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Informe de Actividades 2021    Ayuda

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Diagnóstico en Relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acorde con su mandato, encamina sus esfuerzos para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), los cuales se identifican como aquellos derechos humanos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, y comprenden, entre otros, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, al medio ambiente sano, así como de diversos grupos que históricamente han sido víctimas de violaciones sistémicas de sus derechos humanos como los grupos y comunidades indígenas, niñas, niños y adolescentes, las mujeres, por mencionar algunos.

A partir del análisis de dichos derechos y grupos, esta Comisión Nacional observa, entre otras cuestiones, que el marco normativo puede requerir ajustes y una armonización normativa adecuada, además de la inclusión de un lenguaje ciudadano que permita llegar a más personas para contribuir a una cultura de derechos humanos; sin embargo, se debe cuidar que dichos ejercicios no resulten en acciones reduccionistas en relación con el progreso de los derechos humanos en el país.

Por otra parte, ante la contingencia sanitaria consecuencia del virus SARS-Cov-2 se generó un importante reto en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país y en el resto del mundo. Las brechas de desigualdad y la privación del goce de derechos universales se agravaron, en consecuencia, se hizo apremiante que los Estados avanzaran en la atención de estas problemáticas, considerando los efectos diferenciados que pueden tener en la población, particularmente, en aquellos grupos en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, es pertinente señalar que este Organismo Nacional ha hecho hincapié, incluso previo a la pandemia, en la relación que tienen los DESCA con el mejoramiento de las condiciones de vida, equidad y justicia en nuestro país, por lo que ha instado a las autoridades a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de estos, evitando tomar medidas regresivas.

Además, se insiste en la necesidad de su protección y garantía conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en especial, ante el contexto actual y futuro suscitado por la pandemia.

La labor de la CNDH adquiere un papel crucial al constituirse como un mecanismo para la exigibilidad de los derechos humanos y la protección de víctimas o de personas susceptibles de serlo. Es por esta razón que, a través de sus actividades de promoción, divulgación y capacitación acerca a la población más información sobre sus derechos y las obligaciones que corresponden al Estado. Al mismo tiempo, proporciona elementos a las autoridades para que en observancia a lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, encaminen su gestión y actividad a la satisfacción de los derechos humanos e implementen políticas y presupuestos públicos con perspectiva de derechos humanos.

En el caso de los DESCA, corresponde a la CNDH atender las quejas relacionadas con sus posibles vulneraciones, así como aquellas acciones tendientes a la promoción y difusión de estos derechos; con respecto a esta última actividad está dirigida a la población en general, misma que conforme a datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 2021 se estima una población a mitad de año de 128 972 439 personas, 51% de estas son mujeres frente a 48% hombres. No obstante, en relación con la población objetivo del Programa E026: Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales consideró los datos del registro histórico de años previos, incrementando entre un 1% y 5% su estimación, la cual se vio superada dado el interés de las personas por conocer de sus derechos. En 2021, la población objetivo que recibió los servicios en materia de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales fue de 2,994 personas.


El Diagnóstico puede consultarse completo  aquí.

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y los DESCA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera como criterios orientadores de su labor institucional, el colocar en el centro a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo. Es en este contexto que la presidenta de este Organismo Nacional Autónomo ha incentivado el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de protección, promoción y observancia de los derechos humanos; una mejora continua de sus procesos, estructura y resultados, así como un manejo eficiente de los recursos asignados bajo lineamientos de austeridad.
 
Por consiguiente, se ha orientado la actividad institucional a fin de implementar en las acciones relacionadas con la promoción y difusión de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) temáticas enfocadas a visibilizar aquellos mecanismos de protección de los derechos humanos que permitan a las personas reconocer, en especial, a la CNDH como una instancia para tal efecto.  Además, se prevé incentivar el seguimiento y conclusión adecuado de los expedientes que contribuya a que las personas se sientan atendidas la información proporcionada resulte accesible, orientadora, en su caso, o bien  coadyuve a la solución de la problemática planteada.
 
Para tal efecto, se han implementado diversas acciones como son:
  • La generación de actividades que permitan acercar a la población en general, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; herramientas y conocimientos (tanto generales como especializados) en materia de DESCA, a fin de contribuir a una cultura de derechos humanos que permita reducir las vulneraciones al informar a las personas sobre sus derechos y, así, proteger su pleno goce y eficacia.
  • Fortalecer el conocimiento y las capacidades de las personas servidoras públicas respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
  • La realización de encuestas enfocadas en conocer la impresión de las personas usuarias de los servicios en materia de DESCA para contribuir al mejor conocimiento de sus derechos, acercarles información respecto de las atribuciones de la CNDH y robustecer las actividades realizadas.
  • Un informe que muestre la situación actual de los DESCA en México con datos que permitan a las autoridades competentes a quienes se dirija tener información que contribuya a la mejor comprensión de la realidad, de los retos y problemáticas en torno al ejercicio efectivo de los derechos, con la finalidad de que pueda ser considerado en los presupuestos, políticas o programas públicos y demás instrumentos con miras a que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particular los DESCA.
  • Revisar y dar seguimiento a los expedientes de queja que se encuentren en rezago para una atención pertinente.
  • Generar sinergias con diversas instituciones (públicas o privadas), organizaciones o personas interesadas en la protección, respeto, garantía y promoción de los DESCA, con el propósito de acercar estos derechos a más personas, por un lado, y por el otro, contribuir a la gestación de una cultura de derechos humanos en el país.
  • Contribuir con la generación de contenidos en materia de DESCA que acerquen información precisa de dichas prerrogativas a más personas, con la colaboración de diversas áreas de la CNDH.

Actividades de Vinculación en Relación con los DESCA

La CNDH busca generar relaciones y estrechar la cooperación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y diversos actores de la sociedad, con la finalidad de fortalecer la promoción y difusión, así como la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
 
Durante el 2021 se sostuvieron nueve reuniones de vinculación con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales e instituciones académicas, en los siguientes términos:

En marzo, se llevó a cabo una reunión con la organización Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, A. C., en la que se propuso la posibilidad de llevar cabo una actividad de promoción intitulada “Primer Encuentro Internacional de Derecho Cooperativo y Economía Social. Modelo alternativo rumbo al buen vivir ante el COVID-19”.
 
Durante abril, se celebraron tres encuentros de trabajo, dos de estos, con la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a efecto de incentivar la colaboración en actividades de promoción con autoridades federales en temáticas relacionadas con el derecho humano a la paz y los DESCA.
 
Asimismo, se estableció un vínculo, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva de la CNDH, con la Representación Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD México), que tuvo por objeto plantear una agenda conjunta que permita la coorganización de actividades de promoción y la elaboración de materiales de divulgación.
 
En mayo, se sostuvieron cinco reuniones de vinculación, dos de ellas, con la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a efecto de dar seguimiento a las acciones de formación en temas de derechos humanos, mediante cursos autogestivos o a distancia y conferencias.
 
Aunado a lo anterior, se sostuvo un encuentro con la organización internacional Partners of the Americas que tuvo por objeto exponer la labor de la organización, enfocada a derechos laborales, grupos de atención prioritaria y proveedores e invitar a la CNDH a participar en acciones de capacitación, atención y seguimiento a quejas.
 
