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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019    Ayuda

Sexualidad, Salud y VIH

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

 
Antecedentes

En México la historia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) tiene su antecedente en el primer registro que data del año 1983. Según los primeros registros oficiales, de acuerdo con información del Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”, comenzando enero de 1988 ya se tenía registro de 127 casos; los casos de sida, en el mismo año multiplicaban esa cifra pues según la Dirección General de Epidemiología, ya se habían notificado 1,126 casos.
 
En este nuevo panorama, en el país surgieron nuevos retos y demandas. La agenda política de la salud comenzó a encaminarse también hacia la atención de la epidemia. Pero no sólo eso, además la sociedad civil organizada y representante de las de las personas con VIH comenzó a trabajar de manera conjunta con las instituciones nacionales e internacionales, logrando inicialmente el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, tales como el acceso universal a medicamentos antirretrovirales y a los servicios médicos gratuitos. 
 
Para el año de 1996, tras las presiones de la población derechohabiente organizada, se logró que el Instituto Mexicano del Seguro Social incorporara los antirretrovirales en su cuadro básico de medicamentos. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso a los medicamentos para el tratamiento del sida como un derecho humano. En consecuencia, en 2003 se estableció oficialmente el Programa de Acceso Universal a los fármacos antirretrovirales en México, garantizando su acceso a partir de 2004, con la inclusión en el catálogo de servicios de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de dichos fármacos, a los cuales desde entonces tiene derecho toda la población que lo requiere aún si carece de seguridad social.

No obstante el logro en el acceso al tratamiento antirretroviral, persistió el estigma asociado al VIH y la discriminación que del mismo se deriva. La dimensión social del VIH es compleja ya que además de ser un padecimiento físico, tiene un aspecto relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación. Ello requiere, por lo tanto, además de intervención desde el ámbito de la salud pública, de una respuesta integral en términos de la agenda política nacional con enfoque de derechos humanos que aún no se ha dado, lo que ha motivado que las quejas por violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH no dejen de ser una constante.
 
Al respecto, las Directrices internacionales sobre VIH/sida y los derechos humanos emitidas en 2002 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, establecen que los Estados deben contar con un marco normativo que reconozca los derechos humanos de ese sector de la población, implementar políticas y programas que permitan su materialización y establecer medidas para prevenir nuevos casos, medidas que constituyen un aspecto fundamental en la respuesta a la epidemia.

Los esfuerzos realizados como respuesta al VIH consideraron también la vigilancia epidemiológica. En ese sentido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud comenzó la identificación de las poblaciones con mayor probabilidad de adquirir la infección, por lo que las definió inicialmente como “poblaciones de riesgo” (ahora denominados grupos clave). Se identificó que en occidente se presentaba una mayor prevalencia en hombres que mantenían sexo con otros hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas con hemofilia y migrantes, lo cual originó una forma de estigmatización ocasionada por la relación automática y errónea entre el sida y las personas LGBTI. Con posterioridad se evidenció que no hay poblaciones de riesgo, sino prácticas de riesgo.
 
Además de que la personas LGBTI han sido asociadas erróneamente con el VIH, éstas tienen sus propias problemáticas relacionadas con el reconocimiento pleno de sus derechos humanos, tales como la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, dificultades para el reconocimiento de su identidad, para el acceso al matrimonio igualitario y a la adopción, por mencionar algunas, que se traducen en vulneraciones a sus derechos humanos, y que, las sitúan por lo tanto en escenarios cotidianos de riesgo y vulnerabilidad caracterizados por distinguir, separar o aislar.
 
La Organización de las Naciones Unidas ha trabajado para el fortalecimiento de los derechos de las poblaciones LGBTI con el fin de visibilizar la problemática que enfrentan día a día por el estigma y la discriminación; ha realizado esfuerzos para establecer en criterios internacionales de derechos humanos que, la orientación sexual y la identidad o expresión de género son motivos de discriminación prohibidos, postura que ha sido confirmada en varias resoluciones de sus órganos y sostenida en diversas declaraciones y pronunciamientos. 

En el ámbito internacional, sin duda, una de las resoluciones al respecto de mayor importancia fue la del 17 de mayo de 1990, mediante la cual la Organización Mundial de la Salud aprobó la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, en la que se reconoció que la orientación sexual no es un trastorno.

Resalta también la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas emitida en 2008 y el proyecto de “Modelo de Lineamientos para la Atención Especializada dirigida a la población sexualmente diversa por parte de las Instituciones de Derechos Humanos” que, en 2018, la Federación Iberoamericana del Ombudsman elaboró en colaboración con diversas instituciones de Latinoamérica, incluida esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A nivel nacional, destaca la relevante reforma constitucional de 2011 al artículo 1 constitucional que prohíbe de manera expresa la discriminación por preferencia sexual y supone un avance en la protección de la dignidad de todas y todos y en un reconocimiento a la plena igualdad entre las personas con preferencias heterosexuales y homosexuales. 

 
Contexto actual
 
De acuerdo a la última actualización del Registro Nacional de Casos de sida realizada por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA), de 1983 al 11 de noviembre de 2019, se han notificado 178,310 casos, de los cuales 91,078 corresponden a personas con VIH y 87,232 a personas con sida que se encuentran vivas según su estado de evolución registrado. 

Del Registro en comento, se advierte que del 1° de enero al 11 de noviembre de 2019 se diagnosticaron 8,757 nuevos casos de VIH y 5,119 casos de sida. Entre los estados con mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de sida se encuentran Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Morelos y Baja California; mientras que, Quintana Roo, Campeche, Colima, Veracruz y Tabasco, cuentan con la mayor tasa de casos nuevos de VIH.

