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Informe de Actividades 2020    Ayuda

Informes Especiales, Estudios y Pronunciamientos

Exhorto de la CNDH a las autoridades de todos los niveles a difundir campañas información sobre el contexto real de la violencia en contra de las mujeres ante la pandemia por COVID-19

  • El organismo ha sido enfático al señalar que la violencia contra las mujeres ha aumentado en este periodo de confinamiento por el COVID-19.
  • Se emite un extrañamiento respecto a la campaña presentada el día 26 de mayo, “Cuenta hasta 10”, cuyos contenidos invisibilizan la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en el período de aislamento.
Ante la situación de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se han realizado diversas declaraciones de autoridades, que apuntan al supuesto de una disminución en la violencia que viven las mujeres.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que es indispensable realizar una comunicación responsable y basada en la información oficial disponible sobre este grave problema, de tal forma que se evite la minimización de la violencia contra las mujeres.

Nuestro país está obligado a cumplir con los acuerdos internacionales, por lo que el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución No. 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptado el 10 de abril de 2020, reconoció que la pandemia afecta gravemente la plena vigencia de los derechos humanos, y enfatizó el contexto particular en que se da la pandemia, resaltando que “Además, la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia; así como por la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad”[1].

Asimismo, el 11 de abril en su “Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19, insta a los Estados para incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar, así como la discriminación que afecta a las mujeres en ese contexto.

 La Comisión destaca la necesidad de adecuar las medidas políticas y legislativas de respuesta a la crisis a las necesidades de las mujeres y niñas, considerando los múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra las mujeres y niñas e incrementan su situación de riesgo en el presente contexto[2].

La violencia contra las mujeres es la otra pandemia que aún no ha sido reconocida para poder ser erradicada en el mundo, misma que se agudiza con la otra pandemia por COVID-19, donde México no es la excepción.

En nuestro país, la información oficial sobre la violencia hacia las mujeres, en el contexto del COVID-19, parte, por un lado, de las llamadas de emergencia al 911, por otro, la que reportan las carpetas de investigación ante la autoridad ministerial por presuntos delitos de agresión, lesiones o intimidación hacia las mujeres.

Las llamadas de emergencia al 911, se clasifican como “relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres”, definidas como: “Todo acto violento que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”[3]

Si bien, se registra una disminución de llamadas de marzo a abril (pasó de 26,171 a 21,722), en comparación con el número de llamadas del año anterior, se advierte un aumento sostenido en todos los meses, como se muestra en el siguiente gráfico:



Fuente: SESNSP, Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, información con corte al 30 de abril de 2020.

Las llamadas de emergencia al 911, son un registro importante que visibiliza la violencia contra las mujeres, porque las mujeres llaman para pedir ayuda con mayor frecuencia antes que interponer una denuncia. En este sentido, el aumento en el número de llamadas al 911, del 2019 al 2020, según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), debe ser materia para la realización de acciones por parte de las instituciones del Estado Mexicano, orientadas a atender la violencia contra las mujeres.

La CNDH, ha sido enfática al señalar que, la violencia contra las mujeres ha aumentado en este periodo de confinamiento por el COVID-19. Al respecto, el 7 de mayo, se advirtió que las cifras del SESNSP, registraron en el 2019, 10.5 asesinatos de mujeres al día, para el 2020 en el período de enero a marzo, el número fue de 10.6, pero al incorporar los datos del mes de abril ya con el confinamiento en los hogares, asciende a 10.8 en promedio.
Es decir, en el primer cuatrimestre de este año, se asesinaron en promedio casi 11 mujeres al día[4].

De acuerdo con la información del SESNSP, en lo referente a las carpetas de investigación por presuntos feminicidios registrados en abril de 2019 fueron 77 y en 2020 sumaron 68. Se advierte que el número de presuntas víctimas de feminicidio disminuyó pero en los casos sobre presuntos homicidios dolosos contra mujeres se registra un preocupante aumento: de 234 casos en abril de 20019 se registraron 267 en 2020.


 
 
 
 
 El aumento en el número de mujeres víctimas de presuntos homicidios dolosos puede guardar relación con la falta de investigación ministerial con perspectiva de género, que lleva a investigar las muertes violentas de mujeres como homicidios dolosos, aun cuando debería iniciarse la investigación como feminicidio.

La violencia contra las mujeres y su incremento durante la cuarentena donde se ha pedido que la población se quede en casa, nos lleva a enfatizar que el hogar no es un espacio seguro para las mujeres; así se ha puntualizado con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016[5] , constata un aumento de 5 Ver:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

la violencia sexual y de género: de las mujeres casadas o unidas 25.8% han sido agredidas físicamente por su pareja, 11.7% agredidas sexualmente, 56.4% han vivido violencia económica, 89.2% han sido agredidas psicológicamente por su pareja.

