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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Jóvenes, Personas Mayores y Familias

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Antecedentes
 
A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, la recepción en el orden normativo interno de los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, ha promovido la evolución del Derecho Familiar, cuya naturaleza jurídica se ubica históricamente en el campo del derecho privado sin embargo, hoy en día, sus fronteras con el derecho público se han difuminado, en aras de otorgar respuestas efectivas a una sociedad que demanda la intervención estatal para eliminar las brechas de desigualdad y vulnerabilidad que afectan a amplios sectores de la población.

Actualmente, el paradigma de los derechos humanos, base de nuestro sistema jurídico, exige la realización de acciones concretas de los poderes públicos que posibiliten el desarrollo integral de las personas, de manera que todas cuenten con las mismas oportunidades a fin de realizar sus proyectos de vida de una manera plena. La normativa internacional ratificada por el Estado mexicano ha permitido ampliar el catálogo de derechos que goza la población mexicana, la cual obliga a los gobiernos a establecer mecanismos efectivos para hacerlos cumplir y garantizarlos.
 
Esa transformación, en un primer momento, requiere ampliar el concepto de "familia" a "familias", en plural, a efecto de visibilizar la multiplicidad de estructuras familiares distintas a la noción restringida de "familia nuclear" que aún prevalece en la normatividad nacional.
 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el deber del Estado de proteger la organización y desarrollo de las familias, para lo cual se han reconocido en la legislación derechos y obligaciones específicas de sus integrantes, en especial de quienes enfrentan mayores dificultades para el goce y ejercicio de sus derechos por diversas causas tales como pobreza, falta de educación de calidad y la violencia, todos factores que laceran la dignidad humana y truncan las expectativas de desarrollo de las y los integrantes de las familias.
 
Analizar los derechos humanos no significa estudiar el contenido de una serie de declaraciones abstractas o manifestaciones retóricas plasmadas en la Constitución alejadas de la complejidad de nuestra realidad social; implica conocer y comprender que su reconocimiento conlleva obligaciones concretas para todas las autoridades del Estado mexicano cuyo cumplimiento es ineludible para impulsar el desarrollo de nuestro país, en los términos más amplios de ese concepto. El progreso y bienestar económico, social, político, así como la democracia y la paz, no serán realizables si no se garantiza que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y existan las condiciones institucionales, financieras y de seguridad idóneas que les permitan desarrollar sus proyectos de vida conforme a sus aspiraciones y convicciones individuales.
 
Durante los últimos siete años, los principios pro persona e interpretación conforme han cobrado enorme importancia, ya que han dado lugar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales de la Federación y los órganos jurisdiccionales del fuero común, adopten criterios con una perspectiva que se aleja de la aplicación estricta del derecho positivo y privilegia la observancia de las normas de derechos humanos, lo cual es indispensable para conformar un sistema de justicia que responda a las necesidades de la población.
 
Se han emitido criterios trascendentales que involucran a las familias, las juventudes y las personas mayores, en temas como violencia familiar, igualdad de género, matrimonio igualitario, derecho a la identidad en casos de reasignación sexo-genérica, interrupción del embarazo, interés superior de niñas, niños y adolescentes, adopción, guarda y custodia, patria potestad, derechos de las mujeres, derechos sociales, derechos de los pueblos indígenas, por citar algunos.
 
Las juventudes por ejemplo, enfrentan enormes desafíos para el goce y ejercicio pleno de sus derechos, situación que puede derivar en la carencia de oportunidades para tener condiciones de vida digna en el presente y construir bases sólidas en la realización de sus objetivos en el futuro. El ejercicio de sus derechos humanos contribuye al pleno desarrollo de su potencial, sus habilidades educativas, laborales y culturales; es imprescindible empoderar y fortalecer sus capacidades mediante el fortalecimiento de aptitudes y competencias que les permitan enfrentar los retos y desafíos contemporáneos.
 
Las personas de 60 años o más, constituyen un segmento poblacional que con frecuencia sufre diversas formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos y falta de oportunidades de desarrollo económico y personal. Las causas de esas transgresiones son diversas, entre ellas puede identificarse una como determinante: la percepción social negativa sobre el envejecimiento, que, eventualmente, puede desembocar en un estatus de vulnerabilidad múltiple.
 
Es importante reconocer que el Estado, la comunidad y las familias, son corresponsables de garantizar el cumplimiento de los derechos de sus integrantes, pues ante la complejidad de las problemáticas que enfrentan, sólo su actuación conjunta y coordinada permitirá atenderlas de manera integral.
 
A propósito del actual cambio de gobierno a nivel federal y en algunas entidades federativas, será de suma importancia el impulso de políticas públicas y acciones que permitan la atención de esas problemáticas, es urgente que todos los órganos del Estado actuemos a la altura de las exigencias que entraña la materialización de los principios esenciales del Estado de Derecho para estar en posibilidad de brindar a las personas la protección más amplia contra los actos u omisiones que atenten o menoscaben su dignidad e integridad, para cuya tarea es inminente conocer indicadores asociados a las familias, las y los jóvenes y las personas mayores que muestren un panorama general de su situación y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran en nuestro país.

Contexto Actual
 
Familias
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) evidencia que 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica personal como  la forma de vestir, el peso, la estatura, las creencias religiosas y/o edad; 23.3% consideró que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente algún derecho, entre ellos, la atención médica o medicamentos, servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales y la obtención de algún crédito de vivienda o préstamo o tarjeta. En ese caso, fueron las mujeres quienes declararon sufrir con más frecuencia la negación de sus derechos.

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en la sociedad mexicana existen al menos 11 tipos de familias con estructura y organización diversa al modelo de familia tradicional formada por madre, padre, hijos e hijas, pero que comparten funciones comunes de protección, seguridad y formación de sus integrantes. La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016  reveló que en el país había 32.9 millones de  hogares; 89.4% de ellos era habitado por familias, de las cuales 71.8% eran nucleares, 25.9% ampliadas y 2.3% compuestas. A su vez, se identificó que 56.2% de hogares eran biparentales, 17.1% monoparentales, 26.3% hogares familiares sin presencia de hijos o hijas y que 10.6% eran de tipo no familiar donde ninguno de los integrantes tenía relación de parentesco con el jefe del hogar.
 
 El Informe Especial de la CNDH sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia de 2010 reveló que a pesar de la diversidad de estructuras familiares, en nuestro país es frecuente la discriminación y estigmatización por cuestiones de género o de preferencia sexual, prácticas que no sólo atentan contra la dignidad humana, sino que pueden derivar en actos que excluyen o transgreden la integridad de las personas, que impiden u obstaculizan su normal desarrollo y dan lugar a sociedades homofóbicas, lesbofóbicas y/o transfóbicas. A causa de lo anterior, integrantes de familias homoparentales o de estructura diferente a la tradicional, han sido orillados a hacer del ocultamiento una estrategia de sobrevivencia e incluso, se han visto obligados a cambiar su lugar de residencia o a buscar refugio en el extranjero.
 
Las carencias de espacio, calidad y servicios disponibles en los inmuebles de las familias, inciden en sus posibilidades reales de mejorar sus condiciones de vida, además de que son factores que pueden derivar en la afectación de otros derechos humanos como la salud, alimentación, y educación. Contar con una vivienda digna es un requisito indispensable para que las relaciones familiares contribuyan al desarrollo y bienestar individual. Respecto a las condiciones de las viviendas en México, datos del INEGI en 2014 indican que  26.2% de ellas carecía de techo de concreto, 3.4% tenía piso de tierra, 13% no contaba con cocina, 31.3% tenía un sólo dormitorio, 7% no disponía de agua entubada y 6.4% carecía de drenaje, mientras que únicamente el 33.6% tenía una computadora y el 29.9% acceso a internet.
 
De acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) "Transformando la Política Urbana y el financiamiento de la Vivienda", en las últimas décadas ha mejorado la calidad y el acceso a créditos de financiamiento de las viviendas sin embargo, las políticas de desarrollo urbano han generado la aglomeración de las familias lejos de sus lugares de trabajo y servicios básicos, lo que ha derivado en incremento de problemas de movilidad, expansión de la mancha urbana, pérdidas de productividad y menores niveles de bienestar.
 
La Encuesta Nacional de Vivienda 2014 del INEGI, menciona que si bien es cierto 60.41% de las familias son dueñas de sus viviendas, 15.8% de ellas rentan, 12.84% residen en inmuebles prestados y 10.4% están sujetas a algún tipo de financiamiento para su adquisición. Una situación preocupante en este aspecto es la falta de información sobre los asentamientos humanos irregulares que por lo general, enfrentan situaciones de pobreza extrema, pues al día de hoy las familias que viven en ellos están fuera de los indicadores y estadísticas, lo que dificulta el diseño de políticas públicas para su atención. Cifras referidas por la Auditoría Superior de la Federación, estiman que en 2014 existían por lo menos 5 millones de lotes habitacionales informales, irregulares o ilegales en el país y que cada año se fraccionan 90 mil de ellos involucrando a 360 mil habitantes.
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el ingreso económico de las familias en México presenta brechas importantes entre los deciles poblacionales; así por ejemplo, el INEGI, a través de la Encuesta "México en cifras, Hogares y Vivienda 2016" muestra que en ese año el ingreso promedio trimestral de las familias en el decil I (correspondiente al 10% de la población más pobre) fue de $8,166; en el decil V ascendió a $28,812, y en el decil X (10% de la población más rica), alcanzó los $168,855 trimestrales.
 
Según INEGI, en 2016 existían 3,875,098 trabajadoras y trabajadores subordinados y remunerados cuyos ingresos fueron de un salario mínimo general o menos; además, estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) han advertido que durante 2010 y 2014, se registró una disminución de los ingresos de la población, lo cual ha constituido el principal factor de aumento de la pobreza.
 
Sobre la dinámica de las relaciones entre los integrantes de las familias, INEGI ha señalado que en 2016, los hombres que tenían a su cargo la provisión de ingresos a sus familias, destinaron a las labores del hogar un promedio de 31.3 horas a la semana, mientras que las mujeres proveedoras dedicaron 68 horas, de lo que se advierte una marcada desigualdad en la responsabilidad de las labores del hogar originada, principalmente, por los roles y estereotipos de género.
 
En materia penal el INEGI reveló que en 2016, el delito de violencia familiar fue el más registrado en las causas penales ingresadas en los juzgados del fuero común con 20,187 casos, ocupando el segundo lugar de los 10 ilícitos (de los fueros común y federal) más frecuentes, sólo después del robo.
 
Otro de los fenómenos que afecta a las familias en México es el desplazamiento forzado interno (DFI), del cual no se conocen cifras exactas. La CNDH, en el Informe Especial sobre DFI publicado en mayo de 2016, constató la existencia de 1,784 personas afectadas, sin embargo, el número de personas referenciadas por terceros ascendió a 35,433. Del análisis realizado por este Organismo Nacional, se advierte que las principales causas de su ocurrencia son conflictos religiosos, desastres naturales, violencia generada por el crimen organizado, violaciones a derechos humanos e incluso por el ejercicio de la actividad periodística.
 
La desaparición de personas es otra problemática social que lacera a las familias, ya que atenta contra la integridad psíquica y moral de sus integrantes, al causarles un sufrimiento que se acrecienta con la negativa de las autoridades de proporcionar información acerca del paradero de sus familiares o de llevar a cabo una investigación efectiva para esclarecer lo sucedido, lo cual es considerado un trato cruel o inhumano, tal y como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia relativa al caso Radilla Pacheco. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado además, que la privación continua de la verdad acerca del destino de una persona desaparecida genera en los familiares de la persona desaparecida sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia, lo cual impacta en las relaciones sociales y laborales y altera la dinámica de las familias.

Jóvenes
 
La falta de oportunidades, la pobreza y las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan las juventudes en México, requiere la implementación de acciones que tengan como punto de partida el reconocimiento de su diversidad como grupo poblacional, con la finalidad de eliminar la exclusión y los obstáculos para el cumplimiento de sus derechos; es decir, plantear soluciones asequibles a los problemas que afectan a la población joven e incrementar su efectividad sólo será posible a través de la identificación y valoración de la multiplicidad de condiciones de vida, expectativas, intereses y desarrollo que la caracterizan.
 
Las políticas públicas dirigidas a la población joven, deben contribuir y respaldar los esfuerzos de las familias y comunidades para que durante esa etapa del ciclo vital, sus integrantes puedan consolidar la construcción de su identidad y adquirir y ejercer autonomía plena.
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 elaborada por el INEGI, el CONAPRED, la UNAM, el CONACYT y la CNDH, advierte que 38% de mujeres y 39% de hombres encuestados manifestó su rechazo a la convivencia con personas jóvenes en el ámbito privado, ocupando el segundo lugar de los grupos más discriminados, después de las personas nacidas en el extranjero que constituye el primer lugar y las personas que viven con VIH o sida quienes representan el tercero.
 
El 39.8% de participantes en la Encuesta considera justificado llamar a la policía cuando hay personas jóvenes reunidas "en una esquina"; 63% de hombres y 58% de mujeres estima que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables; y 78% de las personas encuestadas considera que las personas jóvenes que no estudian ni trabajan son flojos.
 
En contraste, 36% de las y los jóvenes que respondieron la encuesta, estimó que sus derechos se respetan poco o nada en el país y señalaron como las principales problemáticas que afectan a las personas de su edad, las adicciones al alcohol y los estupefacientes, así como la falta de oportunidades para seguir estudiando.
 
El artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud considera como jóvenes a las personas de entre 12 y 29 años, no obstante, las fuentes estadísticas nacionales e internacionales utilizan parámetros de edad disímiles para la recopilación y sistematización de datos sobre ese grupo poblacional, lo cual representa un problema significativo para su identificación y caracterización.
 
De acuerdo con el INEGI, en 2015 vivían en México 30.6 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad (25.7% de la población nacional); de ellos 35.1% tenía entre 15 y 19 años, 34.8% de 20 a 24 años y 30.1% de 25 a 29 años. Las entidades federativas donde más se concentra esa población son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.
 
La CEPAL ha puesto de manifiesto que en la región iberoamericana, las juventudes enfrentan tensiones y paradojas que inciden directa y específicamente en su calidad de vida por ejemplo, las nuevas generaciones gozan de más oportunidades de acceso a la educación pero de menos al empleo; poseen mayor acceso a las tecnologías de la información y comunicación pero menos al poder en la toma de decisiones a nivel estatal; tienen más expectativas de autonomía pero menos opciones para materializarlas. Cifras del CONEVAL en 2016 indican que 44.3% de personas entre 12 y 29 años vivía en situación de pobreza, de las cuales 36.9% se encontraba en pobreza moderada y 7.3% en pobreza extrema; 73.8% de ellas presentaba al menos una carencia social, siendo las más importantes, las carencias de seguridad social (64%), de alimentación (20.6%) y de servicios básicos en la vivienda (19.9%).
 
