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Informe de Actividades 2020    Ayuda

Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió en su informe “Situación de Derechos Humanos en México” que desde 2015 nuestro país atraviesa por una grave crisis de violencia y de seguridad, circunstancia que durante 2020 se mantuvo. En el mensaje del primer año de gestión[1] de la Presidenta de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se destacó que dicha crisis se manifiesta también en el funcionamiento de los sistemas de justicia y de atención a víctimas.
 
En el año que se informa, la CNDH advirtió tres grandes temas posicionados en la agenda nacional: desaparición de personas, caso “Ayotzinapa” y violencia de género y feminicida, los cuales, entre otros, definieron su quehacer institucional, y marcaron una ruta a seguir no sólo por este Organismo Nacional sino por los tres poderes de la Unión, los distintos órdenes de gobierno, los organismos defensores de derechos humanos locales y las instancias de atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas en los ámbitos federal y estatal, para que, entre todos, se dé solución y respuesta a las exigencias del pueblo; por lo que es indispensable un esfuerzo extraordinario, que sume a autoridades en el ámbito de competencias correspondiente.
 
Debido a la situación actual de las mujeres relacionada con la violencia que viven contra la falta de acciones y/o medidas óptimas por parte del Estado Mexicano en todos los niveles para la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia[2], las oficinas de la CNDH fueron tomadas el 4 de septiembre de 2020, como resultado de la desconfianza en las instituciones de defensa de los derechos humanos y como consecuencia de la debilidad institucional para atender la crisis de violencia que aún vive este país, y de las omisiones presentes y pasadas de los órdenes de gobierno federal y local.
 
Es una realidad que los derechos humanos no han sido garantizados en las entidades federativas y que ello ha dado lugar a diversas acciones, entre ellas, la atracción de quejas.[3]
 
En el tema de violencia contra las mujeres, entre otras demandas realizadas a la CNDH, se encuentran: promover el reconocimiento público de la gravedad de la violencia de género y feminicida; suprimir el discurso institucional que minimice la grave situación y eliminar el mensaje patriarcal; impulsar la creación de unidades especializadas en violencia de género y feminicida en las comisiones de búsqueda, fiscalías y comisiones de víctimas; impulsar la extensión de amnistías y acuerdos de no ejercicio de la acción penal en casos en los que se haya criminalizado a mujeres por su lucha en contra de la violencia de género y feminicida; exhortar a las fiscalías federal y estatales para fortalecer su labor de investigación y desempeño en los procesos penales a favor de las mujeres en situación de víctimas; gestionar ante las instituciones públicas de los distintos órdenes de gobierno la atención de las necesidades más apremiantes de las mujeres en situación de víctimas; gestionar y, en su caso, hacer entrega formal de un espacio para albergar a familias de víctimas de violencia de género y feminicida, y para recibir donaciones; y, atraer quejas con motivo de la actuación policial en las manifestaciones realizadas en Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad de México, en las que se violentaron la libre manifestación y otros derechos humanos.[4]
 
La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y sus consecuencias económicas, obligaron al gobierno federal a adoptar medidas de austeridad,[5] circunstancia que disminuyó el funcionamiento de las instituciones del Estado Mexicano a mínimos históricos, lo cual continúa impactando la cobertura y eficiencia de los servicios victimológicos que se brindan a las personas en situación de víctimas. Además, se incrementó la violencia contra las mujeres, por lo que la CNDH emitió un exhorto a los distintos órdenes de gobierno para reconocer esta situación extraordinaria y emprender planes emergentes para combatir la situación de violaciones a los derechos humanos que las mujeres y niñas viven en este país y se emitió una Recomendación General para todas las instituciones federales y locales que, entre otras, incorporó las demandas de los colectivos ocupantes de las oficinas de la CNDH.
 