Adicionalmente, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Nacional, en mayo, se compartió con el Instituto Danés de Derechos Humanos las actividades que se han implementado en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), con el objetivo de establecer una agenda común, incluso de carácter regional.

Finalmente, y en seguimiento a la reunión sostenida, previamente con el PNUD México, en mayo, se sostuvo un encuentro con la finalidad de avanzar en la construcción de la agenda de trabajo común.

Actividades de Promoción de los DESCA

Aunado a las actividades de protección de los derechos humanos que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en favor de las víctimas o probables víctimas de violaciones a sus derechos humanos, este Organismo Nacional ha enfocado también sus esfuerzos a la promoción y difusión de dichos derechos. Este rubro se basa en tres cuestiones fundamentales, la primera, es que las personas conozcan los mecanismos que están a su disposición en caso de considerar que sus derechos humanos han sido violados por alguna o varias autoridades; un segundo ámbito consiste en contribuir a una cultura de derechos humanos que permita empoderar a las personas y así lograr que cada vez más personas se reconozcan como titulares de sus derechos humanos; y, por último brindar espacios que contribuyan al diálogo y con ello fomentar la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en el actuar de las autoridades.

Es en este contexto que durante 2021 la CNDH decidió impulsar diversas temáticas relacionadas con los DESCA, lo que ha requerido esfuerzos por promover la agenda de dichos derechos en el escenario de la pandemia por COVID-19, lo cual ha dado oportunidad de encontrar otras maneras de llegar a las personas y acercar las actividades que a continuación se describen.

Las actividades de este año iniciaron con la conferencia Una aproximación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a cargo del doctor Armando Hernández Cruz, Director General de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, llevada a cabo el 24 de marzo. En este espacio se destacó la evolución histórica de los derechos humanos; de manera particular, distinguió entre derechos sociales, colectivos y de solidaridad internacional; además de explicitar el catálogo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, resaltó los distintos mecanismos para hacer exigibles los DESCA y destacó la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tal efecto.

Los días 22 y 23 de abril, se llevó a cabo la transmisión del Foro El acceso a las TIC y su impacto en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, , en el cual se contó con la participación de distintas personas especialistas en derechos digitales, infoactivismo, así como promoción y protección de derechos humanos. Entre las principales conclusiones destaca que es necesario generar más datos que permitan comprender a fondo las diferencias de las poblaciones y cuáles son las razones por las que están desconectadas; considerar que el acceso a Internet es una discusión más amplia y compleja; además de reconocer que la implementación de tecnología ha tenido un enfoque tecno-solucionista, no tiene interés comunitario de poner a la dignidad de las personas como centro de sus desarrollos, sino responden generalmente a intereses particulares de industrias, empresas o gobiernos que ven en su implementación más capacidad de vigilar y controlar a la población.

Por otra parte, se enfatizó en el uso de estas tecnologías con el fin de trasparentar los documentos que estén en posesión en las instituciones, al tiempo de fomentar política pública donde se incluya la modernización de los procesos a favor de la ciudadanía y la mejora institucional. Desde la CNDH, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación favoreció la creación y promoción de contenidos para generar una cultura de derechos humanos en México como parte del proceso de transformación de la institución, cuya misión ahora está centrada en las víctimas y sus familiares, además de coadyuvar a los procesos de memoria, verdad, justicia, reparación de daño y garantía de no repetición.

El 20 de mayo inició el Ciclo de conferencias "La relevancia de la ratificación de instrumentos internacionales en materia de DESCA"con la participación del doctor Víctor Emilio Corzo Aceves, experto en Derecho Internacional, quien centró su conferencia en dos ideas específicas: los mitos y realidades de los derechos humanos y la relevancia de la suscripción de tratados. Destacó que los instrumentos internacionales que codifican los derechos humanos no van a ser letra petrificada, se busca que estos sean instrumentos vivos que vayan desarrollándose, aplicando este criterio pro persona siempre con la finalidad de ir avanzando en la agenda de protección de los derechos humanos e ir adaptando la misma a estas circunstancias nacionales e internacionales que acontecen hoy en día.
 
En relación con la relevancia de la ratificación y firma de instrumentos internacionales en derechos humanos señaló, en primer término, que estos son la herramienta por la cual se le puede exigir internacionalmente al Estado que cumpla con dichas prerrogativas. Adicionalmente, favorece la homologación de criterios o estándares en relación con el alcance y límites de los derechos humanos en toda la comunidad internacional, y permite advertir con toda claridad las cláusulas de excepcionalidad en las que no es posible respetar ese derecho humano o bien será limitado.

Los días 9 y 15 de julio se realizaron la Mesa de Análisis Pandemia y Derechos Humanos y la Mesa de Análisis Internacional Pandemia y Derechos Humanos, respectivamente, en las que se contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

El 9 de julio, el doctor José Cruz Nabor Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) expuso el vínculo que existe entre la medición multidimensional en México de la pobreza, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, acotando el impacto de la pandemia en los derechos sociales, en su plano individual o colectivo. Además, enfatizó en la necesidad por contar con un gasto social que, como lo describe la definición que compartió tenga como objetivo el desarrollo y bienestar de las personas en el pleno ejercicio de sus derechos sociales, además de reducir las brechas sociales existentes.
 
Por su parte, la maestra Norma Lorena Loeza Cortés, consultora en temas de análisis de presupuestos y políticas públicas, derechos humanos y no discriminación, refirió que la pandemia por COVID-19 ha agravado las desigualdades que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, y, derivado de la contingencia, los gobiernos han aplicado medidas que pueden poner en riesgo el acceso pleno a los derechos humanos de las personas que viven en estas condiciones de vulnerabilidad, de ahí la necesidad de atenderles con un enfoque de derechos humanos.
 
El 15 de julio, la señora Merete Hansen, Representante Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos, aludió a la relación de la pandemia con la crisis ambiental y climática, misma que, en su opinión, es muy evidente, por eso debemos ser innovadores y replantear cómo llegar a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a nivel global, precisamente con enfoque de derechos humanos. Por su parte, el maestro Augusto Rey expuso la participación de actores que tienen un papel central en la recuperación sostenible; y, recalcó que el sector privado tiene un rol central en la reducción de la pobreza; en la producción de riqueza; en la promoción de la igualdad de oportunidades y combatir todo tipo de discriminación, además de ser respetuosos con el medio ambiente y facilitar el acceso a la información y el conocimiento, por ello, el Estado requiere del emprendimiento privado para fortalecer la democracia, crear resiliencia y construir un tejido social productivo y equitativo.
 
La mesa concluyó con la intervención de la doctora Rosalinda Morales Garza, Directora General de Investigaciones de la Sexta Visitaduría General quien señaló que las respuestas ante los retos que ha puesto la pandemia por COVID-19 y otras posibles emergencias sanitarias futuras tienen que partir y poner en el centro los derechos humanos, por lo que entre dichos retos, que se deben estimular los equilibrios socioemocionales de las personas al enfrentar estas contingencias, combatir el abandono y supuestos de desigualdad que sin duda se agravaron, además la difusión de cómo las personas tienen que reconocer sus derechos humanos y exigir su cumplimiento.
 