Respecto a los casos nuevos notificados durante 2019 como seropositivos a VIH, se observa que la vía de transmisión sexual se mantiene como la predominante con 8,577 casos, seguida de otros en los que la vía de transmisión no fue especificada con 90 casos, así como del uso de drogas inyectables con 61 casos y de la transmisión perinatal con 29 casos, destacando que el grupo poblacional en el que ocurre en mayor medida la transmisión, es de jóvenes entre 25 y 29 años.

Por su parte, del Informe Nacional de Monitoreo de Compromisos y Objetivos Ampliados para Poner Fin al sida 2018, elaborado por el CENSIDA (con información hasta el año 2017), se desprende que la prevalencia en México de VIH es del 0.3%. Dicho Informe, también revela que la epidemia está concentrada en las siguientes poblaciones: hombres que tienen sexo con hombres (17.3%), personas que se inyectan drogas (5.8%), mujeres trabajadoras sexuales (0.7%) y hombres trabajadores sexuales (24.1%), así como en mujeres transgénero (15-20%).

A poco más de una década del inicio del monitoreo de las personas con VIH y el tratamiento antirretroviral (TAR) en México, iniciado en 2008 por el Programa SALVAR coordinado por CENSIDA, indudablemente el Estado Mexicano ha dado pasos significativos en la respuesta al VIH, particularmente en lo que respecta al tratamiento antirretroviral en relación con la reducción de la morbilidad y mortalidad relacionadas con este padecimiento, pues en 2011 se registraron 5,043 defunciones, mientras que en 2017 esa cifra disminuyó a 4,720.

No obstante, falta mucho por hacer. En ese sentido, resalta particularmente la situación que se ha presentado en México en 2019, caracterizada por los retos que supone el abasto de antirretrovirales en el contexto político coyuntural derivado del cambio en el esquema de las compras consolidadas de los mismos. Los retos son igualmente coyunturales, sin embargo, no debe perderse de vista que es obligación del Estado Mexicano procurar el abasto oportuno de dicho tratamiento, con independencia del periodo de transición del esquema administrativo, más aún cuando el sector público, como sucede en nuestro país, es el responsable de proporcionarlo a la gran mayoría de las personas con VIH y cuando existen compromisos internacionales como los derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que incluyen las metas “90-90-90” como un primer paso a cumplirse para el año 2020, las cuales, implican que al cierre de 2020 se tendrá que tener detectado el 90% de casos de personas con VIH, de ellos el 90% debe recibir tratamiento antirretroviral y que a su vez, de esas personas con tratamiento, el 90% alcance la supresión viral.

Como se advierte del Monitoreo Global del sida 2019 de ONUSIDA, la estrategia que gira en torno a una respuesta integral al VIH incluye a diferentes actores clave, entre ellos al sector privado, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones sindicales o laborales y organizaciones no gubernamentales. De ahí, que resulte indispensable fortalecer su participación en las tareas de prevención, detección y acompañamiento en los casos de VIH.

En términos normativos, la respuesta del Estado mexicano al VIH ha sido en diversos frentes, y va desde el reconocimiento del derecho a la protección a la salud en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la prohibición de discriminación por condiciones de salud en su artículo 1° y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la previsión del control epidemiológico para el VIH y el sida, así como de la educación sexual en la Ley General de Salud; hasta la creación de instituciones especializadas como el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA) el 24 de agosto de 1988 y el CENSIDA el 5 de julio del 2001, además de la publicación de más de 25 normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia, de entre las que destaca la específica, NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 2010, cuya primera versión data de 1993).

Sin embargo, existen disposiciones normativas que favorecen la persistencia de  prácticas discriminatorias que violentan la dignidad humana e inhiben el proceso de prevención-detección-vinculación-atención-indetectabilidad e intransmisibilidad del VIH, tales como las relativas a la tipificación del  delito de peligro de contagio y propagación de enfermedades, previstas en 30 entidades federativas.

A pesar de que en el país existe un amplio marco normativo y un entramado institucional robusto que tutela el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación por condiciones de salud, los escritos de queja relacionados con la vulneración de los derechos de las personas con VIH siguen siendo una constante en este Organismo Nacional que durante 2019 ha tenido un incremento considerable.

Contrasta con lo anterior, los pocos los estudios que se han realizado para contar con datos estadísticos relacionados con la población LGBTI. En este escenario, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), con presencia en más de 130 países desde 1978, se dio a la tarea de formalizar el reporte “Minorities Report 2017: attitudes to sexual and gender minorities around the world”, relativo a las actitudes públicas relacionadas con la diversidad sexual y el género que revela que cuando las personas encuestadas conocen a alguien dentro de estas minorías es mucho más probable que apoyen sus derechos, así como que en los Estados donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, el 46% considera que se deben proteger los derechos relacionados con la orientación sexual, mientras que en los Estados donde no se penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, esta cifra se eleva al 60%.  De igual manera, refleja que el 50% de los entrevistados considera que se debe otorgar reconocimiento legal a las diversas identidades sexuales o expresiones de género, sin embargo, el 28% de las personas de los Estados en donde se penalizan las relaciones entre el mismo sexo, considera que quienes mantienen relaciones con alguien del mismo sexo deben ser acusadas como criminales.

La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), realizada a personas mayores de 16 años residentes en el territorio nacional que se autoidentifican con orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género no normativas, revela que el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo, el 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho, una de cada dos personas no fue abierta sobre su orientación sexual y/o identidad de género en su último empleo y que el 30.8% ha recibido tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía.

