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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Niñas, Niños y Adolescentes

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Antecedentes
 
El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral, y para impulsar la evolución de la sociedad mexicana a una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar.
 
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, es el instrumento principal que obliga a los Estados Parte a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos de su vida; los reconoce como sujetos plenos de derechos y establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio de su interés superior.
 
En México, con las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-P en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicadas en octubre de 2011, se adicionó el principio del interés superior de la niñez, se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y se impulsó la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La ley, reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos establecidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, entre otros.
 
La entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes estatales en la materia, marcaron en nuestro país, el inicio de una nueva etapa en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, pues no sólo se reconoce como titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes, sino que se establecen obligaciones para que el Estado, las personas encargadas de su cuidado y la sociedad en general, trabajemos coordinadamente a nivel nacional a fin de garantizar la observancia y respeto de los derechos de ese grupo de atención prioritaria.
 
En ese sentido, la LGDNNA establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) — del que la CNDH es parte integrante—, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de generar acciones para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de prevenir su vulneración y de garantizar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando son vulnerados.
 
El artículo 140 de la LGDNNA dispone que la CNDH y todos los organismos públicos de protección de los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, deben establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 
Derivado de esas disposiciones, en la labor de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, se debe privilegiar la supervisión de la actuación de los gobiernos en materia de niñez y adolescencia; impulsar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes e incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de sus derechos; recibir denuncias de violaciones a los mismos y establecer mecanismos para su defensa y reparación integral; salvaguardar sus intereses; ser su portavoz; crear espacios plurales de participación y reflexión sobre la situación de ese grupo poblacional en la sociedad, así como su relación con el Estado; impulsar la creación de políticas públicas con enfoque de derechos y de género y transversalizar la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia al interior de cada organismo.
 
Por ende, es imperante conocer indicadores relativos a niñas, niños y adolescentes, que muestren un panorama general de su situación y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.
 
Contexto actual

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revelan que en México habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes (en términos relativos, representa el 35% de la población), los cuales, en su mayoría, enfrentan problemáticas múltiples: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como la obesidad y desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese total, 21 millones viven en pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia; una de cada cinco personas desaparecidas, pertenece a este sector de la población y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por lesiones causadas de manera intencional.
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), advierte que 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años, y que 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada.
 
Sobre el derecho de participación,  24.8% de niñas y niños de entre 9 y 11 años manifestaron que su opinión nunca se toma en cuenta en la comunidad. Respecto a la violencia en el hogar,  14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas, 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron, 10.1 % sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada, y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado.
 
Con relación al acoso escolar, 22.6% manifestó haber sufrido burlas o recibir apodos ofensivos; 15.7% padeció el rechazo de los compañeros y compañeras; a 15% le prohibieron participar en juegos, deportes o actividades en equipo, y a 12.5% le han pegado, empujado o amenazado.
 
El 41.8% de niñas y niños señaló haber sido discriminado en la escuela por su peso o estatura, 35.5% por su manera de vestir, 32.5% por su forma de hablar y expresarse y  27.5% por su nombre.
 
Como se advierte del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, dado a conocer a la opinión pública en abril de 2017, las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas del país reportaron en el periodo 1995 a diciembre de 2016 un total de 6,901 casos de personas menores de edad desaparecidas.
 
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, da cuenta que a septiembre de 2018 existían 9,672 casos registrados de personas de 0 a 17 años de edad en el fuero común, en tanto que en el fuero federal 382 casos.
 
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, realizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señala que en 2015, 50% de la población nacional de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares que experimentaban algún tipo de pobreza, es decir, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes.
 
El panorama es peor cuando hablamos de menores de edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80% (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para las y los adolescentes). Esto refleja las desventajas que enfrenta la población indígena, en particular los menores de edad, para el ejercicio de sus derechos. La población indígena enfrenta brechas en todos los casos en los que se compara con población no indígena, por ejemplo, 78.5% de menores indígenas (0-17 años) se encuentran en situación de pobreza frente al 47.8% de la población de menores de edad no indígenas[1]. De igual forma, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  refleja que 700,000 niñas, niños y adolescentes, no asistían a la escuela por motivos económicos.
 
Datos de UNICEF y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) revelan que en México, 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes indígenas se encuentran en edad escolar (3 a 17 años); no obstante, la proporción de ellas y ellos en función del nivel educativo varía en cada entidad federativa; por ejemplo, mientras que en Nayarit y Nuevo León hay un número importante de niñas y niños en edad preescolar (23.1 y 25.5%, respectivamente), en Veracruz habitan más niñas, niños y adolescentes en edad para cursar la secundaria (22.4%) y la preparatoria (20.4%).[2]
 
Al inicio del ciclo escolar 2016-2017 estaban matriculados casi 31 millones de niños, niñas y adolescentes en la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y preparatoria), de los cuales, 9% de la matrícula correspondía a alumnas y alumnos indígenas. Al respecto se destaca que sólo 15.2% de 243,480 escuelas en México, se ubica en municipios indígenas. [3]
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es un problema de salud pública a nivel mundial que está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), 3 de cada 10 niñas y niños (de 5 a 11 años de edad) padecen sobrepeso u obesidad. Aunque hubo una disminución significativa del sobrepeso en niños varones, al pasar de 19.5% en 2012 a 15.4% en 2016, se observó un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales, tanto en niñas como en niños. Asimismo, 4 de cada 10 adolescentes (de 12 a 19 años de edad) presenta sobrepeso u obesidad.
 
En 2018, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud (SS), ratificó las Declaraciones de Emergencia Epidemiológica EE-5-2018 y EE-6-2018 para todas las entidades federativas de México ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad [4], en las que se hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coordinarse con la SS a efecto de intensificar las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control del sobrepeso y de la obesidad.
 
La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF, revela que  63% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años es sometido a formas de castigo físico o psicológico por algún integrante de su familia, mientras que 6% recibe castigos severos. Datos de ONU Mujeres 2014, señalan que 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual, así como que 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años participaban en alguna actividad económica.
 
El Módulo de Trabajo Infantil 2017 del INEGI, señala que a nivel nacional 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2% desempeñaron ocupaciones no permitidas y  36.6% quehaceres domésticos no adecuados. El número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar era de 802,890 personas (38.7%) y 1,267,543 (61.3%) se dedicaban a actividades peligrosas. El 39.3% de quienes eran personas menores de edad en ocupación no permitida no percibían ingresos por su labor. Los Estados de Nayarit, Zacatecas y Campeche reportaron el mayor índice de trabajo infantil, con  19.7%, 18.9% y 18.1%, respectivamente.[5]
 
Durante 2015, cifras del INEGI revelan que 49% de niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajaban; 7.8% de mujeres adolescentes ha tenido un hijo; 10.1% de las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años dejó la escuela porque se embarazó o tuvo un hijo y 13.1% lo hizo debido a que se casó.
 
Sobre este último punto, a raíz de la expedición de la LGDNNA, las entidades federativas iniciaron una labor de armonización legislativa para establecer en su legislación civil el requisito de edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. A la fecha, en la totalidad de las entidades se prohíbe contraer matrimonio antes de los 18 años de edad, sin embargo, el Código Civil Federal aún contempla el matrimonio de personas menores de 18 años y tres estados conservan dispensas o excepciones a la edad (Baja California, Querétaro y Sonora).
 
