2021 fue un año más en el camino que nos propusimos recorrer para transformar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ponerla al servicio del pueblo. Lo hicimos, fortaleciendo los mecanismos de atención que ponen a las víctimas y posibles víctimas al centro de nuestra actuación, priorizando las acciones de protección y defensa de sus derechos humanos, reorientando un costoso aparato a la construcción de una auténtica Defensoría del Pueblo. Como parte de los cambios para incidir de forma profunda en el acompañamiento de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos por acciones u omisiones del Estado, mantuvimos el cuidado de los fondos públicos de que disponemos, avanzamos en la reordenación estructural y operativa, y seguimos eliminando las prácticas de simulación y omisión que empeñaron el desempeño de este Organismo Constitucional Autónomo.

A pesar de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, y gracias al compromiso y entrega del personal que la integra, esta Comisión Nacional no ha cesado ni un solo día de brindar a las víctimas, y a quienes estén en riesgo de serlo, la atención y orientación para un acompañamiento oportuno, cercano, humano y de calidad. Se ha logrado atraer e incidir en los casos de víctimas en más regiones del país, gracias al trabajo comprometido de las Oficinas Foráneas, y se atienden todas las quejas, a todas las víctimas, procurando en todos los casos, tener una respuesta.

Es de mencionare que las puertas de esta institución han permanecido abiertas sin poner en riesgo la salud del personal, primero mediante un plan escalonado de asistencia y guardias presenciales, y luego regresando de manera responsable al trabajo presencial, privilegiando, en medida de lo posible, el trabajo a distancia con el manejo de herramientas tecnológicas.

En este contexto, me es muy satisfactorio decir que, si bien todavía nos falta mucho, hoy la CNDH sirve mejor que antes a las y los mexicanos. Las reformas que impulsamos nos están permitiendo reducir los tiempos de atención de quejas y conclusión de expedientes y, además de hacer más recomendaciones, ir desahogando las que quedaron pendientes de cumplimiento. Tan sólo al inicio de la gestión, recibimos 508 recomendaciones sin cumplimiento. Una, la más antigua, fue emitida en 2001 (la de la “Guerra Sucia”), 6 en 2009, 35 en 2013, 75 en 2017, 86 en 2018 y 94 en 2019. Están pendientes de cumplimiento, entre otras, las recomendaciones referentes a los hechos de San Fernando, de Nochixtlán, de Tlatlaya, y la del Caso Iguala. Y se han estado concluyendo expedientes de queja que tenían al menos 5 años, sin atención alguna.

Además de eso, en 2021 emitimos un total de 155 instrumentos recomendatorios, 53 más que el año pasado y el más alto número histórico de recomendaciones emitidas por la CNDH desde que es organismo constitucional autónomo: 146 recomendaciones particulares, 7 Recomendaciones por violaciones graves y 2 Recomendaciones Generales.

Como resultado de la emisión de estas Recomendaciones, se atendió a 22,994 personas en situación de víctimas; de las cuales, logramos tener un impacto en 60 de ellas a partir de las Recomendaciones por violaciones graves. Las 146 Recomendaciones particulares emitidas fueron dirigidas a 82 autoridades de los tres distintos órdenes de gobierno en 201 ocasiones; 127 fueron originadas por expedientes de presunta violación a derechos humanos y 19 de inconformidad.

La participación de las víctimas ha sido fundamental en el Seguimiento de las Recomendaciones para la protección de sus derechos, y en este sentido, en el año que se informa se ha dado la atención a 848 víctimas, relacionadas con 171 Recomendaciones.

A la fecha, la CNDH da seguimiento a 735 recomendaciones en trámite, de las cuales, derivado de las gestiones de esta administración, se logró que 50 recomendaciones alcanzaran un estatus con pruebas de cumplimiento parcial. En 2021, las autoridades recomendadas aportaron las evidencias necesarias para concluir un total de 43 expedientes de seguimiento, de los cuales 24 recomendaciones concluyeron totalmente y 19 concluyeron de manera parcial. Y lo más importante, que tanto las Recomendaciones, como su seguimiento, han sido objetivos, imparciales y transparentes, para lograr que las autoridades cumplan con los puntos recomendatorios.

