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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Pronunciamientos Penitenciarios

Análisis Situacional en Materia de Pronunciamientos y Estudios Penitenciarios

A través del análisis del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria se pueden ubicar, bajo una perspectiva de observancia de los derechos humanos, diversas problemáticas que el Sistema Penitenciario Nacional ha presentado en los diversos tipos de centros que lo conforman, indicando una diferenciación respecto del estatus que guardan tanto los centros federales como estatales, militares y, en su caso, municipales, además de la tendencia que presentan respecto de las evaluaciones que anteceden. En este sentido las problemáticas más generalizadas fueron la falta de separación entre procesados y sentenciados, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, las malas condiciones de diferentes áreas de los establecimientos penitenciarios, la falta de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, la carencia de actividades laborales, educativas, deportivas y de capacitación para el trabajo, así como deficiencia en la atención de la salud de las personas privadas de la libertad, ocasionada tanto por la falta de personal médico como de equipo y medicamentos necesarios para atención de la salud.

El DNSP es el instrumento que ha permitido de forma objetiva identificar diversas problemáticas que inciden de forma preponderante en el Sistema Penitenciario Nacional, como son: la falta de personal de seguridad y custodia, como de separación entre procesados y sentenciados (80.9%), deficientes condiciones materiales y de higiene en diversas instalaciones de los centros (77.1%), deficiente atención a los derechos a la protección de la salud y la alimentación (54.19%), presencia de condiciones de autogobierno  (52.67%), así como el hacinamiento (48.85%) y sobrepoblación (35.11%), problemáticas que inciden principalmente en la vulneración de los siguientes derechos humanos: acceso a la salud, a la integridad personal, estancia digna, seguridad jurídica, además del derecho a la reinserción social.
 

 Principales problemáticas en el Sistema Penitenciario identificadas en el DNSP Fila: Separación entre procesados y sentenciadosDeficientes condiciones materiales y de higiene en diversas instalaciones de los centrosDeficiente atención a los derechos a la protección de la salud y alimentaciónPresencia de condiciones de autogobierno al interior de los establecimientos penitenciariosHacinamientoSobrepoblación

 

Para atender de forma integral las problemáticas planteadas que se presentan en mayor o menor medida en centros de reclusión del país, es necesaria la implementación inaplazable de políticas públicas de alcance local y nacional, con la participación de autoridades e instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, compatibles con la seguridad, mediante la implementación de una estrategia que contenga acciones concretas basadas en la norma tanto nacional como internacional. Para ello, resulta conveniente también la elaboración de lineamientos concretos y acordes a la problemática penitenciaria, que promuevan el fortalecimiento de una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, con especial atención a los relativos a la reinserción, salud, integridad personal, estancia digna y seguridad jurídica.

Objetivos y Fundamento Normativo en Materia de Pronunciamientos Penitenciarios

De acuerdo con los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, fracciones VII, y XIII de la Ley CNDH, este organismo autónomo tiene como atribuciones el impulsar la observancia de los derechos humanos en el país, así como formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los Tratados, Convenciones y Acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de derechos humanos”. Lo anterior resulta concordante con el artículo 15, fracción VIII del mismo ordenamiento, que señala la facultad del Titular de la Comisión para formular las propuestas generales, conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país.

A partir de lo anterior, la Comisión Nacional busca ser referente para la protección, defensa, promoción y observancia plena, mediante diversos pronunciamientos que impulsen directrices o referentes que incidan en la aplicación de estándares internacionales y la implementación de buenas prácticas que favorezcan a la reinserción social. Además, este Organismo Nacional se ha sumado al compromiso del Estado para que se protejan los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, tanto a nivel nacional como en los casos de mexicanos sentenciados a la pena capital en el extranjero.

Vinculación con Organismos e Instituciones Académicas

Con el objeto de establecer y desarrollar estrategias de apoyo para la promoción, divulgación, estudio, análisis e investigación jurídica y de derechos humanos, así como establecer la coordinación para la realización de eventos académicos y de servicio social, se llevó cabo la firma de diversos convenios de colaboración:

  • El 8 de febrero con la Universidad Tepantlato, con el fin de realizar eventos académicos y de investigación, así como de intercambio bibliográfico especializado;
  • El 18 de junio con el Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial, el cual tiene objeto la realización de trabajos de investigación, capacitación promoción en materia de derechos humanos;
  • El 21 de junio con la Universidad Humani Mundial, cuya finalidad es realizar estudios y actividades dirigidas a la población que egresa de los centros penitenciarios, en fortalecimiento de un sistema pospenitenciario adecuado;
  • El 12 de julio con la Asociación Redes de Acción Local para la Transformación Nacional, cuyo propósito es el establecimiento de estrategias que permitan el impulso de las acciones en caminadas a la prevención del delito y a la reinserción social con un enfoque de derechos humanos:
  • El 22 de agosto con el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, con la finalidad de desarrollar programas que fortalezcan la labor del criminólogo dentro del sistema penitenciario en beneficio del mismo en un marco de respeto de los derechos humanos.

