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Informe de Actividades 2020    Ayuda

Ejemplos de Casos de Atención Integral a las Víctimas

Contra la Trata de Personas

Caso:
Caso relacionado con Jornaleros agrícolas indígenas, originarios de Hidalgo y Veracruz, a quienes no se les había pagado su sueldo a pesar de haber laborado para una empresa ubicada en San Luis Potosí.
Hechos:
El 30 de septiembre de 2020, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas presentó una queja ante este Organismo Nacional en la que indicó que desde julio de 2020, 33 personas que trabajaban como jornaleros agrícolas en un rancho en San Luis Potosí, no se les había pagado su salario, que solo les daban “préstamos”, además de que en las primeras semanas les descontaron el dinero que les dieron como “enganche” y que las condiciones de alojamiento del Albergue en el que se encuentran les generan temor, pues carecen de seguridad y alimentos.
Autoridades responsables:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría del Trabajo en San Luis Potosí; y Presidencia Municipal de Villa de Arista, San Luis Potosí
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la Seguridad Jurídica
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Con motivo de la presentación de la queja, personal de la CNDH se estableció en San Luis Potosí, donde se logró la localización e identificación del grupo de jornaleras y jornaleros agrícolas indígenas provenientes de Hidalgo y Veracruz, llevando a cabo entrevistas con los agraviados quienes expusieron las mecánicas de los contratistas para ofertarles el trabajo, la forma de su traslado y las condiciones del empleo, así como las de alimentación y alojamiento, haciendo especial referencia al incumplimiento de las promesas hechas por el enganchador o contratista y a la imposibilidad de cambiar de empleo por encontrarse lejos de su lugar de origen, no contar con dinero, pues les adeudan días de salario y haber sido desapoderados de sus identificaciones, pues no pueden acreditar su identidad para ingresar a otro trabajo o para comprar un boleto de camión.
En las diligencias de campo se logró la identificación del albergue Municipal en San Luis Potosí donde se localizó a los agraviados, se realizó recorrido en sus instalaciones y se documentaron los servicios con que cuenta y las condiciones en las que se encontraba el albergue.
Se realizó enlace con autoridades de la Secretaría del Trabajo, así como con la empresa, con quienes se llevaron a cabo mesas de trabajo para abordar el caso, logrando un acompañamiento de las jornaleras y jornaleros agrícolas, consiguiendo que la empresa reconociera la relación de trabajo con los agraviados.
Como resultado de la intervención de la Comisión Nacional y de las gestiones ante las instancias laborales competentes, se obtuvo el pago de los salarios a favor de los agraviados, además del compromiso de pago a las personas jornaleras agrícolas que ya habían abandonado el lugar, tal como ocurrió con una jornalera que regresó de Hidalgo y se le auxilió para que realizara el cobro del salario que se le debía.
De la misma forma, se logró que inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, realizaran una inspección en el centro de trabajo.
De la misma forma se estableció contacto con la Fiscalía de Justicia del Estado de San Luis Potosí, donde se inició una carpeta de investigación.
Caso:
Caso referente a una persona mexicana ubicada en Valencia, España quien refirió ser víctima de explotación laboral.
Hechos:
El 26 de febrero de 2020, se recibió queja ante este Organismo Nacional en la que se precisó que desde el 2015, la persona agraviada se fue a estudiar a Italia y posteriormente a España, donde fue invitada por un diseñador a ser becaria y colaborar con el mismo con la promesa de ser directora creativa de su proyecto, además de recibir un pago y que su situación migratoria fuese cambiada de estudiante a trabajadora, sin embargo, refirió que a la fecha “su jefe no le ha pagado su sueldo”, que desde hace dos años la agraviada estaba siendo víctima de explotación y acoso laboral, además de la falta de apoyo para la tramitación del cambio de su calidad migratoria, que derivado de esa situación, la agraviada acudió en cinco ocasiones a las oficinas del Consulado de México en Valencia, España para solicitar ayuda para denunciar los hechos, recibir orientación y regresar a México, sin recibir apoyo ni información de qué debía realizar.
Autoridades responsables:
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la legalidad y Derecho a la seguridad jurídica
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Personal de este Organismo Nacional se comunicó con la agraviada, quien detalló que en varias ocasiones acudió al Consulado Honorario de México en Valencia, España, para solicitar asesoría, pero solo le entregaron folletos de abogados, así que, por sus propios medios, denunció los hechos de los que estaba siendo víctima en una estación o comisaría del trabajo en España, pero que el inspector aún no había acudido a su centro de trabajo, acotando que deseaba regresar a México, pero no contaba con los recursos para pagar el vuelo.
De inmediato, este Organismo Nacional se comunicó con la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) de la SRE a quien se le hizo saber el caso, indicando que la agraviada debía presentar su denuncia ante el Consulado de México, en Barcelona, pues era la instancia competente para atender estas situaciones, información que le fue transmitida a la víctima.
Dicha autoridad contestó a la connacional que no contaba con la capacidad legal para atender su solicitud, por lo que la misma sería trasladada a un abogado consultor para que la asesorara y orientara, agregando que cualquier gestión adicional de su parte generaría honorarios.
La persona agraviada comunicó a esta Comisión Nacional que su hija ya no quería la orientación jurídica, que lo que deseaba era su retorno a México, toda vez que la situación en la que se encontraba estaba mermando su salud mental, aunado a que no contaba con los medios para cubrir sus necesidades básicas con motivo de la explotación laboral de la que estaba siendo víctima y que tampoco tenía los recursos para pagar un abogado.
Considerando lo anterior, este Organismo Nacional solicitó a la DGPME la implementación de medidas cautelares a favor de la agraviada para que se le brindaran las medidas de atención jurídicas, sociales, médicas y psicológicas, de protección y asistencia necesarias en su calidad de mexicana probable víctima del delito, además de efectuar las gestiones conducentes para que la connacional fuera retornada a México.
En respuesta, la DGPME de la SRE informó a este Organismo Nacional que se le había brindado a la agraviada asesoría por parte de un abogado consultor del Consulado de México en Barcelona, que incluso la connacional firmó un poder notarial facultando al citado abogado para representarla legalmente y dar continuidad a su caso, aunque ella no se encontrara en España. Además, detalló que se le brindó apoyo económico para pagar los honorarios del abogado y el costo ocasionado por el poder notarial. Con relación a su retorno, se realizaría una valoración de sus necesidades y en cuanto se tuvieran los resultados de la misma, serían informados a este Organismo Nacional.
Posteriormente, la SRE precisó a este Organismo Nacional que el 4 de mayo de 2020 la connacional regresó a México, tras abordar el vuelo en la ruta Madrid-Ciudad de México, indicando que dadas las restricciones a la movilidad de las personas impuestas por el gobierno español con motivo del COVID-19, el Consulado de México realizó las gestiones necesarias para que la agraviada pudiera desplazarse desde Valencia a la capital española, además de agregar que dicha instancia continuaría asistiéndola dentro de sus atribuciones conferidas por la normatividad vigente.
Finalmente, el 31 de agosto de 2020, esta Comisión Nacional determinó concluir el caso al quedarse sin materia para seguir conociendo del mismo, toda vez que se dio vista al Órgano Interno de Control, al advertir probables irregularidades de carácter administrativo cometidas por personal del Consulado de México en Valencia, España, en agravio de la connacional.