En agosto, en continuidad, al Ciclo de conferencias: "La relevancia de la ratificación de instrumentos internacionales en materia de DESCA" se llevó a cabo la Conferencia sobre el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
 
La Bióloga Olimpia Castillo detalló en su exposición los antecedentes y proceso que llevaron a la emisión del Acuerdo de Escazú. En su opinión, uno de los temas más complejos del Acuerdo se señala en el artículo 8 sobre acceso a la justicia ambiental, que contempla la ejecución y cumplimiento oportunos, reparación al estado previo, eliminar barreras de acceso a la justicia, divulgación de los derechos, difusión de decisiones judiciales, así como interpretación o traducción.
 
De manera puntual resaltó el artículo 9 el cual fue una aportación de las organizaciones de la sociedad civil, que habla sobre la protección a las personas defensoras ambientales y establece medidas adecuadas y efectivas para proteger todos los derechos de las personas defensoras. Hizo hincapié en la importancia de hacer efectivos los derechos de acceso, ya que el contar con información, acceder a justicia y participar en la toma de decisiones favorecerá el contar con políticas ambientales más transparentes y una ciudadanía informada, así con el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano que puede también dar cumplimiento a otros derechos como: el derecho a la vida, el derecho al agua, entre otros. Recordó que el Acuerdo de Escazú es un instrumento vinculante, es decir,  los gobiernos que los suscriben están obligados a cumplirlo y se debe avanzar hacia su implementación.
 
El 21 de septiembre se efectuó la Mesa Virtual Hacia una Cultura de Paz y Derechos Humanos integrada por distintos especialistas quienes reflexionaron sobre la paz, de sus intervenciones se destaca lo expresado por el doctor Narváez Hernández aseveró que México posee una cultura muy paradójica, presenta una imagen pública internacional muy hospitalaria y amigable la cual no se asume como una sociedad violenta, sin embargo, somos el segundo país en muertes violentas y el número sigue en aumento. Por otra parte, Yuria Saavedra refirió que las relaciones de género están marcadas por la desigualdad, lo cual, es un problema en sí mismo, destacó que, en algunos países uno de los indicadores de estructuras de paz es la igualdad de género y para lograrla, debemos transformar las estructuras sociales y culturales que producen y reproducen la posición subordinada de las mujeres, les impide ser personas plenas, tomar decisiones autónomas y alcanzar una condición de igualdad material.
 
En sintonía con lo expresado por los panelistas, Hiram Valdez destacó que para erradicar la violencia se debe trabajar en redes a través del gobierno, la sociedad civil, el sector educativo, los empresarios y todo aquel que esté interesado en la construcción de paz en México, con el objetivo de crear una cultura en donde las personas sean capaces de alzar la voz y erradicar los ataques y agresiones que se viven en México. Finalmente, Sofía Trejo y Marisol Lizárraga compartieron con la audiencia la experiencia del Programa Nacional de Salas de Lectura, conformado por un voluntariado, tiene tres ejes fundamentales que son: el desarrollo cultural comunitario; los derechos culturales como sombrilla de todo el proceso y la gobernanza como un trabajo de abajo hacia arriba.

Los principales objetivos de estas salas de lectura son: favorecer una cultura de paz desde el yo hacia los otros y generar un espacio de encuentro, orientación y formación en procesos de lectura y escritura, con una visión transversal desde los derechos humanos.
 
El 1 y 2 de diciembre se llevó a cabo el Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se centró en el derecho humano al desarrollo, particularmente, ante el escenario suscitado por el COVID-19, al considerar necesario reflexionar sobre su contenido esencial, así como los retos y perspectivas en el corto y mediano plazo para los Estados. Sin duda la implementación, cumplimiento y seguimiento de la Agenda 2030 resulta crucial para hacer efectivos estos derechos.
 
En este evento se contó en el acto inaugural con la participación de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien señaló que es fundamental atender aquellas condiciones estructurales que generan desigualdad y exclusión, mismas que se han agudizado durante la pandemia, además de colocar en el centro de la acción pública a las personas y sus derechos, al igual que cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas.
 
En el marco de la conferencia magistral el señor Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó que, a pesar de la evolución progresiva del concepto del Derecho al Desarrollo y su inclusión en algunos instrumentos internacionales, regionales y constituciones nacionales, el nivel general de conciencia de participación para su implementación sigue siendo bajo. De igual forma, consideró que ésta se enfrenta a diferentes desafíos, como la crisis financiera y económica global, la crisis energética y climática, el aumento en el número de desastres naturales, las nuevas pandemias, el aumento en la automatización en muchos sectores, la corrupción, los flujos financieros ilícitos, la privatización de servicios públicos, la austeridad y otras medidas que afectan a la población global incluyendo a los países desarrollados.
 
Durante los días de actividad se contó con la participación de especialistas nacionales, regionales e internacionales que reflexionaron sobre la vinculación entre medio ambiente y desarrollo, la importancia de contar con instituciones sólidas, así como el fortalecer la cooperación para lograr el desarrollo sostenible, entre las conclusiones principales, se destaca la coincidencia de repensar nuestro concepto sobre el derecho humano al desarrollo; cómo medimos su progreso o realización; cómo transitamos de un diseño de políticas de desarrollo sectorial a uno en el que la interdependencia e indivisibilidad estén contempladas desde el principio; además de considerar un enfoque integral que incluya una dimensión ambiental y social.

Actividades de Difusión de los DESCA

Aunado a las actividades de promoción y protección que realiza la CNDH en materia de DESCA, resulta igual de trascendente contar con materiales cuya finalidad sea acercar contenidos a las personas para que tengan un mayor conocimiento de los derechos humanos, de los mecanismos para hacerlos exigibles y de su vinculación con la política pública. Es en este contexto que se entregaron 674 ejemplares mediante los cuales se difunde información relacionada con derechos humanos el derecho humano al agua potable y al saneamiento, al trabajo y en el trabajo, a la seguridad social, entre otros; así como publicaciones enfocadas a la atención y seguimiento de diversos temas relacionados con los derechos humanos. Puede consultar el detalle de los materiales distribuidos aquí o bien, puede consultar la siguiente gráfica.
 
Asimismo, se contribuyó con la creación de contenidos en diversas temáticas como los derechos humanos al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad social.

Difusión en Materia de DESCA

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que un trabajo decente “significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.
 
Por consiguiente, la OIT puso en el centro de sus discusiones, entre otros temas, la situación de la violencia en el trabajo, particularmente, el examinar qué puede considerarse violencia laboral, qué formas puede revestir y sus efectos, además del impacto en las personas trabajadoras y las empresas.
 
En México, existen importantes avances legislativos relacionados con la violencia y acoso en el mundo del trabajo, sin embargo, es una problemática latente, motivo por el cual esta Institución Autónoma decidió elaborar un documento que permita resaltar los efectos de esta problemática en el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales; la relevancia de que las autoridades adopten las medidas respectivas que contribuyan a la prevención, investigación y, en su caso, sanción de los hechos que transgredan la dignidad de las personas y restrinjan su libertad y pleno desarrollo; y, a las personas identificar las instancias para la defensa de sus derechos.
 
