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Informe de Actividades 2020    Ayuda

Actuaciones de la CNDH frente a la Pandemia de COVID-19 y Situaciones de Desastre por Sismos de Gran Magnitud

Actuaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente a la pandemia de COVID-19

La Pandemia del COVID-19 significa un grave reto en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país y en el orden mundial.  Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha asumido sin descanso la prevención y atención a las violaciones de derechos humanos derivadas de esta Pandemia desde el momento en que las autoridades sanitarias decretaron la contingencia sanitaria.

Las brechas de desigualdad preexistentes hacen que el efectivo respeto de los derechos humanos en la actual situación se agrave y requiera una atenta y decidida actuación por parte de esta Comisión.

En la lógica de intercambio de información en el orden nacional e internacional y a efecto de compartir mejores prácticas, se ha integrado el presente documento que tiene carácter de inicial pues se seguirá actuando mientras persista esta emergencia sanitaria, y se llevará el registro e información correspondiente.

La información que se consigna es independiente de la resolución de las quejas que a diario se reciben, y que siguen su curso de atención de acuerdo a la normatividad de la propia Comisión, y es de señalarse que la primera medida adoptada por su titular frente añl anuncio de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, fue mantener las puertas de sus instalaciones abiertas a los quejosos, mediante guardias controladas, aunque privilegiando la atención telefónica o en línea. Lo que a continuación se enlista se refiere pues, a acciones adicionales o posicionamientos, y se proporciona por rubros de actuación, señalándose el vínculo de nuestra página web con el fin de que pueda ser consultada en sus textos completos.

 
  1. Emergencia Sanitaria
El 1 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que permanecerá vigilante y dará seguimiento, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, para que los acuerdos y Medidas de Seguridad Sanitaria anunciados el por el Consejo de Salubridad General para atender la emergencia en nuestro país, se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos[1].

Ese mismo día la Presidenta de la CNDH dictó las medidas para atender de manera prioritaria las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad y el trabajo por hechos acaecidos con motivo de la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19 en México, quejas que serán consideradas como de atención urgente e inmediata.

El 6 de abril, la CNDH exhortó a los tres órdenes de gobierno a tomar en cuenta diferentes consideraciones para la adopción de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener la propagación del virus, aplicándolas con un enfoque basado en una perspectiva de género y pleno respeto de los derechos humanos, con el propósito de que todas las acciones gubernamentales para la vida cotidiana del pueblo mexicano no se conviertan en nuevas violaciones[2].

El 20 de abril, la Presidenta de la CNDH dirigió un mensaje al pueblo mexicano, llamando a la solidaridad y a la responsabilidad frente a la contingencia sanitaria y aseguró que vivimos tiempos de prueba, de solidaridad y unión y de cuidar nuestra libertad y la vigencia de los derechos humanos.

Además convocó a las mexicanas y mexicanos a cuidar su vida e integridad y las de los demás, porque son tareas de todos, exhortó a las autoridades federales y locales, a evitar medidas que contravengan las libertades y comprometan los derechos humanos, y mencionó que hay que estar vigilantes porque este momento no debe ser pretexto para ahondar las violaciones de derechos humanos o apurar decisiones de las que después podemos arrepentirnos[3].

Asimismo, el 23 de abril la Presidenta de la CNDH anunció que para ayudar en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aportará de manera inmediata 100 millones de pesos, que son el resultado de los ahorros del plan de austeridad y reorganización que inició este Organismo Nacional en el mes de enero[4].

 
  1. Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica
El 17 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación ante el borrador de un documento denominado “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, elaborada por integrantes del Consejo de Salubridad General para la emergencia de COVID-19, la cual planteaba cómo resolver casos extremos en los que no haya equipos suficientes de terapia intensiva.

A partir del análisis desde el bloque constitucional de derechos humanos, la CNDH consideró que que, si así se emitiera la Guía, sería contraria a disposiciones sobre el derecho a la salud vinculantes para México, tanto en el Sistema Universal como en el Sistema Regional de protección de los derechos humanos, ya que sería un documento que justifica que el Estado Mexicano no garantice el acceso efectivo a los bienes de salud a todos los pacientes con COVID 19, en este caso a los recursos de medicina crítica.