 Es necesario considerar que, en la ENDIREH 2016, se preguntó a las mujeres los motivos por los que no acudieron a las instituciones a solicitar apoyo o denunciar cuando experimentaron agresiones físicas y/o sexuales de su actual o última pareja, esposo o novio, el 19.8% respondió que no lo hizo por miedo a las consecuencias; 11.4% por sus hijos; 10.3% porque no querían que su familia se enterara; y 17.3% por vergüenza; el 14.8% indicó desconocer los mecanismos de denuncia; el 6.5%, señaló que no confía en las autoridades, y el 5.6% que desconocía la existencia de leyes que sancionaran la violencia contra las mujeres. Es decir, las mujeres que viven violencia no siempre acuden a las instituciones para solicitar ayuda.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la coyuntura particular de obligado confinamiento, ha recibido de enero y hasta el corte del 26 de mayo, 56 quejas por violencia de género.


La mayoría de las quejas recibidas por la CNDH corresponden a casos por violencia sexual (26), le sigue el acoso laboral (14) y violencia obstétrica (8) mientras que las instituciones probables responsables por ejercer esta violencia son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 16 quejas, ISSSTE con siete y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con ocho.
 
Las instituciones que más ejercen violencia contra la mujer son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que la CNDH mantiene la vigilancia y monitoreo permanente de quejas clasificadas por violencia de género, paralelamente ha hecho un llamado a los gobiernos para incluir servicios esenciales que traten como casos prioritarios los referidos a la violencia contra las mujeres en los planes de respuesta de COVID-19, medidas que mitiguen el riesgo de violencia contra las mujeres durante las restricciones de la pandemia y ayuden a reducir sus efectos.



 
La CNDH, manifiesta un extrañamiento respecto a la campaña presentada el día 26 de mayo, “Cuenta hasta 10”, cuyos contenidos invisibilizan la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en el período de confinamiento, pues colocan a la institución familiar como un espacio seguro y cuyos conflictos se pueden resolver apelando a la calma, esto desconoce las situaciones de violencia, vejación y maltrato que ocurren en la vida cotidiana de las mujeres y sus hogares, violencias que no son de carácter individual ni aislado, sino de carácter sistemático y cuyas principales víctimas son las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores.

La CNDH, insta para que cualquier campaña dedicada a erradicar la violencia hacia las mujeres retome una mirada transversal e interseccional del problema como una pandemia que requiere acciones diversificadas, que no responsabilice a las mujeres de la violencia en el hogar, y reconozca que la familia actual presenta fuertes cambios y fisuras donde las situaciones de abuso y violencia están presentes y es necesario atenderlas con urgencia.

La CNDH hace un enérgico llamado al gobierno y a la ciudadanía para reconocer que la violencia hacia las mujeres es una pandemia actual que requiere de acciones conjuntas, para incorporar en todas las acciones la perspectiva de derechos humanos y género, desde su transversalidad e interseccionalidad, donde los Gobiernos destinen el máximo de recursos necesarios para erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.

Asimismo, este Organismo Autónomo se compromete en la realización de un informe especial que proyecte como resultado una recomendación urgente para todas las instituciones federales y locales para asumir con responsabilidad el problema de la violencia contra las mujeres y su desarrollo en el corto y mediano plazo, ya que el respeto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia empieza porque las autoridades, en el ámbito de sus competencias, cumplan con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf, (fecha de consulta 18 de mayo de 2020).
[3]Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, información con corte al 30 de abril de 2020, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1yVfgnItDgQC88zr2fnHW4lE8MwmzuPi0/view (fecha de consulta: 25 de mayo de 2020).
[4] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, información con corte al 30 de abril de 2020, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1yVfgnItDgQC88zr2fnHW4lE8MwmzuPi0/view (fecha de consulta: 27 de mayo de 2020). El cálculo se realiza sumando las cifras de presuntos delitos de feminicidio y presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. El promedio diario, se realiza dividiendo el total de asesinatos, entre los 12 meses del año o los que marque el periodo señalado. Ese resultado, se divide entre 30 días.
[5] Op cit

Pronunciamiento sobre la Fuerza Armada en su función permanente para llevar tareas de seguridad pública

En apego a la legalidad, la CNDH no pudo interponer acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

En el mes de junio se manifestaron algunas voces reclamando la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo pasado.

Frente a tales peticiones legítimas pero no suficientemente informadas, esta Comisión Nacional refrendó mediante un Comunicado fechado el 10 de junio, lo que había hecho del conocimiento público el 12 de mayo de 2020 mediante un pronunciamiento: su preocupación por la emisión de dicho Acuerdo, precisando que éste organismo dará seguimiento a la participación de la Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública, de acuerdo con su carácter de organismo constitucional autónomo, y conforme a su mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Es así que se clarificó que, lo solicitado, no habilitaba la intervención de la CNDH para promover acción de inconstitucionalidad, ya que nos veíamos imposibilitados legalmente, al tratarse, no de una Ley sino de un Acuerdo del Ejecutivo Federal, acto que, de conformidad a lo establecido por los artículos 105 Constitucional apartado 2, inciso g; y 15 fracción XI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del contenido de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no se contempla como causa para iniciar la acción solicitada.

