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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Niñas, Niños y Adolescentes

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

1. Antecedentes
 
El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral, y para impulsar la evolución de la sociedad mexicana, hacia una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar.
 
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, es el instrumento principal, que obliga a los Estados Parte a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos de su vida; los reconoce como sujetos plenos de derechos, y establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio de su interés superior.
 
En México, con las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-P en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicadas en octubre de 2011, se adicionó el principio del interés superior de la niñez, se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y se impulsó la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La ley, reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos establecidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, entre otros.
 
La entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes estatales en la materia, marcaron en nuestro país, el inicio de una nueva etapa en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, pues no sólo se reconoce como titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes, sino que se establecen obligaciones para que el Estado, las personas encargadas de su cuidado y la sociedad en general, trabajemos coordinadamente a nivel nacional a fin de garantizar la observancia y respeto de los derechos de ese grupo de atención prioritaria.
 
En ese sentido, la LGDNNA establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) — del que la CNDH es parte integrante—, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de generar acciones para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de prevenir su vulneración, garantizar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando son vulnerados.
 
El artículo 140 de la LGDNNA dispone que la CNDH y todos los organismos públicos de protección de los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, deben establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 
Derivado de esas disposiciones, en la labor de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, se debe privilegiar la supervisión de la actuación de los gobiernos en materia de niñez y adolescencia; impulsar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes e incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de sus derechos; recibir denuncias de violaciones a los mismos y establecer mecanismos para su defensa y reparación integral; salvaguardar sus intereses; ser su portavoz; crear espacios plurales de participación y reflexión sobre la situación de ese grupo poblacional en la sociedad, así como su relación con el Estado; impulsar la creación de políticas públicas con enfoque de derechos y de género, y transversalizar la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia al interior de cada organismo.
 
Por ende, es imperante conocer indicadores relativos a niñas, niños y adolescentes, que muestren un panorama general de su situación y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.
 
2. Contexto actual
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revelan que en México habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes (en términos relativos, representa el 35% de la población), los cuales, en su mayoría, enfrentan problemáticas múltiples: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como la obesidad y desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese total, 21 millones viven en pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia; una de cada cinco personas desaparecidas, pertenece a este sector de la población, y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por lesiones causadas de manera intencional.
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), advierte que el 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años, y que el 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada.
 
Sobre el derecho de participación, el 24.8% de niñas y niños de entre 9 y 11 años manifestaron que su opinión nunca se toma en cuenta en la comunidad. Respecto a la violencia en el hogar, el 14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas, un 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron, un 10.1 % sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada, y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado.
 
Con relación al acoso escolar, 22.6% manifestó haber sufrido burlas o recibir apodos ofensivos; 15.7% padeció el rechazo de los compañeros y compañeras; a 15% le prohibieron participar en juegos, deportes o actividades en equipo, y a 12.5% le han pegado, empujado o amenazado.
 
El 41.8% de niñas y niños señaló haber sido discriminado en la escuela por su peso o estatura, 35.5% por su manera de vestir, 32.5% por su forma de hablar y expresarse, y un 27.5% por su nombre.
 
Como se advierte en el Estudio de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México 2018, en México se tiene registro de 36,265 personas desaparecidas de las cuales el 18% tiene entre 1 y 17 años. El 92.7 % de esas desapariciones han ocurrido entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 de niñas, niños y adolescentes desaparecidos por cada 100 mil habitantes.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, realizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señala que, en 2015, el 50% de la población nacional de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares que experimentaban algún tipo de pobreza, es decir, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes.
 
El panorama es peor cuando hablamos de menores de edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80% (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para las y los adolescentes). Esto refleja las desventajas que enfrenta la población indígena, en particular los menores de edad, para el ejercicio de sus derechos. La población indígena enfrenta brechas en todos los casos en los que se compara con población no indígena, por ejemplo, el 78.5% de menores indígenas (0-17 años) se encuentran en situación de pobreza frente al 47.8% de la población de menores de edad no indígenas. De igual forma, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en comento refleja que 700,000 niñas, niños y adolescentes, no asistían a la escuela por motivos económicos.[1]
 
Datos de UNICEF y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) revelan que en México, 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes indígenas se encuentran en edad escolar (3 a 17 años); no obstante, la proporción de ellas y ellos en función del nivel educativo, varía en cada entidad federativa; por ejemplo, mientras que en Nayarit y Nuevo León, hay un número importante de niñas y niños en edad preescolar (23.1 y 25.5%, respectivamente), en Veracruz habitan más niñas, niños y adolescentes en edad para cursar la secundaria (22.4%) y la preparatoria (20.4%).[2]
 
Al inicio del ciclo escolar 2017-2018 estaban matriculados casi 30,733,177 de niños, niñas y adolescentes en la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y preparatoria), de los cuales, el 8.3% de la matrícula correspondía a alumnas y alumnos indígenas en educación preescolar y el 5.7 % en educación primaria.[3]
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es un problema de salud pública a nivel mundial que está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), 3 de cada 10 niñas y niños (de 5 a 11 años de edad) padecen sobrepeso u obesidad. Aunque hubo una disminución significativa del sobrepeso en niños varones, al pasar de 19.5% en 2012 a 15.4% en 2016, se observó un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales, tanto en niñas como en niños. Asimismo, 4 de cada 10 adolescentes (de 12 a 19 años de edad) presenta sobrepeso u obesidad.
 
En 2018, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud (SS), ratificó las Declaraciones de Emergencia Epidemiológica EE-5-2018 y EE-6-2018 para todas las entidades federativas de México ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad,[4] en las que se hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coordinarse con la SS a efecto de intensificar las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control del sobrepeso y de la obesidad.
 
La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF, revela que el 63% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años es sometido a formas de castigo físico o psicológico por algún integrante de su familia, mientras que el 6% recibe castigos severos. Datos de ONU Mujeres 2014, señalan que 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual, así como que 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años participaban en alguna actividad económica.
 
