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Informe de Actividades 2020    Ayuda

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Análisis Situacional en Relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de acuerdo con su mandato constitucional y la normatividad que le rige, tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano; en ese sentido, la investigación de violaciones a estos derechos y la reparación efectiva a las víctimas es el eje que orienta su quehacer y respecto del cual se fortalecen sus actividades y organización administrativa.
 
La protección y defensa de las víctimas enfrenta un momento particularmente difícil toda vez que el deterioro del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos se ha agudizado en nuestro país; la pobreza y desigualdad, junto con la exclusión social y discriminación vulneran la dignidad de las personas que las sufren, e impiden el progreso colectivo. Aunado a ello, la pandemia originada por el COVID-19 lo cual resultó en una emergencia sanitaria, social y económica mundial, tiene no sólo un impacto en la salud de la población por la transmisión del virus, sino también en la economía de las personas, sus familias y la sociedad en su conjunto.
 
Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su documento La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México[1], anticipa aumentos preocupantes en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo de que, en ausencia de políticas públicas orientadas a esta población, grupos de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza.
 
Los hogares en nuestro país, de acuerdo con ese Informe, dependen fuertemente de sus ingresos laborales (el ingreso por trabajo subordinado e independiente representa más de 50 por ciento del ingreso corriente total de los hogares en cada uno de los deciles de ingreso) y cuatro de cada diez personas aún se encuentran en situación de pobreza (41.9 por ciento de la población).
 
Aunado a lo expuesto, este Organismo Autónomo observa con preocupación la información que presentara el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante comunicado de prensa número 282/2020 del pasado 13 de mayo de 2020 el cual señala que, como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en abril se registra una disminución mensual de 555, 247 puestos[2].
 
En el multicitado informe del Coneval se señalan otros factores a considerar y que pueden agravar el escenario que vivimos actualmente: la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento que impiden la adopción generalizada de medidas preventivas y múltiples brechas de acceso a derechos sociales: salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social[3].
 
En relación con lo antes expuesto, este Organismo Constitucional Autónomo ha emitido distintas Recomendaciones, tanto específicas como generales, en las cuales, además de acreditar violaciones a derechos humanos, en especial de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), resaltó la necesidad de generar políticas públicas y programas específicos, la actualización de la normatividad aplicable y la armonización legislativa, la pertinencia de un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos y la mayor vinculación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
 
Por otra parte, es necesario reconocer que existen grupos de población en los que pueden concurrir distintas circunstancias que agraven la situación de vulnerabilidad en que se encuentran y, en cuyo caso, el efecto de la pandemia puede agravarse, por ejemplo, tratándose de las mujeres, que representan el 38% de la población ocupada (55.35 millones de personas), además de las condiciones laborales precarias que pueden enfrentar, también, tienen una mayor participación en las tareas de cuidado en casa y trabajo doméstico.
 
La CNDH, ha puesto especial énfasis en la atención de las víctimas y las violaciones a los DESCA, dada la relación de estos derechos con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, que comprenden distintos derechos humanos, entre ellos: a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, así como a un medio ambiente sano.
 
Por ende, las problemáticas referidas en párrafos previos han sido del mayor interés porque trascienden al libre desarrollo y vida digna de las personas, y ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, acorde con sus atribuciones, este Organismo debe observar que las medidas que se adopten para la recuperación económica, permitan reducir el impacto de la pandemia en el marco de los derechos humanos, en especial, de las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria y, que en muchas ocasiones, se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto del pleno goce y ejercicio de más de uno de sus derechos humanos.
 
Así como de aquellos sectores de la población que se considera serán los más afectados por la pandemia: la población en situación de pobreza, los trabajadores del sector formal e informal, las personas desempleadas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME).
 
Esta situación requiere un esfuerzo coordinado de las distintas autoridades con el sector privado, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, representantes del sector empresarial y Organismos Internacionales, para minimizar el impacto económico y social de la pandemia en el corto, mediano y largo plazo.
 
Además, es importante resaltar que, de conformidad con lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que México es parte, cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas, por ende, resulta ineludible la obligación de las autoridades para cumplir con los mínimos indispensables de esos derechos, así como su promoción, respeto y protección.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fortalecerá su labor para garantizar la mayor protección y defensa de las víctimas, además de, en general, promover los derechos humanos y supervisar la realización progresiva en el Estado mexicano.

[1] Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Politica_Social_COVID-19.aspx
[2] Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/Empleo%20Abril%202020.pdf
[3] Coneval, La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, Coneval, México, 2020, p. 6.

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y los DESCA

Desde el inicio de su administración, la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha señalado como criterios orientadores de la labor de esta Institución, el colocar en el centro a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo; fortalecer el mandato de protección, promoción y observancia de los derechos humanos; una mejora continua de sus procesos, estructura y resultados, así como un manejo eficiente de los recursos asignado bajo lineamientos de austeridad.
 
Por consiguiente, y acorde al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, el programa encaminado a la atención de asuntos relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) se fortalece en sus actividades para contribuir a una mejor atención a las personas usuarias y quejosas, se prevé incentivar el seguimiento y conclusión adecuado de los expedientes que contribuya a que las personas se sientan atendidas y que la información proporcionada resulte accesible, orientadora, en su caso, o bien que coadyuve a la solución de la problemática planteada.
 
Para tal efecto, se han implementado cuatro acciones concretas:

 
  • Incrementar la comunicación con las personas usuarias y quejosas
  • Aplicar encuestas de satisfacción en relación con los servicios prestados para identificar inquietudes o problemáticas en relación con la atención de expedientes a fin de implementar acciones correctivas
  • Revisar y dar seguimiento a los expedientes de queja que se encuentren en rezago para una atención pertinente
  • Contribuir, en el marco de sus atribuciones, a que las autoridades garanticen la reparación del daño a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, a través de la emisión de recomendaciones, especialmente, relacionadas con DESCA.
Finalmente, con el propósito de dar seguimiento de los expedientes existentes presentados ante este Organismo Público Autónomo, se realizaron acciones pertinentes enfocadas a reducir la cantidad de quejas en estudio, a fin de concluir estas en los casos procedentes; se reiteraron diversos criterios en relación con la atención a personas usuarias y quejosas, así como el diseño e implementación de encuestas de satisfacción. Estos ejercicios tienen el propósito de mejorar la atención a las personas que consideran han sido vulnerados sus derechos económicos, sociales, culturales y/o ambientales, además de la investigación realizada para tal efecto.

Actividades de Vinculación en Relación con los DESCA

Las actividades de vinculación que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos buscan generar relaciones y estrechar la cooperación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, Organismos Internacionales y diversos actores de la sociedad, con la finalidad de fortalecer la promoción y difusión de los derechos inherentes a todas las personas.
 
Durante el 2020 se sostuvieron 17 reuniones de vinculación con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales e instituciones académicas, en los siguientes términos:
 
Durante enero, se efectuaron 5 reuniones con los siguientes aliados externos: Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas; Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Gustavo A. Madero; Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa; y el Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
 
Estas reuniones tuvieron como objetivo fortalecer la vinculación interinstitucional en materia de actividades de promoción y difusión de los DESCA hacia distintos sectores de la población, distribuidos en diferentes espacios. Es importante destacar que el conocimiento de estos derechos impacta de manera positiva en su goce, en la identificación de los mecanismos para hacerlos exigibles y, en su caso, en aquellos que resuelven sobre la reparación del daño cuando son vulnerados.
 
En febrero, se sostuvieron dos reuniones, la primera de ellas con la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura (AEFA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), A. C., y la segunda con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
 
La AEFA planteó su interés en una actividad de promoción conjunta con este Organismo Nacional relacionada con la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico de México, a través de su digitalización, lo cual estiman contribuye a la promoción de los DESCA.
 
Por otra parte, y con la finalidad de dar continuidad a la reflexión e identificación de acciones que pueden contribuir a una adecuada gestión integral de riesgos (GIDR), particularmente, al observar que los desastres pueden tener un impacto en el goce y ejercicio de los derechos humanos, en especial, de los DESCA, se sostuvo una reunión con especialistas en la materia de la Escuela Nacional de Trabajo Social para programar una actividad de promoción que permita una mayor comprensión de la importancia de la gestión integral de riesgos, las obligaciones del Estado y las experiencias de la sociedad civil organizada para documentar violaciones a derechos humanos y contribuir en la respuesta ante desastres.
 
Dos reuniones sostenidas en marzo con organizaciones de la sociedad civil tuvieron como finalidad de impulsar acciones que permitan actualizar los contenidos disponibles en el Micrositio DESCA para fortalecer un mayor conocimiento sobre estos derechos y la exigencia de su garantía plena.
 
En abril, se sostuvo una reunión con integrantes de la organización Coordinadora Nacional de Agua para Todxs, quienes expresaron su preocupación por la problemática hídrica que se enfrenta actualmente y mostraron su disposición para establecer acciones de colaboración a fin de promover la protección y garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento, particularmente, en el marco del proceso legislativo para la emisión de la Ley General de Aguas.
 
