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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Recomendaciones por Violaciones Graves a los Derechos Humanos

Con base en el Artículo 6º, fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo público tiene entre sus atribuciones investigar hechos que constituyan violaciones graves de Derechos Humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobierno de un Estado, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o las legislaturas de las entidades federativas.

Además, de conformidad con el Artículo 26 de la citada Ley, los escritos de queja sólo podrán presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos; salvo en casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los Derechos Humanos. En estos últimos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. De esta manera, no contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad.

En lo que se refiere a las Recomendaciones por Violaciones Graves, éstas surgen con la finalidad de proteger y defender los Derechos Humanos, en aquellos casos en los que no es posible obtener otra forma de solución en favor de las y los quejosos y/o las personas agraviadas, debido a que en los hechos son determinadas violaciones consideradas graves de acuerdo a criterios cuantitativos y/o cualitativos.

Recomendaciones por Violaciones Graves Emitidas durante 2019

En este año fueron emitidas 15 Recomendaciones por violaciones graves, originadas por expedientes de queja y dirigidas a 19 autoridades distintas, en 30 ocasiones.

Las autoridades señaladas fueron la siguientes:
 
Destinatario Recomendaciones
Fiscal General del Estado de Aguascalientes 17 VG
Secretaría de Marina 18 VG
Fiscalía General de la República 19 VG
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 19 VG
H. Ayuntamiento de Iguala, Guerrero 19 VG
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 20 VG
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 21 VG
Fiscal General del Estado de Morelos 21 VG
Fiscalía General de la República 22 VG
Fiscal General del Estado de México 22 VG
Secretaría de la Defensa Nacional 22 VG
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas 23 VG
Fiscalía General de la República 23 VG
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 24 VG
Fiscal General del Estado de Veracruz 24 VG
Fiscal General del Estado de Coahuila 25 VG
H. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila 25VG
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 26 VG
Fiscalía General de la República 27 VG
Fiscal General del Estado de Coahuila 27 VG
Ayuntamiento de Torreón, Coahuila 27VG
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 28 VG
Fiscalía General de la República 28 VG
Fiscalía General de la República 29 VG
Secretaría de Marina 29 VG
Secretaría de Gobernación 30 VG
Secretaría de la Defensa Nacional 30 VG
Secretaría de Educación Pública 31 VG
Gobierno de la Ciudad de México 31 VG
Alcaldía del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan 31 VG
 
Los hechos violatorios fueron calificados como sigue:
 
Hechos violatorios Recomendaciones
Detención arbitraria 11
Tortura 7
Desaparición forzada o involuntaria de personas 5
Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente 5
Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia 5
Retención ilegal 5
Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones 4
Practicar de manera negligente las diligencias 3
Privar de la vida 3
Ejercer violencia desproporcionada durante la detención 2
Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como para la visita domiciliaria 2
Negar la recepción de una denuncia 2
Prestar indebidamente el servicio público 2
Trato cruel, inhumano o degradante 2
Abstenerse de practicar las diligencias para acreditar la probable responsabilidad del inculpado 1
Acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas privadas de su libertad 1
Actos y omisiones contrarios a la legalidad relacionados con la clausura administrativa 1
Causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública 1
Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente 1
Ejecutar una detención sin contar con la orden de correspondiente, fuera de los casos de flagrancia 1
Emplear arbitrariamente la fuerza pública 1
Omitir o diferir injustificadamente la imposición de una sanción legal 1
Omitir observar los plazos de fija la ley en el procedimiento al ministerio público 1
Omitir proveer de instalaciones y materiales adecuados al servicio educativo 1
Omitir respetar el derecho de igualdad ante la ley 1
Omitir sancionar al servidor público por el incumplimiento de sus funciones 1
Omitir suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios en materia de seguridad pública 1
Prestar indebidamente el servicio de educación 1
Total 72*
*Los hechos violatorios que se presentan, derivan de las investigaciones que dieron origen a las Recomendaciones emitidas.

El nivel de cumplimiento de las autoridades destinatarias es el siguiente:
 
Recomendación Autoridad Nivel de Cumplimiento
17 VG Fiscal General del Estado de Aguascalientes Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
18 VG Secretaría de Marina Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
19 VG Fiscalía General de la República Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
19 VG Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
19 VG H. Ayuntamiento de Iguala, Guerrero Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
20 VG Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
21 VG Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
21 VG Fiscal General del Estado de Morelos Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
22 VG Fiscalía General de la República Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
22 VG Fiscal General del Estado de México Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
22 VG Secretaría de la Defensa Nacional Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
23 VG Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
23 VG Fiscalía General de la República Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
24 VG Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
24 VG Fiscal General del Estado de Veracruz Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
25 VG Fiscal General del Estado de Coahuila Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
25 VG H. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila Aceptada, sin pruebas de cumplimiento
26 VG Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
27 VG Fiscalía General de la República Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
27 VG Fiscal General del Estado de Coahuila Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
27 VG Ayuntamiento de Torreón, Coahuila Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
28 VG Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
28 VG Fiscalía General de la República Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
29 VG Fiscalía General de la República Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
29 VG Secretaría de Marina Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
30 VG Secretaría de Gobernación Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
30 VG Secretaría de la Defensa Nacional Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
31 VG Secretaría de Educación Pública Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
31 VG Gobierno de la Ciudad de México Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial
31 VG Alcaldía del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial

Situación de las Recomendaciones por Violaciones Graves

Finalmente, se presenta el estado que guardaban las 15 Recomendaciones por violaciones graves, dirigidas a 19 autoridades diferentes en 30 ocasiones.
 

 Situaciones de las Recomendaciones VG Columna: Recomendaciones


Autoridades (ocasiones) en las Recomendaciones por Violaciones Graves
 
Sinopsis numérica de las Recomendaciones por Violaciones Graves del periodo 2012-2018

A continuación, se presentan las 10 autoridades que fueron señaladas con mayor frecuencia en las Recomendaciones por violaciones graves 2012-2019.
 
Autoridades señaladas con mayor frecuencia en las Recomendaciones por Violaciones Graves  
Autoridad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 Procuraduría General de la República/Fiscalía General de la República 0 1 1 0 0 2 6 6 16
2 Comisión Nacional de Seguridad/Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1 0 0 1 1 1 2 4 10
3 Secretaría de la Defensa Nacional 0 1 1 1 0 0 3 2 8
4 Secretaría de Marina 0 0 0 0 0 0 3 2 5
5 Gobierno del Estado de Michoacán 0 0 0 1 1 0 2 0 4
6 Gobierno del Estado de Tamaulipas 0 1 0 0 0 1 1 1 4
7 Fiscalía General del Estado de Coahuila 0 0 0 0 0 0 1 2 3
8 Gobierno del Estado de Guerrero 1 0 0 0 0 0 2 0 3
9 Gobierno del Estado de México 0 0 1 0 0 0 2 0 3
10 Gobierno del Estado de Puebla 0 0 1 0 0 0 2 0 3

Recomendación 17VG/2019

Al acreditar que personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, así como en violencia sexual en agravio de tres víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 17VG/2019 por violaciones graves de Derechos Humanos al Fiscal General de esta entidad, Jesús Figueroa Ortega.

Tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por detención arbitraria en nueve casos; a la seguridad e integridad personal por tortura en 14 de ellos; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en dos; a la seguridad personal e integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres y al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad en 19, todas atribuibles a personal de la entonces Procuraduría estatal.