El Módulo de Trabajo Infantil 2017 del INEGI, señala que a nivel nacional 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2% desempeñaron ocupaciones no permitidas y el 36.6% quehaceres domésticos no adecuados. El número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar era de 802,890 personas (38.7%) y 1,267,543 (61.3%) se dedicaban a actividades peligrosas. El 39.3% de quienes eran personas menores de edad en ocupación no permitida no percibían ingresos por su labor. Los Estados de Nayarit, Zacatecas y Campeche reportaron el mayor índice de trabajo infantil, con el 19.7%, 18.9% y el 18.1%, respectivamente”.[5]
 
Durante 2015, cifras del INEGI revelan que el 49% de niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajaban; 7.8% de mujeres adolescentes ha tenido un hijo; 10.1% de las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años dejó la escuela porque se embarazó o tuvo un hijo y 13.1% lo hizo debido a que se casó.
 
Sobre este último punto, a raíz de la expedición de la LGDNNA, las entidades federativas iniciaron una labor de armonización legislativa para establecer en su legislación civil el requisito de edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. A la fecha, en la totalidad de las entidades, se prohíbe contraer matrimonio antes de los 18 años de edad, sin embargo, el Código Civil Federal aún contempla el matrimonio de personas menores de 18 años y tres estados conservan dispensas o excepciones a la edad (Baja California, Querétaro y Sonora).
 
De acuerdo con el Informe Anual de UNICEF 2017, el 23.6% de las mujeres en México se han casado o viven en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad. Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los tres estados de la República mexicana con mayor porcentaje de matrimonio infantil con el 44.82%, 42.41% y 39.17%, respectivamente. Aproximadamente, el 15% de las mujeres jóvenes entre 15 y 19 años está casada.[6]
 
El Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicado en este año, evidencia que a nivel nacional el 20% de las adolescentes entre 15 y 17 años experimentó alguna forma de violencia en el ámbito familiar durante 2015. La violencia emocional es la más frecuente (15.7%), seguida de la violencia física (8.5%) y económica (6.2%). Asimismo, la proporción de mujeres adolescentes que sufrió violencia sexual en su ámbito familiar fue de 1.8%.
 
Tristemente, como lo confirma ese estudio de UNICEF, los hermanos, madres y padres suelen ser los principales responsables de esa violencia, pero, además, el tipo de agresor cambia según la forma de violencia de que se trate. Es frecuente que los hermanos las ignoren, pateen, y dañen sus pertenencias; mientras que los primos son señalados con más frecuencia como perpetradores de agresiones sexuales.

Por otro lado, de 1990 a 2016 la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años aumentó en la mayoría de las entidades federativas, alcanzando en ese último año 2.15 nacimientos por cada mil de ellas. Las entidades con más altas tasas de fecundidad son: Guerrero, Chiapas y Coahuila.
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, del INEGI, causa alarma, pues revela que 66 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante que residen en nuestro país, han experimentado por lo menos un acto de violencia de cualquier tipo (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral), a lo largo de su vida. En su mayoría, quienes han ejercido esa violencia en su contra han sido la pareja, el esposo, o novio, algún familiar, los compañeros de escuela o trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, los amigos, vecinos, personas de su entorno cercano y  personas desconocidas. 
 
La tasa de suicidios en la población de 10 a 17 años también presenta un incremento en su nivel para el periodo 2006 a 2015, ya que pasa de 2.6 a 3.8 por cada 100 mil niños en este rango de edad. El mayor número de muertes por esta causa se presenta en varones. En 2015, se registraron 3.2 suicidios de varones por cada 100 mil niños. En las niñas, la tasa es de 1.8 suicidios por cada 100 mil, lo que representa una sobremortalidad masculina de 177.8 suicidios de niños por cada 100 en niñas.
 
En materia educativa, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que presenta el nivel de deserción escolar más alto, especialmente en las y los adolescentes de entre 15 y 18 años, siendo las dos causas principales de abandono de los estudios, las carencias económicas de sus hogares en 52% de los casos, y los embarazos tempranos o las uniones entre parejas jóvenes, que representan el 23%. Durante 2000 y 2011, alrededor de 6.5 millones de adolescentes y jóvenes dejaron sus estudios.
 
La violencia en los planteles educativos ocupa un lugar importante en los problemas que enfrenta la niñez en nuestro país. La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 del INEGI, encontró que 32.2% de adolescentes de entre 12 y 18 años sufrieron acoso escolar. Tanto en educación básica, media básica o media superior, los conflictos y agresiones entre pares (bullying o ciberbullying), así como entre profesoras, profesores, alumnas y alumnos son ejemplos claros de cómo la conjunción de múltiples factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y colectivo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ámbito que debiera ser de los más seguros para su desenvolvimiento.
 
Para la CNDH, que las autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de todas las personas, es una tarea prioritaria que requiere un esfuerzo permanente y coordinado para cumplir las exigencias que la sociedad demanda.
 
Las niñas, niños y adolescentes, constituyen la tercera parte de la población nacional; a pesar de ello, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve limitado por una visión social que los concibe como “objetos de protección”, excluyéndolos de la participación y toma de decisiones sobre su propia vida, e incluso justificando la violencia que se ejerce en su contra.
 
Las obligaciones que el Estado, las familias y la comunidad tienen para con la niñez y adolescencia, no se agotan al asegurar su supervivencia o atender algunas de sus carencias sociales, es necesario habilitarlos para el ejercicio progresivo de sus capacidades como seres humanos, alentando y fortaleciendo su independencia y autonomía, lo cual contribuye a su sano crecimiento físico y mental, posibilita que se apropien de valores, que se formen en una cultura de respeto a la diversidad y rechazo a la violencia, que desarrollen conciencia ciudadana y responsabilidad social.
 
Como se observa, la estadística nos muestra la frecuencia y magnitud de las acciones u omisiones que dañan los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, visibiliza un panorama que advierte la necesidad de consolidar acciones de todas las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de ese sector de la población, lo cual nos lleva a concluir que algunas causas de fondo son, entre otras, la pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia de oportunidades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de inversión pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, a efecto de que ciñan su actuar al nuevo paradigma de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
 
 
3. Retos del Estado mexicano

Es indispensable establecer una agenda de prioridades para la realización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.

