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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Contra la Trata de Personas

Análisis Situacional de los Derechos Humanos en Materia de Trata de Personas

A pesar de los múltiples esfuerzos que las naciones han realizado a partir de la adopción del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (Protocolo de Palermo en adelante) las cifras dadas a conocer a nivel mundial señalan que no existe aún una clara evidencia de que este delito haya disminuido y de que las víctimas hayan recibido por parte de las autoridades, la atención y reparación de daño correspondiente, sin vivir procesos de revictimización durante las investigaciones.
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reporta en su informe bianual de 2016 que, basándose en las 17,752 víctimas detectadas en 85 países en el 2014, el 71% de son niñas y mujeres. En términos regionales, el Informe señala para Norteamérica (México, Estados Unidos de América y Canadá) que las mujeres y hombres mayores de dieciocho años de edad representan el 81% de las víctimas y las niñas, niños y adolescentes, el 19% del total regional; del total de víctimas identificadas, el 55% se encontraba en trata con fines de explotación sexual, 39% en trabajos o servicios forzados y el 6% en otros tipos. Asimismo, se señala que las niñas y las mujeres son tratadas con fines de explotación mixtos, lo que significa que la misma víctima, lo es tanto de la explotación sexual como de los trabajos o servicios forzados. En los trabajos o servicios forzados para esta región, niñas y mujeres ocupan el 50% de las víctimas, y niños y hombres el 50% restante.
 
La trata de personas sigue constituyendo para los gobiernos un gran reto, toda vez que su erradicación conlleva la necesidad de atender cada una de las formas en las que se vulneran los derechos humanos a lo largo de ciclo que implica la comercialización humana, así como una clara conciencia por parte de las autoridades en relación a las obligaciones que tienen en virtud de los tratados internacionales ratificados por el país y la legislación nacional correspondiente.

En 2018, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en relación con el Noveno Informe Periódico presentado por México, otorgó al Estado mexicano un plazo de dos años para presentar un informe preliminar para frenar la violencia y discriminación contra las mujeres, siendo la trata de personas y la explotación de la prostitución aspectos que serán evaluados, ya que el citado Comité externó su preocupación por la falta de estrategia contundente y el uso limitado de bases de datos con información desagregada acerca de las víctimas de trata, así como del delito con fines no relacionados a la explotación sexual. Asimismo, los bajos índices de procesos y sentencias, la revictimización de mujeres y niñas, de las cuales, en algunos casos se señala han sido criminalizadas en vez de recibir apoyo.
  
El Informe sobre Trata de Personas 2018 o Trafficking in Persons Report (TIP Report) elaborado anualmente por Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Estado, señaló que en el Hemisferio Occidental (al cual pertenece México) hay un total de 10,011 víctimas identificadas en 2017. Este informe estableció que México es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, de trabajo forzado, concretamente: “hombres, mujeres y niños mexicanos son explotados en el trabajo forzoso en la agricultura, la servidumbre doméstica, los trabajos de cuidado, la manufactura, la minería, el procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad forzada y venta ambulante en México y en los Estados Unidos. Las personas jornaleras y sus hijos e hijas son particularmente vulnerables y son las víctimas principales del trabajo forzado e infantil en el sector de la agricultura en México, migrando de los estados más pobres a las regiones agrícolas para cosechar vegetales, café, azúcar y tabaco, recibiendo poca o ninguna paga, asistencia médica, o tiempo libre, y, en el caso de las niñas y niños, siendo negada su educación”.
 
El índice Global sobre Esclavitud señala que los negocios y gobiernos de los países del G20 están importando productos realizados en riesgo de trata de personas con casi ningún esfuerzo implementado para regular las condiciones laborales involucradas en su producción. De manera conjunta importan 354 billones de dólares (miles de millones) de bienes en riesgo. México forma parte de los 12 países de este grupo que no ha tomado acción alguna para frenar el suministro de este tipo de bienes y servicios. En 2017 líderes del Grupo se comprometieron a fomentar la debida diligencia de los derechos humanos en las operaciones corporativas y en las cadenas de suministro en línea con estándares reconocidos internacionalmente como los principios rectores sobre las empresas los derechos humanos de la ONU.
 
En 2018, se publicó por parte de este Organismo Nacional el  “Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas” que presenta un panorama nacional sobre las acciones que las dependencias encargadas de la observancia y aplicación de las disposiciones en materia laboral realizaron de 2012 a 2015, para prevenir la trata de personas y detectar posibles víctimas en los campos agrícolas que emplean a jornaleras y jornaleros. En él se destacan que si bien existen algunas buenas prácticas de las Autoridades del Trabajo,  éstas son aisladas y de su lectura no se percibe que deriven de una política pública en la materia.  Señala también que, aun cuando la prevención de la trata de personas y la atención a sus víctimas son compromisos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y su obligatoriedad ha sido reproducida en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como en las legislaciones estatales, la intervención de las Autoridades del Trabajo en estos rubros es aún limitada.
 
La información obtenida en el estudio referido permite concluir que, a pesar de la relevancia de la Autoridades del Trabajo en la prevención y detección de posibles casos de trata de personas en los campos agrícolas, su intervención fue nula en la mayoría de los casos, ya que si bien casi el 50% señala a las inspecciones como su mecanismos de detección, al no contar con protocolos y servidoras y  servidores públicos capacitados, la información que se reporta a esta Comisión Nacional no puede considerarse como buena práctica. 
 
Denotan también las respuestas otorgadas para este Estudio, que las Autoridades del Trabajo circunscriben sus acciones a sus normas administrativas y programas operativos, sin tomar en consideración que sus obligaciones comprenden la observancia de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se evidencia que, existe además un desconocimiento de algunas Autoridades del Trabajo respecto a sus obligaciones y atribuciones en materia laboral, una limitada atención a los campos agrícolas, a la población jornalera, así como un conocimiento escaso sobre la trata de personas y, por tanto, con algunas pocas excepciones, una orientación a sus labores para la atención multidimensional de esta temática. 
 
