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I. Estrategia Institucional

Llegamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con un mandato claro de reforma. Para mejorar su atención a las víctimas y su capacidad de respuesta. Para optimizar recursos y garantizar la eficacia y la prontitud a que estamos obligados y para actuar cercanos al pueblo.

Este informe refleja las acciones realizadas y los resultados obtenidos por la Institución durante el año 2019, del cual esta nueva administración ejerció sus facultades a partir de la segunda quincena de noviembre; por ello, no podemos desaprovechar la oportunidad para expresar en este espacio los principales criterios con los que conduciremos dicha reforma.

Para hacerlo, no necesitamos de un inmenso aparato burocrático ni de cuantiosos recursos. Acorde con una visión del servicio público con la que coincidimos, y asumiendo como un deber ético el precepto de que la eficacia y la probidad no implican dispendio ni excesos, nos sometemos a la ley. Y empezamos por aplicar en la Institución, íntegramente, la Ley Federal de Austeridad Republicana.

En el ejercicio del gasto privilegiaremos la atención a las víctimas directas e indirectas y a las personas que están en riesgo. Se aplicará prioritariamente para utilizarlo en las áreas sustantivas de la Comisión, en las Visitadurías Generales, en el área de Quejas y en todos aquellos programas que sean de apoyo directo a la investigación y al seguimiento de los casos.

Fortaleceremos, desde luego, el Consejo Consultivo y lo involucraremos en las nuevas tareas, lo consultaremos y será un apoyo vivo y activo en esta nueva etapa, sobre todo en el monitoreo y evaluación de la oportunidad y la calidad del trabajo de la CNDH.

El diálogo con todas y todos será permanente. Con el objetivo de avanzar en la gran reforma de la Comisión Nacional que nos proponemos, establecemos una premisa: la comunicación permanente y directa con todas las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, con los colectivos comprometidos con esa causa y, desde luego, con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, de manera que, resultado de este amplio ejercicio de análisis y discusión, surja una CNDH más eficaz, fortalecida en su misión sustantiva, y con más y mejores instrumentos que faciliten la interposición de quejas, aseguren su trámite pronto y expedito, y garanticen el cumplimiento de sus Recomendaciones y observaciones.

Al inicio de mi gestión anunciamos un Programa de Diez Acciones Inmediatas que ya está en marcha, y que se ha venido completando con más acciones complementarias, entre las cuales cabe destacar lo siguiente:

PROTECCION Y DEFENSA

1) Abatimiento del rezago y emisión de Recomendaciones. Como prioridad y con el objeto de asegurar la eficacia de la Comisión Nacional en su atención a las víctimas, estamos revisando los expedientes rezagados para atenderlos y darles curso de inmediato, pero también las quejas existentes, susceptibles de una Recomendación, facilitando el acceso de las víctimas a las investigaciones. La falta de criterios de calificación, integración y conclusión de expedientes de quejas propician su desechamiento y remisión de manera discrecional, a veces incluso su subcalificación en casos de violaciones graves.

2) Revisión y ajustes al procedimiento de quejas. En la actualidad las quejas tardan entre tres y cinco días en ser turnadas a las Visitadurías Generales. Frente a ello, estableceremos criterios específicos para calificar las quejas como urgentes y estar en posibilidad de que se les brinde la atención que corresponda. Además, se hará un mapeo de procesos para el fortalecimiento de la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia en lo general, y en lo específico de la Subdirección de Registro y Clasificación, así como de las Coordinaciones de Procedimientos Internos de las Visitadurías Generales, a fin de que el trámite sea eficiente, se den mejores mecanismos de coordinación entre las Visitadurías Generales para la canalización de los asuntos y que su calificación sea más expedita.

3) Capacitación y actualización del personal de las áreas sustantivas de la Comisión, para la mejora en el ejercicio de sus funciones, en materia de Derechos Humanos y en materia de bloque constitucional y de convencionalidad. Otra capacitación también urgente para las y los visitadores adjuntos versará sobre mecanismos de solución, particularmente en temas de controversias de mediación y solución pacífica de conflictos, porque muchos casos se podrían resolver por esta vía, siempre y cuando no sean violaciones graves a los Derechos Humanos y, para lo cual, se precisa de una profesionalización.