Cabe destacar que la CNDH hasta septiembre de 2020, recibió 86 quejas relacionadas con violencia de género, habiéndose emitido varias Recomendaciones al respecto.[6] Para atender la demanda expresada reiteradamente por los colectivos y víctimas de garantizar la perspectiva de género en la resolución de sus casos se trabajará en la implementación, en todas las oficinas regionales, de unidades especiales de atención a las mujeres y niñas.
 
En México, los derechos de las personas en situación de víctimas reconocidos internacionalmente tienen como base constitucional, primordialmente, el artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, marco constitucional robustecido con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, misma que incorporó el control de convencionalidad oficioso a cargo de los jueces para verificar la correspondencia de las normas internas con lo estipulado en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y el principio pro persona como herramienta interpretativa más favorable para los derechos humanos de las personas, así como la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos.
 
Con la expedición de la Ley General de Víctimas (LGV) en 2013 y sus reformas,[7] se instaló en México un nuevo modelo de atención a víctimas denominado Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), instancia de formulación de políticas públicas y articulación de esfuerzos institucionales, operado por una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el ámbito federal, que cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)[8] y por sus homólogas en el orden estatal, sin embargo, algunas entidades federativas aún no instalan sus comisiones de víctimas (Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca); y otras no obstante que ya las crearon no han constituido sus fondos. (Cuadro de comisiones de atención a víctimas y Cuadro de fondos de apoyo, asistencia y reparación integral)
 
Desde la instalación del SNAV, su operación no ha estado libre de obstáculos, el pleno se ha reunido sólo una vez, el 20 mayo de 2015, y la CEAV ha recibido cuestionamientos sobre su actuación por parte de la población que atiende; actualmente no cuenta con titular y en la CNDH se han incrementado las quejas por el incumplimiento a las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección y reparación integral, solicitadas por las víctimas. En ese sentido, resulta apremiante que los integrantes del SNAV rediseñen políticas públicas de atención a víctimas de acuerdo con la realidad que se vive, así como fortalecer la cooperación y coordinación entre las instituciones públicas que lo integran. 
 
En este contexto, la CNDH ha advertido una enorme brecha entre lo que establece la LGV y su cumplimiento, lo cual lleva a las personas en situación de víctimas y a la sociedad en general, a exigir acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
 
A 20 años de su creación, el ahora Programa de Atención a Víctimas de Delitos y de Violaciones a Derechos Humanos, de conformidad con el marco jurídico de la CNDH y de la LGV, realizará fundamentalmente, acciones de atención jurídica y psicosocial a las víctimas para que las instituciones que forman parte del SNAV, en el ámbito de su competencia, respondan a sus necesidades y demanda de justicia.    
 
Por este motivo, los ejes temáticos que abordará PROVÍCTIMA son los siguientes: violencia a niños, niñas y adolescentes; violencia de género; violencia contra las mujeres; desaparición forzada de personas; desplazamiento de personas por razones políticas, ambientales y crimen organizado; discriminación; violencia en el ámbito estudiantil y docente, así como persecución política. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Recomendación General 43/2020 la CNDH  gestionará ante las autoridades correspondientes la valoración y atención de los impactos psicosociales a las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos, además brindará los acompañamientos correspondientes para tal efecto; creará Unidades de Atención Especializada en Mujeres en las Oficinas Foráneas y fortalecerá la coordinación de todos los programas institucionales de atención a mujeres, niñas y adolescentes, y de igualdad de género, aunado a que creará un mecanismo de seguimiento especial de la Recomendación General 43/2020 en conjunto con una institución académica y una organización de la sociedad civil.
 
El rediseño del Programa, concebido como un proceso de cambio que inicia en 2020, continuará con el fortalecimiento de su estructura, dotándolo de personal que atienda la demanda de servicios para realizar actividades de protección y promoción de los derechos humanos de las víctimas y llevar a cabo acciones de vinculación con instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles y colectivos de víctimas y, en general, para concertar trabajo en común en materia de víctimas.  
 
