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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Personas Indígenas en Reclusión

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas Privadas de la Libertad

Antecedentes
 
A partir del 14 de agosto de 2001, con la reforma al artículo 2 Constitucional, México se reconoce como una nación de composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciar la colonialización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, constituyendo actualmente este precepto, el marco constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas relacionados con el respeto a su dignidad e identidad indígena, la igualdad de oportunidades y de acceso a la justicia que el resto de la población.

La sanción de los delitos y el significado de estos se ha ido modificando durante el transcurso del tiempo, actualmente el derecho penal es el medio para alcanzar la justicia, por lo que resulta fundamental entender el propósito que hoy en día cada gobierno tiene en la aplicación de la pena de prisión, con la Ley Nacional de Ejecución Penal se estableció que las condiciones generales de operación del sistema penitenciario debe tener parámetros mínimos de respeto a los Derechos Humanos y en general del acceso de la población penitenciaria a condiciones de estancia digna, en la que contempla la obligación para la autoridad penitenciaria de proporcionar educación bilingüe y acorde a su cultura para las personas indígenas, este derecho constituye un reto para la autoridad penitenciaria.

Contexto actual

De conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal que entro en vigor el 16 de junio de 2016, el Sistema Penitenciario se regirá fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y toda vez, que el respeto y goce de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, alcanzó una mayor dimensión con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en la cual se profundiza y refuerza constitucionalmente la obligación de las autoridades que forman parte del Estado de Mexicano, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales ratificados por México, otorgando a las personas la protección más amplia.

De acuerdo con la información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta octubre de 2019, la población indígena privada de la libertad, en los centros penitenciarios del país era de 6,957 personas. De ésta 6,576 pertenecen al fuero común y 381 al fuero federal, asimismo 212 son mujeres y 6,745 hombres.

De la citada población interna en los centros de reinserción social del país, los pueblos indígenas que registran una población mayor de 100 personas son los siguientes: 1,532 náhuatl, 519 zapoteco, 432 maya, 425 tarahumara, 407 mixteco, 385 otomí, 378 tsotsil, 325 mazateco, 302 tseltal, 273 totonaca, 160 mazahua, 153 chol, 152 mixe, 147 chinanteco, 130 tlapaneco, 123 tepehuano, 114 huichol, 109 cora y 102 huasteco.

En este sentido, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las personas indígenas son un grupo de la población considerado como de atención prioritaria, debido a factores como niveles bajos de desarrollo económico, falta de acceso a servicios públicos, discriminación, rezago educativo, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. Lo que conlleva a que en la práctica viven frecuentemente la negación de sus legítimos derechos, los cuales permanecen para ellos, como un mero reconocimiento formal.

Retos del Estado mexicano
 
Que las personas privadas de la libertad, alcancen la reinserción social con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo y capacitación, la educación, la salud y el deporte, tomando en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de la libertad, en particular de los indígenas, para lo que es indispensable la coordinación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, como son las autoridades penitenciarias, de salud, jueces de ejecución, organismos protectores de derechos humanos y defensorías públicas.
 
En ese sentido, el Estado tiene la responsabilidad de brindar una protección especial y específica a las personas indígenas privadas de la libertad, puesto que no se encuentran en condiciones de equidad respecto a los demás miembros de la sociedad, para lo cual es importante lo siguiente:
 
  • Las autoridades de los centros penitenciarios utilicen el criterio que señala la legislación para determinar quien es considerado indígena.
  • Faciliten intérpretes que expliquen el reglamento y derechos en el centro penitenciario a las personas indígenas privadas de la libertad.
  • Llevar a cabo en los centros penitenciarios protocolos de atención para personas indígenas.
  • Implementar los medios necesarios para que las personas indígenas privadas de la libertad conserven su cultura, con las limitaciones naturales de un centro de internamiento.
  • Las autoridades de los centros penitenciarios realicen acciones para evitar la discriminación de la que en ocasiones son objeto las personas indígenas privadas de la libertad, por parte del resto de la población interna.
  • Brindar información sobre los derechos humanos que les asisten.
  • Las personas indígenas privadas de la libertad, reciban una atención médica adecuada en el centro de internamiento.
  • Generar oportunidades culturalmente pertinentes para el desarrollo de actividades laborales encaminadas a su reinserción social.
  • Apoyo inmediato de intérpretes y/o traductores en su lengua, durante el procedimiento penal que se les instruye.
  • Incrementar el número de personas servidoras públicas adscritas a la Defensoría Pública Federal y de las entidades federativas, que hablen su lengua, así como conozcan sus especificidades culturales, a fin de brindar una defensa adecuada y con pertinencia cultural.
  • Propiciar a través de acciones de promoción y sensibilización, una cultura de igualdad y no discriminación por parte de la población en general.
  • Garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de la libertad, con perspectiva de género e interculturalidad. 
 
