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Informe de Actividades 2021    Ayuda

Recomendaciones Generales

Durante 2021 se emitieron  las dos Recomendaciones Generales que se presentan a continuación.

44/2021 Sobre el Deber del Estado de Garantizar el Derecho al Trabajo Digno a las Personas Privadas de la Libertad en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana

De las visitas de supervisión realizadas por personal de esta Comisión Nacional, y de acuerdo también con la información brindada por parte de las personas privadas de su libertad (PPL), se ha advertido la poca claridad de las disposiciones en materia de trabajo al interior de los Centros Penitenciarios del país, lo que ha generado una serie de prácticas indebidas, como es el poner a trabajar a las PPL en servicios de mantenimiento institucional, sin la debida remuneración.

Esta Comisión Nacional también ha constatado que los estándares básicos relacionados con el derecho al trabajo generalmente no se observan ni cumplen para las personas privadas de la libertad. En primer lugar, se ha podido verificar que en algunos centros penitenciarios de la República Mexicana las personas recluidas no cuentan con la oportunidad de ejercer un trabajo libremente escogido, libre de prejuicios y con perspectiva de género, es decir, las que pueden trabajar lo hacen en lo que el centro les puede ofrecer, no en un trabajo por el que puedan optar de manera libre; en segundo lugar, la oferta existente de plazas laborales es insuficiente para la población total que solicita un empleo, por lo que, la disponibilidad de obtener un trabajo tampoco se colma en sus términos, ya que las actividades laborales desarrolladas en diversos centros penitenciarios, en algunos casos no se realizan bajo condiciones de dignidad, porque no se les otorgan salarios justos que les permita satisfacer sus necesidades personales y/o familiares; y no se les brindan opciones y condiciones mínimas para elegir libremente un estilo de vida y tampoco para acceder a la seguridad social, a servicios de estancia infantil mientras ejercen el empleo, a un seguro de vida y/o de riesgos laborales.

Como se observó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido por la CNDH en el 2019, en la mayoría de los centros penitenciarios estatales y federales había insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y/o de capacitación, lo que, en consecuencia, los limitaba a la posibilidad de que accedan a un empleo que les garantice seguridad social, prestaciones e indemnizaciones, en su caso.

Es por ello que esta Comisión Nacional emitió la Recomendación General 44/2021, por medio de la cual señala que el Estado mexicano debe generar la normatividad específica, los lineamientos, los mecanismos de acceso, colaboración o celebración de convenios, que generen las condiciones para garantizar el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad y su capacitación para el empleo, explorando modalidades en las que, con la ayuda de las autoridades corresponsables desarrollen ciertos tipos de trabajos, como por ejemplo, para la operación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria o de oficinas gubernamentales mediante la suscripción de contratos internos; para el desarrollo de actividades de manufactura y construcción de mobiliario de oficina, de escuelas, para el hogar, para la fabricación de placas de matrícula para automóviles.

Asimismo, respecto de la insuficiencia o inobservancia de las prestaciones y seguridad social, el Estado debe generar aquellas acciones que permitan el acceso efectivo para que las personas privadas de su libertad, además de elegir la ocupación o actividad que deseen de acuerdo con sus habilidades, sin limitación alguna y, además que, al elegir dicho trabajo, éste sea remunerado y proporcional a las actividades desarrolladas, tiene el deber de observar que el empleador ofrezca las condiciones de seguridad social, higiene en el trabajo e incluso, posibles indemnizaciones en caso de accidentes en el ámbito laboral, en igualdad a las prestaciones que se regulan para las y los trabajadores en libertad.

La CNDH enfatiza que el modelo de reinserción social impulsado por la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé también la inclusión de programas detallados y completos que faciliten la reincorporación laboral de las personas después del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Por tanto, los programas destinados a su incorporación a la comunidad deben estar destinados, en la medida de lo posible, a que accedan en igualdad de condiciones y sin distinción a una actividad laboral, que incluya seguridad social, prestaciones de ley e incluso beneficios para el acceso a una vivienda. Por lo que es indispensable, dotar a las personas privadas de la libertad de la capacitación y acceso a programas educativos, en el uso de las nuevas tecnologías de la información e idiomas que les permita competir en el mercado laboral actual y dar un seguimiento puntual post penitenciario respecto de su incorporación al ámbito laboral en libertad.

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Recomendación General 45/2021 Sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y cultura

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió este instrumento recomendatorio a la Titular de la Secretaría de Gobernación; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas; titulares de las Mesas Directivas del H. Congreso de la Unión; Titulares de las Mesas Directivas de los H. Congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México; Titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública y Titulares de los Institutos de Defensoría Pública de las entidades federativas; Titular de la Fiscalía General de la República y Titulares de las Procuradurías o Fiscalías de Justicia de las entidades federativas; Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas u homólogos en las entidades federativas y Titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas u homólogos en las entidades federativas.

Las lenguas indígenas, así como la diversidad lingüística de nuestro país, cuentan con reconocimiento y protección en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; sin embargo, la validez de las lenguas indígenas en cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública del Estado, aún no se ha materializado de forma plena.

Lo anterior, ha incidido en otros ámbitos, tales como en una cobertura parcial al momento de proporcionar los servicios de personas traductoras e intérpretes en los distintos procedimientos desarrollados por las instituciones públicas, pero de manera particular en el procedimiento penal, lo cual, además de debilitar sus derechos humanos, genera violaciones a los mismos.

Esta Recomendación General, tiene como objetivo exponer que, a las personas Indígenas sujetas a un procedimiento penal, se les transgrede el derecho a contar con personas intérpretes, defensoras o traductoras, que tengan conocimiento de su lengua y su cultura; circunstancia que implica una violación al debido proceso y al pleno acceso a la jurisdicción del Estado; proponiendo en consecuencia, generar las iniciativas de Ley en el ámbito del orden estatal y federal, respectivamente, así como, la creación de protocolos y Guías de Actuación; y, programas de formación en la materia; mismas que habrán de formularse en un marco de derechos humanos, con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.

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