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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Recomendación General 37 sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas

La Recomendación General 37/2019 considera 32 puntos recomendatorios a 91 autoridades destinatarias del gobierno federal y estatales, encaminadas a lograr una cultura de respeto a los Derechos Humanos, a través de la política pública y mediante modificaciones legislativas específicas en materia de los Derechos Humanos frente a las actividades de las empresas.

La Comisión Nacional identificó situaciones que propician violaciones a Derechos Humanos, tanto al interior como al exterior de las empresas; se identificó a comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad que están más expuestos a los impactos negativos de las actividades empresariales y que en ciertos sectores se presentan con mayor frecuencia que otros las situaciones generadoras de violaciones a Derechos Humanos.

En la Recomendación General se identificaron 11 sectores empresariales en los que se vulneraron Derechos Humanos: servicios públicos (agua, gas, transporte, educación, salud, telecomunicaciones), turismo (restaurantero, hotelero y entretenimiento), agroindustria, hidrocarburos, construcción, energético, extractivo, manufacturero (textil, papel, plástico), seguridad privada, química y farmacéutica y, financiero. Si bien el análisis en el que se sustenta la Recomendación General se circunscribe a esos once sectores no se descarta que en otros sectores empresariales también se presenten situaciones violatorias de Derechos Humanos.

Al interior de las empresas, los principales Derechos Humanos que se acreditaron como violados fueron: la integridad y seguridad personal, el trabajo digno y la vida. Las situaciones que ponen en riesgo los Derechos Humanos, son: condiciones irregulares en las contrataciones y salarios del personal, trabajo forzado, trata de personas, trabajo infantil, trata de personas, condiciones irregulares laborales salariales, seguridad social, jornadas, despidos y/o de contratación, por trabajo infantil y accidentes y/o siniestros causados por irregularidad en la operación de la empresa, ejercicio de derechos sindicales, centro de trabajo (higiene, seguridad, equipo y capacitación adecuada) así como corrupción.

Al exterior de las empresas, los principales Derechos Humanos que se acreditaron como violados fueron al medio ambiente sano, seguridad jurídica y la salud. Se identificó que las situaciones que ponen en riesgo los Derechos Humanos, son: la falta de supervisión de las autoridades de las actividades empresariales y por la emisión de permisos o licencias de forma irregular, por el desarrollo de proyectos a gran escala u operaciones empresariales que generan impactos adversos sobre el medio ambiente, recursos naturales, propiedad y acceso a servicios públicos, así como respecto a consulta indígena.

La Comisión Nacional considera que, para el desarrollo efectivo de los Derechos Humanos, en el menor tiempo posible, en la nueva relación empresa y Derechos Humanos se requiere de la participación y voluntad de las autoridades y de la asunción real del compromiso por parte de las empresas para establecer como paradigma que el obtener mayores ganancias económicas es compatible con el respeto a los Derechos Humanos. Se debe dar un giro a la óptica de las empresas para crear un modelo de actividad productiva empresarial que tenga como resultado beneficios para la propia empresa, para la sociedad y para el Estado.

Con la Recomendación General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca visibilizar y exigir a los gobiernos federal y estatales y los Congresos de la Unión y de las entidades federativas, que cumplan con su obligación de vigilar y sancionar a las empresas cuyas actividades violan Derechos Humanos, así como legislar para solucionar esta problemática.

Con la Recomendación General esta Comisión Nacional no solamente expone la problemática existente en materia de Derechos Humanos y empresas, sino que establece los parámetros sobre el entendimiento y alcance de la cultura empresarial de respeto a los Derechos Humanos, así como la ruta a seguir en el camino de la política empresarial, la política pública y política legislativa para lograrla.
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