 Desde la expedición de esa Ley General, los avances en su cumplimiento no han sido suficientes ni homogéneos en todas las entidades federativas. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su evaluación de los informes entregados por el Estado mexicano, ha hecho referencia a diversas problemáticas que afectan a la infancia y adolescencia en México, entre las cuales se pueden mencionar la desigualdad social, el incumplimiento del principio de no discriminación, la vulneración de niñas y niños indígenas, la explotación económica y sexual de mujeres y la trata de niñas y niños migrantes, la explotación laboral infantil, la insuficiencia en la armonización de la propia legislación con las normas internacionales, la ausencia de aplicación en los gobiernos estatales de las leyes federales en la materia, así como graves situaciones ligadas con la práctica de la tortura, la violencia armada y el crimen organizado.

Se ha advertido que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no han logrado posicionarse como las autoridades competentes en la atención de los casos de vulneración a los derechos de esa población; incluso, en muchos estados de la República los fenómenos de violencia en su contra alcanzan tal magnitud y urgencia, que las y los integrantes de los Sistemas locales de Protección fungen como autoridades de primer contacto, atendiendo o canalizando solicitudes de apoyo, e incluso, coordinando medidas con las autoridades municipales y estatales. Si bien es cierto, todas las autoridades tienen la obligación de denunciar cualquier acto que vulnere la dignidad e integridad de las personas menores de edad, también lo es que las labores de atención que están desarrollando los SIPINNA van en detrimento de la elaboración de políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia en sus estados, la cual es su principal función.

Existe todavía una ausencia de políticas públicas de prevención, y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; los esfuerzos para promover una cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia son escasos. En particular la atención a la violencia de género que afecta a niñas y adolescentes de todo el país, es desigual y carece de coordinación. Diversas entidades federativas se niegan sistemáticamente a activar las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres sin considerar la urgencia de ofrecer respuestas reales que brinden seguridad a mujeres, niñas y adolescentes. Lamentablemente, la institucionalización de la violencia machista continúa siendo garantía de impunidad, lo que incrementa delitos como la violación y el abuso sexual, desaparición, feminicidios, entre otros.

En materia de educación, se tiene registro de que los casos de acoso escolar y violencia en las escuelas se han incrementado en los últimos años. Ello es reflejo de las deficiencias en las acciones para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad, que cuente con los adecuados recursos económicos, técnicos y humanos. El gasto público en educación en términos del Producto Interno Bruto (PIB) ha sufrido una disminución importante, pues mientras que en 2016 fue de 5.1%, se redujo a 4.6% en 2017.[i]

La situación de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad requiere una respuesta integral, que atienda las causas estructurales que orillan a la población a abandonar sus comunidades de origen, tales como la inseguridad, la violencia, la precariedad en el ingreso, entre otras. Asimismo, es indispensable armonizar la Ley de Migración con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que pueda implementarse de manera efectiva un procedimiento para determinar el interés superior de la niñez y adolescencia, asegurando las garantías procesales; se establezcan disposiciones que garanticen el acceso a la educación y a la salud para quienes viven en contextos migratorios; tomar medidas para evitar el abuso en su contra; favorecer las denuncias de tortura y desaparición de migrantes; erradicar malos tratos, hacinamiento, falta de higiene, inadecuada atención médica; así como prevenir delitos que agravian a la niñez en contexto de movilidad cuando el agente es el Estado.
 
Materializar las responsabilidades del Estado mexicano, de las familias y de la sociedad en la protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, enfrenta retos de importante complejidad, tales como aplicar de manera efectiva e integral la normativa nacional e internacional; armonizar el marco jurídico en la materia; impulsar la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en las que se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, y la participación activa de este sector; así como continuar con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la actuación de los operadores administrativos y judiciales en la impartición y procuración de justicia, por citar algunos, indispensables en la conformación de una estructura institucional sólida que responda a las problemáticas que enfrenta la niñez y adolescencia en el país.
 
Para promover el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también resulta apremiante continuar con la implementación de acciones para transversalizar el enfoque de derechos y el interés superior de la niñez y adolescencia en todas las actuaciones del Estado, especialmente en aquellas relativas a la no discriminación e igualdad sustantiva; supervivencia; inclusión de personas con discapacidad; medidas de protección especial y restitución de derechos; acceso a la información y participación; entornos libres de violencia y ambientes saludables; contenidos en medios de comunicación; prevención y atención de embarazo; sexualidad y reproducción; desarrollo infantil temprano; identidad; adopción; migrantes no acompañados; acceso a la justicia; trabajo infantil y juvenil; explotación, tráfico y trata de personas; población en situación de calle, personas indígenas, centros de asistencia social y prevención de adicciones.
 
El Estado mexicano, al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, adquirió el compromiso de promover, respetar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes para así, asegurar su desarrollo integral. Ese instrumento internacional, posee efectos vinculantes, por lo que uno de los retos a nivel internacional, es dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, sujetarse a la revisión periódica del Comité de los Derechos del Niño e implementar el seguimiento permanente de las observaciones y recomendaciones que emita.
 
Otro reto internacional, es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS), los cuales buscan hacer efectivos derechos fundamentales como la salud, educación, igualdad sustantiva, una vida libre de violencia, y priorizan la atención de graves problemas sociales como la pobreza, la inequidad y la desigualdad. Asimismo, los Objetivos integran perspectivas de género, ciclo de vida y transversalidad de políticas públicas.
 
Por lo anterior, será de gran importancia que las nuevas administraciones de gobierno federal y en algunas entidades federativas, actúen de manera oportuna para que las autoridades integren en su planeación de desarrollo nacional, los componentes necesarios para el cumplimiento, seguimiento, revisión y evaluación de esas metas.
 
 
3.1 Indispensables para 2020
 
  • Asignación de recursos económicos específicos y suficientes para la realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes; gestionar presupuestos con perspectiva de derechos, e impulsar la creación y fortalecimiento de los sistemas de inversión públicos transparentes y de rendición de cuentas.
 
  • Continuar con el proceso de transversalización de la perspectiva de derechos, género, no discriminación y participación de niñas, niños y adolescentes en todas las actuaciones de las autoridades, así como articular la política nacional y los programas de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel federal, estatal y municipal.
 
