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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Contribución a la Agenda 2030

Sin duda un cambio de paradigma fue la adopción por la comunidad internacional, en 2015, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), en consecuencia, en la Décimo Segunda Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos llevada a cabo en Mérida, Yucatán, quedó establecido el papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en la ejecución de dicha Agenda.

El objetivo principal de dicho encuentro además de la adopción de ese instrumento, fue la creación de un Grupo de Trabajo del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), el cual funge como mecanismo de colaboración e interlocutor internacional de las INDH. Se identifican seis actividades generales que pueden desarrollarse por la CIC y por las INDH en lo individual, de manera específica, se destaca el proporcionar asesoramiento a los gobiernos nacionales y locales, a titulares de derechos y otros actores claves para promover un enfoque basado en los derechos humanos y, en la implementación, ejecución, control y seguimiento de la citada Agenda. Además, de denunciar cualquier desigualdad o discriminación e informar en los distintos espacios y procedimientos de los escasos avances o irregularidades en su ejecución.
 
A partir de la adopción de la Declaración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha integrado en su actividad cotidiana los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para visibilizar su importancia y relación con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, toda vez que sin el respeto y la realización efectiva de los derechos humanos es imposible lograr la meta propuesta por esa Agenda que guía y hace necesaria la articulación de políticas y actividades enfocadas a la protección de los derechos humanos.
 
En ese sentido, este Organismo Nacional ha enfocado sus esfuerzos para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno conozcan el contenido de la Agenda y encaminen sus planes, programas, políticas y acciones hacia el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, cuyo eje rector debe ser la dignidad humana.
 
La Agenda 2030 en su conjunto o de manera específica a partir de cada uno de sus Objetivos, ha sido difundida por la CNDH en materiales impresos (cartillas, folletos, publicaciones); pronunciamientos; boletines de prensa; eventos y acciones de capacitación (cursos, talleres, diplomados), tanto en modalidad presencial como a distancia.
 
De manera ejemplificativa más no limitativa, puede citarse la Colección Objetivos de Desarrollo Sostenible que, en sus diferentes fascículos reúne el análisis de dichos Objetivos realizado por reconocidos especialistas, quienes efectúan distintas reflexiones para una mejor comprensión de la situación actual y de los retos para una efectiva implementación de la Agenda; o bien, la obra Los Derechos Humanos Laborales, cuyo objetivo consistió en estudiar la protección de los derechos humanos de índole laboral de las y los trabajadores y sus familias, e impulsar su observancia y difusión.
 
Adicionalmente, se resaltan los estudios sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos; Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos; Los Derechos Humanos y la Corrupción en México; Estudio sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos; desarrollados en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México.
 
Estos estudios analizan problemáticas específicas y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, haciendo énfasis en los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 con la cual se relacionan, particularmente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 relativo a Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; el ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; el ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; el ODS 14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; el ODS 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; y el ODS 16 encaminado a Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas, por citar algunos.
 
Es necesario destacar que la CNDH ha insistido en la importancia de la colaboración no solo entre el sector público sino también el privado y social, por ende, en colaboración con Fundación para la Paz en Guerrero, quien auspició a Acción Ciudadana frente a la Pobreza, elaboró el Estudio intitulado Derechos Humanos y Pobreza, Políticas públicas frente a la pobreza, con la perspectiva de derechos del artículo 1º constitucional.
 
La pobreza de acuerdo a la definición adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se entiende como una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones y la seguridad y el poder necesario para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, esta problemática se atiende por la Agenda 2030 en el ODS 1 encaminado a Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

No debe pasar inadvertido que la pobreza restringe y limita el desarrollo de las Naciones, además de que el derecho al desarrollo en tanto derecho individual como colectivo, hace hincapié en un proceso integral que incluye como el desarrollo económico, social, cultural y político de las personas, además de favorecer un orden social e internacional en el que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden realizarse plenamente.
 
Una de las labores más importantes del Ombudsperson es, sin duda, el atender quejas en casos concretos, llevar a cabo investigaciones y emitir pronunciamientos con recomendaciones a las autoridades involucradas para lograr la reparación de las víctimas, aunado a los pronunciamientos generales en los cuales se evidencian violaciones a derechos humanos que derivan de una situación recurrente y, en ocasiones, sistemática.
 
Esta Institución Autónoma ha expuesto en distintos instrumentos recomendatorios los ODS relacionándoles con los derechos humanos respecto de los cuales se ha acreditado su violación, entre ellos, el citado ODS 1; el ODS 3 enfocado a Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; el referido ODS 6; el ODS 8 dirigido a Promover el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos; y el mencionado ODS 16. Lo anterior, con la finalidad de que las autoridades identificadas como responsables encaminen el cumplimiento de los distintos puntos recomendatorios con un enfoque integral.
 
Destacan las Recomendaciones 37/2015, 28/2016, 70/2016, 2/2017 y 60/2017 en las cuales se han hecho visibles las condiciones de pobreza en las que viven las y los jornaleros agrícolas y el desigual desarrollo regional del país que trae como consecuencia la emigración de quienes trabajan en las zonas rurales a los lugares donde hay trabajo, al enfrentar situaciones precarias de vida, además de insistir en la efectiva supervisión por parte de las autoridades en materia laboral de las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene.
 
En materia de acceso al trabajo, es indispensable que las autoridades apliquen los principios de igualdad y no discriminación en las convocatorias para los puestos de trabajo, además de garantizar el derecho a la seguridad social dada su interrelación con el derecho al trabajo, por ende, se han emitido las Recomendaciones 22/2017, 23/2017, 25/2017, 28/2017, 53/2017 y 32/2018, en las cuales se vinculan los derechos vulnerados con los ODS 8 y 19, este último, encaminado a Reducir la desigualdad en y entre los países.

Aunado a lo anterior, recientemente se emitió la Recomendación General 34/2018 sobre el efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. En este instrumento se señaló que el salario es un derecho humano, mismo que debe ser suficiente y asegurar una vida digna tal como lo señala la norma constitucional y diversos instrumentos internacionales.
 
Las cifras de pobreza y pobreza extrema, y el número trabajadoras y trabajadores que perciben un salario mínimo o menos, apuntan a que la suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización del derecho al mínimo vital y de otros derechos humanos, por ende, su vinculación con la Agenda 2030 resulta fundamental para alcanzar las Metas previstas en ésta.
 
Conscientes de que el cambio climático ha afectado a todos los países en todos los continentes, además de generar un impacto en la economía, la vida de las personas y las comunidades, así como en los ecosistemas, este Organismo Nacional ha exhortado a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a cumplir lo señalado en el artículo 4° constitucional respecto del acceso al derecho a un medio ambiente sano. Lo anterior, puede observarse en las Recomendaciones 48/2015, 10/2017, 67/2017 y las Recomendaciones Generales 26/2016 y 32/2018 que se vinculan con los ODS 3, 6, 11, 14 y 15, por citar algunos.
 
Aunque hay importantes avances, aún existen diversos y muy importantes retos por vencer para avanzar de manera firme hacia la realización plena de los derechos humanos. Ello es una labor que involucra sin duda a las autoridades, los órganos de garantía, la academia y la sociedad civil organizada.
 
La CNDH no cesará en sus esfuerzos para que la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos sean una realidad para todas las personas, en cumplimiento de lo previsto en el ordenamiento nacional, los instrumentos y estándares internacionales en la materia, además de los Objetivos y Metas previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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