En este año fueron emitidas 11 Recomendaciones por violaciones graves, originadas por expedientes de queja y dirigidas a 24 autoridades distintas, en 34 ocasiones. Los hechos violatorios fueron calificados como sigue:
 

De acuerdo con una queja recibida en la Oficina Foránea de la CNDH en Reynosa, aproximadamente a las 14 horas del 11 de octubre de 2016, un grupo de entre 20 y 25 elementos navales de la Marina, a bordo de camionetas oficiales, ingresaron sin justificación legal a un motel de Ciudad Camargo y se dirigieron a dos habitaciones para detener a cuatro personas que se encontraban hospedadas en dicho inmueble y a otra persona más de nacionalidad estadounidense, sin presentar orden de aprehensión ni acreditar flagrancia.

Como resultado de su investigación, la Comisión Nacional acreditó que las cinco personas fueron detenidas de manera arbitraria y que, durante su aseguramiento, los elementos de la Marina arrancaron las cámaras de video vigilancia de la recepción del motel donde se encontraban alojados. Posteriormente, fueron subidas a camionetas color gris mate, que tenían la leyenda “Marina” en los costados y partieron con destino desconocido, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, vulnerando así los derechos humanos a libertad y seguridad personal de las víctimas, previstos en el artículo 16, párrafo cuarto constitucional.

Durante los hechos, los marinos también detuvieron de manera arbitraria a otra persona a quien retuvieron ilegalmente y liberaron hasta el día siguiente. Aun cuando no existen análisis médicos o psicológicos que para determinar las lesiones o el grado de afectación psicológico que sufrió dicha persona, esta Comisión considera que podría presentar secuelas que repercuten en su vida diaria.

Luego de analizar el caso, este Organismo Autónomo encontró evidencias que le permitieron acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, a la legalidad e integridad personal por la detención arbitraria y desaparición forzada de cinco hombres y la detención arbitraria y privación ilegal de la libertad de uno más en Ciudad Camargo, Tamaulipas, atribuibles a personal de la Secretaría de Marina, motivo por el cual la Comisión Nacional dirigió la Recomendación 35VG/2020 al Secretario de Marina.

Por lo anterior, la CNDH dirigió siete puntos recomendatorios al Secretario de Marina  entre los que destacan: inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; efectuar una búsqueda efectiva para localizarlos y presentarlos con vida o, de ser el caso, se ubiquen y entreguen a sus familiares sus restos mortales, además de que éstos últimos deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que se les repare integralmente el daño, se les proporcione atención médica y psicológica y se les otorgue una compensación y/o indemnización justa. Colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia y queja que por estos hechos se formulen ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina y el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, respectivamente. Impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos al personal de la Marina e implementar en sus operativos el uso de las cámaras fotográficas y de videograbación y grabación de audio, a fin de contar con evidencias que permitan verificar que su actuación es respetuosa de los derechos humanos.

En el periodo de febrero a junio de 2018, y en septiembre de ese año, la Comisión Nacional recibió múltiples quejas, en las cuales las personas referían que sus familiares habían sido detenidos y desconocían su paradero, por lo que los buscaron en las Bases de Operaciones de la SEMAR instaladas en Nuevo Laredo, a la Procuraduría General de Justicia del estado, a la Delegación de la FGR en Tamaulipas, a hospitales y funerarias, sin poder localizarlos.

Derivado de su investigación, la Comisión Nacional dirigió la Recomendación 36VG/2020 por Violaciones Graves a los derechos humanos, a los titulares de la Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Gobierno de Tamaulipas y Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, por el caso de 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas durante marzo, abril y mayo de 2018 por elementos de la Marina; 12 de las víctimas fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Anáhuac, Nuevo León pues acreditó que personal de la SEMAR transgredió los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la personalidad jurídica y al trato digno, el derecho a la vida, por hechos consistentes en la desaparición forzada de 27 personas, la ejecución extrajudicial de 12 de ellas; también acreditó la violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio en agravio de 15 testigos, quejosos y familiares de las víctimas; a la integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados en agravio de otras seis personas más que presenciaron el momento de la detención de tres de los desaparecidos, así como la vulneración al derecho humano a la verdad y al acceso a la justicia en agravio de 17 familiares de las víctimas.