A partir de los 186 casos que investigó la CNDH, con independencia de la comisión o no de algún delito, en diversas ocasiones la policia ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su detención para proceder a la investigación de los delitos que se les imputaban. En la puesta a disposición se asentaba que al circular por las calles, los agentes ministeriales aseguraban a la persona y las ponían a disposición del Ministerio Público, sin poner la hora y en otras señalaban que se encontraban en cumplimiento de una orden de localización y presentación, la cual no fue mostrada en ningún momento. Con este último requerimiento detenían a las personas sin invitarlas a presentarse al Ministerio Público para declarar voluntariamente.

En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, a un espacio con características de gimnasio, llamado “spa”, y allí eran atadas de manos y pies, les colocaban sobre una llanta para golpearlos y realizarles todo tipo de vejaciones; en otros casos las violaciones a Derechos Humanos ocurrieron mientras se encontraban en arraigo. El personal de la instancia de procuración de justicia les amenazaba con dañar a sus familias para que aceptaran su participación en diversos ilícitos.

Las valoraciones médicas realizadas en diferentes hospitales y las Opiniones Médicas Especializadas para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, practicadas por expertos de la CNDH acreditaron diversas afectaciones físicas y psicológicas en las víctimas, que inclusive llevaron a una de ellas a intentar quitarse la vida; en tanto, los peritos médicos de esa Procuraduría emitían en sus dictámenes las lesiones que presentaban sin precisar las características ni la temporalidad de éstas, y en varias ocasiones referían que las personas detenidas estaban bien de salud.

Además, las víctimas permanecían incomunicadas, sin certeza de su situación jurídica y sin contacto con su familia y abogados; tres mujeres fueron sometidas a tortura y violencia sexual para declararse culpables de delitos e incluso, a una de ellas le obligaron a firmar una denuncia por violación para inculpar a un elemento policial. Con base en el Protocolo de Estambul, en seis casos no se acreditaron tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Este Organismo Nacional abrió un expediente de queja a partir de la información publicada en medios de comunicación en que familiares de 186 internos de los Centros de Readaptación Social de la entidad denunciaban a policías ministeriales y funcionarios de alto nivel de la entonces Procuraduría de participar en detenciones arbitrarias y actos de tortura contra personas detenidas en la casa de arraigo o en las instalaciones de dicha dependencia para que se autoinculparan.

Del total de casos denunciados, sólo 25 personas decidieron que continuara la investigación de los hechos (5 mujeres y 20 hombres), aunque uno de ellos se desistió posteriormente. En 101 no existieron los domicilios que las personas aportaron cuando fueron detenidas; 33 personas que fueron consignadas, al salir de los Ceresos ya no residían en los domicilios indicados y se entrevistó a 52 agraviados, de los cuales 27 señalaron haber sido víctimas de torturas, pero ante el temor de represalias optaron por no continuar con la indagatoria.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al Fiscal General del Estado de Aguascalientes que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en términos del artículo 88 de la Ley General de Víctimas, se repare integralmente el daño a quienes resultaron afectados; se les otorgue atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la denuncia que la CNDH presente ante esa dependencia contra los agentes policiales y ministeriales involucrados, contra quienes permitieron dichas acciones y contra el personal médico que no realizó sus dictámenes conforme a la normatividad.

Si la responsabilidad de las autoridades involucradas prescribió, se deberá dejar constancia de esta Recomendación en el expediente laboral y personal de cada uno; se deberá capacitar al personal de la Policía Ministerial en Derechos Humanos, enfocado en prevención de detenciones arbitrarias y erradicación de la tortura, así como en la aplicación del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de proporcionar al personal equipos de videograbación y audio que permita evidenciar que su labor se apega a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.

La presente Recomendación, que ya fue debidamente notificada a su destinatario, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.

Recomendación 18VG/2019

En un operativo efectuado contra la delincuencia organizada en Villahermosa, Tabasco, se detuvo de manera ilegal a 15 personas que no fueron puestas a disposición de la autoridad de inmediato, las trasladaron a instalaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina en la Ciudad de Veracruz, donde, según su dicho, fueron golpeadas, torturadas, amenazadas y estuvieron retenidas aproximadamente 35 horas. Una de las víctimas fue herida de bala en la pierna derecha por elementos navales y nunca fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
 
Este Organismo Nacional recibió dos quejas a casi tres años de ocurridos los hechos, y en las entrevistas realizadas por Visitadores Adjuntos, diez víctimas manifestaron que al momento de su detención fueron subidas con los ojos vendados y manos atadas a un camión, en que fueron golpeadas, amenazadas y cuestionadas sobre armas y drogas, y luego fueron entregadas a la PGR en Veracruz. Dos víctimas refirieron que al ser detenidas se les cubrió la cabeza, ataron las manos, y fueron trasladadas en camión a un lugar donde las golpearon, amenazaron y recibieron tocamientos en partes íntimas de su cuerpo. Dos víctimas indicaron que dos hombres entraron a su domicilio, se las llevaron atadas y vendadas de ojos y manos, y fueron golpeadas, abusadas sexualmente, amenazadas y estigmatizadas por sus preferencias sexuales.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió inconsistencias en el tiempo transcurrido entre la detención, el traslado y la puesta a disposición de las víctimas, ya que la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que las llevó a instalaciones de la SEMAR, debido a que vía radio les alertaron que un grupo delictivo las iba a rescatar, y en el parte informativo los elementos aprehensores refirieron que tuvieron una falla mecánica de las unidades y al no contar con vehículos suficientes emplearon 30 horas para llegar a las instalaciones de la SEMAR en Veracruz; lo que no acreditaron, por lo que los elementos navales estaban obligados a ponerlas inmediatamente a disposición del Ministerio Público Federal.
 
Con su actuación, la SEMAR transgredió los derechos a la libertad, seguridad jurídica y personal de un total de 15 personas e incurrió en actos de cateo ilegal en contra de dos personas, uso excesivo de la fuerza en contra de cuatro personas, actos de tortura, así como violación del derecho al trato digno y a una vida libre de violencia en contra de las mujeres en agravio de cuatro personas, por lo que la CNDH emitió la Recomendación 18VG/2019 por violaciones graves a los Derechos Humanos, con siete puntos recomendatorios dirigidos al titular de esa dependencia.

Recomendación 19VG/2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 19VG/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, por violaciones graves a los Derechos Humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual en agravio de una persona del sexo masculino, y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y Presidente Municipal de Iguala, Guerrero, Antonio Salvador Jaimes Herrera, por la violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, con motivo de hechos acontecidos en el año 2015.

Tras las investigaciones realizadas, este Organismo Nacional calificó como graves las violaciones a los Derechos Humanos de la víctima respecto a la actuación de los elementos de la Policía Federal quienes, de acuerdo con las opiniones especializadas en medicina y psicología de la CNDH, le provocaron a la víctima alteración en su integridad física y emocional con motivo de la tortura y violencia sexual infligida posterior a su detención, lo que cobra mayor relevancia porque dicho personal del servicio público está encargado de proporcionar seguridad a la ciudadanía.

De la revisión efectuada a las investigaciones ministeriales, esta CNDH concluyó que las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República omitieron la remisión del desglose de la averiguación previa al área correspondiente de esa institución para que se iniciara la investigación con motivo de la denuncia del delito de tortura que la víctima realizó cuando declaró ministerialmente; en tanto el personal de la actual Fiscalía General de la República, omitió el seguimiento a las diligencias ordenadas por una agente del Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa iniciada a petición de un Juzgado de Distrito, por el delito de tortura, lo cual generó perjuicio al agraviado a quien se le hizo nugatoria la posibilidad de justicia en su favor.