Asimismo, como parte de las acciones de protección, en 2021 la Comisión Nacional presentó 115 demandas de Acciones de Inconstitucionalidad, número muy superior a los que se emitían hasta hace dos años. Basta mencionar que en el tiempo que lleva esta administración se han emitido casi el mismo número de acciones que en todos los 30 años de su historia. Y entre las emitidas en el período que se informa, ha sido visible la relativa al Decreto por el cual se modificaron diversos ordenamientos en materia de prisión preventiva oficiosa, al estimarse que pueden ser contrarias a los estándares internacionales en la materia. Se impugnaron también diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía de la República Federal y otros muchos ordenamientos, tanto locales como federales, que contenían disposiciones que no se ajustan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual obstaculiza que su actuar sea adecuado.

Con relación al trabajo de investigación sobre violaciones graves realizado, podemos mencionar las deficiencias que prevalecían en la resolución de las quejas de este tipo, y como referente tenemos el Caso Iguala, la desaparición irresuelta de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y el caso de Ernestina Ascencio Rosario, por hechos ocurridos en febrero de 2007 que la CNDH no abordó en su momento, por lo que este año se emitió una Recomendación, la 45VG/2021, con el objeto de garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, de ella y de sus familiares, y reparar así una omisión de las autoridades y de este Organismo Constitucional Autónomo.

Aunado a lo anterior, está la Recomendación 48VG/2021, derivada de la investigación realizada por la CNDH con motivo de la queja interpuesta en febrero de 2021 por Mario Aburto Martínez y sus familiares, frente a lo cual se consideraron procedentes los agravios cometidos por la Fiscalía General de la República y el Órgano Desconcentrado Autónomo Prevención y Readaptación Social, manifestados por la víctima, de los que por cierto tenía conocimiento esta Comisión desde abril de 1994, incluso se tenía queja desde el año de 1996, ya que se acreditó tortura y violaciones al debido proceso, sin haber obtenido atención adecuada a sus solicitudes por parte de la CNDH.

Además de la resolución de estas quejas muy antiguas por violaciones graves a derechos humanos, y de otras que databan de 2017, cuyas víctimas seguían en espera de resolución, se ha procurado actuar con más diligencia respecto a las violaciones graves cometidas en la presente administración.

Como la 44VG/2021, dirigida a la Fiscalía General de la República, a la Secretaria De Seguridad y Protección Ciudadana, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por hechos acaecidos en febrero de 2019, denunciados por personas migrantes que fueron secuestradas, a los que se sumaron diversas “ONGs” protectoras de derechos humanos de personas migrantes. O la Recomendación 49VG/2021, dirigida al Órgano Desconcentrado Autónomo Prevención y Readaptación Social, con motivo de una denuncia interpuesta en octubre del 2020 por una persona recluida en el CEFERESO 13, víctima de tortura.

Vale la pena hacer mención de las dos Recomendaciones Generales emitidas durante el año que se informa: la Recomendación General 44/2021 Sobre el deber del Estado de garantizar el derecho al trabajo digno a las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la República Mexicana. Y la Recomendación General 45/2021 Sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Para asumir públicamente nuestra posición ante la problemática de los derechos humanos en el país, la CNDH emitió durante 2021, 17 Pronunciamientos. Entre ellos, destacan los que hicimos de manera reiterada en observancia y protección de los derechos de las personas migrantes en tránsito por nuestro país; el exhorto a la CEAV y FGR para cumplir con los puntos emitidos en la Recomendación por Violaciones Graves 7VG/2017 del caso Nochixtlán, pendientes desde ese año; el exhorto al gobierno y a la Fiscalía del estado de Veracruz para que acepten la Recomendación 45VG/2021 sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, con el que este país tiene una deuda histórica que incluso hoy se dirime en tribunales internacionales; y otro al gobierno de Chiapas, al fiscal general de dicha entidad y a la Presidenta Municipal de Amatán, para instarlos a aceptar la Recomendación 39VG/2020, por violaciones graves a derechos humanos durante los conflictos sociales suscitados en ese municipio, que derivaron en la privación de la vida de una persona, así como la ejecución arbitraria de dos más, con la tolerancia y/o aquiescencia de personas servidoras públicas de la entidad.

Emitimos también un Pronunciamiento con motivo del “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, para acordar y construir políticas públicas integrales, que involucren a los tres órdenes de gobierno, a organismos civiles y sociedad en general, a fin de enfrentar este flagelo; y otro en el “Día Mundial de la Respuesta al VIH”, haciendo un llamado urgente a las autoridades de los diversos niveles de gobierno a fortalecer las acciones destinadas a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y redoblar esfuerzos para garantizar, de manera efectiva y universal, el acceso a los servicios de salud relacionados con la prevención y el control del VIH en todo el país.

