Se recargará la página automáticamente al seleccionar un año para mostrar el informe de actividades
 Buscador   Ir web de la CNDH

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Jóvenes, Personas Mayores y Familias

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

1. Antecedentes
 
El Estado debe implementar políticas públicas integrales para proteger la organización y desarrollo de todas las familias mexicanas, pues sus funciones sociales son de la mayor trascendencia para la reconstrucción del tejido social, para garantizar el desarrollo de sus integrantes, y el bienestar del país.
 
En México las familias han demostrado su capacidad adaptativa a los cambios económicos, políticos, educativos y culturales, la cual, les ha permitido conservar cierta estabilidad para contribuir al desarrollo integral de quienes las conforman. Sean nucleares (padre/madre e hijos/as), extendidas (dónde se incluyen a los demás parientes; tíos/as, primas/os, abuelos/as), monoparentales (sólo madre o padre y sus hijas/os), u homoparentales (padres/madres del mismo sexo), entre otras, todas las familias constituyen el primer círculo social del ser humano.
 
Sin embargo, no puede soslayarse el peso que problemas estructurales como la inseguridad, la precariedad en el ingreso, la violencia en todas sus manifestaciones, el incumplimiento y violación de los derechos humanos, la desigualdad de género, los movimientos migratorios, el desplazamiento forzado, el tráfico ilícito de armas y drogas, entre muchos otros factores, menoscaban los recursos y rebasan las capacidades de las familias para cubrir las necesidades materiales, afectivas, morales y espirituales de sus integrantes de manera adecuada.
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) refiere que desde 2006 a la fecha no se observa alguna recuperación general en el ingreso de los hogares en los últimos diez años; de acuerdo a INEGI, 40.2% de viviendas con familias cuyos integrantes hablan alguna lengua indígena cuentan con agua dentro de la vivienda; en contraste, en viviendas sin integrantes de esta condición el porcentaje alcanza el 77.5%.
 
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 en México hay 6.7 millones de jóvenes que son jefes de hogar, de los cuales, sólo 35.8% cuenta con una vivienda propia; asimismo, el Índice de Paz México 2018, afirma que la tasa de violencia intrafamiliar en nuestro país se incrementó 32% en los últimos tres años.
 
Si las familias no cuentan con las condiciones mínimas para cumplir sus responsabilidades, el riesgo de que sus integrantes sufran violaciones a sus derechos humanos aumenta considerablemente. La desintegración familiar, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el abandono y maltrato de las personas mayores, el deterioro de la salud, la violencia sexual, física, verbal, económica y patrimonial, los feminicidios, entre muchos otros, tienen repercusiones afectan no sólo a quienes viven esas situaciones, sino a toda la sociedad en general.
 
Este Organismo Nacional estima que para fortalecer a las familias se requieren políticas públicas integrales dirigidas a generar las condiciones propicias para que las cuenten con los recursos y servicios adecuadas para satisfacer las necesidades de sus integrantes, desarrollar un ejercicio presupuestario con enfoque de derechos humanos que tome en cuenta la opinión y demandas de las familias; crear programas de asistencia social modernos y no paternalistas y, generar políticas laborales para los sectores público y privado para facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral.

Durante 2012 y 2019, los principios pro persona e interpretación conforme han cobrado enorme importancia, ya que han dado lugar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales de la Federación y los órganos jurisdiccionales del fuero común, adopten criterios con una perspectiva que se aleja de la aplicación estricta del derecho positivo y privilegia la observancia de las normas de derechos humanos, lo cual es indispensable para conformar un sistema de justicia que responda a las necesidades de la población.
 
Se han emitido criterios trascendentales que involucran a las familias, las juventudes y las personas mayores, en temas como violencia familiar, igualdad de género, matrimonio igualitario, derecho a la identidad en casos de reasignación sexo-genérica, interrupción del embarazo, interés superior de niñas, niños y adolescentes, adopción, guarda y custodia, patria potestad, derechos de las mujeres, derechos sociales, derechos de los pueblos indígenas, por citar algunos.
 
Las juventudes, por ejemplo, enfrentan enormes desafíos para el goce y ejercicio pleno de sus derechos, situación que puede derivar en la carencia de oportunidades para tener condiciones de vida digna en el presente y construir bases sólidas en la realización de sus objetivos en el futuro. El ejercicio de sus derechos humanos, contribuye al pleno desarrollo de su potencial, sus habilidades educativas, laborales y culturales; es imprescindible empoderar y fortalecer sus capacidades mediante el fortalecimiento de aptitudes y competencias que les permitan enfrentar los retos y desafíos contemporáneos.
 
Las personas de 60 años o más, constituyen un segmento poblacional que con frecuencia sufre diversas formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos y falta de oportunidades de desarrollo económico y personal. Las causas de esas transgresiones son diversas, entre ellas puede identificarse una como determinante: la percepción social negativa sobre el envejecimiento, que, eventualmente, puede desembocar en un estatus de vulnerabilidad múltiple.
Es importante reconocer que el Estado, la comunidad y las familias, son corresponsables de garantizar el cumplimiento de los derechos de sus integrantes, pues ante la complejidad de las problemáticas que enfrentan, sólo su actuación conjunta y coordinada permitirá atenderlas de manera integral.
 
A propósito del actual cambio de gobierno a nivel federal y en algunas entidades federativas, será de suma importancia el impulso de políticas públicas, y acciones que permitan la atención de esas problemáticas, es urgente que todos los órganos del Estado actuemos a la altura de las exigencias que entraña la materialización de los principios esenciales del Estado de Derecho para estar en posibilidad de brindar a las personas la protección más amplia contra los actos u omisiones que atenten o menoscaben su dignidad e integridad, para cuya tarea es inminente conocer indicadores asociados a las familias, las y los jóvenes y las personas mayores que muestren un panorama general de su situación y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran en nuestro país.


2. Contexto Actual
 
Familias
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) evidencia que 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica personal como  la forma de vestir, el peso, la estatura, las creencias religiosas y/o edad; el 23.3% consideró que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente algún derecho, entre ellos, la atención médica o medicamentos, servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales y la obtención de algún crédito de vivienda o préstamo o tarjeta. En ese caso, fueron las mujeres quienes declararon sufrir con más frecuencia la negación de sus derechos.
 