Adicionalmente, y con la finalidad de conocer el impacto de la violencia y acoso laboral en las personas servidoras públicas que laboran en las dependencias gubernamentales a nivel federal, se puso a disposición en el portal web de este Organismo Nacional una “Encuesta de Percepción sobre Violencia y Acoso Laboral en el Servicio Público”.

Protección y Defensa de los DESCA

Este Organismo Nacional con base en su mandato constitucional lleva a cabo esfuerzos en la protección y defensa de los derechos humanos, entre ellos, la atención de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, toda vez que la misma se ha vuelto cada vez más apremiante dada la interdependencia de los derechos y el impacto que ejercen en diversos sectores de la sociedad, en la dignidad de las personas y el pleno desarrollo individual y colectivo.
 
En este sentido, durante 2021, la CNDH inició en materia de DESCA con 806 expedientes en trámite al 31 de diciembre de 2020, cifra que se incrementó durante el año en curso, al radicarse 11,144 expedientes para conformar un total de 11,950 expedientes integrados, de los cuales, se concluyeron un total de 11,138 expedientes durante el mismo período.

Las autoridades que fueron señaladas de manera frecuente por las personas que solicitaron la intervención de este Organismo Autónomo son:
 
1 Instituto Mexicano del Seguro Social
2 Comisión Federal de Electricidad
3 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
4 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
5 Secretaría de Educación Pública
6 Petróleos Mexicanos
7 Secretaría de la Defensa Nacional
8 Guardia Nacional
9 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
10 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
 
Aunado a los expedientes analizados y concluidos, se avanzó en la conclusión de expedientes que por diversas razones se hallaban rezagados, de los cuales se concluyeron 474.

Por otra parte, derivado de las investigaciones realizadas durante el periodo se emitieron 24 Recomendaciones Específicas, con la finalidad de restituir violaciones a derechos humanos, en especial, a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. De las 24 recomendaciones específicas emitidas, se señalaron a 23 autoridades diferentes como responsables, 32 autoridades ocasión, de las cuales 17 aceptaron la recomendación que les fue dirigida y 15 se encuentran en tiempo de manifestar su aceptación o no.

Adicionalmente, se emitió 1 Recomendación por violaciones graves la cual fue dirigida a 2 autoridades que manifestaron su aceptación.
 
Es importante señalar que, en algunos casos las autoridades fueron destinatarias de más de una recomendación, el desglose de Recomendaciones puede consultarse aquí, o bien el concentrado general se puede visibilizar en el siguiente tabla:
 
Autoridad Recomendación Específica Recomendación por Violaciones Graves
Auditoría Superior del Estado de Puebla 1 -
Alcalde de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México 1 -
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 1 -
Comisionado de Prevención y Readaptación Social   1
Director General de CFE Distribución 5 -
Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 1 -
Director General del ISSSTE 5 -
Fiscal General de la República   1
Fiscal General del Estado de Oaxaca 1 -
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas 1 -
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 1 -
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 1 -
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí 2 -
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 1 -
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí 3 -
Secretario de Comunicaciones y Transportes 1 -
Secretario de Gobernación 1 -
Secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 1 -
Instituto Mexicano del Seguro Social 1 -
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 1 -
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 -
Director General de Registro de Asociaciones de la STPS 1 -
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 1 -
Total 32 2

Nota: una Recomendación puede ser dirigida a más de una autoridad. 

 
Recomendaciones Específicas
Durante febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 3/2021 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al trato digno, a una vida libre de violencia, a la legalidad y seguridad jurídica y al acceso a la justicia en sede administrativa, en agravio de V, por actos atribuibles a autoridades del Gobierno de San Luis Potosí.
 
La víctima denunció actos violatorios a sus derechos ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, a pesar de lo cual no se garantizó su integridad y, por el contrario, dicha situación derivó en actos revictimizantes como cambios de adscripción sin su consentimiento, falta de asignación de actividades, herramientas o un lugar adecuado de trabajo, además de que no se sancionó a la persona servidora pública que vulneró sus derechos.
 
Durante la investigación se documentaron omisiones para brindarle a la víctima en cuestión apoyo especializado aunado a la falta de perspectiva de género en las actuaciones realizadas para salvaguardar su integridad, a pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y este Organismo Autónomo, por lo que se determinó que existe responsabilidad de diversas autoridades locales ante el desempeño de sus funciones, respecto a lo previsto en la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que no proporcionaron a la víctima información clara y precisa para que pudiera ejercer plenamente sus derechos humanos.
 
Ante ello, se recomendó la reparación integral del daño a las personas afectadas por estos hechos; emitir una disculpa pública por los agravios generados, reincorporar a la víctima a su lugar de trabajo para que pueda desempeñar sus actividades de manera adecuada, así como iniciar los procedimientos correspondientes a las personas servidoras públicas que vulneraron los derechos e integridad de la víctima según corresponda; realizar un diagnóstico de las acciones de formación y capacitación implementadas con base en las Recomendaciones emitidas por las Comisiones Estatal y Nacional, además de cumplir con las medidas de rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición expuestas en la Recomendación.

Durante marzo, la CNDH emitió la Recomendación 16/2021 Sobre el caso de violaciones a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en agravio de V, por la inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
 
Esta Comisión Nacional constató la falta de actuaciones por parte de personas servidoras públicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para dar cumplimiento al laudo, emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 7 de febrero de 2012, mediante el cual se condenó a la reinstalación de la persona víctima en el puesto que venía desempeñando, así como al pago de salarios caídos, horas extras, días de descanso obligatorio, aguinaldo, vacaciones, aportaciones ante el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, entre otras.
 
Por este caso, se emitieron cinco puntos recomendatorios entre los que destaca se proceda a la reparación del daño ocasionado a V, así como el ingreso al Registro Nacional de Víctimas; y, se elabore un plan de trabajo para dar cabal cumplimiento a los laudos firmes que las autoridades laborales emitan, en su oportunidad.
 
Asimismo, se emitió la Recomendación 17/2021 Sobre las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de tránsito y residencia, vivienda adecuada y movilidad, en agravio de los residentes del Distrito Urbano Mismaloya en Tonalá, Jalisco, por falta de vialidades efectivas y libres de peaje para acceder a sus viviendas.
 
Dirigida al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, al Gobernador de Jalisco, e integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la Recomendación en comento señala omisiones e irregularidades en la planificación, autorización y supervisión de fraccionamientos, sin vialidades que garanticen la conectividad libre y efectiva de sus residentes con los demás centros de población de ese municipio y el Área Metropolitana de Guadalajara.
 
La CNDH acreditó la existencia de violaciones a los derechos humanos motivadas en la falta de diligencia en los procesos de planificación, autorización y habilitación de los fraccionamientos ubicados en esa demarcación, junto con sus puntos de acceso. Sin que las autoridades hayan adoptado acciones para verificar la legalidad de las acciones urbanísticas promovidas por las empresas inmobiliarias constructoras.
 