Investigaciones de la OCDE en 2016, advierten que en nuestro país, la tasa de personas jóvenes que no trabajan, estudian o reciben capacitación supera el 25%, tasa similar a la de países como Honduras, Guatemala y el Salvador.
 
Con relación al empleo, en el primer trimestre de 2017, la población económicamente activa de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de personas, de las cuales 15 millones trabajan; empero 59.5% (poco más de 8.9 millones) de ellas lo hace en el sector informal. El trabajo informal en la población joven es predominantemente masculino. Seis de cada 10 personas ocupadas en informalidad (65.8%) son hombres en tanto que 34.2% son mujeres. La vulnerabilidad de la población que se ocupa en un empleo informal se manifiesta de muchas maneras por ejemplo, en la carencia de prestaciones laborales. INEGI señala que ocho de cada 10 personas jóvenes de 15 a 29 años (85.3%) no goza de este tipo de beneficios, en tanto que 13.7% goza de prestaciones laborales, excluyendo el acceso a servicios de salud.
 
Respecto al ámbito de la salud, datos del INEGI señalan que en México viven 2.2% de personas jóvenes con discapacidad y 6.6% viven con alguna limitación. Lo anterior significa que 8.8% (2.5 millones) de jóvenes tiene alguna dificultad para realizar al menos una de las actividades diarias básicas. Sobre salud sexual y reproductiva, se encontró que 62.3% de las mujeres jóvenes de 15 a 29 años han iniciado su vida sexual de las cuales, un 49.9% no utilizó un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Las mujeres de 20 a 24 años de edad son las que tienen la fecundidad más alta con 126 nacimientos por cada mil mujeres, seguidas de las mujeres de 25 a 29 años con 113. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos por cada mil mujeres es de 77. Datos de la Encuesta Intercensal 2015 reflejan que 19.3% de las mujeres y  7.2% de los hombres de entre 15 a 19 años dejó de ser soltero o soltera.
 
También INEGI mostró que en 2015 vivían en México 7,382,785 personas hablantes de lengua indígena, de las cuales 24.9% eran personas de 15 a 29 años.
Según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 (ECOPRED), del total de personas emigrantes 47.8% salió del país cuando tenía entre 15 y 29 años.
 
Otro tema que preocupa a esta Comisión Nacional es la participación e involucramiento de personas jóvenes en la comisión de diversos delitos y manifestaciones de violencia, tanto en su calidad de víctimas como de victimarios. Por lo general, la opinión pública suele enfocarse en esta última condición dejando de lado las graves consecuencias para la vida que sufren quienes han sido reclutados, con y sin consentimiento, por organizaciones criminales y omitiendo las causas de fondo que las y los conducen a ese tipo de vida que en su mayoría, tienen que ver con situaciones de carencia económica, emocional, violencia y desprotección en sus núcleos familiares y entornos comunitarios.
 
Aunado a ello, en muchas ocasiones los casos de personas jóvenes que delinquen son amplificados por algunos medios masivos de comunicación, que lejos de contribuir a la concientización de la sociedad sobre el papel del Estado y las familias como garantes de los derechos de la niñez y adolescencia para evitar que se presenten esas problemáticas en la juventud, generan desinformación sobre la situación real incrementando el prejuicio sobre que las y los jóvenes son "peligrosos por naturaleza".
 
Personas mayores
 
Nuestro país está transitando hacia el envejecimiento de su población, lo cual genera cambios en la dinámica demográfica que necesariamente, deben ser incluidos en la planeación estratégica nacional para lograr que las generaciones presentes y venideras tengan garantizado el goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.
 
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2017, mencionan que residen en el país 12,973,411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres. La estructura de esa población varía en cada entidad federativa, de manera que hasta 2015 la Ciudad de México registraba el mayor índice de envejecimiento, seguida de Veracruz, Morelos, Yucatán y Sinaloa.
 
Cifras del CONEVAL estiman que en 2016, 41.1% de la población mayor de 65 años vivía en condiciones de pobreza, de los cuales, 34.6% sufrían pobreza moderada y 6.6% pobreza extrema.
 
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 señalan la existencia de 33.5 millones de hogares; en 30.1% de estos, reside al menos una persona mayor de 60 años.  A su vez, de ese porcentaje, 16.5% son hogares unipersonales o formados por personas sin lazos de parentesco. Cabe destacar que 63% de hogares unipersonales son de mujeres mayores y que en  37.1% de los hogares donde vive por lo menos una mujer u hombre mayor las familias dependen solamente del ingreso de ellas o ellos.
 
Hasta el primer trimestre de 2017 la tasa de participación económica de la población de 60 y más años fue de 33.9%, con una diferencia sustancial entre hombres (50.9%) y mujeres (19.6%). El porcentaje de población no económicamente activa en ese rango de edad ascendió a 66.1% de la cual, más de la mitad se dedica a los quehaceres del hogar (54%). De las personas mayores que trabajan 49% labora por su cuenta y 37.8% ocupa un empleo subordinado; de éstos últimos, 60.8% carece de servicios de salud, 61.8% labora sin contrato escrito y al menos 47.7% no tiene prestaciones. En suma, 73.2% de personas mayores económicamente activas trabaja de manera informal.
 
Con relación al tema de salud, las estadísticas de mortalidad del INEGI en 2015 evidencian que las principales causas de muerte entre la población mayor de 60 años, son las enfermedades del sistema circulatorio (32.5%); las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (20.1%); los tumores (13.1%); las enfermedades del sistema respiratorio (10.7%) y las enfermedades del sistema digestivo (9.1%). En ese mismo año se registró un porcentaje de afiliación a servicios de salud de 86.30%, con una variación mínima entre hombres (85.37%) y mujeres (87.11%); no obstante, del número total de personas que fallecieron en ese año, el 15.8% no estaba afiliado a ningún servicio de salud.
 
En materia de discapacidad, los datos indican que 3.4 millones de personas mayores viven con discapacidad, mientras que 4.7 millones presentan alguna limitación. Asimismo, se advierte que de la población ocupada con discapacidad 56.4% trabajan por su cuenta, 18.1% son empleados y 13.7% no reciben pago por su trabajo. En la población que presenta alguna limitación, 52.9% trabajan por su cuenta, 22.6% son empleados y 11% trabajan sin pago.
 
Atendiendo a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013, una cuarta parte (26.1%) de las personas mayores se encuentran pensionadas, 40.9% por jubilación, 33.9% por retiro o vejez, 17.5% por viudez y 3.6% por accidente o enfermedad de trabajo. La OCDE estimó que en 2015 el gasto público del Estado mexicano destinado al sistema de pensiones ascendió a 1.9% del PIB nacional, en tanto que el promedio de los países que la integran es de 10.3%.
 
En materia educativa se contabilizó un 80.5% de personas de más de 60 años alfabetizada, con mayor prevalencia de hombres (84.6%) que de mujeres (76.9%); no obstante, ese indicador descendió en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero a 56.29%, 57.22%, y 58.11%, respectivamente. Tomando eso en cuenta, el grado promedio de escolaridad de ese grupo social ascendió a 5.4 años, es decir, no cubrió los años de educación básica. Tal circunstancia se agravó en los tres estados antes señalados donde ese sector poblacional estudia sólo 2.93, 3.07 y 3.37 años en cada caso.

