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Informe de Actividades 2020    Ayuda

I. Estrategia Institucional

La institucionalización de la defensa de los Derechos Humanos en México, ha tenido un proceso muy controversial. Cuestionada de origen, sobre todo por su falta de autonomía, el hecho cierto, a 30 años de creada, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha ejercido a cabalidad su mandato constitucional y legal; si bien ha realizado valiosos aportes a la promoción de los derechos humanos en México, ha sido bastante deficitaria en cuanto a su función principal: la de investigar las violaciones de derechos humanos y velar por que las instituciones del Estado garanticen la reparación del daño a las víctimas cuando se cometen esas violaciones, incidiendo, también, en la transformación de normas, políticas y prácticas que dan lugar a tales violaciones, para evitar su repetición.

Así, la CNDH, que debería ser el principal impulsor de los cambios que requiere el país para lograr la realización de los derechos humanos, ha mostrado actuaciones dudosas en casos claves, y un funcionamiento que, a contracorriente del enorme presupuesto que maneja, ha venido a menos, con la consecuente pérdida de credibilidad, legitimidad y hasta de capacidad de interlocución frente a algunas instituciones de gobierno, al grado de que la sociedad se ha visto forzada a buscar amparo en otras instancias civiles y públicas, las cuales, si bien pueden ser un recurso a favor de la protección y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, actúan ante lo que le correspondería a la CNDH, como Defensoría del Pueblo, defender.

La CNDH cuenta con un mandato constitucional que, en general, le garantiza autonomía e independencia para realizar sus tareas, lo que teóricamente permitiría asegurar la protección de los derechos humanos, pero que, sin embargo, en los hechos, no ha evitado que funcione como otra instancia más del gobierno central, lo que deviene en intromisiones políticas en su actuación, dejando de lado su capacidad de incidencia en la esfera pública.

El problema es que, desde su creación, el deterioro de los derechos humanos se ha agudizado en nuestro país, a pesar de la presencia de la CNDH y otras instituciones federales y locales, así como de organismos no gubernamentales que velan por la protección y defensa de los derechos humanos. Los últimos 12 años, en particular, han representado para las mexicanas y los mexicanos tiempos muy duros en materia de derechos humanos, al grado de que organismos tanto nacionales como internacionales declararon el estado de crisis en materia de derechos humanos en nuestro país.

El contexto en el que ocurre el inicio de la actual gestión de la Comisión, en noviembre de 2019, representa una oportunidad excepcional, ya que en el marco de la transformación democrática que vivimos es posible pensar en tener, al fin, una institución de defensoría de los derechos del pueblo que, además de colocar en el centro a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo, asuma su mandato en su expresión más amplia: la protección, promoción y observancia de los derechos humanos, hasta el punto de crear una verdadera cultura de los derechos humanos en México.

Por eso, la propuesta central de la Presidenta de la CNDH, desde el proceso que culminó con su elección por el Senado, ha sido la reforma radical de la Comisión Nacional. Por eso se habla de una nueva CNDH. Y por eso también, las reacciones adversas y aún de temor que abrigan quienes quisieran que nada cambie y ven como un peligro la existencia de una auténtica defensoría del pueblo, voz de éste y de los colectivos, autoridad investigadora de los abusos del poder y de las violaciones a los derechos humanos.

El inicio de esta nueva administración de la CNDH estuvo marcado por una situación crítica en materia de derechos humanos. Casos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato han puesto a prueba a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y ejercer justicia. De igual forma, han evidenciado las carencias y desigualdades sociales, así como la falta de oportunidades de gran parte de la población, resultado de un modelo económico depredador. Porque, cuando decimos que este contexto puso a prueba la capacidad de respuesta del gobierno y de la propia Comisión, lo hacemos para destacar que, si bien evidentemente fue bastante deficiente, lo interesante es que propició un despertar y toma de conciencia de la mayoría de la sociedad mexicana, así como un nuevo paradigma de actuación por parte de las autoridades e instituciones públicas, que es preciso reivindicar como norte de cualquier acción proyectada.

La pobreza y la desigualdad imperantes son condiciones que transgreden la base de una sociedad democrática. Pero también la eliminación paulatina del papel del Estado como agente de equilibrio social. Estas condiciones, junto con la exclusión social y discriminación, vulneran la dignidad de las personas que las sufren, e impiden el progreso colectivo. Si se quiere mitigar esta situación con todas sus implicaciones y asegurar el bienestar social, es necesario que las instituciones del Estado cumplan sus obligaciones constitucionales e internacionales, derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte; en particular, las instituciones de derechos humanos que, mediante su vigilancia, permiten que las demás instancias identifiquen y corrijan sus déficits, y reparen integralmente el daño, individual, colectivo o social, que hubiesen generado en sus actuaciones. En este sentido, se debe superar el ámbito meramente discursivo para, en su lugar, hacer funcionar las instituciones a fin de que implementen nuevas normas y políticas públicas que pongan un mayor énfasis en el desarrollo de las personas y el respeto a su dignidad humana.

Desde su creación, la CNDH ha sido cuestionada por su falta de eficacia frente a las violaciones de los derechos humanos particulares y su escasa y selectiva emisión de recomendaciones para no incomodar al poder público, pero esto puede resultar injusto porque ignora las condiciones en que fue creada y, en particular, los objetivos que se esperaban de ella: contemporizar con el gobierno en torno a las violaciones de derechos humanos y cumplir un papel meramente testimonial en la consolidación del modelo de desarrollo que se impuso e imperó en los últimos 35 años. Esa es la razón de por la que su falta de eficacia la explica su propia normatividad, aunque también es menester incluir en el análisis la actuación de quienes la dirigieron. Algunos con más, otros con menos responsabilidad, el hecho es que con infinidad de omisiones e insuficiencias en la respuesta a las víctimas, la Comisión ha transitado por diversas etapas que, si bien le han permitido construir relativas fortalezas, ha dejado pendientes muchos retos por superar, sobre todo en lo sustantivo de su papel y su misión.