De manera particular, se adivirtió, el documento contenía criterios que ejercen una discriminación indirecta hacia las personas mayores, y las pone en desventaja en el acceso a los recursos de medicina lo que vulnera su derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal.

Asimismo, se consideró delicado que el documento propusiera que el triaje funcione como un órgano decisorio, que no esté supervisado y/o acompañado por un Comité de Ética, que le permita tomar decisiones que involucren vidas humanas., asimismo, que sus criterios de integración del equipo de triaje, deban de aplicarse “idealmente”, lo cual no garantizaría la adecuada decisión en el respecto y garantía de los derechos humanos de las y los pacientes con COVID-19.

Así, la Comisión expresó su preocupación por el contenido del borrador hecho público, y en especial por el respeto al derecho a la salud de las personas mayores, el cual podría verse violado de mantenerse la propuesta en el contenido definitivo de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica[5].

El 30 de abril el Consego de Salubridad General dio a conocer una nueva versión de la Guía, eliminando la priorización que se hacía de los jóvenes sobre los adultos mayores; sin embargo esta Comisión se mantiene atenta para cumplir sus funciones de defensa de los derechos humanos.

 
  1. Profesionales de la Salud
El 31 de marzo, con el objetivo de que los profesionales de la salud atiendan de forma segura a personas contagiadas con coronavirus COVID-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instó a las autoridades sanitarias a adoptar las medidas necesarias que garanticen la debida protección al personal en contacto con pacientes infectados [6].
 
  1. Perspectiva de Género
El 20 de marzo, la CNDH exhortó a que todas las acciones que establezca el gobierno mexicano para enfrentar la propagación del COVID 19, se den en el marco de los derechos humanos e incorporen la perspectiva de género a fin de garantizar la dignidad y seguridad de la población mexicana. e instó a que, además de las medidas enfocadas a la responsabilidad individual, se ejecuten medidas de carácter colectivo que consideren las situaciones particulares de la población mexicana que a lo largo de la historia han sido vulneradas socialmente y han perpetuado las desigualdades entre mujeres y hombres, mismas que pueden verse agudizadas en un escenario de cuarentena[7].

El 2 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la sociedad a erradicar conductas machistas que pueden terminar en feminicidios, las cuales continúan dándose en todo el país, tanto en el ámbito público como en el privado, situación que tiende a agravarse con motivo de la contingencia y cuarentena por el coronavirus.

Este Organismo manifestó su preocupación por que la cuarentena por el COVID19 obstaculice que las víctimas de violencia puedan acceder a los servicios de asistencia y auxilio para denunciar a sus agresores; la falta de respuesta institucional ha hecho que organizaciones sociales se activen para apoyar a quienes necesiten ayuda[8].

Ante la situación de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se han realizado diversas declaraciones de autoridades, que apuntan al supuesto de una disminución en la violencia que viven las mujeres. Al respecto, la CNDH consideró que es indispensable realizar una comunicación responsable y basada en la información oficial disponible sobre este grave problema, de tal forma que se evite la minimización de la violencia contra las mujeres. El organismo ha sido enfático al señalar que la violencia contra las mujeres ha aumentado en este periodo de confinamiento por el COVID-19. Se emitió un extrañamiento respecto a la campaña presentada el día 26 de mayo, “Cuenta hasta 10”, cuyos contenidos invisibilizan la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en el período de aislamiento.[9]

 
  1. Trata de personas
El 8 de abril, la CNDH emitió un acuerdo de radicación y atracción con motivo de la publicación de una nota periodística bajo el rubro “ONG denuncian explotación de mujeres y riesgo ante COVID-19 por servicios de 'table' a domicilio”, en la que se expuso que “Asociaciones defensoras de derechos y feministas exigieron a las autoridades investigar a centros nocturnos y negocios de explotación sexual que ofrecen servicios de ‘table dance’ a domicilio en Tlaxcala, tras el cierre de locales por el COVID-19”, ya que consideran atenta no solamente contra el derecho a la salud, sino por discriminación y posible trata de personas con fines de explotación sexual[10].
 