Durante junio, personal del Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus siglas en inglés), quien refirió que, actualmente, dicho Centro está asistiendo al Instituto Alemán para los Derechos Humanos (DIMR por sus siglas en alemán) en la realización de un Manual para Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) que están en camino de comprometerse con el problema de cambio climático, externó su interés por sostener una reunión con personal de la Sexta Visitaduría General.
 
Lo anterior, con la finalidad de conocer el trabajo que la Comisión, como INDH, realiza y cómo éste se vincula con la atención al cambio climático, a fin de identificar, experiencias, casos e información que contribuya a dicho Manual, el cual, apoya de manera importante en casos, al considerar a estos como la mejor fuente de inspiración y de lecciones para las INDH.
 
Con motivo de esta reunión, se compartió con ese Centro, las Recomendaciones específicas y generales emitidas en relación con los derechos al medio ambiente sano, al agua y al saneamiento, los impactos observados a partir de las recomendaciones emitidas, así como los retos y dificultades que se advierten para su debido cumplimiento.
 
En relación con las actividades realizadas durante marzo de 2020, la CNDH dio seguimiento correspondiente en agosto, con el propósito de continuar con la evaluación de propuestas para la actualización de contenidos del Micrositio DESCA.

En seguimiento a la planeación de las actividades de promoción y difusión previstas para el 2020, durante septiembre hubo dos reuniones de trabajo; la primera de ellas con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y la segunda con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las cuales, tuvieron como finalidad reanudar las gestiones pertinentes para lograr dichas actividades. Al respecto, se señala que la reunión celebrada con personal de la UNAM dio como resultado la colaboración y coordinación de la Mesa Redonda La Gestión Integral de Riesgos de Desastres y su vínculo con Derechos Humanos, el 15 de octubre de 2020.

En octubre, personal de la CNDH se reunió por vía Zoom, con personas de la organización World Vision México, A.C., buscando generar alianzas colaborativas para actividades de difusión relacionadas con el nuevo modelo de justicia laboral.

Durante diciembre, se celebraron dos reuniones de trabajo, una relativa al anteproyecto para construir un observatorio relacionado con la situación de las personas jornaleras agrícolas y sus derechos; y, la segunda con el propósito de analizar la posibilidad de llevar a cabo una actividad de promoción en 2021, que abarque temáticas de DESCA y su vínculo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Actividades de Promoción de los DESCA

Aunado a las acciones respecto del fortalecimiento de la gestión institucional y los DESCA, así como las reuniones de vinculación en la materia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó diversas actividades enfocadas a acercar a las personas los contenidos relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con el propósito de promover dichas prerrogativas y propiciar así una cultura de respeto, protección y garantía de los DESCA. Dichas actividades se efectuaron atendiendo a la situación actual por la pandemia por COVID-19, por lo que se implementó la realización de foros virtuales sobre las siguientes temáticas:
 
  • El Acceso a los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento
  • Los Derechos Laborales, su contenido y alcance como DESCA
  • La Gestión Integral de Riesgos de Desastres y su vínculo con los derechos humanos
  • Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
  • Megaproyectos, Industrias Extractivas y Derechos Humanos
  • Mecanismos internos e internacionales de protección de los DESCA
  • Ombudsperson, DESCA y Agenda 2030

El 23 de septiembre, a través de las redes sociales de Facebook y YouTube de este Organismo Nacional, se transmitió el Foro Virtual El Acceso a los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en el que participaron personas expertas en el tema, representando tanto a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y el sector privado.
 
En el panel titulado La situación actual de los recursos hídricos y la gestión del agua y el saneamiento en México, se contó con la participación del doctor Itzkuauhtli Zamora Saenz, Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la doctora Nayeli Beltrán Reyna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el doctor Antonio Azuela de la Cueva, Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma Universidad.
 
Entre las temáticas abordadas, de manera específica, el doctor Zamora habló de las medidas de higiene de contención a la pandemia, además de proporcionar los datos estadísticos en torno a este derecho; por su parte, Nayeli Beltrán refirió la importancia, los retos y problemáticas relacionadas con Organismos Operadores de Agua (OOQ) como gestores de información en relación con los derechos materia del Foro, en el uso de la voz, el doctor Azuela de la Cueva concluyó este Panel haciendo hincapié en tres principios relacionados con los derechos humanos al agua y al saneamiento: el de propiedad nacional (el cual se encuentra radicalmente cuestionado), la prioridad ambiental, y el derecho al agua como centro axiológico de la gestión del agua, siendo necesario un primer diagnóstico ante el hecho de la reglamentación faltante desde 2012 y señaló cinco dilemas institucionales que dificultan avanzar en la reglamentación, por lo que resulta necesario analizar el reconocimiento de propiedad del agua para pueblos indígenas y grupos agrarios; la revisión de concesiones y tarifas; los sistemas de agua potable; los sistemas rurales comunitarios; y la rectoría del Estado.
 
En la segunda parte del Foro, se contó con la participación de Hugo Rojas Silva, Director General de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, Elena Burns Stuck, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida (OSC) y Edmundo Estefan Fuentes, Director de Área de la Sexta Visitaduría General, en esta mesa se analizaron las distintas problemáticas y retos hacia la plena efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
 
Inicialmente, el maestro Rojas destacó que en México 44 millones de personas no cuentan con dotación diaria de agua y 8.8 millones no tienen acceso a agua directa en sus hogares. En su intervención, Elena Burns expresó que considera vital la participación de la ciudadanía en los consejos de los sistemas municipales, sistemas de contraloría y observatorios para resolver los problemas en torno a la gestión del agua y su saneamiento. Edmundo Estefan, señaló que, si bien hay un pleno reconocimiento de estos derechos en el orden jurídico nacional y en tratados, se cuestiona hasta qué punto podemos calificar la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento dentro de los derechos humanos y apuntó que aún hay una agenda inacabada en relación con la efectividad de estos, si bien son un binomio y son derechos interdependientes, no pueden soslayarse sus ámbitos diferenciados de aplicación, aunque forman parte de un mismo sistema, se refieren a cuestiones distintas.
 
Al aludir a la labor de la CNDH destacó que se han emitido distintos pronunciamientos en relación con la efectividad y construcción de estándares de los derechos humanos al agua y al saneamiento, sin soslayar la labor cotidiana que se relaciona con la atención a las problemáticas suscitadas por servicios públicos y desde una perspectiva de derechos humanos y análisis de los organismos operadores de agua.
 
Finalmente, apuntó que la principal contribución de este Organismo Nacional en relación con los multicitados derechos está enfocada en visibilizar su complejidad en relación con otros derechos, además de contribuir al desarrollo de estándares, la promoción de políticas públicas desde una perspectiva progresiva y progresista, un amplio estudio sobre el régimen de descargas (Véase las Recomendaciones 10/2017, 56/2019 y la 3/2020); de concesiones (Véase las Recomendaciones 11/2018, 31/2019 y 1/2020), en las que se analizaron problemáticas relacionadas con la accesibilidad y disponibilidad, conflictos en la gestión y administración del agua y fenómenos de acaparamiento y exclusión; y, finalmente relacionadas con los servicios ambientales (Véase la Recomendación General 26 sobre áreas naturales protegidas, 62/2018 y 12/2019).

El pasado 8 de octubre, tuvo lugar el Foro Virtual: Los Derechos Laborales, su contenido y alcance como DESCA. Espacio cuyo propósito fue abordar el derecho humano al trabajo en su doble dimensión, y su alcance como DESCA, a partir de dos actividades, a saber:
 
La Conferencia: Hacia la protección de todos los derechos laborales, a cargo de la maestra Eva Reyes Ibañez, quien desarrolló la trascendencia de la igualdad de género, y apuntó que, si bien la implementación normativa y la protección jurídica existen, se presentan retos en la práctica, dada la resistencia generalizada con el mundo de lo simbólico y la cultura. Asimismo, señaló dos puntos concretos; la cultura del privilegio, (siendo más valioso quien ocupa mayor jerarquía); y, la desigualdad, discriminación, y violencia laboral, lo que produce violencia hacia al interior de las organizaciones, así como estrés laboral, lo que puede llevar a problemas de salud o incluso situaciones generalizadas de acoso laboral o sexual.
 
Posteriormente, se dio lugar al Panel: El acceso a la justicia en materia laboral para todas las personas. Acercar la protección de los derechos humanos laborales a los grupos de atención prioritaria, ejercicio compartido por el doctor Carlos Reynoso Castillo, quien reflexionó sobre el acceso a la justicia, su significado, alcance y sus tres dimensiones: la previa a juicio (acceso a la jurisdicción); el trabajo de los tribunales a partir de la presentación de una demanda hasta la existencia de una resolución; y, el verificar la ejecutabilidad de las sentencias.
 