Retos del Estado mexicano
 
Familias
 
El derecho a la protección de las familias es de estructura compleja, pues implica el respeto de las libertades y derechos de sus integrantes, pero también la implementación de medidas adecuadas para crear las condiciones que permitan a todas las formas de organización familiar, cumplir sus funciones sociales. Las familias se han caracterizado por su capacidad adaptativa a los cambios económicos, políticos, educativos y culturales, misma que, en mayor o menor medida, les permite conservar cierta estabilidad para contribuir al desarrollo integral de quienes las conforman.
 
En las condiciones actuales en que se encuentra el país, no podemos minimizar el peso de los problemas estructurales como la inseguridad, la precariedad en el ingreso, la violencia en todas sus manifestaciones, el incumplimiento y violación de los derechos humanos, los movimientos migratorios, el desplazamiento forzado, el tráfico ilícito de drogas, entre muchos otros factores, que menoscaban los recursos y rebasan las capacidades de las familias para cubrir las necesidades materiales, afectivas, morales y espirituales de sus integrantes de manera adecuada.
 
Es indispensable lograr el pleno reconocimiento de los diversos tipos de familias en todas las entidades federativas, de manera que ninguna o ninguno de sus integrantes sea discriminado, excluido o sufra ataques a su dignidad e integridad por el único hecho de no pertenecer a una familia tradicional. Debemos trabajar en el cambio cultural en la sociedad de manera que todas las expresiones de la individualidad sean respetadas, para hacer efectivo el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2017, en el que determinó que la vida familiar de las parejas del mismo sexo, no se limita únicamente a su relación, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres y madres.
 
Concientizar a las personas sobre temas fundamentales como los derechos y deberes derivados del matrimonio o concubinato; las obligaciones de las familias respecto a niñas, niños y adolescentes, las y los jóvenes, las personas mayores y con discapacidad; la distribución equitativa de las responsabilidades del hogar, y la igualdad de género, contribuiría a prevenir conflictos entre sus integrantes. Por ello, es necesario implementar acciones de promoción y difusión sobre modelos de crianza positiva libres de toda forma de violencia; la diversidad de las masculinidades, las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad respecto a los derechos de sus hijas e hijos, las responsabilidades familiares compartidas y la erradicación de la violencia contra las personas mayores, niñas, niños y adolescentes y por razón de género.

Es necesario implementar acciones que fortalezcan y mejoren los mecanismos legales que garanticen el cumplimiento integral de las obligaciones familiares en favor de todas y todos sus integrantes, pues su observancia no puede dejarse a la voluntad de las personas y mucho menos en caso de actos u omisiones que transgredan los derechos humanos.
 
Debemos trabajar para erradicar las brechas en ingresos y condiciones de bienestar. Además del fortalecimiento al salario mínimo, las autoridades competentes en materia laboral y de protección a trabajadoras y trabajadores, deben realizar las modificaciones normativas e implementar los mecanismos necesarios para que la fuerza laboral acceda a los servicios de salud y seguridad social, así como a un sistema de pensiones que asegure un ingreso digno en el futuro; revisar la legislación laboral para impedir los abusos por parte del sector privado; replantear la política fiscal y económica de manera que se materialice una mejor distribución del ingreso nacional y ofrecer garantías de una defensa adecuada en caso de controversias derivadas del empleo.
 
No debe soslayarse que las metas incluidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, priorizan la atención de graves problemas sociales como la eliminación de la pobreza, la inequidad y la desigualdad, las cuales indudablemente, requieren convocar y promover la colaboración consecuente y dinámica del sector privado cuyo potencial representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y sus familias, el entorno comunitario en donde realizan sus operaciones, el medio ambiente, la productividad y el desarrollo nacional.
 
El feminicidio es uno de los grandes problemas de nuestro país, la CNDH ha participado en actividades que coadyuvan en su erradicación: ha acompañado el proceso legislativo de tipificación de esa descripción normativa; la revisión y reestructuración de los procesos de Declaratoria de Alertas de Género contra las Mujeres; ha condenado todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres; ha emitido informes que pretenden visibilizar el fenómeno y ha externado propuestas de abordaje. Por ejemplo, en el mes de mayo, se presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con motivo de la revisión del Noveno Informe Periódico de México, en relación con la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité recomendó al Estado mexicano: Eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres; adoptar medidas para crear conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres; eliminar la propaganda negativa de género; prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas profundas de dicha violencia; investigar, enjuiciar y castigar esos delitos; garantizar que el feminicidio esté penalizado en todos los códigos penales estatales de acuerdo con la Ley General sobre el Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia; estandarizar los protocolos de investigación policial de feminicidio; simplificar y armonizar los procedimientos a nivel estatal para activar la Alerta Amber y el Protocolo Alba; acelerar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género; abordar la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, y fortalecer los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados sobre la violencia contra la mujer.
 
Jóvenes
 
Las políticas públicas dirigidas a la población joven, deben contribuir y respaldar los esfuerzos de las familias y comunidades para que durante esa etapa del ciclo vital, sus integrantes puedan consolidar la construcción de su identidad y adquirir y ejercer autonomía plena. Para lograrlo se requiere incluir, además del enfoque de derechos, una perspectiva generacional, es decir, que las acciones implementadas por el Estado acompañen y tomen en cuenta las necesidades cambiantes de las personas durante las distintas etapas de su vida.
 
Durante 2015 la inversión en materia de juventudes fue de 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, aún no se ha logrado articular una política pública integral con perspectiva de derechos que responda a la complejidad de las situaciones que viven cotidianamente y que las colocan en circunstancias de vulnerabilidad que menoscaban su dignidad y reducen su calidad de vida.
 
Dentro de los compromisos adquiridos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, nuestro país tiene el reto de aumentar considerablemente el número de personas jóvenes con habilidades técnicas y profesionales necesarias para acceder al empleo y el emprendimiento; reducir la proporción de quienes no están empleados y no cursan estudios, ni reciben capacitación; desarrollar y poner en marcha una estrategia para el empleo de  las y los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
 
Es imperativo que el Estado realice inversiones estratégicas de inclusión social destinadas a mejorar las condiciones de vida de las juventudes mexicanas, lo cual, a corto y largo plazo permitirá crear oportunidades incluyentes para asistir y permanecer en el sistema educativo; acceder al mercado laboral; alcanzar la igualdad de género; proporcionar herramientas para una vida autónoma; fomentar su participación en la vida política, social y económica; garantizar el ingreso suficiente a lo largo de todo el ciclo vital y propiciar que su entorno social y familiar se desenvuelva en un ambiente armónico, saludable y libre de toda forma de violencia.
 
Eliminar las desigualdades en sectores como salud, participación y ciudadanía activa es clave para abordar tanto la inclusión social como económica de la juventud. Los principales problemas de salud física y mental de los y las jóvenes en nuestro país están relacionados con la violencia, el abuso de sustancias nocivas y los embarazos adolescentes. Los contextos de violencia a los que se enfrentan, influyen determinantemente en sus oportunidades y su participación activa.
 
A la par, debemos trabajar para vencer las reticencias que la sociedad, las familias y las autoridades muestran hacia las y los jóvenes, para dar paso a una visión que reconozca las numerosas realidades en que se ven inmersos; se conceda valor, se materialicen sus opiniones, ideas, proyectos y sueños, y se modifiquen los esquemas de pensamiento y actuación entre la población para promover la comprensión, entendimiento mutuo y respeto por los derechos humanos en las relaciones intergeneracionales y sobre todo, entre los diversos grupos de la población.  
 