Por ello, recomendó la adopción de diversas acciones con el fin de cesar las afectaciones y reparar en el ámbito colectivo a los residentes del distrito urbano, entre ellas, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Gobierno Estatal y el municipio de Tonalá, realicen conjuntamente las gestiones necesarias para garantizar la accesibilidad libre, asegurando la seguridad vial de usuarios de la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo, habilitar una infraestructura vial alterna y sin restricciones, garantizando condiciones de seguridad vial.

Durante abril, la CNDH emitió la Recomendación 23/2021 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) del Gobierno de la Ciudad de México, en agravio de V, por la inejecución de un laudo firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
 
Esta Recomendación fue dirigida al titular de la SEMOVI, al advertirse de las investigaciones realizadas que personas servidoras públicas de dicha Secretaría, incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones al no cumplir con la obligación de acatar el laudo firme que condenaba a la dependencia a reinstalar en sus funciones a un trabajador, así como a pagar diversas prestaciones, no obstante, de que en dos ocasiones contó con suficiencia presupuestal para tal efecto.
 
En consecuencia, se recomendó reparar el daño a la víctima, en los términos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para que sin más dilación se cumpla el laudo en todos sus puntos; capacitar al personal de las áreas de asuntos jurídicos y de administración y finanzas de la SEMOVI en relación con los derechos que resultaron vulnerados.

Por otra parte, se emitió la Recomendación 24/2021 Sobre el caso de la vulneración al derecho humano a la integridad personal, por la falta de debida diligencia en las actividades de supervisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas subterráneas de distribución de energía eléctrica en la Ciudad de México, que derivaron en lesiones a V1.
 
Lo anterior, derivado de las lesiones de politraumatismo que sufrió una persona en las instalaciones subterráneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución, ubicadas en la Ciudad de México, ante la falta de supervisión y mantenimiento de las mismas, atribuible a personas servidoras públicas adscritas a la empresa productiva.
 
Este Organismo Nacional concluyó que la línea subterránea eléctrica incumplía las especificaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, así como la Norma de Construcción de Sistemas Subterráneos de CFE, lo que provocó que la víctima cayera al interior de dicha instalación, adicionalmente, observó que esta empresa intentó negar la propiedad de esta línea, con la intención de evadir su obligación de resarcir los daños.
 
Por consiguiente, recomendó al Director General de CFE Distribución, reparar de forma integral el daño a la víctima en términos de la Ley General de Víctimas, incluyendo indemnización, atención médica, psicológica, rehabilitación e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas; y, solicitó se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias en las instalaciones en comento.

Finalmente, se emitió la Recomendación 26/2021  Sobre el Recurso de Impugnación de RV, en contra del insuficiente cumplimiento de la Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
 
En la integración del expediente, se advirtieron omisiones por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, para dar cumplimiento de manera inmediata, a la Recomendación 26/2018, emitida en diciembre de 2018, por la Comisión Estatal, a efecto de garantizar a las víctimas y recurrentes la Reparación Integral del Daño, en atención al principio del interés superior de la niñez.
 
Por ello, la CNDH recomendó a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, atender cabalmente los puntos recomendatorios emitidos y colaborar en la integración de la respectiva queja administrativa que se presentará ante las instancias correspondientes por las irregularidades descritas, así como capacitar a las personas servidoras públicas sobre derechos humanos y la debida diligencia administrativa, entre otros.

En julio, la CNDH emitió la Recomendación 32/2021 Sobre la no aceptación a la propuesta de conciliación respecto a las violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso en sede administrativa, atribuibles al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el procedimiento administrativo para rescindir la relación laboral de V.

Dirigida al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras la negativa de aceptar una propuesta de conciliación y derivado del análisis efectuado y evidencias que obran en el expediente, se concluyó que o se vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso de la víctima. Por lo que la Comisión determinó que personal del ISSSTE incurrió en responsabilidad institucional al incumplir lo dispuesto en los Lineamientos para el levantamiento de actas administrativas, aplicación de sanciones y elaboración de avisos de rescisión, a efecto de dar por terminada una relación laboral con la persona afectada.
 
Dichos lineamientos forman parte de la normatividad vigente, por lo que su observancia es obligatoria y su cumplimiento no puede quedar supeditado a la voluntad o discrecionalidad de las personas servidoras públicas involucradas; por el contrario, se deben acatar, atendiendo la obligación de salvaguardar los principios de disciplina, objetividad, profesionalismo, lealtad e integridad.
 
Por lo anterior, la CNDH solicita al director general del ISSSTE reparar el daño ocasionado a la víctima e inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para que se le otorguen las medidas de ayuda, asistencia, atención y acceso a la justicia previstas en la ley, además de colaborar en la queja que por lo ocurrido se presente ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto.

En septiembre se emitieron cuatro recomendaciones, mismas que se detallan enseguida:
 
La Recomendación 40/2021 se emitió al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución, por la falta de supervisión y mantenimiento de las líneas de distribución eléctrica que provocaron el fallecimiento de una persona menor de edad en el municipio de Asunción Nochixtlán; así como a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, por la indebida investigación de los hechos toda vez que el 11 de agosto de 2019.
 
Luego de investigar el caso, la CNDH acreditó que una de las fases de baja tensión de la línea aérea de energía eléctrica, propiedad de CFE Distribución, se encontraba reventada y colgaba del poste a 1.50 metros del suelo, lo que provocó que la víctima se electrocutara, vulnerando los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al principio del interés superior de la niñez.
 
En cuanto a la falta de supervisión, seguridad y mantenimiento de las redes aéreas, dicha empresa se limitó a informar que fue debido a usos ilícitos de la misma, así como al reblandecimiento del terreno que provocó que los postes se “desplomaran” y las líneas se colgaran, sin acreditar tal relación causal. Por ello, este Organismo solicitó al director general de CFE Distribución, entre otras acciones, reparar de forma integral el daño causado, incluyendo para ello una compensación y/o indemnización; además de brindar atención psicológica, tanatológica y psiquiátrica a los familiares de la persona fallecida e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas.
 
Adicionalmente, también deberá obtener un dictamen sobre el estado físico y de seguridad que guardan las líneas aéreas de Red de Energía ubicada en Asunción Nochixtlán e implementar las acciones correctivas para subsanar las faltas observadas, priorizando aquellas que pudieran poner en peligro la vida o bienes de las personas donde ocurrieron los hechos.
 
A la Fiscalía General de Oaxaca se le pidió, entre otros aspectos, declinar la competencia en favor de la Fiscalía General de la República (FGR), en cuanto a la presunta comisión del delito en materia federal.
 
En otro contexto, se emitió la Recomendación 43/2021 al gobernador del estado de Chiapas y al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de la entidad, por la omisión de presentar una iniciativa de Ley que permita a los ciudadanos del estado realizar modificaciones al acta de nacimiento mediante un procedimiento administrativo sencillo, expedito y transparente.
 
Este Organismo Público Autónomo pudo acreditar violaciones a los derechos a la igualdad, al trato digno, a la no discriminación, al cambio de nombre conforme a la identidad de género, así como al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en agravio de cuatro personas que solicitaron, al Registro Civil de la entidad, realizar el cambio de nombre y sexo con el que fueron registradas al momento de su nacimiento, por razones de identidad sexo-genérica, lo cual les fue negado bajo el argumento de que, dicho trámite, debe requerirse a través de un juicio de rectificación y modificación de acta de nacimiento.
 