  • Implementar políticas de inclusión y prestación de servicios diferenciados para las familias indígenas y sus integrantes menores de edad que migran a las zonas urbanas, a efecto de cerrar las brechas laborales, educativas o de acceso a vivienda, por ejemplo, sin que esto represente para ellos una renuncia a su identidad o su cultura, para evitar que se enfrenten a nuevas formas de exclusión y discriminación.
 
  • Impulsar el seguimiento y conclusión del proceso de armonización de todos los ordenamientos jurídicos a nivel federal, estatal y municipal que correspondan, a fin de materializar las disposiciones legales contenidas en la LGDNNA.
 
  • Elaborar e implementar de manera urgente el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) de la nueva administración federal.
 
  • Continuar con el seguimiento a los compromisos establecidos en la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue presentada el 2 de agosto de 2017, en la que se enfatiza la necesidad de realizar un trabajo integral para combatir y resolver las causas de fondo que originan la violencia.
 
  • Construir una metodología homogénea para la creación y alimentación de indicadores nacionales adecuados que evalúen en términos cuantitativos y cualitativos, los avances y dificultades del Estado mexicano en el cumplimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, ante el cual deberá rendir su próximo informe en el año 2020.
 
  • Que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, impulse el cumplimiento del compromiso establecido en la LGDNNA (artículo 125 fracción XV) en cuanto a conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos.
 
  • La consolidación en todo el país, de los sistemas locales de protección a nivel municipal, y la elaboración de los Programas Estatales de Protección de niñas, niñas y adolescentes.
 
  • Incluir la participación de las niñas, niños y adolescentes y de la sociedad civil en la conformación de los Sistemas de Protección, así como el fortalecimiento de los procesos de profesionalización de sus servidoras y servidores públicos.
 
  • La coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, las Procuradurías de Protección, los SIPINNAS, y los Organismos Autónomos de Derechos Humanos, es apremiante para la implementación de medidas de carácter preventivo, a fin de evitar violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para establecer, en su caso, los planes integrales de restitución.
 
  • Trabajar para que los Sistemas Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, cuenten con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar refiera que son susceptibles de adopción, así como a las personas solicitantes de adopción y las adopciones concluidas. Así como que las Procuradurías de Protección Federal y de las entidades federativas, concreten la creación del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.
 
  • En materia educativa, capacitar y sensibilizar al personal docente, alumnado, autoridades y comunidad escolar para la solución pacífica de conflictos, dentro y fuera de la escuela.
 
  • Aprobación de reformas al Código Civil Federal para que las niñas y niños sean registrados de manera inmediata a su nacimiento y se expida la primera acta sin costo; a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se amplíe la definición de Centros Asistenciales e incluya todos los lugares de internamiento y no sólo los establecimientos de personas carentes de cuidados parentales, y la Ley General de Salud para que considere disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Es necesario seguir trabajando para la emisión de las Leyes Generales de Adopciones, y de Personas Jóvenes, entre otras.
 
  • Revisar el marco jurídico que involucra a las escuelas privadas de educación básica, a efecto de garantizar que, en todas sus actuaciones, se salvaguarden los derechos de la niñez y la adolescencia.
 
  • Eliminar las dispensas que aún prevalecen en el Código Civil o de Familia de la entidad federativa de Baja California.
 
  • Incorporar la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes (principio de interés superior) en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
 
  • Armonizar el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley General de Población y la Ley de Migración, en lo concerniente a la protección de las poblaciones de personas menores de edad en contextos de movilidad.
 
  • Armonizar la Ley General de Educación y las leyes estatales con la LGDNNA, a efecto que sirvan de base para las acciones que busquen garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar, y que se cumplan los fines previstos en el artículo 3º Constitucional: desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentar el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
 
  • Fortalecer los procesos de acogimiento y los de reintegración de las niñas y niños con sus familias de origen o ampliadas, los cuales necesariamente deben estar acompañados de programas de apoyo para las madres, padres u otras personas encargadas de su cuidado, así como para la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado.
 
  • Coadyuvar en el impulso y promoción de la autonomía de las Procuradurías de Protección.
 
  • Generar indicadores y parámetros de desglose de datos para organizar información de utilidad para diseñar e implementar políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes, en donde se considere a quienes viven en poblaciones indígenas, con VIH, discapacidad, de calle, en CAS, etc.
 
  • Implementar y materializar las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
 
  • Por lo que hace al Sistema no Jurisdiccional de Derechos Humanos, es necesario fortalecer la autonomía de las Comisiones Estatales, y dotarlas de los presupuestos que permitan su óptimo funcionamiento, a la vez que se favorezca la creación de las áreas especializadas de niñas, niños y adolescentes que mandatan las legislaciones de la materia.
 
[1] https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf
[2] UNICEF, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Breve panorama educativo de la población indígena, México, 2017, p. 15, http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/107/P3B107.pdf
[3] SEP, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019, México, 2018, pp. 16, 17, 18 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pd
 
[i] SEP, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-2017, México, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, 2017, p. 31 disponible en 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2016_2017_bolsillo.pdf

La CNDH en materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

A fin de cumplir con las obligaciones encomendadas en la LGDNNA, la Coordinación sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, tiene la finalidad de coadyuvar en la observancia, promoción, divulgación y estudio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque integral, transversal, con perspectiva de derechos, de género y privilegiando su interés superior en todas las actividades públicas y privadas en las que estén inmersos. A partir de 2017, su objetivo se ha adaptado a las necesidades sociales de nuestro país, por lo que dividió su labor en dos programas presupuestarios denominados:  E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes y E032 Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias.
 
En la Coordinación se proporciona a las personas que así lo soliciten, servicios de información y orientación jurídica de manera presencial, vía telefónica y por medios electrónicos; pláticas, cursos, talleres, conferencias y actividades de capacitación o actualización a servidoras y servidores públicos e integrantes de organizaciones del sector social y privado en temas de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; se realizan estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de la niñez y adolescencia para formular estrategias encaminadas a prevenir conductas violatorias de los mismos y promover el perfeccionamiento del marco jurídico que les protege; se elaboran y distribuyen materiales de divulgación con el objeto de difundir el conocimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia y se realizan actividades de vinculación con instituciones públicas y privadas para dar seguimiento a la política pública nacional en la materia.

Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

En materia de promoción y divulgación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, se realizaron 223 actividades (conferencias, conversatorio, cursos, talleres, platicas y cursos-talleres) en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas beneficiando a un total de  22,148 personas. 
 
En la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes destacan las siguientes actividades:
 
  • Con relación al recorte presupuestal del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos, se realizó un respetuoso exhorto a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Bienestar, a fin de observar los mandatos contenidos en la Constitución General de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, y las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto a la protección y garantía de los derechos de la niñez. Lo anterior, previo a la emisión de la Recomendación 29/2019.
Se solicitó la asignación de los recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa en comento conforme a la demanda social, privilegiando el enfoque de derechos de la niñez y de género, analizando el impacto de las medidas adoptadas en sus condiciones de vida, y teniendo como consideración primordial, su interés superior, así como establecer los mecanismos administrativos e institucionales para tener un adecuado control del presupuesto que se transfiere a los proveedores públicos y privados de cuidado y atención integral infantil, a efecto que puedan ser objeto de una adecuada fiscalización y escrutinio, y garantizar su aplicación al objetivo a que están destinados.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de seis medidas cautelares para impedir la violación a los derechos humanos de niñas y niños con motivo del recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y la emisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de ese Programa.
 
Adicionalmente, se llevó a cabo el Encuentro Nacional por el Bienestar Infantil con el objetivo de visibilizar y analizar el impacto de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras y Padres Solos para el ejercicio fiscal 2019, en el que se coordinaron los paneles “Consecuencias Actuales del Cierre de estancias infantiles” y “Alternativas de solución al cierre de las estancias infantiles”.
 
  • Se participó en el Foro “Datos alarmantes sobre el abuso sexual infantil en México: nuevas estrategias para combatirlo”, en el que se subrayó que la sociedad mexicana no puede permanecer callada ante la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y llamó a las autoridades a adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia sexual, enfatizando que debe erradicarse toda disposición normativa e interpretación que pueda dar lugar a justificar o tolerar conductas violatorias de sus derechos humanos.
 
  • Derivado del Primer Ejercicio de Participación Ciudadana Pacto por la Primera Infancia, se impulsó la promoción de la estrategia digital encaminada a recoger la percepción de la población sobre los derechos de niñas y niños en esa etapa del ciclo vital, en diversos medios de difusión al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en redes sociales.
 
  • Mediante oficio, se solicitó a la Secretaría de Salud, ponderar el interés superior de la niñez como consideración fundamental de todas las decisiones, procedimientos, actuaciones y actividades relacionadas con la aplicación del tamiz neonatal, que permite la detección oportuna de padecimientos congénitos en personas recién nacidas.
 
  • El 26 de abril se participó en la presentación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, espacio de participación y reflexión sobre las perspectivas de las niñas, niños y adolescentes, cuyos resultados servirán de insumos para detonar acciones impulsadas por diferentes instituciones del Estado Mexicano.
 
  • El 28 de abril, en el marco del día de la niñez, se participó en el festival de los derechos de la niñez, con motivo de la invitación realizada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para la colocación de un stand, en donde se desarrollaron actividades lúdicas con los asistentes, evento que contó con un aforo aproximado de 3 mil niños.
 
  • El 30 de abril, se llevó a cabo la sesión de Reinstalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2019, acto en el que participó el entonces Presidente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el que resaltó la importancia de que al interior de ese órgano puedan ser abordadas diversas problemáticas entre las que destacan: el contexto generalizado de violencia, los altos índices de pobreza y vulnerabilidad, la carencia de una política pública nacional integral para la primera infancia, así mismo, enfatizó  la necesidad de garantizar el derecho a la identidad de las personas menores de edad, políticas de atención para las personas adolescentes, la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales y  la recuperación del liderazgo mundial de México en materia de vacunación.
 
  • Derivado de las presuntas violaciones a los derechos de niñas y niños publicadas en distintos medios de comunicación, relativas a la participación de personas menores de edad en los grupos de autodefensa del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, el 13 de mayo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno del Estado de Guerrero, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, así como a la Fiscalía General de Estado de Guerrero, la implementación de acciones a fin de salvaguardar los derechos de las niñas y niños del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero; de mecanismos adecuados para evitar la criminalización, revictimización y difusión de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes involucrados y de sus familias; la elaboración de un diagnóstico y plan de restitución de derechos integral; así como la investigación pronta y expedita de los hechos de violencia referidos.
 
  • El 19 de agosto se llevó a cabo la deliberación del Segundo Concurso Nacional Niñas y Niños Consejeros de la CNDH, en el que un jurado integrado por representantes de ChildFund México y Save the Children, una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y personas servidoras públicos de este Organismo Constitucional Autónomo eligieron a los 10 ganadores que integraron el Consejo Infantil de la CNDH, ello como parte de las acciones señaladas en la Convocatoria del Concurso,  publicada el 1 de abril y concluida el pasado 31 de julio, periodo en el que niñas y niños de entre diez y doce años manifestaron su ideas, propuestas e inquietudes en relación al Derecho a la educación, resultando ganadores niñas y niños provenientes de entidades federativas como Baja California, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
 
El 23 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Consejo de Niñas y Niños de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el cual fue presidido por el Presidente en turno de este Organismo Nacional y en el que las niñas y niños ganadores del Concurso Niñas y Niños Consejeros plantearon libremente las problemáticas, deseos e inquietudes sobre su derecho a una educación de calidad, la prevención del acoso escolar o bullying, así como otros aspectos sobre discriminación, el papel de las familias y del personal docente para fomentar un ambiente de respeto y libre de violencia en las escuelas y hogares.

Derivado de este ejercicio de participación, las niñas y niños dieron a conocer el “Pronunciamiento de las Niñas y Niños Consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” que se hizo llegar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que dicha autoridad tome en cuenta esas opiniones en las acciones y políticas públicas que genere, a fin de garantizar una educación de calidad y libre de violencia en favor de las personas menores de dieciocho años.
 
