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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Antecedentes
 
La Ley General de Víctimas (LGV) generada, discutida e impulsada por las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, los poderes públicos y las instituciones académicas, en vigor desde 2013, su Reglamento aprobado en 2014, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales expedido con motivo de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, han fortalecido el orden jurídico que de manera integral y, en el marco de los estándares internacionales, reconoce a las víctimas sus derechos, que entre otros implican, el derecho a recibir ayuda, asistencia, protección, acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, así como su rol protagónico como parte en los procesos penales y administrativos.
 
Para la materialización de los derechos que regula el ordenamiento normativo en materia de víctimas, el legislador estableció el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) y por Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, como instancias de formulación de políticas públicas y articulación de esfuerzos institucionales en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal encaminados a observar las disposiciones de la LGV.
 
La CEAV y sus homólogas en las entidades federativas, para la aplicación de las políticas públicas emanadas del SNAV y garantizar el cumplimiento de los derechos que se desprenden de la LGV, deben contar en su estructura con tres pilares que sostienen su operación, a saber: un Registro de Víctimas, Servicios de Asesoría Jurídica Victimal y un Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).
 
Contexto actual

La instalación y adecuada operación de las comisiones de víctimas en los ámbitos federal y local, permitirá al Estado mexicano sustituir, a cabalidad, el modelo de atención a víctimas que funcionaba con antelación a la expedición de la LGV, limitado al ámbito de los delitos excluyendo con ello a las víctimas de violaciones a derechos humanos y sustentado en un cuerpo jurídico heterogéneo (ya que cada entidad federativa disponía en su legislación lo que consideraba conveniente en este campo) que delegó la atención de las víctimas y el cumplimiento de sus derechos en las procuradurías y/o fiscalías de justicia, principalmente, (instancias no especializadas en la atención victimal) y que, en consecuencia, no respondió a las expectativas de la atención victimológica, ni de la reparación integral del daño, propiciando la revictimización que pretende eliminar el actual sistema de atención integral a víctimas.
 
Ante el evidente escenario de violencia, inseguridad pública e impunidad que afecta al país y la victimización que dichos flagelos originan, la operación de las comisiones de víctimas; de los fondos de apoyo, asistencia y reparación integral y de la asesoría jurídica victimal, representan instrumentos centrales de una política pública nacional de atención integral a las víctimas.
 
En ese contexto y no obstante los avances logrados en materia de víctimas, principalmente normativos, algunos indicadores de victimización aún evidencian una marcada debilidad institucional, la falta de voluntad política para la generación de consensos a favor de los derechos de las víctimas y una inmensa brecha entre el marco jurídico y su implementación.
 
Entre tales indicadores, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, con información obtenida en 2017, estima que durante ese año en nuestro país se cometieron 33.6 millones de delitos que impactaron a 25.4 millones de víctimas, lo cual representa una tasa de 39,369 víctimas de delitos por cada 100,000 habitantes.

Dicha encuesta también refiere que durante ese periodo, en el 35.6% de los hogares del país, se reportó que al menos uno de sus integrantes fue víctima del delito.

Asimismo, la ENVIPE 2018 revela que la cifra negra de delitos no denunciados a nivel nacional fue de 93.2%, identificando que los principales motivos por los que las víctimas no denuncian  son atribuibles a la autoridad y que entre ellos destacan, en un 34.2% la consideración de la denuncia como una pérdida de tiempo y en un 16.5% la desconfianza en la autoridad.

Adicionalmente, de la encuesta se desprende que el porcentaje de personas que considera que la inseguridad y la delincuencia representan los problemas más importantes que afectan a la entidad federativa donde residen, tuvo un incremento significativo, elevándose en un año del 61.1% al 64.5%. 

Por otra parte y en torno a la impunidad como una de las problemáticas que revictimiza con mayor incidencia, el Índice Global de Impunidad (IGI) México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, refiere como indicador significativo que el homicidio no se castiga en nuestro país: “El porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%. La disminución de casi diez puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal: las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”, lo que evidencia la debilidad institucional imperante y las deficiencias en la capacidad de respuesta del aparato estatal ante la encrudecida situación de inseguridad.
 
