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Documentos y Pronunciamientos Penitenciarios

Análisis Situacional en Materia de Pronunciamientos y Estudios Penitenciarios

A través del análisis del Diagnóstico Nacional Penitenciario se pueden ubicar, bajo una perspectiva de observancia de los Derechos Humanos, las problemáticas que el Sistema Penitenciario Nacional ha presentado en los diversos tipos de centros que lo conforman, indicando una diferenciación respecto del estatus que guardan tanto los centros federales como estatales, militares y, en su caso, municipales, además de la tendencia que presentan con base en las evaluaciones que anteceden. En este sentido las problemáticas más generalizadas fueron la falta de separación entre procesados y sentenciados, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, las malas condiciones de diferentes áreas de los establecimientos penitenciarios, la falta de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, la carencia de actividades laborales, educativas, deportivas y de capacitación para el trabajo, así como deficiencia en la atención de la salud de las personas privadas de la libertad, ocasionada tanto por la falta de personal médico como de equipo y medicamentos necesarios para atención de la salud.

Para atender de forma integral las problemáticas planteadas que se presentan en mayor o menor medida en centros de reclusión del país, es necesaria la implementación inaplazable de políticas públicas de alcance local y nacional, con la participación de autoridades e instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, compatibles con la seguridad, mediante la implementación de una estrategia que contenga acciones concretas basadas en la norma tanto nacional como internacional.

Para ello, resulta conveniente también la elaboración de lineamientos concretos y acordes a la problemática penitenciaria, que promuevan el fortalecimiento de una cultura de legalidad y respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, con especial atención a los relativos a la reinserción, salud, integridad personal, estancia digna y seguridad jurídica.

Objetivos y Fundamento Normativo en Materia de Pronunciamientos Penitenciarios

De acuerdo con los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, fracciones VII, y XIII de la Ley CNDH, este organismo autónomo tiene como atribuciones el impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país, así como formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los Tratados, Convenciones y Acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos”. Lo anterior resulta concordante con el artículo 15, fracción VIII del mismo ordenamiento, que señala la facultad del Titular de la Comisión para formular las propuestas generales, conducentes a una mejor protección de los Derechos Humanos en el país.

A partir de lo anterior, la Comisión Nacional busca ser referente para la protección, defensa, promoción y observancia plena, mediante diversos pronunciamientos que impulsen directrices o referentes que incidan en la aplicación de estándares internacionales y la implementación de buenas prácticas que favorezcan a la reinserción social.
 

 

Convenios de Colaboración

Con el objeto de establecer y desarrollar estrategias de apoyo para la promoción, divulgación, estudio, análisis e investigación jurídica y de Derechos Humanos, así como establecer la coordinación para la realización de eventos académicos y de servicio social, se llevó cabo la firma de diversos convenios de colaboración:

El 22 de febrero se firmó un Convenio de colaboración con la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pére Tarrés de la Universidad Ramón LLull de España, el cual tiene como objeto establecer y desarrollar estrategias de apoyo y acciones conjuntas para promover el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la República Mexicana, a través de la planeación, ejecución y seguimiento de prácticas de programas académicos, de capacitación, especialización y actualización, así como en el desarrollo de proyectos de investigación y en actividades de extensión académica.

El 9 de abril se firmó convenio de colaboración con el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (México, S.O.S), con el objeto de establecer y desarrollar estrategias de apoyo para promover el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la República Mexicana.

El 3 de julio del presente año, Don José Antonio Pérez-Porrúa Titular de la Mesa Directiva de la Fundación Porrúa y el Mtro. Luis Raúl González Pérez, firmaron un convenio de colaboración entre la Fundación Porrúa y la CNDH, con la finalidad de compartir objetivos comunes para promover acciones tendentes a propiciar el irrestricto respeto de los Derechos Humanos, así como su fortalecimiento, con intercambios académicos, donaciones de libros y la participación en diversas acciones que permitan la difusión de la cultura de la legalidad. Así como, el desarrollo de estrategias para hacer llegar esta bibliografía a los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, Centros de Adolescentes que Infringen la Ley Penal, así como a espacios de reinserción social específicos.