Un médico legista de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad Municipal, quien certificó el estado físico de la víctima de manera posterior a su detención, indicó que no presentaba lesiones a pesar de la notable alteración en su integridad física.

Por ello, la CNDH recomienda al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño al agraviado y a su esposa, que incluya una compensación en términos de la Ley General de ¿Víctimas; se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y, de requerirlo, se les brinde atención psicológica.

Colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que se formule en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y en la integración de la carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República contra los agentes de la policía federal involucrados, capacitar al personal policial en materia de Derechos Humanos sobre el “Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza” y proporcionarles equipos de videograbación y audio para que las acciones realizadas en operativos se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales.

Al Fiscal General de la República continuar con la debida integración de la averiguación previa correspondiente y cite a declarar al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que intervino en la detención del agraviado; colaborar en la presentación de la queja e integración de la carpeta de investigación que se inicie contra del personal ministerial involucrado; capacitar al personal ministerial de la Agencia Primera Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, Delegación Estatal Guerrero de dicha Fiscalía y a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura sobre la aplicación del “Protocolo de Estambul”.

Al Presidente Municipal de Iguala, colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que formule en contra del médico legista que revisó a la víctima ante las irregularidades detalladas en la Recomendación y capacitar al personal del servicio médico legista de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad Municipal en materia de Derechos Humanos, particularmente en el “Protocolo de Estambul”.

A las tres autoridades designar a la persona servidora pública de alto nivel que sea enlace con esta CNDH para dar seguimiento a la Recomendación.

La Recomendación 19VG/2019 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx

Recomendación 20VG/2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 20VG/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, por violaciones graves a los Derechos Humanos por la violencia sexual de una persona del sexo masculino, y otras violaciones a la libertad, seguridad personal y legalidad por su detención arbitraria y retención ilegal junto con dos personas más, así como a la integridad personal por actos de tortura física en agravio de estas dos últimas, atribuibles a elementos de la Policía Federal en marzo de 2015.

Tras las investigaciones realizadas, este Organismo Nacional calificó como graves las violaciones a los Derechos Humanos de una de las víctimas respecto a la actuación de los elementos de la Policía Federal, quien conforme a las opiniones especializadas para casos de posible tortura y/o maltrato en materia de medicina y psicología de la CNDH, le provocaron alteración en su integridad física y emocional con motivo de la tortura y violencia sexual infligida posterior a su detención, consistente en tallar sus partes íntimas con una macana, mientras alguien le pisó la cadera, jalándole los brazos hacia atrás, en cuyo “forcejeo” se introdujo una parte de dicho objeto, además de golpearlo.

En diversa opinión médica especializada para casos de posible tortura y/o maltrato, se acreditó que la segunda de las víctimas, igualmente presentó lesiones características de tortura, entre las que destacaron las que presentó en los tímpanos; sin que se pudiera acreditar la tortura respecto a la tercera de las víctimas, por lo cual se solicitó la investigación correspondiente.

La violencia sexual a una de las víctimas y la tortura de que fueron objeto, cobra mayor relevancia debido a que el personal del servicio público involucrado está encargado de proporcionar seguridad a la ciudadanía, lo que no aconteció, máxime que su detención fue arbitraria, además de que se les retuvo ilegalmente, siendo puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, después de 14 horas de su detención.

La esposa de una de las víctimas, indicó que en la misma fecha en la que fue detenido su esposo, personas cubiertas de la cabeza, allanaron el domicilio de su progenitora, llevándose enseres y su vehículo particular, por lo cual la CNDH solicitó que se investigara dicha circunstancia a fin de que se deslinde la responsabilidad correspondiente.

Por lo anterior, la CNDH solicita al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño ocasionado a los agraviados, que incluya una compensación en términos de la Ley General de Víctimas, y para el caso de que se acredite que el tercero de ellos, fue objeto de tortura, se proceda a la reparación del daño correspondiente; se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y, de requerirlo, se les brinde atención psicológica y en el caso de uno de ellos, también psiquiátrica para que revierta los efectos personales y sociales del abuso sexual padecido.

Colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que se formule en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y en la integración de la carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República contra los agentes de la Policía Federal involucrados, capacitar al personal destacamentado en Acapulco, Guerrero, sobre el “Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza” y el “Protocolo de Estambul”, y proporcionarles equipos de videograbación y audio para que las acciones realizadas en sus operativos se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales.

Deberá designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que sea enlace con esta CNDH para dar seguimiento a la Recomendación.

La Recomendación 20VG/2019 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx

 

Recomendación 21VG/2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 21VG/2019 por violaciones graves a Derechos Humanos ocurridas durante y como consecuencia de tres operativos policiales en los límites de Temixco y Cuernavaca, Morelos, que derivaron en un enfrentamiento armado entre civiles y personal de la Comisión Estatal de Seguridad en esa entidad en que perdieron la vida 6 personas, incluidos dos infantes. Dicha Recomendación se dirigió al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Fiscal General de Justicia local, Uriel Carmona Gándara.

Tras su investigación, la CNDH acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad incurrió en allanamientos a las casas habitación en que estaban las víctimas; detenciones arbitrarias en agravio de 7 personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 6 personas, incluidas dos personas menores de edad; trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a 4 personas, incluidos 2 infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

Al Gobierno estatal se le atribuye la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad; a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, y a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad, las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017 en Temixco, Morelos.

Para este Organismo Autónomo, la Fiscalía General estatal, en el ámbito de su competencia, deberá continuar con la investigación respecto de la manipulación de los cadáveres de 3 víctimas.

Por lo anterior, la CNDH recomienda al Gobernador de Morelos que, en coordinación con la CEAV, brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño, en término de ley; reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos.

También se le pide colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa ¿dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a 4 personas menores de edad.

De igual manera, deberá colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

Además, deberá implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con las autoridades municipales de la entidad, mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a Derechos Humanos y acceso a la justica, acorde con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Al Fiscal General se le recomienda continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de 6 personas, incluidos 2 infantes, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia, y también deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las 6 personas privadas de la vida.

Recomendación 22VG/2019

El 30 de octubre de 2014 la Comisión Nacional inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/7282/Q, al conocer la noticia difundida en medios de comunicación sobre un presunto enfrentamiento armado entre personal militar y civiles que resultaron privados de la vida en el “Cerro el Ocotillo”, en Luvianos, Estado de México. Tras su investigación, la Comisión Nacional acreditó violaciones al derecho a la vida en agravio de seis personas: V1, V2 (mujeres adolescentes de 14 y 16 años de edad, reportadas como desaparecidas), V3 (respecto de quien existía una denuncia por su secuestro), V4, V5 y V6, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza pública, atribuible a elementos militares que participaron en los hechos.

De acuerdo con lo informado por la SEDENA, el 30 de octubre de 2014 personal militar y un agente del Ministerio Público del fuero común se dirigieron al “Cerro del Ocotillo” para atender una supuesta “denuncia anónima” sobre un grupo delincuencial que se reunía en ese lugar. Los elementos militares subieron el cerro a pie y encontraron “un grupo de personas” portando armas, las cuales presuntamente dispararon contra los uniformados. Según lo narrado por la SEDENA, su personal reaccionó repeliendo la agresión, en legítima defensa, abatiendo a seis personas. En el supuesto enfrentamiento, ningún elemento militar resultó lesionado.