Agravio a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos

Caso:
Caso relacionado con un agravio de integrantes de un colectivo dedicado a la defensa de los derechos humanos
Hechos:
Esta Comisión Nacional tuvo conocimiento de hechos en agravio de integrantes de un colectivo dedicado a la defensa de los derechos humanos, quienes indicaron ser víctimas de actos de acoso, hostigamiento y persecución, atribuidos a sujetos desconocidos y armados en el Estado de Guanajuato; hechos que consideran, se derivan de la labor de defensa que realizan. También, señalaron que durante el acompañamiento que brindaron durante una manifestación, también fueron hostigados por sujetos armados a borde un vehículo desconocido.
Debido a lo anterior, el 3 de julio de 2020 se solicitó a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la implementación de medidas cautelares.
Autoridades responsables:
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Fiscalía General del Estado de Guanajuato
Derechos humanos vulnerados:
Presunción de que las personas agraviadas se encontraban en riesgo, urgencia y ante la posibilidad de la irreparabilidad de un daño, por lo que tal situación requería acciones de prevención para salvaguardar el derecho a la vida e integridad personal de éstas.
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
La Comisión Nacional solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizaran las gestiones necesarias para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal de la parte agraviada e instruir a quien corresponda a fin de garantizar su labor en defensa de los derechos humanos. De igual manera, se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se salvaguardara la integridad física, seguridad personal y vida de la parte agraviada e instruir a quien corresponda a fin de realizar una investigación exhaustiva respecto de los agravios cometidos en su contra.
En respuesta, la SSPC aceptó las medidas solicitadas e informó haber contactado a los agraviados y proporcionado números telefónicos para emergencia disponibles las 24 horas del día, correspondientes a 04 destacamentos próximos al lugar de residencia de éstos.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato aceptó dichas medidas e informó haber iniciado la carpeta de investigación correspondiente, precisando a la autoridad ministerial a cargo del asunto que los agraviados se encuentran incorporados como beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de lograr la coordinación de medidas en su favor.
Caso:
Agravio de una defensora indígena de derechos humanos, así como de un compañero y colaborador suyo.
Hechos:
Esta Comisión Nacional tuvo conocimiento de hechos en agravio de una defensora indígena de derechos humanos, así como de un compañero y colaborador suyo, por su presunta desaparición a principios del 2019, en el seguimiento del asunto, se tuvo conocimiento que derivado de su labor de activismo, la citada defensora se dirigió al Estado de Puebla con el fin de asesorar a una familia, donde recibieron una llamada de amenaza vía telefónica.
Debido a lo anterior, el 25 de febrero de 2020 se solicitó a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General, ambas instancias del Estado de Puebla, la implementación de medidas cautelares.
Autoridades responsables:
Secretaría de Gobierno de Puebla; y Fiscalía General del Estado de Puebla
Derechos Humanos vulnerados:
Del análisis realizado en el presente asunto, se concluyó la presunción de que las personas agraviadas se encontraban en riesgo, urgencia y ante la posibilidad de la irreparabilidad de un daño, por lo que tal situación requería acciones de prevención para salvaguardar el derecho a la integridad personal de éstas.
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Esta Comisión Nacional solicitó a la Secretaría de Gobierno de Puebla se realizaran las gestiones necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad tanto de la defensora de derechos humanos como de las personas a las que acompañaba, brindándoles la contención emocional correspondiente, así como a la Fiscalía General de dicha Entidad se salvaguardara la seguridad e integridad personal de los agraviados y se iniciara la carpeta de investigación respectiva, informando en todo momento a las víctimas de su seguimiento.
En respuesta, la Secretaría de Gobierno aludida aceptó las medidas solicitadas e informó haberse implementado rondines policiales para la protección de los agraviados, otorgándose además por parte de las instituciones de seguridad teléfonos de contacto para atender cualquier emergencia.
Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado de Puebla aceptó dichas medidas e informó haber implementado rondines y patrullamientos de seguridad en favor de los agraviados, así como el otorgamiento de número de contacto para emergencias; adicionalmente, informó que la parte agraviada ya había presentado la denuncia por los hechos expuestos, manteniendo constante comunicación con ésta para informarle del seguimiento al respecto.