Personas mayores
 
Se requiere establecer un marco jurídico apropiado que fundamente la actuación estatal, el cual sin duda debe incorporar el contenido de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), instrumento internacional adoptado en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es que los países firmantes incluyan o refuercen la protección de los derechos de ese grupo social y diseñen e implementen políticas públicas con perspectiva de derechos, género y ciclo de vida, sin discriminación y con un enfoque diferenciado que considere sus características particulares tanto a nivel individual como colectivo.
 
El paradigma garantista de la Convención será determinante para superar en nuestro país  la visión asistencialista sobre la vejez y dará paso al reconocimiento de las personas mayores como titulares de derechos con un papel activo en lo familiar, comunitario y social, permitiendo consolidar una cultura de respeto a su dignidad.
 
La inversión estatal debe dar prioridad a políticas y planes que contribuyan al reconocimiento efectivo de sus capacidades, habilidades y experiencia, que consideren sus características particulares y coadyuven a dotarlos de las herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas de su propio proceso de envejecimiento.
 
Es necesario establecer estrategias de prevención de la violencia de las personas mayores tales como campañas de sensibilización para la población en general; concientización de las y los servidores públicos como garantes de los derechos de ese sector de la población; programas intergeneracionales; capacitación al personal de salud y de quienes les brindan cuidado en albergues públicos y privados para garantizar su acceso en condiciones de igualdad y un trato sensible y diferenciado.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera la importancia de continuar los trabajos para fomentar una cultura de respeto y trato digno hacia las personas mayores, favorecer su revaloración y plena integración social, así como procurar la mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre generaciones, con el fin de evitar toda forma de discriminación o abandono por motivo de edad, género, estado físico, condición social, o cualquier otra que impida el goce sus derechos.
 
Indispensables para 2019
 
Familias

 
  • Realizar acciones de promoción y difusión de los derechos humanos entre las familias en las que se fomente su conocimiento y reflexión.
  • Acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a servidoras y servidores públicos, que atienden a familias y/o a sus integrantes en materia de diversidad de las familias para evitar actos de discriminación o exclusión, así como para informarles de sus obligaciones y responsabilidades al respecto.  
  • Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 entre los sectores privado y social para impulsar programas de mejora de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores, el bienestar de sus familias y el desarrollo de las comunidades en las que viven.
  • Coordinar acciones con las Fiscalías Generales y Poderes Judiciales para concretar proyectos de recopilación y sistematización de datos desagregados sobre los servicios de procuración de justicia y el cumplimiento de las garantías del debido proceso, a efecto de identificar áreas de oportunidad para mejorar la atención que se brinda a las familias y sus integrantes.  
  • Revisar la eficacia de los mecanismos legales para la protección y defensa de los derechos de las familias.
 
Jóvenes
 
  • Reconocer a las y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país; brindarles oportunidades incluyentes que les permitan prepararse y obtener su primera experiencia laboral; crear acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo de sus potencialidades; construir en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados con las juventudes y propiciar que su entorno social y familiar se desenvuelva en un ambiente armónico, saludable y libre de toda forma de violencia.         
  • Expedir una Ley General de los Derechos de las Personas Jóvenes, que los reconozca como sujetos plenos de derechos; se prevea su participación activa en la toma de decisiones sobre las situaciones que les afecten en todos los ámbitos de su vida, se coordine la intervención de los tres órdenes de gobierno y se estandarice la edad de ese grupo de la población.
  • Realizar consultas, encuestas u otros mecanismos de participación con la intención de identificar a las distintas juventudes, sus características y necesidades particulares, e incluir sus opiniones e iniciativas en las acciones o medidas legislativas o de política pública que se dirijan a su bienestar.  
  • Impulsar la instrumentación de una política nacional de juventudes, desde una perspectiva de derechos, enfoque de género, no discriminación, igualdad sustantiva, transversalidad, autonomía e independencia que permita incorporarlos en el desarrollo del país. Para ello, es determinante implementar estrategias para el financiamiento de programas educativos, adquisición de viviendas, salud, deporte, actividades artísticas, recreativas y culturales, entre otros.
  • Eliminar la persistente discriminación contra las mujeres jóvenes para lograr condiciones de igualdad en el empleo y la educación.  
  • Promover la difusión de una imagen positiva de las juventudes que coadyuve a la erradicación de la estigmatización, estereotipos, prejuicios o ideas parciales sobre el rol de las y los jóvenes en nuestro país.
  • Realizar campañas de concientización y sensibilización dirigidas a las y los jóvenes en las que se les proporcione información sobre la previsión de su futuro, la importancia del ahorro y la inversión a largo plazo, las oportunidades y servicios para la formación de un patrimonio propio y las opciones disponibles para su realización.  

 Personas mayores
 
  • Concluir el proceso de ratificación de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de acuerdo a los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; este último referido a que el Estado debe realizar un reconocimiento cada vez más amplio de derechos a toda la población, sin oportunidad de restringirlos, eliminarlos o retroceder en su protección.
  • Armonizar el marco jurídico en materia de derechos de personas mayores, a partir de la perspectiva de derechos, enfoque de género, reconocimiento del derecho al trato preferente y el principio de no discriminación, en cuyo proceso es imprescindible la consulta a ese sector de la población.  
  • Garantizar el acceso a la justicia de las personas mayores, a través de acciones en las que la reforma al sistema de justicia penal incluya el respeto a los derechos humanos de ese colectivo social.
  • Capacitar al personal de las procuradurías de justicia y fiscalías estatales en materia de derechos humanos y elaborar protocolos de atención especializada para las personas mayores desde una perspectiva integral de protección a sus derechos.  
  • Desarrollar programas de capacitación, sensibilización y mejores prácticas para servidoras y servidores públicos, personal médico, cuidadores e integrantes de las familias a fin de provocar un cambio cultural hacia la revalorización de las personas mayores.
  • Generar información desagregada de las personas mayores como población objetivo de las políticas públicas a nivel estatal en las que se construyan indicadores prospectivos, a partir del ciclo de vida para conocer sus condiciones de salud, integridad, económicas y sociales, a efecto de adoptar medidas de prevención oportuna y garantizar una calidad de vida adecuada en esa etapa.  
  • Fomentar una cultura de convivencia intergeneracional que implique la transferencia de conocimientos y experiencias de poblaciones mayores a poblaciones jóvenes, a fin de que estos últimos se preparen para su adultez mayor y, a la vez, se fortalezca la solidaridad entre las generaciones.

La CNDH en materia de Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Entre otras tareas, la Coordinación sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de este Organismo Nacional, tiene la finalidad de coadyuvar en la observancia, promoción, divulgación y estudio de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, desde un enfoque integral, transversal, con perspectiva de derechos y de género. A partir de 2017, su objetivo se ha adaptado a las necesidades sociales de nuestro país, por lo que dividió su labor en dos programas presupuestarios denominados:  E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes y E032 Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias.
 
En ese sentido, en la Coordinación se proporciona a las personas que así lo soliciten, servicios de información y orientación jurídica de manera presencial, vía telefónica y por medios electrónicos; pláticas, cursos, talleres, conferencias y actividades de capacitación o actualización a servidoras y servidores públicos e integrantes de organizaciones de los sectores social y privado en temas de derechos humanos de las juventudes, personas mayores y familias; se realizan estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de esos grupos poblacionales para formular estrategias encaminadas a prevenir conductas violatorias de los mismos y promover el perfeccionamiento del marco jurídico que los protege; se elaboran y distribuyen materiales de divulgación con el objeto de difundir el conocimiento de sus derechos humanos y se realizan actividades de vinculación con instituciones públicas y privadas para dar seguimiento a los compromisos institucionales en la materia. 