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en la sociedad mexicana existen al menos 11 tipos de familias con estructura y organización diversa al modelo de “familia tradicional” formada por madre, padre, hijos e hijas, pero que comparten funciones comunes de protección, seguridad y formación de sus integrantes. La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2017[1] reveló que en el país había  34.1 millones de  hogares; 89.4% de ellos era habitado por familias, de las cuales, 63.6% eran nucleares, 22.9% ampliadas y 2.2% compuestas. A su vez, se identificó que el 56.2% de hogares eran biparentales, 17.1% monoparentales, 26.3% hogares familiares sin presencia de hijos o hijas y que 10.6% eran de tipo no familiar donde ninguno de los integrantes tenía relación de parentesco con el jefe del hogar.

El Informe Especial de la CNDH sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia de 2010,[2] reveló que a pesar de la diversidad de estructuras familiares, en nuestro país es frecuente la discriminación y estigmatización por cuestiones de género o de preferencia sexual, prácticas que no sólo atentan contra la dignidad humana, sino que pueden derivar en actos que excluyen o transgreden la integridad de las personas, que impiden u obstaculizan su normal desarrollo y dan lugar a sociedades homofóbicas, lesbofóbicas y/o transfóbicas. A causa de lo anterior, integrantes de familias homoparentales o de estructura diferente a la tradicional, han sido orillados a hacer del ocultamiento una estrategia de sobrevivencia, e incluso, se han visto obligados a cambiar su lugar de residencia o a buscar refugio en el extranjero.
 
Las carencias de espacio, calidad y servicios disponibles en los inmuebles de las familias, inciden en sus posibilidades reales de mejorar sus condiciones de vida, además de que son factores que pueden derivar en la afectación de otros derechos humanos como la salud, alimentación, y educación. Contar con una vivienda digna es un requisito indispensable para que las relaciones familiares contribuyan al desarrollo y bienestar individual. Respecto a las condiciones de las viviendas en México, datos del INEGI en 2014 indican que el 26.2% de ellas carecía de techo de concreto, 3.4% tenía piso de tierra, 13% no contaba con cocina, 31.3% tenía un sólo dormitorio, 7% no disponía de agua entubada, y 6.4% carecía de drenaje, mientras que únicamente el 33.6% tenía una computadora y el 29.9% acceso a internet.
 
De acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Transformando la Política Urbana y el financiamiento de la Vivienda”, en las últimas décadas ha mejorado la calidad y el acceso a créditos de financiamiento de las viviendas, sin embargo, las políticas de desarrollo urbano han generado la aglomeración de las familias lejos de sus lugares de trabajo y servicios básicos, lo que ha derivado en incremento de problemas de movilidad, expansión de la mancha urbana, pérdidas de productividad y menores niveles de bienestar.
 
La Encuesta Nacional de Vivienda 2014 del INEGI,[3] menciona que si bien es cierto el 60.41% de las familias son dueñas de sus viviendas, 15.8% de ellas rentan, 12.84% residen en inmuebles prestados y 10.4% están sujetas a algún tipo de financiamiento para su adquisición. Una situación preocupante en este aspecto es la falta de información sobre los asentamientos humanos irregulares que, por lo general, enfrentan situaciones de pobreza extrema, pues al día de hoy las familias que viven en ellos están fuera de los indicadores y estadísticas, lo que dificulta el diseño de políticas públicas para su atención.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el ingreso económico de las familias en México presenta brechas importantes entre los deciles poblacionales; así por ejemplo, el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, muestra que en 2018, el ingreso promedio trimestral de las familias en el decil I tuvieron un ingreso promedio al trimestre de 9,113 pesos, es decir 101 pesos por día por hogar, que en términos de perceptores de ingreso se traduce aproximadamente en 43 pesos diarios por perceptor. En tanto que para los hogares del décimo decil dicho ingreso promedio fue de 166,750 pesos, es decir, 1,853 pesos por día por hogar, que en términos de perceptores implica casi 778 pesos diarios por perceptor.
 
Según INEGI, en 2016 existían 3,875,098 trabajadoras y trabajadores subordinados y remunerados cuyos ingresos fueron de un salario mínimo general o menos; además, estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) han advertido que durante 2010 y 2014, se registró una disminución de los ingresos de la población, lo cual ha constituido el principal factor de aumento de la pobreza.
 
Sobre la dinámica de las relaciones entre los integrantes de las familias, INEGI ha señalado que, en 2016, los hombres que tenían a su cargo la provisión de ingresos a sus familias, destinaron a las labores del hogar un promedio de 31.3 horas a la semana, mientras que las mujeres proveedoras dedicaron 68 horas, de lo que se advierte una marcada desigualdad en la responsabilidad de las labores del hogar, originada, principalmente, por los roles y estereotipos de género.
 
En materia penal, el INEGI reveló que, en 2016, el delito de violencia familiar fue el más registrado en las causas penales ingresadas en los juzgados del fuero común con 20,187 casos, ocupando el segundo lugar de los 10 ilícitos (de los fueros común y federal) más frecuentes, sólo después del robo.
 
Otro de los fenómenos que afecta a las familias en México es el desplazamiento forzado interno (DFI), del cual no se conocen cifras exactas. La CNDH, en el Informe Especial sobre DFI, publicado en mayo de 2016, constató la existencia de 1,784 personas afectadas, sin embargo, el número de personas referenciadas por terceros ascendió a 35,433. Del análisis realizado por este Organismo Nacional, se advierte que las principales causas de su ocurrencia son conflictos religiosos, desastres naturales, violencia generada por el crimen organizado, violaciones a derechos humanos e incluso por el ejercicio de la actividad periodística.
 
La desaparición de personas es otra problemática social que lacera a las familias, ya que atenta contra la integridad psíquica y moral de sus integrantes, al causarles un sufrimiento que se acrecienta con la negativa de las autoridades de proporcionar información acerca del paradero de sus familiares o de llevar a cabo una investigación efectiva para esclarecer lo sucedido, lo cual es considerado un trato cruel o inhumano, tal y como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia relativa al caso Radilla Pacheco. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado, además, que la privación continua de la verdad acerca del destino de una persona desaparecida genera en los familiares de la persona desaparecida sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia, lo cual impacta en las relaciones sociales y laborales, y altera la dinámica de las familias.
 