  1. Personas con discapacidad
El 18 de marzo, la CNDH, exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno tomar medidas preventivas para atender a la población con discapacidad que tiene mayor riesgo de contagio de Coronavirus o Covid-19, como las personas adultas mayores y aquellas que se encuentran institucionalizadas en albergues, hospitales psiquiátricos, centros de reinserción social, casas hogar, entre otras.

Esta Comisión Nacional detalló que, al tratarse de grupos en situación de vulnerabilidad, es prioritario atender las necesidades específicas de estas personas para que no se agrave su derecho a la salud y se asegure que las que más lo requieran reciban en igualdad de condiciones atención oportuna y de calidad antes, durante y después de la contingencia sanitaria[11].

El 24 de abril, la CNDH exhortó al Estado mexicano a adoptar medidas urgentes y complementarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Fase 3 de Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19 , y manifestó su preocupación  por el derecho al acceso a una información oportuna y de calidad sobre las personas con discapacidad y su acceso desigual a los servicios de salud oportunos y de calidad , y la escasez de medidas para garantizar su educación a distancia.

Ante la declaratoria de la fase 3 de emergencia sanitaria respecto a la epidemia generada por COVID19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a las autoridades a implementar medidas urgentes y complementarias, y emprender acciones que protejan de manera amplia a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad como es el caso de las personas con discapacidad.

Por ello este Organismo constitucional autónomo exhortó a las autoridades correspondientes a emprender medidas urgentes y complementarias en materia de: Acceso a la información para las personas con discapacidad, acceso equitativo a servicios de salud para las personas con discapacidad ante la contingencia, educación a distancia para las personas con discapacidad,  permanencia laboral y empleo, mecanismos para la obtención de información y datos sobre las necesidades de las personas con discapacidad, y La omisión legislativa y normativa en la materia que, en el momento actual, da lugar a la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad[12].

 
  1. Personas privadas de la libertad
El 14 de marzo, con base a las condiciones que imperen en cada uno de los establecimientos penitenciarios federales y estatales, la CNDH sugirió implementar mecanismos encaminados a la protección de la salud y vida de la población privada de la libertad, las visitas en general, los proveedores de servicios y personal penitenciario, y emitió medidas cautelares a todas las autoridades del sistema penitenciario nacional para generar en tiempo y forma condiciones preventivas óptimas, adecuadas y suficientes para la protección de la salud de las personas privadas de su libertad, visitantes, y personal de trabajo de los centros penitenciarios[13].

El 26 de marzo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió un pronunciamiento de cinco puntos para la adopción de medidas que prevengan actos o conductas que pudieran llegar a constituir tratos crueles inhumanos o degradantes y tortura, a raíz de la contingencia del COVID19[14].

El 13 de abril la CNDH dio a conocer que da seguimiento y permanece en alerta, al conocer de cinco casos confirmados con COVID 19 en el Sistema Penitenciario Nacional, cuatro de ellos de personas internas y uno más un custodio[15].  En este contexto, el 16 de Abril,  este Organismo Nacional manifestó su preocupación por los incidentes violentos ocurridos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, en el Estado de México, por lo que instó a esa autoridad a reforzar las medidas establecidas en su protocolo, abonando en el diálogo e información permanente con las personas privadas de su libertad y sus familias, para el control sanitario del COVID-19, y con ello prevenir altercados al orden o violencia.[16]

El 18 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la pandemia por COVID-19, e hizo un atento llamado a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos en el Sistema Penitenciario Nacional.
En el Pronunciamiento se menciona que de no garantizar los derechos a la salud de esa población ante la pandemia que se vive, el Estado mexicano tendría que enfrentar y asumir los impactos que se vayan presentando por eminentes violaciones a sus derechos humanos

Además, la CNDH pide reforzar todas las acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, diferenciadas y con perspectiva de género, para garantizar prioritariamente el derecho a la salud y a la integridad personal y se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria y se analicen, evalúen y determinen en el menor tiempo posible, los beneficios de preliberación establecidos en la ley[17].