En uso de la palabra, el maestro Paolo Cesar Flores Mancilla mencionó la necesidad de elevar la productividad mediante innovación y tecnología; fomentar la creación de empleo y apoyos a Pequeñas y Medianas Empresas (PYME´s); y lograr el pleno empleo de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, en condiciones de igualdad.
 
El panel cerró con la participación del doctor Gustavo Hernández Padilla, quien refirió en un primer momento que, según el Banco Mundial, las personas con discapacidad representan el 15% de la población total y señaló  que se debe entender que todas las personas somos iguales ante la ley pero, para que esta igualdad formal se traduzca en una igualdad material legal, se tienen que conocer los requerimientos específicos de las personas en situación de vulnerabilidad y al atenderlos llegar verdaderamente a la meta, que es la inclusión.
 
El 15 de octubre se realizó la mesa redonda La Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD) y su vínculo con Derechos Humanos, con la participación de la doctora Irasema Alcántara Ayala quien expresó la importancia de entender que los desastres son procesos sistémicos que se desarrollan a lo largo del tiempo y se vinculan con las relaciones que se dan en la dimensión humano-ambiental. Además, expresó que los desastres no son naturales, estos resultan de la materialización del riesgo consecuencia de las interacciones entre amenazas, vulnerabilidad y exposición.
 
También, se contó con la participación del doctor Daniel Rodríguez Velázquez, quien apuntó la necesidad de una aproximación de las ciencias sociales con los derechos humanos como base ética y conceptual para plantear la GIRD, asimismo, hizo referencia al escenario que se ha presentado en el país ante la pandemia por COVID-19; y puntualizó que no se ha logrado el enfoque preventivo relacionado con la GIRD como articulación estratégica, y que en este proceso los derechos humanos no han sido considerados de manera suficiente. Finalmente, refirió la necesidad de un enfoque en la gestión integral con base en la seguridad humana más que en la seguridad nacional.
 
De igual forma, Mayra Ortiz Ocaña compartió experiencias respecto de la identificación de afectaciones a los derechos humanos de las personas durante y posterior al sismo del 19 de septiembre de 2017 concentradas en el documento y sitio web “Documenta desde abajo: 19S”, aunado a esto, destacó la desigualdad entre delegaciones centrales y  periféricas, y habló acerca de las obligaciones de las autoridades durante el desastre, puntualizando las acciones para garantizar derechos humanos en el contexto de la tragedia; de igual manera, después del fenómeno, la necesidad de garantizar los DESCA así como la obligación de reparar, y garantizar el derecho a la verdad.
 
Finalmente, la licenciada Gisel Mateos González propuso tres puntos para reflexionar: la compresión y uso alternativo de los derechos humanos, las propuestas en materia de políticas públicas por parte de colectivos y la tesis del desastre socialmente construido centrándolos en lo acontecido el 19 de septiembre de 2017.
 
Los días 28, 29 y 30 de octubre se llevó a cabo la tercera edición del Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, evento que tuvo por objetivo plantear los retos y perspectivas que se advierten a cinco años de la emisión de la Agenda, la situación prevaleciente en México y las acciones que pueden implementarse para contribuir en su consecución.
 
En la Mesa 1: Igualdad de Género, camino hacia la reducción de la pobreza se contó con la participación de Gabriela Delgado Ballesteros quien señalando de manera particular que la pobreza es administrada por los gobiernos al no atenderse las causas estructurales que la provocan; por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, señaló algunas de las causas de la pobreza, apuntó algunos cambios urgentes y de corto plazo necesarios para atender dicha condición, entre ellos: Programas de Desarrollo Infantil Temprano; mejora de la calidad educativa y ampliación de la oferta educativa para jóvenes; becas para estudiantes por asignación universal a todos los hogares de bajos ingresos; y programa de primer empleo para jóvenes con mayores desventajas. Además del incremento gradual al salario mínimo; fomentar el cooperativismo y la economía social; promover proyectos de economía sustentable y energías renovables; ampliación de los servicios de cuidado, y la cobertura universal de salud; así como la transferencia de ingreso básico garantizado.
 
Finalmente, Alejandra Lozano Rubello concluyó la mesa expresando la necesidad de replantearnos cómo avanzar en la realización de los DESCA, así como en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que, pese a sus contradicciones y limitaciones, establece un lenguaje común entre todos los países, y un marco de acción colectiva cuyo potencial puede ser desarrollado hacia los derechos humanos, sobre todo, en formas más innovadoras, así como alternativas para trasformar nuestros sistemas políticos y económicos y combatir la desigualdades, entre ellas, las de género.
 
El jueves 29 de octubre, Pablo Yanes Rizo participó con la conferencia Impactos de la pandemia del COVID-19 en los DESCA y el cumplimiento de los ODS y resaltó que frente al contexto actual resulta obligatorio “sacar” las lecciones generadas por la pandemia, analizadas desde la perspectiva de los DESCA, y que debería visualizarse desde tres dimensiones distintas, hacia el pasado, en el momento actual y hacia el futuro.
 
Hacia el pasado inmediato, la pandemia nos revela el hecho de que se han venido acumulando precariedades, fragilidades y debilidades muy profundas en términos del ejercicio de los DESCA en las últimas décadas. En su opinión, tendríamos una realidad muy distinta a la actual si la pandemia nos hubiera alcanzado con un estado de bienestar fuerte, con una universalización efectiva de los derechos sociales y con niveles adecuados de protección social. Subrayó el alto costo que tiene no hacer las cosas, de los altísimos costos que tiene el hecho de no tener, por ejemplo, un sistema de salud universal integrado, potente, y desmercantilizado.
 
Posteriormente Orlando Alberto Costa quien mediante la conferencia Experiencias Locales Ambientales y Climáticas del Desarrollo Sostenible compartió la situación actual ante un mundo aún más contaminado, el cambio climático y las catástrofes que provoca, así como el impacto de la pobreza y la desigualdad existente, circunstancia que evidencia el incumplimiento de los mandatos que se han marcado en materia de desarrollo sostenible.
 
De manera concreta, refirió las actividades que realiza la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, así como diversas herramientas que se han construido en el marco de esta, con el propósito de contribuir en temáticas como adaptación, forestación y, en general, estrategias en contra del cambio climático en la región.
 
En la Mesa 2: Desarrollo sostenible ante los retos y problemáticas actuales, la doctora Juana Itzchel Nieto Ruiz hizo referencia a los planes y programas establecidos por el Estado mexicano para garantizar un medio ambiente sano e implementar acciones para disminuir la vulnerabilidad de la población en su integridad y patrimonio biocultural, la economía y la infraestructura ante los efectos adversos del cambio climático.
 
Por su parte, Claudia Campero Arena, centró su participación hablando del Fracking, técnica que agrava la emergencia climática al generar aún más riesgos de contaminación que la extracción normal para obtener gas y petróleo. Aunado a ello, genera violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas, al medio ambiente sano, a la salud, a una vivienda adecuada y los derechos laborales, concluyó su participación refiriendo que las emisiones de nuestros padres y madres de jóvenes, todavía calientan la atmosfera hoy, ya que perdura alrededor de 100 años. La ONU ha indicado que se requiere acción sin precedentes.
 
En su intervención Sofía Hernández Morales realizó una exposición de los temas pendientes que tiene el Estado de Jalisco respecto de tres grandes crisis globales: cambio climático; pobreza e inequidad; y, pérdida del capital natural. Expuso sobre esquemas de gobernanza ambiental y territorial para reconocer las características propias de cada espacio, su desarrollo, y las alianzas que se requieren para transversalizar la política, con la ciudadanía y atendiendo sus necesidades.
 
Finalmente, en el Panel de Expertas Exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA, Leticia Bonifaz Alfonzo compartió con la audiencia aspectos generales de estos derechos, su desarrollo histórico y normativo, así como las obligaciones de los Estados para garantizar su cumplimiento; por su parte, Diana Delgadillo Ramírez expuso la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA desde la dimensión del ejercicio de ciudadanías activas en contextos rurales e indígenas, donde enfrentan retos muy específicos para el cumplimiento de sus derechos y particularmente a la exigibilidad social y política.
 
Por su parte, Linda Helena Maclú Zorreo destacó entre los avances que se han dado en materia de DESCA por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es que habían sido tratados como declaraciones constitucionales de intenciones, y que dicha situación tenía que ser revertida, ya que en un Estado democrático, los estándares constitucionales y las normas convencionales de derechos humanos vinculan a todas las autoridades estatales; finalmente, Alejandra Ancheita Pagaza, expuso que una de las formas efectivas para la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA, es a partir de las estrategias de defensa colectiva, no solo las acciones, sino de tener una mirada de dichos derechos desde lo comunitario y colectivo.
 