Personas Migrantes

Caso:
Negligencia médica en la atención de una menor de 4 años de edad en el IMSS de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Hechos:
El 9 de agosto de 2018, se recibió en este Organismo Nacional, el escrito que el padre de la agraviada presentó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, en la que señaló que el 20 de abril de ese año llevó a su hija, de 4 años de edad, a la Unidad de Medicina Familiar No. 25, del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a que se sentía mal de salud y con temperatura de 40 grados, donde un médico indicó que tenía dengue, y sin haber confirmado ese diagnóstico le recetó “amoxicilina y paracetamol”, posteriormente señaló que se trataba de una infección y le entregó una orden para la realización de unos estudios para el 25 de abril del mismo año.
Se agregó que el 21 de abril de 2018,  la agraviada presentó vómito y diarrea, por lo que acudió al Área de Urgencias de la UMF-25, y que el médico que la atendió señaló que “era una simple infección de temporada” recetándole trimetropina, difenidol y suero oral; al día siguiente por la mañana, la agraviada le manifestó que “le dolía mucho su corazón”, por lo que  de nueva cuenta la llevó al Área de Urgencias de la UMF-25, sitio en el que al estar esperando, la agraviada empezó a convulsionar, por lo que entró al consultorio y salió un médico, quien señaló que estaba “entrando en paro”, que le suministraron adrenalina, sin embargo falleció.
Finalmente, el padre de la agraviada manifestó que antes de que se llevaran el cuerpo de la agraviada, un servidor público de ese Instituto le indicó: “si tú demandas nosotros abrimos a tu hija, para hacerle la autopsia y en ese momento no quise, la llevé a mi casa, después el funeral”.
Autoridades responsables:
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la protección de la salud
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
El 29 de septiembre de 2020, este Organismo Nacional recomendó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, las siguientes medidas:
  • En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conforme a los hechos y responsabilidad que le son atribuidos en la presente Recomendación, se brinde la reparación integral por los daños causados, que incluya la compensación justa y suficiente con motivo de la inadecuada atención médica que derivó en el deceso de la agraviada, en términos de la Ley General de Víctimas, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, se les otorgue atención psicológica y tanatológica, con base en las consideraciones planteadas en esta Recomendación.
  • Se presentó queja ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social; y se formuló denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Caso:
Fallecimiento de un paciente de 47 años de edad, en el Hospital General de Zona No. 16, en Torreón, Coahuila, por negligencia médica.
Hechos:
El 16 de junio de 2017, el agraviado, de 47 años de edad, se presentó en el Hospital General de Zona No. 16, en Torreón, Coahuila,  en donde mostró los resultados de unos análisis clínicos de enzimas cardiacas, perfil de lípidos, química sanguínea y biometría hemática, dos electrocardiogramas del 14 y 16 de junio de 2017 y un diagnóstico de un médico particular, de los cuales se desprendía que presentaba infarto al miocardio con elevación ST, lo que dio origen a que fuera internado dos horas y media después en dicho hospital.
Al momento del ingreso, fue atendido por un médico que lo refirió a Urgencias a fin de que se le proporcionara tratamiento y valoración por el servicio de Cardiología, plan que fue confirmado por otro médico al valorarlo el mismo día a las 18:00 horas e indicar pase a la especialidad de Cardiología, omitiendo elaborar la nota médica solicitando interconsulta a dicho servicio.
El mismo día del ingreso del agraviado al Área de Urgencia del HGZ 16, a las 21:00 horas fue atendido por otro médico, quien únicamente le realizó una exploración física, señalando en la nota médica correspondiente que el electrocardiograma presentaba taquicardia con pronóstico reservado a evolución; 35 minutos después, el agraviado fue revisado por un galeno que estableció presencia de taquicardia y Síndrome Coronario Agudo con elevación de segmento ST, agregando al manejo inicial, un tratamiento de broncodilatador y una hora después, exteriorizaba datos de falla cardiaca, edema agudo al pulmón, sudoroso, con dificultad respiratoria y expectoración asalmonada, ordenando el inicio de un tratamiento para edema de pulmón.
A las 12:00 horas del 18 de junio de 2017, un médico de ese Instituto valoró al agraviado confirmando el diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación de segmento ST, ingresándolo al área de Medicina Interna, donde se le reportó muy grave con riesgo de requerir ventilación mecánica, por lo que solicitó valoración de Cuidados Intensivos, donde fue revisado por un médico diferente, quien al observar el electrocardiograma advirtió necrosis inferior, determinando manejo intensivo e ingreso a dicha unidad, sitio en el que otro facultativo, inició tratamiento a base de inotrópicos y vasodilatadores mixtos de infusión.
A las 07:45 horas del 19 de junio de 2017, el agraviado V egresó del HGZ-No.16 para ser remitido al ICCH, sin embargo durante el trayecto se deterioró más su salud, llegando a ese lugar a las 09:30 horas, donde le indicaron al quejoso no era posible colocarle el catéter a su familiar debido a su delicado estado de salud, toda vez que presentaba evolución tórpida, insuficiencia cardiaca, edema agudo pulmonar, frecuencia cardiaca de 39 pulsos por minuto, sin pulsos palpables y choque cardiogénico, asentando que el expediente médico que se le entregó del HGZ-16 estaba incompleto, y que sólo podía tratar de reanimarlo, no obstante aproximadamente a las 10:00 horas V falleció por choque cardiogénico.
Autoridades responsables:
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la protección de la salud
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
El 29 de septiembre de 2020, este Organismo Nacional recomendó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, las siguientes medidas:
  • En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral por los daños causados, que incluya la compensación justa y suficiente con motivo de la mala práctica que derivo en el deceso de la víctima, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se les otorgue la atención psicológica y tanatológica. A su vez, se formuló queja ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Caso:
Violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades del Estado de Baja California y del Municipio de Mexicali, a causa de la construcción del Acueducto Ejido Villahermosa - Mexicali, así como la construcción y operación de una empresa cervecera en Mexicali.
Hechos:
El 1° de febrero de 2017, se presentó un escrito de queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, mismo que fue remitido a esta Comisión Nacional por razones de competencia, en el cual se aludieron violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades del Estado de Baja California y del Municipio de Mexicali, a causa de la construcción del Acueducto Ejido Villahermosa - Mexicali, así como la construcción y operación de una empresa cervecera en Mexicali, argumentando el alto volumen de agua requerido para su operación en una zona sin disponibilidad del líquido y de acuífero sobreexplotado.
Autoridades responsables:
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y Gobernador Constitucional del Estado de Baja California
Derechos humanos vulnerados:
Derecho al agua
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
En el presente caso, la Comisión Nacional observó que los hechos analizados se materializan en violaciones individuales y colectivas al derecho humano al agua, por lo que se considera procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los términos siguientes:
Que las autoridades responsables realicen las acciones, procedimientos e investigaciones necesarios para esclarecer la situación de los recursos hídricos con que disponen la CESPM y del Distrito de Riego 014, Río Colorado, su debido registro e inscripción ante el REPDA, al igual que la legalidad de las transmisiones que se hayan efectuado al amparo del artículo 153 la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, junto con las actualizaciones necesarias al uso del agua, a fin de investigar, sancionar o reparar las afectaciones a terceros que se hayan ocasionado como resultado de las cesiones hechas por la Empresa, o en general, otros sujetos.
De igual manera, las investigaciones o procedimientos encaminados a precisar el volumen jurídicamente garantizado con que dispone la Empresa para sus actividades industriales, sin perjuicio de las condicionantes o restricciones que se dictaminen en su operación, lo cual implica dotar de certidumbre a la cancelación o rescisión del contrato de suministro celebrado entre la CESPM y la Empresa en octubre de 2015, por el que se previó un abastecimiento de hasta 20 millones de m3.
Sobre la autorización en el tema del impacto para la construcción y operación de la planta cervecera, se deberán llevar a cabo los actos de inspección o vigilancia para verificar los términos y condicionantes impuestos, sin omitir considerar la revocación o sustitución de esa resolución administrativa en lo referente a la determinación e impactos asociados con el consumo industrial requerido.
Por otra parte, que la CONAGUA y el Gobierno del Estado lleven a cabo diagnósticos o estudios, al igual que planes, programas o estrategias, encaminados a una gestión integral y sostenible del agua atendiendo: i) la satisfacción prioritaria del consumo personal y doméstico; ii) comportamiento histórico de la disponibilidad hídrica; iii) variabilidad de volúmenes asignados; iv) las proyecciones demográficas y del desarrollo urbano municipal, metropolitano, regional o trasnacional; y v) los riesgos e impactos asociados a la desertificación y cambio climático que enfrenta la demarcación.
Finalmente, con miras a la cesación y no repetición de los hechos violatorios, que se elaboren propuestas de modificación legislativa a instrumentos como Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, con el objeto de incorporar, bajo un enfoque de sostenibilidad, el carácter prioritario del consumo personal y doméstico dentro de la modalidad del uso público urbano, al igual que la obligación por parte de asignatarios de aguas nacionales de garantizar los volúmenes destinados a dicho suministro; asimismo, la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, para incluir la evaluación ambiental y autorización de obras o actividades industriales cuyo gasto o consumo hídrico, propicie riesgos e impactos en la disponibilidad, calidad y regularidad del suministro de agua prestado por la red del servicio público, o bien afectaciones en los volúmenes destinados al consumo doméstico y reserva.
Caso:
Inconformidad por las omisiones en las que incurren servidores públicos de los tres órdenes de gobierno por la contaminación del río Suchiapa, en el estado de Chiapas.
Hechos:
El 16 de mayo de 2019, este Organismo Nacional recibió el escrito de queja presentado por una Asociación Civil del giro ambiental, quien manifestó su inconformidad por las omisiones en las que incurren servidores públicos de los tres órdenes de gobierno por la contaminación del río Suchiapa, que atraviesa los municipios Villaflores, Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, por descargas de aguas residuales sin tratamiento previo, así como por la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos, con el consecuente daño al medio ambiente, a la calidad del agua y a la salud de la población.
De las constancias que integran el expediente, se advierte que el referido problema de contaminación, es del conocimiento de las autoridades involucradas, al menos desde el 2012; año en el que, conforme al Sistema Nacional de Información del Agua de la CONAGUA, se tiene registrada la presencia de altos niveles de contaminantes biológicos en dicho río. Sin embargo, las autoridades competentes no han llevado a cabo suficientes acciones de inspección, verificación, monitoreo o, impuesto las medidas de prevención, cautelares, apremio, rehabilitación, restauración o correctivas, para la protección de los recursos hídricos en la zona.
Autoridades responsables:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua.
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
A todas las autoridades, se les recomendó participar en la firma de un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional, con el objeto de elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento del río Suchiapa.
A la SEMARNAT y a la CONAGUA se les recomendó  incluir, en su próximo Programa Anual de Trabajo, líneas de acción específicas para el fortalecimiento de los organismos operadores para la prestación de los servicios públicos básicos; y a suscribir los convenios necesarios con el Gobierno del Estado y/o directamente con los municipios involucrados, a efecto de concertar acciones e inversiones para la gestión de obras y la operación de infraestructura municipal para la debida prestación de los referidos servicios públicos.
Se recomendó a la CONAGUA y a la SEMARNAT, por conducto de la PROFEPA, a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo recorridos en la región para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, e iniciar, en su caso, los procedimientos administrativos sancionadores respectivos y/o hacer de conocimiento a la autoridad competente.
A la CONAGUA se le recomendó realizar un análisis exhaustivo y actualizado de la calidad del agua del río Suchiapa y sus afluentes, así como un inventario de la totalidad de los puntos de descarga de aguas residuales al mismo; y garantizar el acceso a la información.
Se instó al Gobierno del Estado a gestionar la expensa suficiente para otorgar recursos públicos a los municipios referidos, para garantizar la eficiente prestación de servicios públicos. En este tenor, se enfatizó en la necesidad de la instalación de sistemas de saneamiento de aguas residuales que sean apropiados y acordes a las características y condiciones particulares del sitio y del contexto socioeconómico, priorizando el uso de tecnologías flexibles y de bajo, además de que, en colaboración de los Ayuntamientos involucrados, llevara a cabo un inventario de granjas porcícolas en la región y la planeación de las medidas de capacitación, infraestructura y equipamiento necesarias para el diseño de políticas y programas enfocados en buenas prácticas pecuarias, a realizar un inventario de sitios de disposición final de residuos, tanto controlados y autorizados como no controlados, y de ser necesario se dicte el cierre inmediato y clausura de los mismos, entre otros.
A los Presidentes Municipales se les recomendó realizar los trámites para obtener o regularizar sus permisos de descarga; que elaborarán un proyecto ejecutivo y presupuesto necesario para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de aguas residuales y de gestión de los residuos necesarios, que garanticen la sostenibilidad de los mismos, tanto para las localidades urbanas como rurales. Y de ser necesario gestionarán ante la SEMARNAT, la CONAGUA y/o el Gobierno estatal, los convenios necesarios y la inscripción a los diversos programas de financiamiento disponibles en las materias.
Finalmente, a todas las autoridades se les recomendó colaborar con la CNDH en la presentación de la respectiva queja administrativa que se presente ante la instancia correspondiente por las irregularidades descritas, así como capacitar a las personas servidoras públicas sobre derechos humanos y la debida diligencia administrativa, entre otros.