 Indispensables para el 2020
 
  1. Definir objetivos para una atención integral de las personas indígenas privadas de la libertad.
  2. Fomentar en las instituciones correspondientes de los tres órdenes de gobierno la importancia de planear la organización del sistema penitenciario, dotarlo de una infraestructura adecuada; así como de los recursos humanos necesarios que garanticen una reinserción social efectiva.
  3. Coordinación entre las autoridades involucradas.
  4. Capacitación de las personas servidoras públicas pertenecientes al sistema penitenciario y de autoridades corresponsables, en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Antecedentes y Objetivos Principales en Materia de Derechos Humanos de las Personas Indígenas Privadas de la Libertad

Derivado de la continua vulneración a los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad, mediante el acuerdo número 01/2000, del 19 de enero de 2000, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encomendó a la Cuarta Visitaduría el conocimiento, trámite y gestión de los asuntos indígenas, entre los que se encontraba el Sub Programa de Liberación de Presos Indígenas. En octubre de 2009, se denominó Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada para Indígenas, y se creó la Dirección de Asuntos de Indígenas en Reclusión. En 2013 cambió la denominación del Programa por el de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, a través del cual la CNDH brinda permanentemente atención a las demandas de este sector de la población. En el 2017, se modificó el nombre del programa por el de Promover y Proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión.

Por ello, el objetivo principal en materia de derechos humanos es garantizar que las personas indígenas privadas de la libertad, reciban una adecuada atención, con respeto pleno e irrestricto a su dignidad y a sus derechos humanos, toda vez que presentan factores de desventaja en relación con el resto de la población penitenciaria, dado que su situación de vulnerabilidad, aumenta debido a cuestiones de género, etnicidad, marginación socio-económica y su condición de persona privada de la libertad, que las expone a una serie de violaciones a sus derechos humanos que profundiza y agrava su calidad de vida, de manera que en su internamiento es indispensable que se garanticen los derechos humanos siguientes:
 
  • Derecho a ser tratado con dignidad
  • Derecho a la autoadscripción
  • Derecho a la seguridad
  • Derecho a un debido proceso
  • Derecho a un intérprete
  • Derecho a la comunicación
  • Derecho a la salud
  • Derecho a la educación
  • Derecho a la justicia
  • Derecho a un defensor
  • Derecho a la visita
  • Derecho a la alimentación
  • Derecho a la participación en actividades encaminadas a la Reinserción Social.

Visitas de Observancia a las Personas Indígenas Privadas de la Libertad

Para salvaguardar los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad, esta CNDH de manera periódica lleva a cabo visitas a los Centros de Reinserción Social a nivel nacional, y a través de entrevistas personalizadas, se identifican a las personas que se autoadscriben como pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, a quienes se le brinda orientación y se revisa su situación jurídica, se reciben las peticiones que plantea cada persona, llevándose a cabo las gestiones necesarias para que se les proporcionen la atención que requieren. De igual forma, se realizan acciones de difusión que les permiten identificar las posibles violaciones a sus derechos humanos. En este año se llevaron a cabo 21 visitas a centros de reinserción social, ubicados en 16 entidades federativas.
 

 VISITAS A CERESOS Fila: CampecheChiapasChihuahuaDurangoEstado de MéxicoHidalgoMorelosPueblaSonoraTlaxcalaVeracruzYucatánQuerétaroZacatecasQuintana RooMichoacán

Actividades de Difusión en Materia de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas Privadas de la Libertad

Por lo que se refiere a las actividades de difusión de los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad, durante las visitas a los centros penitenciarios fueron distribuidos 1,456 trípticos en total, sobre Derechos Humanos de Personas Indígenas durante la Detención y Derechos Humanos de Personas Indígenas ante el Sistema de Justicia Penal.
 

Protección y Defensa de Personas Indígenas Privadas de la Libertad

A partir de las entrevistas y de la identificación de las personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, se brindaron 1,051 servicios de atención a personas privadas de la libertad, los cuales requirieron la apertura de expedientes relacionados con las siguientes circunstancias:   
 
  • Desconocimiento de su situación jurídica.
  • Solicitud de apoyo por parte de un defensor público y/o intérprete en su lengua.
  • Aclaración sobre el cumplimiento de las penas de prisión.
  • Información sobre los requisitos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada.
  • Orientación tanto para promover recursos legales que estén a su alcance.
  • Asesoría y gestión sobre los trámites para el apoyo de pago de fianza, multa y reparación de daño, impuestas en los procesos penales, de resultar procedente.
  • Apoyo para obtener atención médica adecuada.

Acciones de Solución con las Autoridades Presuntamente Responsables

Respecto de las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales, esta CNDH en colaboración principalmente con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, se llevan a cabo acciones tendientes a resolver las peticiones presentadas por las personas indígenas privadas de libertad. Asimismo, se trabaja con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el apoyo de pago por conceptos de fianza, multa y reparación de daño impuestas en los procesos penales respectivos; con la Defensoría Pública Federal y de los Estados, para que se les brinden servicios de asesoría y defensa jurídica que solicitan.
 
Por otra parte, con relación a aquellos casos que resulten de competencia en el ámbito estatal o municipal, se remiten para su conocimiento e intervención a los organismos estatales de derechos humanos.

Lo anterior, con la finalidad de brindar una atención integral y eficaz en los asuntos planteados por las personas indígenas privadas de la libertad.   
 
 
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