No omitimos mencionar que, en su oportunidad, esta Comisión Nacional promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la institución denominada Guardia Nacional. Y estamos en espera de su resolución.

Subrayando que, mientras eso pasa, seguiremos vigilantes, y que no quepa duda de que actuaremos, frente a cualquier violación a los derechos humanos en el contexto de aplicación del citado Acuerdo.

Para consultar el comunicado completo ver la siguiente liga: Pronunciamiento sobre Fuerza Armada

Exhorto al H. Congreso de la Unión para que defina legislación secundaria correspondiente sobre ciertos términos con respecto a la Guardia Nacional y Fuerza Armada en tareas de seguridad pública

Exhorto al H. Congreso de la Unión para que, a la brevedad posible, defina en la legislación secundaria correspondiente, los términos de “extraordinaria”, “regulada”, “fiscalizada” “subordinada” y “complementaria”, a que hace referencia el transitorio quinto del Decreto que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional y la manera en cómo deberá disponerse de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, a efecto de garantizar los derechos humanos

El 21 de junio, la CNDH emitió un exhorto al Congreso de la Unión, con el objetivo de legislar sobre el artículo Quinto Transitorio del Decreto que modifica diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, mismo que establece las condicionantes a través de las cuales el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para que realice tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.
 
La Comisión enfatizó en que las condicionantes para la actuación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, a que alude el Quinto Transitorio del Decreto en cuestión, relativos a que dicha actuación sea de manera “extraordinaria”, “regulada”, “fiscalizada” “subordinada” y “complementaria”, fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México, en su párrafo 182, la que reafirmó que las Fuerzas Armadas cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad pública, su participación debe ser:
 
“a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;
b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;
c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”.
 
Haciendo énfasis que, como regla general, la Corte Interamericana reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana de un Estado, deben estar primeramente reservados a los cuerpos policiales civiles y, sólo de manera excepcional, deben participar las fuerzas armadas.
 
Cabe mencionar que dichos términos, aunque citados en las disposiciones en comento, no han sido definidos, desarrollados y determinados en las leyes secundarias pertinentes, por lo que su falta de precisión para su aplicación operativa, da lugar a delicados vacíos jurídicos que pueden conducir a violaciones a derechos humanos por la falta de certeza jurídica en su aplicación, propiciando violaciones al derecho a la seguridad jurídica.
 
Lo anterior, en virtud de que no se ha establecido en una ley, bajo qué parámetros o criterios de excepcionalidad participará la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, esto es, en qué casos o bajo qué circunstancias lo hará; qué instancia u órgano civil será la que fiscalice su actuación. Asimismo, en la Ley de la Guardia Nacional no se definió ni estableció los elementos concretos y definitorios relativos a la subordinación y complementación de la actuación de la Fuerza Armada permanente, cuando apoye a las labores de seguridad pública, entre otros aspectos, todo ello, para que se dé claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada.
En este sentido, al resolver la demanda de Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron como postura, que la posible participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz se encuentra necesariamente constreñida a condiciones eventuales y transitorias, y que está sujeta, en todo momento, al mando de las autoridades civiles.
 
Por ende, el Estado debe limitar al máximo el uso de la Fuerza Armada para controlar la criminalidad común o violencia interna, pues el régimen castrense no se concilia con las funciones de las autoridades civiles, por lo cual, en todo caso, cuando fuerzas militares presten auxilio a la autoridad encargada de la seguridad pública, debe ser en casos restringidos y siguiendo criterios de estricta excepcionalidad.
 
En consecuencia, es necesario el dotar a la Fuerza Armada permanente de un marco jurídico apegado al bloque de constitucionalidad que, sustente y encuadre su actuación temporal y extraordinaria en tareas de seguridad pública, que garantice la labor de los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México, en las tareas de seguridad pública de la Federación, así como que se reglamente las bases y procedimientos de coordinación y colaboración entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, sobre dicha materia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa con preocupación, que lagunas legales relativas a derechos humanos, debidas a falta de regulación y precisión en los contenidos de nuestra legislación vigente, pudieren generar situaciones que vulneren la debida protección de los derechos humanos a la población mexicana, particularmente en lo que concierne la actuación de la Fuerza Armada permanente, la Guardia Nacional, el uso de fuerza pública y las acciones coordinadas, señaladas en el artículo Quinto Transitorio del Decreto en cuestión.
 
En tales términos se hizo el exhorto al Honorable Congreso de la Unión, para que, a la brevedad posible, sean definidos y desarrollados en la legislación secundaria correspondiente, los términos referidos en el Artículo Quinto Transitorio señalados, con objeto de brindar certeza jurídica, respecto a la manera en cómo deberá disponerse de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública y los parámetros de su actuación. Haciendo énfasis, en la aplicación del uso de la fuerza pública, bajo los criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad, racionalidad y oportunidad, así como los principios que regirán los protocolos respectivos, todo ello de conformidad con los estándares internacionales y con nuestra Norma Suprema, la cual reconoce en sus artículos 14 y 16 el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que brindan protección a toda persona frente a la autoridad ante una eventual arbitrariedad.