En consecuencia, la Comisión Nacional dirigió un total de 34 puntos recomendatorios al Secretario de Marina, al Fiscal General de la República, al Gobernador del Estado de Tamaulipas y al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas,  a fin de brindar una reparación integral del daño  que incluya una disculpa pública institucional conjunta en favor de los familiares afectados; atención médica, psicológica y tanatológica, su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, la inscripción el en Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se continúe con las investigaciones iniciadas con motivo de las desapariciones forzadas de esas personas, de forma exhaustiva, imparcial y coordinada con otras instancias relevantes como la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones de búsqueda locales y se procure garantizar la participación efectiva de los familiares de la persona desaparecida y sus representantes, colaborar ampliamente en las quejas y denuncias que presente la Comisión Nacional en contra los elementos navales involucrados en los hechos; instruir que se videograben todos los patrullajes y operativos en los que exista contacto con la población civil, así como la implementación de políticas públicas adecuadas encaminadas a combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en la región.

La quejosa y madre de una de las víctimas manifestó que fue informada que aproximadamente a las 14:00 horas del 28 de febrero de 2019, su hijo se encontraba empacando zacate en compañía de tres personas, en un predio localizado en Guadalupito las Dalias, Tlahuapan, Puebla, cuando elementos de la SEMAR a bordo de tres camionetas los detuvieron bajo el argumento de que se encontraban trabajando en un predio que se ubica junto a los ductos de PEMEX; que pobladores de la zona observaron que en ese lugar se encontraban elementos de la SEMAR, quienes desvistieron y golpearon en el rostro a V1, V2, V3 y V4, enseguida, les ordenaron que se recostaran con la cara en el piso y los golpearon en varias partes del cuerpo con una pala que se encontraba en ese sitio. Posteriormente, al percatarse de la presencia de esas personas, los elementos de la SEMAR se llevaron a las cuatro víctimas, por lo que comenzó la búsqueda de su hijo el día de los hechos y el siguiente, acudió a diferentes agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General de Puebla y de la Fiscalía General de la República, sin obtener información, hasta que el 1 de marzo de 2019, fueron localizados los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas, en el cerro “El águila”, ubicado en los límites de Santa Cruz Moxolahuac, Tlahuapan, Puebla y San Felipe Hidalgo, Nanacamilpa, Tlaxcala. 

De análisis y valoración de las evidencias del expediente CNDH/2/2019/1708/VG, la Comisión Nacional logró acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y vida, en agravio de las cuatro víctimas, por su detención arbitraria, desaparición forzada, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecución arbitraria, atribuibles a las personas servidoras públicas de la SEMAR.

La Comisión Nacional concluyó que la detención realizada por los agentes navales fue  arbitraria e ilegal; que omitieron elaborar el parte informativo correspondiente por la detención y ponerlos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y por el contrario, los trasladaron a un lugar boscoso en los límites de Tlahuapan, Puebla y Nanacamilpa, Tlaxcala; les infligieron malos tratos durante su detención, así como el uso excesivo de la fuerza y, finalmente, los ejecutaron arbitrariamente.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió al Secretario de Marina ocho puntos recomendatorios para reparar integralmente el daño causado a los familiares de las víctimas como es su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, reparar integralmente el daño a sus familiares, quienes deberán acceder al Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, y se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia y queja que se formule ante la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control de la SEMAR, respectivamente, contra el personal responsable, a cuyos expedientes se deberá anexar copia de esta Recomendación; aportar esta Recomendación en la Carpeta de Investigación 1 que se instruye en contra de las personas servidoras públicas involucradas, para que se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones que la sustentan, y se determinen, en su caso, las sanciones que conforme a derecho correspondan. De igual forma solicitó que la SEMAR implemente en todos sus operativos el uso de cámaras fotográficas, videograbación y grabación de audio, para contar con evidencias de que su actuación es respetuosa de los derechos humanos.

