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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Personas con Discapacidad

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Antecedentes 

Gracias a los movimientos sociales encabezados por personas con discapacidad en el último tercio del siglo XX en países tales como Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, la visión médica o asistencial predominante en la atención de ese sector de la población disminuyó considerablemente, logrando que la discapacidad dejara de ser un tema individual y exclusivamente de salud para comenzar a ser un tema colectivo, social y de derechos humanos en el que la actuación coordinada de la sociedad y de las instancias gubernamentales es fundamental en la eliminación de las barreras que impiden su plena inclusión.
 
Lo anterior motivó la celebración de diversos simposios internacionales, reuniones mundiales, sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros foros, entre los que destaca la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durbán, Sudáfrica en el año 2001, en la que se recomendó a organizaciones internacionales y regionales la adopción de medidas específicas que se ocuparan de las personas con discapacidad quienes también estaban sometidas a formas de discriminación, racismo y otras formas conexas de intolerancia. Dichos esfuerzos dieron lugar a la adopción de planes, programas, declaraciones, entre otros, encaminados a impulsar el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
 
No obstante, en ese mismo año, el Estado mexicano hizo un llamado a la comunidad internacional ante la 56° Asamblea General de las Naciones Unidas, para que se instalara un Comité de expertos y se adoptara un tratado internacional específico en el que se previeran disposiciones para comprometer a los Estados a la adopción de medidas que garantizaran el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y facilitaran su plena integración en todos los ámbitos de la vida.
 
Iniciativa con la que se considera a nuestro país como uno de los principales promotores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo que fueron aprobados durante la 76° Asamblea General de la ONU, celebrada en diciembre de 2006 y promulgados mediante la resolución No. A/RES/61/106 en enero del 2007, que podemos considerar como la culminación de décadas de lucha de las personas con discapacidad y de organizaciones de la sociedad civil que buscaban el reconocimiento de dichas personas como sujetos plenos de derechos y obligaciones.
 
En observancia al marco jurídico internacional de referencia, el Estado mexicano emitió en 2011 la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ejercicio que ha sido replicado en todas las entidades federativas del país. Aunado a ello y a partir de dichas disposiciones, se han creado el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y diversas instituciones u organismos especializados en la protección e inclusión de las personas con discapacidad a nivel local. 

Empero y a pesar de la existencia de un amplio marco normativo que tutela los derechos de las personas con discapacidad y de la creación de estructuras institucionales especializadas en su atención, la ineficacia de las políticas públicas y su carencia de una perspectiva de inclusión, aún se traduce en frecuentes vulneraciones a sus derechos humanos, tal como se advierte de diversos indicadores sobre la situación y condiciones de vulnerabilidad de las personas con discapacidad en nuestro país.

 
Contexto Actual 

La adecuada compresión del concepto de discapacidad es indispensable para la generación de indicadores que revelen de manera fehaciente las condiciones en las que viven las personas con discapacidad y que, en consecuencia, permitan la formulación e implementación de políticas públicas incluyentes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población, percepción que hasta en años recientes se ha comprendido, razón por la cual no en todos los casos la estadística existente en la materia revela con certeza la realidad de las personas con discapacidad.
 
De conformidad con la última actualización de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) realizada en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la prevalencia de la población con discapacidad en México es del 6%, es decir, que en nuestro país 7.2 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia que a la par enfrentan múltiples barreras para gozar de todos los derechos contemplados por el orden jurídico nacional e internacional.
 
El informe La Discapacidad en México del año 2014, elaborado también por el INEGI, dio a conocer que la estructura por edad de la población con discapacidad muestra una estrecha relación con el proceso de envejecimiento, en virtud de que el 47.3% de las personas con discapacidad son personas mayores, es decir, tienen 60 o más años de edad y el 34.8% tiene entre 30 y 59 años de edad. Asimismo, reveló que el número de mujeres con discapacidad supera al de su contraparte masculina, lo cual, está relacionado con la mayor esperanza de vida de la población femenina.
 
Los retos que enfrenta este sector de la población se asocian con el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas y/o arquitectónicas, así como con las barreras sociales, que imponen estereotipos y limitaciones a su participación en todos los ámbitos de la vida.
 
En ese sentido, la disparidad de condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, entre otras, genera diversas y múltiples barreras que por sus características pueden concentrarse en determinados espacios geográficos, de manera que para contar con un panorama general sobre la situación de las personas con discapacidad e implementar focalizadamente las políticas públicas, planes y programas para lograr su inclusión plena, resulta indispensable conocer su distribución geográfica.
 
Al respecto, el INEGI reportó que en 2014 la mitad de la población con discapacidad del país se concentraba en siete entidades federativas: Estado de México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4%); mientras que, el porcentaje de mujeres con discapacidad superaba los 50 puntos porcentuales en casi todas las entidades, con excepción de Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco.
 