Del análisis realizado a las evidencias del expediente, la Comisión Nacional observó que el personal militar incumplió los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal. A partir de peritajes en materia de química forense realizadas a las seis armas que presuntamente portaban las víctimas y que fueron localizadas en el lugar de los hechos, próximas a sus cadáveres, se concluyó, con alto grado de probabilidad, que dichas armas no fueron utilizadas. Asimismo, no se comprobó el contexto de un “enfrentamiento” pues, cuatro de las víctimas no se encontraban “frente a frente” a su victimario, en tanto que tres de éstas recibieron disparos por la espalda. La CNDH observó irregularidades y omisiones posteriores al uso de la fuerza atribuibles al agente del Ministerio Público (adscrito a la Fiscalía Estatal) que omitió realizar sus funciones de investigación. El agente del Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa, sin embargo, arribó más de ocho horas después de los hechos, lo que impidió el adecuado procesamiento de los indicios. Además, se detectó que el Ministerio Público de la Federación, al tiempo de emitirse la Recomendación no había agotado todas las líneas de investigación, por lo que, a más de cuatro años de esos acontecimientos, no se habían esclarecido los hechos ni determinado responsabilidades por las muertes de las víctimas, con lo cual se violentó el derecho a la procuración de justicia en agravio de los familiares.

Por lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al Secretario de la Defensa Nacional: otorgar una reparación integral del daño a los familiares de las víctimas; dar cumplimiento estricto las normas vigentes sobre el uso de la fuerza, instruir que el personal militar se abstenga de realizar investigaciones por su cuenta, actúe mediante solicitud de colaboración de la autoridad competente y se empleen de manera intensiva cámaras fotográficas y de videograbación en los operativos. Al Fiscal General de la República, que en la averiguación previa tramitada por los hechos se agoten todas las líneas de investigación y se reconozca a los familiares de las víctimas el carácter de ofendidos. Al Fiscal General de Justicia del Estado de México, que los agentes del Ministerio Público de la Federación cumplan el deber de investigar con la debida diligencia. A las tres autoridades se recomendó colaborar en el trámite de las investigaciones que se inicien con motivo de las denuncias presentadas por la Comisión Nacional, así como reforzar las acciones de capacitación en materia de Derechos Humanos dirigida a elementos castrenses y agentes del Ministerio Público.

Recomendación 23VG/2019

La Comisión Nacional de losDerechos Humanos(CNDH) dirigió la Recomendación 23VG/2019 al Fiscal General de la República y al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, en relación con el hallazgo de fosas clandestinas en el año 2011 en San Fernando, Tamaulipas, así como de 12 expedientes acumulados, relacionados con la desaparición de 57 personas procedentes de diversas entidades federativas.
 
Como antecedentes del caso, se tiene que el 6 de abril de 2011, en un medio de comunicación se publicó que al menos 60 cuerpos fueron encontrados en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, por lo que se inició de oficio el expediente CNDH/2/2011/2817/Q/VG.
 
Ante los hallazgos de fosas clandestinas en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, familiares de 57 personas desaparecidas presentaron diversos escritos de queja ante la Comisión Nacional, solicitando intervención para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como para solicitar información a los órganos de procuración de justicia que permitiera conocer si las personas desaparecidas se encontraban entre los cuerpos y/o restos de cuerpos localizados en San Fernando, Tamaulipas. Ante ello, la Comisión Nacional decidió acumular los 12 expedientes relativos a los 57 desaparecidos para no dividir la investigación.
 
De la revisión, análisis y valoración de las evidencias del expediente, la Comisión Nacional acreditó violaciones graves al derecho al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad en agravio de 196 víctimas que se localizaron en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, atribuibles tanto a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (PGJ-Tamaulipas) como a la actual Fiscalía General de la República (FGR).
 
La Comisión Nacional acreditó la responsabilidad del Gobierno del estado de Tamaulipas, por la impunidad, criminalidad y ausencia de seguridad pública en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, que impidió cumplir con su obligación de proteger y garantizar el respeto a losDerechos Humanos de 196 víctimas de diversas nacionalidades, que derivaron en su secuestro, desaparición y posterior homicidio. Así como la responsabilidad por parte de servidores públicos de la PGJ-Tamaulipas, por omitir realizar las acciones idóneas para la adecuada integración y eficiente función investigadora de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de la localización de los 196 cuerpos y/o restos de cuerpos de personas en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, así como por no remitirlas de inmediato al fuero federal.
 
Respecto de la FGR, se observaron irregularidades en las actuaciones de los Ministerios Públicos de la Federación encargados de la AP1, por la dilación en la identificación oportuna de las 196 personas que se localizaron sin vida; falta de compromiso para investigar, esclarecer, juzgar y sancionar a las personas responsables de la violación grave a losDerechos Humanos de las 196 víctimas que fueron privadas de la libertad y de la vida y, omitir ejercer la facultad de atracción de la totalidad las indagatorias iniciadas por la PGJ-Tamaulipas con motivo de los hallazgos de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, a pesar de que existían indicios, desde 2011, de que los hechos podían estar relacionados.
 
Por lo anterior, esta Comisión Nacional de losDerechos Humanosdirigió 15 puntos recomendatorios al Fiscal General de la República y 11 puntos recomendatorios al Gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas.

Recomendación 24VG/2019

El 11 de enero de 2013 a las 6 de la tarde, 8 agentes policiales del Municipio de Úrsulo Galván en Veracruz, fueron detenidos y privados de la libertad por integrantes del entonces denominado “Grupo Tajín” de la SSP-Veracruz, cuando realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de la Patrulla, misma que posteriormente fue encontrada calcinada en las inmediaciones de ese Municipio.

Al día siguiente se llevó a cabo la sesión de Cabildo y se informó lo sucedido; en esa sesión se acordó dar comienzo a la investigación a través de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Estatal, informar de lo ocurrido a las familias de las víctimas desaparecidas, así como solicitar el auxilio del Gobernador del Estado y del Congreso local para la seguridad en dicho Municipio. En esta misma fecha se puso en conocimiento del hecho a la fiscalía estatal, denuncia que fue ampliada el 16 de enero de dicha anualidad.

Por su parte, en 2016 la Comisión Estatal radicó el escrito de queja argumentando que “podría configurarse como presuntas violaciones al DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD PERSONAL, LEGALIDAD, Y SEGURIDAD JURÍDICA que se traduce en ser privado de la libertad por autoridades o por personas que actúen con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona (desaparición forzada) y malos tratos” atribuibles a elementos de la “Policía Estatal del Grupo Tajín, dependientes de la SSP-Veracruz”.

Una vez realizadas las investigaciones correspondientes, el expediente de queja se concluyó con la emisión de la Recomendación 03/2017, de 20 de febrero de 2017, emitida por la Comisión Estatal y dirigida al titular de la SSP-Veracruz, en la que se acreditó la violación al derecho a no sufrir desaparición forzada en agravio de los 8 agentes policiales del Municipio de Úrsulo Galvan en Veracruz.

El 16 de marzo de 2017, la autoridad recomendada informó a la Comisión Estatal la “aceptación parcial” de la citada Recomendación, debido a que los incisos “A”  y “C”  no fueron aceptados. Ante tal negativa, el 28 de abril de 2017, la Comisión Estatal notificó a las recurrentes la aceptación parcial por parte de la SSP-Veracruz de la Recomendación 03/2017.

