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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional

El 22 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a la opinión pública el Informe Especial sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional. En dicho informe, la Comisión Nacional manifestó que los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas en contra de aquellos que consideran o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen.

En conjunto, las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad. Los linchamientos, en su gran mayoría, buscan como fin último expresado por sus protagonistas directos, la atención y solución al problema de la inseguridad ciudadana, aunque en realidad constituyan actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades y la vigencia del Estado de Derecho. Bajo ningún supuesto es posible legitimar la violencia ejercida de este modo, ni asumirla como forma de protección personal y colectiva.

Los linchamientos son actos ilícitos, que debilitan las instituciones democráticas, violentan Derechos Humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma. Al ser actos contrarios a las normas, las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar diligentemente los casos que se presenten, aplicando las consecuencias que en derecho procedan a los responsables de los mismos. Sin embargo, la realidad nos arroja otros datos, conforme a los cuales es un fenómeno que lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida, que frecuentemente pareciera querer ser ignorado, y del cual no existen registros específicos y detallados.

La mejor fuente disponible para el registro y seguimiento de los casos de linchamiento, la constituye la actividad periodística, siendo la misma el punto de partida con el que la Comisión Nacional emprendió la elaboración del Informe Especial sobre los Linchamientos, el cual encuentra su origen y justificación en la gravedad de las afectaciones que los linchamientos implican en el ámbito de los Derechos Humanos.

 Conforme la información recabada hasta 2018, los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%; mientras que el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018. Si bien el estudio que hoy se presenta comprendió hasta 2018, los datos que se registran en 2019 confirman estas tendencias, ya que, al mes de septiembre, se han registrado 166 casos de linchamiento, con 263 víctimas, cifras que son relevantes, si consideramos que en 2018 se contabilizaron 174 casos, con 271 víctimas.

La falta de información oficial precisa y objetiva de los linchamientos, y la problemática que presentan los casos, puede provocar que se subestime la gravedad el problema en algunas regiones del país. Las cifras referidas por el Informe y los porcentajes de incidencia, deben considerarse como una muestra de la magnitud y tendencia de la problemática de los linchamientos en el territorio nacional. Buscamos visibilizar la existencia de esta problemática y sustentar, con evidencias objetivas, la necesidad de que se actúe para atenderla.

Los linchamientos no tienen una calificación e identificación oficial que permita clasificar los casos y generar estadísticas oficiales, que permitan el diseño de políticas públicas integrales que privilegien la prevención antes que la reacción, así como la restauración del tejido social de las localidades donde acontecen actos de linchamientos, incluida la atención y resarcimiento de los derechos vulnerados de los linchados, como víctimas. Se requiere hacer una revisión minuciosa de cada caso para su contextualización real, ya que su aparición en diversas regiones del país y las diversas situaciones en que se dan, hace que los linchamientos sean heterogéneos y complejos, lo que demanda una especial atención y seguimiento puntual y coordinado por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

En el Informe especial se incluye una encuesta aplicada a 1,212 cuestionarios en cuatro estados de la República donde se han presentado con mayor frecuencia casos de linchamientos durante el periodo 1988-2014, identificados como “focos rojos”: el Estado de México, Puebla, Ciudad de México y Morelos. De los 1,212 encuestados, el 52% fueron hombres, y 48% fueron mujeres; se buscó que, en el levantamiento de información, hubiera la percepción equilibrada de varones y de mujeres. Con la encuesta se recabó información en tres aspectos: A) La percepción sobre seguridad; B) El desempeño institucional; y C) La solución de conflictos.

La falta de seguimiento a casos de linchamiento por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, resulta ser otro factor determinante en la atención y erradicación del fenómeno, pues en el mejor de los casos, las autoridades responsables reportan la apertura de una carpeta de investigación y, en contadas ocasiones, se reportan detenidos, se investiga o se da seguimiento al caso, según el impacto mediático que tuvo el linchamiento. En aquellos casos que ha sido posible llevar ante la autoridad de procuración de justicia a personas que participaron en el linchamiento, el acto suele ser investigado por delitos de motín, lesiones y homicidio (simple o tumultuario). En este último supuesto, al ser un acto atribuible a un individuo y el linchamiento una acción colectiva, los elementos del tipo penal resultan difícil de acreditar. Para la atención específica de este problema, no se advierte que existan acuerdos o protocolos generales para la acción coordinada de los tres niveles de gobierno, así como tampoco para la atención de las víctimas.

Los linchamientos no pueden ser vistos como acciones legítimas y mucho menos una vía para alcanzar la verdad y la justicia. Es preciso que los casos que se presentan se registren, se investiguen y sancionen. Al amparo de una percepción equivocada en diversos sectores de la sociedad, en el sentido de que el linchamiento es equiparable a una sanción que las personas imponen a quien las ataca o agrede, estos hechos no se investigan debidamente y tampoco se prevenga su repetición. La seguridad de la sociedad y la aplicación de la ley no puede quedar en manos de los particulares, las autoridades tienen la obligación de asumir tales responsabilidades y garantizarlas. Pretender lo contrario, abre la puerta a que los ilícitos se quieran combatir con otros ilícitos y que la violencia se pretenda abatir generando más violencia, al margen de la ley y de las instituciones. Los linchamientos son problema vigente que es necesario atender.

En el Informe especial se formularon 10 propuestas temáticas de política pública: 1 en materia de registro de información oficial; 3 en materia de cultura de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos; 1 en materia de cultura de la legalidad, de la denuncia y de Derechos Humanos, y 5 en materia de política criminal y cultura de la prevención.

Las propuestas están dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno cuyo ámbito de competencia se relaciona con la prevención, reacción y atención del fenómeno de linchamientos: al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a los Consejos Estatales e Instancias Regionales de Coordinación.

La CNDH busca evitar que se sigan presentando los linchamientos y que se imponga la impunidad por encima del respeto a la ley y a los Derechos Humanos.
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