A partir del cambio de siglo, ha existido una mayor visibilidad de las personas LGBTI por lo que se ha avanzado en cuestiones relativas al reconocimiento de sus derechos, sin embargo, tal reconocimiento no se ha hecho de manera uniforme. Si bien en la mayoría de las constituciones locales se hace referencia expresa a la prohibición de discriminación por “preferencia sexual”, el reconocimiento del matrimonio igualitario no se encuentra homologado pues algunos estados cuentan con esta figura por reforma legislativa: Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Colima, Campeche, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo y Baja California Sur; otras entidades, vía sentencia de la SCJN por acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH: Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León y Aguascalientes, mientras que Oaxaca y Chihuahua han permitido a parejas del mismo sexo unirse en matrimonio civil por vía administrativa, es decir, por disposición del titular del Ejecutivo o del Registro Civil. 

De igual forma, el reconocimiento legal de la identidad de género sólo se tutela en algunas entidades federativas: Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Colima, Coahuila, Hidalgo y Oaxaca.

Aunado a la falta de armonización normativa, las comunidades LGBTI con frecuencia se enfrentan a prácticas discriminatorias motivadas por su orientación sexual, así una encuesta realizada en 2015 por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC) a personas de la diversidad sexual revela que las encuestadas han sido discriminadas en su familia por ese motivo. Del total de respuestas obtenidas, el 10% respondió que a menudo, el 15% que a veces, el 20% rara vez y el resto respondió que nunca; los que más los discriminan son sus padres y hermanos, seguidos por primos, tíos o abuelos y al final, por parientes lejanos. Según la misma encuesta, las instituciones que más discriminan son las de salud, principalmente las del sector público, seguidas de las instituciones educativas y en el trabajo.

Por otra parte, de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2017 (ENADIS 2017), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México y esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observa que el 20.2% de la población mayor de edad fue discriminada por alguna característica personal como la orientación sexual; el 23.3% de las personas mayores de edad declaró que se les negó injustificadamente algún derecho, como la atención médica, los medicamentos o los apoyos sociales. El grupo poblacional que encabeza la lista en lo relativo a la percepción del poco o nulo respeto a sus derechos humanos son las personas trans con 71.9%, seguidas de las personas gays o lesbianas con el 65.5%.¿

En cuanto a la apertura a la diversidad, esa misma encuesta destaca que el 36.4% de la población entrevistada no rentaría un cuarto a una persona trans, el 35.9% no rentaría un cuarto a una persona con VIH o sida y que el 32.3% no rentaría a alguien por ser gay o lesbiana. En lo que respecta a la apertura al matrimonio igualitario, los resultados de la encuesta indican que el 43% se posicionó en desacuerdo con que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y el 56% expresó no estar de acuerdo con que su hijo o hija se casara con una persona con VIH.

El Estado mexicano también ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Al respecto, resulta trascendental la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 que incluyó a las preferencias sexuales como parte de los motivos por los que se prohíbe la discriminación en nuestro país. Destacan también las reformas legislativas aludidas para reconocer el matrimonio igualitario y la expedición de actas de nacimiento por reconocimiento legal de la identidad de género en algunas entidades federativas y la firma de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, sin embargo, aún prevalecen prácticas administrativas y conductas sociales, reflejo del estigma que deja en situación de vulnerabilidad a estas poblaciones, lo que se traduce en una discriminación permanente y motivada por su orientación sexual y/o su identidad o expresión de género y, prohibida por la normativa nacional e internacional.

Retos del Estado mexicano

La materialización de las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBTI implica el desafío de diversos retos, entre los que se encuentran los siguientes: 
  • Garantizar la entrega completa y oportuna a la persona usuaria final de los tratamientos ARV, al momento de ser prescritos, para asegurar su continuidad y evitar la aparición de resistencias que podrían mermar su eficacia. Al respecto, es indispensable implementar acciones que permitan avanzar hacia la portabilidad plena de los servicios públicos de salud que garanticen que, en los casos en los que las personas que viven con VIH cambien de derechohabiencia, el plazo de espera se reduzca a cero.
  • Impulsar acciones que garanticen la disponibilidad de fármacos pediátricos para el control de la infección por VIH.
  • Ampliar la cobertura de los servicios públicos de salud, ya que, si bien todos los sistemas de salud cubren la terapia antirretroviral, no todas las comorbilidades, coinfecciones y enfermedades oportunistas al VIH son cubiertas por todos los sistemas de salud.
  • Implementar acciones que erradiquen la transmisión vertical del VIH (la cual tuvo un incremento en 2019) y la sífilis congénita.
  • Redoblar esfuerzos en la difusión de información sobre el VIH, las medidas de prevención, sus vías de transmisión, así como sobre los derechos humanos relacionados con la materia, especialmente, al acceso a la prueba de detección, a la confidencialidad del diagnóstico y al tratamiento antirretroviral,  por mencionar algunos, entre la población en general, con énfasis en las poblaciones mayormente afectadas por la pandemia, sea porque presentan mayores prevalencias o por su vulnerabilidad derivada de sus prácticas o contextos. Para ello, será necesario modificar las prácticas que obstaculizan las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y atención, como son las normas que criminalizan la transmisión del VIH, de manera que es importante revisar y, en su caso, reformar los códigos penales de todo el país, a fin de evitar su criminalización, así como modificar las normas coercitivas contra las poblaciones clave, tales como las y los trabajadores sexuales y las personas usuarias de drogas inyectables.
  • Garantizar a las personas privadas de su libertad que viven con VIH acceso a servicios médicos oportunos y de calidad para el control del virus, evitando toda forma de discriminación o segregación o el condicionamiento de la atención a la extorsión de las autoridades penitenciarias.
  • Formular programas de capacitación y actualización del personal del servicio público que en el marco de sus atribuciones tiene relación con las personas que viven con VIH, a fin de que conozcan y observen la normatividad en la materia y los protocolos para su atención.
  • Fortalecer las acciones que consoliden una cultura de respeto a los derechos humanos y contrarresten el estigma y la discriminación asociada a la condición de salud, a la preferencia u orientación sexual, a la identidad de género y a la expresión de género.
 
