Comisión de Gobierno del Mecanismo para el periodo 2019-2021. Como resultado de lo anterior, la Comisión de Gobierno quedo conformada de la siguiente manera: i. Presidente, el Lic. Elias Manuel Camargo Cárdenas; ii. Vicepresidenta, la Lic. Olivia Lemus; iii. Vocal Zona Norte, Mtro. Miguel Ángel de la Mora Marrufo; Vocal Zona Sur, Mtro. Marco Antonio Toh Eúan; Vocal Zona Este, Lic. Alejandro Habib Nicolás; y Vocal Zona Oeste, Lic. Maximino Muñoz de la Cruz. Aunado a lo anterior, en el marco de las tareas de supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional envió 64 solicitudes de información a los mecanismos estatales de monitoreo de la CDPD u Organismos Públicos de Derechos Humanos, a fin de recopilar información que permita conocer el estado que guardan los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en cada entidad federativa. Lo anterior, con fundamento en las cláusulas primera, segunda y tercera del Convenio General de Colaboración, firmado por la CNDH y los Organismos Públicos de Derechos Humanos el pasado mes de junio de 2016. El 10 de julio, durante el Encuentro aludido, se celebró la Segunda Sesión de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD en la que se presentó una propuesta y avances del Plan Anual de Trabajo 2019 para el Marco de Mecanismos de Monitoreo, en cuyo seguimiento y en observancia a lo dispuesto en el artículo 61 Quáter del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han llevado a cabo dos sesiones virtuales con los miembros del Comité Técnico de Consulta Nacional, en las cuales, además del Plan Anual de Trabajo para el año 2019, se trataron asuntos generales relacionados con la integración, formas de trabajo y participación de cada uno de los miembros del Comité. Asimismo, se enviaron 64 solicitudes de información a los mecanismos estatales de monitoreo de la CDPD y/o Organismos Públicos de Derechos Humanos, a fin de recopilar información que permita conocer el estado que guardan los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en cada entidad federativa. Lo anterior, con fundamento en las clausulas primera, segunda y tercera del Convenio General de Colaboración, firmado por la CNDH y los Organismos Públicos de Derechos Humanos el pasado mes de junio de 2016. Promoción de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Entender la discapacidad como un fenómeno natural a la condición humana y a las personas con discapacidad como titulares de derechos ha sido un cambio de paradigma difícil de asimilar por personas e instituciones, cuya materialización aún requiere traducirse en actitudes, políticas y programas que garanticen la inclusión plena en la sociedad de ese grupo poblacional, el cual a menudo enfrenta distinción, exclusión o restricción a causa de su condición que obstaculiza el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus Derechos Humanos y libertades fundamentales. En ese sentido, con el objeto de difundir los derechos de las personas con discapacidad, así como de promover la eliminación de una visión basada en prejuicios y estereotipos, la CNDH promueve el empoderamiento de ese colectivo, sus familias y de las organizaciones que las representan, para que conozcan y utilicen los medios y mecanismos idóneos para exigir el respeto de sus Derechos Humanos. En ese orden de ideas, la CNDH busca que sus acciones tengan el mayor impacto y cobertura posible, por lo que durante el periodo que se reporta se realizaron 246 actividades de promoción, a través de las cuales se logró impactar a 14,722 personas,entra las que se encuentran: personas con discapacidad y sus familias, integrantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidoras y servidores públicos, representantes del sector académico, estudiantes y público en general. Dichas actividades se realizaron en diversas entidades federativas del país tales como Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En la promoción de los derechos de las personas con discapacidad destacan las siguientes actividades: Los días 14 y 15 de febrero, de manera conjunta con la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizó el Seminario Internacional Universidad Diversa: Inclusión de Personas con Discapacidad en Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de difundir buenas prácticas internacionales y nacionales en la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior. En coordinación con la Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual, el día 14 de marzo se llevó a cabo el Congreso de la Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual con la finalidad de promover la educación inclusiva de las personas con discapacidad visual, a través de la impartición de talleres, conferencias y paneles que buscaron difundir las buenas prácticas de inclusión al aula, de niñas y niños con deficiencias visuales. Los días 23 y 24 de mayo se llevó a cabo la Capacitación del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, con el objetivo de capacitar y actualizar a los integrantes del Comité Técnico de Consulta, en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, así como en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, a fin de identificar adecuadamente las deficiencias. El día 26 de julio se realizó el Primer Foro Mexicano de Personas Expertas por Experiencia en Salud Mental, organizado de manera conjunta con diversas instituciones tales