Durante 2018, este Organismo Nacional a partir de las recomendaciones emitidas en la materia, ha solicitado acciones a diversas autoridades para garantizar el derecho a no ser sometido a trata de personas en concordancia con los últimos criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, hizo un llamado al Gobierno de México para que ratifique el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 y a cumplir con las recomendaciones realizadas por Comité de Expertas de CEDAW en materia de trata de personas.

Entre los retos que el Gobierno de México tiene para 2019, y que ya han sido señalados con anterioridad por este Organismo Nacional en informes pasados, subsiste la urgente necesidad de construir bases de datos y criterios homologados para sistematizar la información en torno a los datos sobre la persecución e impartición de justicia; garantizar la constitución de los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; garantizar que la representación y participación de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial, asegure una intervención integral al combate de la trata de personas, bajo una definición y planeación institucional y con la participación de actores clave; establecer mecanismos eficaces de vinculación y coordinación interinstitucional que se oriente a la planeación e instrumentación de una Política de Estado, y; concretar el Sistema Nacional de Información sobre Víctimas de Trata de Personas (SINTRA), que comenzó a trabajarse desde el año 2014.

El Programa contra la Trata de Personas ha buscado fortalecer y diversificar la implementación de estrategias logrando acercar a la CNDH más a las víctimas, a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, así como a las comunidades en riesgo; haciendo llegar información preventiva clara, oportuna y accesible a los diversos sectores de la sociedad; así como la ejecución de proyectos específicos que sumen al fortalecimiento de la atención a las víctimas de trata de personas. Se han identificado importantes retos para el año 2019 en la materia, principalmente la creación de políticas públicas dirigidas a la protección de la población jornalera y la prevención de la trata en este sector; impulsar la difusión de los contenidos de los estudios, informes y diagnósticos que serán publicados por este Organismo Nacional con la finalidad de visibilizar la situación actual y generar acciones que fortalezcan la protección y atención a las víctimas de este delito; seguir fortaleciendo las acciones dirigidas a proteger los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente en lo relativo a la garantía de reparación del daño; y verificar que el Programa Nacional contra la Trata de Personas de la administración federal entrante cuente con los elementos necesarios para consolidar una política pública basada en una visión de derechos humanos, que además, cuente con indicadores de cumplimiento claros y mecanismos de evaluación.

 

Objetivos del Programa contra la Trata de Personas

El objetivo del Programa contra la Trata de Personas es ser una instancia proactiva y especializada que aporte al combate y prevención de la trata de personas, así como a las acciones dirigidas a garantizar la atención integral a las víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos. Para ello, procura focalizar varios de los esfuerzos institucionales en  la elaboración y publicación de herramientas técnicas y prácticas, así como acciones de coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de identificación de víctimas, prevención universal (dirigida a toda la población para prevenir la trata de personas y promover comunidades libres de violencia), selectiva (focalizada a grupos que registran un mayor riesgo de convertirse en víctimas o tratantes/explotadores) e indicada (evitar la victimización secundaria), así como del fortalecimiento de estrategias dirigidas a garantizar la restitución de los derechos humanos de las víctimas.

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, se impulsa una estrategia basada en tres ejes de acción. El jurídico, a través del cual se da difusión a los instrumentos normativos nacionales e internacionales sobre trata de personas y derechos humanos, a fin de promover su cabal cumplimiento. Además, se impulsa la adopción de un marco jurídico nacional homogéneo, armonizado con los tratados internacionales, así como la implementación de leyes especializadas en la materia en cada entidad federativa. Por medio del eje institucional se fomenta la coordinación con los tres órdenes de gobierno para sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, así como coadyuvar con las autoridades, promover y observar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de prevención, persecución y sanción del delito, para una eficiente protección y asistencia de las víctimas del mismo.

Finalmente, con base en el eje social se promueven y coordinan acciones de sensibilización y cooperación en todos los sectores de la sociedad civil, con el fin de lograr una eficaz respuesta social a este problema y evitar la captación de víctimas.
 
El Programa contra la Trata de Personas ha focalizado su estrategia de trabajo en llegar a las poblaciones que requieren mayor información para prevenir la trata de personas y para garantizar que las autoridades correspondientes cumplan con las obligaciones que el marco jurídico nacional e internacional les señala para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de este delito. 

El programa de trabajo tiene un componente preventivo muy importante, entendiendo como prevención, por una parte, la reducción de riesgos, mediante el desarrollo y difusión de información sobre el delito a la población, y por otra, la visibilización, rechazo, denuncia y persecución de las acciones que permiten o constituyen la trata de personas, por medio de acciones dirigidas a las personas que consumen o tienen un disfrute de la explotación, así como a tratantes y explotadores/as. 
 
Bajo este contexto con objetivo de abordar la trata de personas desde los ámbitos jurídico, institucional y social, y de establecer estrategias y acciones para prevenir, erradicar y sancionar este delito, así como proteger y brindar asistencia a las víctimas del mismo, la CNDH creó el Programa contra la Trata de Personas que opera desde octubre de 2007.