  • A invitación de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, el Primer Visitador General participó con un mensaje inaugural en el Foro “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”, el cual se llevó a cabo el 13 de agosto de 2019, en el que entre otros temas precisó que es prioritario promover cambios normativos que constituyen retos legislativos para prevenir, atender y eliminar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
  • En el marco de la celebración del 11 de octubre “Día Internacional de la Niña”, el 25 de octubre, de manera conjunta con la Secretaría General de Gobierno del Estado de Campeche, se llevó a cabo el “Octavo Foro Nacional sobre Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, las Adolescentes y las Jóvenes”, con el objeto de promover y divulgar los derechos humanos de esos grupos poblacionales desde una perspectiva de igualdad y de género, privilegiando su interés superior.
  • En conmemoración al aniversario número 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a invitación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, el día 20 de noviembre, se  impartió una conferencia magistral titulada “La situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, a 30 años de la Convención”, en la que se analizaron las acciones realizadas por el Estado mexicano tendentes a observar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Vinculación en materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Como parte del fortalecimiento de la vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños y adolescentes, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 89 reuniones de trabajo con organizaciones tanto públicas como de la sociedad civil a nivel local, federal e internacional, en diversas entidades federativas del país. 

En seguimiento a las actividades realizadas como integrante del SIPINNA, este Organismo Nacional participó en los trabajos de las Comisiones: Para la primera Infancia; Para poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y; Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México y; para el seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cuyo objetivo es coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, se participó en el Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Dentro de las acciones realizadas en cada una de las Comisiones, se encuentran las siguientes:
 Comisión Acciones
  1. Comisión de Primera Infancia
Participación en la Primera y Segunda Sesión Ordinaria en las que se presentó, analizó y aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión 2019-2024.
 
  1. Comisión para poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes
Participación en la Primera Sesión Ordinaria en la que se presentó el Plan de Trabajo 2019-2024, cuyo principal objetivo será crear la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.
 
  1. Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.
Participación en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria conforme al calendario anual de sesiones para el ejercicio 2019 en la que se analizaron las atribuciones de esta Comisión Nacional para fortalecer la acciones en materia de prevención del trabajo infantil.
4. Comisión para el seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas Se participó en las Sesiones Ordinarias 2019 I y II en las que se llevó a cabo la instalación de dicho Comité, se tomó acuerdo de los avances del Programa de Trabajo 2019-2020 y de la elaboración del sexto y séptimo informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
 
Por otro lado, es de resaltar la participación de este Organismo Nacional, a convocatoria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como invitado permanente en el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, haciendo una mención particular a la Tercera Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el 28 de agosto, en la que se presentó el Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento de los Centros de Atención Infantil (CAI); se expusieron los resultados de la aplicación piloto de tal Programa en algunos Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) de los DIF estatales y municipales y se compartieron las experiencias con centros de atención infantil privados y mixtos, así como los hallazgos de las 2,750 visitas de supervisión y acompañamiento realizadas en los Centros de Atención Infantil desde el 31 de mayo pasado.

Como parte de las actividades realizadas en el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se participó en los siguientes Grupos de Trabajo:
 
  1. Grupo de Trabajo de Mecanismos de Difusión en materia de Centros de Atención Infantil.
Se participaron en dos sesiones en las que se abordó el marco de regulación y objetivo del Grupo trabajo, así como el programa a implementar en las acciones de difusión en materia de Centros de Atención Infantil.  
  1. Grupo de Trabajo del Programa Nacional de Servicios para la Atención, Cuidad y Desarrollo Integral Infantil.
En las sesiones se discutieron los parámetros de revisión del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, asimismo, se realizaron observaciones al diseño y estructura del Programa sometido a consideración de todos integrantes de Grupo de Trabajo.
  1. Grupo de Trabajo de Revisión Integral de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (LGPSACDII)
Se conformó una ruta crítica para la revisión y en su caso el envío de propuestas para la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (LGPSACDII).
 
También destaca la participación de esta Comisión Nacional, a invitación del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente, en el que se presentó el proyecto de Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Personas Menores de Edad y se dieron a conocer las consultoras de la Agencia Eurosocial de la Unión Europea que evaluarán la Estrategia y formularán recomendaciones para su fortalecimiento.
 
Asimismo, durante el 2019, se formó parte del Comité Dictaminador del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI), de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y se participó en el Grupo Coordinador Interinstitucional para la ejecución de trabajos preparatorios del 11° Parlamento de Niñas y Niños de México.

Divulgación de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

A efecto de dar a conocer entre la población los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, se elaboraron, revisaron o actualizaron para su posterior publicación 36 materiales (trípticos, cuadrípticos, cuadernos, carteles, folletos, juegos de mesa, discos compactos y libros). Asimismo, se distribuyeron 155,049 materiales de divulgación.

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Con el objeto de brindar orientación jurídica y canalizar a las instancias adecuadas a todas aquellas personas que lo solicitan, durante este periodo se proporcionó atención jurídica vía telefónica, presencial y/o electrónica a 164 solicitudes en diversas materias tales como violencia sexual, escolar y familiar; explotación laboral de niñas, niños y adolescentes; sustracción y/o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes; derechos de la niñez y la adolescencia; etc. Dichas solicitudes provinieron de los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Recomendaciones emitidas en materia de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

En materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se emitieron las siguientes recomendaciones:
 
  • Recomendación No. 1/2019, de fecha 31 de enero, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Gobierno Constitucional del Estado de Jalisco, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida, al principio del interés superior de la niñez en agravio de una persona de 3 años V1 y al acceso a la información en materia de salud en agravio de V2 y V3, en la Unidad de Medicina Familiar 19 en Nayarit y el Hospital General de Zona 42 en Puerto Vallarta, Jalisco, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al derecho de acceso a la justicia en agravio de V2 y V3. 
 
  • Recomendación No. 2/2019, de fecha 11 de febrero, dirigida a Petróleos Mexicanos, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a una vida libre de violencia, de acceso a la información en servicios de salud en agravio de un niño recién nacido V2, a la protección de la salud de V1 y V2, a la vida, al interés superior de la niñez en agravio de V2, en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos de Ciudad Madero, Tamaulipas.
 