Además, informó que del total de la población con discapacidad, el 64.1% presentó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas; el 58.4% reportó grave o severa dificultad para ver; el 38.8% tenía dificultad para aprender, recordar o concentrarse; el 33.5% una deficiencia para escuchar; el 33% para moverse o usar sus brazos o manos; el 23.7% tenía dificultad para bañarse, vestirse o comer; el 19.6% tenía problemas emocionales o mentales, y el 18% lo conformaban las personas con dificultades para hablar o comunicarse. Es de resaltar que una persona puede tener dificultad para hacer más de una actividad, es decir, tener más de un tipo de deficiencia, por ello, la cantidad de las diversas dificultades registradas es mayor que el número de personas con discapacidad.
 
Asimismo, el Informe aludido advirtió que Nayarit contaba con mayor porcentaje de personas que tienen dificultad para ver (64.6%); Jalisco con más personas con dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas (71%), con dificultad para aprender o concentrarse (43.5%) y con problemas emocionales o mentales (25.2%); San Luis Potosí con mayor número de población con dificultad para mover o usar brazos o manos (40.4%); Morelos con mayores dificultades para hablar o comunicarse (22.3%); y por último la Ciudad de México con más personas con dificultad para escuchar (39.3%) y para bañarse, vestirse o comer (27.2%).
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), realizada en el 2017 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, reportó que del total de las personas encuestadas, el 28.9% de las personas con discapacidad había experimentado discriminación, de las cuales más de la mitad (58.3%) consideró que ocurrió en razón de su deficiencia, principalmente en los servicios de salud, en el transporte público y al interior de su familia; el 15% de mujeres y el 18% de hombres no estarían dispuestos a rentarle un cuarto a una persona con discapacidad; el 24% de mujeres y el 25% de hombres consideró que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo; y el 48.1% de las personas con discapacidad consultadas, manifestó que no se respetan sus derechos, 14 puntos porcentuales arriba de la misma encuesta en el 2010.
 
Además, la ENADIS informó que el 30.9% de las personas con discapacidad declaró haber tenido al menos un incidente de negación de sus derechos en los últimos cinco años. Entre las principales problemáticas declaradas por las personas con discapacidad consultadas se encuentran la falta de accesibilidad en calles, instalaciones y transportes (31.1%) y la falta de oportunidades para encontrar empleo (30%).
 
Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), el 60.6% de las personas sin discapacidad de 3 a 29 años asisten a la escuela, en cambio, sólo el 46.5% de la población con discapacidad en el mismo rango de edad, realiza dicha actividad, teniendo, por tanto, una diferencia de 14.1 puntos porcentuales entre ambos grupos. La asistencia escolar de las personas con discapacidad está vinculada al nivel educativo, teniendo una mayor afluencia en los niveles básico y medio, disminuyendo considerablemente en el nivel superior, lo cual refleja que este sector de la población continúa enfrentando una de las barreras que debió haberse derribado tiempo atrás de manera prioritaria, ya que el acceso a educación de calidad es la clave para el alcance de otros derechos y contribuye a reducir la desigualdad, al empoderamiento de las personas,  a la adopción de estilos de vida más saludables y sostenibles, a fomentar la tolerancia, entre otros, beneficios.
 
Lo anterior se agrava con el analfabetismo funcional, ya que del total de las personas con discapacidad de 15 años o más, una de cada tres es analfabeta funcional, es decir, a pesar de que ha aprendido a leer y a escribir no posee capacidades para la lectoescritura, ni para la realización de operaciones aritméticas, ya que no comprende realmente dichos procesos, lo cual, se traduce en dificultades para la realización de tareas cotidianas y en un problema para el desarrollo social. Siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero las entidades con las mayores proporciones de personas en esa condición y Nuevo León, Ciudad de México y Coahuila, las que tienen las proporciones más bajas.
 
En cuestión de trabajo y empleo, también existe una amplia brecha entre el marco normativo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión laboral y la realidad imperante, pues la tasa de participación económica de la población de 15 años y más sin discapacidad es de 65.7%, mientras que la de la población con alguna deficiencia es de 39.1%, teniendo una diferencia profunda de 26.6 puntos porcentuales.
 
Para toda la población es importante contar con servicios de salud, sin embargo, para las personas con discapacidad el acceso al derecho al más alto nivel posible de salud se considera prioritario por su condición, de manera que la falta de ese tipo de servicios se configura como una barrera importante para este sector. De acuerdo con datos de la ENADID 2014, en nuestro país, 83 de cada 100 personas con discapacidad están afiliadas a un servicio de salud, mientras que para aquellas sin discapacidad el porcentaje es más bajo (79.8%), esto indica que las necesidades de salud de las personas con discapacidad están más cubiertas, sin embargo, dicha cobertura no se ha traducido en el acceso a servicios de salud de calidad, situación que se refleja en el hecho de que las principales autoridades presuntamente vulneradoras de los derechos humanos de las personas con discapacidad son del sector salud.
 