Promoción de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

La CNDH a través del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General, ha enfocado las actividades de promoción, a través de las diversas acciones que realiza, para lograr la oportuna detección e identificación de víctimas y/o posibles víctimas de trata de personas, ofreciendo herramientas técnicas y jurídicas principalmente a servidoras y servidores públicos federales, estatales y municipales. Asimismo, durante el 2018, derivado de los últimos criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al derecho a no ser sometido a trata de personas, así como de las Recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional, se capacitó a personas servidoras públicas sobre las implicaciones de este nuevo abordaje de la trata de personas que debe darse en el ámbito de sus competencias. De igual manera, se continuó brindando actividades de promoción bajo la perspectiva de género y en atención a la doctrina de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en garantizar los derechos de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo: las mujeres, personas en contextos de movilidad, comunidades indígenas o LGBTTTI, etcétera.

Es importante destacar que derivado de la Recomendación 15/2018 y la publicación en este 2018 del Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, se dirigieron actividades de promoción para la formación de inspectoras e inspectores del trabajo federales y estatales, del personal de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en general de quienes estén relacionadas con el tema.

Derivado de las diversas estrategias implementadas, durante el 2018 se realizaron 148 acciones de promoción y capacitación, presencial y en línea, a las 32 entidades federativas de la República Mexicana, con las cuales se impactaron a un total de 24,010 personas.
 
Dentro de las actividades de promoción se destaca la realización del Foro: “La Trata de Personas en la modalidad de trabajos forzosos en el campo" dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tanto internacionales como nacionales, el cual tuvo como resultado el análisis de la situación por la que atraviesan las y los jornaleros agrícolas en México y se fomentaron e impulsaron acciones de prevención, combate y atención a este sector, asimismo, se buscó generar acciones encaminadas al cumplimiento de la ley y creación de políticas públicas en un marco de los Derechos Humanos. Se contó con un aforo de 29 personas líderes de las asociaciones civiles en la materia.
 
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el cual se conmemora el 30 de julio de cada año, el Programa contra la Trata de Personas realizó diversas acciones con la finalidad de continuar visibilizando en la sociedad las formas de captación o enganche y sus consecuencias, así como las responsabilidades de las y los servidores públicos en el tema.
  
Aunado a lo anterior, se colaboró con las actividades que se llevaron a cabo desde la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en el Marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, sumándonos a la Feria Cultural-Informativa que se llevó a cabo en la Plaza Santo Domingo en el Centro de la Ciudad de México.
 
Asimismo, se realizaron en el marco de las actividades de promoción, a través de cursos y talleres, las Jornadas de Vinculación: “Detección de posibles víctimas de trata de personas en el ámbito migratorio y la protección de las y los defensores de derechos humanos”, las cuales surgen de la necesidad de visibilizar, asistir y proteger a las víctimas de trata de personas migrantes, reconocer la situación de vulnerabilidad que la migración en contextos inseguros genera y, especialmente, para fortalecer las acciones que actualmente las y los defensores de derechos humanos que atienden a esta población, particularmente casas del migrante, albergues y/o casas de medio camino, se encuentran realizando, con la finalidad de brindarles las herramientas técnicas y jurídicas en la detección de posibles casos de trata de personas y generar las estrategias dirigidas a proteger su propia labor como defensores. Estas Jornadas se realizaron integrando los temas fundamentales de esta Quinta Visitaduría General.
 
Como parte de las acciones preventivas a grupos de atención prioritaria, se realizó la Jornada de Prevención en el Marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas,  en conmemoración del Día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, en coordinación con SEDESOL – INDESOL, y en colaboración con autoridades federales, estatales y municipales así como con organizaciones sociales, con las cuáles se logró brindar información preventiva con contenidos específicos diseñados para un sector especialmente vulnerable como lo son las mujeres, niñas y niños de las comunidades rurales e indígenas. Durante esta jornada, que se realizó en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se impartieron capacitaciones, se instalaron módulos informativos y se realizaron actividades para prevenir, detectar y atender la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, dirigidas a la población, estudiantes, así como servidores públicos de la entidad federativa en las que se realizó. 
 
De igual manera, esta Jornada de Prevención, también se llevó a cabo en el Estado de Chiapas, donde se realizaron actividades para prevenir, detectar y atender la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, dirigidas, en esta ocasión especialmente a niñas y niños de las comunidades rurales e indígenas del municipio de San Cristóbal de las Casas. Cabe destacar la participación de personas intérpretes de lenguas indígenas en cada una de las jornadas, a fin de hacer llegar el mensaje preventivo.

Considerando la importancia de hacer más eficientes los recursos y la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, se realizó  mediante  el sistema de videoconferencias, capacitación a distancia con el objetivo de llegar a un mayor número de servidoras y servidores públicos de diversas instituciones en las 32 entidades federativas. Con ello se logró que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social –inspectoras e inspectores federales y estatales-,  el Instituto Mexicano del Seguro Social –personal del área de afiliación-, así como organizaciones sociales, entre otras; se formaran en el tema, particularmente sobre lo señalado en la Recomendación 15/2018, con la finalidad de explicar los conceptos generales de la trata de personas y sensibilizar sobre la importancia de comprender y distinguir las diversas modalidades que existen, así como proporcionarles herramientas técnicas y jurídicas para detectar víctimas de trata de personas en el ámbito de sus competencias, desde la visión de los derechos humanos con perspectiva de género e infancia.

En seguimiento a las acciones estratégicas de capacitación con Aeroméxico S.A. de C.V. se realizaron actividades de promoción denominadas: “Formación básica para la implementación del Protocolo de Procedimientos para la Detección de Posibles Víctimas de Trata de Personas en la Prestación de Servicios Aéreos”, dirigidos a prestadores de servicios aeroportuarios, con la finalidad de proporcionar a las y los asistentes la información necesaria para prevenir el delito de trata de personas el sector de comunicaciones y transportes; asimismo, a familiares y personal de Aeroméxico y de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), con la cual se sensibilizó sobre la trata de personas desde una perspectiva de los Derechos Humanos con enfoque de infancia y género y se brindó información preventiva a personas menores de 18 años de edad respecto a los riesgos de las redes sociales como medio de captación de niñas, niños y adolescentes para la trata de personas.
 