Este Organismo Nacional envió el Pronunciamiento al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social y los 32 Sistemas Penitenciarios del país; a los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los titulares de los 32 Poderes Judiciales de los Estados, los 31 Gobernadores del país y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, a los 32 Congresos Locales, a la Secretaria General de la Cámara de Diputados y la Secretaria General del Senado de la República, a las 32 Comisiones de Derechos Humanos locales y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A nivel internacional, el Pronunciamiento se remitió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano; a 9 Representaciones en México de Agencias del Sistema de Naciones Unidas, así como a 16 Embajadas de países de Europa y América Latina.

Este Pronunciamiento acogió los criterios y directrices que ante el contexto mundial de la pandemia por COVID-19 han emitido los distintos organismos internacionales de derechos Humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 
  1. Migrantes
El 17 de marzo, ante la necesidad de tomar medidas razonables, preventivas y de atención, contra la patología COVID 19 o coronavirus, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) implementar medidas cautelares para salvaguardar la integridad física, psicológica, estado de salud y la vida, de personas migrantes alojadas en estaciones migratorias, estancias provisionales y albergues de ese Instituto.

Asimismo, las medidas buscan proteger de la epidemia al personal que labora en tales sitios, representantes jurídicos e integrantes de Asociaciones Civiles que brindan servicios a los extranjeros alojados y, en general, de los visitantes a esos recintos migratorios y lugares habilitados por el INM para el alojamiento de personas, incluidas sus instalaciones en los aeropuertos del país.

Este Organismo Nacional pidió tomar acciones urgentes para evitar condiciones de hacinamiento en esas instalaciones y evitar con ello contagios masivos y mantener informada a la población en contexto de migración albergada en esos sitios y a la población visitante, sobre las acciones y medidas preventivas que deben adoptarse de acuerdo a la evolución de la contingencia para la prevención y atención de la enfermedad.

Asimismo, deberá proporcionar los productos e insumos necesarios y suficientes de salud e higiene para prevenir el contagio, realizando un permanente monitoreo y supervisión, principalmente de personas adultas mayores por ser las más vulnerables a sufrir complicaciones por esa patología[18]

El 24 de marzo, ante las medidas de contingencia de salud contra el COVID 19 impuestas en varios países, como el cierre de fronteras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó preocupación por el aumento de personas en contexto de migración alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), y llamó a este instituto y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionar acuerdos internacionales para repatriar a los extranjeros varados en territorio mexicano, garantizando sus derechos fundamentales[19].

El 16 de abril, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su preocupación por las personas en contexto de migración en estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), ante las medidas de contingencia por la pandemia por COVID 19 tomadas por diversos países, entre ellas, el cierre de fronteras.

Por ello, este Organismo Nacional llamó de nueva cuenta al INM y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que gestionen la cooperación internacional que se requiera a fin de implementar mecanismos que faciliten la digna y sana repatriación de extranjeros varados en territorio mexicano y garanticen sus derechos[20].

 
  1. Niñas, niños y adolescentes
El 30 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades especializadas en niñez y adolescencia, implementar medidas de prevención con un enfoque integral de derechos, para brindar atención oportuna a las personas menores de edad que sean víctimas de violencia en sus hogares y centros de asistencia social, derivada del aislamiento, la sana distancia y el paro de actividades laborales y escolares[21].
El 1 de abril, esta Comisión Nacional anunció que estará pendiente de la atención que brinden las autoridades a situaciones de violencia que surjan en los hogares contra mujeres, niños y niñas durante esta etapa de resguardo domiciliario forzado, las cuales deben garantizar a las víctimas el acceso a un apoyo inmediato y adecuado[22].