Los niveles de impunidad y de percepción de inseguridad han dado pie a que en algunos sectores de la sociedad surja la idea de hacer justicia por propia mano. Al respecto, la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional publicada en 2017, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México con datos de 2016, incluyó como pregunta la siguiente: “si un hombre mata a alguien y las autoridades no hacen nada, los miembros de la comunidad, ¿tienen o no tienen el derecho de tomar en sus manos el castigo?” y reveló que poco más de tres de cada diez personas encuestadas (31.8%) refirieron que los miembros de la comunidad si tienen ese derecho. Tal respuesta refleja que más de la tercera parte de las personas encuestadas desconfía de las autoridades encargadas del desempeño de las funciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en nuestro país.
 
En el trabajo de investigación “Linchamientos en México”, publicado en febrero de 2018 por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se señala que el número de casos en los que se hizo justicia por propia mano se ha incrementado, sobre todo, en el centro del país, principalmente en los estados de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y en la Ciudad de México, sin embargo, ante el descontento social, dicho fenómeno amenaza con propagarse a otras entidades federativas y con convertirse en una constante, lo que entre otras acciones, obliga a analizar y replantear la estrategia de seguridad pública implementada en los últimos años.

Retos del Estado mexicano

Los antecedentes y el contexto actual expuestos permiten inferir que los esfuerzos institucionales realizados, a partir de la entrada en vigor de la LGV en 2013, para la implementación y operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas han sido insuficientes y desarticulados, pues en desacato al mandato que deriva de la LGV relativo a que las entidades federativas armonicen su marco normativo y, en consecuencia, pongan en operación la estructura especializada en la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, sustentada principalmente en los pilares aludidos con antelación, hasta el periodo que se reporta, sólo habían sido creadas la CEAV y 21 Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas:
 
Entidades federativas que cuentan con comisiones estatales
de atención integral a víctimas
1. Aguascalientes NO
2. Baja California NO
3. Baja California Sur SI - 2017
4. Campeche (1) NO
5. Chiapas NO
6. Chihuahua SI - 2017
7. Coahuila SI - 2014
8. Colima SI - 2016
9. Ciudad de México (2) NO
10. Durango SI - 2014
11. Guanajuato NO
12. Guerrero SI - 2016
13. Hidalgo NO
14. Jalisco SI - 2015
15. México SI - 2015
16. Michoacán SI - 2015
17. Morelos SI - 2015
18. Nayarit (3) SI - 2018
19. Nuevo León SI - 2014
20. Oaxaca NO
21. Puebla NO
22. Querétaro (4) SI - 2017
23. Quintana Roo SI - 2016
24. San Luis Potosí SI - 2015
25. Sinaloa NO
26. Sonora NO
27. Tabasco SI - 2016
28. Tlaxcala SI - 2015
29. Tamaulipas SI - 2017
30. Veracruz SI - 2016
31. Yucatán SI - 2016
32. Zacatecas SI - 2015
(1) El “Informe sobre el avance en la armonización local de la Ley General de Víctimas (Diciembre 2017)” de la CEAV, considera al Instituto de Acceso a la Justicia (INDAJUCAM), regulado por la Ley que establece el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, en vigor a partir del 25 de agosto de 2011, “como similar” a una comisión estatal de atención integral a víctimas, sin embargo, la Ley General de Víctimas no regula esta categoría.
(2) El 19 de febrero de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, cuyo artículo SÉPTIMO transitorio establece: “La persona Titular de la Comisión de Víctimas deberá elegirse dentro en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. La Comisión de Víctimas se instalará con la designación de su titular. Hasta en tanto se instala la Comisión de Víctimas, las obligaciones que le están fijadas por esta Ley y la Ley General serán coordinadas por la Secretaría de Gobierno.” Al mes de diciembre, la Comisión en comento no se encontraba en operación.
(3) El 27 de febrero de 2018, el Congreso Local nombró al titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y otorgó a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit un plazo de 30 días naturales para garantizar la solvencia presupuestal para la operación de esa instancia, sin embargo, al mes de diciembre aún no se encontraba en operación.
(4) La Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, establece en el artículo 6 “La Secretaría para el cumplimiento de sus funciones, se integrará por: […] III. La Subsecretaría de Prevención Social y Atención a Víctimas, que contará con las Direcciones siguientes: […] c. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.”
 