En el sector salud, se coordinaron diversas acciones con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con la finalidad de sensibilizar a las y los asistentes en la importancia de la atención, asistencia y protección a las víctimas del delito de trata de personas desde el sector salud y la generación de políticas públicas de la protección de su derecho a la salud para el cumplimiento de las obligaciones que establecen las normas internacionales, nacionales y locales existentes en la materia.

Como parte del seguimiento a las Recomendaciones emitidas, particularmente con las relacionadas con el tema de campos agrícolas, así como jornaleras y jornaleros agrícolas, se realizaron diversos cursos, conferencias, video conferencias, etcétera, a personas servidoras públicas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, San Luis Potosí, por mencionar algunos.

Vinculación de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

Para este Organismo Nacional resulta de suma importancia fortalecer los vínculos de trabajo con diversos organismos internacionales, instituciones de los tres niveles de gobierno, Organismos Públicos Autónomos Estatales defensores de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil. A través de la vinculación que se realiza desde el Programa contra la Trata de Personas, se suman aliados en la protección y defensa de los Derechos Humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, contribuyendo a su detección, identificación, atención, asistencia, reinserción y reparación del daño.
 
Durante 2018, se atendieron 191 actividades de vinculación y divulgación, correspondientes a las reuniones de trabajo, acciones de cooperación y asistencia a eventos con diversos actores en la temática de trata de personas, así como eventos organizados desde el Programa contra la Trata de Personas, en los que participaron un total de 11,315 personas.
 
Dentro de las actividades de vinculación más relevantes, se destaca la presencia en el Foro ICAO-OHCHR Combating Trafficking in Persons in Aviation, celebrado en Ginebra, Suiza; durante el Panel de Discusión y Diálogo se dio a conocer el "Protocolo de procedimientos para la detección de posibles víctimas de trata de personas en la prestación de servicios aéreos", el cual fue elaborado por la CNDH y Aeroméxico S.A. de C.V., así como las acciones de capacitación a personal de la aerolínea que se han desarrollado en los últimos años.
 
Es importante destacar la participación de este Organismo Nacional en la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo (CONASETRA) en la cual participaron las autoridades de las 32 entidades federativas, incluido el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se abordaron diversos temas laborales de interés nacional, resaltando como uno de ellos la Trata de Personas en su modalidad de trabajo forzoso y se destacaron los avances en temas relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad desde el análisis de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de jornaleras y jornaleros agrícolas.
 
Se resalta también la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Foro: “Trata Laboral en México: Retos y Realidades” coordinado por Polaris Project y la Organización Internacional para las Migraciones, el cual tuvo por objeto generar un espacio de diálogo, intercambio de ideas y trabajo colaborativo en torno al tema de trata de personas.
 
La colaboración con la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido una actividad de vinculación que ha continuado y se ha fortalecido.Este año se llevó a cabo la Convocatoria conjunta del: 5to Premio Universitario de Tesis sobre Trata de Personas, 3er Concurso de Ensayo “Perspectivas Universitarias sobre Trata de Personas” y al 2do Concurso de Mass Media sobre Trata de Personas.
 
En el marco de impulsar sinergias con otras instancias preocupadas por la prevención, persecución y atención a las víctimas de trata de personas y con la finalidad de atender regiones que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, la CNDH llevó a cabo una serie de acciones conjuntas con diversas instituciones, en especial con la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California y la Fundación Talentos del Milenio Internacional A.C. colaborando en el Congreso de Prevención: "Metamorfosis", en el cual se realizaron 27 acciones de promoción y vinculación dirigidas a estudiantes de nivel básico, medio y medio superior, en donde se buscó sensibilizar y prevenir de los riesgos de las redes sociales como medio de captación de niñas, niños y adolescentes para la trata de personas, aunado a las capacitaciones se instalaron módulos informativos en materia de trata de personas en cada sede en donde se llevaron a cabo los eventos.

Asimismo, con la asociación civil Por el Camino a la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C., dando seguimiento a la implementación del Programa de Promotorías Solidarias para hacer visible en la sociedad la Trata de Personas, el cual se basa en la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas” y está dirigido a prevenir la trata de personas en las escuelas. Durante 2018 se impartieron 13 sesiones vivenciales denominadas “Detrás de los que ves” en escuelas de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Puebla.

Campañas Contra la Trata de Personas

Durante 2018 la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños, ni promesas falsas” se vio fortalecida con acciones de difusión a través de diversas instancias comprometidas en esta labor, entre ellas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Salud Federal y de la Ciudad de México, tribunales superiores de justicia, Organismos Estatales Públicos Autónomos Defensores de los Derechos Humanos, Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, Institutos municipales de las mujeres, Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Comisiones o comités estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, Grupo Aeroméxico, universidades y escuelas de nivel medio y medio superior, Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros.
 
Entre los diferentes eventos en los que se presentó la mencionada Campaña Nacional durante el 2018, se encuentra la Primera Sesión de la Comisión Institucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas del estado de Sonora, así como la Jornada de Sensibilización y Prevención de la Trata de personas en San Quintín, Baja California en conjunto con la Procuraduría General de Justicia de Baja California y el municipio de Ensenada, Baja California.
 