En suma, como ha afirmado la Organización de las Naciones Unidas, las personas con discapacidad como la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, lo cual se debe a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida y a que tienen menos recursos para defender sus derechos, siendo la ignorancia la responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen.  No obstante, está comprobado que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas con discapacidad, sobre todo de actitud impuestos por la sociedad, éstas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades, para lo cual es indispensable la acción coordinada entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad y de la sociedad en general.

Retos del Estado mexicano 

La materialización de las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad implica el desafío de diversos retos:
 
  • Continuar con el proceso de armonización legislativa de los órdenes federal y estatal, acorde con los ordenamientos internacionales en materia de discapacidad.
  • Garantizar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, implementando sistemas de apoyo para la toma de decisiones. 
  • Implementar mecanismos que aseguren la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad mediante un sistema de apoyos y de ajustes razonables.
  • Revertir el desequilibrio que existe en algunas entidades federativas, en las asignaciones presupuestales para instituciones privadas respecto a las destinadas a las públicas, dedicadas a la rehabilitación de personas con discapacidad. 
  • Sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno sobre los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones del Estado Mexicano en la implementación de la CDPD, que redunden en el desarrollo de políticas, programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad bajo una perspectiva de derechos humanos.  
  •  Generar, ante su inexistencia, diagnósticos y estrategias para la implementación de la accesibilidad integral que contemple entornos, transportes y sistemas de la información y comunicaciones. 
  • Generar bases de datos sobre personas con discapacidad institucionalizadas en albergues, orfanatos, casas hogar, centros de salud mental, centros de reclusión, entre otros, que permitan identificar la necesidad de implementar alguna política pública focalizada. 
  • Revertir la persistencia del enfoque médico rehabilitador en la estructuración e implementación de la política pública de salud dirigida a la población con discapacidad. 
  • Desarrollar políticas, acciones y programas para atender las necesidades de las personas con discapacidad de comunidades rurales e indígenas. 
  • Desarrollar campañas de sensibilización hacia la población en general sobre los derechos de las personas con discapacidad, periódicas y de alcance nacional. 
  •  Diseñar esquemas igualitarios de participación política y pública para las personas con discapacidad.
 Cabe destacar que es de vital importancia construir políticas públicas transversales, que cuenten con la participación de todos los actores en la materia (autoridades, personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan) y fortalecer los mecanismos estatales de aplicación y supervisión de la CDPD.
 
Asimismo, es imperante atender y dar cumplimiento, a la brevedad, a las recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la realización de acciones encaminadas a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.

Indispensables para 2019
 
  • Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 estrategias dirigidas a atender las necesidades de las personas con discapacidad con un enfoque transversal de derechos humanos. 
  • Prever que el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, adoptado para el periodo 2019-2024, responda a las necesidades del colectivo y atienda las recomendaciones del Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 
  • Fortalecer las acciones de coordinación intersectorial e interinstitucional en los tres órdenes de gobierno que conduzcan a una implementación eficaz de la CDPD. 
  • Fortalecer la armonización legislativa para subsanar las deficiencias detectadas por esta Comisión Nacional, que se encuentran disponibles en la Plataforma a la que se puede acceder a través de la siguiente dirección electrónica: http://armonizacion.cndh.org.mx/ 
  • Incluir a las personas con discapacidad, tanto en la elaboración como en el levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 tomando en consideración la metodología establecida en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud y en las Recomendaciones del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad. 
  • Desarrollar indicadores de implementación de la CDPD susceptibles de seguimiento a largo plazo que permitan medir su grado de cumplimiento y el desarrollo de informes al respecto. 
  • Atender las recomendaciones en materia de discapacidad del Marco de Sendai sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias y las previstas en la Nueva Agenda Urbana respecto al desarrollo urbano accesible. 
  • Desarrollar una estrategia nacional de accesibilidad que abarque entorno construido, transporte, sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, de manera transversal. 
  • Implementar mecanismos eficaces de consulta a personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, en los procesos de toma de decisiones que les afecten. 
  • Establecer estrategias para la puesta en marcha del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La CNDH en materia de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

El 8 de marzo de 2011, en la sesión ordinaria número 227, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que este Organismo se haría cargo de las tareas de promoción, protección y supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), creando así la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad.

Posteriormente, el 17 de junio de 2016, este Organismo Nacional celebró un Convenio General de Colaboración con los 32 organismos públicos de derechos humanos (OPDH) de las entidades federativas del país, con el objeto de crear e instrumentar el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención y mediante el cual, las partes se obligaron a implementar las acciones correspondientes a fin de promover, difundir, proteger y supervisar los derechos humanos de las personas con discapacidad y ejercer así las facultades para ejecutar el Mecanismo de Monitoreo referido.
 
En abril del 2017, en el marco del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, los 33 OPDH eligieron a los miembros de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, con el objetivo de contribuir al análisis y evaluación del avance de la implementación de la CDPD.
 