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Caso:
Caso de tres personas indígenas que se encontraban privadas de su libertad por el gobierno de usos y costumbres de la comunidad de Río Velero, del Municipio de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero.
Hechos:
El pasado 15 de marzo de la presente anualidad, se dio a conocer el caso de 3 personas indígenas de la comunidad de Río Velero, de Ayutla de los Libres, que se encontraban secuestradas por el gobierno de usos y costumbres, pues autoridades de la comunidad, en complicidad con los Jerarcas de la Casa de los Pueblos, quienes los tenían retenidos en una casa de aproximadamente 2x3 metros, y quienes se encontraban encadenadas y torturadas, sin derecho a alimentos y agua, y obligadas a hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar; justificando su actuar por el régimen de usos y costumbres de la comunidad.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la integridad física y psicológica; Derecho de acceso a la justicia; y Derecho de presunción de inocencia
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizó la comunicación telefónica con el Primer visitador en Derechos Humanos zona Centro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, quienes indicaron que iniciaron la queja VG-1/031/2020-I y quienes refirieron que en fecha diez de junio del presente año, acudieron a la comunidad, donde en dialogo con los pobladores, estos señalaron que: “no van a poner a disposición a los detenidos de ninguna autoridad porque temen que sean liberados, y que no van a permitir que se los lleven o liberen, ya que están dispuestos a enfrentarse con quien vaya o lo intente, que el pueblo está dispuesto al enfrentamiento hasta con las armas”, por lo que se solicitaron respetuosamente al Comisario Municipal y a los pobladores presentes, que los permitieran verlos, quienes aceptaron que sólo se hiciera la observación desde afuera de la celda con el apoyo de linternas; habiendo observado que “se encuentran atados a una cadena de acero al pie de un tronco de madera, plantado afuera de la celda y esa cadena está atada a los tobillos de los pies de cada uno de los dos detenidos más jóvenes”, siendo que no se permitió entablar comunicación o diálogo con los detenidos, ni el ingreso al interior de la celda Derivado de las acciones realizadas por este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, las tres personas retenidas fueron liberadas el día jueves nueve de julio de 2020, y donde la Fiscalía General del Estado de Guerrero señala que con motivo de la privación ilegal de las personas de iniciales R.S.D, I.S.D y E.S.G, se inició la carpeta de investigación número 12180730100082110520 informando las acciones realizadas  hasta ese momento. Asimismo, personal del organismo estatal refirió que se acudió a la Casa de los Pueblos de la Ciudad de Ayutla de los Libres, con el fin de notificar a los integrantes del Consejo Municipal, la Recomendación 018/2020, emitida por el Organismo Estatal y que fuera hecha de conocimiento a este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”. Por otro lado, se informó que Ministerio Público el mismo día jueves nueve de julio del presente año, dejó en libertad a las tres personas privadas de su libertad al resolver su situación jurídica.
Caso:
Caso de G.L, quien falleció debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.
Autoridades responsables:
Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Hechos:
El pasado 3 de junio de 2020, en diferentes medios de comunicación se difundió un video donde se observa a elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, detener a G. L. con uso excesivo de la fuerza, por no portar el uso de cubrebocas obligatorio. 
La detención se dio el pasado 4 de mayo y, según notas periodísticas, un día después fue hallado sin vida en el Hospital Civil de Guadalajara, donde los registros indican que falleció por golpes en la cabeza y lesiones, así como un disparo en la pierna.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la vida y Derecho a la integridad física y psicológica
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a partir de la difusión del video, entablo comunicación con personal de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, para solicitar información relacionada con el evento señalado en medios de comunicación y las acciones que tomó en relación con la muerte de un joven en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como se envió un pronunciamiento por parte de este Mecanismo Nacional, ante el uso de las fuerzas policiales por el uso obligatorio del cubrebocas y el arresto de las personas que no lo portan.
Por lo anterior personal del citado Organismo Estatal refirió que atendiendo lo señalado por este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, emitió un comunicado, donde solicitó a los gobiernos municipales que instruya a sus cuerpos policiales el respeto a la legalidad y la dignidad de las personas, para que las acciones que se implementen durante la contingencia por COVID-19 se lleven a cabo bajo un enfoque de derechos humanos. En ninguna circunstancia se justifica el uso excesivo de la fuerza y enfatiza que el arresto debe ser la última medida por parte de las autoridades
Así como se solicitó el inicio de la investigación correspondiente y se respetó el derecho de la manifestación adoptado por diversos sectores de la sociedad, ante el interés nacional de la noticia.