Así también, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela”, el 10 de julio de 2019, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objeto de desarrollar acciones de promoción investigación y estudio en materia de Derechos Humanos.

Documentos y/o Pronunciamientos Penitenciarios

El 27 de marzo se llevó a cabo la presentación del estudioPrincipales dinámicas económicas sociales y políticas de los estados con mayor problemática penitenciaria”, mismo que fue elaborado conjuntamente con el Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial “Centro Geo”, el cual muestra en su contenido las dinámicas que se presentan en los centros de reclusión de las entidades federativas con más baja calificación en el DNSP y su correlación con el desarrollo del Estado.

Así también, en el marco del en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, los días 10, 11 y 12 de julio se llevó a cabo la presentación de los estudios:
 
  1. “Modelo de Sistema Postpenitenciario”, elaborado en conjunto con la Universidad Humani Mundial;  
  2. “La cooperación ente el sector públicos y la iniciativa privadas para el cumplimiento de los objetivos sociales. Análisis del Sistema Penitenciario Mexicano, elaborado en colaboración con la Asociación Proyectos, Estudios y Coordinación, S.C. (PRECOOR);
  3. “Un Modelo de Reinserción Social”, realizado en coordinación con la Asociación Redes de Acción Local para la Transformación Nacional A. C (Red Viral).

 

Recomendación General Sobre el Incumplimiento de las Obligaciones de las Comisiones Intersecretariales Prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan los Derechos Humanos de Las Personas Privadas de la Libertad

La Recomendación General 38 sobre el incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones Intersecretariales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, tiene como objetivo proporcionar información útil para que las autoridades del sistema penitenciario nacional consideren la importancia de cumplir con su obligación señalada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con base en el artículo 18 constitucional respecto del tema de las Comisiones Intersecretariales en el Sistema Penitenciario Nacional.
 

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen la Ley Penal en la República Mexicana.

El 29 de abril de 2019, se emitió el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen la Ley Penal en la República Mexicana, cuyo propósito es señalar la situación de los adolescentes privados de la libertad por haber infringido la ley penal, considerando la vulnerabilidad en la que se encuentran dada su condición de internamiento y características propias de este grupo, por lo que durante la supervisión se verificó la infraestructura y el equipamiento de los centros, así como, el trato y tratamiento que se les brinda.

Para la supervisión se incluyó la utilización de cuatro instrumentos con una perspectiva de protección integral e interés superior de la niñez, a partir de estándares nacionales e internacionales, a efecto de garantizan el respeto a los Derechos Humanos de los adolescentes privados de la libertad en los rubros de 1) Estancia digna; 2) Protección de la salud; 3) Integridad personal; 4) Vinculación con la sociedad; 5) Mantenimiento del orden y 6) Aplicación de medidas disciplinarias.

Durante los meses de abril de 2018 a marzo de 2019, se llevaron a cabo las visitas de supervisión con el apoyo de personal de organismos públicos Estatales protectores de Derechos Humanos, en los 45 centros de tratamiento interno (6 varoniles (13%), 4 femeniles ( 9%); 35 mixtos (78%); que funcionan en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, con lo que se abarcó el 100% de este tipo de establecimientos, los cuales tienen capacidad de 6,866 (5,909 hombres y 957 mujeres) y al momento de las visitas registraron una población 1,445 adolescentes privados de la libertad, 1,237 hombres y 208 mujeres.

De este universo, 431 (30 %) se encuentran sujetos a procedimiento y 1,014 (70 %) están cumpliendo una medida de tratamiento; asimismo, 1,362 (94 %) de ellos están internados por hechos que la ley señala como delitos del fuero común y 83 (6 %) por hechos que la ley señala como delitos del fuero federal.

La supervisión abarcó el 100% de la población en centros de internamiento, donde se aplicaron entrevistas con los responsables de los centros de tratamiento interno, personal médico, técnico y guías técnicos (seguridad), así como la aplicación de 761 encuestas anónimas a igual número de personas internas, es decir el 53% de la población total.