Quiero referirme a un Pronunciamiento público en ocasión de la visita a nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en el mes de noviembre, el cual dio motivo a una reclamación de la Secretaría de Gobernación, que nos permitió reiterar nuestro compromiso único con las víctimas y también nuestra plena disposición para trabajar, en conjunto con las autoridades, para lograr mejores resultados en las acciones de defensa de los derechos humanos en el país. Es pertinente señalar que, el cumplir con su misión constitucional no significa que la CNDH sea enemiga de nadie, sino que estamos obligados a defender a toda aquella o aquel que interpone una queja, y lo seguiremos haciendo porque para eso estamos aquí.

Nosotros creemos en la validez del debate entre instituciones, y aún en lo natural que es la existencia de diferencias, pero aquél será constructivo y estas serán mínimas si autoridades y defensores de derechos humanos nos normamos por el mismo principio de servir al pueblo. Bajo esa premisa, todas las autoridades del país contarán siempre con nuestra disposición y buena fe para avanzar en soluciones.

Como dije en ocasión de la XLV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 16 de diciembre pasado: si queremos, como estoy segura que queremos, construir un mejor país, esa es la mejor asociación para lograrlo: una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, en plenitud de su ejercicio, como garantía de la contención de los excesos del poder, y una autoridad abierta al escrutinio y al juicio de quienes tenemos el deber de cuidar sus actos. Las autoridades de este país, todas, federales, estatales y municipales, pueden estar seguras de que tienen y tendrán en la CNDH una aliada, siempre que se trate de garantizar el respeto y la vigencia plena de los derechos humanos en México; pero también que no dudaremos en recomendar y señalar todas aquellas desviaciones que cometan en su ejercicio, por el bien de todas y todos.

Es de destacar que si bien en materia de protección y defensa, las Recomendaciones son el instrumento que nuestra Constitución Política otorga a esta Comisión Nacional, no son el único medio de solución de las quejas, por lo que precisamente gracias a la voluntad de diversas autoridades este año hemos logrado fortalecer también las vías más expeditas, como las conciliaciones y la solución de las quejas durante el trámite.

En el 2000 se solucionó durante su tramitación y/o conciliación 1,008 expedientes, equivalentes al 22.5% de las quejas [1]. En 2019 el porcentaje de estas formas de resolución fue de 37% (4,450 expedientes) [2]. En 2021 se resolvieron por esas vías el 44.6% de los expedientes (5,311). Es decir, que hoy somos más eficaces en la atención expedita de las quejas.

Esto demuestra que estamos ejerciendo nuestras facultades a plenitud y en interés superior de las víctimas que acuden a la CNDH. Acciones de Inconstitucionalidad, Medidas Cautelares, Denuncias Penales, Procedimientos Administrativos e Informes Especiales son algunos otros de los instrumentos que nos permiten incidir en la mejor protección de los derechos humanos en México, y los estamos desplegando.

De las 409 medidas cautelares emitidas durante este año, es de destacar las que se solicitaron en favor de miembros de la comunidad científica; las que se solicitaron al gobierno de Chiapas, autoridades estatales y Guardia Nacional en favor de habitantes de la comunidad de Oxchuc; al gobierno de Puebla en favor de pobladores de Coyomeapan, ante la amenaza de ataques violentos, las medidas cautelares en favor de habitantes de las comunidades Tula y Xicotlán, e integrantes del CIPOG-EZ en Chilapa de Álvarez, Guerrero; otras a favor de personas migrantes alojadas en el campamento “El Chaparral”, de Tijuana, Baja California; otras más por condiciones inapropiadas y hacinamiento de la estancia provisional migratoria en Saltillo, Coahuila, y desde luego las que se emitieron en protección de la caravana migrante en su trayecto de Chiapas a la Ciudad de México. Se emitieron también medidas cautelares para proteger a la activista Leticia Álvarez Rivera y al defensor del medio ambiente, José Castillo Castro y a su familia, así como las que se dirigieron a diversas autoridades de Sonora, a fin de salvaguardar la seguridad de dos defensores indígenas.