Jóvenes
 
La falta de oportunidades, la pobreza y las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan las juventudes en México, requiere la implementación de acciones que tengan como punto de partida el reconocimiento de su diversidad como grupo poblacional, con la finalidad de eliminar la exclusión y los obstáculos para el cumplimiento de sus derechos; es decir, plantear soluciones asequibles a los problemas que afectan a la población joven e incrementar su efectividad sólo será posible a través de la identificación y valoración de la multiplicidad de condiciones de vida, expectativas, intereses y desarrollo que la caracterizan.
 
Las políticas públicas dirigidas a la población joven, deben contribuir y respaldar los esfuerzos de las familias y comunidades para que, durante esa etapa del ciclo vital, sus integrantes puedan consolidar la construcción de su identidad y adquirir y ejercer autonomía plena.
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017,[4] elaborada por el INEGI, el CONAPRED, la UNAM, el CONACYT y la CNDH, advierte que un 38% de mujeres y 39% de hombres encuestados manifestó su rechazo a la convivencia con personas jóvenes en el ámbito privado, ocupando el segundo lugar de los grupos más discriminados, después de las personas nacidas en el extranjero que constituye el primer lugar, y las personas que viven con VIH o sida quienes representan el tercero.
 
El 39.8% de participantes en la Encuesta considera justificado llamar a la policía cuando hay personas jóvenes reunidas “en una esquina”; 63% de hombres y 58% de mujeres estima que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables; y el 78% de las personas encuestadas considera que las personas jóvenes que no estudian ni trabajan son flojos.
 
En contraste, 36% de las y los jóvenes que respondieron la encuesta, estimó que sus derechos se respetan poco o nada en el país, y señalaron como las principales problemáticas que afectan a las personas de su edad, las adicciones al alcohol y los estupefacientes, y la falta de oportunidades para seguir estudiando.
 
El artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud considera como jóvenes a las personas de entre 12 y 29 años, no obstante, las fuentes estadísticas nacionales e internacionales utilizan parámetros de edad disímiles para la recopilación y sistematización de datos sobre ese grupo poblacional, lo cual representa un problema significativo para su identificación y caracterización.
 
De acuerdo con el INEGI,[5] en 2015 vivían en México 30.6 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad (25.7% de la población nacional); de ellos 35.1% tenía entre 15 y 19 años, 34.8% de 20 a 24 años y 30.1% de 25 a 29 años. Las entidades federativas donde más se concentra esa población son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.
 
La CEPAL ha puesto de manifiesto que, en la región iberoamericana, las juventudes enfrentan tensiones y paradojas que inciden directa y específicamente en su calidad de vida, por ejemplo, las nuevas generaciones gozan de más oportunidades de acceso a la educación pero de menos al empleo; poseen mayor acceso a las tecnologías de la información y comunicación pero menos al poder en la toma de decisiones a nivel estatal; tienen más expectativas de autonomía pero menos opciones para materializarlas.

Cifras del CONEVAL en 2016, indican que el 44.3% de personas entre 12 y 29 años, vivía en situación de pobreza, de las cuales 36.9% se encontraba en pobreza moderada y 7.3% en pobreza extrema; 73.8% de ellas presentaba al menos una carencia social, siendo las más importantes, las carencias de seguridad social (64%), de alimentación (20.6%) y de servicios básicos en la vivienda (19.9%).
 
Investigaciones de la OCDE en 2016, advierten que, en nuestro país, la tasa de personas jóvenes que no trabajan, estudian o reciben capacitación, supera el 25%, tasa similar a la de países como Honduras, Guatemala y el Salvador.
 
Con relación al empleo, en el primer trimestre de 2017, la población económicamente activa de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de personas, de las cuales 15 millones trabajan; empero, 59.5% (poco más de 8.9 millones) de ellas lo hace en el sector informal. El trabajo informal en la población joven es predominantemente masculino. Seis de cada 10 personas ocupadas en informalidad (65.8%) son hombres, en tanto que 34.2% son mujeres. La vulnerabilidad de la población que se ocupa en un empleo informal se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, en la carencia de prestaciones laborales. INEGI señala que “…ocho de cada 10 personas jóvenes de 15 a 29 años (85.3%), no goza de este tipo de beneficios, tanto que 13.7% goza de prestaciones laborales, excluyendo el acceso a servicios de salud”.
 
Respecto al ámbito de la salud, datos del INEGI señalan que en México viven 2.2% de personas jóvenes con discapacidad y 6.6% viven con alguna limitación. Lo anterior significa que un 8.8% (2.5 millones) de jóvenes tiene alguna dificultad para realizar al menos una de las actividades diarias básicas. Sobre salud sexual y reproductiva, se encontró que 62.3% de las mujeres jóvenes de 15 a 29 años han iniciado su vida sexual, de las cuales, un 49.9% no utilizó un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Las mujeres de 20 a 24 años de edad son las que tienen la fecundidad más alta con 126 nacimientos por cada mil mujeres, seguidas de las mujeres de 25 a 29 años con 113. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos por cada mil mujeres es de 77. Datos de la Encuesta Intercensal 2015, reflejan que el 19.3% de las mujeres y el 7.2% de los hombres de entre 15 a 19 años dejó de ser soltero o soltera.
 
También INEGI mostró que, en 2015, vivían en México 7,382,785 personas hablantes de lengua indígena, de las cuales 24.9% eran personas de 15 a 29 años.
Según la de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 (ECOPRED), del total de personas emigrantes, 47.8% salió del país cuando tenía entre 15 y 29 años.
 
Otro tema que preocupa a esta Comisión Nacional, es la participación e involucramiento de personas jóvenes en la comisión de diversos delitos y manifestaciones de violencia, tanto en su calidad de víctimas como de victimarios. Por lo general, la opinión pública suele enfocarse en esta última condición dejando de lado las graves consecuencias para la vida que sufren quienes han sido reclutados, con y sin consentimiento, por organizaciones criminales y omitiendo las causas de fondo que las y los conducen a ese tipo de vida que, en su mayoría, tienen que ver con situaciones de carencia económica, emocional, violencia y desprotección en sus núcleos familiares y entornos comunitarios.
 
Aunado a ello, en muchas ocasiones los casos de personas jóvenes que delinquen son amplificados por algunos medios masivos de comunicación, quienes lejos de contribuir a la concientización de la sociedad sobre el papel del Estado y las familias como garantes de los derechos de la niñez y adolescencia para evitar que se presenten esas problemáticas en la juventud, generan desinformación sobre la situación real incrementando el prejuicio sobre que las y los jóvenes son “peligrosos por naturaleza”.
 