Para la integración del expediente de queja, la CNDH dirigió a la SSP-Veracruz, oficios de 13 de septiembre y 12 de octubre de 2017, mediante los cuales se requirió a esa dependencia un informe fundado y motivado sobre la aceptación parcial de la Recomendación 03/2017. El 12 de octubre de 2017, la SSP-Veracruz, remitió el informe solicitado por esta Comisión Nacional, donde reiteró la “aceptación parcial” de la Recomendación 03/2017.

El 15 de noviembre del 2018, después de diversos análisis de las constancias que integran el recurso de impugnación, así como de las manifestaciones realizadas por las recurrentes, consideró la necesidad de investigar los hechos presuntamente violatorios a losDerechos Humanos, que no fueron materia de investigación por la Comisión Estatal.

Para la integración del caso, el 16 de noviembre de 2018, personal de la CNDH se constituyó en las oficinas de la Fiscalía Estatal entrevistándose con personal ministerial de esa Fiscalía, quienes aportaron información sobre la Investigación Ministerial y autorizaron que un visitador adjunto revisara las diligencias que se encuentran dentro de ella y obtuviera fotografías de las constancias de tres tomos de la Investigación Ministerial con actuaciones hasta diciembre de 2016.

El 28 de noviembre de 2018, este Organismo Nacional previa revisión exhaustiva de las constancias que integraban el Expediente de Queja, determinó mediante acuerdo clasificar los hechos como violaciones graves aDerechos Humanos por tratarse de desaparición forzada, requiriéndose los informes correspondientes.

El 5 de diciembre de 2018, la CNDH requirió un informe pormenorizado sobre los hechos materia de la queja a la SSP-Veracruz y a la Fiscalía Estatal, quienes eran señaladas como autoridades presuntamente responsables; así como en colaboración a la Comisión Estatal y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, todas del estado de Veracruz.

Esta Comisión Nacional acreditó violaciones a: la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por detención arbitraria; a la libertad e integridad personal con motivo de la desaparición forzada en perjuicio de 8 agentes policiales del Municipio de Úrsulo Galván en Veracruz , atribuible a elementos de la Policía Estatal de la SSP-Veracruz; así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a personal de la Fiscalía Estatal y a la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la SSP-Veracruz, por la omisión en la determinación definitiva de la investigación de Procedimiento Disciplinario instruida en contra de los elementos probables responsables de esa Secretaría.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al Gobernador del estado de Veracruz: Se otorgue la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, familiares de las víctimas de los 8 agentes policiales del Municipio de Úrsulo Galván en Veracruz, que considere una compensación y/o indemnización correspondiente en términos de la Ley General de Víctimas; Inscribir a los familiares de los 8 agentes policiales en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; Se proporcione a los familiares de  la atención médica y psicológica que requieran con el fin de que alcancen su sanación psíquica y emocional por los daños sufridos, atendiendo a su edad y a sus especificidades de género, lugar de residencia proporcionándoles un trato digno, sensible y con calidez; Se instruya al Secretario de Seguridad Pública ofrezca una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas, familiares de las víctimas; Se determine a la brevedad la Investigación del Procedimiento Disciplinario a partir de la aceptación de la presente Recomendación y conforme a derecho iniciado en contra de los 15 responsables por su probable participación en la desaparición de las víctimas; Instruir al Secretario de Seguridad Pública para que en un plazo de tres meses, se realice un diagnóstico que permita determinar si los elementos que se desempeñan como policías cumplen o no con los perfiles requeridos para su empleo, cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se tomen las medidas que conforme a derecho procedan.

Por otro lado, a la fiscalía estatal se le recomendó: Se continúe con la integración de la Investigación Ministerial y dentro de un plazo perentorio se esclarezcan los hechos, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno al derecho a la verdad y la justicia; Presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la instancia correspondiente, en contra del personal ministerial que ha participado en la integración de la Investigación Ministerial por las irregularidades detalladas en la presente Recomendación.

Recomendación 25VG/2019

La desaparición forzada de tres personas, atribuida a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Monclova, dio origen a la Recomendación 25VG/2019 dirigida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Presidente de ese ayuntamiento, Alfredo Paredes López, y al Fiscal General de Coahuila, Gerardo Martínez Guevara, por irregularidades en la investigación del caso.

Luego de analizar las pruebas del expediente, la CNDH acreditó violaciones graves a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica, libertad e integridad personal, por integrantes de dicha corporación, así como la vulneración del derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a personal de la entonces Procuraduría Estatal, ahora Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la queja presentada ante este Organismo Nacional, cuatro personas salieron de Querétaro, tres en un vehículo y la otra en diverso automóvil con rumbo a Monclova, en donde se vendería el automotor que llevaba este último, para pagar la deuda que previamente había contraído la esposa del dueño de dicho automóvil con una de las víctimas.

Alrededor de las 23:30 horas de ese día, una de las víctimas se comunicó con su hermano para informarle que estaba en la recepción de un hotel de Monclova; mencionó que minutos antes de llegar habían sido detenidos junto con sus dos acompañantes por una patrulla de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal por conducir a exceso de velocidad, ante lo cual dio 200 pesos a los oficiales para que los dejaran ir, y añadió que el otro acompañante que viajaba solo, se quedó con los policías quienes le estaban revisando el vehículo que conducía, y también comentó que en ese momento pasaba frente al hotel dicho automóvil, custodiado por unidades de la Policía Municipal, por lo que saldría para averiguar qué sucedía. Después de eso no se supo más del paradero de las tres personas que viajaban juntas.

La CNDH acreditó la intervención de los elementos policiales en la detención de las víctimas con un registro existente en el Libro de Bitácora de la Policía Municipal y con el testimonio que el empleado de recepción del hotel rindió ante las autoridades, que coincide con los dichos de los familiares de las personas desaparecidas, a pesar de que un agente municipal señaló que esas personas fueron trasladadas a la Comandancia Municipal de Monclova, donde pagaron una infracción por infringir un ordenamiento municipal, tras lo cual se retiraron. Sin embargo, este Organismo Nacional no advirtió algún documento que sustentara tales dichos y, por el contrario, el testimonio de los policías en el que reconocen la bitácora, confirmó que tuvieron ¿contacto con las víctimas, y con la declaración de un testigo con identidad reservada se acreditó que los elementos de la policía municipal los detuvieron junto con personas de la delincuencia organizada, para después ser trasladados a un lugar distinto, sin que a la fecha se tenga conocimiento de su paradero.

Al analizar la investigación iniciada por la entonces Procuraduría General de Justicia de Coahuila, la CNDH observó irregularidades y omisiones, entre ellas diversas constancias que no fueron agregadas al expediente ministerial y que personal de esa dependencia no practicó de manera inmediata las inspecciones ministeriales en el lugar donde fue reportada la desaparición para recabar datos, además de que transcurrieron varios años para que solicitara las videograbaciones de una tienda de comercial localizada frente al mencionado hotel y los testimonios de dos policías presuntamente involucrados se obtuvieron a más de un año y cinco meses después de los hechos.