Cabe precisar que, con el objeto de no duplicar esfuerzos institucionales con otros programas de este Organismo Nacional, PROVÍCTIMA realizará acciones de atención directa a víctimas, así como acompañamientos ante instituciones públicas del SNAV y las comisiones de víctimas como órganos operativos de éste, para que se les proporcione asistencia y ayuda, facilite el acceso a la justicia, y se les repare el daño, en coordinación con los demás programas de la CNDH.
 
Además, se fortalecerá la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y se convocará a los colectivos y organizaciones que promueven y defienden los derechos de las mujeres para conformar una red de mujeres que cuenten con el respaldo de la CNDH para realizar su valiosa labor. 

[1] Mensaje pronunciado con motivo del primer año de gestión de la Presidenta de la CNDH, Ciudad de México, 18 de noviembre de 2020.
[2] Según lo referido en el numeral 6º de la Recomendación General 43/2020, emitida el 27 de noviembre de 2020 por la CNDH.
[3] Como son los siguientes casos: mujer agredida con ácido en el Estado de Oaxaca; desalojo violento de mujeres activistas en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec; probable homicidio de Giovanny López, en el Estado de Jalisco; y, manifestación feminista reprimida en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
[4] Pliego petitorio del “Frente Nacional Ni una Menos”, entregado a la Secretaría de Gobernación federal el 24 de septiembre de 2020.
[5] “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, 23 de abril de 2020; y, “Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación,18 de septiembre de 2020.
[6] La 2/2020, dirigida al Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), debido a que se acreditaron violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La 10/2020 y la 11/2020, dirigidas a los gobernadores de los estados de Tabasco y Quintana Roo, sobre las deficiencias que vulneran derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de dichas entidades. La Recomendación 15/2020, dirigida al titular del ISSSTE, con motivo de la inadecuada atención médica otorgada a una mujer durante el parto y a su recién nacido, lo que derivó en el fallecimiento de este último. La 26/2020, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivo de la dilación en la atención médica de una mujer durante el trabajo de parto, situación que originó secuelas de salud para su recién nacida. También destaca la Recomendación 40/2020, a autoridades del Estado de Chiapas y del municipio de San Cristóbal de las Casas, por haberse acreditado violaciones relacionadas con la impunidad en el feminicidio de una menor, y la criminalización, detención arbitraria y tortura en agravio de tres mujeres.
[7] Diario Oficial de la Federación de 3 de mayo de 2013, 3 de enero de 2017 y, la última de ellas, 6 de noviembre de 2020.
[8] El 6 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se suprimen diversos fideicomisos públicos, entre otros, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de la CEAV, lo cual deja en la incertidumbre a las personas en situación de víctimas en cuanto a las ayudas que reciben y las reparaciones integrales que se encuentran en proceso de dictamen y cumplimiento, situación que compromete a este Organismo Nacional a llevar a cabo una valoración del alcance e impacto de la desaparición del FAARI, así como a intensificar su labor en el acompañamiento a las víctimas en este tema para evitar la revictimización y que se cumplan los derechos que regula la LGV. 

La CNDH en Materia de Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su quehacer institucional ha sido testigo y brindado acompañamiento a las víctimas en el proceso de transformación del modelo de atención victimal que busca reivindicarlas como sujetos con plenos derechos establecidos, principalmente, en la LGV y como partes en el proceso penal, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 
En virtud de ese compromiso con las víctimas, la CNDH desde el año 2000, y como parte de las acciones para atender lo encomendado a los organismos públicos de derechos humanos en la LGV, cuenta con el Programa de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos (PROVÍCTIMA), que ha operado ininterrumpidamente proporcionando a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, orientación jurídica, atención psicológica de urgencia, así como acompañamiento ante las instituciones públicas competentes para que se les facilite la ayuda que necesitan, aun cuando la atención integral en el nuevo modelo nacional es una obligación de las comisiones de víctimas locales y federal, así como de las instituciones públicas que forman parte del SNAV. 
 