 
  1. Familias
El 15 de mayo, en ocasión del Día Internacional de las Familias (15 de mayo), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pide a las autoridades de los tres órdenes de gobierno fortalecer las capacidades económicas, emocionales, laborales y sociales de las familias que habitan o están en tránsito en nuestro país, y a protegerlas frente a los fenómenos de violencia, inseguridad, desaparición de personas, pobreza, las crisis humanitarias como el desplazamiento forzado, los conflictos armados y las emergencias sanitarias como la del COVID-19[23].
 
  1. Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
El 10 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó a los tres niveles de gobierno a proteger el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, cuya mayoría se encuentran alejados de los centros urbanos del país, con escasa o nula cobertura de infraestructura médica y marginados de la información que los concientice sobre sus derechos, y los prevenga sobre las medidas de salud pública que se deben adoptar. Ante la emergencia que se vive en el país y el mundo como consecuencia de la pandemia Coronavirus COVID-19, esta Comisión Nacional urgió a las autoridades otorgar atención integral a esos grupos sociales [24].
 
  1. Población LGBTTTI
 
La CNDH realizó un llamado a personas servidoras públicas e instituciones del país para que –en el estricto ámbito de sus competencias– garanticen de forma real e inmediata los derechos humanos de la población ; sostiene que se les debe atender de manera urgente a quienes han perdido su hogar y su empleo en plena contingencia sanitaria, habilitando albergues para proteger su integridad psicofísica, su vida y su salud; y generando estrategias para reinsertarles en el mundo laboral.[25]

 
  1. Desarrollo de la Aplicación para el Monitoreo del COVID-19
Esta aplicación se desarrolló con el fin de informar a la población de la situación general de la pandemia Coronavirus (COVID-19). Presenta información internacional y nacional de fuentes abiertas oficiales, así como un panorama de exposición y vulnerabilidad de la población mexicana.

La información presentada en esta aplicación se actualiza en tiempo real dependiendo de la fuente. La información internacional se actualiza cada hora, la información de casos nacionales se actualiza cada día y la información de diagnóstico se actualiza anualmente.[26]

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará actuando en cumplimiento de su responsabilidad de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano frente a los graves y urgentes retos que en materia de derechos plantea la actuación de las autoridades frente a la pandemia del COVID-19.

Adicionalmente, con la finalidad de garantizar los servicios de protección y defensa ofrecidos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, esta Comisión Nacional, publicó diversas circulares y acuerdos que a continuación se mencionan:
  • 19 de marzo del 2020 se emitió una circular “La CNDH seguirá trabajando por y para las víctimas
  • 23 de marzo del presente año, se emitió una circular “La CNDH organiza su trabajo para asegurar la mejor atención en la contingencia y la salud de sus empleadas y empleados
  • 25 de marzo del 2020, se emitió un comunicado, a las personas servidoras públicas adscritas a este Organismo, mediante el cual se informó que se acatarían las normas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud para permanecer en casa.
  • 26 de marzo del 2020 se emitió el “Acuerdo por el que se suspenden los términos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como medida preventiva para hacer frente al coronavirus (COVID-19)”.
  • 27 de marzo del 2020, se emitió un comunicado de “Servicios de Salud”, con el objetivo de poder dar atención y seguimiento oportuno a las eventualidades en materia de salud que pudieran presentarse en el personal adscrito.
  • 29 de marzo del 2020, se emitió un mensaje urgente, en el que informó a todo el personal que deberá permanecer en casa, dado el sentido de urgencia que el Subsecretario de Salud manifestó en conferencia de prensa.
  • 1 de abril del 2020, se emitió el “Acuerdo que establece las reglas generales para el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria, por la presencia del virus Covid-19 en México, privilegiando el trabajo en casa”.
  • 1 de abril del 2020, se emitió el “Acuerdo que establece las reglas generales para la atención de las quejas que se presenten en la comisión nacional de los derechos humanos, por hechos acaecidos con motivo de la contingencia sanitaria por la presencia del virus covid-19 en México.
  • 31 de mayo del 2020, se emitió un comunicado dirigido al personal de la CNDH, donde se informó que, de acuerdo con lo manifestado por la Subsecretaría de Salud, se daba por terminada la etapa de “sana distancia”, anunciando que se iniciaría con el diseño de un regreso seguro de acuerdo con la “nueva normalidad”.
  • 3 de julio del 2020, se emitió el “Acuerdo por el que se reanudan actividades en los lugares de trabajo, y los términos y plazos legales establecidos en las diversas leyes de los trámites y procedimientos competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 del mismo mes y año.
  • 6 de julio del 2020, se publicó en la página de internet de este Organismo el “Plan de Reapertura Gradual de la CNDH”.
  • 3 de diciembre del 2020, se publicaron en la página de este organismo los “Lineamientos generales para el funcionamiento y desarrollo de trabajo presencial y a distancia, de la comisión nacional de los derechos humanos, derivado de la contingencia por el “covid-19” en México”.
Cabe destacar que, en cada uno de los documentos emitidos, se privilegió la protección de la salud del personal de la Comisión Nacional, creando los mecanismos necesarios para atender a la población que requiera los servicios de este organismo.
 