Cabe mencionar que esta campaña nacional contiene mensajes relativos al combate del delito de trata de personas a través de sus causas estructurales, sin imágenes estereotipadas y que informan sobre determinadas formas de trata de personas que no son visibles, lo que permite a la sociedad conocer otra cara de este delito. La Campaña aborda 7 temas primordiales:
 
  1. Prevención de la trata de personas para el comercio sexual en los adolescentes.
  2. Prevención de la trata de personas en los trabajos forzados en el campo (jornaleros agrícolas).
  3. Prevención de la trata de personas en los trabajos forzados del hogar.
  4. Reflexión en torno a la tolerancia social y actitudes que promueven la trata de personas en la sociedad.
  5. Revictimización por parte de las y los servidores públicos ante mitos sobre las víctimas.
  6. Combate a la demanda de pago por relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad.
  7. Reflexión ante el consumo de productos realizados bajo explotación.
 
Aunado a lo anterior, se impulsó una segunda etapa de la campaña nacional a través de la difusión de infografías e infografías animadas en materia de prevención de la trata de personas en las redes sociales, enfocados en las causas estructurales de este delito y con contenidos dirigidos principalmente a niñas, niños y adolescentes como grupo prioritario de atención, con los temas: 1) La trata de niñas y adolescentes con fines de explotación en el trabajo del hogar, 2) La discriminación y la violencia contra las mujeres son algunas de las causas de la trata de personas y 3) Redes sociales seguras vs la trata de personas.
 
De igual manera, considerando la necesidad de prevenir la trata de personas en sectores específicos por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, se elaboraron dos dípticos relacionados con las jornaleras y jornaleros agrícolas y las personas en el trabajo domésticos, mismos que se han distribuido directamente a través de representantes o instancias que les atienden.

Asimismo, para la reducción de riesgos, durante 2018 se continuaron realizando acciones dirigidas a poblaciones específicas, tales como la Campaña de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas, lanzada en 2016 por este Organismo Nacional, con la cual se ha logrado impulsar la comprensión de este delito de trata de personas a través de estrategias de comunicación que impliquen el reconocimiento de las lenguas maternas, facilitando la identificación de las formas en las que los tratantes captan a las personas de las comunidades rurales e indígenas, en especial a las mujeres y niñas, para ser explotadas con fines sexuales y/o en los trabajos o servicios forzados u otras modalidades más.

Divulgación de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

Durante 2018, con ayuda de diversas instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, se realizaron 232 acciones de difusión y se entregaron 276,017 materiales impresos y audiovisuales preventivos en el país, tales como: los “12 Puntos por la Seguridad de las Familias”, el tríptico “Los Derechos de las Víctimas”, compendio de documentos electrónicos en esta materia, materiales audiovisuales para la prevención y capacitación sobre este delito, el DVD con cápsulas y video pedagógico de 21 minutos “Detrás de lo que ves…”; así como todos los materiales que comprenden la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas: “Libertad sin engaños ni promesas falsas” y los de la Campaña de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas, como lo es la difusión de la Radionovela “Tu mentira”, y el Libro de Prevención de la Trata de Personas en lengua indígena en diversos espacios propicios para ello, incluyendo los distribuidos en la Jornada de Prevención en el Marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas, en conmemoración del Día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, en coordinación con SEDESOL–INDESOL, que se realizó en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, así como las realizadas en Chiapas y San Luis Potosí.
 
Cabe destacar que los materiales audiovisuales que componen la Campaña Nacional de Prevención de la trata de personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, fueron enviados a los Comités Interinstitucionales contra la trata de personas de las 32 entidades federativas como parte de las acciones realizadas en conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Además, se les hizo llegar material impreso de la Campaña en comento.

Como parte de las acciones de divulgación y derivado de la buena aceptación de la Radionovela “Tu mentira”, se adecuó el contenido de la misma a un guion teatral, con la finalidad de que sea difundido entre el sector educativo y utilizar esta herramienta creativa para para promoción y defensa de los derechos humanos en materia de trata de personas. 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos Contra la Trata de Personas

En el ejercicio 2018, se radicaron 27 expedientes, de los cuales 12 fueron por queja, 14 por orientación directa en virtud que no se observó competencia de este organismo, sin embargo, se brindó la orientación a la persona reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor/a público/a, a quien corresponda conocer o resolver el asunto; y 1 remisión, mediante la cual se turnó al organismo local respectivo.  

Durante el mismo ejercicio, se concluyeron 5 expedientes por orientación jurídica, 2 por acumulación, 3 sin materia y 3 por Recomendación: la 15/2018, sobre el caso de las violaciones a diversos derechos humanos por actos de trata de personas en agravio de jornaleras y jornaleros indígenas de origen mixteco en condiciones de vulnerabilidad localizados en un ejido del municipio de Colima, Colima; la 14VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán; y la Recomendación 83/2018 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia de v1, v2, v3 y v4, y al interés superior de la niñez en agravio de v1, persona menor de edad desaparecida en Tlaxcala.
 
Los derechos vulnerados y los hechos violatorios en los expedientes de queja que se recibieron en este Programa, fueron:
 
Derechos vulnerados Hechos violatorios
Derecho a la seguridad jurídica  
  • Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones
  • Prestar indebidamente el servicio público
  • Omitir bridar protección y auxilio
  • Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia
  • Omitir proteger la intimidad de las víctimas
  • Integrar la Averiguación Previa de manera regular o deficiente
  • Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento
  • Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguridad a personas
  • Practicar de manera negligente las diligencias
  • Dilación en el procedimiento administrativo
  • Obligar a declarar
  • Omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico, así como su situación jurídica.
  • Omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación del daño y, en su caso, la indemnización
  • Acciones u omisiones contrarias a la administración de justicia
  • Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria
  • Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia  
 