como Documenta, A.C.; Sin Colectivo; Radio Abierta y la Biblioteca de México “José Vasconcelos”, con el objetivo de visibilizar las barreras que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad psicosocial, así como el fortalecimiento de las capacidades de este colectivo, a través de la generación de un espacio de diálogo entre los actores involucrados. Los días 28 y 29 de agosto se llevó a cabo el Segundo Encuentro del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de dar seguimiento y acompañamiento en la labor de monitoreo de la aplicación de la CDPD, coadyuvando con los diversos Organismos Públicos de Derechos Humanos a fin de cumplir con las obligaciones adquiridas internacionalmente. Entre las actividades realizadas durante el Encuentro destaca la presentación del Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. El 20 de septiembre se llevó a cabo la presentación de “Mi Plan de Emergencia Guía con Recomendaciones para Considerar a Estudiantes con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil en Escuelas”, material elaborado por la CNDH que contempla recomendaciones y estrategias a considerar en el desarrollo de protocolos de actuación en caso de riesgos y emergencias humanitarias que incluyan a estudiantes con discapacidad. El 21 y 22 de octubre se realizó de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango el Foro La Aplicación de la Educación Inclusiva en la Práctica Docente, con el objetivo de capacitar a docentes en materia de inclusión educativa, desde una perspectiva de derechos humanos a través de la impartición de diversos talleres especializados en las diferentes deficiencias y enfocados a la práctica docente en el aula. El 22 y 23 de noviembre se realizó de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la segunda edición de 2019 del Foro La Aplicación de la Educación Inclusiva en la Práctica Docente, con el objetivo de capacitar a docentes en materia de inclusión educativa, desde una perspectiva de derechos humanos, a través de la impartición de diversos talleres especializados en las diferentes deficiencias y enfocados a la práctica docente en el aula. El 3 de diciembre se impartió el curso-taller Trato Adecuado Hacia las Personas con Discapacidad, con el objetivo de ofrecer, a las y los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, herramientas para la ejecución de actitudes positivas y de trato apropiado para atender y/o interactuar con personas con discapacidad. Así mismo, como parte de la promoción de los derechos humanos de este sector de la población, se diseñó el curso Personas con discapacidad; transformando barreras en oportunidades, cuyo contenido se encuentra disponible en línea (https://educa.cndh.org.mx/) para el público en general, a través de la Plataforma Educa CNDH. El curso busca difundir, de manera masiva, temas como la comprensión adecuada de la discapacidad, las características que la definen, la forma correcta de abordarla, el lenguaje y trato adecuado hacia las personas con discapacidad, además de los instrumentos nacionales e internacionales que protegen sus derechos. Estudios e Investigaciones sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad La CNDH, en ejercicio de sus atribuciones en materia de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a partir de la recopilación y análisis de diversa información pública correspondiente al periodo 2006-2018, concluyó la elaboración y presentó el Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto fue analizar la situación del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como su grado de implementación en el entorno físico, el transporte, los sistemas y tecnologías de la información y en las comunicaciones, a través de la sistematización de las acciones -legislación nacional, políticas públicas, informes, diagnósticos, entre otras- realizadas por el Estado mexicano. En el Informe Especial se formularon propuestas para crear una Ley General de Accesibilidad y subsanar la carencia de un Programa Nacional de Accesibilidad acorde a la Recomendación 20 del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya implementación beneficiaría no sólo a los 7.3 millones de personas en esa condición, sino a casi el 63% de la población nacional, incluyendo a quienes tuvieran alguna dificultad de movilidad tales como a las personas mayores o a aquellas con enfermedades crónico degenerativas, a quienes podrían añadirse personas con lesiones temporales, mujeres embarazadas, e incluso, usuarios de bicicletas y/o patines, por mencionar algunos. En suma, el Informe pretende constituir una herramienta de consulta, tanto para la sociedad en general como para las autoridades competentes para promover que estas últimas realicen las acciones pertinentes que permitan solventar los aspectos no atendidos de la accesibilidad en todos sus ámbitos, considerando las siguientes premisas: hacer accesible todo lo nuevo, conservar lo que ya es accesible y adecuar lo que no es accessible. Atlas de Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró en 2018 un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para elaborar el Atlas de Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con el fin de dar a conocer los factores que inciden en los procesos de exclusión o de inclusión de las personas con discapacidad, se consideró el desarrollo de 36 indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Se