La CNDH publicó en 2021 varios Informes Especiales. En primer término, cito el “Informe Especial Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Diagnóstico y propuestas para su protección y garantía”, el cual tiene como objetivo ofrecer un panorama general del estado que guarda el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas menores de 18 años en el país. Y el “Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020”, derivado de un trabajo que abarcó desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2020, que encontró que, en los últimos diez años, más de 70 mil personas migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México. Asimismo, que las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. Además, para contar con información de primera fuente, la CNDH levantó la Primera Encuesta Nacional en 48 Estaciones Migratorias sobre las Condiciones de Viaje en México 2021 de las personas en movilidad, aplicando mil 174 cuestionarios en una muestra representativa diseñada por la Universidad La Salle de México. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estuvo a cargo del desarrollo de un apartado especial sobre el tráfico ilícito de migrantes en México. Y de la información rendida por las autoridades, la CNDH advierte que México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos.

También publicamos el “Informe Especial de la CNDH sobre los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) – Programa Quédate en México 2019-2021. Análisis de su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad en México”, a fin de visibilizar las implicaciones que, en materia de acceso a sus derechos, tuvo la implementación para las personas de nacionalidad diferente a la mexicana que solicitaron asilo en los Estados Unidos de América (EUA) y que, entre enero de 2019 y junio de 2021, debieron esperar en México la cita en las cortes de aquel país para continuar con su trámite de resolución.

En el mes de noviembre presentamos el “Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia”, mismo que analiza la información brindada por Procuradurías y Fiscalías Generales, así como por los órganos jurisdiccionales, en el ámbito federal y estatal, y presenta los datos y cifras sobre este grave delito, en un período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, con la finalidad de actualizar información del Diagnóstico anterior emitido por este Organismo Nacional en 2019.

Todo esto lo hemos hecho, sin descuidar las acciones preventivas ni las de promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, que de igual modo forman parte de las atribuciones de la CNDH, y que no hemos dejado de cumplir, aunque con una orientación más social.

Consideramos que uno de los mayores retos que enfrenta esta Comisión Nacional, es la creación de una cultura de los derechos humanos, de la que actualmente se carece. Es que se conoce poco lo que implican los derechos humanos y por ende, su defensa, y ante quienes exigirla. Y por eso hemos iniciado una amplia y profunda reforma del área de comunicación de la CNDH, que ahora está a cargo de la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, por medio de la cual esperamos incidir en la sociedad en general y en las personas en particular, de manera que se asuman como sujetos de derechos y vivan los derechos humanos como una normalidad, no como excepción.

En ese mismo sentido, la transformación que estamos instrumentando ha significado cambios estructurales y operativos que por primera vez están atendiendo observaciones y recomendaciones de varios años atrás, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en aras de cumplir cabalmente con nuestra misión constitucional y contar con un sistema más ágil de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos, además de tener un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.

Se tenían manuales que databan de 2006, y procedimientos obsoletos que, entre otras cosas, alentaban las duplicidades operativas y mantenían a visitadores adjuntos haciendo tareas administrativas, con el consecuente resultado de que descuidaban sus funciones sustantivas y, por ende, se alargaba el tiempo de respuesta a las víctimas, vicios que era imperativo dejar atrás. Eso motivó la revisión de las estructuras orgánicas de los Órganos y Unidades Administrativas que conforman esta Comisión Nacional, y es la razón fundamental por la que se impulsaron reformas al Reglamento Interno de la CNDH que en muchos sentidos contradecía a la propia Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre los principales cambios, el que consideramos de mayor alcance ha sido el fortalecimiento de la Dirección General de Quejas y Orientación y de las áreas de procedimientos al interior de las Visitadurías Generales, generando estructuras más acordes a cada función, un tramo de coordinación interna que ayude a eliminar el rezago, que coadyuve al mejor cumplimiento de las tareas sustantivas de cada área, y la eliminación de otras funciones, ajenas a las que fundamentalmente y por ley, debían cumplir tanto las Visitadurías como el área de Quejas.

De la misma manera, se alineó el Reglamento Interno con la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con respecto a las funciones de la Secretaría Técnica y la Secretaría Ejecutiva. En la primera, se concentraron todas las funciones de promoción y educación, que antes estaba dispersas en las seis Visitadurías. Y con respecto a la Secretaría Ejecutiva, se fortalecieron sus tareas de seguimiento de las recomendaciones internacionales, que se encontraba en ceros, además de atender las relaciones con ONG´s e instituciones públicas de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales; y se creó la Dirección General de Progresividad, a fin de  conducir y supervisar los estudios en materia de progresividad de los derechos humanos y contribuir a la evolución y avance de la normatividad, políticas públicas, presupuesto público y prácticas administrativas en el país y al interior de la institución.

