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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País

 
Con el objeto de visibilizar el nivel de cumplimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el país, este Organismo Nacional elaboró,  a partir de las respuestas recibidas a solicitudes de información enviadas a los 32 titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a manera de cuestionarios divididos en ejes temáticos que atienden a los principios y derechos previstos en la Convención, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País que confirma el incumplimiento de las obligaciones generales establecidas en la CDPD.
 
Los cuestionarios se enviaron durante 2016, a partir de entonces se dio seguimiento a las respuestas enviadas. En total, se esperaban 800 respuestas de las 32 entidades federativas, sólo se obtuvieron 541, que representan el 67.6% del total esperado, de manera que en la presentación del Informe Especial en comento se destacó la falta de colaboración de los estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit, los cuales, fueron omisos ante los requerimientos de información de esta Comisión Nacional.
 
De manera desafortunada, otras entidades señalaron desconocer el estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como las acciones para la implementación de la CDPD, en tanto que otras no dieron respuesta a la totalidad de los cuestionamientos formulados.
 
Se recibieron respuestas de 221 instancias y dependencias estatales de 28 entidades federativas, entre ellas tres Congresos Legislativos (Chiapas, Estado de México y Oaxaca), cinco Poderes Judiciales (Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas), seis institutos de discapacidad (Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas), 13 Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y 13 Secretarías de Salud, entre otras instancias.
 
En relación con el número de instancias o dependencias de la administración pública del orden estatal que dieron respuesta, sobresalen Ciudad de México, con 33; Estado de México, 26; Hidalgo, 19; Puebla, 16 y Tamaulipas, 13. En siete entidades federativas (Colima, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala) una sola dependencia o entidad administrativa respondió o concentró la información para su envío.
 
Con el objeto de analizar las problemáticas existentes a nivel local respecto al ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, en el Informe Especial se abordaron, entre otros, los siguientes temas: armonización legislativa con la CDPD, asignación presupuestal para la atención de la discapacidad, mecanismos de consulta ciudadana, toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, niñas y niños con discapacidad, igualdad y no discriminación, accesibilidad, acceso a la información, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho a tener un nombre o nacionalidad, derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad, respeto al hogar y la familia, educación, salud, rehabilitación, trabajo y empleo, protección social, participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
 
Asimismo, el Informe incluye la formulación de 11 propuestas a los gobiernos estatales; dos a los poderes judiciales de los estados; 14 a los poderes de la unión estatales y ocho a las legislaturas locales, todas ellas tendentes a generar conciencia, evitar la discriminación, impulsar el ejercicio presupuestal dirigido a la inclusión de personas con discapacidad, capacitar a personas servidoras públicas en el tema, implementar programas de educación sexual y reproductiva y de inclusión laboral de ese sector poblacional e impulsar mecanismos de justiciabilidad del derecho a la igualdad en favor de las personas con discapacidad.
 
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