De acuerdo con las quejas interpuestas, el 26 de febrero de 2009, a las 23:45 horas, un adulto joven y un adolescente se encontraban frente a un negocio de comida en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando llegaron entre 45 y 50 soldados a bordo de 7 o 9 camionetas preguntando por el adolescente; posteriormente los suben a la caja de una camioneta y los trasladan a instalaciones militares;  el adolescente recordó que, con motivo de la tortura padecida, su amigo relacionó a otro amigo, por lo que, los militares fueron a buscarlo y también es trasladado a las instalaciones militares donde posteriormente fue golpeado durante su interrogatorio. El adolescente refirió que, al día siguiente, los elementos militares escucharon en la televisión que la madre del último detenido exigía su liberación, por lo que decidieron ponerlo a disposición del Ministerio Público ese mismo día, en tanto que los otros fueron golpeados nuevamente por espacio de 20 a 25 minutos; relató que durante el tiempo que estuvieron en las instalaciones militares, escuchó a su amigo “como si le costara trabajo respirar”; cinco minutos después “ya no habló” y uno de los militares dijo “este buey ya se murió”. Posteriormente, escuchó una detonación de arma de fuego y logró percatarse que su amigo “tenía el balazo en la frente y un poco de sangre que le escurría del lado derecho de su cara”, más tarde escuchó que sacaron su cuerpo y que, en la madrugada del 28 de febrero de 2009, lo sacaron del cuarto para subirlo a la caja de un camión en donde lo dejaron solo y esposado. Después de cuatro horas, un soldado se le acercó, le colocó una pistola en la cabeza y abusó sexualmente de él, amenazándolo con matarlo si le decía a alguien lo que había sucedido. Días después lo dejaron en libertad en un terreno baldío a las afueras de la ciudad.

La Comisión Nacional tuvo por acreditadas las violaciones graves a los derechos humanos padecidas, consistentes en la transgresión a los derechos a la libertad, integridad, seguridad personal y a la seguridad jurídica de los tres jóvenes por su detención arbitraria, retención ilegal y los actos de tortura infligidos; por la violencia sexual y la violación al principio del interés superior de la niñez, en perjuicio del adolescente y la vulneración al derecho a la vida por la ejecución arbitraria de uno de ellos; de igual manera, La CNDH consideró que tanto un agente del Ministerio Público Militar y los agentes del Ministerio Público Federal y de Chihuahua, violentaron el derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, en virtud de que el agente del Ministerio Público de Chihuahua no informó oportunamente la coincidencia del perfil genético de una osamenta que correspondía al joven fallecido, con los datos genéticos proporcionados por la Representación Social Federal, pese a tener conocimiento de ello. Por cuanto hace a los agentes del Ministerio Público Federal se les atribuye la inadecuada procuración de justicia en la investigación de los delitos cometidos en contra de los agraviados. 

Por lo anterior, la Comisión Nacional dirigió 17 puntos recomendatorios al Secretario de la Defensa Nacional, al Fiscal General de la República y a la Fiscalía General de Chihuahua, para reparar el daño ocasionado al menor y a las víctimas indirectas de los otros dos jóvenes,  como es colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y quejas en materia administrativa y de disciplina militar que esta Comisión Nacional formule ante las autoridades competentes, en contra de los elementos militares involucrados en los hechos; se coadyuve en la investigación para la identificación de los militares que intervinieron en los hechos, quienes se encontraban adscritos al 46/o Batallón de Infantería al momento de los hechos; continuar con la práctica de las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para que los hechos acreditados en la presente Recomendación sean aportados a investigación en materia penal y que se incorpore copia de la Recomendación en el expediente laboral y personal de las personas servidoras públicas responsables.