Personas mayores
 
Nuestro país está transitando hacia el envejecimiento de su población, lo cual genera cambios en la dinámica demográfica que, necesariamente, deben ser incluidos en la planeación estratégica nacional para lograr que las generaciones presentes y venideras tengan garantizado el goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.
 
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2017, mencionan que residen en el país 12,973,411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres. La estructura de esa población varía en cada entidad federativa, de manera que hasta 2015, la Ciudad de México registraba el mayor índice de envejecimiento, seguida de Veracruz, Morelos, Yucatán y Sinaloa.
 
Cifras del CONEVAL estiman que, en 2016, el 41.1% de la población mayor de 65 años vivía en condiciones de pobreza, de los cuales, 34.6% sufrían pobreza moderada y 6.6% pobreza extrema.
 
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016,[6] señalan la existencia de 33.5 millones de hogares; en 30.1% de éstos, reside al menos una persona mayor de 60 años.  A su vez, de ese porcentaje, el 16.5% son hogares unipersonales o formados por personas sin lazos de parentesco. Cabe destacar que un 63% de hogares unipersonales son de mujeres mayores y que en el 37.1% de los hogares donde vive por lo menos una mujer u hombre mayor, las familias dependen solamente del ingreso de ellas o ellos.
 
Hasta el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la población de 60 y más años fue de 33.9%, con una diferencia sustancial entre hombres (50.9%) y mujeres (19.6%). El porcentaje de población no económicamente activa en ese rango de edad ascendió a 66.1%, de la cual, más de la mitad se dedica a los quehaceres del hogar (54%). De las personas mayores que trabajan, el 49% labora por su cuenta y 37.8% ocupa un empleo subordinado; de éstos últimos, 60.8% carece de servicios de salud, 61.8% labora sin contrato escrito y al menos 47.7% no tiene prestaciones. En suma, un 73.2% de personas mayores económicamente activas trabaja de manera informal.
 
Con relación al tema de salud, las estadísticas de mortalidad del INEGI en 2015 evidencian que las principales causas de muerte entre la población mayor de 60 años, son las enfermedades del sistema circulatorio (32.5%); las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (20.1%); los tumores (13.1%); las enfermedades del sistema respiratorio (10.7%) y las enfermedades del sistema digestivo (9.1%). En ese mismo año, se registró un porcentaje de afiliación a servicios de salud de 86.30%, con una variación mínima entre hombres (85.37%) y mujeres (87.11%); no obstante, del número total de personas que fallecieron en ese año, el 15.8% no estaba afiliado a ningún servicio de salud.
 
En materia de discapacidad, los datos indican que 3.4 millones de personas mayores viven con discapacidad, mientras que 4.7 millones presentan alguna limitación. Asimismo, se advierte que, de la población ocupada con discapacidad, 56.4% trabajan por su cuenta, 18.1% son empleados y 13.7% no reciben pago por su trabajo. En la población que presenta alguna limitación, 52.9% trabajan por su cuenta, 22.6% son empleados y 11% trabajan sin pago.
 
Atendiendo a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013,[7] una cuarta parte (26.1%) de las personas mayores se encuentran pensionadas, 40.9% por jubilación, 33.9% por retiro o vejez, 17.5% por viudez y 3.6% por accidente o enfermedad de trabajo. La OCDE estimó que en 2015 el gasto público del Estado mexicano destinado al sistema de pensiones ascendió a 1.9% del PIB nacional, en tanto que el promedio de los países que la integran es de 10.3%.
 
En materia educativa se contabilizó un 80.5% de personas de más de 60 años alfabetizada, con mayor prevalencia de hombres (84.6%) que de mujeres (76.9%); no obstante, ese indicador descendió en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero a 56.29%, 57.22%, y 58.11%, respectivamente. Tomando eso en cuenta, el grado promedio de escolaridad de ese grupo social ascendió a 5.4 años, es decir, no cubrió los años de educación básica. Tal circunstancia se agravó en los tres estados antes señalados donde ese sector poblacional estudia sólo 2.93, 3.07 y 3.37 años en cada caso.
 
3. Retos del Estado mexicano
 
Familias
 
El derecho a la protección de las familias es de estructura compleja, pues implica el respeto de las libertades y derechos de sus integrantes, pero también la implementación de medidas adecuadas para crear las condiciones que permitan a todas las formas de organización familiar, cumplir sus funciones sociales. Las familias se han caracterizado por su capacidad adaptativa a los cambios económicos, políticos, educativos y culturales, misma que, en mayor o menor medida, les permite conservar cierta estabilidad para contribuir al desarrollo integral de quienes las conforman.
 
En las condiciones actuales en que se encuentra el país, no podemos minimizar el peso de los problemas estructurales como la inseguridad, la precariedad en el ingreso, la violencia en todas sus manifestaciones, el incumplimiento y violación de los derechos humanos, los movimientos migratorios, el desplazamiento forzado, el tráfico ilícito de drogas, entre muchos otros factores, que menoscaban los recursos y rebasan las capacidades de las familias para cubrir las necesidades materiales, afectivas, morales y espirituales de sus integrantes de manera adecuada.
 
Es indispensable lograr el pleno reconocimiento de los diversos tipos de familias en todas las entidades federativas, de manera que ninguna o ninguno de sus integrantes sea discriminado, excluido o sufra ataques a su dignidad e integridad por el único hecho de no pertenecer a una familia tradicional. Debemos trabajar en el cambio cultural en la sociedad de manera que todas las expresiones de la individualidad sean respetadas, para hacer efectivo el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2017, en el que determinó que la vida familiar de las parejas del mismo sexo, no se limita únicamente a su relación, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres y madres.
 
Concientizar a las personas sobre temas fundamentales como los derechos y deberes derivados del matrimonio o concubinato; las obligaciones de las familias respecto a niñas, niños y adolescentes, las y los jóvenes, las personas mayores y con discapacidad; la distribución equitativa de las responsabilidades del hogar, y la igualdad de género, contribuiría a prevenir conflictos entre sus integrantes. Por ello, es necesario implementar acciones de promoción y difusión sobre modelos de crianza positiva libres de toda forma de violencia; la diversidad de las masculinidades, las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad respecto a los derechos de sus hijas e hijos, las responsabilidades familiares compartidas y la erradicación de la violencia contra las personas mayores, niñas, niños y adolescentes, y por razón de género.
 