Aunado a los proyectos mencionados, el 12 de noviembre la Mesa Redonda Megaproyectos, Industrias Extractivas y Derechos Humanos, sirvió como espacio de reflexión acerca del impacto de dichas actividades en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, tanto en su dimensión individual como colectiva.
 
El maestro Fermín Ledesma Domínguez, académico de la Universidad Autónoma de Chiapas centró su participación en el impacto de los proyectos extractivos en el norte del estado de Chiapas, derivado de su experiencia en la zona.
 
En principio, refirió que el extractivismo, puede definirse como actividades económicas basadas en la explotación de bienes comunes naturales, mismos que son comercializados en el mercado mundial, distinguió al extractivismo clásico o colonial como aquel con uso de baja tecnología, exportación de estos recursos naturales, mano de obra intensiva o el desarrollo enclave; mientras que el neo-extractivismo es el uso intensivo de la tecnología, poca mano de obra, devastación a gran escala, exportación, revalorización de la naturaleza, y se da en gobiernos progresistas. Por su parte, el extractivismo interno, se presenta cuando algunas regiones del país sirven para vigorizar el desarrollo industrial del centro y norte del país, explotando los bienes naturales a bajo costo, esto en industrias en manos del Estado.
 
Las denuncias que ha hecho la población en el norte de Chiapas, se relacionan con el reclamo de muertes por cáncer, ya que operan dos grandes petroleras, quienes también ya desplazaron a la economía local, además de que las empresas extractivas están utilizando una narrativa de persuasión para comprar voluntades de la población. Y no han mejorado las condiciones deterioradas en temas ambientales.
 
Estos proyectos extractivos llegaron a esa zona bajo varias violaciones de derechos humanos, ya que no hubo ninguna consulta, la población no tuvo información suficiente de cada uno de estos proyectos, así como tampoco la asistencia de un traductor o intérprete a su lengua materna. El pueblo zoque se ha organizado para enfrentar a estos proyectos extractivos, con movilizaciones, asambleas, consultas sin la intervención del Estado, con el fin de detenerlos. Defendiendo a la vez el derecho al agua y al saneamiento. Su gran aportación ha sido que no permitieran la extracción de varios barriles de petróleo en el norte de Chiapas.
 
Por su parte, la Doctora Marcela Torres Wong de Flacso México presentó el proyecto “Conversando con Goliat”, en el que ha participado para disminuir la conflictibilidad (sic) socioambiental.
 
Compartió con la audiencia los hallazgos más relevantes y señaló que a partir del año 2000 comenzaron los conflictos y movilizaciones de las comunidades indígenas contra las empresas extractivas. Fue ahí cuando los gobiernos implementaron la consulta previa, las cuales terminaban en aprobación sin consultarlo con esas poblaciones, y los resultados que arrojaban estas consultas nos hacían pensar que se estaban diluyendo las demandas por presentar proyectos de desarrollo alternativos para el extractivismo.
 
En relación con los megaproyectos en México identificó que existían cerca de 800 conflictos en las distintas industrias, destacando la minería como la más conflictiva de todas, además, señaló que las comunidades indígenas que manifiestan daños ambientales por los megaproyectos son las primeras en acudir a la acción institucional para hacer validos sus derechos, a la par, realizan sus movimientos, y a las empresas como las que están vinculadas a acciones ilegales.
 
Se realizaron 5 estudios a profundidad y explicó de forma breve 3 de ellos, el efectuado en Oxiacaque, Tabasco, Capulálpan de Méndez, Oaxaca y en Homún, Mérida, en este último caso, se intentó implementar una mega granja porcícola, en una comunidad donde hay cenotes, en donde no existía una estructura comunitaria sólida, pero a partir de la propuesta del proyecto se comenzaron a retomar prácticas comunitarias, se realizó una auto-consulta, con una estrategia para que la comunidad pudiera rechazar el proyecto, lo cual ocurrió.
 
Para cerrar esta mesa, Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos y quien inició su labor hace casi 15 años, expuso detalladamente aquellas circunstancias que se presentaron ante la explosión de la mina Pasta de Conchos, tanto previas, como la ventilación en la mina y su estructura; como posteriores ante la omisión por rescatar los restos de los mineros.
 
Aunado a la situación que se presentó por la explosión detalló las circunstancias laborales de los mineros, tanto sus ingresos como su situación sindical y el contrato colectivo; así como el escenario advertido ante las inspecciones realizadas a la mina y la insuficiente observancia de lo expresado en las mismas. En su opinión, lo sucedido no fue un accidente, sino la suma de todos los males, y se apega a un modelo extractivo donde únicamente importa la obtención de ganancias.
 
Comentó los riesgos que implica una política energética enfocada en este tipo de industrias, tanto para los trabajadores como el impacto en cambio climático, considerando también el escenario que se presenta ante la pandemia por COVID-19.
 
Finalmente, derivado de su experiencia y lo sucedió en Pasta de Conchos se implementó un cambio de estrategia que permitiera conocer previamente los hechos con un número de celular para reportar emergencias, páginas de Facebook y Twitter para denuncias anónimas, así como el acompañamiento a las inspecciones en las minas de carbón, lo que ha permitido disminuir las muertes en un 97 por ciento, mencionó.
 
El 25 de noviembre se realizó el Foro Virtual Mecanismos internos e internacionales de protección de los DESCA, el cual contempló una conferencia y una mesa redonda. La conferencia, intitulada: Las obligaciones del Estado mexicano en relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, estuvo a cargo del Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz quien inició su presentación al exponer de manera breve la evolución de los derechos sociales en el orden jurídico mexicano, señalando distintos momentos de su realidad en el país, incluyendo posteriormente a los económicos.
 
En este sentido, apuntó que un parteaguas fue la protección de dichos derechos a través del juicio de amparo, de la mano con un movimiento en el país por la exigibilidad de estos, de considerarlos obligaciones y no meros programas de gobierno; aunado a la práctica de litigios estratégicos a efectos de lograr esta situación. Todo esto se desarrolló y se configuró en el sistema jurídico nacional, con la reforma constitucional de junio de 2011.
 
Compartió diversas preocupaciones, entre ellas, aquellos discursos que ponen en duda el carácter normativo de la Constitución, los cuales, se muestran de manera indirecta a través de decisiones políticas que no necesariamente significan el cumplimiento de los derechos. Asimismo, expresó su preocupación respecto del cumplimiento de suspensiones que, aún otorgadas, no se pueden materializar por las condiciones de COVID-19, desfondando así la condición de los amparos promovidos por las personas.
 
Finalmente, expresó también que tenemos que empezar a asumir que una parte muy importante de los DESCA no tiene que ver con el litigio, ya que este es remedial o final, lo que debe hacerse es que la administración pública, de los distintos órdenes de gobierno, garantice dichos derechos.
 
La actividad continuó con la mesa redonda Los desafíos en la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, misma que inició con la participación de Mariela Morales Antoniazzi, quien mencionó que la situación actual de pandemia representa una llamada de atención y un recordatorio sobre la necesidad de garantizar los derechos y el acceso a los servicios básicos para toda la población, pues solo bajo esa condición se puede garantizar su protección. Además de la necesidad de repensar y revaluar los principios de interdependencia e indivisibilidad para la salvaguarda de los DESCA, así como su efectividad y justiciabilidad, sin dejar de lado los derechos civiles y políticos, particularmente, para los grupos más vulnerables.
 
Apuntó que se necesitan a nivel global, sistemas más justos, más humanos y más inclusivos, y que se evalúen las potencialidades del Derecho para que, con un enfoque multidisciplinario, se puedan adoptar medidas que hagan efectivamente un “nuevo estado de bienestar” con base a un nuevo pacto social, fiscal y productivo, y con la universalización de los derechos, probablemente se discuta el ingreso básico universal, el sistema de cuidados.
 
Por su parte, la doctora Valeria Marina Valle de la Universidad Iberoamericana expresó a partir del derecho a la salud los desafíos en la exigibilidad de este y otros derechos como la seguridad social, la protección a las niñas, niños y jóvenes, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda digna, agua potable y servicios sanitarios, salud física y mental.
 
En su opinión, existe una contradicción entre el marco jurídico nacional con los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes, ya que la realidad es otra, mucho más compleja. Al respecto, y partir de la revisión que efectúa al Micrositio DESCA de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó que hay indicadores muy importantes para medir los temas de salud, por ejemplo la esperanza de vida al nacer, el índice estatal de salud, el índice internacional de salud, el lugar que ocupa México en la variable de salud dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), resaltó la tasa de crecimiento mundial en salud en las economías consideradas por dicha Organización, desde 2012 y 2014, en donde México ocupó un lugar con un porcentaje bastante pequeño, a diferencia del gasto de salud de bolsillo que es muy alto.
 
