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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Presidencia

 
La coyuntura que actualmente vive el país, plantea a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el reto de concluir un periodo de gestión, con sus propias modalidades y prácticas, y dar paso a uno nuevo, sin que con ello se comprometa el cumplimiento de sus funciones sustantivas.
 
El nuevo esquema administrativo, funcional y de operación institucional con el que este Organismo Nacional ha señalado los ejes fundamentales de su accionar en esta etapa, son la prevención de la violación de Derechos Humanos, la atención y cercanía con las víctimas, así como la austeridad y economía en el manejo de los recursos. Igualmente, se sostiene la postura que, en el contexto de las transformaciones que se llevan al cabo en el país, tienen especial predominancia aspectos tales como el abatimiento de la corrupción, de la impunidad y, concomitante, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la construcción de la paz. De esa manera se plantea, hacia los próximos 5 años, que la CNDH se consolide como una instancia que, en el ámbito de sus competencias y en pleno ejercicio de su autonomía, dirija todas sus capacidades y fortalezas institucionales en pos de tales metas y, las que de estas se deriven.
 
Conforme su papel de órgano de Estado, ajeno a coyunturas políticas, económicas o de cualquier otra índole, pero consciente y solidario con los intereses y causas nacionales, durante el año que concluye, la Presidencia de esta Comisión Nacional enfatiza la necesidad de que las autoridades e instancias competentes, de los distintos niveles y órdenes de gobierno, se comprometan más eficazmente en la atención de aquellas problemáticas que han encontrado su causa y origen en la inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y falta de un acceso real a la justicia. Lo anterior, con pleno respeto a los Derechos Humanos y al marco jurídico vigente, asumiendo como premisa que dos pilares básicos para cimentar los cambios que nuestro país reclama son, precisamente, el reconocimiento efectivo y el respeto real de los derechos fundamentales, así como el cumplimiento y aplicación de la ley.
 
En este sentido, las cuestiones relacionadas con el abatimiento de la inseguridad y la violencia volvieron a tener un papel relevante durante 2019, rubros torales para el ámbito de los Derechos Humanos en tanto constituyen unas de las áreas donde las personas y la sociedad han acusado mayores necesidades y, por lo tanto, agravios en su esfera de derechos. Para este Organismo Nacional, el que las y los mexicanos accedan al entorno de seguridad y paz que reclaman, requiere que se revisen y aún rectifiquen las políticas públicas que han venido prevaleciendo en los últimos 12 años en la materia, las cuales hay que reconocer, se han basado en un enfoque preeminentemente reactivo, sostenido en el uso de la fuerza y una reacción a priori que no alcanza a reparar en las causas y elementos que propician o incentivan las actividades ilícitas y la violencia, ignorando las amplias áreas de oportunidad que significa una visión preventiva y una atención primaria sobre los factores de riesgo de las violaciones de Derechos Humanos, ya sean estos sociales, políticos o económicos.
 
Sobre este particular, la CNDH reconoce el hecho de que en documentos tales como el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, el Ejecutivo Federal parte de un enfoque social en la interpretación de la problemática que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia, buscando así una política inclusiva para los derechos de todos, incluidos de manera preeminente desde luego, los vinculados a la seguridad y al bienestar de las personas. Bajo esta perspectiva multidimensional de construcción de la paz, en la que caben nuevas ideas y valores sobre el derecho de las personas, se ha de estimular y promover una nueva convivencia social que, de manera armónica, complemente las políticas diseñadas para reducir la violencia generalizada que se ha disparado en los años previos.
Con ese mismo propósito, esta Comisión Nacional no omite su compromiso de participar de manera activa y propositiva en diversos espacios de deliberación y reflexión pública sobre las problemáticas de inseguridad, violencia e ilegalidad, así como sobre los retos que representan la construcción de la paz y la implementación de mecanismos de justicia transicional, que apunten hacia la reconciliación y la reconstrucción del tejido social en el país.
 