Asimismo, este Organismo Nacional realiza actividades de promoción de los derechos de las víctimas, elabora materiales de difusión sobre dicha temática y establece vínculos con instituciones públicas y privadas que forman parte del SNAV, a fin de concertar acciones conjuntas, así como con organizaciones sociales y colectivos de víctimas para realizar acompañamientos y reuniones de trabajo encaminadas a supervisar la observancia de sus derechos.

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Ante el inacabado proceso de implementación de la Ley General de Víctimas y del establecimiento y efectiva operatividad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, este Organismo Nacional coadyuvó en la asistencia a víctimas, proporcionándoles orientación jurídica y apoyo psicológico, a través de la atención en crisis y psicoterapia breve, convirtiéndose así en un puente entre las víctimas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y, en su caso, entre las instituciones públicas de las esferas federal y local que forman parte del SNAV para la facilitación de los servicios requeridos.
 
En consecuencia, en el marco del eje relativo a la atención victimológica, en el periodo que se reporta se aperturaron 4,530 expedientes, de los cuales se concluyeron 4,504 que implicaron la atención de 4,763 personas.
 
          Vía de acceso de los asuntos
PROVÍCTIMA/TEL 82
PROVÍCTIMA/WEB 3,274
PROVÍCTIMA/SEDE 18
PROVÍCTIMA/VA 1,148
PROVÍCTIMA/ESCRITO 8
Total 4,530
 
 
      Naturaleza jurídica de los casos                                 atendidos
Otras materias 4,423
Penal 107
Total 4,530
 
 
               Asuntos Penales
Víctimas 97
Inculpados 10
Total 107
 
En los asuntos de naturaleza penal el 90.65 % fue planteado por las víctimas directas o sus familiares y el 9.35 % por los inculpados.
 
Lo anterior, originó que se proporcionaran 8,799 servicios victimológicos de los que 4,382 fueron orientaciones jurídicas, 40 apoyos psicológicos, 4,352 requerimientos de información y acompañamientos y 25 canalizaciones a instituciones públicas, dirigidas éstas últimas a 226 personas.
 
                           Servicios proporcionados
Atención jurídica 4,382
Apoyo psicológico 40
Información y Acompañamiento 4,352
Canalizaciones 25
Total 8,799
 
Hay asuntos en los que se proporcionó más de un servicio.
 
Cabe mencionar que a todas las víctimas cuyas demandas motivaron la toma de nuestras instalaciones se les ha atendido y se les sigue acompañando. Al respecto, sobresale el vínculo de confianza que este Organismo Nacional ha venido fomentando a través del diálogo y de la atención que les ha brindado a las mujeres ocupantes, así como el papel de interlocución y mediación que ha desempeñado con autoridades del ámbito federal y local para dar respuesta a sus demandas y realizar la revisión de los casos planteados.
 
Con estas acciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos como en la prevención de éstas, al proporcionarles atención psicológica, acompañamiento e información sobre los derechos que les reconoce el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como sobre los mecanismos e instituciones existentes para su defensa.

Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en Materia de Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se desprende que en nuestro país hay más de 70,000 personas desaparecidas; del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México que hizo público la CNDH en el mes de abril de 2017, se advierte que del 1º de enero de 2007 al mes de septiembre de 2016, de acuerdo con cifras oficiales reportadas por los órganos de procuración de justicia locales, se localizaron 855 fosas clandestinas. Respecto al mismo periodo, esta Comisión Nacional realizó un muestreo hemerográfico documentando la existencia de 1,143 fosas clandestinas, cifra a la cual, con motivo de la actualización realizada de enero de 2017 a agosto de 2018, se sumaron al menos 163 fosas más. 
 