Asimismo, esa instancia tardó más de dos años en pedir la colaboración de otros órganos de procuración de justicia en la búsqueda de las personas desaparecidas; no se tomaron muestras de ADN a familiares para ser confrontados en bases de datos existentes y transcurrieron tres años para que ordenaran localizar a la persona que debía dinero a una de las víctimas, así como al esposo de ésta.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Fiscal General de Coahuila y al Presidente Municipal de Monclova reparar integralmente el daño a los familiares de las personas desaparecidas, que contemple el pago de compensación y/o indemnización justa; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; proporcionarles atención psicológica y realizar una disculpa pública por las violaciones a Derechos Humanos cometidas.

Al Fiscal General se le pide, específicamente, integrar y perfeccionar la Averiguación Previa iniciada con la finalidad de instrumentar las medidas necesarias para conocer el destino final de las víctimas; capacitar al personal en materia de desaparición de personas y atención victimológica; colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia por la desaparición forzada de las víctimas y las omisiones de su personal, así como con la queja que se presente contra el personal responsable de los hechos.

Al Presidente Municipal de Monclova se le solicita capacitar a los elementos policiales en materia de Derechos Humanos ; emitir una circular para que en desempeño de su encargo actúen bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; colaborar en la queja que se formule ante la Contraloría Municipal contra el personal responsable y proporcionar la documentación e información necesaria a las Fiscalías General de la República y estatal para integrar las averiguaciones previas relacionadas con el caso.

 

Recomendación 26VG/2019

Por allanar un domicilio, detener ilegalmente a dos personas, retenerlas ilegalmente y torturarles, todo ello atribuible a elementos de la Policía Federal (PF) en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 26VG/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño.

Concluida su investigación, este Organismo Nacional acreditó que con su actuación los elementos de la PF incurrieron en violaciones graves a losDerechos Humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad, por la inviolabilidad del domicilio de dos personas, su detención arbitraria y retención ilegal, así como a la integridad personal por actos de tortura contra dichas personas.

Esta Comisión Nacional recibió la queja iniciada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en la que se detalla que el 9 de agosto de 2014, varios policías federales ingresaron al domicilio de las dos personas agraviadas, un hombre de 30 años y una mujer 35 años de edad en ese momento; les detuvieron sin orden alguna y les torturaron física y psicológicamente, provocando que ella sufriera la pérdida del producto de la gestación; les obligaron a declararse culpables de delitos de delincuencia organizada y contra la salud; les retuvieron por más de un día y les pusieron a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reparar el daño a los dos agraviados, que incluya compensación en términos de la Ley General de Víctimas; se les brinde atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

También, colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia y la queja que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, contra el personal involucrado en los hechos, incluyendo a otros elementos de la corporación que por acción u omisión hayan permitido esa actuación.

Asimismo, se deberá capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia deDerechos Humanos, específicamente sobre los estándares internacionales, acuerdos y protocolos descritos en la Recomendación, relacionados con los derechos a la integridad, seguridad jurídica y libertad personal, así como con la prohibición de la tortura, deberá abastecer a los agentes de la PF con equipos de videograbación, audio y geolocalización satelital que permitan confirmar, a través de su uso permanente, que en las acciones llevadas a cabo durante los operativos respetan losDerechos Humanos.

Se le pide, igualmente, realizar las gestiones conducentes para reformar el artículo 14, primer párrafo, del “Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza”, con el fin de que el uso de esos elementos de grabación sea obligatorio y atienda estándares internacionales en materia de rendición de cuentas, así como designar a una persona servidora pública de alto nivel que sea enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de esta Recomendación, que ya fue notificada a su destinatario y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx

Recomendación 27VG/2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación por Violaciones Graves 27VG/2019 dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, al Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, y al Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, Jorge Zermeño Infante, por la desaparición forzada de cuatro personas cometida por elementos de la Dirección de Seguridad Municipal de esa localidad, así como por su detención arbitraria; la inadecuada procuración de justicia y a la verdad de sus familiares, atribuibles tanto a personal de la entonces Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Estatal.

Los hechos acontecieron cuando una de las víctimas se dirigía a su trabajo a bordo de su vehículo y fue detenida por policías municipales; en esos momentos pasaban por el lugar en otro automóvil, las otras tres víctimas; todos ellos compañeros de trabajo, quienes al ver lo que le sucedía, se acercaron y también fueron detenidos; los subieron en dos patrullas y comenzaron a circular por diversos lugares.

En el trayecto, una de las víctimas envió un mensaje de texto al administrador de la empresa para la cual laboraban, quien se comunicó vía telefónica con él, indicándole que los llevaban en una camioneta de la Policía Municipal y que les iban a quitar el celular, en esos momentos se cortó la comunicación.

Posteriormente el administrador acudió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, Coahuila en donde le confirmaron que, efectivamente, cuatro patrullas se encontraban en el lugar y hora de los hechos, y que los policías a cargo habían terminado su turno, pero los localizarían.

El testigo participó lo sucedido a los familiares de las víctimas, quienes se entrevistaron con un servidor público, quien les sugirió no denunciar, toda vez que los desaparecidos habían sido entregados a un miembro de un grupo de delincuencia organizada; el propio servidor público se propuso como “negociador” con dicho grupo para localizar a las víctimas, y además ofreció detener a los policías involucrados, a los que ya tenía localizados por las unidades que tripulaban.

Dado que los familiares no tuvieron mayor información, se inició una investigación ante la Unidad Especializada de Secuestros (UES) y en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), ambas de la entonces PGR, así como en la Fiscalía Estatal, no obstante, a la fecha en que se emite esta Recomendación las víctimas continúan desaparecidas.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda a las tres autoridades reparar integralmente el daño a los familiares de las personas desaparecidas, que incluya compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, y proporcione atención psicológica.

Al Fiscal General de la República se le pide continuar con la integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa 3, decretar procedente la acumulación de la Averiguación Previa 2 y, en su caso, determinar la responsabilidad de las personas servidoras públicas involucradas en los hechos, así como colaborar en la queja que la CNDH formule contra autoridades responsables.

También, capacitar a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y Unidad Especializada de Secuestros y de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la actual Fiscalía General de la República para la integración de indagatorias, específicamente en materia de desaparición forzada de personas y detenciones arbitrarias y la implementación de la Ley General en la materia; coadyuvar con la Fiscalía General del estado de Coahuila con toda la información y documentación que le sean requeridas para la integración de la Averiguación Previa 4.

Al Fiscal General del Estado de Coahuila se le requiere continuar con la intervención y perfeccionamiento de la Averiguación Previa 4; colaborar con la CNDH en la queja y denuncia de hechos que presente ante el Órgano Interno de Control de esa dependencia y ante la propia Fiscalía, por irregularidades cometidas por su personal y por la desaparición forzada de esas personas.

Al Presidente Municipal de Torreón, Coahuila se le pide realizar una disculpa pública a los familiares de las víctimas por las violaciones a Derechos Humanos señaladas en la citada Recomendación, capacitar a los policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal; emitir una circular para que, en el desempeño de su cargo, esos uniformados atiendan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debiéndose abstener de llevar a cabo detenciones arbitrarias; proporcionar a ambas Fiscalías la información requerida para la debida integración y determinación de las Averiguaciones 3 y 4, y dejar constancia de esta Recomendación en el expediente personal y laboral de los funcionarios públicos municipales que resulten responsables.