Refirió que en México tenemos un sistema de salud público conformado por el IMSS y el ISSSTE y, a partir del 2002, por el Seguro Popular que se transformó en 2020 en el Instituto de Salud para el Bienestar, preocupa que no se tiene certeza como va a funcionar el INSABI, demostrando que tenemos un sistema de salud muy fragmentado y todavía no logramos a través de la reforma de 2002 con la introducción del Seguro Popular proteger a las personas que todavía no tienen un seguro, es decir, no hay una cobertura de salud, ni acceso real ni efectivo a este derecho.
 
En relación con los DESCA y la Agenda 2030 expresó que antes de la pandemia se veía como un gran reto para su cumplimiento e implementación, pero ahora con la situación de pandemia es mucho más difícil de lograr el desarrollo sostenible a través de estos 3 pilares: social, económico y ambiental, estos pilares se ven reflejados en los DESCA.
 
Dicho espacio concluyó con la participación de la Mtra. Fernanda Hopenhaym, quien abordó algunos desafíos para la exigibilidad de los DESCA, entre ellos, la forma en que se relacionan con la rendición de cuentas empresarial ya que considera que las operaciones empresariales conllevan afectaciones (potenciales y reales) a los DESCA, en particular los megaproyectos que ocupan grandes extensiones de territorio y realizan explotación de recursos. Los derechos más afectados son al agua, la salud, medioambiente sano, así como los derechos de los pueblos indígenas.
 
Como parte de las herramientas de exigibilidad de los DESCA, señaló la incidencia con autoridades, el litigio estratégico y los procedimientos especiales ante instancias regionales e internacionales, en este último punto, remarcó la necesidad de la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Finalmente, destacó como elemento clave el trabajo de las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos para la exigibilidad de los DESCA.

Las actividades de promoción en materia de DESCA concluyeron el 3 de diciembre de 2020 con el Foro Virtual Ombudsperson, DESCA y Agenda 2030 destinado a reflexionar sobre la importancia del Ombudsperson y conocer el estado en que se encuentra la institución a nivel mundial, con especial énfasis en los compromisos adquiridos durante la Declaración de Mérida de 2015 en relación con la Agenda 2030 y los DESCA.
 
La doctora Cristina Richie Ayoub, destacó que la pandemia de COVID-19 evidenció una crisis profunda, multifacética, con problemas económicos, sanitarios, sociales y ecológicos que, de acuerdo con el físico teórico austríaco Fritjof Capra, no pueden solucionarse aisladamente y que la pandemia solo se puede vencer con medidas de cooperación. Además, destacó la relevancia de la actuación del Ombudsperson, para que los derechos hagan más tangible la dignidad humana.
 
Por su parte, el doctor Guillermo Escobar Roca, señaló que el Protocolo Facultativo del PIDESC, ha sido ratificado por muy pocos países, y que los Ombudsperson tienen que contribuir para que sus Estados ratifiquen este importantísimo protocolo; recalcó que la consolidación de esta institución es muy importante para aminorar los déficits existentes en la garantía de los derechos sociales que padecemos en todos los países. Acerca de la Agenda 2030 enfatizó que muchas instituciones de derechos humanos no participaron en su elaboración, por ende, no nos dejemos caer en la trampa de este lenguaje de los ODS, que no es un lenguaje de derechos humanos, es más un lenguaje de políticas públicas, una palabra de moda, pero que nos hace olvidar el carácter vinculante y obligacional de los derechos humanos. En este sentido, el Ombudsperson tiene que hacer el esfuerzo de traducir los ODS a derechos humanos.
 
Finalmente, para concluir este panel, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestra María del Rosario Piedra Ibarra, expresó que de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los organismos de procuración y defensa de los derechos humanos en el mundo, tienen enormes retos que enfrentar en la generación de sociedades capaces de alcanzar el mayor nivel de bienestar posible, eliminando la pobreza y generando mejores condiciones de vida y perspectivas futuras sin detrimento del medio ambiente y recursos naturales.
 
Señaló que la CNDH tiene la importante función de proteger la observancia de los derechos humanos para todas las personas, destacando la importancia de la autonomía de la institución y de la propia figura del Ombudsperson, la cual debe estar ajena a cualquier interés o presión; y apuntó que para consolidar una cultura de ejercicio de los derechos humanos, se requiere una educación que incida también en el diseño de políticas, procesos administrativos, protocolos y cualquier instrumento que las autoridades implementen. Finalmente, expresó que la justicia es el mejor camino para construir sociedades más equitativas.
 
Por su parte, Citlali Martínez Ayala resaltó que es fundamental la cooperación internacional para el desarrollo y la actuación de manera integrada y no fragmentada. Advierte como problemáticas que cuando la ayuda proviene de muchas fuentes y se reparte en demasiados programas de cooperación, se crean altos costos de transacción para donantes y receptores o para personas beneficiarias, haciendo más difícil a los países socios gestionar eficazmente el desarrollo. Es necesario, agregó, robustecer la normatividad de cooperación, los reglamentos internos, pero sobre todo las capacidades de gestión de los actores de desarrollo, tanto los gubernamentales como los no gubernamentales ante la gestión de la cooperación y el establecimiento de prioridades.
 
José de Jesús Chávez Cervantes instó a considerar a los derechos humanos como la piedra angular de todo Estado, refirió que la Agenda 2030 es más que otro principio o un plan de trabajo, es por esta razón que se decidió integrar órganos de seguimiento de instrumentación desde el ámbito nacional y subnacional. En su opinión, para dar un seguimiento más puntual y hacer realidad sus Objetivos se debe trabajar desde los municipios.
 
El panelista considera que el éxito de la materialización de la Agenda 2030 se encuentra en los órganos de seguimiento de instrumentación; lo anterior, tendrá viabilidad siempre y cuando se cuide la conformación de dichos órganos, es decir, desde su punto de vista se debe pugnar porque las Defensorías del Pueblo tengan un lugar en estos órganos, toda vez que, en México, solamente Hidalgo y Jalisco cuentan con voz y voto.
 
La intervención del Dr. Páez se refirió a la experiencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco que realizó una investigación con el objetivo de conocer la apropiación de la Agenda 2030 en los 125 municipios del estado de Jalisco, tanto en sus planes de desarrollo como en sus programas gubernamentales. La metodología utilizada consistió en la aplicación de un cuestionario en línea, durante 2019, a los 125 enlaces municipales para determinar el grado de apropiación de estos temas en las alcaldías. Los resultados generales fueron que en el 53 % de las 125 localidades no considera un Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 9 % no se encontró el PMD, y el 38 % sí considera el PMD.
 
Otros hallazgos relevantes fueron que algunos municipios mencionan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero no la concretan en metas e indicadores, algunos la relacionan temáticas como agua, ecosistemas, pobreza e igualdad de género, concluyó señalando que gran parte de los municipios de Jalisco desconocen la Agenda 2030, aun cuando los PMD deben ser endémicos, siguen siendo copias de otros, no se consideran ejercicios para reflexionar una visión propia de desarrollo sostenible; hay quienes mencionan desarrollo sostenible pero no lo relacionan con la Agenda 2030. De las 125 alcaldías, sólo 5 consideran una relación entre derechos humanos y Agenda 2030.
 
Finalmente, Ismael Rins comenzó su presentación al referir el enorme desafío que ha planteado históricamente la consagración de los DESCA, desde la aprobación del PIDESC hasta la Agenda 2030, siendo una deuda pendiente por muchos Estados hacer que dichos derechos sean una realidad para todas las personas.
 
Entre las problemáticas sociambientales destacó el modelo de desarrollo en la región basada en el agronegocio, con fumigaciones cercanas a la población; plaguicidas en alimentos; la desforestación y pérdida de bosque nativo; por mencionar algunos. Vulnerando los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y a un medio ambiente sano.
 
De manera particular, apuntó lo que se entiende por soberanía alimentaria, siendo esta un derecho como comunidad de definir prácticas y políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, asegurando así que éstos sean sanos, cercanos, soberanos, de precio justo y producidos de manera ecológicamente sustentable.
 
Además, hizo referencia a la agroecología y los ODS, específicamente con el 1 para mejorar la nutrición de las familias y sus ingresos; 2 con miras a la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 3, el acceso a alimentos sanos, nutritivos y suficientes; y 5, respecto de las mujeres en las actividades en comento, así como su papel clave en la economía familiar.
 
Entre sus comentarios finales, apuntó como desafíos: volver a poner en valor a quienes producen los alimentos; lograr zonas de resguardo libres de plaguicidas; y colaborar en el desarrollo de políticas públicas para garantizar el derecho humano a la salud, vivir en un medio ambiente sano, al agua potable y a la alimentación adecuada.

Actividades de Difusión de los DESCA

De igual forma, con la finalidad de que las personas tengan un mayor conocimiento de los derechos humanos, de los mecanismos para hacerlos exigibles y de su vinculación con la política pública, se entregaron diversos ejemplares mediante los cuales se difunde información relacionada con el derecho humano a la seguridad social, derechos laborales, a un medio ambiente sano, al desarrollo, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; y las temáticas de Biodiversidad, Movilidad y Vivienda, entre otras; así como publicaciones enfocadas a la atención y seguimiento de diversos derechos humanos.
 