Si bien es cierto, en su momento esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se congratuló y se congratula con el esfuerzo del Congreso de la Unión por cumplir en tiempo con la obligación constitucional de expedir la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, también es cierto, que la CNDH promovió, entre otras, acción de inconstitucionalidad con relación al contenido de dicha Ley, toda vez que ésta no contempla todas las previsiones y los elementos mínimos que establece el artículo Cuarto Transitorio del Decreto de la reforma Constitucional del 26 de marzo del 2019, relacionadas con la finalidad del uso legítimo de la fuerza, alcance y definición de uso de la fuerza pública; sujetos obligados; principios que rigen la materia, como son los de racionalidad y oportunidad; así como diversas reglas en materia de niveles del uso de la fuerza; presentación de informes por parte de los sujetos obligados, adiestramiento y gestión profesional. Demanda de Acción de Inconstitucionalidad que se encuentra pendiente de resolución, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalizando con la reiteración de que este Organismo Constitucional Autónomo dará seguimiento a la participación de la Fuerza Armada permanente en funciones de seguridad pública, para cumplir con el mandato de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Cabe destacar que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, aceptó el exhorto el mismo día que se emitió, anunciando la presentación de una iniciativa que regule la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a fin de que éstas cuenten con la certeza jurídica que merecen y necesitan.

Amicus Curiae de la CNDH sobre el Carácter de las Resoluciones y Recomendaciones de los Organismos Internacionales Protectores de Derechos Humanos

El 10 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un Amicus Curiae, documento con el que este Organismo Constitucional busca pronunciarse para que en la resolución del Recurso de Revisión 289/2018, actualmente registrado bajo el expediente 1077/2019, se reconozca la fuerza vinculante, en sede administrativa y en sede judicial, de las resoluciones que emiten los Órganos Protectores de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales. En el caso específico, es referente a las Acciones Urgentes que emite el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México el 18 de marzo de 2008.

Esta Comisión Nacional considera que las obligaciones derivadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos tienen el carácter de vinculantes no solamente por la naturaleza erga omnes reconocida por la comunidad internacional a las normas internacionales de derechos humanos, sino también en virtud de las obligaciones que asume el Estado al momento de la firma y ratificación de instrumentos de derechos humanos, que constriñen a los Estados a un régimen de protección con el cual tienen deben cumplir no para con otros Estados, sino para con las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.

En el cuerpo del Amicus se expusieron los argumentos que se consideró pertinentes ante la SCJN, por el interés legítimo con que cuenta en materia de derechos humanos, dado que la resolución que se dicte implicará el reconocimiento del carácter vinculante de las resoluciones que al efecto emiten los Organismos Protectores de Derechos Humanos. Un paso fundamental en la lucha que sostenemos en la actual gestión por darle fuerza a las Recomendaciones que se emiten a las autoridades, el cual se inscribe en las acciones que llevamos a cabo para convertir a la CNDH en una auténtica Defensoría del Pueblo, siendo fundamental avanzar en el reconocimiento de la obligatoriedad de las resoluciones de los órganos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales.

En la elaboración del Amicus destaca la participación de de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., organización que representa a diversas víctimas de desaparición forzada en el Estado de Veracruz, que ha estado litigando el asunto.

Estudio sobre el marco de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades Maya, Otomí y Tarahumara

El Estudio tuvo como objetivo, analizar el marco específico de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad, así como las políticas y acciones emprendidas por el Estado mexicano para su salvaguardia; además de reflejar la realidad que viven las personas con discapacidad en las poblaciones seleccionadas. Para lo anterior, se llevó a cabo un acercamiento intencional a comunidades maya, otomí y tarahumara del país, en las que se obtuvo información directa de personas indígenas con discapacidad y sus familias.

Mediante las visitas realizadas se observó que las personas con discapacidad continúan siendo un grupo invisibilizado, ya que en las comunidades mencionadas no existen programas o acciones específicos destinados a mejorar el ejercicio de sus derechos, lo cual evidencia la discriminación estructural a la que se enfrentan.

Tras el análisis de la información obtenida, se formularon conclusiones y propuestas entre las que destaca la necesidad de diseñar un Plan Nacional de Desarrollo que priorice a las personas indígenas con discapacidad, a fin de eliminar las barreras que enfrentan al interior de sus comunidades; el establecimiento de mecanismos de coordinación, articulación, colaboración y comunicación que eviten la proliferación de acciones aisladas y la duplicidad de esfuerzos en los tres órdenes de gobierno; y la generación de estadísticas sobre el número de personas indígenas con discapacidad en el país, teniendo en cuenta la edad, condición migratoria o de desplazamiento, o la pertenencia a algún grupo adicional en condición de vulnerabilidad, entre otros rubros.

El texto completo del Estudio puede consultarse en la siguiente liga electrónica: Estudio sobre el marco de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades Maya, Otomí y Tarahumara

 

Pronunciamiento de la CNDH en donde condena todo acto de violencia contra la integridad de las personas migrantes

La CNDH exhortó a las autoridades de seguridad pública federal, estatal y municipal, especialmente a la Guardia Nacional, a evitar hechos violatorios de Derechos Humanos.