En ese contexto, recrudecido durante el periodo que se reporta, la CNDH continuó realizando  actividades de vinculación con instituciones públicas, con colectivos de víctimas con familiares desaparecidos y con organizaciones civiles para facilitar su interlocución y, acompañó a familiares y colectivos de víctimas con integrantes desaparecidos en diversas acciones relacionadas con esta temática en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
 
Entre dichas actividades destacan las siguientes: 1. Acompañamiento en la búsqueda de fosas clandestinas para la localización de víctimas directas, 2. Asistencia a reuniones con autoridades locales y federales con el objeto de impulsar el fortalecimiento de su interlocución con las víctimas, 3. Presencia en diligencias de exhumación de cadáveres y para recabar muestras genéticas a fin de confrontarlas con los restos humanos localizados e identificar a las víctimas directas y 4. Participación en mesas de revisión de casos con fiscalías y/o procuradurías de justicia en los ámbitos local y federal, con el objeto de verificar los avances en las investigaciones, propiciar el conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.
 
Con dichas actividades se ha contribuido a que familiares de personas desaparecidas conozcan las circunstancias en las que sucedieron los hechos; a que se les permita coadyuvar con las autoridades en la búsqueda y localización de sus seres queridos; a que reciban información sobre los resultados de las pruebas de ADN realizadas y contrastadas con los restos óseos localizados en fosas clandestinas ubicadas en distintas entidades federativas y en caso de una identificación positiva, a la restitución de los mismos. Con las revisiones de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que integran las procuradurías y fiscalías de justicia en los ámbitos federal y local, se busca verificar avances en la investigación de casos de desaparición y, sobre todo, propiciar la participación plena de las víctimas indirectas en las investigaciones, pues como lo ha establecido la CrIDH “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos”, lo cual tiene como propósito el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación del daño. Los datos y resultados de tales actividades se remiten al Programa Especial de Personas Desaparecidas de este Organismo Nacional, instancia a la cual le corresponde el registro y seguimiento de los casos sobre personas desaparecidas, mismos que se detallan en el apartado correspondiente a ese programa.
 
Se destaca que durante 2020, a invitación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, esta CNDH participó en el seguimiento a la Mesa de Trabajo interinstitucional sobre la conformación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, así como en las reuniones para la elaboración del Programa de Búsqueda de Personas de la Región Noreste del país.
      
El acompañamiento también fue extensivo a las víctimas de otros delitos y violaciones a derechos humanos que lo solicitaron.
 
En ese sentido, se efectuaron 171 vinculaciones con instituciones públicas, organizaciones sociales, colectivos y familiares de víctimas, en diversas entidades federativas del país: Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz para concertar acciones conjuntas, de las cuales 91 se realizaron a distancia.
 
Entre dichas vinculaciones, también destacan las reuniones de trabajo con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Psicólogos sin Fronteras MX, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Médicos Sin Fronteras (MSF), Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instancias con las que desde noviembre de 2017, se trabaja en el diseño de diversas conferencias, seminarios, diplomados, entre otras actividades, en torno a la “Atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos”. En seguimiento a dichos trabajos, durante el 2020 se continuó el diseño de un diplomado en la línea de investigación aludida.
 
Adicionalmente, es de resaltar que se trabajó conjuntamente con la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la elaboración de una base de datos en la que se registrará a víctimas indirectas del delito de feminicidio, en especial a niños, niñas y adolescentes, así como que se fortaleció la vinculación interinstitucional con los Institutos y Centros de Justicia para las Mujeres de las distintas entidades federativas del país, con el objeto que concertar actividades que promuevan el respeto y garantía de los derechos de ese sector de la población.
 
Asimismo, en el marco de la exigencia generalizada de atención y justicia para las mujeres víctimas de la violencia, y en respuesta a uno de los planteamientos del "Frente Nacional Ni Una Menos", realizados directamente a la CNDH, se emitió la Recomendación General 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidio y otras violencias, dirigida a los poderes públicos y autoridades del orden federal y local, la cual será en adelante un instrumento de trabajo guía para realizar las actividades que competen al Programa, tomando en cuenta que las demandas de violencia contra las mujeres son casos complejos que requieren vinculación y trabajo conjunto con distintas autoridades y niveles de gobierno.