En la siguiente gráfica se advierte la distribución de ejemplares por temática:

 

 Distribución de ejemplares por temática (1) Columna: Ejemplares


Puede consultar el detalle de los materiales distribuidos aquí

Asimismo, se contribuyó con la creación de contenidos en diversas temáticas como los derechos humanos al agua y al saneamiento, cambio climático, medio ambiente, derechos culturales, así como movilidad y vivienda.

Protección y Defensa de los DESCA

Al ser la protección y defensa de los derechos humanos una de las principales atribuciones de este Organismo Nacional, la atención de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se ha vuelto cada vez más apremiante dada la interdependencia de los derechos y el impacto que ejercen en diversos sectores de la sociedad.
 
En este sentido, durante 2020, la CNDH inició en materia de DESCA con 534 expedientes en trámite al 31 de diciembre de 2019, cifra que se incrementó durante 2020, al radicarse 8,287 expedientes para conformar un total de 8,821 expedientes integrados por este Organismo Público Autónomo, de los cuales, se concluyeron un total de 8,015 expedientes durante el mismo período.
 
Las autoridades que fueron señaladas de manera frecuente por las personas que solicitaron la intervención de esta Institución Autónoma son:


 
1. Instituto Mexicano del Seguro Social
2. Comisión Federal de Electricidad
3. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
4. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
5. Secretaría de la Defensa Nacional
6. Secretaría de Educación Pública
7. Petróleos Mexicanos
8. Guardia Nacional
9. Comisión Nacional del Agua
10. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
 











 


Por otra parte, derivado de las investigaciones realizadas se emitieron las siguientes Recomendaciones específicas, con la finalidad de restituir violaciones a derechos humanos, en especial, a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales:
 
Recomendación 1/2020 Sobre las violaciones al derecho humano al agua en perjuicio de la población en general y agricultores del Valle de Mexicali, derivadas de actos y omisiones en diversos trámites y procedimientos para la instalación y operación de un proyecto industrial de cerveza, en el Municipio de Mexicali.
 
Basada en la defensa del derecho humano al agua, la Recomendación no se limita a investigar si hay o no capacidad hídrica para la instalación de una cervecera en el municipio aludido, sino que asume la defensa del derecho al agua prioritariamente para consumo personal y doméstico, que debe cuidarse estrictamente en una zona desértica y con decreto de veda, por lo que no puede abstraerse el contexto en que una empresa privada pretende hacer uso del vital líquido.
 
El instrumento recomendatorio obedece también a la ausencia de un marco adecuado y efectivo que garantice el abastecimiento de agua domiciliaria en los ámbitos federal y local, tal como una ineficiente gestión y administración de los recursos hídricos.
 
Esta Recomendación que va dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y a la Directora General de la Comisión General del Agua (CONAGUA), enfatiza en la necesidad de que las autoridades responsables propongan modificaciones a la legislación ambiental del orden federal, estatal y municipal, a efecto de incorporar la evaluación de los impactos ambientales ocasionados por obras o actividades que, en atención a sus características, impliquen desequilibrios ocasionados por el alto consumo hídrico.
 
Recomendación 3/2020 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua en relación con la contaminación del río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de aguas residuales municipales no controladas, así como por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los habitantes del Estado de Chiapas.
 
Este pronunciamiento expone una de las problemáticas más importantes de deterioro ambiental en el país como es la contaminación del agua que provoca significativos impactos ambientales ocasionados por obras o actividades de descarga de aguas residuales ilícitamente en los suelos, subsuelos, ríos o corrientes en perjuicio de los recursos naturales, la flora, la fauna, la calidad del agua, los ecosistemas o el ambiente.
 
Adicionalmente, pone de manifiesto la necesidad de implementación de medidas de urgente aplicación, en materia de prevención de contaminación y conservación de los recursos hídricos, como la instalación de sistemas de saneamiento de aguas residuales, priorizando el uso de tecnologías flexibles y de bajo costo.
 
La Recomendación que va dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, a los Presidentes Municipales de Chiapa de Corzo, de Ocozocoautla de Espinosa, de Suchiapa, de Villaflores y de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así como al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Directora General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), enfatiza en la necesidad de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones, elaboren un plan estratégico de acción en conjunto para la recuperación de la calidad del agua del río Suchiapa y su afluentes, priorizando la necesidad de construcción, adecuación y/o rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, drenaje y saneamiento necesarios.
 
De igual forma, la SEMARNAT, por conducto de PROFEPA y la CONAGUA, deben diseñar y ejecutar un programa específico de visitas de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de descargas de aguas residuales al citado río, empleando hasta el máximo de sus recursos, para impedir que se sigan vertiendo dichas descargas en incumplimiento a la normatividad aplicable; y, de ser el caso, dictar las medidas sancionatorias aplicables, a fin de que en uso de sus facultades se inicien los procedimientos administrativos o de denuncia ante las autoridades correspondientes.
 
Asimismo, se les recomienda incluir en su Programa Anual de Trabajo, líneas de acción específicas para el fortalecimiento de los organismos operadores del agua y saneamiento, y de gestión de los residuos sólidos urbanos.
 
Recomendación 9/2020 Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la integridad personal y a la vivienda, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de media tensión, con un inmueble de departamentos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
 
La Recomendación en cita, observó que las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica no cumplían con las distancias mínimas de separación horizontal entre ellas y los edificios colindantes, lo que derivó en lesiones por quemaduras a una persona, provocadas por una descarga eléctrica mientras se encontraba próxima a un barandal metálico de un inmueble cercano. Adicionalmente, hace evidente la necesidad de un dictamen sobre el estado físico y de seguridad que guardan las líneas y demás equipo asociado a la Red de Energía Eléctrica, así como las condiciones de seguridad en que se encuentran los inmuebles construidos sobre la avenida donde ocurrieron los hechos, por conducto de una unidad de verificación acreditada y aprobada.
 
La Recomendación que va dirigida a los Directores Generales de las Empresas Productivas CFE y CFE Distribución, señala el incumplimiento de personas servidoras públicas adscritas a CFE Distribución, quienes conocían los peligros a los que estaban expuestos las personas, ante la indebida proximidad de las líneas de media tensión a la vivienda, puesto que previo al siniestro, habían realizado al menos dos visitas al inmueble, sin que entonces o con posterioridad, hubiesen realizado las acciones que legalmente les correspondían, para evitar el contacto y las consecuentes lesiones.
 
Aunado a lo anterior, se dirige a las personas que integran el H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, derivado de la omisión de las personas servidoras públicas responsables de inspeccionar y sancionar la construcción de un tercer piso en el inmueble de viviendas, lo que redujo la distancia de seguridad establecida por las Normas Oficiales Mexicanas en materia de electricidad. La falta de distancias seguras y protecciones adecuadas vulneró el derecho humano a una vivienda adecuada, de quienes habitan los departamentos en el lugar en que ocurrieron los hechos.
 
Este pronunciamiento, insta a las autoridades federales y municipales cumplir con sus obligaciones constitucionales de reparar de forma integral el daño en términos de la Ley General de Víctimas que incluya indemnización, atención médica, psicológica y, en su caso, psiquiátrica y de rehabilitación, además de proceder a la inscripción del agraviado y su primer círculo familiar en el Registro Nacional de Víctimas.
 
El 2 de julio se emitió la Recomendación 18/2020 Sobre el Recurso de Impugnación por el incumplimiento de la Recomendación 3/2019, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, por violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad y no discriminación, a la familia, a la identidad, al nombre y al interés superior de la niñez, en agravio de V, R1 y R2, por parte de la Directora General del Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chihuahua.
 
Dicha Recomendación versa sobre actos de discriminación cometidos en perjuicio de las recurrentes, de su hija y su familia, por parte de personal adscrito al DIF de aquella entidad, por lo que con base en la investigación y análisis efectuado a las evidencias, este Organismo Nacional observó que al no reconocerse a las familias en los modelos de la realidad social actual, se actuó de acuerdo a una visión que no es objetiva, ni racional, ni proporcional, ni congruente con los derechos humanos; por lo que se estima la existencia de un trato discriminatorio que vulnera el derecho a la familia.
 
La CNDH advirtió, además, elementos que permitieron presumir que, en el presente caso, la “evaluación de idoneidad” de una de las recurrentes se centró en su comportamiento social y sexual, así como en sus relaciones personales y estilo de vida, basado en el modelo particular de la familia heteroparental, reflejando una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia con base en los estereotipos heteronormativos y cisnormativos.
 