Indispensables para 2020
 
  • Cumplir con los objetivos de la estrategia global “90-90-90” promovida por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), que implica que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas diagnosticadas con ese virus reciban tratamiento antirretroviral, así como que el 90% de las personas que reciban tratamiento, tengan supresión viral.
  • Diseñar e implementar políticas públicas de carácter transexenal en materia de compras de antirretrovirales y existencias suficientes para garantizar el abasto del tratamiento antirretroviral y, en consecuencia, el acceso oportuno al mismo y la continuidad ininterrumpida en su entrega, poniendo en el centro de aquéllas el derecho a la protección de la salud.
  • Fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas de prevención, detección y acompañamiento en los casos de VIH.
  • Implementar acciones y políticas públicas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de las personas LGBTI y que tengan por objeto erradicar el estigma y la discriminación asociada a dichas poblaciones.
  • Fortalecer las acciones de capacitación y actualización del personal del servicio público sobre el marco normativo y los protocolos de atención de las personas que viven con VIH y de las personas LGBTI.
  • Estrechar la colaboración interinstitucional, principalmente entre aquellas que tienen relación directa con las personas que viven con VIH y con las personas LGBTI, a efecto de concertar acciones conjuntas que se traduzcan en atención integral de calidad.
  • Derogar de los códigos penales la criminalización de la transmisión del VIH.
  • Ampliar la cobertura de los servicios a las mujeres embarazadas con VIH migrantes que carecen de documentos a más de 3 meses, a fin de que los servicios cubran, por lo menos, el embarazo, el parto y el puerperio.
  • Impulsar las reformas normativas correspondientes que permitan la celebración en todo el país de matrimonios entre personas del mismo sexo, así como el reconocimiento de todos sus efectos.
  • Promover las modificaciones legislativas que garanticen en todas las entidades federativas el reconocimiento legal de la identidad de género, mediante un procedimiento administrativo, que permita la expedición de actas de nacimiento y otros documentos oficiales.
  • Revisar la adecuada implementación de los protocolos emitidos por la anteriormente denominada Policía Federal, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como evaluar su eficacia en la investigación de casos de violencia hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales.
  • Evaluar la difusión y la implementación del Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual y Guías de Atención Específicas y la eficacia de los mismos en la consecución de sus propósitos.

La CNDH en materia de Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

La atención de las problemáticas que enfrentan las personas que viven con VIH y aquéllas de la diversidad sexual, requiere la implementación de acciones y de políticas públicas en las que la perspectiva de derechos humanos es fundamental. En ese sentido, este Organismo Autónomo impulsa el posicionamiento de los derechos humanos de los aludidos grupos de atención prioritaria en la agenda nacional y el establecimiento de mecanismos que garanticen su respeto.

Para la consecución de tal objetivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha realizado actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas que viven con VIH desde su creación en 1990, recibiendo la primera queja por un asunto relacionado con el VIH en 1992. Desde 1992 hasta el 17 de diciembre de 2019, esta Comisión Nacional ha registrado 1,857 expedientes de queja relacionados con el VIH y el sida; de estos registros el 43% se resolvió durante el trámite respectivo; la institución más mencionada como autoridad presuntamente responsable fue el Instituto Mexicano del Seguro Social y el principal hecho violatorio en los últimos años ha sido omitir suministrar medicamentos.

En el año 2001, a fin de visibilizar los derechos de las personas que viven con VIH, se creó una Subdirección como área especializada en la atención de los asuntos relacionados con tal temática que, en 2004, se reforzó como Dirección de Área y en 2007 mediante Acuerdo del Consejo Consultivo se estableció formalmente el Programa Especial de VIH/sida y Derechos Humanos de este Organismo Nacional, cuyo objeto se ha adaptado a las necesidades sociales del país, ampliando su población objetivo a personas LGBTI y cambiando su denominación en 2018 a Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH.

Como parte de la adaptación en comento, a partir del año 2010, el ahora denominado Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH también realiza acciones relacionadas con la sexualidad y el derecho a la no discriminación, encaminadas a difundir y promover el respeto de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI. Al respecto, de enero de 2010 al 17 de diciembre de 2019, en este Organismo Nacional se registraron 84 expedientes de queja relacionados con probables violaciones a derechos humanos de esas poblaciones; de esos registros el 27% se resolvió durante el trámite respectivo y el 31% por orientación; la institución más mencionada como autoridad presuntamente responsable fue el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y el principal hecho violatorio aludido en los últimos años “prestar indebidamente el servicio público”. 