En junio del mismo año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que implicaron la adición de los artículos 61 Bis, 61 Ter, 61 Quáter y 61 Quinquies, relativos a la estructura y funcionamiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
En observancia al numeral 3 del artículo 33 de la CDPD, el 21 de agosto de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para elegir a los miembros de la sociedad civil y de la academia que integrarían el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente.
 
Es importante señalar que desde su creación en marzo de 2011 el programa de atención a los derechos de las personas con discapacidad de esta Comisión Nacional realiza actividades de toma de conciencia dirigidas a personas servidoras públicas, organizaciones sociales, personas con discapacidad y sus familias; elabora y distribuye materiales de divulgación sobre los derechos de las personas con discapacidad en formatos accesibles; proporciona asesoría jurídica; elabora informes y diagnósticos del estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en el país y lleva a cabo tareas de supervisión de la aplicación de la CDPD.
 
Cabe resaltar que este Organismo Nacional coadyuva permanentemente en los trabajos de seguimiento y acompañamiento para la implementación de los Mecanismos de Monitoreo Independientes Estatales de la CDPD en cada uno de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las entidades federativas.

Fortalecimiento del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

En seguimiento a los compromisos asumidos en 2016 con la firma del Convenio General de Colaboración celebrado entre esta CNDH y los 32 organismos públicos de derechos humanos, se continuaron las acciones para la conformación y fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD.
 
Al respecto, durante el periodo que se reporta, se realizaron reuniones de trabajo para promover la instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la CDPD en Aguascalientes, Chiapas, Sonora y Tamaulipas, teniendo como resultado la instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo en Chiapas, Nayarit y Nuevo León y la instalación del Comité Técnico de Consulta en Baja California Sur y Chiapas.
 
Asimismo, con la finalidad de dar continuidad a la promoción, protección y supervisión de los derechos humanos de las personas con discapacidad a nivel estatal, se participó en diversas sesiones de trabajo de los Mecanismos de Monitoreo en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo.
 
Por otra parte, en el mes de febrero de 2018, en el marco de la Primera Sesión de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, se aprobó la lista definitiva de los cinco expertos en materia de discapacidad que integran el Comité Técnico de Consulta del mencionado mecanismo. Como resultado de la Convocatoria de 2017 y a elección de la sociedad civil se eligieron a los 10 representantes de organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad que también componen el Comité Técnico de Consulta Nacional.
 
Las personas que integran el Comité Técnico de Consulta Nacional rindieron protesta como integrantes del mismo durante el Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la CDPD, realizado en la Ciudad de México del 10 al 12 de julio pasado. La toma de protesta fue realizada por el Presidente de esta Comisión Nacional, contando con la presencia de las y los titulares de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de un miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y de un integrante del Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional.
 
El 10 de julio, durante el Encuentro aludido, se celebró la Segunda Sesión de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD en la que se presentó una propuesta y avances del Plan Anual de Trabajo 2019 para el Marco de Mecanismos de Monitoreo, en cuyo seguimiento y en observancia a lo dispuesto en el artículo 61 Quáter del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han llevado  a cabo dos sesiones virtuales con los miembros del Comité Técnico de Consulta Nacional, en las cuales, además del Plan Anual de Trabajo para el año 2019, se trataron asuntos generales relacionados con la integración, formas de trabajo y participación de cada uno de los miembros del Comité.
 
Aunado a lo anterior, esta Comisión Nacional dio inicio a la impartición en los estados de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, San Luis Potosí y Quintana Roo, del “Taller de Planificación Estratégica”, dirigido a los integrantes de los mecanismos estatales, a través del cual se busca fortalecer y desarrollar capacidades para la implementación de su Plan de Acción. Con dicho taller se busca que los Mecanismos de Monitoreo identifiquen sus responsabilidades, así como que conozcan y apliquen en el desarrollo del plan de acción diversas herramientas de planificación estratégica.

Promoción de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad a menudo enfrentan distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que obstaculizan el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil, entre otros. Lo anterior, con frecuencia se debe al desconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como a la visión basada en prejuicios y estereotipos hacia ese colectivo. Por ello, la CNDH promueve el empoderamiento de las personas con discapacidad, así como de sus familias y de las organizaciones que las representan, con el objetivo de que conozcan y utilicen los medios y mecanismos adecuados para exigir sus derechos humanos.
 