Las implicaciones concretas son claras, cuando se estableció una visión estereotipada de un solo modelo de la familia, todas las pruebas, evidencias e información que se recaudó se orientó a justificar dicha falta de suficiencia, asignándole a la orientación sexual un factor decisivo a partir del cual se tomó la decisión final de restringir los derechos de R1 y R2.
 
La Recomendación en cita dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, señala, entre otras cuestiones, la reparación del daño; la inscripción al Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y se les otorgue una compensación y/o indemnización integral, apropiada y proporcional al daño sufrido.
 
De igual forma, se pidió la colaboración pertinente con la queja presentada por esta Comisión Nacional ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, así como copia de dicho pronunciamiento en el expediente laboral de la Directora General del DIF en cita y demás personas servidoras públicas involucradas.
 
A su vez, se recomendó diseñar un programa integral de formación y capacitación en derechos humanos, un manual, protocolo o programa integral en el que se indique el procedimiento que deberá seguir el personal adscrito al DIF Chihuahua vinculado a temas de interés superior de la niñez, libertad sexual e igualdad y no discriminación, y atención al público durante la tramitación de los expedientes administrativos para la emisión de los certificados de idoneidad de las personas adoptantes.
 
Finalmente, se pidió elaborar y difundir una circular en la que se prevean las acciones para la no repetición de los actos y omisiones que se advirtieron en el presente caso; así como la designación de una persona servidora pública de alto nivel como enlace con esta Institución Autónoma para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación a la que se hace alusión.
 
Durante noviembre, la Comisión Nacional emitió siete Recomendaciones relacionadas con DESCA, a saber:
 
La Recomendación 55/2020 Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida y a la vivienda por la falta de debida diligencia en el mantenimiento de distancias seguras y protecciones adecuadas en las líneas aéreas de media tensión, que derivó en el fallecimiento de V1 por electrocución, en un inmueble de departamentos ubicado en Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, en agracio de V1 y su familiar QV.
 
Dicho documento expresa que la pérdida de vida de la víctima se deriva del incumplimiento a las disposiciones de la NOM-001-SEDE-2012, que establecen las distancias mínimas de separación horizontal que deben existir entre las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica de media tensión y los inmuebles.
 
En este contexto, la CNDH recomendó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), CFE Distribución y al Municipio de Othón P. Blanco, entre otras acciones, reparen integralmente el daño causado a la madre de la víctima, que incluya la atención médica y psicológica necesaria por las afectaciones sufridas, así como una compensación; además de que obtengan por conducto de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad conforme a las especificaciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2012, que guardan las líneas aéreas conductoras de electricidad, en el lugar de los hechos, y concretar las acciones correctivas necesarias de separación, protección y/o aislamiento; aunado a encomendarle a dichas empresas públicas el emitir una circular que instruya a los Gerentes Divisionales para implementar las medidas pertinentes de prevención y supervisión de las instalaciones eléctricas a su cargo, que permitan garantizar la segura separación horizontal y vertical de los cables con los edificios.
 
La Recomendación 56/2020 Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la vivienda y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1 y sus familiares, por la indebida proximidad de las líneas aéreas de media tensión, con un inmueble en Boca del Río, Veracruz.
 
La mencionada Recomendación se dirigió a los directores generales de la CFE y CFE-Distribución, así como a los Miembros del H. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, ya que entre los hallazgos se corroboró que la CFE y CFE-Distribución han incumplido con respetar con las distancias mínimas de seguridad verticales y horizontales contempladas en la NOM-001-SEDE-2012, y que exista una supervisión en sus instalaciones eléctricas, lo cual propició que un menor falleciera a consecuencia de haber recibido una descarga eléctrica.
 
Derivado de lo anterior, la CNDH emitió 15 puntos recomendatorios, entre los que se resaltan, a manera de resumen: a la CFE y CFE-Distribución reparar integralmente el daño a los familiares de V1, a través de una compensación económica, atención psicológica y, en su caso, tanatológica, así como obtener por conducto de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada, un dictamen sobre el estado físico y de seguridad conforme a las especificaciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2012, que guardan las líneas aéreas conductoras de electricidad, asociadas al lugar de los hechos, además de las acciones correctivas necesarias que permitan garantizar la segura separación horizontal y vertical de las mismas.
 
Por lo que corresponde al H. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, que emita un dictamen relativo a las condiciones de seguridad en que se encuentran los inmuebles construidos sobre la calle en donde sucedieron los hechos, en relación con las distancias de seguridad entre dichas edificaciones y las líneas de electricidad y demás equipo asociado a la Red de Energía Eléctrica, considerando lo establecido en las especificaciones técnicas de separaciones verticales y horizontales previstas en la NOM-001-SEDE-2012 y se emita una circular a través de la cual se instruya a la persona titular de la Dirección de Obras Públicas, para que realice las gestiones necesarias, a efecto de contar con un registro municipal que permita tener información permanente y actualizada respecto a los inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción.
 
La Recomendación 57/2020 Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos al saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas residuales municipales no controladas; en agravio de los habitantes de diversos Municipios del Estado de Oaxaca.
 
En el mencionado documento recomendatorio, se acreditaron violaciones a los mencionados derechos provenientes de las descargas de aguas residuales sin tratamiento y la inadecuada gestión de los residuos sólidos en diversos municipios en el estado de Oaxaca, por donde fluyen las aguas de dicho cuerpo de agua, así como por la falta de medidas de vigilancia, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico y la salud de la población.
 
Entre los puntos se recomendó a la CONAGUA hacer recorridos por los ríos Atoyac y Salado, a efecto de hacer un inventario de la totalidad de los puntos de descarga, verificar el cumplimiento de la normatividad, e inicie, en su caso, los procedimientos administrativos sancionadores respectivos; a las autoridades municipales y del Gobierno del Estado, implementar también un programa de campañas periódicas de sensibilización ambiental, o bien reforzar el programa con el que ya cuente, dirigidas al público en general, con el objeto de modificar los hábitos de generación de residuos.
 
Además, se emitió la Recomendación 62/2020 Sobre el caso de violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación laboral y a la protección de la maternidad de las trabajadoras en agravio de V1, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
 
En dicho documento la CNDH emitió cuatro puntos recomendatorios entre los que destaca el ingreso de V1 al Registro Nacional de Víctimas, a través de la noticia de hechos de la presente Recomendación acompañada con el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que se otorguen las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral del daño previstas en la Ley General de Víctimas.
 
Diseñar e impartir en el plazo de tres meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un curso en materia de derechos humanos, con perspectiva de género a todo el personal de la Universidad Pedagógica Nacional, asegurándose que dentro de la referida capacitación se encuentren las personas servidoras públicas involucradas en los hechos investigados en la Recomendación.
 
Se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control en la UPN, en contra de los servidores públicos involucrados, por las probables faltas administrativas señaladas en la Recomendación.
 
La Recomendación 64/2020 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México, en agravio de V, por la inejecución de un laudo firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
 
Lo anterior, con base en los descubrimientos de este Organismo Nacional respecto de la responsabilidad en que incurrieron las personas servidoras públicas en el desempeño de sus funciones al no cumplir con la obligación de acatar el laudo emitido.
 
En este sentido, la CNDH emitió cinco puntos recomendatorios entre los que destaca se proceda a la reparación del daño ocasionado a V, en los términos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para que sin más dilación se cumpla en todos sus puntos el laudo al que fue condenada la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México.
 
Diseñar e impartir en tres meses un curso integral de capacitación, sobre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica; acceso a la justicia y al plazo razonable, dirigido al personal de la Dirección General de Jurídico y Gobierno, así como de la Dirección General de Administración adscrito a la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México, y elaborar un plan de trabajo, a fin de enfrentar y dar cabal cumplimiento a los laudos firmes que las autoridades laborales en su oportunidad emitan.
 
La Recomendación 65/2020 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), en agravio de V, por la inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
 
Esta Comisión Nacional constató la falta de actuaciones por parte de personas servidoras públicas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable para gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos para los pagos correspondientes al laudo favorable para V; así como los trámites administrativos para su reinstalación en el puesto que venía desempeñando.
 
Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió cinco puntos recomendatorios entre los que destaca se proceda a la reparación del daño ocasionado a V, en los términos de la Ley General de Víctimas, para que sin más dilación se cumpla en todos sus puntos el laudo al que fue condenada el INSUS, y se realicen los trámites correspondientes para su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
 
Se colabore ampliamente con la vista que presentará esta Comisión Nacional al Órgano Interno de Control en el INSUS, para que, en el marco de sus facultades y atribuciones, investigue y determine las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos en agravio de V, investigación que deberá hacerse constar en sus expedientes administrativos y laborales agregándoseles copia de la resolución respectiva.
 
Elaborar un plan de trabajo, a fin de enfrentar y dar cabal cumplimiento a los laudos firmes que las autoridades laborales en su oportunidad emitan, así como diseñar e impartir un curso en materia de derechos humanos, en específico sobre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica; acceso a la justicia y al plazo razonable, dirigido al personal adscrito al INSUS.
 