En virtud de lo anterior, actualmente el Programa impulsa el respeto de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, así como de la población LGBTI, mediante la promoción y difusión de los mismos, con el objeto de generar una cultura incluyente tanto en las y los servidores públicos como en la sociedad en general. En el marco de sus atribuciones proporciona, entre otros, con cobertura nacional, los siguientes servicios: 
  • Promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, así como de la población LGBTI, tanto con vertiente informativa para personas que viven con VIH, poblaciones LGBTI y público en general, como con vertiente de actualización y/o especialización para las y los servidores públicos, cuyas funciones se relacionan con la atención de dichos sectores de la población.
  • Orientación y asesoría jurídica sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH, así como de la población LGBTI.
  • Difusión y divulgación de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de la población LGBTI, a través de la elaboración, actualización y distribución de materiales como cartillas, folletos, discos compactos, carteles, etc.

Promoción de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Los esfuerzos realizados para prevenir la transmisión del VIH no han sido suficientes. El incremento constante del número de nuevos casos de VIH y de sida registrados cada año en nuestro país son un indicador de que la atención de la pandemia aún representa un reto importante para la salud pública y ello requiere de la implementación de acciones que garanticen, sobre todo, el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación de las personas con VIH, pero también de las personas LGBTI, quienes además de padecer los prejuicios creados alrededor de una orientación o identidad sexual diversa, son en muchas ocasiones erróneamente asociadas con la pandemia.

Ante las problemáticas en mención, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, permanentemente participa en actividades de promoción que buscan contribuir a la protección y respeto de los derechos humanos relacionados con las personas que viven con VIH, así como de las personas LGBTI. En ese sentido, durante el periodo que se reporta, se realizaron un total de  144 actividades de promoción en modalidades diversas tales como talleres, cursos-taller, pláticas, conferencias y mesas redondas, sobre temas relacionados con el VIH y la diversidad sexual, como el estigma, la discriminación, el marco jurídico protector de los derechos humanos a la igualdad y a la protección de la salud, el bullying homofóbico y transfóbico, homofobia, VIH y derechos humanos, los derechos humanos como eje de la atención primaria en salud (APS), entre otros. Las actividades impactaron a 8,883 personas, de las cuales 3,404 laboran en el servicio público y 5,479 personas del público en general, entre los que se encuentran personas que viven con VIH, personas LGBTI, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles.

El Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH procura constantemente expandir las acciones de promoción de los derechos humanos en las diversas entidades federativas del país, de manera que durante 2019 se realizaron acciones de tal naturaleza en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Además, el Programa también lleva a cabo acciones conjuntas de promoción de los derechos humanos con instituciones u organizaciones de otros países.
 
Entre las actividades de promoción relevantes que se realizaron a lo largo del año se encuentran los siguientes:
  • Por invitación del Complejo Penitenciario Islas Marías, ubicado en el Archipiélago Islas Marías, del 22 al 24 de enero se impartieron una serie de cursos-taller dirigidos a personas privadas de la libertad, a personal encargado de las Direcciones Generales de los diferentes centros penitenciarios federales que integran el complejo, así como a encargados de las de las Direcciones de Administración, Jurídico, Técnica y Médica, con el objeto de difundir, sensibilizar y promover el respeto de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de las personas con VIH.
  • Por invitación del Centro Mujeres, A.C., el 16 de febrero, se participó en el Primer Congreso sobre la Atención Integral y Derechos Humanos Baja California Sur, realizado en dicha entidad, con el objetivo de contribuir al debate actual en Baja California Sur en materia de salud y derechos humanos, enfatizando la relación entre el servicio público y la salud como derecho fundamental, así como de promover el acceso de las personas con VIH y de las poblaciones LGBTI a los servicios de salud de manera integral.
  • A invitación de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (Secretaría de Salud de Querétaro), el 22 de marzo se impartió un curso-taller relativo al tema “Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres con VIH” en las instalaciones del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer “Dr. Felipe Núñez Lara”, dirigido a personas servidoras públicas del sector salud, con el propósito de difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH y prevenir malas prácticas en el sector salud asociadas al estigma y la discriminación contra ese grupo en situación de atención prioritaria que en ocasiones se enfrenta, entre otras, a situaciones de violencia obstétrica.
  • Por invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 30 de abril, se participó en la mesa redonda La incorporación de la perspectiva de género para el ejercicio de los derechos de la niñez del foro Retos de los derechos de la infancia con el tema “Bullying homofóbico y transfóbico”, a fin de abordar desde la postura institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de los derechos de la niñez en el contexto del fenómeno del bullying homofóbico y transfóbico.
  • A invitación de la de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el 3 de mayo, se acudió a la Ciudad de Tlaxcala para impartir, en el marco del 3er Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios de Género, una conferencia sobre “El derecho al libre desarrollo de la personalidad: masculinidades y diversidad sexual” que tuvo por objeto difundir y promover los derechos humanos de las personas LGBTI con énfasis en el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el contexto de las masculinidades y la diversidad sexual.
  • A petición del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", el 28 de junio, se acudió a sus instalaciones para dar una plática sobre el tema “La responsabilidad de los servidores públicos de las instituciones de salud en el marco de los derechos humanos de las personas LGBTTTI”, con el objetivo de promover y difundir los derechos humanos de las personas LGBTI.
  • En atención a la invitación hecha por la Universidad de Costa Rica en colaboración con Men Engage Alliance, el 29 de julio, durante el VII Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades Costa Rica 2019, se participó con el tema "El trabajo de los hombres y las masculinidades, una mirada desde el feminismo", a fin de contribuir desde la experiencia del Programa en la discusión sobre la pluralidad de las masculinidades, el feminismo y los derechos de la diversidad sexual.
  • Por invitación del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del  sida e Infecciones de Transmisión Sexual en Pachuca, Hidalgo (CAPASITS Pachuca), el 12 de agosto, se impartieron una serie de actividades a personal del sector salud que atiende a personas con VIH, relativas a los derechos humanos de las y los jóvenes, la no discriminación por orientación sexual e identidad de género y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos con el fin de prevenir malas prácticas en el sector salud hacia personas jóvenes con VIH.
  • A invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora (CEDH Sonora), el 12 de septiembre, se impartió una conferencia sobre “Matrimonio igualitario” a Diputadas y Diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora con el propósito de reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos de las personas LGBTI y abordar el contexto actual de la armonización normativa sobre el derecho al matrimonio igualitario retomando el antecedente histórico de la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de junio de 2015 sobre el tema.
  • A solicitud del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG) del Congreso de la Ciudad de México, el 22 de octubre, se participó en la mesa redonda “¿Por qué regular el trabajo sexual? Mirada desde los derechos humanos”, en el marco del Diálogo Experiencia en la regulación del trabajo sexual en América Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir, desde la perspectiva de los derechos humanos, a la actual discusión sobre las posturas de prohibición, abolición y regulación del trabajo sexual para que quienes toman decisiones en el espacio legislativo cuenten con elementos que les brinden una perspectiva integral que también incluye la definición del trabajo sexual autónomo.
  • Por invitación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el 21 de noviembre, personal de este Programa Especial participó en el marco del seminario Salud Global y Derechos Humanos al que asistieron académicos expertos en materia de salud de diversos países, en una mesa redonda con el tema “Derechos sexuales: avances y desafíos”, la cual tuvo por objeto colaborar al análisis de la salud sexual con base en el pensamiento crítico sobre las formas en que el enfoque basado en los derechos humanos y el activismo pueden contribuir al campo de la salud global.
  • A invitación del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), institución pública de Cuba, el 5 de diciembre se impartió una conferencia sobre "Activismo LGBTIQ+" en el marco del 6to Taller Violencias, Sexualidades y Derechos Humanos, con el objetivo de promover y difundir los derechos sexuales de las personas LGBTI con base en el análisis contextual del impacto del avance del conservadurismo, describiendo el caso mexicano en el contexto de la región latinoamericana.

Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

En este rubro, con el objeto de fortalecer la vinculación interinstitucional y con la sociedad civil organizada se realizaron diversas actividades. Al cierre del año 2019 se llevaron a cabo 135 reuniones de vinculación en diversas entidades federativas del país y en el extranjero, de ellas, 46 se concretaron en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, grupos de personas que viven con VIH y poblaciones LGBTI y 89 más con distintas instituciones públicas.

Al respecto, se estima pertinente mencionar que se tuvo colaboración estrecha, tanto para acordar y realizar eventos de promoción, como para coordinar acciones de prevención de violaciones a derechos humanos con instituciones como: la Secretaría de Gobernación (Complejo Penitenciario Islas Marías); el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.207; el Hospital Pediátrico Azcapotzalco; la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA); la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAV); el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM); el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Regional Golfo (CIESAS Golfo); el Sistema Municipal DIF Tlalnepantla; el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA México); el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ); la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC); la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC); la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM); la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX); el Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida Oaxaca (COESIDA Oaxaca); el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (INDESALUD) Campeche, a través del Programa de Prevención y Control del VIH-sida; el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche; la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx); los Servicios Estatales de Salud (SESA) Quintana Roo; el Centro de Atención Múltiple 83 (CAM 83); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Alcaldía Cuauhtémoc; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD); el Programa Estatal de VIH, sida e ITS en Morelos; el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CONASIDA); el Colegio de México (COLMEX); la Universidad de Costa Rica; el Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas frente al VIH/sida, la Sexualidad y los Derechos Humanos (SIPIA); la Organización Panamericana de la Salud (OPS); la Secretaría de Salud de Chihuahua; Petróleos Mexicanos (PEMEX); el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del sida e ITS en Hidalgo (CAPASITS Pachuca); el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del sida e ITS en Nogales (CAPASITS Nogales); la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG); la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora (CEDH Sonora); la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO); el Centro de Investigación Diversidad e Incidencia (CIDI); la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD); la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM); la Secretaría de las Mujeres y la Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez; la Universidad Federal de Río de Janeiro; Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX); Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO); Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otras.

También se trabajó con organizaciones civiles nacionales e internacionales tales como: la Red de Democracia y Sexualidad, A.C. (DEMYSEX); La Casa de la Sal, A.C.; Centro Mujeres, A.C.; la Fundación Arcoíris por el respeto a la Diversidad Sexual, A.C.; International AIDS Society, Men Engage Alliance; Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH; Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. (LEDESER, A.C.); AIDS Healthcare Foundation México (AHF México); Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, A.C. (ACODEMIS,A.C.); CIE Eventos Especiales; El Clóset de Sor Juana, A.C.; Nosotrxs por la Democracia, A.C.; Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLATRANS); Católicas por el derecho a decidir, A.C.; Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamerica (RedTrasex); Colectivos de la Comunidad LGBTTTIQ+ del Estado de Zacatecas; Comité Organizador Internacional de la Primera Conferencia Feminista LBQ; Comunidad San AElredo, A.C.; Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos (REDJ+MEX); Coalición Mexicana LGBTTTI+; la Fundación para la Planificación Familiar, A.C. (Mexfam); el Grupo de Apoyo Comunitario VIHve Libre y La Tercera Cara de la Moneda Trans, A.C.,  por mencionar algunas. 

Cabe destacar que en el impulso del reconocimiento de los derechos humanos, tanto de las personas con VIH como de las personas LGBTI, la sociedad civil organizada ha sido un actor fundamental, motivo por el cual ,el fortalecimiento de su participación en las acciones encaminadas a la protección de los derechos de esos sectores de la población es indispensable, de manera que este Programa Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos seguirá privilegiando en su agenda la concertación de acciones conjuntas.

