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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Sobre la situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El 4 de noviembre, la CNDH presentó a la opinión pública el Informe Especial sobre Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana, que contiene propuestas dirigidas a las Secretarías de Gobernación, de Salud, de Educación Pública, de Cultura y de Bienestar, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas y a las y los Secretarios Ejecutivos del Sistema Nacional y Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas, tendentes a garantizar a esa población el acceso a todos sus derechos en condiciones de igualdad respecto de otros grupos de la población menor de edad.
 
En el Informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta sobre situaciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes alojados en los 877 Centros de Asistencia Social (CAS) y albergues públicos y privados contabilizados por este Organismo Nacional, y enfatiza la importancia de que su interés superior sea la consideración primordial en las decisiones de las autoridades, así como de que se garanticen sus derechos a vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho de prioridad, a una vida libre de violencia, a la seguridad jurídica, a la salud y a la participación.
 
Además, el Informe revela la ausencia de políticas públicas integrales para la atención de población menor de edad institucionalizada; carencia de información precisa y desagregada que permita identificar cuántos son, dónde están, y cuál es la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes que residen en los centros de asistencia social; acciones insuficientes en la prevención de las causas de los ingresos de niñas, niños y adolescentes a un entorno de cuidado residencial, así como la ausencia, en las instancias de procuración de justicia, de registros adecuados sobre la incidencia de delitos cometidos contra la población residente en CAS y albergues, y de las personas menores de edad que se canalizan a los mismos.
 
El documento de referencia destaca que el Estado mexicano debe transitar hacia un esquema integral de protección de derechos de la niñez y adolescencia que implica la implementación de políticas públicas que van desde el fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar, hasta acciones de prevención de la violencia, la mejora de los procesos de atención, la restitución de sus derechos, la reparación del daño, garantías de no repetición, y propiciar que quienes se encuentran institucionalizados tengan la oportunidad de reintegrarse a su familia o a un nuevo núcleo familiar en el menor tiempo posible.
             
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