En ese sentido, la CNDH durante el año que se reporta realizó 242 actividades de promoción, en las cuales se logró impactar a 19,223 personas, entre las que se encuentran: personas con discapacidad y sus familias, integrantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidoras y servidores públicos, representantes del sector académico, estudiantes y público en general. Dichas actividades se realizaron en diversas entidades federativas del país tales como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
 
En la promoción de los derechos de las personas con discapacidad destacan las siguientes actividades:
 
  • Impartición del taller “Cultura de la Queja en Materia de Discapacidad”, realizado el 31 de enero a invitación de Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos, A.C., el cual tuvo por objeto difundir las atribuciones y competencias institucionales para ejercer mecanismos de defensa de manera apropiada que permitan fortalecer la cultura de la queja en la ciudadanía. 
  • Impartición de la conferencia “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, realizada el 15 de febrero a invitación de la Procuraduría General de la República, la cual estuvo dirigida a servidoras y servidores públicos con el propósito de ofrecer un panorama sobre los derechos humanos y los modelos de atención de personas con discapacidad para hacer conciencia sobre las estrategias necesarias para garantizar su inclusión plena.  
  • El 7 de marzo, a invitación del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad de Zacatecas, se impartió a la sociedad civil y público en general, la conferencia “Tecnologías para la Inclusión”, con el objeto de promover el uso de las tecnologías de la información en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad. 
  • El 17 de abril, a invitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, se impartió a servidoras y servidores públicos, el taller “Trato Adecuado Hacia las Personas con Discapacidad”, con el objeto de ofrecer herramientas para la ejecución de actitudes positivas y de trato apropiado al momento de atender o interactuar con las personas con discapacidad. 
  • Del 11 al 13 de mayo, a invitación de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, se participó como coorganizador del “2do. Congreso de la Educación Especial a la Educación Inclusiva”, con el objeto de ofrecer y promover espacios de formación continua, que permitan el desarrollo de competencias docentes e intercambio de experiencias para enfrentar los problemas del contexto educativo, avanzando hacia la construcción de una educación inclusiva. 
  • El 24 de mayo, a invitación de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., se impartió a la sociedad civil y público en general, la conferencia “El Tratado de Marrakech como un Instrumento de Accesibilidad a la Información de Personas con Discapacidad: Desafíos para su Implementación”, con el objeto de difundir las obligaciones derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Marrakech en México, con el propósito de establecer puntos de acuerdo que regulen la generación de formatos accesibles y mecanismos de salvaguarda de información dirigida a personas con discapacidad. 
  • El 30 de mayo, se organizó la mesa redonda “Mesa 1. Accesibilidad en el Transporte”, con el objeto de analizar la normatividad vigente y los programas y acciones en materia de accesibilidad al transporte, implementadas en las distintas dependencias de la administración pública federal, con el objeto de obtener insumos para la elaboración de un informe especial en esa materia. 
  • Del 26 al 28 de junio, a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se impartió el curso-taller “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, con el objeto de ofrecer un panorama sobre los derechos humanos y los modelos de atención dirigidos hacia las personas con discapacidad, para hacer conciencia sobre las estrategias necesarias para garantizar su inclusión plena. 
  • Del 10 al 12 de julio, se organizó el “Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con el objeto de presentar el Marco de Mecanismos, su composición y plan de trabajo, a fin de introducir, de manera transversal, la perspectiva de derechos humanos en la atención a las personas con discapacidad y homologar criterios para la promoción, protección y supervisión del cumplimiento de la CDPD. 
  • El 23 y 24 de agosto, de manera conjunta con la Organización Mundial de Turismo, se organizó la “Segunda Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible”, con el objetivo de identificar las medidas necesarias para garantizar la oferta de actividades turísticas y accesibles para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. 
  • El 21 de septiembre, se organizó el Foro “No Dejemos a Nadie Atrás, Atención a Personas con Discapacidad en Situación de Emergencia”, con el objetivo de difundir buenas prácticas internacionales y nacionales, así como el papel de las TIC´s accesibles en el desarrollo de políticas inclusivas en materia de prevención y atención de emergencias. En el marco de dicho foro se presentó la Guía con Recomendaciones para Considerar a las Personas con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil, elaborada por esta Comisión Nacional.
  • Durante el mes de octubre, con el objetivo de fortalecer y desarrollar capacidades para implementar el Plan de Acción del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la CDPD, se impartieron tres talleres sobre “Planificación Estratégica en Materia de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, dirigidos a miembros de los Comités Técnicos de Consulta de los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la CDPD de Baja California Sur y Quintana Roo. 
  • El 27 y 28 de noviembre, de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se celebró el “Foro para la Aplicación de la Educación Inclusiva en la Práctica Docente”, con el objetivo de capacitar a docentes en materia de inclusión educativa, desde una perspectiva de derechos humanos, a través de la impartición de 16 talleres especializados en diversas deficiencias y enfocados en la práctica docente en el aula. 
  • El 4 de diciembre, se presentó el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las entidades federativas del país, con el objeto de exteriorizar ante diversas autoridades, personas con discapacidad, organizaciones de y para personas con discapacidad, así como público en general, los resultados obtenidos del diagnóstico realizado por esta Comisión Nacional sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas.

Visitas in Situ en materia de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Entre las observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas al Estado mexicano en 2014, destaca la relativa a la persistencia del modelo de educación especial, la falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad y la inaccesibilidad de los centros educativos y de materiales didácticos, incluidos los libros de texto.
 