A las tres autoridades se les solicita designar a personas servidoras públicas como enlace con este Organismo Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
 

Recomendación 28VG/2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la Recomendación 28VG/2019 por violaciones graves a losDerechos Humanos consistentes en tortura y violencia sexual contra una mujer, así como por inadecuada procuración de justicia, atribuibles a personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, por violación a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal por detención arbitraria de la agraviada. Además, emitió la Recomendación 95/2019, dirigida igualmente al Secretario Durazo Montaño por tortura física y psicológica que 13 elementos de la Policía Federal aplicaron a dos personas en el Estado de México, con lo que se vulneraron losDerechos Humanos a la integridad personal y dignidad humana de los agraviados. En ambos casos, con motivo de hechos acontecidos en la administración pasada.

En el primer caso, tras su investigación, este Organismo Constitucional Autónomo calificó como violaciones graves a losDerechos Humanos de la víctima las acciones de personal de la entonces PGR, al acreditar que durante el tiempo que permaneció puesta a disposición de la autoridad ministerial fue amenazada para aceptar la imputación que se le atribuía y debía inculpar a terceras personas de los hechos que se investigaban, a lo cual se negó. Por ello, fue golpeada y agredida sexualmente por elementos de la Policía Federal Ministerial en las instalaciones de la entonces SIEDO.

La CNDH concluyó que la agraviada presentó trastorno de estrés postraumático y depresivo debido a la afectación psicológica por la violencia sexual que padeció y determinó que dichos actos trascienden a tortura; también observó la inadecuada procuración de justicia del personal ministerial, al no actuar con la debida diligencia y no investigar la agresión sexual, lo que derivó en dilación injustificada, y acreditó que los policías federales que llevaron a cabo la detención de la víctima no se apegaron a los lineamientos constitucionales y legales.

En el segundo caso, Recomendación 95/2019, esta Comisión Nacional acreditó que las víctimas sufrieron tortura durante su detención, al provocarles sufrimientos físicos y psicológicos para que aceptaran su participación en un grupo delictivo y otros ilícitos.

Para la CNDH, la investigación de los delitos es totalmente compatible con el respeto de losDerechos Humanos, por lo cual los elementos de la Policía Federal en el combate a la delincuencia deben actuar con profesionalismo y conforme a las normas que los regulan, bajo parámetros de racionalidad, objetividad y proporcionalidad.

Por todo ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Fiscal General de la República y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reparar integralmente el daño a las víctimas de ambos casos, que incluya compensación, atención psicológica y, en el
caso de la víctima de tortura sexual de la Recomendación 28VG/2019 se solicitó para ella atención psiquiátrica, y a sus familiares se les proporcione atención psicológica, y a todas se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en las quejas que se presenten en
el Órgano Interno de Control en la FGR y en la SSPC en contra el personal señalado como responsables en los dos casos, y también deberán colaborar, en su caso, en la respectiva denuncia que se presente ante la Fiscalía General de la República contra el personal policial y ministerial responsable.

De igual manera, se pide a las autoridades destinatarias capacitar al personal policial, ministerial y policial en materia deDerechos Humanos con énfasis en el “Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza”, y al titular de la SSPC se le solicita adicionalmente capacitar al personal policial sobre el Acuerdo 05/2012 de “Lineamientos generales para poner a disposición de las autoridades competentes a personas u objetos” y proporcionar a los agentes federales equipos de videograbación y audio que permitan evidenciar que las acciones llevadas a cabo durante los operativos sean apegadas a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a losDerechos Humanos.

Ambas instancias deberán asignar a personas servidoras públicas para dar seguimiento al cumplimiento de estas Recomendaciones que ya fueron debidamente notificadas a sus destinatarios y pueden consultarse en la página www.cndh.org.mx

Recomendación 29VG/2019

La Recomendación 29VG/2019 se dirigió, en primer término, a la Secretaría de Marina (SEMAR) por violaciones graves a Derechos Humanos y se encuentra relacionada con una práctica o patrón de actuación que suele ocurrir cuando los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas y que derivan en actos violatorios de Derechos Humanos .
 
Las quejas fueron presentadas por 6 víctimas (V2, V3, V4, V6, V9 y V10) y 1 quejoso (Q), así como 3 vistas de 2 Juzgados de Distrito (respecto del caso de V1, V5, V7 y V8), por las violaciones a los Derechos Humanos de un total de 10 víctimas, por hechos ocurridos durante el período comprendido del año 2009 al 2015 en los estados de Coahuila, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas. Por ello, la Comisión Nacional integró 8 distintos expedientes de queja. Los hechos motivo de las quejas coinciden en que los elementos navales fueron los que realizaron la detención de las víctimas, de forma distinta a como lo asentaron en sus informes de puesta a disposición (de V1 a V10). También destaca la práctica de que, con posterioridad a la detención y durante el tiempo en que permanecieron bajo la custodia de sus captores, las víctimas fueron objeto de agresiones físicas, consistentes en actos de tortura.
 
Como práctica constante, se acreditó que los actos violatorios consistieron en el amarre de extremidades (manos y/o pies), golpes, privación visual, agresiones psicológicas, descargas eléctricas (2 personas), golpes con objetos (con las culatas de las armas, con un palo/tabla, con un casco y con un martillo de hule), intentos de asfixia (3 personas) y actos violentos en general; que al ser imputables únicamente a elementos navales, la Comisión Nacional por economía procedimental y atenta a los principios de concentración y sencillez, concentró todos los expedientes de queja para el efecto de resolverlos en una única Recomendación en la que los hechos se calificaron como violaciones graves a los Derechos Humanos .
 
Como resultado del análisis y de la investigación de las quejas y vistas dadas a esta Comisión Nacional, se arribó a la conclusión de que en el caso de V1 a V10 existieron violaciones graves a sus Derechos Humanos , por la detención arbitraria, retención y cateo ilegal y actos de tortura de que fueron objeto por parte de 24 elementos navales, motivo por el cual se dirigieron 6 puntos recomendatorios al Secretario de Marina. La violación del derecho humano de acceso a la justicia resulta reprochable únicamente a 9 agentes del Ministerio Público Federal, en virtud de que tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal por la probable comisión del delito de tortura. Sin embargo, sólo en 5 casos se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes, precisando que ha transcurrido un término que oscila entre 3 meses y 28 días hasta 4 años con 6 meses, para el comienzo de su integración. En tanto que, de los otros 4 casos, no se tiene conocimiento que se esté tramitando la investigación ministerial conducente. Por ello, también se está dirigiendo esta Recomendación a la Fiscalía General de la República con 3 puntos recomendatorios.

Recomendación 30VG/2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 30VG/2019, dirigida a la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, y al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González por violaciones graves de Derechos Humanos con motivo de la detención arbitraria y desaparición forzada de una mujer y un hombre durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”.

Tras concluir su investigación, este Organismo Nacional contó con elementos suficientes para acreditar indiciariamente violaciones graves a Derechos Humanos a la libertad y seguridad personal con motivo de la desaparición forzada de las víctimas, así como a la legalidad por su detención arbitraria, atribuibles a integrantes de la Policía Militar sin identificar, así como al Delegado de la entonces Dirección Federal de Seguridad, quien conoció y toleró tales violaciones.

Estos hechos cobran mayor relevancia porque las fuerzas armadas y fuerzas federales contribuyen a la defensa del Estado de Derecho y, por tanto, a la seguridad ciudadana, y al incumplir generan un impacto social dada su condición de garantes de la observancia al derecho a la integridad de toda persona que se encuentre bajo su custodia. Si bien la privación de la libertad conlleva restricciones legítimas de ciertos derechos, ello no avala que se puedan ocasionar daños, sufrimiento innecesario y perjuicios a las personas aseguradas.