Promoción de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Los 22.3 millones de víctimas de delitos registradas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, realizada a personas mayores de 18 años que recoge datos del año 2019, requieren información y orientación jurídica respecto de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en la Ley General de Víctimas y en los ordenamientos locales en esta materia, así como sobre las instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, con atribuciones para proporcionarles asistencia, apoyo y acompañamiento, orientados a garantizar la observancia de sus derechos al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.
 
Por ello, y ante el desconocimiento general del marco jurídico nacional e internacional protector de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, este Organismo Nacional redobló esfuerzos en la implementación de actividades de toma de conciencia, con vertiente informativa, de especialización o actualización, tales como cursos, talleres, conferencias, foros, por mencionar algunas, a fin de difundir los derechos humanos de ese grupo de atención prioritaria, prevenir su victimización secundaria, informar sobre las obligaciones del Estado y contribuir a la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas.
 
En ese sentido, en materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en el periodo que se reporta se realizaron 86 eventos de promoción sobre derechos de las víctimas, tanto en modalidad presencial en los estados de Ciudad de México y Tamaulipas, como en modalidad a distancia, en los que se contó con la participación de 43,502 asistentes, entre personas servidoras públicas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas. Se precisa que en el anexo correspondiente se incluyen tanto las entidades en las que se desarrollaron actividades de promoción de manera presencial, como aquellas implicadas en las actividades de promoción en modalidad virtual o a distancia, en las que se hubiera impactado a personas servidoras públicas y/o público en general, residentes en determinada entidad federativa.
 
Entre las temáticas abordadas destacan las relativas a Procesos de desvictimización, Atención integral a víctimas, Primeros auxilios psicológicos a víctimas, Sistema Nacional de Atención a Víctimas que regula la Ley General de Víctimas y Justicia Transicional: ¿Una alternativa para la administración e impartición de justicia en el contexto mexicano?.
 
Además, ante el alarmante escenario de desaparición de personas en el país, el Programa continuó con las tareas de promoción para difundir y reflexionar sobre la observancia de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de tal flagelo, focalizadas principalmente en el siguiente tópico: Impacto de la desaparición y acompañamiento multidisciplinario para las familias desde un enfoque humanitario.
 
Por otro lado, en razón del incremento de la violencia de género y del número de feminicidios, destaca la realización de diversas actividades orientadas a promover el respeto de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, en general, los mecanismos legales para su protección y el enfoque que debe darse a la atención victimológica en los casos relacionados con este grupo de atención prioritaria.
 
En ese tenor, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género que inició el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que concluyó el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizaron conferencias sobre "La protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia desde las atribuciones de la CNDH", impartidas primordialmente en línea con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, mismas que fueron dirigidas al servicio público de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los centros de justicia para las mujeres de diversas entidades federativas.
 
De igual manera, se llevaron a cabo, en ese mismo periodo, conferencias sobre temáticas afines con instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, en cuya actuación también debe permear el enfoque de género y de derechos humanos en virtud de que estas instancias, entre otras más, son responsables de brindar protección y representan el conducto para que las mujeres víctimas de violencia accedan a la justicia y a la reparación del daño.

Divulgación de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

A fin de difundir el contenido y alcance de la Ley General de Víctimas y, en general, del marco jurídico protector de los derechos humanos de las víctimas, sensibilizar a la población en general y coadyuvar en el fortalecimiento de una cultura de respeto y observancia a los mismos, se revisaron y actualizaron 4 materiales de divulgación, cuyos contenidos fueron enviados al CENADEH para el correspondiente proceso editorial. Asimismo, se distribuyeron 3,050 materiales entre trípticos, dípticos y cuadernillos en diversas entidades federativas del país.
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