  • Recomendación No. 3/2019, de fecha 14 de febrero, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica por inadecuada atención médica y acceso a la información en materia de salud en agravio de V1, así como a la vida y al principio del interés superior de la niñez en agravio de una niña recién nacida V2, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 26 del IMSS en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
 
  • Recomendación No. 19/2019, de fecha 29 de abril, dirigida al Gobierno de la Ciudad de México y al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica por la detención arbitraria y a la integridad personal por el trato cruel, inhumano y/o degradante cometido en agravio de una persona menor de edad MV, atribuibles a AR1, AR2, así como al interés superior de la niñez por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, y de un servidor público del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en perjuicio de la entonces persona menor de edad en cita.
 
  • Recomendación No. 29 / 2019, de fecha 31 de mayo, dirigida a la Secretaria de Bienestar, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria y a la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.
Ante la negativa de las autoridades recomendadas para aceptar el documento recomendatorio en cita, el 5 de julio se convocó a conferencia de prensa mediante la cual se hizo un llamado a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, así com a la Comisión al Sistema DIF Nacional a reconsiderar  la  postura asumida, sin haber recibido respuesta positiva al respecto.
 
  • Recomendación No. 34/2019, de fecha 20 de junio de 2019, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud, a la vida, al principio del interés superior de la niñez y acceso ala información en materia de salud en agravio de V1, persona menor de edad con discapacidad en la Unidad de Medicina Familiar 37 y el Hospital General de Zona 2, ambos del IMSS en Hermosillo Sonora.
 
  • Recomendación No. 36/2019, de fecha 21 de junio de 2019, dirigida a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y legalidad por la inviolabilidad del domicilio de V1, V2, V3, V4 y V5, a la libertad personal, por la detención arbitraria de V1 y V2, a la legalidad, por la falta de notificación, contacto y asistencia consular de V2 y a la integridad personal por trataos crueles, inhumanos o degradantes, así como al interés superior de la niñez en agravio de V3, V4 y V5, Personas menores de edad en el momento de los hechos, atribuible a servidores públicos de la Policía Federal y de la entonces Procuraduría General de la República en la Ciudad de México.
 
  • Recomendación No. 37/2019, de fecha 24 de junio de 2019, dirigida al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlaxcala, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal por actos de tortura y a la seguridad jurídica, en agravio de V1 y V2, así como al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1, personas en contexto de migración que fueron detenidas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala.
 
  • Recomendación No. 39/2019, de fecha 26 de junio de 2019, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, sobre el caso de violación a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y seguridad personal en agravio de V1 A V23; a la integridad personal por tratos crueles inhumanos y/o degradantes y actos de tortura en contra de V5, V6, V11, V12, V13, V17, V18, V19 y V20, así como al interés superior de la niñez en agravio de V3, V4, V5, V6, V9, V15, V17, V18, V19 y V23, y acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en contra de V7 y sus familiares, hechos ocurridos en el municipio de Macuspana, Tabasco.
 
  • Recomendación No. 40/2019, de fecha 27 de junio de 2019, dirigida al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica en agravio de Q-V1, Q-V2, Q-V3, V4, V5 y V6; a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia en agravio de Q-V1, Q-V2 y Q-V3 y al interés superior de la niñez en agravio de Q-V2, Q-V3, V5 y V6, personas en contexto de migración, en el estado de San Luis Potosí.
 
  • Recomendación No. 55/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,  a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida y a la seguridad jurídica por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de V1, a la libertad personal, legalidad, seguridad jurídica y al interés superior de la niñez por la detención arbitraria y retención ilegal de V2, atribuibles a agentes de la Policía Federal, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5, atribuida a personal de las Fiscalías Generales del Estado de Guanajuato y del Estado de San Luis Potosí.
 
  • Recomendación No. 57/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, dirigida a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, sobre sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de vida de V1, atribuible a elementos de la Secretaría de Marina; al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, en agravio de las victimas indirectas, atribuibles a personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, así como al interés superior de la niñez en agravio de V1, atribuible a ambas autoridades.
 
  • Recomendación No. 71/2019, de fecha 23 de septiembre de 2019, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal e interés superior de la niñez, en agravio de comunidades indígenas del municipio de Aldama, Chiapas, así como a la pérdida de la vida de V3.
 
  • Recomendación No. 77/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, dirigida al Instituto Nacional de Migración, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la protección de la salud, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1, niña de 10 años, que fue detenida en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, así como de V2 y V3, todos de nacionalidad guatemalteca.
  • Recomendación No. 79/2019de fecha 26 de septiembre de 2019, dirigida al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, protección a la salud y al interés superior de la niñez en agravio de V1, V2 y V3, adolescentes de nacionalidad hondureña solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
 
  • Recomendación No. 86/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, dirigida a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica en agravio de V1, V2 y V3, a la integridad personal de V2 y al interés superior de la niñez de V3.
 
  • Recomendación No. 91/2019, de fecha 10 de octubre de 2019, dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua e integrantes del H. Ayuntamiento de Chihuahua, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, salud, vivienda e interés superior de la niñez, por la contaminación del pasivo ambiental “Ávalos” y la construcción del fraccionamiento Rinconada Los Nogales, en Chihuahua, Chihuahua.

Adicionalmente, se emitieron las siguientes recomendaciones por violaciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes:
 
  • Recomendación No. 22VG/2019, de fecha 12 de agosto de 2019, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sobre las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, por el uso excesivo de la fuerza en agravio de las adolescentes V1 y V2 y de V3, V4, V5 y V6, así como a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia en agravio de sus familiares, en el municipio de Luvianos, Estado de México. 
 
  • Recomendación No. 31VG/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, dirigida a la Secretaría de Educación Pública, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la vida, a la verdad y al interés superior de la niñez, en agravio de los alumnos y personal del Colegio 1 en la Ciudad de México, con motivo de los sismos de septiembre de 2017.

Recomendación General en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Omisiones del Estado mexicano en su Cumplimiento y Garantía como Causas de la Emergencia Epidemiológica de Sobrepeso y Obesidad Infantil.