Esta situación motivó a que las personas agraviadas interpusieran un escrito de queja ante la CEDH Chiapas, organismos que emitió un Acuerdo de No Responsabilidad el 8 de octubre de 2020 en el que consideró que no existían elementos para atribuir violaciones a los derechos humanos por parte de la Dirección General del Registro Civil en ese Estado, circunstancia que originó la presentación de un recurso de impugnación contra dicho Acuerdo.
 
La CNDH constató la omisión de los servidores públicos del gobierno del estado de Chiapas y de la CEDH al no haber realizado las acciones jurídicas necesarias para atender el caso. Por ello, esta Comisión Nacional emitió siete puntos recomendatorios al gobierno de Chiapas, entre los que destaca, se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas, en los términos de la Ley de Víctimas para el estado de Chiapas; se envíe al Congreso del Estado una iniciativa de Ley para modificar el Código Civil de la entidad y con ello se permita a las personas realizar una modificación del acta de nacimiento mediante un procedimiento administrativo sencillo, expedito y transparente, sin la necesidad de tener que recurrir ante alguna autoridad jurisdiccional como lo marca actualmente la referida normatividad.
 
Adicionalmente, generó tres puntos recomendatorios a la CEDH Chiapas, para que se brinde el acompañamiento necesario a las víctimas, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y colabore de manera coordinada e institucional con personal del gobierno del Estado para enviar al Congreso local la iniciativa de Ley que modifique el Código Civil, en comento.
 
Finalmente, se emitieron dos recomendaciones, la primera Recomendación 49/2021, dirigida a la Titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), por la falta de investigación exhaustiva de un expediente de presuntas violaciones de DDHH, relacionado con violaciones a derechos humanos en materia de seguridad jurídica y legalidad, así como a la salud en el trabajo, a la igualdad y no discriminación, al emitir un Acuerdo de Improcedencia del expediente de queja, con respecto a circunstancias de discriminación por personal del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), derivado de su condición de discapacidad psicosocial; adicionalmente, la persona víctima manifestó ser objeto de conductas discriminadoras y victimizantes en las actividades docentes que desempeñaba, cuyas circunstancias laborales no eran acordes a su estado de salud y funcionalidad.
 
Derivado de la investigación realizada por la CNDH, se consideró procedente el agravio manifestado por la recurrente, debido a que acreditó no haber obtenido atención adecuada a sus solicitudes planteadas ante el Organismo Local, al no brindarle a la recurrente un trato acorde a sus necesidades, características y circunstancias, por pertenecer a un sector de la población al que las autoridades deben proporcionar atención preferente, especializada y con particular diligencia. Con base en lo anterior, la CNDH dirigió cuatro puntos recomendatorios a la CDHCDMX, a fin de que se deje sin efectos el acuerdo del 26 de febrero de 2021 y se proceda a la reapertura del expediente de presuntas violaciones de DDHH.
 
La segunda Recomendación 50/2021 fue dirigida al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al acreditarse violaciones a los derechos humanos de protección a la salud, a la igualdad y no discriminación laboral, de una persona con discapacidad.
 
La víctima, derechohabiente del ISSSTE y trabajadora del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), presentó escritos de queja ante este Organismo Nacional manifestando que personal de la Clínica de Especialidades Churubusco emitió en su favor Certificados Médicos en los que se le diagnostica con Depresión y Trastorno Límite de Personalidad, así como con ansiedad moderada recurrente y Trastorno de Personalidad Inestable, respectivamente.
 
No obstante, sin darle ningún argumento o explicación dichos certificados médicos fueron cancelados por parte de personal del ISSSTE, a pesar de que estos son indispensables para acreditar su condición de persona con discapacidad psicosocial, con la finalidad de que se le apliquen ajustes razonables en sus actividades laborales, en consecuencia, efectuada la investigación por este Organismo Nacional, la autoridad no logró justificar la cancelación de los certificados, ni señaló los motivos por lo que no le había sido entregado el medicamento indicado a la víctima.
 
Por lo anterior, la CNDH dirigió siete puntos recomendatorios al ISSSTE para que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de la responsabilidad institucional, se inscriba a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas y le proporcione la atención médica y psicológica por personal profesional especializado, al igual que los medicamentos convenientes a su situación.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió, en octubre, la Recomendación 72/202 dirigida al director general de CFE Distribución, por la falta de debida diligencia en las actividades de supervisión y mantenimiento de las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica en el Municipio de Tejupilco, Estado de México que derivó en la muerte por electrocución de un joven.
 
Tras su investigación y del análisis realizado a las evidencias, este Organismo Constitucional Autónomo acreditó que CFE Distribución es propietaria de la línea aérea de distribución de energía eléctrica, adicionalmente, de acuerdo con lo indicado en el artículo 922-52 y 922-56 de la NOM-001-SEDE-2012, la separación para la Zona de carga I debe ser de 75 metros y para las demás zonas, los claros de poste a poste, no deben ser mayores que 100 metros; sin embargo, el claro interpostal donde ocurrieron los hechos, es de aproximadamente 286 metros, por lo tanto, incumple con las especificaciones indicadas en la referida NOM.
 
Cabe destacar, que existe una directa relación de causalidad entre el contacto que hizo el joven con una línea conductora de energía eléctrica perteneciente a CFE Distribución que incumplía con las distancias mínimas de separación vertical. Por ello, la CNDH recomendó entre otros aspectos, reparar de forma integral el daño en términos de la Ley General de Víctimas que incluya compensación y/o indemnización, atención psicológica, tanatológica, y/o psiquiátrica, además se proceda a la inscripción del primer círculo familiar en el Registro Nacional de Víctimas.
 
Asimismo, se solicitó obtener por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad que guardan las líneas aéreas y demás equipo asociado a la línea del ramal pericones TJP-04010, conforme a las especificaciones técnicas previstas en la NOM-001-SEDE-2012, y con lo establecido en las “Especificaciones de Construcción de Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión”.
 
Durante  noviembre, se emitieron cinco recomendaciones en los siguientes términos:
 
La CNDH emitió la Recomendación 74/2021 al secretario de Gobernación (SEGOB), por la negativa del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP) de otorgar medidas de protección en favor de una periodista.
 
Luego de sufrir diversos ataques y agravios que, desde su punto de vista, tenían como propósito dañar su imagen y credibilidad como comunicadora, la víctima solicitó el pasado 7 de abril a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Presidencia del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP) implementar acciones para proteger su integridad. Sin embargo, dicha instancia consideró que su solicitud no configuró una agresión con motivo de su labor como periodista o derivado del ejercicio de su actividad profesional, sino que provenían de un asunto de carácter laboral, por lo que la agraviada presentó un escrito de queja ante este Organismo Autónomo.
 
La investigación realizada por la CNDH permitió acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y no discriminación de la víctima, por la omisión del Mecanismo, dependiente de la SEGOB, para emitir las medidas que permitieran garantizar su seguridad.
 