Resultado de las visitas, se detectó la existencia de situaciones que vulneran los Derechos Humanos de las personas adolescentes alojadas en los centros de tratamiento interno, obteniendo que en 26 centros existen inadecuadas condiciones de las instalaciones, en 42 faltan área de para el acceso a servicios y actividades, en 34 se identificaron desigualdades en áreas y personal para mujeres, existen deficiencias en la alimentación en 9 centros, 11 presentan no cuentan con condiciones relacionadas con el trato a los adolescentes, 5 muestran condiciones que afectan el orden y la disciplina, en 23 establecimientos no hay una adecuada separación y clasificación, en 7 se detectaron deficiencias en la imposición de sanciones, en 35 casos no existen reglamentos y manuales de procedimientos, 35 presentan deficiencias en la prestación de servicio médico, en 17 no hay programas contra las adicciones, en 12 establecimientos no hay suficiente personal  y en 17 falta capación y especialización de servidores públicos

El informe incluye un apartado de observaciones donde se desarrolla la fundamentación normativa, nacional e internacional bajo la cual se analizó cada irregularidad que se detectó durante las visitas de supervisión.

Del análisis global del informe se determinan dos conclusiones, que refieren la importancia del buen funcionamiento de los centros para que se pueda alcanzar la reinserción y reintegración social y familiar, de los adolescentes, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades, haciendo patente que de lo observado faltan condiciones para cumplir con dichos objetivos; por lo que se hace un llamado a las autoridades para realizar las acciones necesarias para que se atiendan cada uno de los aspectos negativos que se señalan.

En la parte final del informe se presentan 20 propuestas que tienen como objeto que las autoridades atiendan las irregularidades expuestas en el informe especial con el objeto de conformar un sistema integral de justicia para adolescentes que infringen la ley penal, entre las que se encuentran: el mejoramiento e implementación de instalaciones dignas y seguras; se cuente con personal especializado en materia de adolescentes, se de atención a las necesidades específicas de las mujeres en igualdad de condiciones; se realice una adecuada clasificación de los adolescentes; se garantice el derecho a la protección de la salud de los adolescentes; se instaure conforme lo establece la Ley la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes; y se cumpla con los requerimientos necesarios para la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dentro del plazo legal establecido en la ley nacional de la materia.
 

ESTUDIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH 2001-2017

El 11 de julio de 2017 se llevó a cabo la presentación del Estudio Sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017 para el tema Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, el cual se enmarca en un esfuerzo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por dar seguimiento sistemático a los instrumentos de posicionamiento que se han emitido de 2001 a 2017 en esta temática, cuyo objetivo principal es generar un diagnóstico a efecto de verificar el cumplimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos emitidos por la CNDH por parte de las autoridades a las que han sido dirigidas. Asimismo, se busca medir el impacto de la respuesta de dichas autoridades en la política pública y las prácticas administrativas.

Por lo anterior, la CNDH considera relevante conocer el grado en que las autoridades destinatarias como sujetos obligados han adoptado las disposiciones normativas y las acciones afirmativas destinadas a atender lo sugerido en estos instrumentos, considerando como eje de su acción, lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución.
 

Seguimiento de casos de mexicanos sentenciados a Pena de Muerte en el Extranjero

La Comisión Nacional preocupada por los casos de mexicanos sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos de América, y reiterando que la pena capital no debe ser utilizada por los países civilizados para castigar o tomar venganza en contra de quienes con sus conductas graves han infringido la ley, ha mantenido una estrecha comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de dar seguimiento a los casos de los mexicanos que enfrentan esta sentencia y se realizan esfuerzos de manera coordinada para influir en las autoridades competentes para que no se les imponga la pena capital.

Durante 2019, se realizaron diversas gestiones a fin de mantener actualizada la información del estado que guardan los casos que se siguen a mexicanos sentenciados a esta pena. En función de la información obtenida por la Cancillería, actualmente se conoce que hay un total de 53 connacionales condenados a la pena capital, de éstos 52 se encuentran recluidos en cárceles de los Estados de California, Georgia, Nebraska, Ohio, Oregon, Pennsylvania y Texas, en los Estados Unidos de América y uno ubicado en la prisión Guang Zhou, en China.

De los 52 mexicanos a la pena de muerte en los Estados Unidos, 32 casos están incluidos dentro de la demanda conocida como CASO AVENA que el gobierno mexicano presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por considerar que se omitieron garantías procesales contempladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

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