Igualdad entre mujeres y hombres

Caso:
Caso de una Mujer, cuyo recién nacido falleció, ya que no obtuvo la atención médica requerida, en el Hospital 1° de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México.
Autoridades responsables:
Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Hechos:
Este Organismo Nacional conoció sobre el caso de una mujer de 23 años de edad, quien cursaba un embarazo de 35 semanas de gestación, quien ingresó al Hospital 1° de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México, por el comienzo del trabajo de parto. Lugar en donde le diagnosticaron alteraciones cardiacas al producto de la gestación, lo que resultó que le fuera practicada una cesárea de manera urgente e injustificada. Además, el personal médico no consideró que era un parto pretérmino y no aplicó maduradores pulmonares ni retardantes, como debían hacerlo. El menor nació con dificultades para respirar, permaneciendo internado en ese Instituto, para después presentar paro cardiorrespiratorio, lo que derivó su fallecimiento.
Debido a tal circunstancia, los padres del menor solicitaron intervención de esta Comisión Nacional porque desconocían las causas de la muerte.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho de acceso a la salud; Derecho a una vida libre de violencia obstétrica; y Derecho a la vida
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
La Comisión Nacional a través de la Cuarta Visitaduría General, sostuvo comunicación permanente con los padres del menor fallecido, quienes reiteraron la atención médica negligente que consideraron recibió el recién nacido, así como su esposa. Derivado de la investigación de esta Comisión Nacional se determinó que personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vulneró el derecho de acceso a la salud del recién nacido. Por lo que este Organismo Autónomo emitió una propuesta de conciliación al ISSSTE, misma que no fue aceptada, por lo que se emitió la Recomendación 15/2020, al Director General del ISSSTE, para que se repare integralmente el daño y se inscriba a los padres del recién nacido en el Registro Nacional de Víctimas, así como, proporcionar atención médica y psicológica y crear un programa permanente para la prevención y atención de los casos de violencia obstétrica que incluya la supervisión de los centros de salud, capacitar en derechos humanos al personal médico y residentes. También tendrá que dotar al Hospital 1° de Octubre de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura, personal médico y todo aquello que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios de salud que brinde, incluyendo las prácticas administrativas que pueden impedir y retrasar la realización y entrega de estudios de laboratorio y gabinete.
Caso:
Caso de una mujer víctima de violencia física, verbal y moral por parte de un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como de acoso e intimidación.
Autoridades responsables:
Universidad Autónoma Metropolitana
Hechos:
Esta Comisión Nacional recibió una queja de una mujer en la cual manifestó que durante dos años y cinco meses sostuvo una “relación sentimental” con un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y durante ese tiempo fue víctima de violencia física, verbal y moral; debido a ello, denunció los hechos ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, radicándose dos carpetas de investigación; hechos que también los denunció en noviembre de 2016 ante el entonces Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (DDU-UAM), toda vez que era alumna de dicha Universidad y trabajadora de la aludida Defensoría, en tanto que su ex pareja, era maestro de esa casa de estudio, adscrito al Departamento de Derecho y defensor adjunto en la mencionada Defensoría, derivado de la denuncia ante la Institución Académica, el titular de la DDU-UAM no ejecutó el protocolo de atención a víctimas, consistente en escucharla, asesorarla y canalizarla psicológica y jurídicamente al área correspondiente, además de actuar con perspectiva de género, también se limitó a decirle que ella era responsable de lo sucedido; que no le renovaría su contrato y no dio respuesta a los oficios que le presentó.
Además, precisó que derivado de las denuncias que realizó se llevó a cabo una campaña de desprestigio hacia su persona en internet, a través de la red social Facebook, donde se proporcionaba información muy personal, además de que se habían enviado correos electrónicos a sus familiares y amistades con contenido difamatorio e intimidante.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; Obligación de prevenir, proteger e investigar la violencia contra las mujeres; e Incumplimiento del deber de prevención, protección e investigación
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la Cuarta Visitaduría General realizó diversas gestiones para verificar la situación en la que se encontraba la víctima, así como diversas entrevistas telefónicas, a la autoridad señalada como presuntamente responsable. Asimismo, se le realizaron diversas valoraciones médicas y psicológicas a la víctima por la violencia física-familiar que refirió fue objeto por parte de su pareja.
Del resultado de la investigación realizada por esta Comisión Nacional, constató violaciones al Derecho Humano de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en agravio de la mujer, estudiante y trabajadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México.
La Comisión Nacional emitió en febrero 2020 la Recomendación 2/2020, la cual fue dirigida al Rector de la UAM, debido a que se acreditaron violaciones a los derechos humanos al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; la Obligación de prevenir, proteger e investigar la violencia contra las mujeres y el incumplimiento del deber de prevención, protección e investigación de los casos de violencia.
Se recomendó: La reparación integral del daño, incluyendo en ello la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral conforme a la Ley General de Víctimas, atención psicológica, investigación y establecimiento de responsabilidades de las autoridades señaladas como responsables.
Diseñar un nuevo Protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia por razón de Género con participación de la comunidad, capacitación en perspectiva de género y acceso a la justicia, campaña de difusión permanente sobre su derecho a una vida libre de violencia y las adecuaciones a la normatividad de esa casa de estudios.
Finalmente, en atención al presente caso, se sigue brindando atención a la víctima a través de mesas de trabajo, en el seguimiento para el cumplimiento de la Recomendación.

