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Informe de Actividades 2020    Ayuda

Personas Indígenas y Afromexicanas Privadas de la Libertad

Diagnóstico de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas Privadas de la Libertad

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “[l]a nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas […]”. En nuestro país la población indígena presenta los siguientes datos:
 
  • De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 [1], casi 25.7 millones de personas en México, se consideran indígenas.
  • El promedio de escolaridad de las y los hablantes de una lengua indígena es de 5.7 años. El nivel es mayor entre hombres (6.2) que entre mujeres (5.1). A nivel nacional, la escolaridad es de 9.1 años (INEGI 2015).
  • De la medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL2018)[2], se desprende que el 29.5% de la población indígenas de nuestro país se encuentra en situación de pobreza y 27.9% está en situación de pobreza extrema.
  • Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, entre los mexicanos de 6 a 14 años que hablan una lengua indígena, 92.7% asiste a la escuela (el promedio nacional es de 96.2%).
Por otra parte, el artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que “[l]a Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir[…]”; asimismo, de manera específica el artículo 35 señala que “[l]a Autoridad Penitenciaria debe adoptar los medios necesarios para que las personas indígenas privadas de la libertad puedan conservar sus usos y costumbres, dentro de las limitaciones naturales que impone el régimen de disciplina del Centro y que no padezcan formas de asimilación forzada[…]”; además, contempla la obligación de proporcionar educación bilingüe y acorde a su cultura para las personas indígenas.
 
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su área de Prevención y Readaptación Social,  hasta octubre de 2020, la población indígena privada de la libertad, en los centros penitenciarios del país era de 7,185 personas. De ésta 6,817 pertenecen al fuero común y 368 al fuero federal, asimismo 246 son mujeres y 6,939 hombres.
 
De la citada población interna en los centros de reinserción social del país, los pueblos indígenas que registran una población mayor de 100 personas son los siguientes: 1,549 náhuatl, 594 zapoteco, 431 mixteco, 404 rarámuri, 388 maya, 383 otomí, 378 tsotsil, 345 tseltal, 337 mazateco, 275 totonaca, 176 chol, 162 mazahua, 153 chinanteco, 144 cora, 143 mixe, 137 tepehuano, 127 wirrárica, 120 tlapaneco y 114 Téenek.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como misión ser un Organismo Constitucional Autónomo, dedicado a promover, divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país, así como en el extranjero ante autoridades mexicanas, construyendo así una cultura de prevención y respeto en la materia y de atención en las víctimas, en este sentido es importante destacar que las personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad, si bien es cierto, dentro del procedimiento penal, tienen la condición de victimarios o sujetos activos del delito y que, frente a ellos, durante la referida secuela procesal, se encuentran quienes sufrieron un agravio, esto es, las víctimas directas del delito; una vez que los primeros, son condenados a cumplir con una pena de prisión; su situación real y jurídica,  cambia radicalmente, por su condición de persona privada de la libertad, aunada a la de ser personas indígenas y afromexicanas,  pertenecientes a grupos vulnerables; que  independientemente de la  verdad real o la verdad procesal, que emane de la causa penal,  que haya derivado en la imposición de una pena de prisión y más allá de su responsabilidad o posible inocencia; son sujetos de protección del contenido del artículo 18 de la Constitución Política Mexicana.

Objetivos Principales para la Atención de Personas Indígenas y Afromexicanas Privadas de la Libertad

Dado el contexto que tienen en nuestro país de las personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha trazado las siguientes líneas de acción atendiendo en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, con el fin de brindar una atención integral a este grupo en situación de vulnerabilidad.
 
I. PROTECCIÓN Y DEFENSA.

 
Realizar acciones, tanto de investigación como de intervención directa sobre presuntas violaciones de derechos humanos, con el objeto de evitar su consumación o, en su caso, una vez determinado si efectivamente se han cometido, documentar el daño sufrido, a fin de solicitar su reparación, incluyendo - ésta, en particular, las garantías de no repetición que prevengan su reiteración.
 
  • Priorizar a las víctimas y posibles víctimas que se encuentran privadas de la libertad de violaciones de los derechos humanos en la solución de expedientes.
  • En su caso, emitir recomendaciones que prioricen la reparación del daño para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, evitando que éste se agrave, de manera expedita, una vez que se haya acreditado la violación de derechos humanos y se haya documentado el daño.
  • Emitir las medidas cautelares correspondientes, a fin de evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad
  • Identificar las prácticas recurrentes de violaciones a los derechos humanos por parte de determinadas autoridades, y emitir las Recomendaciones Generales en la materia.
 
II. PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN.
 
Llevar a cabo acciones que impulsen la consolidación de una cultura de respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las Personas Indígenas y Afromexicanas Privadas de la Libertad; a través de la entrega de material de divulgación en la materia; así como, la emisión de Informes Especiales.
 