De acuerdo con el Informe Anual de UNICEF 2017, 23.6% de las mujeres en México se han casado o viven en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad. Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los tres estados de la República mexicana con mayor porcentaje de matrimonio infantil con 44.82%, 42.41% y 39.17%, respectivamente. Aproximadamente,  15% de las mujeres jóvenes entre 15 y 19 años está casada.[6]
 
Cifras de la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, muestran que en México residían 19.4 millones de niñas y adolescentes mujeres menores de 18 años; de las cuales 2 de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asistían a la escuela; 18% de las adolescentes de 16 y 17 años declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de escolaridad menor y 1 de cada 10 de 5 a 17 años que hablaba lengua indígena, no asistía a la escuela.
 
Por otro lado, de 1990 a 2016 la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años aumentó en la mayoría de las entidades federativas, alcanzando en ese último año 2.15 nacimientos por cada mil de ellas. Las entidades con más altas tasas de fecundidad son: Guerrero, Chiapas y Coahuila.
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, del INEGI, causa alarma pues revela que 66 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante que residen en nuestro país han experimentado por lo menos un acto de violencia de cualquier tipo (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida. En su mayoría quienes han ejercido esa violencia en su contra han sido la pareja, el esposo o novio, algún familiar, los compañeros de escuela o trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, los amigos, vecinos, personas de su entorno cercano y al final personas desconocidas. 
 
La tasa de suicidios en la población de 10 a 17 años también presenta un incremento en su nivel para el periodo 2006 a 2015 ya que pasa de 2.6 a 3.8 por cada 100 mil niños en este rango de edad. El mayor número de muertes por esta causa se presenta en varones. En 2015 se registraron 3.2 suicidios de varones por cada 100 mil niños. En las niñas la tasa es de 1.8 suicidios por cada 100 mil, lo que representa una sobremortalidad masculina de 177.8 suicidios de niños por cada 100 en niñas.
 
En materia educativa, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que presenta el nivel de deserción escolar más alto, especialmente en las y los adolescentes de entre 15 y 18 años, siendo las dos causas principales de abandono de los estudios las carencias económicas de sus hogares en 52% de los casos, y los embarazos tempranos o las uniones entre parejas jóvenes que representan 23%. Durante 2000 y 2011, alrededor de 6.5 millones de adolescentes y jóvenes dejaron sus estudios.
 
La violencia en los planteles educativos ocupa un lugar importante en los problemas que enfrenta la niñez en nuestro país. La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 del INEGI, encontró que 32.2% de adolescentes de entre 12 y 18 años sufrieron acoso escolar. Tanto en educación básica, media básica o media superior, los conflictos y agresiones entre pares (bullying o ciberbullying) así como entre profesoras, profesores, alumnas y alumnos son ejemplos claros de cómo la conjunción de múltiples factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y colectivo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ámbito que debiera ser de los más seguros para su desenvolvimiento.
 
Para la CNDH, que las autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de todas las personas, es una tarea prioritaria que requiere un esfuerzo permanente y coordinado para cumplir las exigencias que la sociedad demanda.
 
Las niñas, niños y adolescentes, constituyen la tercera parte de la población nacional; a pesar de ello el acceso y ejercicio de sus derechos se ve limitado por una visión social que los concibe como “objetos de protección”, excluyéndolos de la participación y toma de decisiones sobre su propia vida e incluso justificando la violencia que se ejerce en su contra.
 
Las obligaciones que el Estado, las familias y la comunidad tienen para con la niñez y adolescencia, no se agotan al asegurar su supervivencia o atender algunas de sus carencias sociales, es necesario habilitarlos para el ejercicio progresivo de sus capacidades como seres humanos, alentando y fortaleciendo su independencia y autonomía, lo cual contribuye a su sano crecimiento físico y mental, posibilita que se apropien de valores, que se formen en una cultura de respeto a la diversidad y rechazo a la violencia, y que desarrollen conciencia ciudadana y responsabilidad social.
 
Como se observa, la estadística nos muestra la frecuencia y magnitud de las acciones u omisiones que dañan los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, visibiliza un panorama que advierte la necesidad de consolidar acciones de todas las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de ese sector de la población, lo cual nos lleva a concluir que algunas causas de fondo son, entre otras, la pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia de oportunidades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de inversión pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos a efecto de que ciñan su actuar al nuevo paradigma de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
 
Retos del Estado Mexicano

Ante el actual momento coyuntural de cambio de administración federal y de varias entidades federativas, es indispensable establecer una agenda de prioridades para la realización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.
 
Desde la expedición de esa Ley General, los avances en su cumplimiento no han sido suficientes ni homogéneos en todas las entidades federativas. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su evaluación de los informes entregados por el Estado mexicano, ha hecho referencia a diversas problemáticas que afectan a la infancia y adolescencia en México, entre las cuales se pueden mencionar la desigualdad social, el incumplimiento del principio de no discriminación, la vulneración de niñas y niños indígenas, la explotación económica y sexual de mujeres y la trata de niñas y niños migrantes, la explotación laboral infantil, la insuficiencia en la armonización de la propia legislación con las normas internacionales, la ausencia de aplicación en los gobiernos estatales de las leyes federales en la materia, así como graves situaciones ligadas con la práctica de la tortura, la violencia armada y el crimen organizado.

Se ha advertido que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no han logrado posicionarse como las autoridades competentes en la atención de los casos de vulneración a los derechos de esa población; incluso, en muchos estados de la República los fenómenos de violencia en su contra alcanzan tal magnitud y urgencia, que las y los integrantes de los sistemas locales de protección fungen como autoridades de primer contacto, atendiendo o canalizando solicitudes de apoyo e incluso, coordinando medidas con las autoridades municipales y estatales. Si bien es cierto que todas las autoridades tienen la obligación de denunciar cualquier acto que vulnere la dignidad e integridad de las personas menores de edad, también lo es que las labores de atención que están desarrollando los SIPINNA van en detrimento de la elaboración de políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia en sus estados, la cual es su principal función.

Existe todavía una ausencia de políticas públicas de prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; los esfuerzos para promover una cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia son escasos. En particular la atención a la violencia de género que afecta a niñas y adolescentes de todo el país, es desigual y carece de coordinación. Diversas entidades federativas se niegan sistemáticamente a activar las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres sin considerar la urgencia de ofrecer respuestas reales que brinden seguridad a mujeres, niñas y adolescentes. Lamentablemente, la institucionalización de la violencia machista continúa siendo garantía de impunidad lo que incrementa delitos como la violación y el abuso sexual, desaparición, feminicidios, entre otros.

En materia de educación, se tiene registro de que los casos de acoso escolar y violencia en las escuelas se han incrementado en los últimos años. Ello es reflejo de las deficiencias en las acciones para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad, que cuente con los adecuados recursos económicos, técnicos y humanos. El gasto público en educación en términos del Producto Interno Bruto (PIB) ha sufrido una disminución importante pues mientras que en 2016 fue de 5.1%, se redujo a 4.6% en 2017.[7]

La situación de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad requiere una respuesta integral que atienda las causas estructurales que orillan a la población a abandonar sus comunidades de origen, tales como la inseguridad, la violencia, la precariedad en el ingreso, entre otras. Asimismo, es indispensable armonizar la Ley de Migración con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que pueda implementarse de manera efectiva un procedimiento para determinar el interés superior de la niñez y adolescencia, asegurando las garantías procesales; se establezcan disposiciones que garanticen el acceso a la educación y a la salud para quienes viven en contextos migratorios; tomar medidas para evitar el abuso en su contra; favorecer las denuncias de tortura y desaparición de migrantes; erradicar malos tratos, hacinamiento, falta de higiene, inadecuada atención médica; así como prevenir delitos que agravian a la niñez en contexto de movilidad cuando el agente es el Estado.
 