Sistema Penitenciario

Caso:
Caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad personal que derivó en el fallecimiento de la víctima en el Centro Federal de Readaptación Social en Villa Aldama, Veracruz; así como al derecho a la verdad y acceso a la justicia en agravio de la víctima indirecta ante la deficiente investigación del caso por parte de la Fiscalía General del estado de Veracruz.
Autoridades responsables:
Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Hechos:
El 27 de junio de 2019, personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Villa Aldama, Veracruz, alertaron que la víctima se encontraba sujetada del cuello con una sábana, por lo que las autoridades le brindaron primeros auxilios, a pesar de lo cual perdió la vida, presuntamente, por ahorcamiento. Sin embargo, la necropsia practicada concluyó que el deceso había sido producto de un homicidio.
La CNDH documentó y acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, legalidad e integridad personal de la víctima por parte de servidores públicos del CEFERESO en Villa Aldama y de la Fiscalía General del estado de Veracruz. Por un lado, las autoridades penitenciarias no brindaron atención médica especializada e integral a la víctima; permitieron la manipulación indebida del cuerpo y no preservaron adecuadamente el lugar de los hechos. A su vez, durante la investigación del caso, la Fiscalía General omitió llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitieran esclarecer los hechos e incurrió en prácticas dilatorias.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la vida; Derecho a la seguridad jurídica; Derecho a la legalidad; Derecho a la integridad personal; y Derecho a la verdad y acceso a la justicia
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
La Comisión Nacional recomendó al Comisionado de Prevención y Readaptación Social y a la Fiscal General del estado de Veracruz, que se localizará a la víctima indirecta a fin de ejecutar un plan integral de reparación del daño en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el que se incluyera la compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones a derechos humanos evidenciadas, y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, para que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Asimismo, se le otorgara la atención médica, psicológica y/o tanatológica por personal profesional especializado y adecuada a su situación para una recuperación de la salud psíquica y física, a fin de brindar condiciones necesarias para una vida digna.
Se colaborará con esta Comisión Nacional en la queja que se interpusiera ante el Órgano Interno de Control en el OADRPS, en contra de las autoridades responsables (AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6).
Se implementará un programa de atención efectivo relativo a la seguridad de los internos en el CEFERESO, en el que se asegure que estos se encuentren permanente vigilados durante sus actividades, sin que se permita que permanezcan en las estancias asignadas en tanto se desarrolla alguna actividad en la que deban participar.
Se diseñarán y activarán los protocolos óptimos para que, en los casos de fallecimiento al interior de Los Centros Federales de Readaptación Social, cualquiera que sea la causa, se preserve el lugar de los hechos a fin de no alterar los indicios que sirvan de base para la investigación de los mismos.
Se impartiera un programa de capacitación, en el que se sensibilice al personal que labora en el CEFERESO sobre la importancia de la preservación del lugar de los hechos en caso de fallecimiento.
Se capacitará al personal médico penitenciario sobre la importancia de establecer diagnósticos en los que se cuente y se indiquen los elementos científicos en que se sustenta la conclusión.
Caso:
Sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Centros Penitenciarios del estado de Quintana Roo.
Autoridades responsables:
Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo.
Hechos:
El 15 de marzo de 2019, se publicó una nota periodística en la que se indicó que: “De los 300 centros penitenciarios que hay en el país sólo 18 son femeniles y concentran el 40.2% de las mujeres privadas de la libertad, mientras que el 59.8% restante se distribuyen en centros penitenciarios mixtos, con calificación reprobatoria de 5.98”, y de acuerdo con los Diagnósticos Nacionales 2018 y 2019, emitidos por esta Comisión Nacional, carecen de espacios dignos y de servicios específicos para su atención, reafirmándose en ese sentido, la necesidad de una prisión destinada exclusivamente para la población femenil en cada entidad federativa, que cuente con las condiciones necesarias para atender a este grupo de población en situación de reclusión y vulnerabilidad.
Al respecto, la CNDH documentó y acreditó a través de diversas visitas a los centros penitenciarios 1 Chetumal y 2 Cancún en Quintana Roo, que no reúnen los elementos mínimos de habitabilidad e infraestructura adecuadas para ellas, en razón de las precarias condiciones en las que se encuentran junto con sus hijas e hijos que ahí viven, así como por la falta de servicios y de personal necesario para su adecuado funcionamiento, existiendo centros penitenciarios mixtos que albergan tanto a hombres como a mujeres sin una debida separación; observando áreas comunes tanto para hombres como para mujeres que son utilizadas para visita íntima, servicio médico, aulas y áreas deportivas. Situación que se hizo del conocimiento del Gobernador del estado a través de diversos pronunciamientos emitidos por este Organismo Nacional, prevaleciendo dichas condiciones en agravio de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que habitan con ellas.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho al trato digno; Derecho a la reinserción social; Derecho al deporte; Derecho a la educación; Derecho al trabajo y capacitación; Derecho a la protección de la salud; y Derecho a la vinculación con el exterior e Interés Superior de la Niñez.
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
La Comisión Nacional recomendó al Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, que se realizaran las acciones pertinentes para que se contara en esa entidad federativa con un establecimiento específico para mujeres privadas de la libertad, o bien, de ser el caso, en un término máximo de 6 meses, se asignaran los recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios que permitieran la organización y el funcionamiento independiente desde su titular, que debería ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, así como de seguridad y custodia; incluyendo las adecuaciones en su infraestructura y equipamiento, para que en su caso, se abatiera la sobrepoblación y el hacinamiento y con ello, que  garantizaran condiciones de estancia digna y segura para ellas, y sus hijas e hijos.
Se implementarán acciones con las autoridades estatales corresponsables que garantizarán el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en ese estado, particularmente en los temas de la protección a la salud, la educación, el deporte, trabajo productivo, privilegiando el trabajo remunerado, así como su capacitación, actividades laborales, educativas y físicas. Todo ello con un enfoque de perspectiva de género.
Se realizarán las gestiones necesarias para que los Centros Penitenciarios en ese estado contaran con los recursos económicos necesarios para garantizar que todas y cada una de las personas que se encuentren bajo su custodia reciban una alimentación adecuada en cantidad y calidad, cuyo valor nutritivo fuera suficiente para el mantenimiento de su salud.
Se implementarán acciones junto con la autoridad en materia de salud, a fin de brindar la debida atención a mujeres embarazadas, a niñas y/o niños, recién nacidos, personas con discapacidad, personas mayores, pertenecientes al grupo LGBTTTI, con problemas de adicciones, con enfermedades crónicas y/o degenerativas, así como infecto-contagiosas, que se encontrarán en los centros penitenciarios mixtos visitados. Además, se iniciará un programa de capacitación continua en temas de derechos humanos con perspectiva de género e interés superior de la niñez, al personal que se destine a la atención exclusiva de mujeres privadas de la libertad.