Con el objeto de verificar los esfuerzos realizados para atender dichas observaciones, durante el periodo que se reporta, esta Comisión Nacional llevó a cabo 15 visitas in situ a planteles educativos de nivel básico y medio en diversos municipios de los Estados de Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
 
Dichas visitas tuvieron como objeto identificar las problemáticas que pudieran traducirse en vulneraciones al derecho a la educación de las personas con discapacidad y representan insumos que permiten fortalecer los estudios realizados por este Organismo Nacional en el marco de sus tareas de supervisión de la aplicación de la CDPD.

Estudios e Investigaciones sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las entidades federativas del país

Durante el 2016 se enviaron solicitudes de información a los 32 titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a manera de cuestionarios divididos en ejes temáticos que atienden a los principios y derechos previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
A partir de las respuestas recibidas de 28 entidades federativas (en razón de que Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit fueron omisas), durante el periodo que se informa, se concluyó la elaboración del informe iniciado en 2017 que permite visibilizar y confirma que las entidades federativas tienen un rezago importante en el cumplimiento y aplicación de la CDPD.  El informe en comento, se refiere al estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en las entidades federativas y con él se busca evidenciar la problemática existente a nivel local en el ejercicio pleno de los derechos humanos de ese sector poblacional.

El análisis se realiza a partir de las 25 disposiciones jurídicas contenidas en la CDPD y contempla 25 conclusiones de las que se advierten áreas de oportunidad para que cada entidad federativa realice acciones específicas en concordancia con la Convención. Adicionalmente, el Informe Especial plantea 8 propuestas a las legislaturas estatales, 11 propuestas a los gobiernos estatales, 2 propuestas a los poderes judiciales locales y 14 propuestas a los poderes de la unión estatales.
 
Dicho informe revela, preocupantemente, la existencia de términos peyorativos en las legislaciones locales y en los oficios de respuesta enviados a este Organismo Nacional que denotan desconocimiento de la CDPD, falta de sensibilidad y necesidad de capacitación a las personas servidoras públicas; falta de coordinación interinstitucional, intersectorial y de liderazgo de los institutos de inclusión  de personas con discapacidad, por mencionar algunas.

El Informe Especial no pretende en modo alguno, desacreditar a las instancias o instituciones de las entidades federativas, mucho menos a instituciones privadas vinculadas con la atención de personas con discapacidad, por el contrario, debe ser visto como un instrumento para lograr su fortalecimiento, desde un enfoque que priorice la dignidad de las personas con discapacidad.
 
En ese sentido, el Informe busca impulsar el establecimiento de criterios que permitan tener certeza sobre la erogación de recursos públicos en todos los ámbitos de la atención de las personas con discapacidad, así como coadyuvar en la generación de indicadores que midan el impacto de programas, acciones y asignaciones presupuestales en beneficio de este colectivo.


Estudio sobre la implementación de la Accesibilidad en la Administración Pública Federal y en los Organismos Constitucionales Autónomos
 
Durante el periodo que se reporta se inició un estudio en el que se analiza la situación de la accesibilidad para las personas con discapacidad, con el objeto de conocer el grado de avance en la gestión de la implementación de la accesibilidad en el entorno físico, el transporte, los sistemas y tecnologías de la información y en las comunicaciones, en la Administración Pública Federal y en los Organismos Constitucionales Autónomos, a fin de identificar los avances y las deficiencias normativas al respecto, coadyuvar en la delimitación de competencias  e impulsar la adopción de una estrategia nacional de largo plazo en la materia.
 
Lo anterior, con la finalidad de generar una herramienta de consulta, tanto para la sociedad en general como para las autoridades competentes, y así promover que éstas realicen las acciones pertinentes que permitan solventar los aspectos no atendidos de la accesibilidad en todos sus ámbitos.
 
Cabe destacar que como parte de los insumos para la elaboración del estudio en cita, se llevó a cabo un mapeo de las instituciones competentes en algún ámbito de la accesibilidad, así como 5 mesas de trabajo en materia de accesibilidad que permitieron identificar, como elementos adicionales, otras normas aplicables y otros programas y acciones en materia de accesibilidad al entorno construido, al transporte público y a las tecnologías de la información y comunicaciones que han implementado distintas dependencias de la Administración Pública Federal.

Informe Alterno a los Informes periódicos Segundo y Tercero Combinados de México al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
 
En observancia al mandato del numeral 2 del artículo 33 de la CDPD, este Organismo Nacional presentó al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas un Informe Alterno que, desde la visión de la CNDH como Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, muestra el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en México, centrándose en seis ejes, a saber: 1) Igualdad y No Discriminación, 2) Igual Reconocimiento como Persona ante la Ley,  3) Accesibilidad,  4) Salud,  5) Educación Inclusiva, y 6) Inclusión Laboral.
 