Propuestas en materia penitenciaria

El 1º de junio, se llevó a cabo la presentación del libro "Un Modelo de atención y tratamiento para las personas con farmacodependencia en prisión publicación de la Comisión Nacional en la que se exponen diferentes programas de prevención y atención de adicciones para personas privadas de la libertad. La presentación del texto fue realizada por los doctores Luis Rodríguez Manzanera y Elías Huerta Psihas, así como por las doctoras Elia Quintero Huerta y Ruth Villanueva Castilleja, quienes señalaron y reiteraron la importancia de abordar el tema de las personas con farmacodependencia en prisión, y proponer sobre esta problemática formas de abordar su atención y tratamiento de manera eficaz, reconociendo los esfuerzos que diversas instituciones penitenciarias estatales han realizado sobre esta temática.

Igualmente, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado el 26 de junio se realizó la segunda presentación del libro Un Modelo de atención y tratamiento para las personas con farmacodependencia en prisión”, en la Sala de Seminarios “Mariano Jiménez Huerta” del Instituto Nacional de Ciencias Penales, contando en esta ocasión como comentaristas con la presencia de las doctoras Corina Giacomello Investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Estefanía de la Paz de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC, así como la Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Ruth Villanueva Castilleja, quienes señalaron la necesidad de una atención prioritaria mediante políticas públicas de carácter multidisciplinario para atender esta problemática, así como ofrecer posibles herramientas que permitan contribuir al fortalecimiento del sistema penitenciario, valorando para ello en todo momento los Derechos Humanos.

Asimismo, se publicó un artículo en la Revista Foro Jurídico, del mes de julio de 2018, con una reseña de la publicación.
 
Del mismo modo, el 15 de agosto se llevó a cabo la presentación del Estudio de Armonización Legislativa entre el Sistema Penitenciario Mexicano y las normas internacionales, en el cual se hizo una revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de dos leyes de carácter nacional: la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de verificar la concordancia de las leyes con las normas e instrumentos internacionales que en relación con el mandato constitucional aseguren la viabilidad del ejercicio y goce de los derechos humanos, así como su eficaz protección y defensa. En el evento se contó con la participación del Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, Comisionado de Prevención y Readaptación Social (PyRS), el  Maestro Fernando Elizondo García, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH.

Se realizó también el Estudio “Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas y su Impacto en el Sistema Penitenciario”, elaborado en coordinación con el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Información Geoespacial, a través del cual se muestra la relación de los aspectos económicos, sociales y políticos de las entidades federativas con la calificación promedio más baja en los últimos cinco años del DNSP.

También se realizó un estudio sobre la cooperación entre el Estado y la Iniciativa Privada en Centros de Reclusión, denominado “Modelo de cooperación entre el sector público y privado. Alternativa para el Sistema Penitenciario”, en el que se desarrolla un análisis de la problemática y experiencias existentes.
En coordinación con la Asociación Redes de Acción Local para la Transformación Nacional, se elaboró el estudio “Modelo de Reinserción Social”, con el propósito de contar con un instrumento más que permita determinar alternativas de mejora en este proceso.

Con la Universidad Humani Mundial, se realizó también en coordinación, un estudio sobre el “Modelo de Seguimiento Post Penitenciario”, contando así con otra herramienta para mejora en esta materia.

El 12 de noviembre, se emitió el Pronunciamiento sobre la “Atención hacia las Personas Integrantes de las Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual en Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, el cual tiene como propósito fortalecer y garantizar el respeto de los Derechos Humanos de este sector poblacional, evitando se incrementen entornos inadecuados que vulneran sus condiciones de igualdad y la discriminación en centros de reclusión.

Recomendación General sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la república mexicana

Para esta Comisión Nacional, el derecho a mantener la vinculación con el exterior debe entenderse como aquél por medio del cual a las personas privadas de la libertad se les reconoce la posibilidad de tener contacto con sus familiares, amigos y personas cercanas que les permitan una vinculación apropiada con el mundo externo, resultando así de la mayor importancia el fortalecer estos vínculos, teniendo dentro de su contenido la dignidad y, en especial, el libre desarrollo de la personalidad. De igual forma considera que la actualización aprobada por la Asamblea General de la ONU sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos denominadas “Reglas Nelson Mandela” constituye una oportunidad para que el Estado mexicano traduzca en realidad la declaración expresa de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin discriminación y cuyos estándares básicos se encuentran plasmados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su aprobación conlleva la obligación de desarrollar un modelo de gestión penitenciaria que atienda de manera eficaz la reinserción social, dentro del que, la vinculación con el exterior constituye un elemento definitorio en su efectiva realización y cuya restricción salta a la vista debido a que las autoridades desconocen su importancia, no cuentan con la infraestructura y el personal para otorgarlo o lo utilizan como un medida para obtener ganancias ilícitas o como medio de control disciplinario.