A fin de enfrentarlos y de superar ese modelo institucional insuficiente de protección de los derechos humanos, desde el 16 de noviembre de 2019 se lleva a cabo un proceso de reestructuración que tiene por objeto optimizar las capacidades, recursos y procedimientos existentes, de tal forma que la CNDH pueda dar una respuesta de manera integral y efectiva a las víctimas y a todas aquellas personas que están en riesgo de serlo. Lo que hace indispensable que la atención que proporciona este organismo público constitucionalmente autónomo sea lo más oportuna, expedita y humana posible.

En síntesis, la CNDH no ha sido una institución que investigue para la reparación del daño, este es un déficit que tiene que corregirse en la Nueva CNDH, de manera que sus investigaciones no sólo permitan responder a los casos individuales de violaciones de derechos humanos, sino prevenirlos mediante las garantías de no repetición de esas violaciones; además de, en general, promover esos derechos y supervisar su realización progresiva en el Estado mexicano.

En este sentido, es indispensable retomar el control de convencionalidad, que debe ser ejercido no sólo por los jueces y tribunales, sino por todas las autoridades, conforme a sus obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dicho control ha sido una herramienta fundamental desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ido evolucionando a partir del reconocimiento de medidas que las autoridades nacionales han ido adoptando conforme al corpus iuris de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

Por lo anterior, para que este organismo público autónomo pueda realizar una efectiva incorporación de los derechos humanos, es prioritario aplicar el carácter vinculatorio del Sistema Universal, así como de los Sistemas Regionales de protección en la materia, además de considerar la verdadera transformación del propio orden jurídico y la integración del parámetro de regularidad constitucional (bloque de constitucionalidad). Asimismo, es importante considerar las competencias para aplicar sistémicamente el nuevo paradigma de derechos humanos en la normatividad propia, de manera transversal.

De igual forma, la nueva CNDH pretende dar un fuerte impulso a la armonización legislativa, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La armonización representa un medio indispensable para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en esta materia, por lo que, las y los legisladores del orden federal y local, deben dar cumplimiento a dicha armonización, considerando el marco normativo de derechos humanos, con base en el bloque constitucional y el control convencional. Y esta Comisión Nacional debe hacer su parte para que esto se lleve a cabo.

Durante la presente gestión, la Comisión ha dado pasos relevantes en la revisión y replanteamiento de las áreas administrativas y operacionales. Se ha realizado un ejercicio de planeación estratégica sólido, con la finalidad de mejorar las tareas que este organismo desempeña. Y justamente esto es lo que nos permite trazar objetivos y estrategias, ahora, que nos orientan a servir de una mejor manera a la sociedad, con el fin de contribuir a la construcción de una nación que garantice el pleno respeto de los derechos humanos.

Como parte del proceso de planeación estratégica, se ha elaborado un diagnóstico sobre el desempeño de la CNDH, mismo que considera un análisis acerca de la capacidad de respuesta por parte de este organismo público autónomo frente a las demandas de la ciudadanía. Lo anterior, se ha visto reflejado en las primeras acciones desempeñadas por la actual Presidenta. Asimismo, es importante destacar el trabajo de investigación y los análisis realizados para la determinación de propuestas de modificación y reformas de documentos normativos, que redundan en una mejora sustantiva de los procesos internos de la CNDH.

De la misma manera, el Presupuesto basado en Resultados (PbR), definido como una herramienta que pondera los resultados y el impacto de la ejecución de los Programas Presupuestarios con la aplicación de los recursos asignados, así como la Metodología del Marco Lógico (MML) como elemento de planeación aplicada para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para el desarrollo de acciones de seguimiento y evaluación de Programas Presupuestarios, han contribuido considerablemente a la elaboración de este Plan Estratégico Institucional.

Con base en lo anterior, podemos concluir que la CNDH se encuentra en una etapa de transformación y reorganización institucional que busca lograr una mejora continua de sus procesos, estructura y resultados, para tener mayor impacto en las víctimas y en todas aquellas personas en riesgo de serlo.

Con este fin, se implementarán medidas tanto a nivel funcional, como programático presupuestal, con base en los lineamientos de austeridad. Y, de igual forma, se impulsará la optimización y sistematización de los procedimientos para hacer más eficiente la labor de las áreas sustantivas, evitando la duplicidad de funciones y la burocratización.

Asimismo, se fortalecerá también la vinculación, de manera directa, con las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin desconocer la importancia de los múltiples actores relacionados con los derechos humanos, desde la sociedad civil hasta las instituciones públicas. El objetivo central es privilegiar a las personas y establecer estrategias que permitan garantizar la mayor protección y defensa de las víctimas.

Es indispensable involucrar a las víctimas y a toda la sociedad en los procesos de protección, promoción y observancia de los derechos humanos. Es la única manera de asegurar las garantías de no repetición, que no haya más víctimas, el fin último y central de toda defensoría de los derechos humanos del pueblo que se precie de serlo, más allá de los discursos.

Tal es el sentido del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, a fin de responder de una mejor manera a las necesidades de la sociedad en materia de derechos humanos.
 
QUEREMOS JUSTICIA, PRIMERO LAS VÍCTIMAS.
 
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