Ante el desarrollo de las caravanas de personas migrantes en contexto de migración internacional de 2020, en la frontera de México con Guatemala, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene presencia con personal de visitadores adjuntos en el Puente Internacional “Rodolfo Robles” y a las orillas del río Suchiate, Tapachula, Chiapas, a fin de brindar la atención y el acompañamiento que requiera este grupo de personas una vez que ingresan a territorio mexicano.
 
La CNDH condena todo acto de violencia contra la integridad y seguridad de las personas en contexto de migración internacional, y hacemos un llamado a todas las autoridades, especialmente de la Guardia Nacional, así como de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, para prevenir y evitar hechos violatorios de derechos humanos de difícil o imposible reparación en contra de las personas migrantes.
 
Ante los hechos suscitados el 20 de enero último, en la frontera de México con Guatemala, en el puente internacional “Rodolfo Robles” y el río Suchiate, donde personas migrantes en contexto de migración tuvieron un enfrentamiento con elementos desplegados de la Guardia Nacional que trataron de contenerlos. Esta CNDH recabó las quejas correspondientes para realizar las investigaciones respectivas y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.
 
Toda vez que el día de hoy se tiene conocimiento de la presencia de un grupo aproximado de más de 1,200 personas migrantes en la referida frontera de Guatemala con México, entre ellos mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hace un exhorto al Instituto Nacional de Migración para implementar los mecanismos necesarios que garanticen su seguridad, protección y cuidado, mediante un proceso de registro de ingreso ordenado y adecuado a territorio mexicano y, en su caso, se les brinde la atención que requieran, considerando su situación de vulnerabilidad.
La CNDH a través de sus oficinas foráneas en Tapachula y San Cristóbal, Chiapas, así como, en Veracruz, Veracruz; Villahermosa, Tabasco e Ixtepec, Oaxaca, brindan atención y acompañamiento a las personas en contexto de migración, y se mantienen atentas a la observancia del respeto a los derechos humanos, con objeto de que la actuación de las autoridades se apegue estrictamente al marco legal que rige su actuación.

Llamado para que autoridades de Tijuana, Baja California, realicen acciones encaminadas a poner límites en el uso excesivo de la fuerza de la Policía Municipal

El 3 de abril el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) hizo un enérgico llamado para que las autoridades municipales de Tijuana, Baja California, específicamente a su Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, realice acciones encaminadas a poner límites en el uso de la fuerza, luego de que policías municipales sometieron a una persona, al parecer con uso excesivo de la fuerza, lo que presuntamente le causó la muerte. El pasado 28 de marzo de 2020, en un medio periodístico local, se difundió un video donde se observa la detención de esa persona con uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de esa Secretaría, lo que presuntamente causó el fallecimiento del agraviado. En su posicionamiento, el MNPT pide a las autoridades municipales de Tijuana, definir y aplicar protocolos de uso de la fuerza, con base en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad; capacitar y entrenar al personal destinado a la seguridad ciudadana a fin de que, utilicen la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Asimismo, vigilar que los cuerpos de seguridad respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran bajo su custodia, y realizar una investigación apegada a derecho que permita sancionar y reparar los daños causados por el uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada.

Pronunciamiento frente a iniciativa que pretende eliminar la figura de tortura del Código Penal para el Estado de Baja California

El 29 de junio de 2020, el Diputado Gerardo López Montes, integrante de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, presentó una iniciativa que reforma el artículo 289-Bis y que deroga la fracción X del artículo 293 y los artículos 307-Bis y 307-Ter del Código Penal para el Estado de Baja California, con lo que se busca eliminar la figura de tortura de dicho instrumento jurídico.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, exhorta al Congreso del Estado de Baja California que al analizar la iniciativa referida se, observe lo que la prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del ius cogens, lo que obliga a los Estados no solo a prohibirla y sancionarla, sino a prevenir que ocurra, pues resulta insuficiente una intervención después de la imposición de tortura, cuando la integridad física o moral de los seres humanos ya ha sido irremediablemente dañada. En consecuencia, los Estados están obligados a aplicar todas aquellas medidas necesarias para evitar que se consume la tortura.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, para que dé cumplimiento a los transitorios establecidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, con el fin de que emita su ley respectiva en la materia, que permita garantizar la protección integral de los derechos de las personas que son víctimas de tortura.
 

Informe Especial COVID -19 en Centros Penitenciarios

El 1 de julio de 2020, la CNDH a través de su Tercera Visitaduría General, emitió el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID19), en el que se da cuenta de los resultados obtenidos tras el seguimiento puntual de las condiciones que prevalecen y viven las personas privadas de la libertad ante la pandemia COVID-19, recopilando en dicho instrumento, los resultados obtenidos y, derivado de éstos, se formularon peticiones específicas dirigidas a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que conforme a los principios de trato humano, oportunidad y debida diligencia sean atendidas.