Recomendación General 39/2019 sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ante el Incremento de Sobrepeso y Obesidad Infantil

Ante la necesidad de modificar las disposiciones normativas y prácticas administrativas que propician o constituyen violaciones al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes que, de manera particular, han fomentado hábitos alimenticios que favorecen el incremento de casos de obesidad en personas menores de edad, esta Comisión Nacional presentó el 22 de octubre de 2019 ante la opinión pública la Recomendación General N. 39 sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ante el Incremento de Sobrepeso y Obesidad, dirigida a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, Salud, Economía, Educación Pública y Bienestar, a los integrantes del Congreso de la Unión, a las  Señoras y Señores Gobernadores de las Entidades Federativas; a las  y los integrantes de las Legislaturas de las Entidades Federativas, al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a las y los Titulares de las Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional, y Sistemas Estatales y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se evidencia  la omisión de autoridades federales, estatales y municipales respecto de sus obligaciones convencionales, constitucionales y legales en materia de protección y garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han propiciado el incremento del sobrepeso y obesidad infantil, vulnerando con ello, los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo; de prioridad, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a la protección de la salud, a la alimentación adecuada, al agua y al saneamiento; a la educación, al acceso a la información y participación; a un medio ambiente adecuado; al descanso y esparcimiento; a la cultura física y al deporte, y al principio del interés superior de la niñez y adolescencia.
 
Se recomendó a las autoridades destinatarias del Instrumento Recomendatorio, entre otras acciones, impulsar la suscripción de convenios entre instancias federales, estatales y municipales para atender sobrepeso y obesidad infantil; instrumentar acciones para el establecimiento de objetivos específicos y estrategias a corto plazo para la prevención, atención, control y eliminación de esos problemas; diseñar e implementar políticas públicas, programas, estrategias, procedimientos, servicios, mecanismos de cumplimiento, protección y garantía de los derechos a una alimentación adecuada y la protección de salud; e intensificar esfuerzos para coordinar los trabajos de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes federales y locales, para potenciar el impacto de las medidas de prevención, control, atención y eliminación del sobrepeso y obesidad que se ejecuten en todo el país.
 
Además se recomendó la elaboración de una iniciativa de Ley General y Leyes Locales en materia de nutrición y alimentación de niñas, niños y adolescentes reglamentaria del artículo 4° Constitucional y los correspondientes de los ordenamientos locales, que atienda las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como la revisión de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional y de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 especificaciones federales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasado, información comercial y sanitaria para  armonizarlas con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Informes, Diagnósticos, Estudios o Análisis en materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por lo que hace a la observancia de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, se emitió el siguiente documento:
 
Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México
 
En conjunto con el Programa Universitario de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró el Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México, mismo que fue presentado el 6 de noviembre ante la opinión pública por el Primer Visitador General, cuyo objetivo es visibilizar la situación de las personas menores de edad, quienes de forma directa o indirecta, han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, y en el cual se advierte el incremento de su victimización por la falta de políticas públicas y acciones efectivas del Estado que propicien su protección.
 
En el Estudio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió del riesgo en que están niñas, niños y adolescentes, quienes conforman la tercera parte de la población del país, de ser víctimas del crimen organizado y sufrir afectaciones a sus derechos fundamentales, que van desde la pérdida de sus familiares, el desplazamiento forzado, la pobreza, la privación de su libertad, la explotación y trata de personas, hasta modificar su modo de vida e impedir su acceso al derecho a la educación, la salud y la seguridad social, e incluso, la pérdida de la vida por el uso de la fuerza letal entre grupos delincuenciales, por mencionar algunos. En ese sentido, el Estudio constituye un llamado urgente a plantear medidas concretas para prevenir la victimización e incorporar una perspectiva de derechos y protección que incorpore necesariamente la opinión y participación de niñas, niños y adolescentes en el sector público, privado y social.
 
De las 20 propuestas contenidas en el Estudio en cita para la atención y prevención de este grave problema, sobresalen las siguientes: impulsar el debate sobre modelos de crianza y el impacto de elementos estructurales como las largas jornadas laborales para evitar el abandono de personas menores de edad; impulsar acciones preventivas focalizadas, más que reactivas para contener el fenómeno; elaborar diagnósticos para la detección y atención de necesidades específicas de víctimas directas e indirectas por violencias generadas por el crimen organizado y por el abandono institucional y familiar; y colocar como prioridad en la agenda pública el tema de desplazamiento forzado.

Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana

El 4 de noviembre, la CNDH presentó a la opinión pública el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana que contiene propuestas dirigidas a las Secretarías de Gobernación, de Salud, de Educación Pública, de Cultura y de Bienestar, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas y a las y los Secretarios Ejecutivos del Sistema Nacional y Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas, tendentes a garantizar a esa población el acceso a todos sus derechos en condiciones de igualdad respecto de otros grupos de la población menor de edad.
 
En el Informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta sobre situaciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes alojados en los 877 Centros de Asistencia Social (CAS) y albergues públicos y privados contabilizados por este Organismo Nacional, y enfatiza la importancia de que su interés superior sea la consideración primordial en las decisiones de las autoridades, así como de que se garanticen sus derechos a vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho de prioridad, a una vida libre de violencia, a la seguridad jurídica, a la salud y a la participación.
 
Además, el Informe revela la ausencia de políticas públicas integrales para la atención de población menor de edad institucionalizada; carencia de información precisa y desagregada que permita identificar cuántos son, dónde están, y cuál es la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes que residen en los centros de asistencia social; acciones insuficientes en la prevención de las causas de los ingresos de niñas, niños y adolescentes a un entorno de cuidado residencial, así como la ausencia, en las instancias de procuración de justicia, de registros adecuados sobre la incidencia de delitos cometidos contra la población residente en CAS y albergues, y de las personas menores de edad que se canalizan a los mismos.
 
El documento de referencia destaca que el Estado mexicano debe transitar hacia un esquema integral de protección de derechos de la niñez y adolescencia que implica la implementación de políticas públicas que van desde el fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar, hasta acciones de prevención de la violencia, la mejora de los procesos de atención, la restitución de sus derechos, la reparación del daño, garantías de no repetición, y propiciar que quienes se encuentran institucionalizados tengan la oportunidad de reintegrarse a su familia o a un nuevo núcleo familiar en el menor tiempo posible.
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