Materializar las responsabilidades del Estado mexicano, de las familias y de la sociedad en la protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, enfrenta retos de importante complejidad, tales como aplicar de manera efectiva e integral la normativa nacional e internacional; armonizar el marco jurídico en la materia; impulsar la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en las que se considere el interés superior de la niñez y adolescencia y la participación activa de este sector; así como continuar con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la actuación de los operadores administrativos y judiciales en la impartición y procuración de justicia, por citar algunos, indispensables en la conformación de una estructura institucional sólida que responda a las problemáticas que enfrenta la niñez y adolescencia en el país.
 
Para promover el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también resulta apremiante continuar con la implementación de acciones para transversalizar el enfoque de derechos y el interés superior de la niñez y adolescencia en todas las actuaciones del Estado, especialmente en aquellas relativas a la no discriminación e igualdad sustantiva; supervivencia; inclusión de personas con discapacidad; medidas de protección especial y restitución de derechos; acceso a la información y participación; entornos libres de violencia y ambientes saludables; contenidos en medios de comunicación; prevención y atención de embarazo; sexualidad y reproducción; desarrollo infantil temprano; identidad; adopción; migrantes no acompañados; acceso a la justicia; trabajo infantil y juvenil; explotación, tráfico y trata de personas; población en situación de calle, personas indígenas, centros de asistencia social y prevención de adicciones.
 
El Estado mexicano, al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, adquirió el compromiso de promover, respetar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes para así asegurar su desarrollo integral. Ese instrumento internacional, posee efectos vinculantes, por lo que uno de los retos a nivel internacional, es dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, sujetarse a la revisión periódica del Comité de los Derechos del Niño e implementar el seguimiento permanente de las observaciones y recomendaciones que emita.
 
Otro reto internacional, es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS) los cuales buscan hacer efectivos derechos fundamentales como la salud, educación, igualdad sustantiva, una vida libre de violencia, y priorizan la atención de graves problemas sociales como la pobreza, la inequidad y la desigualdad. Asimismo los Objetivos integran perspectivas de género, ciclo de vida y transversalidad de políticas públicas.
 
Por lo anterior, será de gran importancia que las nuevas administraciones de gobierno federal y en algunas entidades federativas, actúen de manera oportuna para que las autoridades integren en su planeación de desarrollo nacional los componentes necesarios para el cumplimiento, seguimiento, revisión y evaluación de esas metas.

Indispensables para 2019
 
  • Asignación de recursos económicos específicos y suficientes para la realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes; gestionar presupuestos con perspectiva de derechos, e impulsar la creación y fortalecimiento de los sistemas de inversión públicos transparentes y de rendición de cuentas.
  • Continuar con el proceso de transversalización de la perspectiva de derechos, género, no discriminación y participación de niñas, niños y adolescentes en todas las actuaciones de las autoridades, así como articular la política nacional y los programas de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel federal, estatal y municipal.
  • Implementar políticas de inclusión y prestación de servicios diferenciados para las familias indígenas y sus integrantes menores de edad que migran a las zonas urbanas, a efecto de cerrar las brechas laborales, educativas o de acceso a vivienda, por ejemplo, sin que esto represente para ellos una renuncia a su identidad o su cultura, para evitar que se enfrenten a nuevas formas de exclusión y discriminación.
  •  Impulsar el seguimiento y conclusión del proceso de armonización de todos los ordenamientos jurídicos a nivel federal, estatal y municipal que correspondan, a fin de materializar las disposiciones legales contenidas en la LGDNNA.
  •  Elaborar e implementar de manera urgente el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) de la nueva administración federal.
  •  Continuar con el seguimiento a los compromisos establecidos en la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue presentada el 2 de agosto de 2017, en la que se enfatiza la necesidad de realizar un trabajo integral para combatir y resolver las causas de fondo que originan la violencia.
  •  Construir una metodología homogénea para la creación y alimentación de indicadores nacionales adecuados que evalúen en términos cuantitativos y cualitativos los avances y dificultades del Estado mexicano en el cumplimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, ante el cual deberá rendir su próximo informe en el año 2020.
  • Que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, impulse el cumplimiento del compromiso establecido en la LGDNNA (artículo 125 fracción XV) en cuanto a conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos.
  • Consolidación en todo el país de los sistemas locales de protección a nivel municipal, y la elaboración de los Programas Estatales de Protección de niñas, niños y adolescentes.
  • Incluir la participación de las niñas, niños y adolescentes y de la sociedad civil en la conformación de los Sistemas de Protección, así como el fortalecimiento de los procesos de profesionalización de sus servidoras y servidores públicos.
  • La coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, las Procuradurías de Protección, los SIPINNAS, y los Organismos Autónomos de Derechos Humanos, es apremiante para la implementación de medidas de carácter preventivo, a fin de evitar violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes y para establecer, en su caso, los planes integrales de restitución.
  • Trabajar para que los Sistemas Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, cuenten con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar refiera que son susceptibles de adopción, así como a las personas solicitantes de adopción y las adopciones concluidas. Además de que las Procuradurías de Protección Federal y de las entidades federativas, concreten la creación del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.
  • En materia educativa capacitar y sensibilizar al personal docente, alumnado, autoridades y comunidad escolar para la solución pacífica de conflictos, dentro y fuera de la escuela.
  • Aprobación de reformas al Código Civil Federal para que las niñas y niños sean registrados de manera inmediata a su nacimiento y se expida la primera acta sin costo; a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se amplíe la definición de Centros Asistenciales e incluya todos los lugares de internamiento y no sólo los establecimientos de personas carentes de cuidados parentales, y la Ley General de Salud para que considere disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Es necesario seguir trabajando para la emisión de las Leyes Generales de Adopciones y de Personas Jóvenes, entre otras.
  • Revisar el marco jurídico que involucra a las escuelas privadas de educación básica, a efecto de garantizar que en todas sus actuaciones, se salvaguarden los derechos de la niñez y la adolescencia.
  • Avanzar en el proceso de armonización legislativa para establecer en la legislación civil federal, la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio y eliminar las dispensas que aún prevalecen en los Códigos Civiles o de Familia de las entidades federativas de Baja California, Querétaro y Sonora, así como el derecho de corrección de madres, padres, o quienes ejerzan la guarda y custodia de niñas, niños, y adolescentes, y prohibir el castigo corporal en la Ley General y locales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • Incorporar la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes (principio de interés superior) en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
  • Armonizar el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley General de Población y la Ley de Migración, en lo concerniente a la protección de las poblaciones de personas menores de edad en contextos de movilidad.
  • Armonizar la Ley General de Educación y las leyes estatales con la LGDNNA, a efecto que sirvan de base para las acciones que busquen garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar, y que se cumplan los fines previstos en el artículo 3º Constitucional: desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
  • Fortalecer los procesos de acogimiento y los de reintegración de las niñas y niños con sus familias de origen o ampliadas, los cuales necesariamente deben estar acompañados de programas de apoyo para las madres, padres u otras personas encargadas de su cuidado, así como para la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado.
  • Coadyuvar en el impulso y promoción de la autonomía de las Procuradurías de Protección.
  • Generar indicadores y parámetros de desglose de datos para organizar información de utilidad para diseñar e implementar políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes, en donde se considere a quienes viven en poblaciones indígenas, con VIH, discapacidad, de calle, en CAS, etc.
  • Implementar y materializar las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
  • Por lo que hace al Sistema no Jurisdiccional de Derechos Humanos, es necesario fortalecer la autonomía de las Comisiones Estatales, y dotarlas de los presupuestos que permitan su óptimo funcionamiento, a la vez que se favorezca la creación de las áreas especializadas de niñas, niños y adolescentes que mandatan las legislaciones de la materia.
 