Para que la CEAV y sus homólogas locales realicen su labor con eficacia deben contar con el FAARI. Al respecto, la LGV establece en sus artículos 132 y 136 que en el ámbito federal dicho fondo deberá conformarse con recursos previstos expresamente para ese fin en el presupuesto de egresos, sin que pueda disponerse de ellos para un fin diverso y sin que sea posible su disminución, así como que debe ser administrado por una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria de acuerdo a las instrucciones de la CEAV en su calidad de fideicomitente, criterios que también aplican en el ámbito local.
 
En ese sentido, este Organismo Nacional, ha detectado que de las 21 entidades federativas que cuentan con comisiones de víctimas, sólo 13 (Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas), han constituido el correspondiente fondo de ayuda, asistencia y reparación integral:
 
Núm. Entidad Monto Denominación Fuente
1 Chihuahua $50, 000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del Estado de Chihuahua Periódico Oficial del Estado de Chihuahua de 27 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
2 Coahuila $2,177,811.78 Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral
Periódico Oficial del Estado de Coahuila de 19 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
3 Colima $1,000,000.00 Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas Periódico Oficial del Estado de Colima de 2 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
4 Jalisco $26,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral de las Víctimas del Delito
Periódico Oficial del Estado de Jalisco de 28 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
5 México $36,324,978.00 (Monto 2017) Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral  
Sitio web oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
 
6 Michoacán* $930,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán.
7 Morelos $31,909,000.00 Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral Paquete económico del Estado de Morelos 2018.
8 Nuevo León $2,946,614.00 Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de 29 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
9 Querétaro** S/D Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral S/D
10 San Luis Potosí 3,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
11 Tamaulipas $8,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de 18 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
12 Tlaxcala $277,753.00 Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación de Daños a las Víctimas y Ofendidos Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala de 29 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
13 Zacatecas $3,000,000.00 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Periódico Oficial del Estado de Zacatecas de 20 de diciembre de 2017, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
* No obstante que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán expidió el ACUERDO CEEAV/PLENO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA/01/2016, por el que se emiten los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no se ha previsto en los presupuestos de egresos de esa entidad federativa para los ejercicios 2017 y 2018 una partida específica para el Fondo, éste ha operado con recursos transferidos el primer año del Fondo Auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ($322,875.33) y, el segundo año, del presupuesto asignado a la Comisión de Víctimas para el ejercicio fiscal 2018 ($930,000.00).
 ** El Gobierno del Estado de Querétaro informó a este Organismo Nacional que cuenta con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Querétaro y que los recursos que lo integran son proporcionados por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, los cuales son administrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instancia a la que se encuentra adscrita la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito. Cabe precisar que de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo, su monto es determinado por las referidas instancias gubernamentales, lo cual implica que podría sufrir modificaciones de manera discrecional, apartándose de los criterios que establece la LGV respecto a que la constitución de los fondos debe realizarse con recursos previstos expresamente en el presupuesto de egresos federal o local y ser administrados por una institución de banca de desarrollo que se desempeñe como fiduciaria, sin que pueda disponerse de éstos para un fin diverso y sin que sea posible disminuirlos.
 
Ante tal escenario, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó, en el mes de julio, un atento y respetuoso exhorto a las y los titulares del poder ejecutivo y de los congresos locales de las entidades federativas que no habían instalado su comisión de víctimas, ni constituido el respectivo FAARI; así como a las personas servidoras públicas aludidas de las entidades que, si bien, contaban con comisiones de víctimas tenían pendiente generar el FAARI en términos de la LGV, con el objeto de que en el ámbito de sus atribuciones intervinieran en su creación y previeran los recursos presupuestales necesarios para su implementación, a fin de que se pongan en operación los 32 sistemas estatales de atención a víctimas que permitan la adecuada implementación de la política pública nacional de atención a víctimas. 