Para la CNDH, esta revisión integral, multidisciplinaria y multidimensional de las políticas públicas en seguridad y justicia, no se agota con la creación de un cuerpo de fuerza intermedia, como la Guardia Nacional, o la revisión del catálogo de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y aún con una Ley de Amnistía, sino que implica, además, la debida formación y capacitación de militares, policías y guardias nacionales; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el abatimiento de la corrupción; el combate al tráfico de armas; la revisión de nuestro sistema penitenciario; la modernización de los sistemas de inteligencia; el replanteamiento de las políticas de producción y consumo de drogas; el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia; así como el poder contar con una Fiscalía General y 32 fiscalías locales, realmente autónomas.
 
Se hace notar que no hace falta un mayor análisis de los hechos que posibilitan o propician las cadenas de impunidad en nuestro país, para entender que más allá de una Guardia Nacional capacitada y equipada, su repercusión práctica en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la materialización del acceso a la justicia, deberá fundarse en una estrategia que privilegie la ley, su aplicación, apoyada en una investigación oportuna y profesional. No se desdeña de ninguna manera, la capacidad de la Guardia Nacional para disuadir o contener los embates de la criminalidad y el desorden, pero algo que no podemos perder de vista en este contexto demandante de justicia y seguridad, es que se privilegie siempre la paz y con ella la garantía de los Derechos Humanos para todas y todos los habitantes del país.
 
La lejanía y desconfianza de la sociedad respecto de las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno en los años anteriores, aunado a la impunidad que ha existido, han derivado en fenómenos de orden social en los que ha reinado el desorden, tales como los linchamientos y otras muestras similares en las que se distingue la ausencia de la autoridad.  Al respecto, estas circunstancias se deben de atender y prevenir, como las conductas ilícitas que son, pero también el Estado debe estar en posición de garantizar que es el único instrumento para alcanzar la verdad y la justicia. Para ello, la sociedad tiene que reconocer esa fuerza y capacidad, y el entendimiento que la seguridad de la sociedad y la aplicación de la ley no pueden quedar en manos de algunos particulares.
 
Expresiones graves de la inseguridad y la violencia lo constituyen los ataques y agresiones en contra de personas en condición de vulnerabilidad. En este sentido, es menester denunciar la urgencia de que las agresiones y ataques en contra de defensores de Derechos Humanos, periodistas y comunicadores, se prevengan y los casos que se han presentado se investiguen y dejen de permanecer impunes, pero sobre todo se den garantías de vida a quienes requieren protección, para ellos y sus familias. Consideramos de verdadera urgencia una revisión, para su mejora, de los Mecanismos de Protección, de la mano de las víctimas. Asimismo, asumir que en el país se tiene una deuda pendiente con los Derechos Humanos de las mujeres y con la construcción de la igualdad de género real y efectiva, ya que aun cuando existe una igualdad formal, los hechos revelan otra realidad. La violencia feminicida es cotidiana, al igual que las agresiones, acosos, hostigamiento y discriminación, hechos que en su gran mayoría quedan impunes, lo cual pone en evidencia que las acciones y esfuerzos desplegados garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes, situación que se agrava cuando se refiere a niñas y adolescentes, mujeres privadas de su libertad, aquellas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes, y en condición de migración.
 
Al respecto, se enfatiza que la protección de los derechos fundamentales, en especial los que corresponden a niñez y adolescencia, no pueden depender de tiempo o coyunturas políticas, siendo responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno atender las problemáticas relacionadas con el contexto generalizado y transversal de violencia, los altos índices de pobreza y vulnerabilidad, la carencia de una política pública nacional integral para la primera infancia, garantizar el derecho a la identidad, elaborar políticas de atención para las personas adolescentes, satisfacer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, recuperar el liderazgo mundial de México en materia de vacunación, y realizar la inversión de recursos suficientes, económicos, materiales y de personal para establecer garantías legales, administrativas e institucionales para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. En específico, este Organismo Nacional demanda la atención de problemáticas urgentes en la niñez y adolescencia, como serían los suicidios; el uso de alcohol y drogas; el acoso escolar; la obesidad infantil; la atención a niñez migrante, el bullyng y la restitución de derechos a las personas menores de edad víctimas directas o indirectas del crimen organizado, así como el apoyo a sus familias.
 