Entre las actividades de vinculación de este Organismo Nacional destaca la convocatoria y moderación en el Foro "Nuevos desafíos en la protección a los derechos humanos de las personas con VIH", celebrado los días 2 y 3 de septiembre, con el objeto de promover y difundir los derechos humanos de las personas que viven con VIH y reflexionar sobre los nuevos desafíos para su protección, en el que participaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas clave en la respuesta al VIH, tales como CENSIDA; Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas; Instituto Nacional de Salud Pública; Hospital General México “Dr. Eduardo Liceaga”; Mujeres Viviendo con VIH; Condomóvil y A.C., Letra S, Sida Cultura y Vida Cotidiana, A.C.

Trabajo Interinstitucional en favor de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

En aras de influir en la materialización de acciones encaminadas a proteger los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de las poblaciones LGBTI este Programa mantiene vínculos constantes con instancias clave responsables de la regulación de las acciones oficiales en la materia.

El trabajo interinstitucional de este Organismo Nacional está formalizado en las invitaciones hechas a su titular por parte del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA) para ocupar una vocalía rotatoria en el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del sida (CONASIDA). Por su parte, el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH tiene participación en los distintos Comités del CENSIDA que a continuación se mencionan:
 
  • Comité de Atención Integral. Dentro de este Comité se llevaron a cabo y dio seguimiento a los trabajos del Grupo “Abasto y entrega oportuna de antirretrovirales”, los cuales permiten conocer y analizar la problemática del abasto, las dificultades para la distribución y entrega completa y oportuna al usuario final de los tratamientos ARV, así como las posibles alternativas para su mitigación por parte de las instituciones del sector salud que integran el Grupo de Trabajo. Además, derivado de los trabajos de este Comité, se conformó un Grupo Técnico para dar seguimiento a la validación de la eliminación de la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita, en el que el Programa también tiene participación.
  • Comité de Monitoreo y Evaluación. En el marco de las actividades de este comité se realizó el análisis de los indicadores y las estrategias generales propuestas para el seguimiento de las tendencias del VIH/sida e ITS en México; la evaluación de las fuentes de información disponibles para su medición; así como recomendaciones para el fortalecimiento del Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, sida e ITS.
  • Comité de Prevención. En este espacio se analizaron las políticas públicas que fortalecen las actividades de prevención del VIH/sida y otras ITS en las poblaciones clave. También se dio seguimiento a los compromisos adquiridos por nuestro país a través del PRONASA, de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el sida, de las recomendaciones en la materia de las agencias y de los programas de las Naciones Unidas, en particular de ONUSIDA.
  • Comité de Normatividad y Derechos Humanos. En este comité se analizaron las políticas públicas y la legislación federal y local, desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas que viven con VIH para revertir el estigma y la discriminación relacionados con la pandemia.
El resultado del trabajo en los Comités es la elaboración de propuestas de acuerdos que son presentados al Consejo Nacional para la Prevención y el Control del sida CONASIDA para concertar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con VIH y a prevenir la transmisión del virus.

Divulgación de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Para la consecución de sus objetivos, el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH también sigue un plan de divulgación de contenidos mediante la colaboración con las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos en materia de VIH y diversidad sexual, así como de diversas instituciones públicas, que implica la revisión y elaboración de materiales que impriman el contexto sociopolítico en el que se sitúan las poblaciones objetivo, con el fin de complementar las actividades de promoción y ampliar la difusión de los derechos humanos de esos sectores de la población.

En ese sentido, durante el periodo que se reporta, se elaboraron y actualizaron 18 materiales de divulgación  entre carteles, libros, cartillas, folletos, tarjetas postales, trípticos y cuadernos.

Algunos materiales de divulgación elaborados y/o actualizados en 2019 son:
   
Asimismo, durante el año, el Programa distribuyó  16,321 materiales de divulgación en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Adicionalmente, a través del Centro Nacional de Derechos Humanos se distribuyeron, en distintos puntos del país, a organizaciones de la sociedad civil, a servicios de salud especializados en la atención de las personas que viven con VIH, a organismos públicos estatales de derechos humanos y a diversas instituciones que brindan atención a personas que viven con VIH y de las poblaciones LGBTI  254,447 materiales diversos.

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Durante el periodo que se reporta, se brindaron 465 asesorías de diversa índole, de las cuales 190 implicaron la entrega de información general relativa a la pandemia del VIH y el sida, así como de la diversidad sexual (atenciones) y 275 orientaciones sobre quejas en dichas materias. 

Con la finalidad de contar con un mejor panorama sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBTTTI más vulnerados en el país, el Programa cuenta con una base de datos interna. Su alimentación se hace de manera regular y su fuente de actualización es la información proporcionada por la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia de este Organismo Nacional. A través de esta herramienta, se analiza el número de expedientes de queja recibidos en la CNDH en torno a tales temáticas y se registran por año y mes, por entidad federativa donde ocurren las presuntas violaciones, por  autoridades presuntamente responsables y hechos presuntamente violatorios.

De dicha base se advierte que durante 2019, se registraron un total de 370 quejas relacionadas con el VIH y el sida en las que el principal hecho violatorio fue omitir suministrar medicamentos y la autoridad presuntamente responsable más señalada el Instituto Mexicano del Seguro Social con 219 quejas.

Además, se registraron 8 quejas relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI en las que los principales hechos violatorios fueron faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, así como prestar indebidamente el servicio público; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la autoridad señalada como presunta responsable con mayor frecuencia.