  [1] https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf
[2]UNICEF, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Breve panorama educativo de la población indígena, México, 2017, p. 15, http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/107/P3B107.pdf
[3] UNICEF, INEE, Panorama Educativo de la población indígena y afrodescendiente 2017, México, 2018, p. 12, http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/109/P3B109.pdf
[7] SEP, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-2017, México, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, 2017, p. 31 disponible en http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2016_2017_bolsillo.pdf
 
 

La CNDH en materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

A fin de cumplir con las obligaciones encomendadas en la LGDNNA, la Coordinación sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, tiene la finalidad de coadyuvar en la observancia, promoción, divulgación y estudio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque integral, transversal, con perspectiva de derechos, de género y privilegiando su interés superior en todas las actividades públicas y privadas en las que estén inmersos. A partir de 2017, su objetivo se ha adaptado a las necesidades sociales de nuestro país, por lo que dividió su labor en dos programas presupuestarios denominados:  E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes y E032 Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias.
 
En la Coordinación se proporciona a las personas que así lo soliciten, servicios de información y orientación jurídica de manera presencial, vía telefónica y por medios electrónicos; pláticas, cursos, talleres, conferencias y actividades de capacitación o actualización a servidoras y servidores públicos e integrantes de organizaciones de los sectores social y privado en temas de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Además se realizan estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de la niñez y adolescencia para formular estrategias encaminadas a prevenir conductas violatorias de los mismos y promover el perfeccionamiento del marco jurídico que los protege. De igual forma, se elaboran y distribuyen materiales de divulgación con el objeto de difundir el conocimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia y se realizan actividades de vinculación con instituciones públicas y privadas para dar seguimiento a la política pública nacional en la materia.

Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

En materia de promoción y divulgación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia se realizaron 187 actividades (conferencias, conversatorios, pláticas, cursos, talleres, cursos-talleres y foros) en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, beneficiando a un total de 15,874 personas.

En la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes destacan las siguientes actividades:
 