No se puede dejar de resaltar la importancia de sumar esfuerzos y capacidades para lograr que México supere los problemas más apremiantes que enfrenta, comprendidos en los binomios corrupción e impunidad, pobreza y exclusión, violencia e inseguridad, para lo cual, con independencia de medidas o acciones específicas, es preciso construir y consolidar, tanto entre las autoridades como entre la sociedad, una verdadera cultura de reconocimiento, protección y respeto de los Derechos Humanos. Parte indispensable de la construcción de una cultura de respeto de los derechos fundamentales en México pasa por que se concrete una educación, en y para los Derechos Humanos, lo cual se ha dicho no pocas veces y es preciso reiterarlo cuantas veces sea necesario, es un requisito para lograr el pleno ejercicio de tales derechos, así como una vía para reforzar la diversidad y la tolerancia en el país.
 
La educación favorece la noción de todas las personas como titulares de derechos, con capacidad de participación y autonomía; impulsa el ejercicio de los Derechos Humanos como motor de bienestar general; contribuye a evitar cualquier forma de discriminación o exclusión, y a posibilitar la identificación en prácticas generadoras de violencia y de desigualdad. Mediante la suscripción de diversos convenios con instituciones públicas y privadas, así como el apoyo a la implementación de acciones concretas en este ámbito, tales como el proyecto de “Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas” y la creación de módulos de atención en todo el país, la CNDH insiste en que solo quien conoce sus derechos puede aspirar a ejercerlos a cabalidad, cuestión que es particularmente relevante en el caso de los grupos en condición de vulnerabilidad.
 
Muy al margen de los consabidos discursos academicistas y las reflexiones teóricas, la defensa y promoción efectiva de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas demandan acciones concretas y efectivas para asumir el combate frontal a la discriminación; la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres; el respeto irrestricto a la diversidad sexual y derechos reproductivos; la garantía a mujeres, niñas y niños de su derecho a una vida libre de violencia, así como el respeto y preservación de las expresiones culturales, lenguas maternas, actividades productivas y formas de gobierno de esas poblaciones. Este Organismo Nacional señala que, más allá de la interpretación elitista del ejercicio y defensa de los Derechos Humanos, el Estado debe asumir un papel más activo y comprometido para garantizar que todas las personas tengan un conocimiento amplio sobre sus derechos y garantías, y la manera de hacerlos vigentes y defenderlos, pues si bien están prescritos en las normas, estos no se materializan en la práctica y en el día a día de las personas, por lo cual la educación se debe traducir en un saber y conocer para actuar, incidir en la realidad y, eventualmente, transformarla.
 
Esta educación, en y para los Derechos Humanos, también debe permear en el servicio público y las personas que lo integran, las cuales deben conocer y entender bien estos derechos para poder colocarlos como eje de su actividad que participe en el proceso de enseñanza aprendizaje para prevenir que, en el ejercicio sus deberes y obligaciones, se vulneren los derechos de la población. Dentro de todo esto, es relevante que tanto los servidores públicos, como el resto de la sociedad, conozcan y entiendan las funciones, alcances y objetivos de los organismos públicos de protección y defensa de los Derechos Humanos. Dentro de esta pedagogía de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo debe destacarse el hecho de que sólo busca el respeto de los derechos mediante el cumplimiento del Estado de Derecho y de la ley, sin entorpecer la función gubernamental; al contrario, con el señalamiento de observaciones se contribuye a que exista un mejor gobierno e instituciones más sólidas, pues las violaciones y agravios que se ponen en evidencia pueden ser corregidos y prevenidos.
 
Las instituciones públicas protectoras de los Derechos Humanos tienen relevancia en la construcción de un país democrático, cuestión que se mide por el índice de transparencia en sus elecciones, pero sobre todo por su grado de respeto a las diferencias y diversidades. En la CNDH se sostiene que los derechos no solo sean vigentes para todas las personas, sino eficaces, y que la ley se aplique de manera debida y sin distinciones. Somos aliados de las autoridades públicas que procuran su protección, mediante las acciones gubernamentales, de política pública y legislativas que implementan, pero también somos atentos observadores y actuamos en consecuencia, cuando los Derechos Humanos no son el eje transversal de las mismas. Es tiempo de enfatizar el compromiso de la CNDH del lado de la legalidad y de las personas, particularmente, de las víctimas.
 