El Informe Especial de referencia, es resultado de los insumos y datos proporcionados por las personas designadas como enlaces por las y los titulares de los sistemas penitenciarios, las respuestas de las autoridades involucradas en su atención, la documentación que han adjuntado a éstas y a través de las visitas de observación in situ. Así como de las acciones realizadas por este Organismo Nacional relacionadas a la vinculación interinstitucional, con Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias Internacionales y de los datos observados día a día en el Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios.

En el presente informe, este Organismo Autónomo pone de manifiesto que la emergencia que se vive en nuestro país, y particularmente en los centros penitenciarios a nivel nacional, no solo es de carácter sanitaria sino también social, laboral y económica que requiere de acciones efectivas e inmediatas de las autoridades para la implementación de medidas oportunas y eficaces de prevención, control y, en su caso, manejo y gestión de emergencias que, de no atenderse, podría desencadenar en sistemáticas violaciones a derechos humanos incluso irreparables.

Por lo que las acciones realizadas por esta CNDH por conducto de la Tercera Visitaduría General reflejadas en el instrumento mencionado, están encaminadas a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sin dejar de considerar y visibilizar la obligación de garantizar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de las y los servidores públicos involucrados en el deber de custodia y prestación de servicios en el sistema penitenciario, así como a incidir para que se garantice, en todo momento, la implementación de medidas homologadas de prevención, atención y mitigación de riesgo, por la pandemia de SARS-CoV2.Es importante destacar que las acciones generadas en el marco de la emergencia sanitaria en colaboración con esta CNDH, en las últimas semanas han permitido, en el ámbito federal tener un seguimiento adecuado y mitigar sus efectos.

Dicho documento fue dirigido a las autoridades que conforman los tres órdenes de gobierno a nivel federal y por entidad; a la persona titular de la Secretaría de Gobernación; a la Gobernadora, Gobernadores de los estados, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de cada entidad; a la persona titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Y Readaptación Social y sus homólogas en cada estado; a la persona titular de la Secretaría de Salud Federal y sus homólogas en cada entidad; a las personas titulares de las Comisiones Intersecretariales a nivel federal y estatales.

El documento completo se puede consultar en: Informe Especial COVID -19 en Centros Penitenciarios

Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República mexicana, frente a la pandemia por COVID-19

El 15 de abril de 2020, se emitió el “Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República mexicana, frente a la pandemia por COVID-19”, e hizo un atento llamado a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos en el Sistema Penitenciario Nacional. Entre otras, pide reforzar todas las acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, diferenciadas y con perspectiva de género, para garantizar prioritariamente el derecho a la salud y a la integridad personal y que se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria y se analicen, evalúen y determinen en el menor tiempo posible, los beneficios de preliberación establecidos en la ley.

En dicho documento se formularon las siguientes propuestas conducentes a una mejor protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión y acciones concretas a la luz de las medidas mínimas que el Estado Mexicano debe adoptar para hacer frente a la situación de emergencia que estamos viviendo por la emergencia sanitaria por coronavirus:

PRIMERO. Se continúen implementando y reforzando todas aquellas acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, con perspectiva de género y enfoque especial y diferenciado para garantizar los derechos a la salud, a la integridad personal, a una vida digna, al suministro de agua suficiente, salubre y aceptable para su consumo e higiene personal, al saneamiento, y a recibir artículos de aseo diarios y de desinfección a todas las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la República mexicana; particularmente, de todas aquellas personas que se ha reconocido por parte de las autoridades sanitarias se encuentran en especial estado de vulnerabilidad frente al contagio del COVID-19, como lo son: Personas que padecen diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como con trasplantes, personas mayores a partir de los 60 años cumplidos, embarazadas, en periodo de lactancia y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos en dichos centros penitenciarios.
SEGUNDO. Deberán adecuarse todas aquellas medidas sanitarias, de higiene y de dotación de productos en la materia, a las necesidades diferenciadas de aseo que requieren las mujeres, de las que viven con sus hijos e hijas en prisión, de las mujeres embarazadas, de las que se encuentran en periodo de lactancia, de las mujeres mayores y de las que presenten alguna enfermedad crónica o degenerativa.
TERCERO. Se fortalezcan todas les medidas integrales, adecuadas y suficientes para la prevención, control y mitigación de riesgos con perspectiva de género y enfoque especial y diferenciado a favor de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la República mexicana, a fin de proteger y garantizar sus derechos a la  salud, a la integridad personal y a la vida, en la que de manera transversal se protejan y garanticen dichos derechos a sus hijas e hijos menores de edad, al personal penitenciario, abogados y abogadas defensoras, las familias que las visitan, y el personal médico que ahí labora, a fin de evitar un contagio masivo intramuros.
CUARTO. Dichas medidas deberán incluir, como ya lo solicitó esta Comisión Nacional todos aquellos materiales informativos impresos y/o gráficos que permitan a la población penitenciaria conocer las medidas de higiene básica y las emitidas de acuerdo con la Jornada de Sana Distancia; en especial, se realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad acceder a dicha información; así como, se facilite a las personas indígenas el contenido de dicho material en su lengua siempre que no hablen o comprendan el español.
QUINTO. Se prevea que, ante las posibles restricciones de visitas familiares o suspensión temporal con motivo de la contingencia, se garantice que las personas privadas de la libertad tengan comunicación permanente vía telefónica con sus familiares en el exterior o por cualquier otro medio o tecnología; en particular, se pondere que las mujeres privadas de la libertad accedan a dicha comunicación con sus hijos e hijas y/o con sus familiares a quienes tenían a sus cuidados antes de su ingreso a esos centros.
SEXTO. Se deberán reforzar las medidas de seguridad dentro de los centros penitenciarios del país, a fin de prevenir actos de violencia, estigma, aislamiento indebido o discriminación relacionados con los posibles contagios que se presenten, respetando en las medidas que se adopten, los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
SÉPTIMO. Se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria conforme a la grave contingencia sanitaria mundial y nacional que se vive, a fin de implementar las siguientes líneas de acción:
7.1. Se acondicionen unidades médicas con la capacidad material y humana especializada para la valoración, detección temprana y seguimiento médico de casos sospechosos que se identifiquen en los diversos centros penitenciarios y para el aislamiento a nivel regional de acuerdo con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria nacional o estatal.
7.2. Se dispongan unidades hospitalarias con la capacidad material y humana especializada para la atención oportuna de casos confirmados que se identifiquen en los diversos centros penitenciarios que requieran de internamiento, y en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y/o federales se identifiquen y destinen los hospitales del Sistema Nacional de Salud a los que deberán ser trasladadas las personas privadas de la libertad que hayan presentado complicaciones que requieran de una atención médica urgente y de tercer nivel, con las medidas de seguridad necesarias para tal efecto.
7.3. Se deberá realizar un seguimiento de las personas con quienes tuvieron contacto para detectar posibles casos sospechosos, a fin de controlar otros posibles contagios dentro de la población o con personas externas al mismo.
7.4. Se analice a la brevedad la viabilidad y oportunidad de realizar una reclasificación de las personas privadas de la libertad, para que, de ser procedente, con las medidas de seguridad necesarias para tal efecto, sean trasladadas de forma temporal a establecimientos estatales o federales que cuenten con capacidad instalada para albergar y en su caso, dar atención hospitalaria, a fin de disminuir el hacinamiento y cumplir con las medidas de higiene básica y de la Jornada Nacional de Sana Distancia que actualmente son incompatibles frente a la sobrepoblación actual de diversos centros penitenciarios.
7.5. Al llevar a cabo dichos trasladados, las autoridades a cargo de los mismos deberán adoptar todas aquellas medidas preventivas y de control de riesgos sanitarios, a fin de evitar exponer potencialmente a las personas privadas de la libertad al contagio del virus o favorecer su propagación al centro penitenciario que los recibirá.
7.6. Una vez que la autoridad sanitaria determine que la contingencia ha disminuido y se encuentra controlada y previa consulta con dichas autoridades, se realicen los lineamientos respectivos para el traslado de las personas privadas de la libertad a sus centros penitenciarios de origen, con las medidas de seguridad necesarias para tal efecto.
7.7. En coordinación con el Poder Judicial, se analicen, evalúen y determinen en el menor tiempo posible, tomando en consideración  el exponencial crecimiento de contagios día a día a nivel nacional, aquellos casos en las que las personas privadas de la libertad que se encuentren en una situación de riesgo por sus condiciones de salud, edad avanzada, embarazo o se encuentren al cuidado de sus hijas e hijos menores de edad dentro del centro penitenciario, para que accedan a alguno de los beneficios de preliberación establecidos en la ley, tales como, libertad anticipada, condicionada, sustitución y suspensión temporal de las penas, o bien, a través de la preliberación por criterios de política penitenciaria (en cuyos  casos deberá preverse la opinión de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de Justicia de los estados) y/o cuyos delitos sean de bajo impacto, y/o estén prontas a cumplir sus condenas, siempre que cumplan con los requisitos previstos por las normas en la materia, a fin de ponderar ante el contexto actual, el derecho a la vida, conforme a un enfoque especial y diferenciado, a los principios de igualdad y no discriminación y al interés superior de la niñez, sobre cualquier otro bien jurídico tutelado.
Respecto de este punto, en los casos que proceda esta medida, las autoridades penitenciarias serán responsables de que las personas que accedan a alguno de los beneficios mencionados sean trasladadas al domicilio que hayan señalado para tal efecto y asegurarse que esas personas se alberguen en dichos hogares, no queden al desamparo familiar y cumplan con la cuarentena fijada por las autoridades sanitarias, a fin de evitar exponerse al contagio del virus o contribuir a su propagación.
7.8. En caso de que se pudieran dar las circunstancias legales para el acceso a mecanismo de preliberación se diseñe un programa de seguimiento y monitoreo técnico de las personas que accedan a él, con la finalidad de garantizar que las personas continúen con el proceso readaptatorio y no se reincida en la comisión de un delito.