Promoción de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

En materia de promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes, personas mayores y las familias, se realizaron 288 actividades (conferencias, cursos, talleres, cursos-talleres, foros y pláticas) en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas beneficiando a un total de 38,518  personas.
 
En la promoción de los derechos de las familias, las juventudes y las personas de 60 años y más, destacan las siguientes actividades:
 
  • El día 13 de febrero se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual ambas instancias se comprometen a trabajar de manera conjunta, en la realización de actividades de capacitación, formación, promoción, divulgación, investigación, defensa y protección de los derechos humanos y perspectiva de género.
  • El día 21 de febrero a invitación de la Universidad Iberoamericana, se participó en el conversatorio El papel de la Universidad en el Contexto Actual de Crisis de Derechos Humanos en México, en el que se compartieron con las y los jóvenes algunas reflexiones sobre el respeto a la dignidad humana, el enfoque de derechos basado en estándares de protección de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y la educación basada en derechos humanos. Se resaltó la importancia de realizar las modificaciones necesarias al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la oferta académica, así como a los planes y programas de estudio de licenciaturas, posgrados y cursos de actualización, para incluir las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en la última década, así como que uno de los grandes retos en materia de derechos humanos es el diseño de estrategias para generar metodologías idóneas que permitan la protección, defensa, promoción, educación y supervisión de la observancia de los derechos, así como la prevención, investigación, sanción y reparación de las eventuales violaciones a los mismos.
  • En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Coordinación Interinstitucional sobre el tema de Adultos Mayores –del que este Organismo Nacional es integrante-, celebrada el día 22 de febrero, se llevó a cabo la presentación, como un ejemplo de buena práctica, de la Guía Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, de la Organización Mundial de la Salud, la cual propone la adaptación del entorno urbano a los requerimientos particulares de las personas mayores, iniciativa que además de propiciar su autonomía, conlleva al incremento de bienestar para la sociedad en general. Se subrayó el derecho de las personas mayores a ser incluidas en las familias, comunidades, ciudades y países; las Ciudades Amigables son sin duda, una iniciativa adecuada para avanzar en el cumplimiento de ese derecho de inclusión. Nuestro país puede implementarlas progresivamente en sus diversos centros de población; para ello resulta imperativo incorporar la perspectiva de derechos humanos de ese grupo en la planeación nacional del desarrollo, de tal forma que el reconocimiento y respeto a su dignidad primen sobre cualquier otro tipo de intereses, y sean el hilo conductor de las políticas públicas, en el que el centro lo constituyan las y los titulares de derechos. 
  • El día 7 de marzo, a invitación del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, se participó en la Mesa de análisis: Economía y Políticas Públicas en la igualdad de género, en la que se puntualizó que en nuestro país el sexo y la identidad de género son factores que en ocasiones indebidamente condicionan el acceso a los derechos humanos de más de la mitad de la población: las niñas, adolescentes y mujeres. Se refirió que algunos datos estadísticos muestran con claridad que desde la niñez, durante toda su vida y hasta la etapa de envejecimiento, las mujeres se enfrentan a discriminación, marginación, violencia, exclusión, pobreza, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en mayor medida que sus pares de sexo masculino.
  • En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Interinstitucional celebrado entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI) de la Universidad de Alcalá de Henares, España, el día 20 de marzo se participó en la presentación del Protocolo de actuación para la protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada de personas, en el que se señaló que éste reúne de manera clara y concisa aspectos fundamentales considerados en los instrumentos regionales e internacionales relativos a la desaparición de personas, así como que  representa una herramienta fundamental para la atención y respuesta a casos de presuntas desapariciones forzadas y para la protección de los derechos de las víctimas y de sus familias.
  • El día 23 de marzo, en coordinación con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit se llevó a cabo el foro Fortalecimiento de las Familias. Estrategia para desalentar la violencia, cuyo objetivo fue abrir un espacio de reflexión acerca de las familias, su diversidad, las relaciones familiares, la no discriminación y violencia entre sus integrantes, así como los retos en la agenda de los derechos humanos para lograr su protección y en el cual se impartieron las conferencias “Las Familias: su labor en la formación de derechos humanos para sus miembros y su responsabilidad ante las Personas Mayores” y “La protección a las familias en los instrumentos jurídicos de derechos humanos”.
  • A invitación de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, el día 9 de abril, se participó en la inauguración del XXXII Congreso Nacional de Gerontología y Geriatría, en el que se hizo un llamado a las y los médicos asistentes para contribuir a la consolidación de una cultura positiva del envejecimiento incorporando la perspectiva de derechos humanos en su ejercicio profesional, así como en la formación de las nuevas generaciones de especialistas que deberán adquirir un compromiso social con los derechos de las personas mayores de forma que el reconocimiento y respeto a su dignidad sean una prioridad.
  • El día 13 de abril, de manera conjunta con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas se llevó a cabo el foro El derecho de las familias a vivir sin violencia en la Ciudad Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se impartió la conferencia “Acciones para erradicar la discriminación y la violencia en contra de las personas mayores”.
  • El día 3 de mayo, a invitación de Open Society Justice Initiative, El Colegio de México, A.C., el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y la Universidad del Claustro de Sor Juana, se participó en la presentación del estudio Corrupción que mata: Porque México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad, con una intervención en el panel sobre la relación entre corrupción, violaciones a derechos humanos y crímenes atroces en la que se enfatizó que los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la democracia -como una forma de vida- son elementos prioritarios para construir mejores sociedades; garantizar el acceso de las personas a una vida digna, y establecer las obligaciones de los gobiernos para su cumplimiento, destacando que los derechos humanos deben estar en el centro de todos los programas, acciones y políticas públicas, incluidas, desde luego, las que tienen que ver con la rendición de cuentas, así como que para que exista gobernabilidad se requiere, además de los procesos de transparencia, de la participación de las y los gobernados. 
  • En coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco, Guerrero el día 30 de mayo se llevó a cabo el foro Fortalecimiento de las Familias. Estrategia para desalentar la violencia, con el objeto de abrir un espacio de reflexión acerca de las familias, su diversidad, las relaciones familiares, la no discriminación y violencia hacia sus integrantes, así como sobre los retos en la agenda de los derechos humanos para lograr su protección desde la justicia y las políticas públicas.
  • El día 25 de junio, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, representada por la Escuela Nacional de Trabajo Social y el Instituto Nacional de Geriatría, el cual establece bases para la coordinación de esfuerzos en materia de capacitación, formación, promoción, divulgación, investigación, defensa y protección de derechos humanos y perspectiva de género. La suscripción de dicho Convenio permitirá llevar a cabo proyectos para generar y difundir entre los integrantes de las familias, las universidades e institutos de investigación, las y los servidores públicos, especialmente de las instituciones de salud pública y los particulares que prestan servicios a esa población, una cultura de respeto a las personas mayores, teniendo como ejes principales el trato digno y la atención de calidad y con calidez; conocimientos e información sobre los derechos de ese sector de la población y las obligaciones respecto a su cuidado y atención, orientadas a prevenir conductas y omisiones transgresoras de sus derechos; así como a impulsar acciones encaminadas al logro de envejecimientos exitosos con carácter prioritario en la agenda pública nacional.