Actuaciones de la CNDH ante situaciones de desastre por sismos de gran magnitud

La CNDH constató que, a tres años de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y 1,372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de las 209,334 viviendas, 983 unidades médicas y 16,795 escuelas que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades afectadas reportaron como dañadas de manera inicial. Esta situación afecta directamente a la población damnificada de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que recibió de las diferentes instancias a las cuales solicitó información fueron, en algunos casos, deficientes e incompletas, ya que no atendieron la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionaron datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro.

Tampoco se advierten avances sustantivos en la determinación sobre las causas reales que motivaron los daños o el colapso de los inmuebles afectados por los sismos, ni respecto al desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades correspondientes en caso de que las hubiera. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que, con relación a estos hechos, inició 206 carpetas de investigación, 43 por cambio de uso de suelo, 95 por fraude, 11 por homicidio, 46 por responsabilidad de los Directores Responsables de Obra y corresponsables, uno más por sustracción de menor, ocho por robo y dos por daño a propiedad.

Las diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la verdadera dimensión de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad, la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y una ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

En materia educativa, las entidades federativas afectadas señalaron que 16,795 escuelas fueron afectadas; de ellas, 1,521 presentaron daño total y 15,274 daño parcial (la CNDH agrupó bajo este rubro los daños parciales y menores); el Gobierno Federal señaló que 14,876 escuelas fueron afectadas, de ellas 200 con daño total y 14,676 con daño parcial, lo que implicó que niños, niñas y adolescentes recibieron clases en aulas temporales y espacios adaptados poco propicios para su desarrollo y aprendizaje.

Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advierte avances sustantivos, a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre, tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto. Es preciso asumir que nuestro país enfrenta riesgos constantes de desastres de origen natural, en particular de sismos, y que la prevención de los mismos trasciende simulacros o el diseño de mecanismos de respuesta inmediata, siendo preciso ver la prevención como una pauta necesaria de conducta que debe incidir en nuestra convivencia cotidiana.

Finalmente, como parte del seguimiento a la Recomendación 31VG/2019 Sobre el Caso de Violaciones Graves a los Derechos Humanos a la Legalidad, a la Seguridad Jurídica, a la Vida, a la Verdad y al Interés Superior de la Niñez, en Agravio de las y los Alumnos y Personal del Colegio Enrique Rébsamen en la Ciudad de México y dirigida a la SEP, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Tlalpan, se tiene que de los 19 puntos recomendatorios dirigidos en total a las 3 autoridades recomendadas, se ha cumplido con el punto relativo a la designación de un enlace con la Comisión Nacional para el seguimiento a la Recomendación, mientras que el resto de los puntos recomendatorios se han atendido de manera parcial; en este sentido, la CNDH seguirá cumpliendo con un estricto, riguroso y detallado seguimiento a la Recomendación a fin de que sea atendida de manera puntual y en forma cabal con todos y cada uno de los puntos recomendatorios formulados a fin de que los lamentables hechos ocurridos no se repitan y no queden en la impunidad.
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