4) Revisión de los mecanismos de seguimiento de las Recomendaciones. Los mejoraremos, emprendiendo acciones más rigurosas y sistemáticas que aseguren su implementación y la protección de las víctimas. Desde la Presidencia, y en conjunto con el Consejo Consultivo, se creará un área específica para supervisar la formulación de las Recomendaciones que se realice en las Visitadurías Generales, y se procurará contar con más personal de revisión de proyectos.

Además, fortaleceremos otros instrumentos idóneos, como son las Recomendaciones Generales y los Informes Especiales, con el objeto de incidir adecuadamente en las políticas públicas en materia de Derechos Humanos. Respecto de la Recomendación 15VG/2018, de la gestión anterior, que aborda el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, es importante estudiarla, valorarla en sus alcances, en conjunto con quienes trabajaron en ella, y desde luego con las víctimas indirectas, es decir, con las y los familiares de los desaparecidos, para encontrar las mejores maneras de avanzar en apoyo a sus demandas.

5) Fortalecimiento del área de atención a víctimas, poniendo a su disposición más recursos humanos y materiales, con indicadores específicos y monitoreados desde la oficina de la Presidencia de la Comisión y con acompañamiento del Consejo Consultivo.

6) Combate a la impunidad y reducción de los tiempos de respuesta. No permitiremos que ninguna autoridad responsable de violaciones se sustraiga de la acción de la Comisión Nacional. Hasta este momento, no existe un término máximo para emitir una resolución en un expediente de queja, por lo que un asunto puede tardar hasta nueve años en resolverse, ante la falta de colaboración de las autoridades o la lentitud para proporcionar la información solicitada mediante oficio. Para enfrentar este problema, crearemos un mecanismo de colaboración con las autoridades, a fin de realizar brigadas de trabajo y comunicaciones eficientes para agilizar la atención de los expedientes de queja.

7) Fortalecimiento de las Visitadurías Generales. Pondremos especial énfasis en el papel de las y los encargados de la atención a las personas quejosas y a las víctimas, y de la integración de expedientes de queja. Estamos realizando ya una evaluación, a través de indicadores, respecto de los temas y programas, así como de la cantidad de asuntos recibidos en cada una de las Visitadurías Generales y del personal administrativo y profesional con el que cuentan, a fin de realizar una adecuada distribución de los recursos humanos y financieros.

8) Todas las formas de acercamiento de la CNDH a las víctimas. Además de contar con mecanismos más expeditos, de acercamiento y acompañamiento a las y los quejosos y a las víctimas, se crearán módulos itinerantes en todo el país.

Necesitamos fortalecer, sobre todo, los mecanismos de atención de las mujeres, de las personas periodistas y defensoras de derechos, migrantes y de los pueblos y comunidades indígenas. Necesitamos ir más allá del trabajo de gabinete y estar presentes donde la gente necesita que la defiendan y la cuiden.

Lo haremos con un espíritu de empatía y solidaridad genuinas, porque entendemos lo que es ser víctima no solo de las violaciones sino también de quienes se suponía eran nuestros defensores frente a las mismas.

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

9) Revisaremos y fortaleceremos los programas especiales, particularmente los relativos al agravio a periodistas y personas defensoras civiles; asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres; de la niñez y la familia; atención a migrantes; a víctimas del delito; a las personas con discapacidad; personas desaparecidas, y pueblos y comunidades indígenas.

Especial atención precisa el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), adscrito a la Cuarta Visitaduría General, ya que en ese programa es donde recae la responsabilidad de dar seguimiento y participar en el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, requiere de un mayor fortalecimiento institucional, de más personal y recursos para enfrentar tal problemática.

Adicionalmente, se crearán mecanismos de coordinación entre los programas especiales y las Visitadurías Generales, a partir de las metodologías de trabajo interdisciplinario. Para tal efecto, es posible crear un mecanismo con personal de cada una de las Visitadurías, para la atención de quejas que, por su complejidad, precisan de la articulación de diversas instancias de la CNDH.

10) Promoción y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Desde su creación, la Comisión Nacional ha sido débil, cuando no omisa, en la defensa de estos derechos del pueblo mexicano. Se ha considerado por lo general que no es tarea de la CNDH asumir un papel activo en la garantía de los derechos a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, al descanso, a la cultura, a la recreación, entre otros.