definió a los indicadores de estructura como la normatividad expresa, los de proceso como las políticas, acciones, medidas o programas y los de resultado como la medición expresada en términos absolutos de la inclusión o exclusión de las personas con discapacidad. A partir de ello, la investigación se estructuró en ámbitos de estudio (dimensiones), evaluación del tema (indicadores) y se articula en tres ejes: el diseño de indicadores, un informe espejo, y la revisión normativa. Lo anterior, siempre articulado desde la revisión de fuentes de información estadística o normativa y consolidado a partir de datos obtenidos mediante solicitudes de información pública o información estadística oficial. La información desarrollada tiene como objetivo llegar a la mayor cantidad de personas en el país, así como garantizar que las diferentes entidades puedan acceder a información sobre los derechos de las personas con discapacidad en una plataforma abierta, desde la que será posible descargarla, verla, oírla o analizarla en diferentes formatos. De esta manera, dicha plataforma, sus soportes y formatos han resultado en el primer atlas sonoro y accesible para personas con discapacidad. A través de esta plataforma se presenta la integración gráfica, escrita, cartográfica y sonora en mapas sobre temáticas afines a los derechos de este sector poblacional como accesibilidad, educación, acceso a la justicia, salud, igualdad y no discriminación, trabajo y empleo, entre otros. Dicha plataforma permite evidenciar la situación que cotidianamente enfrentan las personas con discapacidad en relación a la vulneración a sus derechos humanos. De esta forma, este Organismo Nacional coadyuva en la observancia del artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la recopilación de datos y estadísticas, que permitan formular y aplicar políticas alineadas con este instrumento de derechos humanos. Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad En aras del fortalecimiento de la vinculación interinstitucional y con el objeto de impulsar la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 59 reuniones de trabajo tanto con organizaciones de la sociedad civil como con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para la realización de eventos de promoción, formalización de acuerdos, suscripción de convenios de colaboración y difusión de una perspectiva positiva de las personas con discapacidad, en diversas entidades federativas del país. Cabe destacar la participación de este Organismo Nacional como integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; como institución asesora en los Grupos de Trabajo “Prevención de la Discriminación, Sensibilización, Capacitación y Difusión (PreDiSenCaDi)” y “Legislación” del Comité para el Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y como miembro del Comité Dictaminador para la obtención del Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo”. Es importante resaltar la invitación por parte de la Secretaría de Educación Pública para participar en diversas mesas de trabajo con ocho temáticas distintas (Equipamiento, Infraestructura, Modelo Educativo, Formación Docente y Capacitación, Acciones para la No Discriminación, Formación para el Trabajo e Inclusión Laboral, Sensibilización y Comunicación y Financiamiento y Presupuestos), a fin de colaborar en el diseño de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, así como la participación de esta Comisión Nacional en el Grupo de Trabajo Promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Divulgación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Con el objeto de fomentar el respeto de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y su inclusión plena en igualdad de condiciones, la CNDH elaboró diversos materiales de divulgación en distintos formatos tales como trípticos, libros, cartillas, folletos, y cuadernos en fácil lectura y en sistema Braille que distribuyó a diversos organismos públicos de protección de los Derechos Humanos; dependencias de la administración pública de los tres ámbitos de gobierno, entre los que destacan los sistemas para el desarrollo integral de la familia y los institutos locales de inclusión de las personas con discapacidad; instituciones educativas y organizaciones de y para personas con discapacidad. En el periodo que se informa se distribuyeron 38,485 ejemplares tanto en tinta, como en formatos accesibles (fácil lectura y sistema Braille). Se elaboraron, revisaron y actualizaron 9 materiales de divulgación entre ellos destaca la Guía Mi Plan de Emergencia. Guía con Recomendaciones para Considerar a Estudiantes con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil en Escuelas, dirigida a los diversos actores involucrados en la gestión de riesgos en el ámbito escolar con el objeto de sensibilizar sobre las necesidades de las y los estudiantes con discapacidad en contextos de emergencia. Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Adicionalmente, esta Comisión Nacional, en el periodo que se reporta recibió 515 escritos de queja presentados por personas con discapacidad, de los cuales 288 se encuentran concluidos (150 durante el trámite respectivo, 95 por orientación, 4 por acumulación, 38 por no existir materia y 1 no competencia) y 227 están en trámite. En los escritos de queja aludidos destacan, principalmente, tres derechos vulnerados: protección de la salud, a la igualdad y seguridad jurídica, siendo las tres principales autoridades señaladas como presuntas responsables el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar. Asesorías y Orientaciones en materia de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad En el marco de las acciones de protección y defensa de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, se proporcionaron orientaciones y asesorías jurídicas de manera personal, telefónica y electrónica, respecto a diversas problemáticas o situaciones que conllevan a la vulneración de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad para, en su caso, su posterior canalización al Área de Quejas de esta Comisión Nacional o remisión a las instancias correspondientes. De esta manera, durante el 2019 se atendieron 149 orientaciones y 239 asesorías jurídicas que fueron canalizadas a las instituciones pertinentes. Recomendaciones emitidas en materia de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad En materia de Derechos Humanos de las personas con discapacidad, durante 2019, se emitieron las siguientes recomendaciones: Recomendación No. 5/2019, de fecha 22 de marzo, dirigida a la Secretaría de Salud, sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos a la protección de la salud que derivó en la pérdida de la vida de una persona con discapacidad y a la información en materia de salud, en agravio de sus familiares, en el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” de la Secretaría de Salud Federal, en la Ciudad de México. Recomendación No. 34/2019, de fecha 20 de junio, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos a la protección de la salud, a la vida, al principio del interés superior de la niñez y acceso a la información en materia de salud en agravio de V1, persona con discapacidad intelectual, en la Unidad de Medicina Familiar 37 y el Hospital General de Zona 2, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora. Recomendación No. 42/2019, de fecha 28 de junio, dirigida al Gobierno de Oaxaca y al Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, sobre el recurso de impugnación de persona mayor con 68 años de edad con discapacidad motriz, por violaciones a los Derechos Humanos a la seguridad jurídica y legalidad, por inejecución de laudo firme, atribuido al Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec y a la Junta de Arbitraje para los Empleados al servicio de los poderes del Estado de Oaxaca. Recomendación No. 47/2019, de fecha 26 de julio, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones al derecho humano a la protección de la salud por negligencia médica por omisión -que derivó en una deficiencia- y a la información en materia de salud en agravio de V, en distintos hospitales del IMSS. Recomendación 92/2019, de fecha 11 de octubre, dirigida a la Secretaría de Cultura, sobre el caso de violación al derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como a la igualdad y no discriminación, en agravio de V, persona mayor con discapacidad, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es su centro de trabajo. Estudios como resultado de la Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Estudio sobre el Marco de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas con Discapacidad en México Durante el periodo que se reporta se concluyó la elaboración del Estudio sobre el Marco de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas con Discapacidad en México, cuya integración se realizó a partir del análisis del marco jurídico federal protector de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y de las personas indígenas, así como de los programas y acciones del gobierno federal encaminados a la protección de quienes presentan esa doble condición de vulnerabilidad, que se complementó con información obtenida a través de entrevistas y visitas in situ realizadas durante el 2016 por personal de este Organismo Nacional a comunidades indígenas del norte, centro y sur del país. Los hallazgos, conclusiones y propuestas derivadas del Estudio, en su momento se darán a conocer a la opinión pública. Informe Especial sobre el Derecho a la Educación de las Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad en México Durante el 2019 se concluyó la elaboración del Informe Especial sobre el Derecho a la Educación de las Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad en México que tiene por objeto dar a conocer el estado de la educación inclusiva en México, cuya elaboración se realizó a partir de tres insumos fundamentales: i. información estadística proporcionada por las Secretarías de Educación de las 32 entidades federativas del país (de las cuales sólo 24 enviaron respuesta) sobre los modelos educativos vigentes, a saber: educación regular, educación especial y educación inclusiva; ii. los resultados de las visitas que durante 2017 y 2018 se realizaron a diversos planteles educativos de nivel básico y medio de algunos municipios de los estados que cuentan con escuelas piloto de educación inclusiva y iii. la información recopilada en los Foros para la Aplicación de la Educación Inclusiva en la Práctica Docente realizados durante 2018 y 2019 en los que se buscó tener acercamientos con personal docente de diversas entidades federativas, a fin de conocer y compartir las experiencias y buenas prácticas desarrolladas en materia de educación inclusiva.