Sobre la omisión del deber de cuidado y la no observancia del principio del interés superior de la niñez, que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a una vida libre de violencia, a la integridad y seguridad personal, y al sano desarrollo integral, con motivo de la violencia sexual cometida en agravio de 15 personas menores de edad (10 niñas y 5 niños), así como de diversos alumnos de un centro educativo localizado en el municipio de Chapala, Jalisco, cuyas identidades no pudieron ser establecidas.
1. Este Organismo Autónomo tuvo conocimiento a través de notas periodísticas publicadas los días 17 y 18 de octubre de 2017, de los actos de violencia sexual perpetrados en contra de diversos alumnos de un centro educativo preescolar público, ubicado en el Municipio de Chapala, Jalisco, por lo que ejerció la facultad de atracción para conocer del caso, a fin de llevar a cabo la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las personas menores de edad en cita.
2. Con motivo de la investigación de los hechos, esta Comisión Nacional contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos que se precisan a continuación:
2.1. A la legalidad, seguridad jurídica, al trato digno, a una vida libre de violencia, así como al libre desarrollo de la personalidad, con motivo de la omisión de cuidado por parte de AR1, AR2 y AR3, de supervisar las condiciones en las que se impartían clases extracurriculares en el centro educativo preescolar ubicado en Chapala, que derivó en violaciones graves a derechos humanos en agravio de diversas personas menores de edad, de conformidad con lo siguiente:
2.1.1. Violaciones al derecho a la integridad personal, normal desarrollo psicosexual y libre desarrollo de la personalidad derivado de la violencia sexual cometidas en agravio de MV1, MV2, MV3, MV4, MV5, MV6, MV7, MV8, MV9, MV10, MV11, MV12, MV13, MV14 y MV15, así como de diversas personas menores de edad, alumnos del centro preescolar en cuestión, cuyas identidades no pudieron ser establecidas.
2.1.2. Al derecho a la educación y al sano desarrollo integral de la niñez, atribuible a AR1, AR2 y AR3 al ejercer indebidamente el servicio público y no brindar una educación de calidad en agravio de los alumnos del centro educativo preescolar ubicado en Chapala.
2.2. Al derecho a la debida procuración de justicia y a la verdad, atribuible a personal de la Fiscalía General de conformidad con lo siguiente:
2.2.1. La irregular integración de las carpetas de investigación 2 y 4, derivado de las omisiones en la investigación de los hechos con apariencia de delito que se les atribuyeron a los indiciados 1, 2, 3 y 4, cometidas en agravio de MV2, MV6, MV7, MV8, MV9, MV10, MV11, MV12 y MV13, así como de diversas personas menores de edad, alumnos del centro preescolar en cita.
2.2.2. La dilación en la integración de la carpeta de investigación 2, atribuible a los agentes del Ministerio Público del Fuero Común en Chapala, que intervinieron en la integración y determinación de la indagatoria en cuestión.
2.2.3. Falta de colaboración en la investigación realizada por esta Comisión Nacional y obstrucción al derecho al acceso a la justicia por la omisión de proporcionar las constancias de la Carpeta de Investigación 3 relacionada con los hechos, atribuible a personas servidoras públicas de la Fiscalía General.
2.3. A la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y a la verdad, imputables a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de acuerdo con los hechos violatorios que se precisan a continuación:
2.3.1. Las irregularidades en la emisión de los dictámenes periciales relativos a las valoraciones médicas y psicológicas practicadas a MV6, MV7, MV10, MV11 y MV12, imputables a AR4, AR5 y AR6, por la inobservancia en los protocolos especializados para la atención de casos de abuso sexual infantil.
2.3.2. Omisión por parte de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de emitir los dictámenes ordenados por la autoridad ministerial respecto del daño físico y psicológico que en su caso sufrieron MV8 y MV9, con motivo de los actos de violencia sexual cometidos en su contra.
2.4. Al interés superior de la niñez, como aspectos inherentes a la dignidad humana, con motivo de las omisiones en las que incurrieron servidores públicos de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General, que derivaron en la falta de resarcimiento de los derechos humanos que fueron vulnerados a las víctimas de los hechos acontecidos en el centro preescolar en Chapala.
3. Por lo expuesto, este Organismo Nacional emitió la Recomendación 40VG/2020, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, al Fiscal General de Justicia de esa entidad federativa y al Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en la que en términos generales se recomendó:
4. A los tres funcionarios precisados en el punto que antecede:
4.1. Ofrezcan una disculpa pública institucional previo consenso con las víctimas, derivado de las deficiencias y omisiones en las que incurrieron personas servidoras públicas del Gobierno Constitucional del Estado de Jalisco, de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad federativa y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que derivaron en las violaciones graves a derechos humanos precisadas en la presente Recomendación.
5. Al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
5.1. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue a los progenitores y/o a quienes ejerzan la patria potestad de las 10 niñas y los 5 niños, así como de las personas menores de edad cuyas identidades no pudieron ser establecidas, derivado de los actos de violencia sexual que sufrieron en las instalaciones del centro educativo preescolar ubicado en Chapala, una reparación integral del daño, mediante el pago de una indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.
5.2. Se realicen las diligencias necesarias a fin de que las víctimas, así como sus progenitores y/o las personas que ejercen su patria potestad, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y se les proporcione la atención psicológica, médica especializada y de rehabilitación periódica que requieran.
5.3. Instruya al Secretario de Educación, así como a los titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, para que implementen las acciones que resulten necesarias para establecer protocolos homologados de atención a personas menores de edad, víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y/o escolar.
5.4. Ordene la inspección de la totalidad de los planteles oficiales de educación preescolar, primaria y secundaria, a efecto de que se advierta si sus instalaciones cumplen con las medidas de seguridad mínimas e indispensables para evitar cualquier acto de violencia física, sexual y/o emocional en contra de los alumnos, y en su caso, se realicen las adecuaciones necesarias para tales efectos.
5.5. Se realice el análisis para determinar sobre la procedencia colocar en la totalidad de los planteles oficiales del Estado de Jalisco, cámaras de video ubicadas en puntos estratégicos, a fin de realizar el monitoreo de las actividades de las niñas, niños y adolescentes, y en tal sentido proteger su integridad y sano desarrollo, debiéndose implementar en su caso, las medidas de seguridad para el resguardo de las imágenes que se obtengan para evitar su uso inadecuado.
5.6. Instruya al Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, para que se integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de todas las personas menores de edad que fueron víctimas de actos de violencia sexual, a fin de que se establezca el programa integral para restituirlos en los derechos humanos que les fueron vulnerados.
6. Al Fiscal General del Estado de Jalisco.
6.1. Inicie la carpeta de investigación con motivo de la denuncia que formule este Organismo Autónomo, para que se determine la presunta responsabilidad de todas las personas que participaron directa e indirectamente en los actos de violencia sexual cometidos en agravio de los alumnos del centro preescolar en cuestión, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia, estableciéndose las medidas necesarias para prestarles atención con calidad y calidez.
6.2. Colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de las quejas y denuncias que se formulen ante la Visitaduría General de la instancia de procuración de justicia en el Estado de Jalisco y en la Fiscalía Especializada en la investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, en contra de los agentes del Ministerio Público involucrados en las irregularidades y omisiones que se advirtieron en la integración y determinación de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de las conductas delictivas cometidas agravio de las personas menores de edad víctimas.
6.3. Establecer normativamente al interior de las agencias del ministerio público, una política de revisión periódica respecto de la determinación de averiguaciones previas o carpetas de investigación en las que se encuentren involucradas niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual, a efecto de que sean debidamente integradas y determinadas conforme a derecho.
6.4. De seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en la Fiscalía General, con motivo de la negativa de proporcionar las constancias de la carpeta de investigación iniciada por hechos presumiblemente delictivos imputables a los agentes del Ministerio Público del fuero común, que intervinieron en la integración y determinación de una indagatoria relacionada con los actos de violencia sexual perpetrados en contra de los alumnos del multicitado centro preescolar.
7. Al Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
7.1. Colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de las quejas y denuncias que se formulen en el Órgano Interno de Control en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y ante la Fiscalía General, por las irregularidades advertidas en los dictámenes relacionados con el estado emocional que presentaban 5 personas menores de edad víctimas; así como por la omisión en la emisión de los dictámenes solicitados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, respecto del daño físico y psicológico que en su caso sufrieron dos alumnos del centro preescolar en cuestión.
7.2. Emita una circular en la que se instruya a las personas servidoras públicas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que durante las valoraciones médicas y psicológicas de personas menores de edad víctimas de violencia sexual, ajusten su actuación a los protocolos especializados para casos de abuso infantil.