En el marco de las acciones de protección y defensa en materia de derechos humanos de las personas con VIH, durante 2019 este Organismo Nacional emitió el siguiente pronunciamiento:
 
  • Recomendación No. 50/2019, de fecha 14 de agosto, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud, a la Integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación de V (persona con VIH) en hospitales del IMSS en Sinaloa y Sonora.

Estudio sobre la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita

En 2019 se inició la etapa de planeación de un estudio que a partir del análisis situacional del acceso de las mujeres al nivel máximo de salud como un derecho fundamental y tomando como principales referentes la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita en México, permita identificar aquellos factores que dificultan o impiden el acceso  oportuno de las mujeres a servicios de salud de calidad en los términos mencionados, además de analizar la existencia e idoneidad de las acciones implementadas por las autoridades correspondientes en la materia y en su caso, la necesidad de la implementación de las que resulten necesarias para la atención de esa problemática.

Informe especial sobre la situación de lo derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México

Este Organismo Nacional realizó y, presentó públicamente el pasado 30 de octubre, el Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México, cuyo principal objetivo es contribuir al diagnóstico y al análisis del estado que guarda la vigencia de los derechos de las poblaciones LGBTI e identificar los obstáculos que enfrentan para ejercerlos plenamente en nuestro país.
 
En ese sentido, el Informe revela que la discriminación, violencia y “crímenes de odio”, aún son flagelos que afectan el libre desarrollo de la personalidad y los derechos a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica, al matrimonio igualitario, a la seguridad social, al reconocimiento legal de la identidad de género, a la protección de la salud y a la vida de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales, cuyo respeto es indispensable para la consolidación de una sociedad democrática y plural, en la que prevalezca el respeto por la diferencia.
 
A partir del análisis del marco normativo nacional y de los resultados de diversas estadísticas y encuestas relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, el Informe muestra los retos en materia normativa a este respecto, contrastando la dimensión constitucional con las legislaciones locales y destaca que el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI en el plano normativo es insuficiente, así como que es indispensable que dicho reconocimiento se materialice a través del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas transversales orientadas a prevenir y eliminar toda forma de discriminación motivada por la orientación sexual, la identidad y expresión de género, dirigidas a garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios de salud, educación, trabajo, justicia o cualquier otro a favor de esas poblaciones. De manera complementaria, analiza información oficial proporcionada por autoridades federales, estatales, así como por los 32 organismos públicos de derechos humanos en torno a las políticas públicas y acciones afirmativas instauradas en el tema, que permitió identificar la ausencia de éstas en diversos rubros.
 
El Informe contiene, además, propuestas a distintas autoridades e instancias del Estado mexicano en materia de educación, procuración y administración de justicia, salud, de trabajo y en materia legislativa, orientadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y a prevenir, sancionar y reparar las violaciones de que sean objeto, por ende, este documento puede ser un referente o fuente de consulta para que las autoridades competentes realicen mejoras y adecuaciones en los procedimientos de atención a dichos sectores de la población.

Recomendaciones Generales en materia de Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

En este año se elaboraron las siguientes Recomendaciones Generales, cuya aprobación se encuentra pendiente:

Recomendación General por las Principales Violaciones a los Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH

Ante la existencia de disposiciones normativas y prácticas administrativas que propician o constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH, este Organismo Nacional concluyó, durante el periodo que se reporta, la elaboración de una Recomendación General en la que a partir del análisis de los expedientes de queja recibidos en el periodo que va del 1º de enero de 2010 al 31 de julio de 2019, se formulan recomendaciones en torno al surtimiento no oportuno de tratamientos antirretrovirales y la insuficiencia de dosis pediátricas, al estigma y la discriminación asociados a dicho sector de la población, a la inadecuada aplicación de los protocolos para su atención y a la necesidad de armonizar el marco normativo a fin de que se garanticen sus derechos humanos, entre otras, por ser las problemáticas que con mayor frecuencia vulneran los derechos humanos de ese grupo de atención prioritaria. 
 
Los hallazgos, conclusiones y puntos recomendatorios que la componen, en su momento se darán a conocer a la opinión pública.
 
Recomendación General sobre la Concordancia Legal de la Identidad Sexo-Genérica de las Personas Trans e Intersexuales

Ante la situación de vulnerabilidad a la que se ha expuesto a aquellas personas cuya identidad sexual y de género no es concordante con el binomio sexo-genérico que les fue asignado al nacer (personas transgénero, transexuales e intersexuales) y con el asentado en sus documentos del estado civil y de identificación oficial, este Organismo Nacional continua trabajando en la elaboración de una Recomendación General en la que se analiza la importancia de que dichos documentos reflejen la identidad con la que las personas se presentan ante la sociedad, lo anterior, en el marco de los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al nombre, a la intimidad, a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual.

Un insumo importante en el desarrollo de la Recomendación General son los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunal que ha determinado que debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente el derecho a la identidad sexual de las personas trans, toda vez que se trata de aspectos que definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad.

Asimismo, en la Recomendación General se analizarán los casos de las entidades federativas en las que se contemplan trámites para solicitar la concordancia legal de la identidad sexo genérica para personas trans e intersexuales.

Lo anterior, con el objeto de impulsar la adecuación de los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar que permitan el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans e intersexuales, así como la realización de acciones encaminadas a la capacitación de las y los servidores públicos que por cuestiones de competencia tengan participación en la implementación de dichos cambios y en la atención de las personas LGBTI.
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