  • El día 9 de agosto, a invitación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se participó en el Foro "Feminicidio: Elementos del tipo penal y análisis forense", en el que se sostuvo que el feminicidio como tipo penal y como fenómeno social, también denominado femicidio es uno de los grandes problemas de nuestro país, ya que la privación de la vida de las mujeres y de las niñas es multicausal, por tanto, las respuestas que se han propuesto para su combate han sido tanto de índole jurídica como sociológica y antropológica y van desde la prevención y atención hasta su sanción con extrema dureza.  Se destacó que entre las acciones realizadas por este Organismo Nacional para coadyuvar con su erradicación, se encuentran el acompañamiento en el proceso legislativo de tipificación de esa descripción normativa; la revisión y reestructuración de los procesos de Declaratoria de Alertas de Género contra las Mujeres, la condena de todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres y la emisión de informes que pretenden visibilizar el fenómeno y externar propuestas de abordaje, por señalar algunas. Además, se exhortó a las y los agentes del Ministerio Público y fiscales, a las y los jueces, a las y los peritos y a las personas profesionales que participan en la investigación y esclarecimiento de hechos señalados por la ley como feminicidio a asumir con compromiso la gran responsabilidad social que implica llamar a las conductas típicas por su nombre y contarlas como tales, pues ello coadyuvará, necesariamente, tanto en la prevención general como en la especial y, por tanto, en la erradicación de la comisión de ese delito.
  • El día 10 de agosto, se llevó a cabo la firma de un Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, el cual sienta las bases generales para la colaboración y coordinación de esfuerzos interinstitucionales en materia de capacitación, formación, promoción, divulgación, investigación, defensa y protección de los derechos humanos de las personas, con perspectiva de género y juventud. La firma de ese Convenio constituye una oportunidad para potenciar vínculos institucionales e impulsar acciones que faciliten a las personas jóvenes acceder al conocimiento de sus derechos y de los mecanismos disponibles para hacerlos exigibles, habilitarlas para que se asuman como titulares de derechos con capacidad para decidir, participar e incidir en el entorno que les rodea, y acudir a los sistemas de protección de derechos en caso de violaciones a los mismos. Lo anterior, con el objeto de que, a través del ejercicio de sus derechos, las personas jóvenes desarrollen plenamente su potencial y sus habilidades educativas, laborales y culturales.
  • El día 17 de septiembre, durante la inauguración del Segundo Ciclo Interamericano sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores Envejecimiento y Vejez LGBTI, se hizo un llamado para diseñar e implementar estrategias integrales que combatan la discriminación, estereotipos, exclusión y agresiones contra personas mayores de la población LGBTI. Asimismo, se reiteró la demanda realizada al Estado mexicano en múltiples ocasiones para la inmediata ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo artículo 5 prohíbe la discriminación por razones de edad y dispone que los Estados Parte deben desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en las que también se contemple a las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
  • En coordinación con la Unidad de Igualdad de Género, el día 25 de septiembre, se hizo un pronunciamiento de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual y en contra de la violencia hacia las mujeres, en el que se mencionó que la violencia contra las mujeres constituye uno de los factores que mayor incidencia negativa tienen en el respeto y vigencia de los derechos humanos, pues vulnera las bases de la convivencia pacífica y afecta profundamente el tejido social, y que esas conductas deben  erradicarse. Se rechazó categóricamente cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres, en particular la violencia sexual, en todos los ámbitos de su vida, y se reiteró el compromiso de seguir trabajando en favor de la defensa y promoción de los derechos de todas las personas, siempre con enfoque diferenciado en la atención de los grupos que, por situaciones estructurales, enfrentan mayores dificultades para su ejercicio. Se expresó la desaprobación hacia los estereotipos, prejuicios y creencias que justifican o toleran la vulneración de la dignidad, integridad y derechos de las mujeres, y se hizo un enérgico llamado a denunciar ante las autoridades competentes, cualquier acto de discriminación y violencia contra ellas, se refrendó el compromiso a sumar esfuerzos y realizar el trabajo diario con perspectiva de género, compromiso ético y en observancia a los valores inherentes a la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos.
  • Durante la celebración del Encuentro Sin Límites, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, el día 27 de septiembre, se analizó la situación de los derechos humanos y las personas mayores en México, se plantearon algunas de las causas de exclusión a las que se enfrentan las personas mayores de 60 años en diversos ámbitos familiares, sociales, económicos y políticos, entre las que se destacaron la falta de cultura del envejecimiento en la sociedad, la existencia de importantes dificultades para identificar y denunciar actos u omisiones que atentan contra la integridad física, emocional, psicológica y sexual de quienes viven la etapa de vejez, lo que conduce al ocultamiento o minimización de situaciones de abandono, violencia e injusticia en su contra. Se resaltó que la relación entre derechos humanos y políticas de protección social es recíproca: los primeros requieren para su garantía y exigibilidad los contextos institucionales que permitan su ejercicio, mientras que las segundas deben basarse en un enfoque de derechos humanos, tendente a su ampliación y protección.
  • A invitación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 11 de octubre se participó en el Foro Personas Mayores. Hacia el reconocimiento, pleno goce, y ejercicio de sus derechos humanos, con el que se buscó promover el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad; reflexionar sobre el enfoque asistencialista persistente en el diseño e implementación de políticas y programas dirigidos a garantizar los derechos de las personas mayores; así como aportar elementos de análisis que permitan concebir una reorientación de las mismas, colocando en el centro de la atención y acción a las personas mayores como sujetas de derechos.
  • El 17 de octubre se asistió a la entrega del Premio Nacional de la Juventud (en el que este Organismo Nacional participó, en su momento, como jurado), máximo reconocimiento público que hace el Estado a los jóvenes mexicanos de entre 12 y 29 años de edad que pueden considerarse ejemplo de superación personal o impulsores del progreso de su comunidad, como resultado de su conducta, dedicación al trabajo o al estudio.
  • A invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 7 de noviembre, se participó en el XX Congreso Internacional de Derecho Familiar. La Familia es para Siempre, el cual, tuvo verificativo en el Auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de esa máxima Casa de Estudios, con la conferencia "Los Derechos Humanos y las Familias Mexicanas". En dicha participación, se resaltó que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, la recepción en el orden normativo interno de los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, ha promovido la evolución del Derecho Familiar, cuya naturaleza jurídica se ubica históricamente en el campo del derecho privado, pero que hoy en día, sus fronteras con el derecho público se han difuminado, en aras de otorgar respuestas efectivas a una sociedad que demanda la intervención estatal para eliminar las brechas de desigualdad y vulnerabilidad que afectan a amplios sectores de la población y de manera especial a las familias. 
    Se enfatizó que si las familias no cuentan con las condiciones mínimas para cumplir sus responsabilidades, el riesgo de que sus integrantes sufran violaciones a sus derechos humanos aumenta considerablemente, las cuales suelen desencadenar una serie de situaciones que, eventualmente, devienen en un estado de vulnerabilidad general; en la negación de su dignidad; la desintegración familiar; la violencia contra niñas, niños y adolescentes; el abandono y maltrato de las personas mayores; el ingreso de las personas adolescentes a grupos de la delincuencia organizada; la desigualdad entre los géneros; el deterioro de la salud; la violencia sexual, física, verbal, económica y patrimonial; y los feminicidios; entre muchos otros, cuyas repercusiones afectan no sólo a quienes viven esas situaciones, sino a toda la sociedad en general.

Vinculación en materia de Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Con el fin de fortalecer la vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, se realizaron 44 reuniones de trabajo con organizaciones tanto públicas como de la sociedad civil a nivel local y federal, en diversas entidades federativas del país.
 