También se reforzaron las tareas de planeación, control y evaluación interna, mediante la transformación de la Dirección General de Planeación y Análisis en Dirección General de Planeación y Estrategia Institucional. Y se creó como Unidad Administrativa la Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas, con el objeto de organizar, planear, analizar y evaluar de manera integrada y profesional, los servicios de peritaje y dictaminación requeridos por los órganos sustantivos.

Además, se eliminó la figura del Oficial Mayor; ahora se tiene una Coordinación General de Administración y Finanzas, esto con el objeto de que desde la Presidencia se vigile la disposición y control del presupuesto, además de evitar la burocracia y, sobre todo, eliminar las posibilidades de corrupción, sobre todo en lo referente a adquisiciones y contrataciones. Resultado de esto, hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, se privilegia la licitación pública, y sólo el 8% del total de adjudicaciones fueron directas e invitación a cuando menos 3 personas. 

La transformación de la CNDH, en un sentido más amplio, ha implicado dos cuestiones centrales: la reducción de un aparato administrativo desproporcionado, de intrincados y abrumadores sistemas de comprobación y de mandos excesivos, y lo de fondo, la conversión de su vocación inicial, no pocas veces meramente testimonial, en una verdadera defensoría del pueblo, algo que no es caprichoso sino que responde a una realidad por años reclamada no sólo por organismos públicos y privados de defensa de los derechos humanos, sino por las propias víctimas, de manera que hoy se prioriza la protección y defensa activa de los derechos humanos, sin dejar a un lado, como ya se ha dicho, la consolidación de la cultura preventiva en esta materia.

Estamos ciertos de que para dar cumplimiento a nuestra misión y visión institucional es fundamental involucrar más a las víctimas y a la sociedad en general, en la generación de una cultura de protección, promoción, observancia, estudio y difusión de los derechos humanos. Buscamos que haya un verdadero respeto de la dignidad humana, evitando las causas estructurales que dan pie a que existan violaciones a los derechos humanos y que incurren en la revictimización, además de garantizar una adecuada reparación del daño que incluya la garantía de no repetición, pero más importante aún, que las consecuencias para quienes violan los derechos sean ineludibles.

Todas nuestras acciones han sido orientadas en beneficio de las víctimas, y se expondrán siempre con transparencia, porque buscamos resultados, reales y contundentes, que trasciendan el discurso. Por eso, asumimos la crítica como un apoyo para corregir lo que se tenga que corregir y mejorar todo lo que se pueda mejorar, y seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades para atender las demandas de la sociedad, que exige que se respeten sus derechos humanos y se les defienda sin pretextos.

El reto es enorme, tanto como la demanda de atención. Para darnos una idea de su magnitud, simplemente decir que en 1990, el número de quejas que recibía esta Comisión era de 1,343, y se atendió a 548 personas [3]. En el año 2000, el número de quejas se incrementó a 5,692, no contándose con registro del número de personas atendidas ese año. Sólo en sus primeros 10 años de existencia, la Comisión Nacional registró 75,972 expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos [4]. Este año, el número de expedientes de queja fue de 11,521 y el número de víctimas 134,516. Y aún con esos números, hoy se tienen mejores resultados.

También en las acciones de promoción y divulgación tenemos mejores resultados. En 2021 la Comisión Nacional realizó, en todo el país, 3,094 actividades de promoción, capacitación y formación, con lo cual se benefició a 1,201,810 personas. De este total, 2,392 actividades se realizaron a distancia con una asistencia de 1,130,323 personas. Números sin precedentes en la historia de la CNDH. De igual forma, en este periodo, de acuerdo con el registro de las descargas, se obtuvieron 543,421 constancias de cursos y 67,292 diplomas por diplomados, ambos de modalidad en línea. En 2019, se emitieron 14,372 constancias. Lo que significa que hoy, también, formamos y educamos más en derechos humanos.

En efecto, y tal como nos comprometimos, estamos haciendo más con menos. A todas y todos se atiende, sin prejuicios ni distinciones, y lo que prevalece es el compromiso de defender a cabalidad los derechos humanos. En la nueva CNDH no hay grupos favoritos ni de atención prioritaria. Tampoco hay ni se permitirán agendas políticas.

Estoy consciente de que aún falta mucho por hacer, pero abrigo la convicción de que estamos en el camino correcto. Porque no sólo necesitamos una nueva y mejor CNDH, lo que hace falta es construir una auténtica Defensoría de los Derechos del Pueblo. Y de la mano de las víctimas, estoy segura de que lo lograremos.
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QUEREMOS JUSTICIA, PRIMERO LAS VÍCTIMAS.

Rosario Piedra Ibarra

Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos