La práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, se configura como una de las formas más graves de violación a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, toda vez que atenta contra su dignidad, causando daños físicos y psicológicos. Sin duda, es uno de los fenómenos de mayor preocupación a nivel mundial.

De acuerdo a datos estadísticos de esta Comisión Nacional, entre los años 2000 a 2014, se registraron 136 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con actos de tortura y 9,988 sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes. En estos, se identificaron como principalmente afectados a quienes han sido sujetos de una detención en flagrancia o con orden judicial o aquellas que se encuentran bajo custodia de alguna autoridad o servidores públicos pertenecientes a corporaciones policiales o con funciones de apoyo a la seguridad pública, independientemente de las quejas que por las mismas violaciones se hubieren registrado en los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas.

En 2015, el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH reportó que los estados de Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Michoacán, registran la mayor incidencia de quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos relacionados con hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. A nivel nacional, la cifra ascendió a 677 quejas (49 sobre tortura y 628 relativas a trato cruel inhumano o degradante).
 

• La celebración de un convenio general de colaboración suscrito el 1 de julio de 2015 con el Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE), del que derivaron acciones encaminadas a impulsar  la “Campaña nacional para prevenir la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, para dar a conocer la Convención respectiva y su Protocolo Facultativo, la Ley Federal en la materia y el Manual para su investigación y documentación, conocido como “Protocolo de Estambul”. Lo anterior mediante el programa de capacitación a distancia denominado “Derechos Humanos y Prevención de la Tortura en México”, mismo que incluyó la participación de personal de organismos públicos de protección a derechos humanos y del sistema penitenciario del país.
• La generación de un medio de integración y análisis sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad,  a través de la cinematografía, con el propósito de formar un sentido crítico y sensibilización sobre los diferentes fenómenos que se presentan en entornos penitenciarios y reforzar las actividades de capacitación.

Durante este año, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el propósito de verificar  el trato que reciben las personas en lugares de detención e internamiento administrados por autoridades federales, estatales, municipales o bien a cargo de organizaciones de la sociedad civil, realizó un total de 428 visitas iniciales en los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.  En cada una de las visitas, se llevaron a cabo entrevistas con el personal encargado del funcionamiento de los lugares visitados, inspección de las instalaciones, entrevistas a las personas privadas de la libertad, revisión de documentos y registros, así como el análisis de la normatividad que rige cada lugar (Anexos III.10.B.5, III.10.B.6, III.10.B.7, III.10.B.8, III.10.B.9, III.10.B.10, III.10.B.11, III.10.B.12 y III.10.B.13).

Como resultado de lo anterior, se emitieron 12 informes, relacionados con las visitas a los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Chiapas y Oaxaca y Quintana Roo, dichos informes fueron dirigidos a autoridades estatales y municipales (Anexo III.10.B.14).

Es preciso señalar que los informes contienen observaciones sobre las situaciones de riesgo detectadas en los diversos lugares de detención. A través de los mismos este organismo ha solicitado a las autoridades competentes se tomen las medidas necesarias para garantizar condiciones de habitabilidad, de higiene; de alimentación suficiente, así como para abatir la sobrepoblación y hacinamiento; solventar la falta de reglamentos internos y manuales de procedimientos; implementar sistemas de registro acordes a los estándares internacionales; capacitar a los servidores públicos en materia de prevención de la tortura; así como contar con personal suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo médico necesario, entre otras.

Paralelamente, en relación con las acciones de difusión que se realizan con el propósito de dar a conocer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sus facultades y funciones, se llevaron a cabo cuatro pláticas con la participación de servidores públicos de organismos de protección a los derechos humanos de los estados de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

Asimismo, se llevaron a cabo 135 visitas de seguimiento a centros de reinserción social y de internamiento para adolescentes que albergan población varonil, femenil o ambos, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,  Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De igual forma, se realizaron 32 reuniones de trabajo con autoridades responsables de los centros, con las que se establecieron de manera conjunta acciones específicas con el propósito de propiciar procesos de sensibilización en el personal de centros penitenciarios, a través de la implementación de un nuevo programa denominado “Espacio de Oportunidad” que fortalece la  vinculación para instrumentar acciones de capacitación y mejora.

Por otra parte, se establecieron bases y mecanismos de colaboración para el desarrollo de actividades en materia de derechos humanos y justicia  con diversas instituciones públicas y privadas, a través de la firma de convenios de colaboración con el Instituto Brasileño de Derechos Humanos A.C.; el Observatorio Ciudadano de Justicia Federal; la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. y la Universidad IUS SEMPER, suscritos en la Ciudad de México. Estos se llevaron a cabo, respectivamente, el 9 de julio, el 30 de septiembre y el 21 y 23 de octubre de 2015.

Por lo que hace a la vinculación con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, se participó en el XIII Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril en Doha, Qatar, y se sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Prevención contra la Tortura (APT) el 11 de junio.

Así también, se participó en foros y reuniones de trabajo en los cuales se analizaron diversos proyectos sobre la Ley General en materia de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre estos el que fue presentado por el Centro Nacional de Derechos Humanos de esta Comisión Nacional. Adicionalmente, se distribuyó entre autoridades penitenciarias de las 32 entidades de la República Mexicana una “Compilación de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de las Personas en Reclusión”.

Cabe precisar que los informes especiales sobre la situación de las mujeres en reclusión y de los adolescentes en conflicto con la ley penal, son resultado de la sistematización de la información obtenida a través de las visitas que la CNDH  realizó con el propósito de detectar situaciones de riesgo que permitan prevenir violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso, tratándose de personas que por su situación específica, constituyen grupos de mayor vulnerabilidad y por tanto, requieren de especial atención, en función de género las mujeres y, atendiendo a principios de especificidad, protección integral, interés superior, los menores de edad.