De las 11 entidades federativas que aún no habían creado su comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas, ni constituido el correspondiente fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, únicamente tres (Campeche, Puebla y Chiapas) informaron a este Organismo Nacional, en respuesta al llamado aludido en el párrafo anterior, la realización de alguna acción concreta tendente a la armonización legislativa de la ley de víctimas local con la Ley General de Víctimas o de previsión presupuestal para llevar a cabo la instalación y operación de la comisión de víctimas y la constitución del fondo respectivo en el ejercicio fiscal 2019.    
 
De los estados de la República con comisiones de víctimas que no habían constituido el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, solamente cuatro (Durango, Guerrero, Tabasco y Veracruz), enviaron respuesta al exhorto, manifestando como posible la previsión en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 de un monto para el fondo.

Durante el periodo que se reporta, únicamente se instaló una Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Lamentablemente, la situación de incumplimiento en comento, obstaculiza la materialización de los derechos a ayuda inmediata, asistencia, protección, rehabilitación, al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, entre otros, de las víctimas; imposibilita la evaluación integral y objetiva del modelo de atención establecido en la LGV y, en consecuencia, la identificación de áreas de oportunidad que permitan su perfeccionamiento; además de que aleja al Estado mexicano de la posibilidad de solventar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en el Informe de país, elaborado con motivo de la visita que realizó a México en 2015) consistentes en  que se debe “32. Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente las barreras que limiten su efectiva implementación y eliminarlas.”
 
Es de reconocer las medidas que la CEAV ha implementado en el intento de sopesar el desequilibrio institucional existente en materia de atención a víctimas, tales como la suscripción de convenios de coordinación con las entidades federativas para apoyar a las víctimas del ámbito local cuando las comisiones de víctimas estatales no cuenten con disponibilidad de recursos, el ejercicio de su facultad de atracción de conformidad con el artículo 88 Bis de la LGV (adicionado con la reforma de enero de 2017) y la creación de 16 delegaciones en las entidades federativas donde no tenía presencia (alcanzando cobertura en todas las entidades del país) para acercar y ampliar la atención a las víctimas, medidas que en tanto no se hayan creado la totalidad de comisiones de víctimas y fondos estatales habrá que seguir ampliando y fortaleciendo.
 
No obstante, resulta evidente que la implementación del SNAV, continúa siendo un reto, en tanto proceso inacabado que demanda que los poderes públicos de los ámbitos local y federal redoblen, de manera apremiante, los esfuerzos tendentes a su consolidación y operación efectiva.

Indispensables para el 2019
 
  • Urgir el establecimiento de los sistemas estatales de atención a víctimas, determinando, ante su reiterada omisión, las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
  • Adoptar, de manera oportuna, las previsiones presupuestales necesarias para la operación de los sistemas de atención a víctimas estatales.
  • Desincorporar de las procuradurías y/o fiscalías, así como de las instituciones de seguridad pública la atención de las víctimas para favorecer la transición a los sistemas estatales de víctimas que regula la LGV.
  • Creación de las 11 Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas pendientes.
  • Constitución de los 20 Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral faltantes, en términos de la LGV -incluyendo el estado de Querétaro que cuenta con un Fondo que no fue constituido de conformidad con dicho ordenamiento-.
  • Generar los Registros Estatales de Víctimas y con ello actualizar el Registro Nacional de Víctimas.
  • Fortalecer el servicio de asesoría jurídica victimal, no sólo al interior de las comisiones de atención a víctimas, sino en todas las instancias púbicas que brinden orientación, apoyo o representación jurídica a las personas, a efecto de coadyuvar a que sus derechos sean vigentes y se materialice su derecho de acceso a la justicia.
  • Estrechar los vínculos de colaboración interinstitucional y redoblar los esfuerzos de coordinación en beneficio de las víctimas con el objeto de evitar su revictimización.
  • Promover campañas de divulgación de los derechos que asisten a las víctimas, así como de los mecanismos existentes para su atención, que propicien una cultura de prevención, respeto y solidaridad con las mismas.