Niñas, Niños y Adolescentes

Caso:
Caso sobre  21 personas menores de edad y 10 personas adultas que viven con discapacidad, cuyos derechos a la integridad, procuración de justicia e identidad fueron violados, con la tolerancia y/o aprobación de personal de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y de los Municipios de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato.
Autoridades responsables:
Gobiernos Constitucionales de los Estados de Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán, Fiscalías Generales de Justicia de ambas entidades federativas y Presidentes Municipales de San Francisco del Rincón y de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Hechos:
Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato Michoacán, Querétaro, así como de los Municipios de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, Guanajuato, por la omisión de supervisar las condiciones en las que operaban los albergues administrados por la asociación civil “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”, que derivó en actos de tortura cometidos en agravio de 21 personas menores de edad y 10 personas adultas que viven con discapacidad. La violencia sexual perpetrada en contra de 9 adolescentes y 4 personas mayores de edad. El trato cruel inhumano y/o degradante en perjuicio de 17 personas menores de edad y 2 personas adultas. La omisión de proporcionarles a 20 adolescentes y a 14 personas adultas la atención especializada integral, que requerían con motivo de su condición médica, psicológica y/o discapacidad intelectual que presentan.
La Inadecuada instrucción escolar impartida en los centros de asistencia social en cuestión.
Las condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que presentaban una discapacidad intelectual), en los diversos centros de asistencia administrados por la asociación civil en cita.
Las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, relacionadas con los hechos delictivos cometidos en los diversos albergues de la “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”.
El Registro Civil del Estado de Guanajuato, con motivo de las inconsistencias advertidas en las actas de nacimiento de 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del Presidente de la referida asociación civil.
Los Gobiernos Constitucionales de los Estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, derivado de la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los índices de vulnerabilidad extrema que presentan diversas niñas, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad, que habitan en esas entidades federativas.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la integridad personal; Derecho a la procuración de justicia; y Derecho a la identidad
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Por lo expuesto, la CNDH emitió la Recomendación 32VG/2020, en la que se recomendó:
A los Gobernadores Constitucionales de los Estados de Guanajuato y Querétaro, así como a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, se otorgue a las víctimas, una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, psicológica y/o psiquiátrica que de acuerdo con su condición física y mental requieran, así como el pago de indemnización; ofrezcan una disculpa pública institucional y se integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de las personas menores de edad que en su momento fueron albergadas en los centros de asistencia social administrados por dicha asociación civil, que actualmente se encuentran bajo su guarda y custodia, a fin de que se establezca el programa integral para restituirlos en los derechos humanos que les fueron vulnerados.
Al Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, se proceda a la cancelación del registro de la “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.” en el padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de asistencia social, a fin de que los albergues administrados por dicha asociación civil no continúen acogiendo a personas menores de edad y/o personas adultas que viven con discapacidad o padezcan alguna adicción y se realicen las diligencias necesarias para establecer de manera indubitable la filiación, así como la red familiar de las 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del Presidente de la asociación civil Indiciado en cuestión y, de ser conveniente, en términos del interés superior de las víctimas iniciar los juicios familiares respectivos para que tengan los apellidos de sus progenitores.
Al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, se integre a la brevedad la averiguación previa iniciada con motivo de la privación ilegal de la libertad de 2 adolescentes, a fin de que se determine su paradero y sean entregados a la Procuraduría de Protección de Guanajuato, autoridad que ejerce su tutela.
Al Fiscal General del Estado de Guanajuato, se determine la probable responsabilidad de un miembro de la multicitada asociación civil en la comisión de un delito de índole sexual en agravio de una persona adulta del sexo femenino que padece una discapacidad intelectual y se inicien las carpetas de investigación con motivo de las denuncias que formule esta Comisión Nacional por los hechos delictivos cometidos en agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en los albergues administrados por la “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.”, así como en contra de las y los servidores públicos que autorizaron y/o toleraron el funcionamiento de los centros de asistencia social dependientes de la asociación civil en cuestión, en las condiciones que fueron descritas en la presente Recomendación.

Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos

Caso:
Caso de una persona víctima de una ejecución arbitraria y dos personas más que sufrieron afectación a su integridad personal, por el uso de excesivo de la fuerza implementada por personal de la entonces Policía Federal
Autoridades responsables:
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Hechos:
En Villahermosa, Tabasco, hace cinco años, y derivado de la investigación realizada, se acreditó la ejecución arbitraria de una persona masculina y la afectación a la integridad personal de dos personas  más, por el uso de excesivo de la fuerza implementada por personal de la entonces PF, quienes el 27 de septiembre de 2015, los persiguieron cuando viajaban a bordo de un vehículo sobre Belisario Domínguez entre Ayuntamiento y Francisco Sarabia en la colonia Gil y Sáenz en Villahermosa, Tabasco, por conducir a exceso de velocidad y porque uno de sus tripulantes realizó una detonación al aire, dándoles alcance, dirigiéndose uno de los policías al lugar del copiloto, a quien le disparó en la cabeza sin motivo, ocasionándole la muerte, en tanto el resto de sus compañeros dispararon contra dicho vehículo, lesionando a las otras dos víctimas. Cuando cesaron los disparos, ante la falta de preservación del lugar de los hechos, algunas personas levantaron casquillos, acreditándose que uno de los peritos que acudió al lugar, colocó al lado del occiso un arma y lo manipuló.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la vida; Derecho a la seguridad jurídica; Derecho a la integridad personal; y Derecho de acceso a la justicia
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Se recomendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño causado a cada una de las víctimas, que incluya atención psicológica y médica para quienes resultaron lesionados, terapia tanatológica para los familiares de quien perdió la vida, una justa compensación en términos de la Ley General de Víctimas y su inscripción al igual que de sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas, debiendo colaborar en la queja y denuncia que se presenten en el Órgano Interno de Control en la Policía Federal con atribuciones para la Guardia Nacional y ante la Fiscalía General de la República, respectivamente, en contra del personal responsable; impartir un curso integral a la entonces Policía Federal que ha transitado a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos sobre el “Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza” y los Acuerdos A/06/2012 y 05/2012.
Al Fiscal General del Estado de Tabasco, colabore con esta CNDH en el seguimiento a la causa penal iniciada en contra de dos peritos a su cargo hasta su cabal cumplimiento, debiéndose anexar a su expediente laboral copia de la Recomendación emitida, además deberá impartir un curso integral al personal policial y pericial de la Fiscalía General del Estado de Tabasco sobre los protocolos relativos a la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y la cadena de custodia.