Derecho al trato digno
  • Acciones y omisiones que trasgreden los derechos a los migrantes y de sus familias
  • Omitir brindar protección y auxilio
  • Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia
  • Omitir proteger la intimidad de las víctimas
  • Acciones y omisiones que trasgreden los derechos de las personas indígenas
  • Privar a una persona menor de 18 años de cuidados continuos
Derecho a la legalidad
  • Retención ilegal
  • Acciones y omisiones contrarios a la legalidad
  • Detención arbitraria
  • Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como para las visitas domiciliarias
  • Omitir fundar el acto de autoridad
  • Omitir motivar el acto de autoridad
Derecho a la igualdad
  • Impedir la comunicación con la oficina consular o misión diplomática de su país
  • Limitar el acceso a la educación
  • Omitir indebidamente otorgar la calidad de refugiado
  • Omitir proporcionar intérprete o traductor, si no habla el idioma
  • Omitir regularizar la calidad migratoria
Derecho a la integridad y seguridad personal
  • Intimidación
  • Detención arbitraria
  • Incomunicación
Derecho a la libertad
  • Detención arbitraria
  • Incomunicación
  • Omitir dar información
Derecho al desarrollo
  • Omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen la integración y desarrollo de los pueblos indígenas
  • Omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen una mejor calidad de vida
Derecho a la protección de la salud
  • Omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud
Derecho a la educación
  • Omitir proveer de instalaciones y materiales adecuados al servicio educativo
Derecho a la identidad Sin dato
Derecho a no ser sometido a trata de personas Sin dato
Derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia
  • Procuración de justicia
 
Asimismo, las autoridades señaladas como probables responsables en los expedientes de queja que se radicaron durante el 2018, fueron:
  • Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
  • Instituto Nacional de Migración
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social
  • Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
  • Procuraduría General de la República
  • Secretaría de Desarrollo Social
  • Secretaría de Salud
  • Comisión Nacional de Seguridad
  • Comisión Mexicana de Ayuda a Refugios
  • Gobierno de la Ciudad de México
  • Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
  • Gobierno del Estado de Durango
  • Gobierno del Estado de México
  • Gobierno del Estado de Guanajuato
  • Gobierno del Estado de Guerrero
  • Gobierno del Estado de Jalisco
  • Gobierno del Estado de Morelos
  • Gobierno del Estado de Nayarit
  • Gobierno del Estado de Puebla
  • Gobierno del Estado de Querétaro
  • Gobierno del Estado de Sinaloa
  • Gobierno del Estado de Tabasco
  • Gobierno del Estado de Tlaxcala
  • Gobierno del Estado de Tamaulipas
  • Presidencia Municipal de Zamora
  • Gobierno del Estado de Baja California
  • Gobierno del Estado de Michoacán
  • Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Michoacán
  • Secretaría de Salud del Estado de Michoacán
  • Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Michoacán
  • Fiscalías General del Estado de Chiapas
  • Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal
  • Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
  • H. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas
  • Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas
  • Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas

La trata de personas se caracteriza por carecer de una correcta identificación no sólo por parte de las y los servidores públicos, sino por parte de la sociedad y de la propia víctima, por lo que el Programa contra la Trata de Personas implementa acciones dirigidas a tener contacto con posibles víctimas en espacios y comunidades de origen y destino, así como promover la denuncia anónima telefónica y/o electrónica.

La importancia de poder tener una acción proactiva de este Organismo Nacional ha dado una especial atención al monitoreo en medios de comunicación, el cual se realiza los 365 días del año, con la finalidad de identificar posibles casos de trata de personas y tener una respuesta proactiva, sin la necesidad de que las víctimas tengan que presentar su queja ante este Organismo Nacional.

Recomendaciones contra la Trata de Personas

La Quinta Visitaduría General, a través del Programa contra la Trata de Personas, emitió la Recomendación No. 15/2018 sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la procuración de la justicia, a la protección de la salud, al trato digno, al libre desarrollo de la personalidad, al interés superior de la niñez, como aspectos inherentes a la dignidad humana, en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas de delito, y al trabajo en su relación con el desarrollo integral de los pueblos indígenas, en agravio de jornaleras y jornaleros agrícolas mixtecos y sus familias, que fueron “rescatados” por la STPS en el Centro de Trabajo; por acciones y omisiones atribuibles a esta dependencia federal, al IMSS, a la Secretaría del Trabajo Estatal, a la Procuraduría Estatal, a la SS-Estatal, al DIF Estatal y al Ayuntamiento de Colima, Colima.
 
Se evidenció que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social omitió tomar las medidas de máxima protección, inmediata y permanente, en favor de los jornaleros agrícolas que se encontraban laborando en el Centro de Trabajo, tampoco levantó un censo de la población total, contradiciéndose con sus propias cifras, al igual que se ignoraron sus derechos laborales. Por otra parte, no levantó un inventario de los productos químicos que se utilizaban para fumigar el cultivo de pepinos; no encabezó y no pudo coordinar las acciones interinstitucionales con otras Dependencias para atender las necesidades de los agraviado, entre ellas, brindarles garantía para un retorno seguro a sus comunidades de origen, pues se limitó a presentar la denuncia ante el Ministerio Público del fuero común y federal. No los resguardó en un lugar seguro e higiénico, únicamente fueron trasladados a las instalaciones de una “empacadora” donde continuaron viviendo sin cambio sustancial respecto a las condiciones de vulnerabilidad en las que inicialmente fueron encontrados.

Por otro lado, no hay evidencia que documente que en cuanto personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima conoció de la denuncia, haya solicitado las medidas cautelares o de protección necesarias para las víctimas, sus familiares y/o sus bienes. Aunado a lo anterior, se omitió ordenar que se preservara el lugar de los hechos, por lo que no se realizaron los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, y tampoco se recolectaron y resguardaron objetos relacionados con la investigación, al igual que todo aquel objeto que por su naturaleza dañara la salud o la seguridad de los jornales agrícolas, así como aquéllos otros que estimara precisos para acreditar los hechos denunciados. Aunado, se acreditó que en la Carpeta de Investigación existen dos periodos de inactividad que en suma se aproximan a 29 meses en los que no realizó diligencia alguna orientada para acreditar los delitos, por lo que se incurrió en dilación en la procuración de justicia.