Hoy más que nunca, el trabajo de mediación, conciliación, denuncias, exhortos, informes especiales, propuestas de cambios legislativos y recomendaciones, es fundamental para el funcionamiento eficaz y oportuno de la CNDH, y el ejercicio de su autonomía, plena e independiente de intereses y poderes. Los derechos no se hacen efectivos solo por leyes o por decreto sino que requieren de la formulación de acciones y sinergias que ataquen las raíces de la pobreza y la exclusión social, y transformen nuestra sociedad en una cada vez más equitativa, en la que se reconozcan las desventajas que enfrentan diversos grupos de población, se escuchen sus necesidades y demandas, y a partir de ahí se construyan políticas públicas cuyo objetivo sea garantizar que aquellas no sean un obstáculo para el ejercicio de sus derechos.
 
Por otra parte, es tiempo de asumir un papel activo y comprometido para abatir prácticas y conductas que vulneran la dignidad humana, como la tortura, las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones y los desplazamientos forzados, mismos que lamentablemente aún son recurrentes y se exacerban en algunas regiones del país. En lo relativo a las desapariciones forzadas, reiteramos que es uno de los mayores y gravísimos problemas  pendientes, no solo históricamente, sino también con las nuevas víctimas de este crimen de lesa humanidad; y si bien se reconoce el compromiso del Ejecutivo Federal por dar una atención prioritaria a ese tema, se insiste en la necesidad de lograr la implementación plena de la Ley General en la materia, reiterándose que dicha ley, por sí misma, no es la solución al problema, pues se requieren los recursos y capacidades suficientes, así como la coordinación, el esfuerzo y sobre todo el compromiso de las distintas instancias y órdenes de gobierno involucradas, particularmente en lo que se refiere a la parte preventiva y reactiva de primera instancia, enfatizando la búsqueda en vida de los desaparecidos, así como el pleno esclarecimiento de las violaciones del pasado, aún impunes, mediante mecanismos más eficaces y en su caso, comisiones de la verdad, de tal manera que permita hacer llegar la justicia a los esfuerzos de múltiples colectivos, organizaciones civiles y personas que han logrado que el tema de las desapariciones forzadas en México forme parte de la agenda nacional.
 
Es menester llamar la atención también, sobre la problemática que prevalece en el sistema penitenciario, los riesgos existentes en cada centro de detención, tales como hacinamiento, autogobierno, insalubridad, entre otros, así como la necesidad de revisar todo el sistema con perspectiva presente y con visión a largo plazo, orientada al respeto de los Derechos Humanos como lo mandata la Constitución. Ningún esfuerzo debe escatimarse para optimizar el funcionamiento del sistema penitenciario, garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad y contribuir a su reinserción social efectiva. Se resalta la urgencia de proteger y respetar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, con un esquema de cultura de la legalidad, proponiendo un modelo que permita colocar a la prisión en su justa dimensión, en donde existan condiciones dignas. Se enfatiza que, parte de la solución integral que se busca para los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, pasa necesariamente, por la revisión del sistema penitenciario, a efecto de que se subsanen sus irregularidades y fallas, y se trabaje para que la reinserción social sea efectiva.
 
Es indispensable impulsar el diálogo y consolidar la colaboración entre la Comisión Nacional y sus homólogas en las entidades federativas, por supuesto desde la base del respeto y vigencia real de la autonomía de las instancias locales. Cabe destacar que precisamente en una de las primeras reuniones celebradas por la nueva Presidencia se ha planteado el estrechamiento de la coordinación y la conformación de alianzas estratégicas que puedan dar lugar, no únicamente a pronunciamientos conjuntos acerca de casos y problemáticas comunes, sino a actividades de vinculación y de promoción concretas en beneficio de las personas víctimas de violaciones o en riesgo de sufrirlas, las que, en su mayor parte, pueden y deben darse en el marco de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
 
No es ocioso reiterar que el inicio de la nueva gestión de la CNDH constituye una oportunidad para fortalecer la vinculación y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, en los ámbitos nacional e internacional, tanto para la realización de actividades de colaboración como para la atención y el seguimiento de casos, además de actividades vinculadas a los ámbitos de promoción y divulgación de los Derechos Humanos, reconociendo, entre otras, la necesidad de proteger y reconocer las tareas que desarrollan las y los defensores civiles en materia de Derechos Humanos, rechazando siempre cualquier acto de descalificación o intimidación.
 