La Recomendación 67/2020 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica (principio de legalidad), al acceso a la justicia (principio de legalidad), al acceso a la justicia (principio de plazo razonable), y a la seguridad social, atribuibles a la Junta Especial Accidental de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima por la dilación en la emisión de laudos, en agravio de QV1, QV2, QV3, QV4 y QV5.
 
En la Recomendación se atribuye a las personas servidoras públicas de la Junta Especial Accidental de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, que incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones por el hecho de que fueron y siguen siendo omisos en efectuar las gestiones necesarias para la emisión de los laudos correspondientes en 5 juicios laborales, asimismo, si bien en uno de ellos ya fue emitido el laudo, existió dilación y omisión del envió de la demanda de amparo que fue promovida, al Tribunal Colegiado correspondiente, por lo que, luego de haber analizado el expediente de queja y las evidencias, se concluyó que se acreditaron violaciones a los derechos humanos.
 
Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve puntos recomendatorios entre los que destaca se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas, en los términos de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, para que se proceda a la emisión de los laudos de los laudos en los juicios laborales a la mayor brevedad posible, asimismo, se otorguen las copias certificadas que solicitó una de las víctimas.
 
Se realice en el terminó de tres meses, un estudio y estrategia de corrección en casos similares a los expuestos en la presente Recomendación, y se difunda entre el personal adscrito a la Junta Especial Accidental, asimismo, se emita una circular en la que se instruya a las personas servidoras públicas adscritas a la Junta Especial Accidental, cuyas funciones estén relacionadas con la tramitación y desahogo de los juicios laborales, a efecto de que estén encaminadas a la emisión de los laudos.
 
Se diseñe e imparta en tres meses un curso integral de capacitación en materia de derechos humanos, en el cual se resalte el pleno respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica (principio de legalidad), acceso a la justicia (principio al plazo razonable) y a la seguridad social, dirigido al personal de la Junta Especial Accidental de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, debiendo asegurarse que dentro de las personas servidoras públicas que lo reciban se encuentren las que resultaron responsables en la  Recomendación.

La Recomendación 71/2020 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al plazo razonable, en agravio de V, atribuibles a la Alcaldía Cuauhtémoc del gobierno de la Ciudad de México, por la inejecución de un laudo firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
En el laudo correspondiente se condenó a la ahora Alcaldía Cuauhtémoc a reinstalar a la persona agraviada en su puesto en los mismos términos y condiciones en los que lo venía desempeñando; así como a realizarle el pago de diversas prestaciones y cantidades por concepto de salarios, lo que no ocurrió a pesar de las múltiples diligencias de requerimiento realizadas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por ello, la CNDH recomendó a la autoridad responsable, entre otras acciones, se cumpla en todos sus términos el laudo al que fue condenada la citada Alcaldía Cuauhtémoc se proceda a la reparación integral del daño causado a la agraviada y se le inscriba en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, conforme a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; se colabore en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para la integración del expediente administrativo correspondiente; además de elaborar un diagnóstico sobre laudos firmes que se encuentren en incumplimiento por parte de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, tanto centralizada como paraestatal.

Se emitió la Recomendación 72/2020, Sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de los ríos Amarillo y Fogótico, por las descargas de aguas residuales municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Dicha Recomendación se dirigió a la Titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ante la insuficiencia de las acciones de vigilancia e imposición de sanciones para impedir que se sigan vertiendo aguas residuales sin autorización o en incumplimiento a la normatividad aplicable.

El citado pronunciamiento resalta que el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, incumplió la obligación de llevar a cabo la gestión de los residuos sólidos urbanos y la adecuada prestación de los servicios públicos drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, en todas las localidades de su jurisdicción, así como realizar y gestionar las obras requeridas para tal fin.

Derivado de lo anterior, este Organismo Nacional estimó pertinente emitir 35 puntos recomendatorios, bajo el enfoque del principio de precaución; 11 de ellos a la CONAGUA, 10 al Gobierno del Estado de Chiapas y 14 puntos al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas que proponen, entre otros aspectos, elaborar e implementar un Programa de Saneamiento de los ríos Amarillo y Fogótico; gestionar y ejercer los recursos necesarios para el diseño, construcción, rehabilitación y óptima operación de los sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento; diseñar un programa anual de visitas de inspección, así como realizar los estudios técnicos necesarios y un análisis exhaustivo y actualizado de la calidad del agua de ambos ríos; además de un inventario de la totalidad de los puntos de descarga de aguas residuales.

Adicionalmente, concertar acciones para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los servicios públicos de drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales; realizar un diagnóstico toxicológico de los riesgos y daños a la salud de la población, que puedan tener su origen en su exposición a los contaminantes presentes en los ríos Amarillo y Fogótico.

Se dirigió la Recomendación 79/2020, Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en agravio de V, por la inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Lo anterior, al constatar la falta de actuaciones por parte de personas servidoras públicas de la CONADE para gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos para los pagos correspondientes al laudo del 15 de enero de 2019, así como la autorización y/o creación de la plaza de V.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió cinco puntos recomendatorios entre los que destaca se proceda a la reparación del daño ocasionado a la víctima, en los términos de la Ley General de Víctimas, para que sin más dilación se cumpla en todos sus puntos el citado laudo.
 
Se emitió la Recomendación 89/2020, Sobre el incumplimiento de la Conciliación respecto a la violación al derecho humano a una vivienda adecuada, en agravio de las personas damnificadas del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” en la colonia “El Patenco” en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, dirigida al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por la entrega a familias damnificadas en Guerrero, de 71 viviendas en zona de alto riesgo.

En su momento, y a fin de reparar el daño, de manera inmediata, a las víctimas mediante un mecanismo alternativo de solución, este Organismo Nacional hizo una propuesta de conciliación a la SEDATU que fue aceptada por esa autoridad desde el 03 de octubre de 2019; sin embargo, omitió cumplir con dicha conciliación de manera injustificada, toda vez que las víctimas de los referidos fenómenos hidrometeorológicos, no han recibido las viviendas en condiciones de habitabilidad y seguridad, ya que fueron construidas en una zona de alto riesgo, propiciando que las personas damnificadas puedan padecer, nuevamente, de severas inundaciones en sus hogares, además carecen de servicios básicos.

Derivado de lo anterior, se estimó pertinente emitir 10 puntos recomendatorios, que en resumen proponen: el ingreso de las personas afectadas al Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que se les otorguen las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño previstas en la Ley General de Víctimas; la construcción de nuevas viviendas en un sitio no inundable, dentro de un área urbanizada, tomando en cuenta la opinión de las víctimas tanto para la localización del terreno, como para la orientación, diseño, construcción y terminado de las viviendas, así como para las demás actividades que tengan, o puedan tener un impacto significativo sobre las mismas. Adicionalmente, estas viviendas deberán ser entregadas con escritura pública y con servicios públicos básicos.

Finalmente, se recomendó colaborar con la CNDH en la presentación de la respectiva queja administrativa y la denuncia penal correspondiente por las irregularidades descritas, así como a capacitar a las personas servidoras públicas sobre el derecho a una vivienda adecuada, con énfasis en contextos de desastres naturales y gestión de riesgos.

Se emitió la Recomendación 90/2020, Sobre el Recurso de Impugnación de R por la no aceptación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua a la Recomendación 44/2019 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Chihuahua, misma que se dirige al Gobernador Constitucional en esa entidad federativa por la no aceptación de la recomendación referida; y, al Presidente de la CEDH por la insuficiente investigación realizada en el expediente de queja que dio origen a la citada Recomendación.

La persona agraviada interpuso escrito de queja ante la Comisión Estatal por irregularidades en la ejecución de un convenio suscrito en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, lo que derivó en la Recomendación 44/2019 al haberse acreditado la violación al derecho humano a la buena administración pública en agravio del quejoso, posteriormente, el 30 de diciembre de 2019, dicha Secretaría informó a la Comisión Estatal la no aceptación de la Recomendación en cita, en consecuencia, el 17 de enero de 2020 se interpuso recurso de impugnación.

Derivado del análisis efectuado por la CNDH al recurso en comentó, recomendó al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua entre otros aspectos que, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, proceda a reparar de forma integral el daño a la víctima; colabore con la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua; instruya a quien corresponda, a fin de que se de vista de la presente Recomendación a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que se agregue a la carpeta de investigación iniciada por la víctima en 2015 y se valore conforme a derecho, a fin de que de ser procedente, se ordene continuar con la investigación de la misma
 
Asimismo, el Presidente de la CEDH Chihuahua deberá instruir a quien corresponda se de vista al Órgano Interno de Control en esa Comisión, a fin de que se inicie y substancie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien resulte responsable por las probables faltas administrativas señaladas en la presente Recomendación.
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