Para este Organismo Nacional, la prevención, investigación y persecución de delitos por las autoridades es compatible con el respeto a Derechos Humanos , por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con su deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia.

La CNDH recibió escrito en el que un hombre señaló que su madre fue lideresa del grupo opositor armado con fines revolucionarios denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que tuvo presencia en la “Guerra Sucia”. Explicó que la mujer fue desaparecida por agentes del Estado mexicano, y las últimas noticias que tuvieron de su paradero fue que estaba bajo custodia de la Policía Militar, y de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Indicó que, por la desaparición de la mujer, fue iniciada la Averiguación Previa 1 en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. A la extinción de esa Fiscalía, la indagatoria se remitió a la Coordinación General de Investigación de la PGR, hoy Fiscalía General de la República, y actualmente se integra bajo el número de Averiguación Previa 2, por el delito de desaparición forzada de personas.

Mediante escrito de ampliación de queja, otro hijo de la mujer solicitó se le tuviera como quejoso en el expediente de la CNDH, derivado de las violaciones a Derechos Humanos de las que fue víctima su madre.

Por otro lado, un hombre compareció ante esta Comisión Nacional y señaló que su hermano fue privado de la libertad junto con la mencionada mujer, cuando estaban en una vivienda en la localidad de Santo Tomás Chiconautla, Municipio de Tecámac, Estado de México, y refirió que ese día visitó el domicilio y vio objetos tirados en el piso, por lo que le preguntó a la dueña de la casa, quien le informó que habían ingresado elementos policiales fuertemente armados, quienes se llevaron a su hermano, a la mujer y a los dos hijos de ésta, en aquel momento de 1 año y de 6 meses de edad.

Como consecuencia dicha persona presentó escrito de ampliación de queja por la desaparición forzada de su hermano y solicitó que la investigación de las violaciones a Derechos Humanos se realizara de manera conjunta con el caso de la mujer, por lo que la CNDH integró ambas investigaciones en un solo expediente de queja, concluyendo que en esos hechos hubo violaciones graves a Derechos Humanos .

Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Secretario de la Defensa Nacional y a la Secretaria de Gobernación que reparen integralmente el daño a los familiares de las víctimas, que incluya compensación, atención psicológica y tanatológica, en caso de requerirlo; se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se lleve a cabo la Disculpa Pública Institucional a los familiares de las personas desaparecidas, en un mismo acto, de manera conjunta y coordinada, en presencia de la CNDH, siguiendo los estándares internacionales, que incluya la publicación en un medio nacional y en la página web oficial de la SEDENA y de la SEGOB, durante un año.

También deberán proporcionar a la Fiscalía General de la República la información y documentación que les sean requeridas, inclusive la existente en archivos históricos, para la debida integración, perfeccionamiento y determinación de la Averiguación Previa 2; colaborar en el ámbito de su competencia en fortalecer el Registro Administrativo de Detención a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionando la información de cualquier detención que realicen.

En lo particular, se solicita al titular de la SEDENA realice acciones encaminadas a saber qué elementos de la Policía Militar fueron los que detuvieron a los agraviados, así como el lugar donde fueron ingresados, proporcionando los datos al Agente del Ministerio Público de la Federación, para la debida integración de la Averiguación Previa 2.

A la SEGOB se le solicita colaborar con la Fiscalía General de la República cuando sea requerida con motivo de la integración de la Averiguación Previa 2, para que se determine si hubo más personas servidoras públicas de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad que hayan tenido conocimiento de la desaparición de las dos víctimas, así como el lugar donde fueron ingresadas.

También se pide que cada uno designe a una persona servidora pública que sea enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación, que ya fue notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx

Recomendación 31VG/2019

 
Con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional realizó una investigación y emitió la Recomendación. Los temas que se desarrollaron en la investigación se abordaron en dos momentos: a) la actuación de autoridades antes del sismo de 19 de septiembre de 2017 y b) la actuación de autoridades después del sismo.

La Comisión Nacional determinó la existencia de violaciones a los Derechos Humanos al principio del interés superior de la niñez, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, a la vida y a la verdad, en agravio de alumnos, personal docente, civiles que se encontraban en el Colegio 1 y familiares de las víctimas, al momento del sismo de 19 de septiembre de 2017, por irregularidades en las autorizaciones para funcionar como escuela, construcción de la misma e irregularidades en la supervisión y verificación en materia de construcciones y protección civil.

La Comisión Nacional concluyó que la construcción del cuarto nivel del Colegio 1, aunado a la omisión de cumplir con las órdenes de clausura y demolición; el dejar de observar y vigilar la construcción del Colegio 1 por parte de las autoridades y no contar con una estructura acorde al Reglamento de Construcciones que pudiera soportar las cargas y las funciones para las que fueron creadas, contribuyó mayormente en la seguridad estructural y a su colapso al momento de ocurrir el sismo de 19 de septiembre de 2017, pues era el Colegio 1 el que debía adecuarse al reglamento de construcción, sin que para ello fuera causa de excepción un derecho adquirido, justamente por tratarse de una construcción que alberga a niñas, niños y adolescentes, pues la obligación es salvaguardar su integridad.

Asimismo, se evidenció que la coordinación entre autoridades como Marina, Sedena, Policía Federal, Bomberos, Protección Civil, Delegación Tlalpan, no fue la adecuada, porque no hubo claridad en la información proporcionada a los familiares de las víctimas, en la división de tareas de búsqueda y rescate, retiro de escombros y traslado de personas fallecidas.

Respecto de las responsabilidades por acciones y omisiones, fueron tres las autoridades Recomendadas: La SEP, con 6 puntos recomendatorios por las expediciones de Acuerdos de Autorización para impartir educación de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, así como por el personal que realizó las visitas de verificación y no dio aviso a sus superior jerárquico que en el Colegio 1 se encontraba una construcción utilizada como vivienda en un cuarto piso y que se estaba impartiendo educación de otros niveles sin que al momento de la visita contara con el respectivo Acuerdo de Autorización.

Al Gobierno de la CdMx, con 6 puntos recomendatorios, por la responsabilidad de la SEDUVI y Protección Civil, ya que la primera es la encargada de realizar las funciones de vigilancia y supervisión, así como acreditación y expedición de carnet de los directores responsables de obra, quienes fungen como auxiliares de la administración pública del Gobierno de la CdMx y fueron los que emitieron, en su momento, las respectivas Constancias de Seguridad Estructural y los Vistos Buenos de Seguridad y Operación, siendo la SEDUVI la autoridad que debe responder por las acciones u omisiones de los DRO´s. Por otra parte, a la Secretaría de Protección Civil se le atribuyó por acciones y omisiones posteriores al sismo, la falta de coordinación e implementación de un protocolo para cumplir con los objetivos de salvaguardar la vida e integridad de la población y realizar de manera adecuada la búsqueda y rescate e información a los familiares de las víctimas y población general.

A la demarcación territorial Tlalpan, con 7 puntos recomendatorios, porque se le atribuyó responsabilidad a través de las Unidades de Desarrollo Urbano, Unidad de Protección Civil, Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias, Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, por las irregularidades en el uso de suelo y visitas de verificación de la construcción en materia de construcción y protección civil y carencia de un Programa Interno de Protección Civil, la omisión de clausura del Colegio 1, la falta de verificación y supervisión en las obras sin apego a las normas de construcción y el tolerar que se construyera un cuarto nivel en una zona que sólo estaba permitida para tres.
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