En el ámbito internacional, se plantea la ruta de fortalecer los esquemas de colaboración con los sistemas universal y regional en materia de Derechos Humanos, poniendo en el centro la defensa de los Derechos Humanos de las y los mexicanos; razón por la cual, la CNDH habrá de buscar una nueva relación, constructiva y de beneficio real para nuestro país, con los grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, y con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, todo esto con el fin de fortalecer los vínculos institucionales y trazar una agenda de colaboración provechosos para nuestro país.
 
Respecto de las personas migrantes, los abusos cometidos en contra de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos de América obligan a una alerta vigilante de manera permanente, así como a la promoción, reconocimiento y defensa más enérgica de sus derechos. En particular, es imperativo contrarrestar el discurso de odio en contra de los migrantes en ese país, impulsándose, dentro de su ámbito competencial, gestiones para atender situaciones tales como la generada por la política de separación de familias, así como la detención e internamiento de niñas, niños y adolescentes contraviniendo los derechos reconocidos a su favor en diversos instrumentos internacionales. En este sentido, es de señalarse la necesidad de que México determine sus políticas migratorias bajo un principio básico de coherencia y reciprocidad, de tal forma que se brinde a las personas que se encuentren en el país como migrantes el mismo trato que se pide para los connacionales en otros lugares. Asimismo, promover la definición de políticas migratorias claras, que den vigencia y operatividad a las figuras del asilo y del refugio, así como para dar respuesta a la problemática de la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados.
 
La asunción a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en noviembre de 2019, de la Mtra. Ma. del Rosario Piedra Ibarra, ha implicado el inicio de una etapa de transformación de la CNDH. Transformación acorde a los cambios y reformas que se llevan a cabo en el país pero sobre todo a las demandas de las y los ciudadanos, para lo cual se está planteando, entre otras cosas, un plan de austeridad y diversas medidas para la optimización de recursos en este Organismo Nacional, así como el hecho de que la premisa básica de la cual partirán las acciones administrativas y operativas que se emprendan en esta nueva etapa de la vida institucional, sea la atención, cercanía y respuesta a las demandas de las víctimas
 
Para lograrlo, se anunciaron 10 acciones inmediatas, que se han ampliado en el ejercicio mismo de la nueva etapa, consistentes en:
 
1)    Abatimiento del rezago y emisión de Recomendaciones;
2)    Fortalecimiento del Consejo Consultivo e involucramiento en nuevas tareas;
3)    Nuevas formas de acercamiento con las víctimas;
4)    Fortalecimiento del Área de Atención a Víctimas;
5)    Revisión y ajustes a los procedimientos de queja para lograr mayor celeridad en su atención;
6)    Capacitación y actualización del personal de las áreas sustantivas de la Comisión;
7)    Revisión de los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones;
8)    Fortalecimiento de las Visitadurías Generales;
9)    Combate a la impunidad y prevenir que alguna autoridad responsable de violaciones a Derechos Humanos se sustraiga a la acción de la CNDH, y reducción de los tiempos de respuesta;
10) Revisión y fortalecimiento de los Programas Especiales de la CNDH;
11) Promoción y defensa de los DESCA;
12) Fortalecimiento del Centro Nacional de Derechos Humanos;
13) Construcción de procesos de participación social en materia de promoción de los Derechos Humanos;
14) Fortalecimiento de los sistemas de información e indicadores georreferenciados;
15) Promoción de la armonización normativa conforme a parámetros internacionales.

Finalmente, para mayor referencia, se incluye una relación mensual de las actividades relevantes realizadas por la Presidencia de la CNDH durante 2019.
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