En el informe también se abordó el proceso de avance en la consolidación del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la CDPD, se expusieron los retos en la instauración de los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la Convención y se presentaron propuestas para que el Estado mexicano aplique adecuadamente la CDPD.
 
Informe para la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI) en materia de Discapacidad
 
En el mes de febrero del año que se reporta, esta Comisión Nacional presentó, en el marco de la 31° Reunión Anual de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI) celebrada en Ginebra, Suiza, un informe sobre el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad, a través del papel de las instituciones nacionales de derechos humanos. Lo anterior, dando respuesta a diversos cuestionamientos realizados por la mencionada Alianza a este Organismo Nacional.

Aunado a ello y en virtud de que dicho encuentro tuvo como tema central los derechos de las personas con discapacidad, se compartieron buenas prácticas con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_041.pdf)  
 

Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

A fin de fortalecer la vinculación interinstitucional, se llevaron a cabo 69 reuniones de trabajo tanto con organizaciones de la sociedad civil como con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para la realización de eventos de promoción, formalización de acuerdos, suscripción de convenios de colaboración y difusión de una perspectiva positiva de las personas con discapacidad, en diversas entidades federativas del país.
 
Cabe destacar la participación de este Organismo Nacional como integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; como institución asesora en los Grupos de Trabajo “Prevención de la Discriminación, Sensibilización, Capacitación y Difusión (PreDiSenCaDi)” y “Legislación” del Comité para el Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social;  como miembro del Comité Dictaminador para la obtención del Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo” y como integrante del Comité Coordinador del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Divulgación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

 
A fin de coadyuvar en la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, la CNDH elaboró y distribuyó diversos materiales de divulgación (trípticos, libros, cartillas, folletos, y cuadernos en fácil lectura y en Braille) a diversos organismos públicos de protección de los derechos humanos; dependencias de la administración pública de los tres ámbitos de gobierno, entre los que destacan los sistemas para el desarrollo integral de la familia y los institutos locales de inclusión de las personas con discapacidad; universidades y organizaciones de y para personas con discapacidad. En el periodo que se informa se distribuyeron 39,226 ejemplares tanto en tinta, como en formatos accesibles (fácil lectura y sistema Braille). Se elaboraron, revisaron y actualizaron 16 materiales de divulgación, entre los que destaca la Guía con Recomendaciones para Considerar a las Personas con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil. 
 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Adicionalmente, esta Comisión Nacional, en el periodo que se reporta recibió 318 escritos de queja presentados por personas con discapacidad, de los cuales 209 se encuentran concluidos (99 durante el trámite respectivo, 74 por orientación, 34 por no existir materia y dos por acumulación) y 109 están en trámite. En los escritos de queja aludidos destacan, principalmente, tres derechos vulnerados: protección de la salud, educación y seguridad jurídica, siendo las tres principales autoridades señaladas como presuntas responsables el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
 

Asesorías y Orientaciones en materia de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

En el marco de las acciones de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se proporcionaron orientaciones y asesorías jurídicas de manera personal, telefónica y electrónica, respecto a diversas problemáticas o situaciones que conllevan a la vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad para, en su caso, su posterior canalización al Área de Quejas o remisión a las instancias correspondientes. De esta manera, durante el 2018 se atendieron 120 orientaciones y 219 asesorías jurídicas que fueron canalizadas a las instituciones pertinentes.

Recomendaciones emitidas en materia de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

En materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, durante 2018, se emitieron las siguientes recomendaciones:
 
  • Recomendación No. 2/2018, de fecha 9 de febrero, dirigida al Secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de personas en condición de discapacidad, por la falta de accesibilidad y movilidad en el transporte público de pasajeros, debido a la falta de descuentos en las tarifas.
  • Recomendación No. 58/2018, de fecha 14 de noviembre, dirigida al Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, sobre el caso de violaciones a los derechos a la protección de la salud en agravio de una mujer embarazada y su hija recién nacida, al interés superior de la niñez y a la integridad personal de la menor de edad -en razón de la generación de una deficiencia-, así como a una vida libre de violencia obstétrica de la madre, en el Instituto Nacional de Perinatología, en la Ciudad de México.

Análisis y Evaluación de la Armonización Legislativa en materia de Discapacidad

En observancia a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 33 de la CDPD, así como a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, y en virtud de que la armonización legislativa es una tarea aún pendiente para el Estado mexicano, este Organismo Nacional, en coordinación con los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la aludida Convención, ha realizado un ejercicio de análisis y evaluación de la armonización legislativa, a partir de la aplicación de una metodología que implica el contraste del contenido de la ley a analizar con las 25 disposiciones jurídicas contenidas en la CDPD que muestra los resultados obtenidos a través de un semáforo de alerta en el que los criterios de calificación de acuerdo al grado de armonización observado son: rojo = 0 - 59 %, amarillo 60 - 79 % y verde 80 - 100%.
 