Es necesario implementar acciones que fortalezcan y mejoren los mecanismos legales que garanticen el cumplimiento integral de las obligaciones familiares en favor de todas y todos sus integrantes, pues su observancia, no puede dejarse a la voluntad de las personas y mucho menos en caso de actos u omisiones que transgredan los derechos humanos.
 
Debemos trabajar para erradicar las brechas en ingresos y condiciones de bienestar. Además del fortalecimiento al salario mínimo, las autoridades competentes en materia laboral y de protección a trabajadoras y trabajadores, deben realizar las modificaciones normativas e implementar los mecanismos necesarios para que la fuerza laboral acceda a los servicios de salud y seguridad social, así como a un sistema de pensiones que asegure un ingreso digno en el futuro; revisar la legislación laboral para impedir los abusos por parte del sector privado; replantear la política fiscal y económica de manera que se materialice una mejor distribución del ingreso nacional, y ofrecer garantías de una defensa adecuada en caso de controversias derivadas del empleo.
 
No debe soslayarse que, las metas incluidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, priorizan la atención de graves problemas sociales como la eliminación de la pobreza, la inequidad y la desigualdad, las cuales, indudablemente, requieren convocar y promover la colaboración consecuente y dinámica del sector privado cuyo potencial representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y sus familias; el entorno comunitario en donde realizan sus operaciones; el medio ambiente; la productividad y el desarrollo nacional.
 
El feminicidio es uno de los grandes problemas de nuestro país, la CNDH ha participado en actividades que coadyuvan en su erradicación: ha acompañado el proceso legislativo de tipificación de esa descripción normativa; la revisión y reestructuración de los procesos de Declaratoria de Alertas de Género contra las Mujeres; ha condenado todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres; ha emitido informes que pretenden visibilizar el fenómeno y ha externado propuestas de abordaje. Por ejemplo, en el mes de mayo, se presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con motivo de la revisión del Noveno Informe Periódico de México, en relación con la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité recomendó al Estado mexicano: Eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres; adoptar medidas para crear conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres; eliminar la propaganda negativa de género; prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas profundas de dicha violencia; investigar, enjuiciar y castigar esos delitos; garantizar que el feminicidio esté penalizado en todos los códigos penales estatales de acuerdo con la Ley General sobre el Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia; estandarizar los protocolos de investigación policial de feminicidio; simplificar y armonizar los procedimientos a nivel estatal para activar la Alerta Amber y el Protocolo Alba; acelerar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género; abordar la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, y fortalecer los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados sobre la violencia contra la mujer.
 
Jóvenes
 
Las políticas públicas dirigidas a la población joven, deben contribuir y respaldar los esfuerzos de las familias y comunidades para que, durante esa etapa del ciclo vital, sus integrantes puedan consolidar la construcción de su identidad y adquirir y ejercer autonomía plena. Para lograrlo, se requiere incluir, además del enfoque de derechos, una perspectiva generacional, es decir, que las acciones implementadas por el Estado acompañen y tomen en cuenta las necesidades cambiantes de las personas durante las distintas etapas de su vida.
 
Durante 2015 la inversión en materia de juventudes fue de 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, aún no se ha logrado articular una política pública integral con perspectiva de derechos que responda a la complejidad de las situaciones que viven cotidianamente y que las colocan en circunstancias de vulnerabilidad que menoscaban su dignidad y reducen su calidad de vida.
 
Dentro de los compromisos adquiridos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, nuestro país tiene el reto de aumentar considerablemente el número de personas jóvenes con habilidades técnicas y profesionales necesarias para acceder al empleo y el emprendimiento; reducir la proporción quienes no están empleados y no cursan estudios, ni reciben capacitación; desarrollar y poner en marcha una estrategia para el empleo de  las y los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
 
Es imperativo que el Estado realice inversiones estratégicas de inclusión social destinadas a mejorar las condiciones de vida de las juventudes mexicanas, lo cual, a corto y largo plazo permitirá crear oportunidades incluyentes para asistir y permanecer en el sistema educativo; acceder al mercado laboral; alcanzar la igualdad de género; proporcionar herramientas para una vida autónoma; fomentar su participación en la vida política, social y económica; garantizar el ingreso suficiente a lo largo de todo el ciclo vital, y propiciar que su entorno social y familiar se desenvuelva en un ambiente armónico, saludable y libre de toda forma de violencia.
 
Eliminar las desigualdades en sectores como salud, participación y ciudadanía activa es clave para abordar tanto la inclusión social como económica de la juventud. Los principales problemas de salud física y mental de los y las jóvenes en nuestro país están relacionados con la violencia, el abuso de sustancias nocivas y los embarazos adolescentes. Los contextos de violencia a los que se enfrentan, influyen determinantemente en sus oportunidades y su participación activa.
 
A la par, debemos trabajar para vencer las reticencias que la sociedad, las familias y las autoridades muestran hacia las y los jóvenes, para dar paso a una visión que reconozca las numerosas realidades en que se ven inmersos; se conceda valor, se materialicen sus opiniones, ideas, proyectos y sueños, y se modifiquen los esquemas de pensamiento y actuación entre la población para promover la comprensión, entendimiento mutuo y respeto por los derechos humanos en las relaciones intergeneracionales y, sobre todo, entre los diversos grupos de la población.  
 
Personas mayores
 
Se requiere establecer un marco jurídico apropiado que fundamente la actuación estatal, el cual sin duda, debe incorporar el contenido de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), instrumento internacional adoptado en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es que los países firmantes incluyan o refuercen la protección de los derechos de ese grupo social y diseñen e implementen políticas públicas con perspectiva de derechos, género y ciclo de vida, sin discriminación y con un enfoque diferenciado que considere sus características particulares tanto a nivel individual como colectivo.
 
El paradigma garantista de la Convención será determinante para superar en nuestro país, la visión asistencialista sobre la vejez y dará paso al reconocimiento de las personas mayores como titulares de derechos con un papel activo en lo familiar, comunitario y social, permitiendo consolidar una cultura de respeto a su dignidad.
 
