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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Presidencia

 
Durante el cuarto año de gestión, se dio continuidad y se fortalecieron las acciones vinculadas al objetivo de lograr un ejercicio integral de las funciones de esta Comisión Nacional, con pleno respeto a su autonomía e independencia, a efecto de lograr una mayor y mejor incidencia en la atención de la grave problemática que, desde hace varios años, México enfrenta en materia de derechos humanos. Desde la Presidencia de la CNDH, se enfatizó la atención de cuestiones específicas, vinculadas al entorno de inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y falta de un acceso real a la justicia que la sociedad padece de manera cotidiana. Conforme su papel de órgano de Estado, ajeno a coyunturas políticas, económicas o de cualquier otra índole, la actividad institucional durante la mayor parte de 2018 se desarrolló en medio del proceso electoral que vivió el país, tanto a nivel federal como local, así como en el periodo de transición que implicó el cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. La CNDH ratificó que su función es independiente de ideologías políticas o posturas partidarias, que su función básica es el servir a México y a su sociedad, preservando y defendiendo los derechos humanos de las y los mexicanos, con independencia de los partidos o personas que asuman democráticamente el poder.
 
En este contexto, las cuestiones vinculadas a la seguridad y justicia continuaron teniendo un papel preponderante en el ámbito de los derechos humanos durante 2018. Las repercusiones que tuvo la crisis en esta materia para México y su sociedad, trascendieron las afectaciones económicas de quienes sufrieron daños en su patrimonio o tuvieron que realizar gastos adicionales para buscar, por sí mismos, la protección y garantías que las autoridades no les puedo brindar. El dolor y el sufrimiento derivado de miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito, es algo que no se puede cuantificar ni reparar. Para este Organismo Nacional, sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los demás derechos fundamentales y, sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables y serán vistas como una imposición autoritaria. Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio. La seguridad que necesitamos corresponde a la de un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el más amplio respeto a los derechos humanos, así como en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley. Una seguridad construida desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de las primeras.
 
En un ánimo propositivo y para construir a la revisión de las políticas vigentes en materia de seguridad y justicia, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México esta Comisión Nacional convocó a la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, en la cual más de 80 especialistas en la materia, tanto nacionales como extranjeros, compartieron sus conocimientos, puntos de vista y propuestas para lograr que nuestro país cuente con un modelo de seguridad adecuado a las necesidades que la realidad le impone, pero respetuoso de los derechos y libertades de las personas. Los resultados de dicha Conferencia se están procesando para presentar en el 2019 a las autoridades y a la sociedad, un documento sintético que proponga las bases para la construcción de políticas públicas en la materia, conforme al paradigma de la seguridad humana. Del mismo modo, varios de los insumos generados en el evento han enriquecido la argumentación institucional, así como el debate público respecto de algunos de los aspectos más críticos vinculados a la seguridad de las personas.
 
Reafirmando la certeza de que brindar seguridad y justicia a la sociedad es perfectamente compatible con el respeto a la legalidad y a la dignidad de las personas, la CNDH volvió a expresar razones y argumentos para fundamentar su oposición a medidas y acciones que, desde su perspectiva, por sí mismas implicaban o podrían propiciar que se afectaran los derechos y libertades de las personas. En este sentido, contra las propuestas que planteaban y plantean modificaciones que contravienen la esencia del sistema de justicia penal acusatorio, se insistió en señalar que el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa no implica, necesariamente, que la justicia sea efectiva; que la alza o baja de la criminalidad no depende del sistema de justicia penal que esté operando y que, en los resultados del mismo inciden, fundamentalmente, la calidad y profesionalismo con que actúen las personas que lo operan. Desde el personal policíaco, ministerial y judicial, todos y todas deben ejercer debida, plena y oportunamente sus atribuciones. Sin la capacitación adecuada, la efectiva implementación de los registros y controles que el marco normativo contempla y una convicción clara por la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, ningún modelo de sistema penal dará las respuestas que nuestra sociedad demanda.
 