Extrañamiento respecto a la campaña "Cuenta hasta 10", y exhorto a las autoridades de todos los niveles a difundir información sobre el contexto real de la violencia en contra de las mujeres ante la pandemia por COVID-19

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer cuatrimestre de 2020, se asesinaron en promedio casi 11 mujeres al día.  La CNDH había recibido de enero al 26 de mayo, 56 quejas por violencia de género.

Ante la situación de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se han realizado diversas declaraciones de autoridades, que apuntan al supuesto de una disminución en la violencia que viven las mujeres. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que es indispensable realizar una comunicación responsable y basada en la información oficial disponible sobre este grave problema, de tal forma que se evite la minimización de la violencia contra las mujeres.

En ese tenor, el 3 de junio de 2020, este Organismo Nacional Autónomo emitió un extrañamiento respecto a la campaña presentada el día 26 de mayo anterior, “Cuenta hasta 10”, por considerar que sus contenidos invisibilizaban la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en el período de confinamiento.

La CNDH se comprometió desde esa fecha de manera a la realización de una recomendación urgente a todas las instituciones federales y locales para asumir con responsabilidad el problema de la violencia contra las mujeres y su desarrollo en el corto y mediano plazo, lo que se cumplió en el mes de noviembre.

Y es de destacar que, este exhorto tuvo inmediata respuesta por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, quien de manera pública anunció el 8 de junio, en su conferencia matutina, que lo acataría.

Informe Especial sobre el estado que guarda el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México

El eje principal del Informe es la supervisión del estado que guarda el derecho a la educación, como un derecho humano intrínseco y medio que permite a las personas excluidas económica y socialmente, salir de la pobreza y participar en su comunidad; siendo la accesibilidad, el aprendizaje, el avance educativo y las condiciones de permanencia, elementos esenciales para lograrlo.

Este Informe Especial se basó en las siguientes líneas de investigación y recopilación de información: 1) Contempla un recorrido histórico que permite observar la evolución del derecho a la educación en materia de educación inclusiva, con el objeto de comprender el contenido del mismo; 2)  Marco conceptual que permite contar con elementos objetivos de referencia; 3) Análisis del marco legal internacional y nacional; 4) Datos recabados sobre la información solicitada a las entidades federativas en materia de educación; 5) Estudio cualitativo sobre centros educativos; y 6)  Referencia a conclusiones de Foros sobre educación inclusiva en el aula.

Se realizaron propuestas a distintas autoridades tales como el Poder Legislativo Federal; a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus organismos homólogos en las entidades federativas; así como a otras instancias de Gobierno y al Estado mexicano. Entre las propuestas emitidas destacan la implementación de una estrategia nacional que garantice la educación con accesibilidad, comprendiendo sus tres dimensiones: entorno físico, transporte e información y comunicación, incluidas las TIC, a partir de un diagnóstico que permita definir puntualmente responsables, recursos presupuestarios, acciones y medidas en materia de accesibilidad; considerando a todas y todos los estudiantes con discapacidad y sus requerimientos. Así como, el establecimiento de un fondo para la realización de ajustes razonables y adecuaciones curriculares, para las y los estudiantes con discapacidad que así lo requieran.
El texto completo del Informe Especial puede consultarse en la siguiente liga electrónica: Informe Especial sobre el estado que guarda el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México

 

Pronunciamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) con cinco recomendaciones para lugares de privación de la libertad ante la contingencia del COVID-19

Como instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, el MNPT conminó a los CEFERESOS, CERESOS, Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen la Ley, Estaciones Migratorias, Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República y de las diversas Fiscalías Generales de las entidades federativas, de las Instituciones o Centros de Internamiento o de Atención Psiquiátrica y de Adicciones, Estancias, Albergues o Casas Hogar donde se encuentran niñas, niños, y personas adultas mayores en situación de abandono y personas en situación de calle o también llamadas poblaciones callejeras, entre otras, a observar los siguientes puntos:
 
  1. Contar con estrategias de comunicación permanente sobre las medidas, protocolos o lineamientos a implementarse para la prevención y tratamiento (de casos confirmados y sospechosos) del COVID 19, así como, procurar el involucramiento de las PPL en la definición de acciones, a través de mantenerlas informadas sobre las medidas que se adopten, la necesidad de adoptar tales medidas, la manera en que serán implementadas o adoptadas, así como su temporalidad.
  2. Establecer acciones concretas para el tratamiento de la población en situación de vulnerabilidad como: personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas o quienes padecen enfermedades crónicas.
  3. Elaborar protocolos y planes de acción específicos para aplicar las medidas sanitarias en los centros de privación de la libertad.
  4. Definir espacios con condiciones adecuadas para alojar a las PPL con casos sospechosos o confirmados de COVID 19 y contar con una comunicación permanente con las autoridades de salud para su adecuada atención.
  5. En caso de restringirse las visitas en los lugares de privación de la libertad, se recomienda establecer mecanismos de compensación de las restricciones al contacto, tales como uso de medios digitales o proporcionar insumos para la comunicación vía telefónica.
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