En esta nueva etapa, y en el marco histórico en que nos ha tocado actuar, consideramos prioritaria la defensa de estos derechos. Una parte importante de la violencia que vivimos tiene como origen la desigualdad que se da en el ámbito de su cumplimiento, aquélla que vivimos todos los días y que culturalmente se ha naturalizado.

PROMOCIÓN

11) En el área de promoción se precisa construir procesos de participación social más amplia en materia de Derechos Humanos. El objetivo es llevar la CNDH a todos los espacios de la población, a la vida cotidiana, y construir un proceso pedagógico y epistemológico que en verdad se refleje en una mayor conciencia de los Derechos Humanos entre los diversos sectores de la población mexicana.

Para ello, nos proponemos articular, desde la Secretaría Técnica, los procesos de promoción y capacitación que de facto llevan todas las Visitadurías Generales, pero con este enfoque horizontal y de animación sociocultural, mediante caravanas itinerantes en las cuales se llegue a las plazas, mercados, escuelas, grupos de reflexión, etcétera, y establecer un programa de colaboración interinstitucional con las escuelas de educación básica a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con centros de enseñanza media superior y superior del país, para transversalizar el enfoque basado en Derechos Humanos en los programas de estudio y en la normatividad de las escuelas y universidades.

12) La mejor política de vinculación internacional es aquella relacionada con la defensa de los Derechos Humanos y de las víctimas al interior. Cumpliremos nuestros compromisos en materia de Derechos Humanos, ejerciendo a cabalidad nuestras facultades y deberes constitucionales. Llevaremos a cabo la armonización normativa de los Derechos Humanos, con los parámetros universales e interamericanos, pero sin burocracias y poniendo fin a los gastos onerosos. No vamos a sumar kilometraje en viajes sino en cumplimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades.

13) Fortalecer sistemas de información e indicadores georreferenciados, de manera que obedezcan al contexto de emergencia nacional en materia de Derechos Humanos, para lo cual es necesario implementar una revisión de indicadores para la identificación de niveles de riesgo de violaciones a los Derechos Humanos, y mejorar la capacidad preventiva de la Comisión Nacional referente a atención a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos; tortura y desapariciones; violencia feminicida y otras formas de violencia de género; salud sexual y reproductiva de las mujeres; población migrante; trata de personas, explotación de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas migrantes e indígenas; condiciones laborales precarias (sector agrícola y doméstico); personas con discapacidad, y discriminación contra pueblos y comunidades indígenas.

En suma, la visión y objetivo del Sistema de Información Geográfica es que proporcione análisis e inteligencia en tiempo real, para el estudio de riesgos en violaciones de Derechos Humanos en México y sirva como una herramienta de análisis, gestión, prevención, planificación, y toma de decisiones de la Presidencia de la CNDH.

14) Armonización de la normativa de la CNDH. Nos proponemos revisar políticas, reglamentos y protocolos de actuación, a efecto de que se encuentren armonizados con los principios constitucionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, para evitar todo tipo de discriminación o violencia.

ESTUDIO Y DIVULGACIÓN

15) Fortalecimiento del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH). El planteamiento de no recurrir a la contratación de externos para elaborar investigaciones, proyectos, planes o cualquier tipo de análisis y Recomendaciones es para fortalecer el trabajo y la capacidad profesional de las y los servidores públicos de la Comisión Nacional.

Estamos conscientes de la magnitud de la tarea. Necesitamos mejorar los mecanismos de atención de quejas y emisión de Recomendaciones, pero sobre todo, crear una cultura de los Derechos Humanos. Vamos a promover y divulgar los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución mexicana, así como aquellos que conforman el derecho humanitario internacional, y llevarlos a las escuelas y a la conciencia de las y los mexicanos, porque solo así será viable una cultura de la paz.

Es indispensable involucrar a las víctimas y a toda la sociedad en los procesos de protección, defensa y promoción de los Derechos Humanos. Es la única manera de asegurar la garantía de no repetición, que no haya más víctimas, el fin último y central de toda defensoría de los Derechos Humanos del pueblo que se precie de serlo, más allá de los discursos.
 
QUEREMOS JUSTICIA, PRIMERO LAS VÍCTIMAS.

 
María del Rosario Piedra Ibarra
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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