Personas desaparecidas y no localizadas

Caso:
Caso de víctima de detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada transitoria, tortura y dilación en la investigación iniciada en las instituciones de procuración de justicia a nivel estatal como federal
Autoridades responsables:
Secretaría de la Defensa Nacional; Fiscalía General de la República; Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco; y Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Hechos:
En el municipio de Comalcalco, Tabasco, hace diez años, y derivado de la investigación realizada, se acreditó la detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada transitoria, tortura y dilación en la investigación iniciada en las instituciones de procuración de justicia a nivel estatal como federal, en contra de una persona servidora pública, quien fungía como titular de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en dicho Municipio, quien fue detenido el 18 de enero de 2010, con una orden de localización y presentación ejecutada por un grupo armado, entre quienes se encontraba personal de la SEDENA, de la Policía Ministerial del Estado y de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Estatal, trasladándolo a una bodega industrial, donde permaneció retenido y fue torturado, siendo puesto a disposición de la Autoridad Ministerial Estatal posterior a 30 horas sin causa justificada.
A la referida víctima se le investigó en dos averiguaciones previas de manera simultánea, decretándose en la consignada por la Procuraduría Estatal, su libertad con las reservas de ley por delitos contra la salud en la modalidad de fomento para posibilitar el comercio del narcótico denominado cocaína y delincuencia organizada agravada; y después de casi siete meses en prisión, en la averiguación previa consignada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, al no haberse acreditado el delito de cohecho ni su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada.
A la víctima y su esposa, se les colocó en doble situación de victimización, ya que además de sufrir las consecuencias de las conducta en agravio del primero, padecieron la omisión en la integración de las averiguaciones previas iniciadas por los hechos señalados, afectándose su derecho a la verdad ya que las probables conductas delictivas continúan impunes.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la Libertad; Derecho a la seguridad; y Principio de legalidad
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
La CNDH recomendó al Secretario de la Defensa Nacional, Fiscal General de la República, al Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Fiscal General del Estado de Tabasco, que en coordinación con la CEAV brinden la reparación integral del daño a la víctima que contemple el pago de una compensación justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos; su inscripción y de quien conforme a derecho corresponda, en el Registro Nacional de Víctimas; se les brinde atención psicológica y psiquiátrica (para la víctima) con provisión de medicamentos; la emisión de disculpa pública ante la víctima, sus familiares, personal de esta CNDH y de la CEAV para que se restablezca su dignidad o reputación sin que se le cause mayor daño.
El Secretario de la Defensa Nacional deberá colaborar en la queja administrativa ante el Órgano Interno de Control en la SEDENA en contra del personal responsable, así como en la denuncia que esta Comisión Nacional formule en la Fiscalía General de la República por la detención arbitraria, desaparición forzada transitoria y tortura de la víctima, debiendo además implementar un curso integral sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El Fiscal General de la República deberá continuar con la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa correspondiente hasta su determinación e igualmente se deberá dar seguimiento a la Carpeta de Investigación iniciada en contra de algunas personas servidoras públicas a su cargo y formular denuncia en contra de quien adicionalmente resulte responsable, también colaborará en la queja que se formule en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos en contra de las referidas personas servidoras públicas e impartirá un curso dirigido al personal ministerial de la Delegación Tabasco en materia de desaparición de personas ajustándose al contenido de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, del “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada” y a la aplicabilidad de la Guía para operadores jurídicos “Protegiendo a las personas contra la tortura en México” publicada por la SCJN; deberá instruir a quien corresponda para que eliminen todos los registros generados en Plataforma México en el ámbito federal, estatal o municipal de carácter administrativo con motivo de los procesos penales de la víctima y notificarse a las autoridades consulares de los Estados Unidos de América, sobre dicha eliminación de antecedentes penales.
El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, colaborará en la queja administrativa que se presente en el Órgano Interno de Control de la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en contra de la persona servidora pública responsable, así como en la integración de la carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República; impartirá un curso integral dirigido al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en materia de desaparición de personas.
El Fiscal General del Estado de Tabasco, colaborará en la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control de dicha Fiscalía en contra de la Policía Ministerial y personal ministerial a su cargo por las irregularidades acreditadas, así como en la denuncia que se presente en su contra, también impartirá un curso integral al personal ministerial y policial de la Fiscalía a su cargo con capacitación y formación de derechos humanos, específicamente en materia de desaparición de personas, debiendo coadyuvar con la actual Fiscalía General de la República, Delegación Tabasco, para la debida integración de la averiguación previa correspondiente.

Empresas y Derechos Humanos

Caso:
Caso de víctima, quien recibió una atención médica inadecuada por parte del personal del Hospital Regional de PEMEX, de Poza Rica, Veracruz.
Autoridades responsables:
Petroleros Mexicanos (PEMEX).
Hechos:
El 15 de enero de 2020, la víctima acudió a este Organismo Nacional y presentó el escrito de queja por haber recibido una atención médica inadecuada por parte del personal del Hospital Regional de PEMEX, de Poza Rica, Veracruz. Hace un año once meses, acudió a una cita en la especialidad de traumatología donde le diagnosticaron que la prótesis que tenía en la rodilla izquierda estaba suelta, por lo que era necesario remplazarla; posteriormente, se inició el trámite de compra de la prótesis; sin embargo, le informaron que el médico tratante había detenido dicho proceso por falta de presupuesto; que después de 3 o 4 meses fue cambiado de doctor, pero durante ese tiempo el deterioro de la prótesis empeoró impidiéndole andar con muletas, por lo que adquirió una silla de ruedas para poder desplazarse; lo turnaron con otro traumatólogo, quien le refirió que sólo operaba problemas de columna, motivo por el cual fue canalizado con otro médico, quien le dio la esperanza de realizarle la operación, pero lo cambiaron de área, por lo que hasta la fecha en que presentó su inconformidad no se le había realizado la operación.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la legalidad y Derecho a la protección de la salud
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
El 16 de enero de 2020, personal de esta Comisión Nacional, mediante correo electrónico institucional, hizo del conocimiento la queja presentada al Subgerente de Asuntos Consultivos y Patrimoniales de PEMEX; asimismo, se solicitó apoyo, a fin de atender la problemática planteada por el agraviado..
El Director del Hospital Regional de Poza Rica Veracruz, perteneciente a PEMEX, dio repuesta al requerimiento realizado por este Organismo Nacional.
Se advirtió que V1 se encontraba siendo atendido por parte del servicio médico del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz de PEMEX,  debido al padecimiento de gonartrosis de rodilla izquierda que padece, aunado a que  dicho nosocomio ya contaba con la prótesis de rodilla, a fin de que se le practicara la  cirugía que requería para el retiro y recolocación de la misma.
Mediante correo electrónico, la víctima informó que el 2 de julio de 2020, se llevó a cabo la cirugía que requería para el remplazo de la prótesis de la rodilla izquierda.
 
Caso:
Caso de víctima, quien no había recibido el pago de las afectaciones a su parcela por la construcción de la Autopista Siglo XXI.
Autoridades responsables:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Hechos:
Este Organismo Nacional recibió el 16 de mayo de 2020, la queja de la víctima, mediante la cual manifestó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no le había realizado el pago de las afectaciones a su parcela por la construcción de la Autopista Siglo XXI, la cual entró en operaciones desde el 2018, motivo por el cual solicitó la intervención de este Órgano Protector de los Derechos Humanos.
Derechos humanos vulnerados:
Derecho a la propiedad o posesión
Medidas tomadas e impactos a favor de las víctimas:
Se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre los hechos materia de la queja; en respuesta, mediante comunicación telefónica con la víctima y vía correo electrónico, personal de la SCT agendó una cita para que se presentara en las instalaciones de la Dirección de Liberación del Derecho de Vía, para realizar el pago anticipado por concepto de indemnización por la ocupación previa y de afectación de su parcela, como resultado de la firma del Convenio correspondiente, entregándole un cheque de fecha 10 de agosto del presente año, por concepto de indemnización de inmuebles. En este sentido, se consideró procedente concluir el expediente iniciado con motivo de la queja.
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