  • En coordinación con ChildFund México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Tapachula, Chiapas, los días 27 y 28 de febrero se llevó a cabo el curso-taller: Actualización en materia de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigido a servidoras y servidores públicos de diversas instituciones públicas del estado de Chiapas, cuyo objetivo fue proporcionar herramientas teórico-prácticas sobre el sistema garantista de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las medidas de protección y restitución de sus derechos y la necesidad de transversalizar el enfoque de derechos contenido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • A invitación del Canal del Congreso, el 21 de febrero, en el marco de la programación televisiva, se participó en la Mesa de Diálogo Salvaguarda del Interés Superior de la Infancia, en la que uno de los aspectos más destacados fue el desarrollo de la plena aplicación del concepto de interés superior de la niñez y adolescencia, el cual exige adoptar un enfoque basado en derechos, en el que colaboren la totalidad de los intervinientes -autoridad, familias, sociedad civil-, a fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y desde luego, su dignidad humana.
  • El día 11 de marzo, durante la transmisión del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, se participó en la mesa de análisis Seguridad, Protección y Justicia a la Niñez, en la que se discutió sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en el país; los avances en esa materia y los retos del Estado mexicano a partir de la publicación de la LGDNNA; así como sobre el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades tanto de la Federación como de las entidades federativas en la realización de acciones concretas que permitan materializar las normas y generar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes para que cuenten con posibilidades reales y entornos seguros que contribuyan a realizar sus proyectos de vida. Otro tópico en la mesa fue el sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal. Actualmente, en nuestro país ese sistema se encuentra en construcción, el gran reto es la efectiva aplicación y materialización de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pues a la fecha no todas las entidades federativas lo han establecido.
  • El día 14 de marzo, se asistió a la instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Comisión sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes, la cual, surgió en el marco del acuerdo 13/2017 aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del SIPINNA, celebrada el 21 de diciembre de 2017.
  • Durante los días 14, 15, y 16 de marzo se asistió al XXII Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y a la XII Sesión de la Red de Niñez y Adolescencia realizados en la Ciudad de Panamá, con el objeto de participar en el intercambio de buenas prácticas y políticas públicas a favor de niñas, niños y adolescentes para fortalecer a las instituciones nacionales de derechos humanos.  Como resultado de los trabajos realizados, se integró una declaratoria regional que dispone un catálogo de acciones y propuestas de cada una de las instituciones nacionales, regionales y locales de derechos humanos que integran la Red Iberoamericana, para contribuir a la promoción, respeto y salvaguarda de los derechos de ese sector de la población. Además, se presentó la publicación Adolescentes en conflicto con la ley penal: abordajes desde el Estado en Iberoamérica. Incumbencias de los Ombudsman, recomendaciones y desafíos, en cuya construcción este Organismo participó activamente. El estudio revela información que permite identificar situaciones de vulneración de derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal en los países integrantes de la Red, y tiene el propósito de fortalecer la institucionalidad de las Defensorías en la protección de derechos de la niñez y adolescencia como política colectiva y línea de acción prioritaria.
  • El día 21 de marzo, se asistió a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el objeto de intercambiar opiniones para la elaboración de un diagnóstico de infraestructura de Centros de Atención Infantil y tener un encuentro con representantes de las entidades federativas para avanzar en temas relacionados con primera infancia.
  • En el marco de la Presentación del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Apizaco, en el estado de Tlaxcala, el día 23 de marzo, se impartió la Conferencia Magistral Los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, cuyo objetivo fue orientar a las y los servidores públicos que conforman los Sistemas Locales y Municipales de Protección, respecto de las obligaciones y compromisos que establece la legislación general y estatal en la materia; sobre la implementación de acciones que aborden los derechos de la niñez y adolescencia desde un enfoque integral y con perspectiva de género; la prevención, atención y seguimiento de la violencia contra ese grupo poblacional, en todos los ámbitos; la promoción del respeto por la diversidad étnica, cultural e ideológica; la difusión entre las familias de técnicas de crianza positivas libres de violencia, la importancia de empoderar y habilitar a las hijas e hijos para la vida, el fortalecimiento de la autoestima y autocuidado, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para evitar embarazos a temprana edad o enfermedades de transmisión sexual; el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación; así como reflexionar sobre la urgencia de sumar a las autoridades educativas para que cumplan con sus obligaciones como garantes de derechos de la comunidad escolar, entre otros. 
  • A invitación de la estación Radio IBERO, el 4 de abril se participó en el programa Bitácora Derechos Humanos (coproducción Comisión Nacional de los Derechos Humanos-Universidad Iberoamericana) en el que se abordó el tema Discriminación basada en el género: niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, como un problema que limita el acceso al disfrute de sus derechos humanos. Dicha situación se agrava cuando ellas viven en condiciones de pobreza, discapacidad, o bien, pertenecen a una comunidad indígena. Se enfatizó en la necesidad de eliminar la persistente discriminación que sufre ese sector de la población, las restricciones para lograr condiciones de igualdad en el empleo y la educación, intensificar la promoción de servicios integrales de salud, incluida la sexual y reproductiva, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo.
  • El día 17 de abril, se asistió como testigo de honor a la Firma del Pacto por la Primera Infancia, suscrito por la candidata y los candidatos a la Presidencia de México, el cual, es un compromiso expreso para que la política pública en materia de derechos de niñas y niños se convierta en una política de Estado.  En ese evento, se hizo un llamado a las y los integrantes de los sectores público, social y privado para asumir en corresponsabilidad el papel de garantes de los derechos de la niñez, con el objeto de que con independencia de cada ámbito de actuación, exista un compromiso hacia la construcción de redes de coordinación para un trabajo articulado que permita implementar acciones concretas para transitar de la visión asistencialista, al enfoque garantista que reconoce a niñas y niños como titulares plenos de derechos, con capacidad de ser agentes sociales de cambio, y de exigir el cumplimiento y protección de los mismos. Para lograrlo, es indispensable que todas y todos incorporemos la perspectiva de derechos de la niñez, la cual nos conmina a valorar y considerar necesariamente su interés superior en todos los asuntos que les involucren.
  • El día 25 de abril, se acudió a la Reunión Interamericana sobre Castigo Corporal contra Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se subrayó la urgencia de impulsar las adecuaciones normativas necesarias para erradicar y sancionar en nuestro país, el castigo contra niñas, niños y adolescentes, pues ello contribuye a la construcción de una política nacional que contemple acciones coordinadas, concretas y eficaces para cambiar las costumbres que han naturalizado a la violencia; implementar la perspectiva de derechos, de género; llevar a cabo actividades de capacitación y profesionalización de servidores y servidoras públicas que tienen que ver con ese sector poblacional; así como generar campañas que sensibilicen a las familias, a los docentes y a las autoridades escolares del daño que causa en la niñez y adolescencia la violencia que se vive en nuestros entornos. 
  • Con motivo de la celebración del 30 de abril, día de la Niñez en México, se lanzó la Convocatoria del Concurso Nacional Niñas y Niños Consejeros de la CNDH, cuyo objetivo es promover en las niñas y niños sus derechos a ser escuchados y escuchadas en todos los asuntos que les interesan o afectan, considerando su edad y grado de madurez, y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en su entorno familiar, escolar y social; así como difundir entre ellas y ellos la labor de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la defensa y promoción de sus derechos. Al cierre de la convocatoria, se recibieron 871 cartas de niñas y niños de todo el país. El jurado calificador, estuvo conformado por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de ChildFund México, quienes de acuerdo a su consideración, experiencia y a los criterios establecidos en las bases del Concurso, de manera conjunta revisaron el contenido de las cartas y seleccionaron las diez ganadoras. El día 28 de septiembre, se publicaron en la página institucional de este Organismo Nacional, los nombres de las niñas y niños ganadores, quienes a través de una carta, expresaron su sentir y pensar sobre su derecho a participar y a que su opinión sea tomada en cuenta al interior de sus familias, escuela y comunidad, así como las problemáticas que les preocupan en esos entornos. El 3 de diciembre, se llevó a cabo el Primer Consejo de Niñas y Niños de la CNDH, el cual estuvo integrado por las niñas y niños ganadores. Al evento asistieron integrantes del Consejo Consultivo, las y los Visitadores Generales y los titulares de las Secretarías Ejecutiva y Técnica, todos de la CNDH. Las y los Consejeros infantiles, expresaron al Presidente de la CNDH que la opinión de niñas y niños es importante pero no siempre es tomada en cuenta por las personas adultas, e indicaron que existen pocos espacios en los que pueden manifestar libremente sus ideas y propuestas. Asimismo, manifestaron su preocupación por la discriminación de la que puede ser víctima una niña o niño, por ejemplo, cuando se vive con alguna discapacidad o por pertenecer a una comunidad indígena; expusieron las carencias que viven en sus escuelas y en su comunidad, también expresaron las situaciones de violencia que predominan en las calles que no les permiten jugar, ni vivir en paz. Al finalizar la sesión del Consejo Infantil se llevó a cabo la ceremonia de premiación.
  • El día 2 de mayo, en coordinación con la Universidad Politécnica de Sinaloa, se llevó a cabo un Conversatorio sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, en el cual se realizó un ejercicio de participación con 276 adolescentes que manifestaron sus opiniones respecto a sus derechos humanos. 
  • Con motivo de la celebración del 30 de abril, Día de la Niñez en México, en conjunto con la Universidad Politécnica de Sinaloa, el día 4 de mayo, se llevó a cabo el Foro Nacional Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el cual tuvo como finalidad visibilizar los problemas que viven las niñas, niños y adolescentes, y hacer un llamado a todas las autoridades, las familias y la sociedad para unir esfuerzos y generar un trabajo articulado que permita implementar acciones concretas para transitar de la visión asistencialista, al enfoque garantista que reconoce a niñas y niños como titulares plenos de derechos, con capacidad de ser agentes sociales de cambio, y de exigir el cumplimiento y protección de los mismos.
  • El día 16 de mayo, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se participó en el II Seminario Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Avances y Agenda Pendiente, con la conferencia Avances y retos en materia de justicia para adolescentes, en la cual se enfatizó que el principio del interés superior de la niñez y adolescencia debe ser el criterio que invariablemente atiendan todas las autoridades al proporcionar servicios, tomar decisiones o resolver asuntos que involucren a niñas, niños y adolescentes, y que la consideración de las características particulares de ese grupo de la población es determinante para asegurar que las medidas que se adopten sean congruentes con sus circunstancias de vida y contribuyan al acceso, justiciabilidad y restitución de sus derechos, en todos los casos. El análisis del tema requiere necesariamente, de un abordaje integral y multidisciplinario, de forma que pueda correlacionarse con las acciones que el Estado mexicano realiza para garantizar el acceso a la justicia a la población; el modelo de seguridad interior; el combate a la criminalidad, la corrupción y la impunidad; el tratamiento y rehabilitación de quienes incurren en conductas ilícitas y los derechos de niñas, niños y adolescentes; pues de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en prácticas predominantes en el sistema tutelar, e incluso, de aplicar aquellas previstas en el sistema penal para personas adultas. 