La inversión estatal debe dar prioridad a políticas y planes que contribuyan al reconocimiento efectivo de sus capacidades, habilidades y experiencia, que consideren sus características particulares y coadyuven a dotarlos de las herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas de su propio proceso de envejecimiento.
 
Es necesario establecer estrategias de prevención de la violencia de las personas mayores, tales como campañas de sensibilización para la población en general; concientización de las personas servidoras públicas como garantes de los derechos de ese sector de la población; programas intergeneracionales; capacitación al personal de salud y de quienes les brindan cuidado en albergues públicos y privados para garantizar su acceso en condiciones de igualdad y un trato sensible y diferenciado.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera la importancia de continuar los trabajos para fomentar una cultura de respeto y trato digno hacia las personas mayores, favorecer su revaloración y plena integración social, así como procurar la mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre generaciones, con el fin de evitar toda forma de discriminación o abandono por motivo de edad, género, estado físico, condición social, o cualquier otra que impida el goce sus derechos.
 
3.1 Indispensables para 2020
 
Familias
  • Realizar acciones de promoción y difusión de los derechos humanos entre las familias en las que se fomente su conocimiento y reflexión.
  • Acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a servidoras y servidores públicos, que atienden a familias y/o a sus integrantes en materia de diversidad de las familias para evitar actos de discriminación o exclusión, así como para informarles de sus obligaciones y responsabilidades al respecto.
  • Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 entre los sectores privado y social para impulsar programas de mejora de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores, el bienestar de sus familias y el desarrollo de las comunidades en las que viven.
  • Coordinar acciones con las Fiscalías Generales y Poderes Judiciales para concretar proyectos de recopilación y sistematización de datos desagregados sobre los servicios de procuración de justicia y el cumplimiento de las garantías del debido proceso, a efecto de identificar áreas de oportunidad para mejorar la atención que se brinda a las familias y sus integrantes.
  • Revisar la eficacia de los mecanismos legales para la protección y defensa de los derechos de las familias.
 
Jóvenes
 
  • Reconocer a las y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país; brindarles oportunidades incluyentes que les permitan prepararse y obtener su primera experiencia laboral; crear acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo de sus potencialidades; construir en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados con las juventudes y propiciar que su entorno social y familiar se desenvuelva en un ambiente armónico, saludable y libre de toda forma de violencia.
  • Expedir una Ley General de los Derechos de las Personas Jóvenes, que los reconozca como sujetos plenos de derechos; se prevea su participación activa en la toma de decisiones sobre las situaciones que les afecten en todos los ámbitos de su vida, se coordine la intervención de los tres órdenes de gobierno y se estandarice la edad de ese grupo de la población.
  • Realizar consultas, encuestas u otros mecanismos de participación con la intención de identificar a las distintas juventudes, sus características y necesidades particulares, e incluir sus opiniones e iniciativas en las acciones o medidas legislativas o de política pública que se dirijan a su bienestar.
  • Impulsar la instrumentación de una política nacional de juventudes, desde una perspectiva de derechos, enfoque de género, no discriminación, igualdad sustantiva, transversalidad, autonomía e independencia que permita incorporarlos en el desarrollo del país. Para ello, es determinante implementar estrategias para el financiamiento de programas educativos, adquisición de viviendas, salud, deporte, actividades artísticas, recreativas y culturales, entre otros.
  • Eliminar la persistente discriminación contra las mujeres jóvenes para lograr condiciones de igualdad en el empleo y la educación.
  • Promover la difusión de una imagen positiva de las juventudes que coadyuve a la erradicación de la estigmatización, estereotipos, prejuicios o ideas parciales sobre el rol de las y los jóvenes en nuestro país.
  • Realizar campañas de concientización y sensibilización dirigidas a las y los jóvenes en las que se les proporcione información sobre la previsión de su futuro, la importancia del ahorro y la inversión a largo plazo, las oportunidades y servicios para la formación de un patrimonio propio y las opciones disponibles para su realización.
 
Personas mayores
 
  • Concluir el proceso de ratificación de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de acuerdo a los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; este último referido a que el Estado debe realizar un reconocimiento cada vez más amplio de derechos a toda la población, sin oportunidad de restringirlos, eliminarlos o retroceder en su protección.
  • Armonizar el marco jurídico en materia de derechos de personas mayores, a partir de la perspectiva de derechos, enfoque de género, reconocimiento del derecho al trato preferente y el principio de no discriminación, en cuyo proceso es imprescindible la consulta a ese sector de la población.
  • Garantizar el acceso a la justicia de las personas mayores, a través de acciones en las que la reforma al sistema de justicia penal incluya el respeto a los derechos humanos de ese colectivo social.
  • Capacitar al personal de las procuradurías de justicia y fiscalías estatales en materia de derechos humanos y elaborar protocolos de atención especializada para las personas mayores desde una perspectiva integral de protección a sus derechos.
  • Desarrollar programas de capacitación, sensibilización y mejores prácticas para servidoras y servidores públicos, personal médico, cuidadores e integrantes de las familias a fin de provocar un cambio cultural hacia la revalorización de las personas mayores.
  • Generar información desagregada de las personas mayores como población objetivo de las políticas públicas a nivel estatal en las que se construyan indicadores prospectivos, a partir del ciclo de vida para conocer sus condiciones de salud, integridad, económicas y sociales, a efecto de adoptar medidas de prevención oportuna y garantizar una calidad de vida adecuada en esa etapa.
  • Fomentar una cultura de convivencia intergeneracional que implique la transferencia de conocimientos y experiencias de poblaciones mayores a poblaciones jóvenes, a fin de que estos últimos se preparen para su adultez mayor y, a la vez, se fortalezca la solidaridad entre las generaciones.

La CNDH en materia de Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Entre otras tareas, la Coordinación sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de este Organismo Nacional, tiene la finalidad de coadyuvar en la observancia, promoción, divulgación y estudio de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, desde un enfoque integral, transversal, con perspectiva de derechos y de género. A partir de 2017, su objetivo se ha adaptado a las necesidades sociales de nuestro país, por lo que dividió su labor en dos programas presupuestarios denominados:  E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes y E032 Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias.
 