Cabe destacar que esta Comisión Nacional participa en las sesiones del Consejo de Coordinación Interinstitucional sobre el tema de personas mayores y en el Grupo de Trabajo en materia de Envejecimiento del Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica, a invitación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Instituto Nacional de Geriatría, respectivamente.
 
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es integrante del Grupo de Trabajo 2 “Derechos humanos de las personas adultas mayores” de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos que preside la Secretaría de Gobernación.

Adicionalmente, durante el periodo que se reporta se celebraron tres Convenios Generales de Colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Geriatría conjuntamente, así como con el Instituto Mexicano de la Juventud, con el objeto de coordinar esfuerzos en materia de capacitación, formación, promoción, divulgación, investigación, defensa y protección de los derechos humanos.

Divulgación de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

A efecto de dar a conocer entre la población los derechos fundamentales de las y los jóvenes, de las personas mayores y de las familias, se elaboraron, revisaron o actualizaron para su posterior publicación 9 materiales (trípticos, cuadrípticos, juegos de mesa, folletos y libros). Adicionalmente, se distribuyeron 65,907 materiales de divulgación.
 

Asesorías y Orientaciones en materia de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Con el objeto de brindar orientación jurídica y canalizar a las instancias adecuadas a todas aquellas personas que lo solicitan, durante este periodo se proporcionó atención jurídica vía telefónica, presencial y/o electrónica a 497 solicitudes en diversas materias tales como guarda y custodia; patria potestad; pensión alimenticia; derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir con la madre o padre que no tenga su custodia; divorcio; visitas y convivencias; reconocimiento de paternidad; derechos sucesorios; interdicción; arrendamiento; violencia institucional; discriminación; derechos laborales; derechos de personas jóvenes; derechos de las personas mayores; apoyos sociales; etc. Dichas solicitudes provinieron de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y del extranjero.
 
 

Recomendaciones emitidas en materia de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

En materia de derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, se emitieron las siguientes recomendaciones:
 
  • Recomendación No. 13/2018, de fecha 27 de abril, dirigida a la Secretaría de Marina, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la información en servicios de salud y a la vida en agravio de una mujer y del producto de la gestación, en el Hospital Regional Naval de Acapulco, Guerrero.
  • Recomendación No. 36/2018, de fecha 17 de octubre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violencia obstétrica y violación al derecho a la protección de la salud en agravio de una mujer y un recién nacido, en el Hospital de Gineco Obstetricia N. 4 “Luis Castelazo Ayala” del IMSS en la Ciudad de México.
  • Recomendación No. 40/2018, de fecha 24 de octubre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica y acceso a la información en materia de salud por inadecuada atención médica, en agravio de una mujer y la pérdida del producto de la gestación, en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1 del IMSS en Chetumal, Quintana Roo, así como al derecho de acceso a la justicia.
  • Recomendación No. 41/2018, de fecha 25 de octubre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la información veraz y oportuna, así como a la seguridad jurídica en agravio de una mujer y por falta de respeto y consideración al producto de la gestación, por parte del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS en la Ciudad de México.
  • Recomendación No. 44/2018, de fecha 30 de octubre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos a la protección de la salud y a la vida en agravio de una mujer embarazada; en el Hospital General de Zona 71 del IMSS, en Chalco, Estado de México.
  • Recomendación No. 45/2018, de fecha 30 de octubre, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Querétaro, sobre el recurso de impugnación por el insatisfactorio cumplimiento de la Recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, relativa a vulneraciones a los derechos a la protección a la salud, en relación con los derechos reproductivos, a la vida e interés superior de la niñez.
  • Recomendación No. 52/2018, de fecha 31 de octubre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, sobre el caso de violaciones al derecho a la protección de la salud por inadecuada atención médica y pérdida del producto en gestación, al derecho a vivir una vida libre de violencia obstétrica, así como el derecho a la información y al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en el Hospital General de Zona 1, del IMSS, en Tapachula, Chiapas.
  • Recomendación No. 54/2018, de fecha 31 de octubre, dirigida a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a la Secretaría de la Función Pública, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la maternidad en el trabajo, a la protección de la salud, al desarrollo óptimo del producto de la gestación, a una vida libre de violencia obstétrica, al acceso a la información en materia de salud, al acceso a la justicia en sede administrativa y al deber de investigar con debida diligencia la violencia, en agravio de una mujer embarazada; a la lactancia materna y al interés superior de la niñez.
  • Recomendación No. 55/2018, de fecha 9 de noviembre, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Tamaulipas, sobre el caso de violaciones al derecho a la protección a la salud de una mujer adolescente embarazada y de su hijo, así como a la libertad y autonomía reproductiva, al interés superior de la niñez y violencia obstétrica, en hospitales dependientes de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas.
  • Recomendación No. 56/2018, de fecha 12 de noviembre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones al derecho a la protección de la salud de una mujer embarazada y de su hijo, al interés superior de la niñez y violencia obstétrica, en el Hospital General de Zona Número 12 de dicho Instituto, en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo.  
  • Recomendación No. 57/2018, de fecha 14 de noviembre, dirigida al Gobierno del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sobre el recurso de impugnación en contra del acuerdo de conclusión del expediente de queja emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por violación al derecho a una vida libre de violencia por maternidad, el derecho a la lactancia y al principio del interés superior de la niñez.
  • Recomendación No. 58/2018, de fecha 14 de noviembre, dirigida al Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, sobre el caso de violaciones a los derechos a la protección de la salud en agravio de una mujer embarazada y su hija recién nacida, al interés superior de la niñez y a la integridad personal de la menor de edad, así como a una vida libre de violencia obstétrica de la madre, en el Instituto Nacional de Perinatología, en la Ciudad de México.
  • Recomendación No. 65/2018, de fecha 30 de noviembre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud y a una vida libre de violencia obstétrica por inadecuada atención médica, en agravio de una mujer embarazada y la pérdida del producto de la gestación, en el Hospital de Gineco-obstetricia 3 del Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México.
  • Recomendación No. 78/2018, de fecha 21 de diciembre, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Chihuahua y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, sobre el recurso de impugnación por el incumplimiento de la Secretaría de Salud del Estado de la Recomendación emitida por la aludida Comisión Estatal por negligencia médica en agravio de una mujer embarazada.
  • Recomendación No. 81/2018, de fecha 21 de diciembre, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud de una menor de edad indígena embarazada y al interés superior de la niñez, por inadecuada atención médica en el Hospital General de Cuetzalan, de la Secretaría de Salud de Puebla.
  • Recomendación No. 87/2018, de fecha 28 de diciembre, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a las Presidencias Municipales de  Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno, la mayoría mujeres, niñas, niños, adultos mayores, mujeres gestantes y en lactancia materna, en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

Informes, Diagnósticos, Estudios o Análisis en materia de Derechos Humanos de las y los Jóvenes, las Personas Mayores y las Familias

Asimismo, en cuestión de observancia de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, se realizaron los siguientes informes: 
 
  • Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México.1
  • En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, se inició la elaboración del Informe especial sobre la situación de inseguridad y la desaparición de personas en el estado de Veracruz. 

1 Su presentación a la opinión pública se realizará en 2019.




 

Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017. Tema: Administración y Procuración de Justicia

En alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, se realizó el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017. Tema: Administración y Procuración de Justicia, el cual contiene un diagnóstico sobre los alcances y el grado de cumplimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos emitidos por esta Comisión Nacional con relación al tema de la Administración y Procuración de Justicia y se analizan los cambios normativos realizados a partir de la emisión de dichos instrumentos de posicionamiento.1

Su presentación a la opinión pública se realizará en 2019.
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