Los programas de vinculación con el exterior forman parte de las herramientas y estrategias avaladas por las normas e instrumentos internacionales cuyo diseño y efectiva aplicación contribuye a la defensa de los recluidos, evita su desarraigo social y familiar, fomenta un proceso de normalización e incide de manera efectiva a su reinserción social, por lo que, la Comisión Nacional ha insistido en sugerir que en todo el sistema penitenciario nacional se desarrollen acciones positivas encaminadas a hacer efectivo este derecho mediante el diseño y operación de las políticas públicas pertinentes, en las que se contemple la construcción y habilitación de la infraestructura, los procedimientos y el marco reglamentario necesario para dar eficacia a este derecho, situación que no ocurre en todos los centros penitenciarios de la República Mexicana.

Este Organismo Nacional ha advertido que el proceso de reinserción social sólo puede darse cuando se cuenta con un marco normativo adecuado, los recursos humanos a la altura de su misión e instalaciones que garanticen seguridad y condiciones de vida digna a las personas privadas de la libertad, sea cual fuere su situación jurídica. De ahí que el objetivo de la reinserción social no sea sólo un concepto imaginario previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, sino que sea base de un buen régimen penitenciario.

La reinserción social derivada del artículo 18 constitucional es un mandato, cuyo cumplimiento significa aprovechar el tiempo de las personas privadas de la libertad, para que puedan desarrollar capacidades y actitudes de respeto a las normas y al orden legal, aprender un oficio, trabajar, desarrollarse en actividades educativas y deportivas bajo un régimen dentro del cual las actividades de vinculación con el exterior permiten el contacto regular con las personas significativas en su vida, quienes deben ser aliados de la administración, y en lo posible, formar parte de un modelo de gestión que permita integrarles como un elemento coadyuvante en la consecución del objetivo resocializador, de ahí que este derecho se debe proteger mediante la garantía y eficacia de su ejercicio.

En ese contexto la Recomendación General 33/2018, sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la República Mexicana, fue emitida el 13 de agosto de 2018 formulándose propuestas que inciden a la adopción de medidas concretas para fortalecer el sistema penitenciario nacional, específicamente aquéllas relativas a las relaciones con el exterior.
 

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana.

El 27 de febrero, se emitió el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana, con el fin de dignificar los centros penitenciarios de baja capacidad que presentan sobre todo con hacinamiento y sobrepoblación, señalando que dichas problemáticas conllevan una mala clasificación, deficiencia en las actividades educativas, deportivas, laborales, de capacitación, en atención a la salud y, en general, a las condiciones dignas de internamiento, lo que se deriva en mucho de la inadecuada infraestructura de los centros penitenciarios de baja capacidad instalada, por lo que el derecho a la reinserción debe privilegiarse, atendiendo los señalamientos constitucionales, los criterios internacionales de Naciones Unidas consignados en las Reglas Mínimas para la Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como “Reglas Mandela”, y toda la normatividad en la materia.

En el Informe Especial se enfatiza que tales deficiencias son susceptibles de corrección, por lo que debe desarrollarse una política de armonización de los inmuebles con las exigencias que se derivan de poner en marcha un buen régimen penitenciario, por lo que insta a las autoridades competentes a desarrollar acciones efectivas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de dichos centros; desarrollar obras de infraestructura penitenciaria de baja capacidad en su caso y establecer programas de dignificación penitenciaria enfocados a proporcionar mantenimiento y mejora permanente a la estructura y equipamiento de esos centros, lo anterior con el propósito de garantizar la clasificación de la población, seguridad, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el mismo.

Seguimiento de casos de mexicanos sentenciados a Pena de Muerte en el Extranjero

Con el propósito de integrar los documentos más importantes que han plasmado el rechazo generalizado de la comunidad internacional en contra de la pena de muerte, la CNDH se ha sumado a una serie de acciones para coadyuvar en la erradicación de dicha práctica, por ello realizó una Compilación de Instrumentos Internacionales y Jurisprudencia sobre Pena de Muerte, misma que fue distribuida en toda la República Mexicana.

Se realizaron también diversas gestiones a fin de mantener actualizada la información del estado que guardan los casos que se siguen a mexicanos sentenciados a esta pena. Por la información obtenida por la SRE, actualmente se conoce que hay 54 connacionales condenados en Estados Unidos y uno en China. De los primeros, 34 casos formaron parte de la demanda que el gobierno mexicano presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, “Caso Avena”, por omisiones a las garantías procesales.

Durante el 2018, gracias a diversas gestiones y peticiones, entre ellas la de la Comisión Nacional, se conmutó la pena de muerte a tres nacionales sentenciados a pena de muerte en Malasia. Por su parte en los Estados Unidos de América se logró revertir la sentencia de un nacional. Sin embargo, el 14 de noviembre a pesar de diversas intervenciones, se llevó a cabo la aplicación de la pena de muerte a un mexicano en el estado de Texas.
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