En ese sentido, en la Coordinación se proporciona a las personas que así lo soliciten, servicios de información y orientación jurídica de manera presencial, vía telefónica y por medios electrónicos; pláticas, cursos, talleres, conferencias y actividades de capacitación o actualización a servidoras y servidores públicos e integrantes de organizaciones del sector social y privado en temas de derechos humanos de las juventudes, personas mayores y familias; se realizan estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de esos grupos poblacionales para formular estrategias encaminadas a prevenir conductas violatorias de los mismos y promover el perfeccionamiento del marco jurídico que los protege; se elaboran y distribuyen materiales de divulgación con el objeto de difundir el conocimiento de sus derechos humanos y; se realizan actividades de vinculación con instituciones públicas y privadas para dar seguimiento a los compromisos institucionales en la materia. 

Promoción de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

En materia de promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes, personas mayores y las familias, se realizaron 252 actividades (conferencias, talleres, cursos, cursos-talleres y foros) en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas beneficiando a un total de 34,303 personas.
 
En la promoción de los derechos de las familias, las juventudes y las personas de 60 años y más, destacan las siguientes actividades:
  • El día 31 de enero, se llevó a cabo la presentación de los resultados del ejercicio de Armonización Normativa de Personas Mayores, el cual implicó un análisis de las disposiciones constitucionales y convencionales en contraste con la normativa local relativa al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas mayores de 60 años; la información se encuentra disponible en la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos de esta Comisión Nacional disponible en: http://armonizacion.cndh.org.mx/.
  • El 8 de abril se llevó a cabo el foro denominado “Derechos de las Personas Adultas Mayores por un Envejecimiento Digno”, cuyo objetivo fue generar un espacio de análisis y reflexión del contexto actual de ese grupo poblacional con el fin de formular políticas públicas en la materia, en el que se participó con una ponencia en la que se analizaron las problemáticas detectadas a partir del estudio de armonización normativa en materia de los derechos humanos de las personas mayores aludido en el punto anterior y se destacaron las 41 propuestas generales para contribuir a la construcción de políticas públicas en beneficio de ese sector de la población contenidas en el  Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México emitido por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • A invitación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se participó en el  evento denominado “Madres e Hijos por la Protección de Datos Personales, en cuyo acto inaugural la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Personal de la Coordinación del Programa sobre asuntos de la Niñez y la Familia pronunció un mensaje en el que resaltó la importancia de la protección de los datos personales por parte de las familias respecto de niñas, niños y adolescentes.
  • El 29 de mayo, a invitación del Poder Judicial del Estado de Oaxaca se impartió la conferencia denominada “La protección de la familia en los instrumentos jurídicos de Derechos Humanos”, dirigida a servidoras y servidores pública de diversas instituciones públicas estatales con el objeto de reflexionar acerca de la importancia de las familias, su diversidad y la protección que se les ha dado desde diversos instrumentos jurídicos.
  • A solicitud del Instituto Mexicano de la Juventud, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se impartieron, como parte de la ejecución del Programa denominado Territorio Jóven, coordinado por dicho Instituto, diversas pláticas, conferencias y talleres relacionados con los Derechos Humanos de las Personas Jóvenes, dirigidos en su mayoría, a personas jóvenes de distintas entidades federativas del país, quienes tienen la encomienda de replicar lo aprendido en los Centros Teritorio Jóven.

Vinculación en materia de Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Con el fin de fortalecer la vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, se realizaron 24 reuniones de trabajo con organizaciones tanto públicas como de la sociedad civil a nivel local y federal, en diversas entidades federativas del país.
 
Cabe destacar que esta Comisión Nacional participa en las sesiones del Consejo de Coordinación Interinstitucional sobre el tema de Personas Mayores y en el Grupo de Trabajo Interinstitucional en materia de Envejecimiento del Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica, a invitación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Instituto Nacional de Geriatría, respectivamente. Además, es integrante del Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a Favor de las Personas Adultas Mayores que coordina el Instituto regulador de las políticas públicas en favor de las personas mayores.
 
Por otro lado, este Organismo Autónomo de Protección de los Derechos Humanos, participa activamente en el Grupo Técnico de la Comisión Nacional contra las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud. Asimismo, formó parte del Consejo de Premiación del Premio Nacional de la Juventud 2019.

Divulgación de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

A efecto de dar a conocer entre la población los derechos fundamentales de las y los jóvenes, de las personas mayores y de las familias, se elaboraron, revisaron o actualizaron para su posterior publicación 14 materiales (trípticos, cuadríptico, folleto, libro, políptico y juego de mesa) . Adicionalmente, se distribuyeron 57,286 materiales de divulgación.

Asesorías y Orientaciones en materia de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Con el objeto de brindar orientación jurídica y canalizar a las instancias adecuadas a todas aquellas personas que lo solicitan, durante este periodo se proporcionó atención jurídica vía telefónica, presencial y/o electrónica a 241 solicitudes en diversas materias tales como guarda y custodia; pensión alimenticia; divorcio; visitas y convivencias; derechos sucesorios; reconocimiento de paternidad; arrendamiento; violencia sexual, violencia psicológica, física y/o económica, violencia institucional; discriminación; derechos laborales; derechos de personas jóvenes; derechos de las personas mayores; apoyos sociales; etc. Dichas solicitudes provinieron de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán

Recomendaciones emitidas en materia de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

En materia de derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, se emitieron las siguientes recomendaciones:
  • Recomendación No. 8/2019, de fecha 26 de marzo de 2019, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud por inadecuada atención médica y pérdida de la vida en agravio de V1, persona mayor, en el Hospital General de Zona 24 del IMSS en la Ciudad de México.
  • Recomendación No. 11/2019, de fecha 29 de marzo de 2019, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de la violación al derecho a la protección a la salud por la inadecuada atención médica de V1, persona indígena mayor en el hospital rural IMSS-PROSPERA en Zongolica, Veracruz.
  • Recomendación No. 26/2019, de fecha 28 de mayo de 2019, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones al derecho humano a la protección de la salud, que derivó en la pérdida de la vida de V, mujer mayor con 61 años de edad, y a la información en materia de salud, en agravio de QV, en la Unidad de Medicina Familiar 52 del IMSS, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
  • Recomendación No. 41/2019, de fecha 28 de junio de 2019, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida en agravio de V1 y la pérdida del producto de la gestación, en Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guanajuato.
  • Recomendación No. 42/2019, de fecha 28 de junio de 2019, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, sobre el recurso de impugnación de R, persona mayor con 68 años de edad, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, por inejecución de laudo firme, atribuido al Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec y a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca.
  • Recomendación No. 59/2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, dirigida al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, sobre el recurso de impugnación presentado por la no aceptación de la Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, por violaciones al derecho humano a la propiedad en agravio de R, persona mayor indígena cometidas por personal del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz.
  • Recomendación No. 72/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuradoría Federal del Consumidor, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de QV y de las personas mayores por la falta de accesibilidad y movilidad, en las líneas aéreas nacionales e internacionales, por la inaplicación de tarifas preferenciales, descuentos o exenciones a su favor.
  • Recomendación No. 75/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la posesión, legalidad y seguridad jurídica, en agravio de personas indígenas tzeltales posesionarias del terreno nacional Emiliano Zapata II, Municipio Marqués de Comillas, y de V42 y V43 personas mayores posesionarias de los terrenos nacionales “San José”, Municipio La Libertad y “Santa María”, Municipio de Palenque, Chiapas.
  • Recomendación No. 80/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo y a la Fiscalía General de la República, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la informaciòn, que derivó en la pérdida de la vida por inadecuada atención médica en agravio de V, persona mayor, en el Hospital General “B” del ISSSTE y en el Hospital General de Salud del Estado, así como al acceso a la justicia por indebida procuración de justicia en agravio de QV por la Fiscalía General de la República.