Por lo anterior, solicitó al secretario de Gobernación que, con base en las consideraciones señaladas en la Recomendación, el referido Mecanismo analice y emita una nueva determinación sobre la situación de la víctima, en función de su calidad como periodista y no como servidora pública, y valore si existe o no el riesgo real de que se le materialice un daño de imposible reparación en su contra. Asimismo, deberá realizar mejoras para la evaluación de riesgos e impulsar las reformas correspondientes en su marco regulatorio; crear un protocolo de atención inmediata, a fin de que se implementen medidas urgentes de protección, sin importar si la peticionaria ostenta un cargo público.
 
Por otra parte, y al acreditar violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al plazo razonable por el incumplimiento de laudos emitidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y a la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, estos últimos en la Ciudad de México se emitieron las Recomendaciones 73/2021, 77/202 y 78/202.
 
En todos los casos, la CNDH constató la falta de actuaciones por parte de personas servidoras públicas de las dependencias en comento para dar cabal cumplimiento a los laudos, en consecuencia, los puntos recomendatorios tienen por finalidad, entre otros aspectos, se proceda a la reparación del daño ocasionado a las personas quejosas en los términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México respectivamente, se cumpla en todos sus puntos los respectivos laudos y se realicen los trámites correspondientes para su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
 
La CNDH emitió la Recomendación 75/2021 dirigida al gobernador constitucional del estado de Puebla y al auditor superior de la misma entidad, por los señalamientos mediáticos realizados por ambos, los cuales constituyen violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la imagen pública y a la presunción de inocencia en agravio de un exfuncionario, dado que no existen sanciones administrativas ni de responsabilidad penal en contra de este.
 
Este Organismo Nacional consideró que las autoridades deben respetar el principio de legalidad en todos los actos que con motivo de investidura realicen, partiendo de que el servicio público está sujeto a la obligación de respetar los derechos humanos, y ante la aplicación de normas deberá salvaguardar el conjunto de derechos fundamentales de cualquier gobernado. Además, estimó que el derecho de libertad de expresión de un gobernador pueda estar por encima de los derechos humanos a la imagen y a la dignidad de un ciudadano, aunque haya sido servidor público, y, en su caso, a la presunción de inocencia.
 
Por lo anterior, emitió, entre otros, una serie de puntos recomendatorios en los que le solicita adoptar las medidas necesarias para reparar de forma integral el daño ocasionado al agraviado, en términos de la Ley General de Víctimas y del marco jurídico aplicable; gestionar la eliminación de publicaciones en medios de comunicación masiva así como en diversas páginas de internet, en las que se hubieran proporcionado y publicado datos personales de la persona afectada en sus derechos; así como realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso, a través del gobernador del estado de Puebla, en el cual se ofrecerá una disculpa a la persona agraviada.
 
En diciembre, se emitieron las siguientes recomendaciones:
 
La Recomendación 99/2021 fue dirigida al director general de CFE Distribución, por la falta de debida diligencia en las actividades de supervisión y mantenimiento de las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica en el Municipio de San Francisco de Campeche, Campeche, que derivó en la muerte por electrocución de una persona.
 
Tras su investigación y del análisis realizado a las evidencias, se acreditó que CFE Distribución es propietaria de la línea aérea de distribución de energía eléctrica, la cual, según dictamen del perito en Ingeniería Eléctrica adscrito a esta Comisión Nacional, en el lugar de los hechos se ubican conductores aéreos de energía eléctrica y cables de comunicación, los cuales se encuentran soportados en los mismos postes y corren paralelos en el tramo interpostal, con una separación mayor a 30 centímetros; sin embargo, se observó que no se encuentran instalados de manera ordenada y en algunos puntos los cables no se encuentran sujetos al poste, adicionalmente, la causa de que se reventara el conductor fue por falta de mantenimiento, de acuerdo con lo indicado en los principios fundamentales de la NOM-001-SEDE-2012, en sus numerales 4.2.5 y 4.2.6 que disponen que, para llevar a cabo el diseño de la instalaciones eléctricas, deben tomarse en consideración las condiciones ambientales a las que va a estar sometido el cable, así como todos los esfuerzos mecánicos a los que puedan estar sujetos los conductores.
 
La CNDH recomendó al director general de CFE Distribución, entre otros aspectos, reparar de forma integral el daño en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación y/o indemnización, atención psicológica, tanatológica, y/o psiquiátrica, así como inscripción del primer círculo familiar en el Registro Nacional de Víctimas; se obtenga por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad que guardan las líneas aéreas y demás equipos asociados a la Red de Energía Eléctrica ubicada en el lugar de los hechos y sus alrededores próximos, conforme a las especificaciones técnicas previstas en la NOM-001-SEDE-2012, y con lo establecido en las “Especificaciones de Construcción de Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión.
 
Asimismo, solicitó se emita una circular dirigida al personal que labora en la Superintendencia de Zona Campeche, en la que se les instruya a ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos de su respectiva jurisdicción, un programa calendarizado de trabajos periódicos de mantenimiento preventivo a las líneas aéreas y subterráneas y demás equipo destinado al servicio público de distribución de energía eléctrica.
 
Tras acreditar violaciones a los derechos humanos a la salud, a la seguridad social, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, en agravio de una persona mayor por la dilación en el otorgamiento del servicio médico subrogado y como consecuencia de ello la suspensión en el pago de salarios, se emitió la Recomendación 115/2021 dirigida al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
 
Este Organismo Nacional constató que la dilación en el otorgamiento del servicio médico por parte del ISSSTE, ocasionó que desde el 16 de mayo de 2018 al 30 de septiembre de 2019 se le descontara una cantidad determinada de su salario a la persona mayor, y a partir del 4 de octubre de 2019 a la fecha, no le ha sido cubierta cantidad alguna de su salario.
 
Por este caso, se emitieron siete puntos recomendatorios, entre los que destaca se proceda a la reparación del daño ocasionado a la víctima, en los términos de la Ley General de Víctimas y se realicen de inmediato y con prioridad las acciones necesarias y conducentes para que se le continue proporcionado la atención médica que requiera para atender su padecimiento.
 
Asimismo, se analicé el caso y se determine sobre la factibilidad de que sean restituidos los salarios que dejó de percibir por el hecho de que, derivado del exceso de licencias médicas que se le otorgaron por la dilación en el otorgamiento de los servicios médicos subrogados, fue colocado en el supuesto que señala el artículo 111 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
 
Este Organismo Nacional emitió la Recomendación 122/2021, tras acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la seguridad social, así como a los principios de interpretación conforme y del interés superior de la niñez, en agravio de una niña y tres niños, con motivo de la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de afiliarlos como beneficiarios de sus respectivos abuelos y abuelas, quienes tienen a su cargo la patria potestad y su custodia.
 
Por lo anterior, en su calidad de trabajadoras y trabajadores asegurados, acudieron a las Delegaciones (ahora Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada) del IMSS a solicitar la afiliación de su nieta y nietos, según corresponda, como personas beneficiarias del Seguro de Enfermedades y Maternidad, siéndoles negado lo anterior bajo el argumento de que conforme al artículo 84 de la Ley del Seguro Social únicamente corresponde a hijas e hijos.
 