También se halló responsabilidad del personal del IMSS, que sabía que las víctimas carecían de afiliación a ese Instituto e incumplió su obligación de orientarlas e informarles sus derechos de seguridad social, además de que no habían realizado visita de auditoría e inspección al centro laboral a pesar de que el agente del Ministerio Público le dio vista de los hechos, para su intervención.

Las autoridades estatales involucradas tampoco brindaron la atención médica integral que incluyera para toda la población un examen médico que determinara su estado de salud general.

Asimismo, se vulneró el principio superior de la niñez y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los adolescentes al no realizar ninguna acción que procurara la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral; al trato digno de toda la colectividad de 62 personas de la etnia indígena mixteca localizada el 20 de marzo de 2015 en el Centro de Trabajo, población de suyo vulnerable por su origen y extrema pobreza, que por las condiciones en las que se encontraban se incrementaba aún más esa situación, y donde dichos servidores públicos lejos de proporcionarles apoyo y protección que procurara su pleno desarrollo integral como personas, con sus omisiones permitieron que el responsable actuara irresponsablemente en agravio de los jornaleros.

De igual forma, se emitió la Recomendación No. 14VG/2018 sobre violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán.
 
El expediente de queja se radicó con motivo de diversas notas periodísticas publicadas por medios de circulación nacional, mediante las cuales se conoció que, en un operativo, la PGR rescató a más de 500 personas en su mayoría menores de edad, quienes presuntamente estaban privados de su libertad en la Casa Hogar.
 
Del análisis lógico jurídico efectuado al conjunto de evidencias que integran el expediente, se acreditó que las 536 víctimas rescatadas por la PGR en el operativo de 15 de julio de 2014, permanecieron en la Casa Hogar en condiciones indignas, críticas y deplorables, peligrosas para su integridad física, mental y psicológica, que afectaron su salud, siendo grave que niñas, niños y adolescentes, así como las personas adultas que ahí vivían nunca recibieron asistencia adecuada por no haberse detectado las condiciones de vida en que las mantuvieron, debido a las omisiones de quienes estaban obligados a inspeccionar el lugar, tales como la SEDESOL, la Jurisdicción Sanitaria y la Junta de Asistencia Privada, ambas de Michoacán, así como los Sistemas DIF de Jalisco y del Estado de México, que llegaron a enviar a personas para su ingreso en ese lugar.
 
De la misma forma, fueron claras las omisiones en que se incurrió por falta de supervisión de los servicios educativos, así como los de salud, en agravio de los habitantes de la Casa Hogar, pese a saberse que existían en su interior instituciones educativas del nivel básico, así como el gran número de personas que habitaban ese lugar, como la SEP y la SEP de Michoacán, y el IMSS.
 
Se acreditó la violación al derecho a no ser sometido a trata de personas, toda vez que a pesar de que las instituciones del Estado tenían conocimiento del riesgo que corrían las personas albergadas en la Casa Hogar de ser víctimas de una o varias conductas delictivas, no adoptaron medidas efectivas de prevención, como tampoco la Procuraduría de justicia local reaccionó con la debida diligencia en virtud de la gravedad de los hechos que le fueron denunciados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y de su obligación de prevenir, entre otros, la trata de personas.
 
Además de lo anterior, se constató la falta de atención diferenciada con posterioridad al egreso de las víctimas de la Casa Hogar, quienes no recibieron por parte de la CEAV, así como por los Sistemas DIF de las entidades federativas de origen, en su calidad de víctimas de delito, asesoría jurídica, médica y psicológica, así como los cuidados asistenciales.
 
Finalmente, esta Comisión Nacional considera que por la antes mencionado, se violaron los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y el interés superior de la niñez, como aspectos inherentes a la dignidad humana, en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas de delito, a la protección a la salud, a la educación, a la integridad personal, a la identidad, a la seguridad jurídica, a no ser sometido a la trata de personas, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de 536 personas que fueron localizadas al interior de la Casa Hogar, por servidores públicos de SEDESOL, de la SEP, del Gobierno del Estado de Michoacán, del IMSS, de la CEV, del Sistema DIF Nacional, así como los Sistemas DIF de los Estados de Baja California, Coahuila de Zaragoza, de Durango, del Estado de México, de Guanajuato, de Guerrero, de Jalisco, de Morelos, de Nayarit, de Puebla, de Querétaro, de Sinaloa, de Tabasco, de Tamaulipas, así como de la Presidencia Municipal de Zamora, Michoacán.

Asimismo, se emitió la Recomendación No. 83/2018 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia de v1, v2, v3 y v4, y al interés superior de la niñez en agravio de v1, persona menor de edad desaparecida en Tlaxcala.

El 8 de febrero de 2016 se publicó en el portal electrónico “ladobe.com.mx” la nota periodística titulada “[V1] desaparecida en el epicentro de la trata de personas”, en la que se expuso que el 13 de enero de 2016, una niña de 11 años de edad salió de su casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, rumbo a la escuela y no regresó, por lo anterior, sus padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Tlaxcala pero las autoridades no emitieron la Alerta AMBER como lo establecen los protocolos en caso de desaparición de personas menores de edad y únicamente se inició un acta circunstanciada.

Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que integran el expediente CNDH/5/2016/1148/Q, se cuenta con pruebas que permiten acreditar violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de la niña, sus papás y su hermano y al interés superior de la niñez, atribuibles a personas servidoras públicas de la Procuraduría de Tlaxcala, toda vez que indebidamente se emitió una “Pre-Alerta AMBER” por la desaparición de la niña, a pesar de que lo que correspondía era la activación formal del mecanismo de difusión denominado “Alerta AMBER Tlaxcala”, ya que el primero de los mencionados no admite su publicación en los medios de comunicación; aunado a lo anterior, la activación de la Pre Alerta se realizó tres días después de que su papá realizara el reporte, a pesar de que se requería comenzar de inmediato la difusión de la búsqueda de la niña.

Igualmente, se vulneró el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en virtud de que a partir de la denuncia presentada por la mamá de la niña el 13 de enero de 2016 con motivo de la desaparición de su hija, se radicó el Acta Circunstanciada en lugar de una averiguación previa. La Procuraduría de Tlaxcala argumentó que no se contaba con mayores elementos o información para considerar que los hechos cometidos en agravio de la niña en mención, correspondieran a algún tipo penal en específico, sin embargo, las personas servidoras públicas de referencia no justificaron el motivo por el cual consideraron que los elementos que arrojaba la citada denuncia no eran suficientes para presumir la comisión de un hecho delictivo. Además, la citada ilegalidad se hizo patente toda vez que la legislación interna de Tlaxcala, en específico, la Ley Orgánica y el Código de Procedimientos Penales no establecen que la figura jurídica de Acta Circunstanciada sea el medio por el cual se dé inicio a una investigación penal.

Asimismo, personal de la Procuraduría de Tlaxcala también es responsable por incumplir diversos lineamientos de actuación que establece el Protocolo de Investigación Ministerial de los Delitos Relacionados con Desaparición de Mujeres, al no llevar a cabo ciertas diligencias, o por no efectuarlas de forma pronta y expedita, lo que con el transcurso del tiempo pudo disminuir las posibilidades de localizar a la niña y de conocer la verdad de los hechos, en perjuicio de las víctimas.

Medidas Cautelares

Durante el ejercicio 2018, se emitieron cinco medidas cautelares dirigidas a cinco autoridades locales: el Procurador General de Justicia de Tamaulipas, la Comisionada Estatal de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas y el Sistema DIF del Estado de Tamaulipas y dos solicitadas a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Respecto del primer caso (2018/1301) se solicitaron medidas cautelares a la Procuraduría General de Justicia, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y al Sistema DIF, todos del Estado de Tamaulipas, en favor de una mujer embarazada y víctima de delito, con la finalidad de evitar daños irreparables a sus derechos humanos a la integridad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia. Dichas medidas fueron aceptadas por las instancias a quienes se le dirigieron. Actualmente el caso se encuentra en trámite y por tanto las medidas en seguimiento.
 
Por lo que hace a los otros dos casos donde se solicitaron medidas cautelares (2018/39017 y 2018/3908), éstas se dirigieron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con la finalidad de evitar daños irreparables a los derechos a la integridad personal de las mujeres agraviadas que además eran víctimas de delito, medidas que fueron aceptadas por la autoridad destinataria de las mismas, y toda vez que los hechos por los cuales se presentaron ambas quejas, incidían en la competencia del organismo local defensor de derechos humanos en Chiapas, ambos expedientes fueron remitidos para su integración y determinación a esa instancia local, a quien le corresponderá dar el seguimiento a las medidas cautelares del caso.

Solicitudes de Información, Estudios y Publicaciones en Materia de Trata de Personas

Durante 2018, se realizó la presentación del Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, el cual tiene como finalidad brindar un panorama nacional sobre las acciones que las dependencias encargadas de la observancia y aplicación de las disposiciones en materia laboral realizaron de 2012 a 2015, para prevenir la trata de personas y detectar posibles víctimas en los campos agrícolas que emplean a jornaleras y jornaleros. Cabe mencionar que el periodo referido responde a que en 2012 se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, asimismo, en 2015 este Organismo Nacional comenzó a verificar la existencia de estos casos de manera recurrente.
 
Para su elaboración, se solicitó información a las 33 autoridades del trabajo en el país (Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus 32 instituciones homólogas a nivel estatal). De igual forma, se revisó y analizó la normativa en materia de trata de personas, laboral, para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida.
Los aspectos generales que se abordan en este estudio son:
 
  • Acciones preventivas en materia de trata de personas.
  • Detección de posibles víctimas en campos agrícolas.
  • Cooperación interinstitucional.
  • Capacitación de las Inspectoras e Inspectores del Trabajo.
 
En él se destacan que, si bien existen algunas buenas prácticas de las Autoridades del Trabajo, éstas son aisladas y de su lectura no se percibe que deriven de una política pública en la materia.  Señala también que, aun cuando la prevención de la trata de personas y la atención a sus víctimas son compromisos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y su obligatoriedad ha sido reproducida en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como en las legislaciones estatales, la intervención de las Autoridades del Trabajo en estos rubros es aún limitada.
 
Se realizó también el Libro “Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional”, el cual tiene como finalidad ofrecer un panorama sobre las distintas posiciones en torno a la trata de personas en México y, por tanto, aportar elementos de análisis y reflexión para la discusión sobre los retos que nos plantea su erradicación, así como la atención y protección a sus víctimas. Contar con una publicación que reuniera a instituciones y personas de distintos ámbitos, de diversas partes del país e, incluso, con posturas diferentes, es una forma a través de la cual buscamos aportar al enriquecimiento del debate actual.

De igual manera es importante señalar que se realizaron los siguientes diagnósticos, los cuales se encuentran en revisión para edición:
  • Diagnóstico del mecanismo de coordinación interinstitucional y su rendición de cuentas en materia de trata de personas en el ámbito federal.
  • Diagnóstico sobre atención a víctimas de trata de personas.
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