Informes, Diagnósticos, Estudios o Análisis en materia de Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Asimismo, en cuestión de observancia de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, se emitieron los siguientes pronunciamientos:

Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, en Materia de Procuración y Administración de Justicia
 
El 18 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, en Materia de Procuración y Administración de Justicia; la presentación estuvo a cargo del Ombudsperson Nacional quien destacó que México enfrenta una grave problemática en materia de procuración y administración de justicia, lo que se refleja en los insuficientes resultados que la Fiscalía General de la República (FGR) y las procuradurías y fiscalías estatales tienen ante la crisis de impunidad e inseguridad que se vive, los cuales indican que a nivel nacional la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3%.

El Estudio evidencia la falta de plena autonomía de las procuradurías y fiscalías de justicia; la debilidad de sus servicios profesionales de carrera, y la estructura heterogénea de cada instancia de procuración de justicia dependiendo de la entidad federativa de que se trate, lo que da cuenta de las dificultades materiales y técnicas que les impiden llevar a cabo los procesos que demanda un sistema de justicia de corte acusatorio, pues la limitada capacidad de investigación criminal ocasiona que, con frecuencia, se violen derechos humanos.
 
Del contenido del Estudio se advierte que las políticas públicas en materia de seguridad y justicia carecen de perspectiva integral y transversal que permita articular la actuación, operación, competencias y objetivos de todas las autoridades involucradas; que la delincuencia y su reducción son fenómenos multicausales relacionados con las condiciones sociales y económicas de la población; que las inversiones para mejora del sistema de justicia penal mexicano deben dirigirse al desarrollo de infraestructura y de capacidades para apostar por la innovación en políticas públicas, mediante el establecimiento de mejores mecanismos de vigilancia y transparencia con participación de organizaciones civiles; así como crear vías seguras para denunciar actos de corrupción de personas del servicio público, y garantizar la debida protección y asistencia jurídica.

Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2001-2017 Tema: Derecho a la protección de la salud

El 28 de octubre de 2019 fue presentado a la opinión pública el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2001-2017 Tomo X Derecho a la protección de la salud, el cual fue elaborado por el Programa Universitario de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conjuntamente con este Organismo Autónomo.
 
El objetivo del estudio fue articular un análisis transversal interdisciplinario de seguimiento a los instrumentos de posicionamiento emitidos por la CNDH en materia de derecho a la protección de la salud, además de dar seguimiento a los estudios, pronunciamientos, recomendaciones e informes especiales en esa materia y conocer su impacto en la legislación federal y estatal, y su presencia en medios impresos y recursos académicos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el ejercicio efectivo de ese derecho es motivo de especial preocupación, pues la presentación de quejas contra diversas autoridades de distintos ámbitos y niveles de atención como responsables de la violación del derecho a la salud es cuantiosa.
 
La presentación del Estudio estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Primer Visitador General, quien de manera sucinta abordó los hallazgos y conclusiones del documento, haciendo especial énfasis en las recomendaciones emitidas por la CNDH en materia de protección a la salud, el expediente clínico y el derecho a la información en servicios de salud, la violencia obstétrica, la atención psiquiátrica en hospitales del Gobierno Federal y de los Estados de la República mexicana, y la atención a las mujeres indígenas.
 
Además, el estudio  contiene propuestas  para mejorar el índice de cumplimiento de la Recomendaciones y pronunciamientos emitidos por este Organismo Nacional tendentes a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud.

Informe especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México

El día 19 de febrero, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se llevó a cabo la presentación del Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, con el objetivo dar a conocer a la opinión pública el contexto social e institucional de las personas mayores en nuestro país, desde el análisis con perspectiva de derechos humanos, haciendo énfasis en las políticas públicas, planes y programas que ha implementado el Estado mexicano y constituir una herramienta de consulta para los procesos de toma de decisiones.
 
Para la elaboración del estudio se formularon 148 solicitudes de información a diversas autoridades federales y locales, de las que el 87% proporcionaron información a esta Comisión Nacional. Del análisis de las respuestas se identificaron diversas problemáticas, entre las que destacan, la falta de políticas públicas integrales para responder a los retos del cambio demográfico; la ausencia del enfoque de derechos humanos y de la participación de las personas mayores en los planes y programas dirigidos a ese grupo poblacional; desarticulación en la actuación del Estado, la comunidad y las familias para la realización y protección de los derechos de las personas mayores; necesidad de mayores recursos presupuestales con enfoque diferenciado y transversal; insatisfactorio cumplimiento del derecho a la educación, la salud, al trabajo, y a una vivienda digna; la situación de los derechos de las personas mayores residentes en centros de asistencia social y el acceso a la justicia de las personas mayores.
 
El Informe Especial contiene 41 propuestas generales para contribuir a la construcción de políticas públicas en beneficio de ese grupo poblacional que tienen como objetivo optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos y procesos para la protección efectiva de las personas mayores, y están dirigidas a las y los titulares de dependencias federales, integrantes de la Cámara de Senadores, titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas, INAPAM, INEGI, el Sistema DIF Nacional y Sistemas DIF estatales, instancias de procuración de justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autoridades de impartición de justicia.
Herramientas para accesibilidad