-
La coyuntura actual ofrece la oportunidad para adoptar políticas públicas orientadas a la protección de los DESCA y de las personas y grupos históricamente vulnerados.
-
Es obligación del Estado contar con un gasto social que tenga como objetivo el desarrollo y bienestar de las personas en el pleno ejercicio de sus derechos sociales.
-
Todas las autoridades tienen la obligación de generar las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.