  • El día 23 de mayo, se asistió como testigo de honor a la Firma del Pacto por la Primera Infancia, suscrito por los candidatos al Gobierno del Estado de Yucatán, en el que se destacó que la defensa de los derechos de niñas y niños es una obligación jurídica, ética y moral impostergable.
  • A invitación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el día 5 de junio se participó en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, la cual se llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas, y en la que se impartió la Conferencia El SIPINNA, mecanismo nacional de garantía de los derechos humanos, la cual tuvo como objetivo analizar las áreas de oportunidad y los desafíos de las autoridades, en especial, de las Secretarías Ejecutivas, para lograr que los Sistemas Nacional y locales de Protección Integral de la niñez y adolescencia, logren consolidarse para cumplir con los objetivos que les ha fijado la Ley General y las legislaciones locales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la que se abordaron tres puntos principales: la relevancia del trabajo de los Sistemas de Protección Integral como vía para la garantía institucional de los derechos de niñas, niños y adolescentes; las implicaciones de la transversalidad en la actuación ente otros Sistemas y autoridades, y los retos nacionales para que los SIPINNA y las Secretarías Ejecutivas logren cambios significativos en la vida de las personas menores de edad. 
  • El día 12 de junio, se asistió como testigo de honor a la Firma del Pacto por la Primera Infancia, suscrito por los candidatos al Gobierno del Estado de Chiapas y al Congreso Federal, en el que se reconoció que las y los integrantes de los sectores público, social y privado debemos asumir nuestra corresponsabilidad como garantes de los derechos de las niñas y niños; se alentó a trabajar articuladamente con el fin de transformar las vidas de la niñez; y se comprometieron a que la primera infancia sea una prioridad en su administración.
  • El día 3 de agosto, a invitación de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se llevó a cabo el taller ¿Cómo interponer una queja ante la CNDH?, dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas educadoras asistentes al Encuentro Nacional de Buenas Prácticas de Incidencia Política de Niñas, Niños y Adolescentes, organizado por la REDIM, con el objeto de difundir información útil para que las personas menores de edad identifiquen cuándo ocurre una violación a sus derechos, y conozcan los pasos a seguir para interponer una queja o solicitar apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A través de dinámicas lúdicas, las niñas, niños y adolescentes expresaron su conocimiento sobre cómo viven los derechos en sus comunidades y entornos cercanos, y mostraron gran interés por conocer la ubicación de las oficinas de la CNDH en los estados de la República donde viven, ya que consideran muy positivo que las personas de su edad puedan comunicarse o acudir directamente a la CNDH, ya sea acompañados de una persona de su confianza o por sí mismos/as. 
  • El día 6 de septiembre a invitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, se impartió la conferencia La Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se hizo un llamado a todos los actores públicos, sociales y privados a brindar atención prioritaria a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, a quienes debe tratarse como titulares de derechos. Se dieron a conocer a las y los asistentes los resultados del Estudio sobre el Impacto y Cumplimiento de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH en materia de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que los distintos actores participantes, asuman el modelo garantista de protección de la niñez y adolescencia. Se resaltó que las niñas y las adolescentes deben saber que sus oportunidades de desarrollo humano son ilimitadas, que son capaces de tomar decisiones libres y de manifestar sus ideas, pensamientos y sentimientos en cualquier ámbito en que se desenvuelvan; que sus opiniones son válidas y deben ser tomadas en cuenta; que sus exigencias sobre el cumplimiento de sus derechos deben ser incorporadas a las agendas públicas, y que cuentan con Sistemas de protección federal y locales que les respaldan para que puedan realizar todos sus planes de vida.
  • En seguimiento a los trabajos realizados en la XII Sesión de la FIO en Panamá, a invitación de la Red de Niñez y Adolescencia de la FIO, la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Argentina y el Programa Sectorial de Derechos Humanos y PROFIO-GIZ de Alemania, los días 10, 11 y 12 de septiembre, se participó en la Jornada de formación Derechos de niñez y adolescencia en ámbitos defensoriales y aproximaciones al monitoreo de instituciones de acogimiento alternativo en la Ciudad de Rosario, Argentina. El objetivo fue  fortalecer la estructura de la Red y desarrollar capacidades hacia el interior de las instituciones integrantes de la misma. Durante los tres días de trabajo conjunto, se realizó un mapeo sobre la implementación del enfoque de niñez y adolescencia, a través del cual se identificaron los desafíos para su materialización en las prácticas defensoriales que buscan promover el interés superior de la niñez y la adolescencia como normativa de procedimiento. 
  • El día 24 de septiembre se llevó a cabo la sesión en la que el Jurado Calificador del Concurso Nacional Niñas y Niños Consejeros de la CNDH, seleccionó a las y los ganadores. El jurado estuvo integrado por el Primer Visitador General, el Segundo Visitador General y la Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de esta Comisión Nacional; la Coordinadora Académica de Maestría y Doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y una persona Especialista en Protección a la Niñez de ChildFund México.
  • En el marco de las acciones derivadas de la firma del Convenio General de Colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los días 25 y 26 de septiembre, se participó en la Feria de los Derechos de las Niñas y los Niños, en la que a través de actividades lúdicas se dieron a conocer sus derechos humanos a niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
  • El día 27 de septiembre, a tres años de la instalación del SIPINNA, se participó en el Encuentro Nacional de Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes: Presente y Futuro de sus Derechos, en el que se analizó el estado que guardan los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se identificaron los principales retos y desafíos del Estado mexicano en la materia, con el objeto de proponer acciones para erradicar las brechas de desigualdad que enfrenta la niñez y adolescencia en el país. Además, se hizo un llamado para construir un verdadero Estado Democrático de Derecho donde todas las personas sean tratadas por igual y tengan idénticas oportunidades de desarrollo, así como para utilizar el ingenio y las herramientas disponibles para innovar, transformar y crear los mecanismos que den efecto a la protección de niñas, niños y adolescentes. Se destacó que la observancia de los derechos de la niñez y adolescencia requiere de una programación presupuestaria realista, suficiente y con enfoque de derechos, que permita la implementación de las políticas públicas a nivel nacional, estatal y municipal, por lo que se llamó la atención al gobierno entrante para que en las previsiones sobre el gasto público que decida emprender durante su gestión, otorgue la máxima prioridad al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia y considere que es indispensable contar con recursos humanos especializados para su adecuada atención, que México tiene compromisos internacionales ineludibles en materia de derechos de la niñez y adolescencia, que retrotraer el proceso avanzado implicaría el menoscabo y la desprotección de un tercio de la población del país, y comprometería, a mediano y largo plazo, el desarrollo nacional.
  • Se publicó en el portal web EDUCA CNDH, el Curso en línea Acoso Escolar, Violencia Escolar y en las Escuelas, elaborado conjuntamente con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo objetivo es proporcionar a las y los participantes elementos que les permitan comprender, analizar, evaluar y poner en práctica estrategias de prevención, atención y seguimiento de las situaciones de acoso escolar, violencia escolar y en las escuelas que se presenten en sus entornos cercanos, o bien, tener una mejor comprensión sobre esos fenómenos. El curso se encuentra disponible en https://programas.cuaed.unam.mx/cndh/moodle/login/index.php 
  • En alianza con Save the Children México, se elaboraron los contenidos del Diplomado en línea sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género, cuyos módulos se denominan: I. Marco de referencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género; II. Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes; Sistema de protección integral y especial de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, y IV. Políticas públicas para la niñez y adolescencia con enfoque de derechos y perspectiva de género. Entre sus objetivos destacan la promoción de la incorporación del enfoque de derechos de la infancia y adolescencia en el diseño de políticas públicas, dar a conocer el sistema de protección integral y especial, así como la creación de redes de colaboración e intercambio de experiencias entre servidoras y servidores públicos, miembros de organizaciones civiles, investigadoras e investigadores y personal académico y docente. La información recopilada para la construcción del Diplomado, servirá además como insumo para la elaboración de materiales de difusión y la impartición, por parte del personal de esta Comisión Nacional, de cursos, talleres, entre otros.
  • A invitación del Senado de la República, el día 10 de octubre se participó en la instalación de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de ese órgano legislativo, acto en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó atención especial para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que viven con VIH, indígenas, migrantes, en situación de calle y carentes de cuidados parentales; además, destacó la importancia de priorizar y acelerar el proceso de armonización legislativa que se inició con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se urgió a las autoridades correspondientes a asignar los recursos que permitan hacer efectivo el contenido de esa ley.
  • En el marco de la celebración del 11 de octubre “Día Internacional de la Niña”, el 12 de octubre, se organizó en Altamira, estado de Tamaulipas, el Séptimo Foro Nacional sobre Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, las Adolescentes y las Jóvenes, en el que se hizo un llamado a  las autoridades para que implementen acciones que permitan solventar las necesidades apremiantes de las niñas, brindarles oportunidades de desarrollo integral, así como promover y divulgar sus derechos con perspectiva de igualdad de género.
  • Derivado de la invitación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, el día 16 de noviembre, se impartió la conferencia Derechos de niñas, niños y jóvenes indígenas, en la que se compartieron algunas reflexiones acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas de México y sobre el papel que deben desempeñar las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizarles las mismas oportunidades de desarrollo que al resto de la población; se realizó un llamado a los sectores público, social y privado para generar acciones conjuntas encaminadas a eliminar los obstáculos y las brechas existentes en la protección efectiva de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas del país y saldar la deuda histórica que gobiernos y sociedad tenemos con la niñez y adolescencia.
  • En conmemoración al aniversario número 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el día 20 de noviembre, en coordinación con ChildFund México, se llevó a cabo el Foro 29 años de los Derechos de la Niñez y Adolescencia: Del marco jurídico a la realidad comunitaria, en el Centro Nacional de Derechos Humanos. Se destacó que, a partir de la adopción de ese instrumento internacional en 1989, inició un cambio radical sobre las nociones que, históricamente, habían prevalecido en torno a las personas menores de edad, para dar paso a un nuevo paradigma basado en su condición de titulares de derechos, pues refleja el compromiso de los Estados nacionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, atendiendo a las características específicas de la etapa vital en que se encuentran, las necesidades particulares de los distintos grupos de ellas y ellos, y reconociéndolos como agentes sociales de cambio, lo cual propició el derrumbe de la visión adultocéntrica que los consideraba receptores pasivos de asistencia, sin capacidad de ejercicio y supeditados a la voluntad de sus cuidadoras o cuidadores.
  • A invitación de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, los días 19 al 23 de noviembre, se participó en el XXIII Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en la XIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Niñez y Adolescencia, así como en las reuniones de las Redes Temáticas sobre migrantes y trata de personas; comunicadores y Defensorías de Mujeres, celebrados en Andorra. Durante los eventos, cada Defensoría intercambió experiencias, retos y proyectos sobre temas de interés común de los países integrantes de la FIO con la finalidad de contribuir a la protección y promoción de los derechos humanos.