De las investigaciones realizadas se constató que las personas servidoras públicas de los Órganos de Operación Administrativa del IMSS y la Coordinación de Legislación y Consulta del IMSS, incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones al basar su determinación únicamente en lo establecido en la Ley del Seguro Social y no bajo una óptica de máxima protección sustentada en los derechos humanos, como se establece en los numerales 1° y 4° de Constitución y los diversos instrumentos nacionales e internacionales. En consecuencia, se inaplicaron los principios de interpretación conforme y del interés superior de la niñez y transgrediendo con ello los derechos a la protección de la salud y a la seguridad social de las víctimas, quienes, debido a su calidad de niñas, niños y adolescentes, gozan de una protección especial.
 
Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió seis puntos recomendatorios entre los que destaca tramitar y resolver las solicitudes de inscripción al Seguro Social a favor de las víctimas, sin colocarlas en un supuesto jurídico que los distinga o limite, debido a su grado de filiación con las personas aseguradas solicitantes.
 
Proponer a la autoridad competente, el anteproyecto de modificación a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus normas reglamentarias que así lo ameriten, para que se revise, incluya o amplíe el concepto de persona beneficiaria, para el caso de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la patria potestad y custodia de personas aseguradas, diversas a sus progenitores.
 
Las Recomendaciones 125/2021 y 135/202 fueron dirigidas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), al acreditar violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al plazo razonable, por incumplimiento de los laudos emitidos por la Junta Especial número 21 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como por la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), respectivamente.
 
En ambas recomendaciones se advierte que las personas servidoras públicas de las instituciones en comento, incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones al no cumplir con la obligación de acatar la citada determinación.
 
Esta Comisión Nacional constató en el caso del ISSSTE que la actuación de las personas servidoras públicas, ha sido negligente e ineficiente, pues durante más de once años, no ha realizado las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para dar cumplimiento total al laudo dictado.
 
En ambas Recomendaciones, se emitieron cuatro puntos recomendatorios, entre los que destaca, se dé cabal cumplimiento a los laudos emitidos.

La CNDH emitió la Recomendación 132/2021 al director general de CFE Distribución, por la falta de debida diligencia en las actividades de supervisión y mantenimiento de las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica en el Municipio de Temascalcingo, Estado de México, que derivó en lesiones a un niño de 9 años.
 
De las investigaciones efectuadas, se acreditó que CFE Distribución es propietaria de la línea aérea de distribución de energía eléctrica que según el dictamen efectuado no cumple con lo dispuesto en la NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización), toda vez que la distancia entre los postes era mayor a los cien metros especificados en la norma, por tal motivo, el peso de los cables formó una curva de aproximación al suelo que redujo por mucho la distancia de seguridad de los conductores de electricidad.  
 
En este tenor, se advierte que existe una directa relación de causalidad entre el contacto que hizo el niño con una línea conductora de energía eléctrica perteneciente a CFE Distribución que incumplía con las distancias mínimas de separación vertical, mientras este se encontraba jugando en un área que debía ser segura, sufriendo una fuerte descarga eléctrica que le provocó quemaduras graves en diversas partes del cuerpo.
 
En consecuencia, se recomendó reparar de forma integral el daño en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación y/o indemnización, atención psicológica y/o psiquiátrica, así como para que proceda a la inscripción del primer círculo familiar de la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, además de obtener por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad que guardan las líneas aéreas y demás equipo asociado a la línea en que ocurrieron los hechos.
 
Por otra parte, este Organismo Nacional dirigió la Recomendación 142/202 a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al director general del Registro de Asociaciones (DGRA), y al director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por irregularidades en el proceso electivo de renovación sindical del Sindicato Único de Notimex (SUTNOTIMEX), ya que personas servidoras públicas adscritas a la STPS dieron legitimidad a su representación legal, sin observar que algunas personas afiliadas del Sindicato Independiente de Notimex (SINOTIMEX) fueron consideradas en el padrón del primero sin su consentimiento; además, no hay constancia de que una asamblea del SUTNOTIMEX, supuestamente efectuada el 5 de agosto de 2019, se hubiera realizado.
 
La autoridad laboral debió verificar que las elecciones del cambio de dirigencia se adaptaran a los estatutos y se utilizara un padrón confiable, según lo estipula la Ley Federal del Trabajo, de manera que se hubiera producido una decisión que no vulnerara los derechos humanos de libertad sindical, legalidad y seguridad jurídica de las personas trabajadoras afiliadas al SINOTIMEX, no siendo aplicable en este caso la interpretación jurídica de la ley que desconociera los derechos de libertad sindical.
 
Las omisiones de la Secretaría del Trabajo y de la Dirección General de Registro de Asociación dieron lugar a que también se vulnerara el derecho humano a la seguridad jurídica en perjuicio de las personas afiliadas al SINOTIMEX, toda vez que ellos tenían la expectativa de que, ante el registro de su sindicato, su afiliación sería hecha valer por la autoridad, lo que no fue así, ya que las autoridades mencionadas dieron el cambio de directiva del SUTNOTIMEX en octubre de 2019.
 
En razón de lo anterior, la CNDH emitió una serie de puntos recomendatorios en los que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  se adopten las medidas necesarias para reparar de forma integral el daño ocasionado en términos de los estándares internacionales y de la Ley General de Víctimas en favor de la parte quejosa y personas trabajadoras afiliadas al SINOTIMEX; que se lleven a cabo las acciones necesarias para restituir el derecho a la libertad sindical con certeza jurídica, para reparar el daño causado a las personas agraviadas, además de inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
 
 
Recomendación por Violaciones Graves
 
En octubre. este Organismo Constitucional Autónomo dirigió la Recomendación por Violaciones Graves 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso, en agravio de una persona que se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 12 en el municipio de Ocampo, Guanajuato, donde incluso, se le prohibió establecer comunicación con esta Institución Autónoma.
 
La víctima fue detenida el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que un candidato a la Presidencia de la República fue herido por disparos de arma de fuego, falleciendo horas más tarde; desde el 25 de marzo de 1994 hasta la fecha ha permanecido en distintos Centros Federales de Readaptación Social, motivo por el cual la víctima y sus familiares manifestaron a este Organismo Nacional que las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California.
 
Con independencia de lo antes expuesto, el agraviado también señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continua, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad.
 
Tras investigar el caso, la CNDH determinó que elementos de la entonces Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General-, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra y el personal médico que participó en los hechos actuó de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos; adicionalmente, se acreditó que personal médico y de custodia incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en CEFERESOS lejanos al lugar en donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.
 
Las nuevas consideraciones y hallazgos advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro persona; aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado.
 
Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos, no solo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder al margen de la protección y garantía de los derechos humanos de cualquier persona, con el fin de romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país.
 
Esta Comisión Nacional recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de las personas servidoras públicas involucradas.
 
Por último, la Recomendación será remitida a la Cámara de Diputados, a efecto de que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y, en su momento, esa soberanía determine lo que en derecho corresponda.
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