La CNDH en materia de Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su quehacer institucional ha sido testigo y brindado acompañamiento a las víctimas en el proceso de transformación del modelo de atención victimal que busca reivindicarlas como sujetos con plenos derechos establecidos, principalmente, en la LGV y como partes en el proceso penal, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 
En virtud de ese compromiso con las víctimas, la CNDH desde el año 2000, y como parte de las acciones para atender lo encomendado a los organismos públicos de derechos humanos en la LGV, cuenta con el Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA), que ha operado ininterrumpidamente proporcionando a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, orientación jurídica, atención psicológica de urgencia, así como acompañamiento ante las instituciones públicas competentes para que se les facilite la ayuda que necesitan, aún cuando la atención integral en el nuevo modelo nacional es una obligación de las comisiones de víctimas locales y federal, así como de las instituciones públicas que forman parte del SNAV. 
 
Asimismo, este Organismo Nacional realiza actividades de promoción de los derechos de las víctimas, elabora materiales de difusión sobre dicha temática y establece vínculos con instituciones públicas y privadas que forman parte del SNAV, a fin de concertar acciones conjuntas, así como con organizaciones sociales y colectivos de víctimas para realizar acompañamientos y reuniones de trabajo encaminadas a supervisar la observancia de sus derechos.

Promoción de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Los 25.4 millones de víctimas de delitos registradas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, realizada a personas mayores de 18 años que recoge datos del año 2017, requieren información y orientación jurídica respecto de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Víctimas y en los ordenamientos locales en esta materia, así como sobre las instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, con atribuciones para proporcionarles asistencia, apoyo y acompañamiento, orientados a garantizar la observancia de sus derechos al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.
 
Por ello, y ante el desconocimiento general del marco jurídico nacional e internacional protector de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, este Organismo Nacional redobló esfuerzos en la implementación de actividades de toma de conciencia, con vertiente informativa, de especialización o actualización, tales como cursos, talleres, conferencias, foros nacionales e internacionales, a fin de difundir los derechos humanos de ese grupo de atención prioritaria, prevenir su victimización secundaria, informar sobre las obligaciones del Estado y contribuir a la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas.
 
En ese sentido, en materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en el periodo que se reporta se realizaron 74 eventos de promoción sobre derechos de las víctimas en los que se contó con la participación de 3,212 asistentes, entre personas servidoras públicas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas de los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
 
Entre las actividades de promoción en comento, destaca el foro Hacia una propuesta para la reparación integral del daño, celebrado a invitación de este Organismo Nacional en el mes de septiembre, dirigido a familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el objeto de reflexionar sobre la reparación integral del daño como un derecho fundamental de las víctimas para quienes su materialización sigue representando un anhelo y que para el Estado mexicano constituye uno de sus más grandes desafíos, y conocer las problemáticas que los familiares de personas desaparecidas han afrontado para acceder a las medidas de restitución, rehabilitación y compensación previstas en las leyes.
 
Respecto a la temática en comento, es importante resaltar también la celebración del Seminario Internacional sobre la Reparación Integral, organizado por esta Comisión Nacional en el mes de octubre, en el que se contó con la participación, entre otras personalidades, del Presidente de la CEAV, quien manifestó que las capacidades institucionales aún no responden adecuadamente a la problemática de las víctimas, refiriendo a manera de ejemplo que la plantilla de la CEAV estaba conformada únicamente por 120 abogados quienes debían atender aproximadamente 16 mil casos, así como del Titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México quien afirmó que “[…] la mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México no reciben ningún tipo de reparación […] Los avances que se registran en el plano normativo e institucional no deben confundirnos: la brecha es inmensa entre la normatividad y la implementación.”
 