  • Dar a conocer los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad, mediante la distribución de trípticos en los centros penitenciarios.
  
III. OBSERVANCIA.
 
Fortalecer la observancia de los Derechos Humanos, a través de la materialización de visitas in situ, de forma continua y permanente a los centros de reinserción social con registro de personas Indígenas y Afromexicanas Privadas de la Libertad.
 
  • Realizar visitas a los centros penitenciarios a fin de verificar el respeto a los derechos humanos de la población indígena y afromexicana.

Visitas a las Personas Indígenas y Afromexicanas Privadas de la Libertad

Con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de manera periódica lleva a cabo visitas a los Centros de Reinserción Social de la República Mexicana. A través de entrevistas personalizadas, se identifican a las personas que se autoadscriben como pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, a quienes se les brinda orientación y se revisa su situación jurídica. Además, se reciben las peticiones personales, y se llevan a cabo las gestiones necesarias para que se les proporcionen la atención que requieren.

De igual forma, se realizan acciones de difusión que les permiten identificar las posibles violaciones a sus derechos humanos. En este año se llevaron a cabo 21 visitas a centros de reinserción social, ubicados en 11 entidades federativas; a saber,
Yucatán, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Veracruz y Estado de México.

Divulgación en Materia de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas y Afromexicanas Privadas de la Libertad.

Por lo que se refiere a las actividades de divulgación de los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad, durante las visitas a los centros penitenciarios fueron distribuidos 1,616 trípticos en total, sobre Derechos Humanos de Personas Indígenas durante la Detención y Derechos Humanos de Personas Indígenas ante el Sistema de Justicia Penal.

Protección y Defensa de Personas Indígenas y Afromexicanas Privadas de la Libertad

A partir de las entrevistas y de la identificación de las personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena y afromexicanas, se brindaron 794 servicios de atención a personas privadas de la libertad, los cuales requirieron la apertura de un expediente, relacionados con las siguientes circunstancias:
 
  • Desconocimiento de su situación jurídica.
  • Solicitud de asesoría por parte de un defensor público y/o intérprete en su lengua.
  • Aclaración sobre el cumplimiento de las penas de prisión.
  • Información sobre los requisitos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada.
  • Orientación para promover recursos legales que estén a su alcance.
  • Asesoría y gestión sobre los trámites para el apoyo de pago de fianza, multa y reparación de daño, impuestas en los procesos penales, de resultar procedente.
  • Apoyo para obtener atención médica adecuada.

Desafío de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad.

La CNDH tiene como desafío que las personas privadas de la libertad alcancen la reinserción social con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo y capacitación, la educación, la salud y el deporte, tomando en cuenta las necesidades individuales. Para alcanzar este objetivo es la coordinación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, como son las autoridades penitenciarias, de salud, jueces de ejecución, organismos protectores de derechos humanos y defensorías públicas.

En ese sentido, el Estado tiene la responsabilidad de brindar una protección especial y específica a las personas indígenas privadas de la libertad, puesto que no se encuentran en condiciones de equidad respecto a los demás miembros de la sociedad, para lo cual es importante lo siguiente:

  • Las autoridades de los centros penitenciarios utilicen el criterio que señala la legislación para determinar quien es considerado indígena.
  • Faciliten intérpretes que expliquen el reglamento y derechos en el centro penitenciario a las personas indígenas privadas de la libertad.
  • Llevar a cabo en los centros penitenciarios protocolos de atención para personas indígenas y afromexicanas.
  • Implementar los medios necesarios para que las personas indígenas privadas de la libertad conserven su cultura, con las limitaciones naturales de un centro de internamiento.
  • Las autoridades de los centros penitenciarios realicen acciones para evitar la discriminación de la que en ocasiones son objeto las personas indígenas privadas de la libertad, por parte del resto de la población interna.
  • Brindar información sobre los derechos humanos que les asisten. Las personas indígenas privadas de la libertad, reciban una atención médica adecuada en el centro de internamiento.
  • Generar oportunidades culturalmente pertinentes para el desarrollo de actividades laborales encaminadas a su reinserción social.
  • Apoyo inmediato de intérpretes y/o traductores en su lengua, durante el procedimiento penal que se les instruye.
  • Incrementar el número de personas servidoras públicas adscritas a la Defensoría Pública Federal y de las entidades federativas, que hablen su lengua, así como conozcan sus especificidades culturales, a fin de brindar una defensa adecuada y con pertinencia cultural.
  • Garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de la libertad, con perspectiva de género e interculturalidad.
     
Como es evidente, la falta de acceso a servicios públicos, discriminación, el rezago educativo, los bajos niveles de desarrollo económico entre otros, hacen que las personas indígenas se encuentren en desventaja respecto de otros grupos de la población, por lo que para esta Comisión Nacional son un grupo de atención prioritaria.
 
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