En el marco de dicho ejercicio, durante el periodo que se reporta, se realizó el análisis y evaluación de avance de la armonización de 134 leyes en materia de salud, igualdad de género, protección civil y asistencia social, cuyo resultado evidencia un notable rezago legislativo tanto a nivel local como federal, pues la totalidad de las entidades federativas obtuvieron un porcentaje de avance en la armonización menor al 60%.

El análisis en comento implicó la elaboración de dos documentos, a saber, un informe cuantitativo y un informe cualitativo de cada legislación local y de la federal:
 
  1. Informe Cuantitativo, en el que se señalan los artículos de las leyes analizadas que contemplan la regulación del derecho en estudio y el porcentaje de armonización con las disposiciones jurídicas establecidas en la CDPD, atendiendo a “la Metodología para la Armonización Normativa de los Derechos Humanos”, la cual, se puede consultar en el siguiente enlace: http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Metodologia
  2. Informe Cualitativo, en el que se plasman por cada ley analizada los comentarios y propuestas generales de adición o modificación de las disposiciones jurídicas, derivados del documento cuantitativo, a fin de impulsar su armonización con la CDPD.

Por otro lado, se concluyó el ejercicio de análisis y evaluación de avance de la armonización de las leyes materia de los cuatro documentos denominados    “Derecho a una Vida Digna y a la Seguridad Social de las Personas con Discapacidad”, “Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad”, “Accesibilidad para las Personas con Discapacidad” y “Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad”, cuya elaboración se inició en 2017.
 
Con dichos documentos, este Organismo Nacional busca crear herramientas que permitan visibilizar áreas de oportunidad para fortalecer el marco jurídico protector de los derechos de las personas con discapacidad y detonar su materialización.

Estudios como resultado de la Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Estudio sobre el Marco de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas con Discapacidad en México
 
Durante el periodo que se reporta se continuó con la revisión del Estudio sobre el Marco de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas con Discapacidad en México, elaborado a partir del análisis del marco jurídico federal protector de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de las personas indígenas, así como de los programas y acciones del gobierno federal encaminados a la protección de quienes presentan esa doble condición de vulnerabilidad, que se complementó con las observaciones obtenidas a través de entrevistas y visitas in situ realizadas durante el 2016 por personal de este Organismo Nacional a comunidades indígenas del norte, centro y sur del país.
 
El estudio permite advertir la debilidad del marco normativo; la necesidad del desarrollo de planes y programas específicos, adecuados a las características culturales de cada comunidad indígena del país, que permitan la atención de sus habitantes con discapacidad y; el rezago del Estado mexicano en la aplicación de la CDPD y específicamente en la observancia de las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.
 
Estudio sobre la Educación Inclusiva en México
 
Con el objeto de conocer el estado actual de la educación inclusiva en México, durante 2018 se continuaron los trabajos de recopilación de insumos para la elaboración de un estudio que permita identificar los avances y retos en la materia.
 
En ese sentido, se solicitó información estadística a las Secretarías de Educación de las 32 entidades federativas del país (de las cuales sólo 24 enviaron respuesta) sobre los modelos educativos vigentes, a saber: educación regular, educación especial y educación inclusiva. Aunado a ello, durante los años 2017 y 2018 se llevaron a cabo visitas a diversos planteles educativos de nivel básico y medio de algunos municipios de los estados que cuentan con escuelas piloto de educación inclusiva.
 
Con la misma finalidad, en noviembre de 2018 se realizó un Foro para la Aplicación de la Educación Inclusiva en la Práctica Docente en el que se buscó tener acercamientos con personal docente del estado de Nuevo León, considerado por especialistas en educación inclusiva como la entidad federativa que presenta mayores avances en el tema.
 
Informe sobre el Marco de Mecanismos de Monitoreo de la CDPD.
 
A fin de difundir los avances sobre el fortalecimiento del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la CDPD se trabaja en la elaboración de un informe que documente las acciones que este Organismo Nacional ha llevado a cabo en colaboración con los organismos públicos de derechos humanos locales hacia la consolidación del Marco aludido.
 
Entre dichas acciones, cabe destacar la concertación de diversas reuniones de trabajo realizadas con los ombudspersons locales con el objeto de homologar criterios para la promoción, protección y supervisión de la CDPD, así como la capacitación a personas servidoras públicas de los mecanismos estatales de monitoreo y a integrantes de organizaciones de y para personas con discapacidad.
 
El informe incluirá, además, la relatoría del Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la CDPD, llevado a cabo en el mes de julio, en el que participaron 28 de los 32 organismos públicos de derechos humanos locales, se refrendaron los compromisos asumidos en 2016 con la firma del Convenio General de Colaboración y se compartieron las buenas prácticas en el proceso de instalación y gestión de cada mecanismo de monitoreo estatal que, en su conjunto, constituye uno de los Marcos de Mecanismos de Monitoreo de la CDPD más ambiciosos en el mundo.
 
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