Aunado a lo anterior, resultan relevantes las tareas de promoción realizadas por el Programa para difundir y reflexionar sobre la observancia de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de los fenómenos de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares que lamentablemente se han acrecentado en los últimos años, focalizadas principalmente en los siguientes tópicos: Los derechos de las víctimas de desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; Derechos Humanos y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; Aplicabilidad de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; Principios de atención victimológica en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; Atención a víctimas de desaparición; Primer contacto con familiares de personas desaparecidas; Taller Multidisciplinario para familiares de personas desaparecidas; Taller de psicoterapia para acompañantes y familiares de personas desaparecidas; Taller de contención emocional para acompañantes y familiares de personas desaparecidas; dirigidas en su mayoría a familiares de personas desaparecidas.

Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se desprende que en nuestro país hay más de 37,000 personas desaparecidas; del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México que hizo público la CNDH en el mes de abril del año 2017, se advierte que del 1 de enero de 2007 al mes de septiembre de 2016, de acuerdo a cifras oficiales se localizaron 855 fosas clandestinas, así como que del muestreo hemerográfico realizado con relación al mismo periodo por esta Comisión Nacional, se documentó la existencia de 1,143 fosas clandestinas a las que derivado de la actualización realizada respecto a los meses de enero de 2017 a agosto de 2018 se sumaron al menos 163 fosas más.
 
En ese contexto, durante el periodo que se reporta, la CNDH fortaleció sus actividades de vinculación con instituciones públicas, con colectivos de víctimas con familiares desaparecidos y con organizaciones civiles para facilitar su interlocución y, acompañó a familiares y colectivos de víctimas con integrantes desaparecidos en diversas acciones de búsqueda en las entidades federativas con mayor incidencia en esta problemática, a saber: Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
 
Entre dichas actividades destacan las siguientes: 1. Búsqueda de fosas clandestinas para la localización de víctimas directas, 2. Asistencia a reuniones con autoridades locales y federales con el objeto de impulsar el fortalecimiento de su interlocución con las víctimas, 3. Presencia en diligencias para recabar muestras genéticas a fin de confrontarlas con los restos humanos localizados e identificar a las víctimas directas y 4. Participación en mesas de revisión de expedientes con fiscalías y/o procuradurías de justicia en los ámbitos local y federal, con el objeto de verificar los avances en las investigaciones, propiciar el conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.
 
Con dichas actividades se ha contribuido a que familiares de personas desaparecidas conozcan las circunstancias en las que sucedieron los hechos; a que se les permita coadyuvar con las autoridades en la búsqueda y localización de sus seres queridos; a que reciban información sobre los resultados de las pruebas de ADN realizadas y contrastadas con los restos óseos localizados en fosas clandestinas ubicadas en distintas entidades federativas y en caso de una identificación positiva, a la restitución de los mismos. Con las revisiones de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que integran las procuradurías y fiscalías de justicia en los ámbitos federal y local, se busca verificar avances en la investigación de casos de desaparición y, sobre todo, propiciar la participación plena de las víctimas indirectas en las investigaciones, pues como lo ha establecido la Corte Interamericana “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos”, lo cual tiene como propósito el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación del daño. Los datos y resultados de tales actividades se remiten al Programa Especial de Personas Desaparecidas de este Organismo Nacional, instancia a la cual le corresponde el registro y seguimiento de los casos sobre personas desaparecidas, mismos que se detallan en el apartado correspondiente a ese programa.
 
El acompañamiento también fue extensivo a las víctimas de otros delitos y violaciones a derechos humanos que lo solicitaron.
 
En ese sentido, se efectuaron 194 vinculaciones con instituciones públicas, organizaciones sociales, colectivos y familiares de víctimas, en diversas entidades federativas del país: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, para concertar acciones conjuntas.

Divulgación de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

A fin de difundir el contenido y alcance de la Ley General de Víctimas y, en general, del marco jurídico protector de los derechos humanos de las víctimas, sensibilizar a la población en general y coadyuvar en el fortalecimiento de una cultura de respeto y observancia a los mismos, se revisaron y actualizaron 2 materiales de divulgación. Asimismo, se distribuyeron 20,863 materiales entre trípticos, cuadernillos y folletos en diversas entidades federativas del país.