Vinculación en materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Como parte del fortalecimiento de la vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños y las y los adolescentes, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 100 reuniones de trabajo con organizaciones tanto públicas como de la sociedad civil a nivel local, federal e internacional, en diversas entidades federativas del país. 
 
En seguimiento a las actividades realizadas como integrante del SIPINNA, este Organismo Nacional participó en los trabajos de las Comisiones: para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes; de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes; sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes; para la Primera Infancia;  para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas; de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas; para poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y; Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, cuyo objetivo es coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dentro de las acciones realizadas en cada una de las Comisiones, se encuentran:
 
Nombre de la Comisión Acciones
1. Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes
  • Intervención en la Primera Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo Cambio Cultural, en la cual se aprobó la hoja de ruta denominada Matrimonio y uniones en personas menores de 18 años, la cual tiene como objetivo instrumentar acciones articuladas que contribuyan a generar un cambio cultural en torno a la erradicación del matrimonio y las uniones en personas menores de 18 años.
  • Participación en la Tercera Sesión Ordinaria.
  • Participación en la Segunda Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo Cambio Cultural, a fin de dar seguimiento a las acciones implementadas.
  • Participación en la Primera Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo sobre medidas especiales, con el objeto de revisar las propuestas para la implementación a nivel federal y estatal de la Estrategia para articular acciones dirigidas a proteger a hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad.
  • Participación en la Primera reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo sobre Transversalización.
2. Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes
  • Intervención en la Tercera Reunión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.
  • Participación en la Tercera Sesión Ordinaria.
  • Participación en la Cuarta Reunión Ordinaria.
  • Aprobación del Programa de Trabajo 2018.
3. Comisión sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes
  • Aprobación del Programa de Trabajo 2018.
  • Aprobación del Mecanismo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes y de representantes de los sectores social y privado, academia y sociedad civil.
  • Aprobación de cuatro grupos de trabajo: 1. Garantía de acceso y seguridad de las TIC´S; 2. Fomento a la producción y difusión de contenidos audiovisuales; 3. Fomento a la participación de niñas, niños y adolescentes en la producción y difusión de contenidos, y 4. Alfabetización digital. (Este Organismo Nacional Autónomo participa en los grupos 2 y 3).
  • Participación en los Grupos de Trabajo 3 y 4, denominados Fomento de la participación de niñas, niños y adolescentes en la producción y difusión de contenidos: Diseño de mecanismos de participación que fomenten el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes como protagonistas de una sociedad de derechos; y Alfabetización digital y mediática: Formación de la niñez y adolescencia para que ejerzan su derecho al acceso a las tecnologías de la información, banda ancha e internet, respectivamente.
  • Participación en la Segunda Sesión Ordinaria.
4. Comisión para la Primera Infancia
  • Intervención en la Cuarta Sesión Ordinaria en la que se aprobó el Plan de Trabajo 2018 y se presentó la Ruta Integral de Atención (RIA) para la primera infancia.
  • Revisión de la propuesta de Mecanismo de Participación de Niñas y Niños.
  • Participación en la Quinta Sesión Ordinaria.
5. Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
  • Participación en la Tercera Sesión Ordinaria.
  • Participación en la Cuarta Sesión Ordinaria.
6. Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas
  • Participación en la Sexta Sesión Ordinaria.
7. Comisión para poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes
  • Participación en la Tercera Reunión de Enlaces.
  • Participación en la Segunda Sesión Ordinaria.
8. Comisión Intersecretarial para la prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI)
  • Participación en las Décima Novena y Vigésima Sesiones Ordinarias.
 
 
En el marco de las acciones realizadas como integrante del SIPINNA, se envió a la Secretaría de Gobernación, el escrito presentado a este Organismo Constitucional Autónomo por diversas organizaciones de la sociedad civil, relativo al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018, en el que se determinó modificar la naturaleza jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a la de Unidad Administrativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La comunicación tuvo por objeto solicitar a esa Secretaría “reconsiderar su decisión sobre el carácter administrativo e institucional de la Secretaría Ejecutiva, y devolverle el carácter de Órgano Administrativo Desconcentrado para continuar con sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de  la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual establece que la coordinación operativa del SIPINNA, recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva”.
 
Por otro lado, es de resaltar además la participación de este Organismo Nacional como invitado permanente en el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y como integrante de la Subcomisión de Derechos de la Niñez de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos que preside la Secretaría de Gobernación, así como que a invitación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), se ha participado en reuniones del Grupo de Trabajo para la actualización de la NOM-031-SSA-1999 Para la atención a la salud del niño, respecto a temas relativos a prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes, nutrición y desarrollo infantil.

Divulgación de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

A efecto de dar a conocer entre la población los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, se elaboraron, revisaron o actualizaron para su posterior publicación 21 materiales (trípticos, cuadrípticos, cuadernos, carteles, folletos, juegos de mesa, discos compactos y libros). Asimismo, se distribuyeron 223,469 materiales de divulgación.

 

Asesorías y Orientaciones en materia de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Con el objeto de brindar orientación jurídica y canalizar a las instancias adecuadas a todas aquellas personas que lo solicitan, durante este periodo se proporcionó atención jurídica vía telefónica, presencial y/o electrónica a 312 solicitudes en diversas materias tales como violencia psicológica, física, económica, sexual, escolar, familiar; discriminación; sustracción y/o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes; explotación laboral de niñas, niños y adolescentes; derechos de la niñez y la adolescencia; apoyos sociales; etc. Dichas solicitudes provinieron de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
 

Informes, Diagnósticos, Estudios o Análisis en materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por lo que hace a la observancia de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, se realizaron los siguientes informes:
 
  • Informe Especial sobre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados en la República mexicana, cuyo objetivo es visibilizar el panorama general de la situación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en esa condición; alentar la reflexión colectiva sobre la trascendencia y obligatoriedad para las autoridades y la sociedad en general de respetar y hacer efectivos los derechos de las personas menores de edad y generar una herramienta de consulta para incentivar el análisis de las problemáticas que con mayor frecuencia se presentan en los centros de asistencia social y albergues públicos y privados del país, así como la implementación, por parte de las autoridades de protección de la niñez y adolescencia, de acciones transversales y efectivas, que redunden en su desarrollo integral, en la prevención de vulneraciones a sus derechos y en la mejora de sus procedimientos de atención.
  • En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, se inició el Estudio sobre niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado.

Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017. Tomo I Niñas, Niños y Adolescentes

 El día 26 de abril, en el marco de la celebración del 30 de abril, día de la Niñez en México, se presentó en el Centro Nacional de Derechos Humanos, el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017. Tomo I Niñas, niños y adolescentes, documento que refleja una evaluación propositiva que servirá como hoja de ruta para establecer actividades concretas que favorezcan a la niñez y adolescencia, así como la protección de su interés superior. El estudio parte de un marco conceptual relativo a la evolución de la sociología de la infancia, el cual aporta una perspectiva integral de los temas que se abordan, y a través de una metodología que consideró variables cuantitativas y cualitativas implica el análisis detallado, pormenorizado, profundo y analítico no sólo de las respuestas que las autoridades mexicanas han emitido respecto de una serie de recomendaciones emanadas de diversos Instrumentos de Posicionamiento de este Organismo Nacional, sino también su impacto en el trabajo de las autoridades a quienes se dirigieron, en la sociedad en general, y particularmente, en la vida de niñas, niños y adolescentes.

 

Recomendaciones emitidas en materia de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

En materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, durante 2018, se emitieron las siguientes recomendaciones:
 
  • Recomendación No. 1/2018, de fecha 31 de enero, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida, al principio del interés superior de la niñez y a la verdad, por inadecuada atención médica, en agravio de una persona de un año y un mes de edad, en el Hospital General Regional 1, en Tijuana y Hospital General de Sub-Zona 6, en Tecate, Baja California, ambos del IMSS.
  • Recomendación No. 2/2018, de fecha 9 de febrero, dirigida al Secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de personas en condición de discapacidad, entre ellas una niña, por la falta de accesibilidad y movilidad en el transporte público de pasajeros, debido a la falta de descuentos en las tarifas.
  • Recomendación No. 5/2018, de fecha 20 de marzo, dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, sobre el caso de violaciones de los derechos humanos a la libertad personal por la detención arbitraria de varias personas y retención ilegal en agravio de diversas personas, entre ellas menores de edad; a la inviolabilidad del domicilio; a la integridad personal por uso excesivo de la fuerza y a la seguridad jurídica con motivo de la exhibición indebida de fotografías en los medios de comunicación, en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca.
  • Recomendación No. 12/2018, de fecha 26 de abril, dirigida al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia,  protección a la salud y al interés superior de la niñez en agravio de una adolescente de 13 años de edad de nacionalidad hondureña,  en contexto de migración internacional.
  • Recomendación No. 15/2018, de fecha 30 de abril, dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Gobierno Constitucional del Estado de Colima y al Ayuntamiento de Colima, Colima, sobre el caso de violaciones a diversos derechos humanos por actos de trata de personas en agravio de jornaleros indígenas, entre ellos personas menores de edad de origen mixteco en condiciones de vulnerabilidad localizados en un ejido del municipio de Colima, Colima.
  • Recomendación No. 19/2018, de fecha 29 de junio, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud, por la inadecuada atención médica, en agravio de un recién nacido, en el Hospital General de Zona 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Uruapan, Michoacán.
  • Recomendación No. 21/2018, de fecha 9 de julio, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la integridad personal de un niño de 8 meses de edad, así como al acceso a la información en materia de salud, por la inadecuada atención médica del personal del Hospital de Especialidades No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Obregón, Sonora.
  •  Recomendación No. 24/2018, de fecha 16 de julio, dirigida a la Secretaría de Educación Pública, sobre la no aceptación de la propuesta de conciliación por violaciones al principio del interés superior de la niñez y a los derechos humanos a la educación y a la protección de la salud cometidas en agravio de un alumno de una escuela secundaria técnica, en la Ciudad de México.
  •  Recomendación No. 25/2018, de fecha 17 de julio, dirigida al Gobierno del Estado de Chihuahua, sobre el caso de violaciones al derecho a la protección a la salud y a la vida, por inadecuada atención médica en agravio de cuatro recién nacidos indígenas, en el hospital comunitario de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
  •  Recomendación No. 27/2018, de fecha 26 de julio, dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, al interés superior de la niñez y adolescencia y a la libertad personal, cometidos en agravio de varias niñas, niños y adolescentes, por la detención arbitraria y retención ilegal de sus padres y, a la integridad personal por actos de tortura cometidos en agravio del progenitor, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
  •  Recomendación No. 28/2018, de fecha 31 de julio, dirigida al Secretario de Educación Pública, sobre la inobservancia del principio del interés superior de la niñez y adolescencia, así como la falta de adopción de medidas de protección adecuadas, en agravio de 17 adolescentes estudiantes de una escuela secundaria, en la Ciudad de México.
  •  Recomendación No. 30/2018de fecha 13 de septiembre, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones al derecho a la protección a la salud e interés superior de la niñez, en agravio de un recién nacido en el Hospital General de Zona 42, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puerto Vallarta, Jalisco.
  • Recomendación No. 48/2018, de fecha 31 de octubre, dirigida a la Secretaría de Marina y a la Comisión Nacional de Seguridad, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad, a la libertad y seguridad personal por detención ilegal y arbitraria y a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual, cometidas en agravio de QV, así como al interés superior de la niñez de V1 y V2, por personal de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal en San Luis Potosí.
  • Recomendación No. 49/2018, de fecha 31 de octubre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, protección de la salud, acceso a la justicia en su modalidad de procuración, y al interés superior de la niñez en agravio de V, en San Luis Potosí.
  • Recomendación No. 53/2018, de fecha 31 de octubre, dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de QV, V1, V2 y V3; a la libertad personal por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1; a la integridad personal por tratos crueles inhumanos y degradantes en agravio de QV, V2 y V3; al interés superior de la niñez de V2 y V3, cometidas por personal de la policía federal en San Luis Potosí, así como a la debida procuración de justicia en agravio de QV, V1, V2 y V3 por servidores públicos de la Procuraduría General de la República.
  • Recomendación No. 61/2018, de fecha 21 de noviembre, dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y pérdida de la vida de 14 personas recién nacidas, así como al acceso a la información en materia de salud de sus representantes legales, como de 9 personas más, por omisiones en el personal médico y una inadecuada atención sanitaria en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS, en Culiacán, Sinaloa.
Adicionalmente, se emitieron las siguientes recomendaciones por violaciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes:
 
  • Recomendación No. 12VG/2018, de fecha 17 de septiembre, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a Petróleos Mexicanos, al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, a la Fiscalía General del Estado de Puebla y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por el trato cruel cometido en agravio de dos personas menores de edad y la retención ilegal de cuatro infantes, en Palmarito Tochopan, Municipio de Quecholac, Puebla. 
  • Recomendación No. 13VG/2018, de fecha 30 de octubre, dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Procuraduría General de la República, al Gobierno Constitucional del estado de Michoacán y al Ayuntamiento de Tepeaca en Puebla, sobre las violaciones graves a derechos humanos en los casos de tortura, detenciones arbitrarias y cateos ilegales en agravio de 28 víctimas, de las cuales tres eran menores de edad, en la Ciudad de México y en los estados de Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Jalisco.
  • Recomendación No. 14VG/2018, de fecha 31 de octubre, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social; a la Secretaría de Educación Pública; al Instituto Mexicano del Seguro Social; a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; a los Gobiernos Constitucionales de los estados de Michoacán, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Durango, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y a la Presidencia Municipal de Zamora, Michoacán, sobre violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una Casa Hogar en Zamora, Michoacán.

Recomendación General en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Omisiones del Estado mexicano en su Cumplimiento y Garantía como Causas de la Emergencia Epidemiológica de Sobrepeso y Obesidad Infantil.

Ante la necesidad de modificar las disposiciones normativas y prácticas administrativas que propician o constituyen violaciones al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes que, de manera particular, han fomentado hábitos alimenticios que favorecen el incremento de casos de obesidad en personas menores de edad, esta Comisión Nacional concluyó la elaboración de la Recomendación General en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, omisiones del Estado mexicano en su cumplimiento y garantía como causas de la emergencia epidemiológica de sobrepeso y obesidad infantil.
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