Campañas y Materiales Audiovisuales sobre los Derechos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Infografía animada sobre los Derechos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos a recibir Ayuda Inmediata y a que se les asigne Asesor Jurídico
 
El artículo 114, fracción VI de la Ley General de Víctimas prevé la intervención de la CNDH en “[...] campañas de información con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten”,  por lo que a fin de atender tal mandato, se elaboró una infografía animada sobre los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos a recibir, después de haber ocurrido el hecho victimizante, ayuda inmediata de las comisiones ejecutivas de víctimas federal y de las entidades federativas y donde éstas aún no existan, de las secretarías de gobierno, así como la asignación de un asesor victimal, con el objeto de que estén en posibilidad de hacer frente a las consecuencias inmediatas del delito y/o de la violación a derechos humanos, de ser representadas ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como de reposicionar el tema en la agenda pública.
 
Actualización del micrositio del Programa de Atención a Víctimas del Delito
 
En el período que se reporta, se actualizó el contenido del micrositio del Programa de Atención a Víctimas del Delito al que se puede acceder a través de la página web oficial de esta Comisión Nacional, que implicó la inclusión de números telefónicos y otros datos de contacto del Programa para facilitar la comunicación de las personas que deseen solicitar la intervención de PROVÍCTIMA, así como la incorporación de diversos materiales de difusión de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, entre los que destaca la edición 2018 del cuaderno denominado Lineamientos para la atención integral de víctimas, en el que se hace referencia a los aspectos generales, basados en estándares internacionales, que deben observarse en la asistencia a las víctimas.

Asimismo, en dicho espacio electrónico se adicionó el directorio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de sus delegaciones en las 32 entidades federativas, de igual manera, los datos de contacto de las 21 Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas creadas hasta el periodo que se reporta, consideradas como instancias operativas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyos objetivos y acciones deben ser del conocimiento de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos para solicitar su intervención, a fin de que se les garantice su derecho a recibir ayuda, asistencia y protección, así como a acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos

Ante el inacabado proceso de implementación de la Ley General de Víctimas y del establecimiento y efectiva operatividad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, este Organismo Nacional coadyuvó en la asistencia a víctimas, proporcionándoles orientación jurídica y apoyo psicológico, a través de la atención en crisis y psicoterapia breve, convirtiéndose así en un puente entre las víctimas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y, en su caso, entre las instituciones públicas de las esferas federal y local que forman parte del SNAV para la facilitación de los servicios requeridos.
 
En consecuencia, en el marco del eje relativo a la atención victimológica, en el periodo que se reporta se aperturaron 4,166 expedientes, de los cuales se concluyeron 4,166 que implicaron la atención de 4,202 personas.
 
Lo anterior, originó que se proporcionaran 8,309 servicios victimológicos de los que 3,999 fueron orientaciones jurídicas, 167 apoyos psicológicos, 4,098 requerimientos de información y acompañamientos y 45 canalizaciones a instituciones públicas. 
 
A fin de abonar a la mejora continua en la prestación de los servicios en comento, se elaboró el “Procedimiento para proporcionar orientación jurídica, atención psicológica y remisiones” que establece los criterios de operación y las acciones que el personal adscrito a la Dirección General del Programa de Atención a Víctimas del Delito, debe seguir para proporcionar a las víctimas orientación jurídica y atención psicológica en crisis o psicoterapia breve dirigida a la contención emocional, así como acompañamientos y para realizar la correspondiente remisión en los casos en que se requiera asistencia médica o psiquiátrica, tratamiento psicológico por estrés postraumático o representación jurídica en el proceso penal, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y locales o, en su caso, a las instituciones públicas y/o privadas que forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que de acuerdo a sus atribuciones, en el marco del orden jurídico en materia de víctimas, deban intervenir para facilitarles esos u otros servicios victimológicos, así como orientación en los trámites y procedimientos para acceder a la reparación integral del daño.
 
Con estas acciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos como en la prevención de éstas, al proporcionarles información sobre los derechos que les reconoce el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como sobre los mecanismos e instituciones existentes para su defensa.
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