En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH fue resuelta favorablemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al igual que las otras que se acumularon en contra de dicho ordenamiento promovidas por actores diversos, determinación en la que reconoció que dicho ordenamiento era contrario a la Constitución, a la convencionalidad y violaba derechos. No obstante ello, eso no significó el que se abandonara la idea de fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas. De manera paralela al fallo de la SCJN sobre la Ley de Seguridad Interior, se presentó una iniciativa de reforma Constitucional a las atribuciones de la Guardia Nacional para conformarla como un cuerpo integrado mayoritariamente por elementos militares y, quedando adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), asumir directamente la responsabilidad sobre la seguridad pública en el país. De nueva cuenta, este Organismo Nacional, académicos, organizaciones sociales y organismos de protección y defensa de los derechos humanos han unido sus voces para señalar que la iniciativa, en los términos en que está formulada, contraviene principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, algunos de ellos de manera específica sobre México, en el sentido de que sean autoridades civiles las encargadas de las tareas vinculadas a la seguridad pública, reduciéndose al mínimo la intervención de las Fuerzas Armadas. En ese sentido se ha pronunciado de manera reiterada la Corte Interamericana de Derechos.
 
Desde el trabajo cotidiano de la CNDH, es claro que la inseguridad, violencia e impunidad no podrán revertirse si no recuperemos un esencial y necesario respeto por la legalidad, emprendiendo un combate frontal a la impunidad y a la corrupción que haga que esta última deje de ser una práctica redituable y se abatan los casos de colusión entre autoridades y miembros de organizaciones criminales. Si no adoptamos políticas y estrategias que traten estos temas bajo un enfoque integral, que ataque y prevenga sus causas, a la vez que controle sus efectos, Si no encaramos el problema de la falta de coordinación y operación efectiva de las autoridades en los distintos niveles y órdenes de gobierno, reconociendo que la omisión o indiferencia de las autoridades a cargo de la seguridad pública, cuesta vidas, afecta la tranquilidad de las personas, debilita nuestro tejido social y la institucionalidad democrática.
 
Las políticas públicas y las leyes que no se formulen bajo un enfoque integral, sustentado en el respeto de los derechos humanos, producirán resultados parciales, pudiendo tener una incidencia en el abatimiento de la violencia directa, pero sin trascender a la solución de las causas estructurales de la misma. Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia. México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia.
 
Repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias, implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y se ha producido un número no determinado de víctimas, que han aprendido a convivir con el miedo y el dolor, frente a la impotencia de un sistema de procuración e impartición de justicia en el que reina la impunidad y sus derechos son más aspiraciones que realidades concretas. Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.
 
En este sentido, la Comisión Nacional ha insistido, en diversos foros y espacios, en la necesidad de contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores como algo que no puede ser optativo o negociable, en tanto es una cuestión ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y así poder acceder a esa justicia que se le ha negado a México durante tantos años. Por mejor capacitado que esté, un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad sino contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles. Si no establecemos mecanismos para garantizar que la aplicación de la ley no sea discrecional o negociable sino un principio irrenunciable. En esta tarea los mecanismos externos de supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante en lograr que se investigue lo que se debe investigar, que la forma como se investigue sea adecuada y que todo ello se haga con respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
 
Por otra parte, desde la Presidencia de la CNDH y a través del trabajo institucional, se continuó señalando la necesidad de abatir prácticas y conductas que niegan la dignidad humana, como la tortura, las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones y los desplazamientos forzados, tema este último, respecto del cual se presentó una iniciativa de Ley que esperamos sea discutida en la presente Legislatura a efecto, no sólo de visibilizar, sino de empezar a atender de manera efectiva este problema que enfrentan miles de mexicanas y mexicanos. Por lo que hace al tema de las desapariciones, se insistió en la necesidad de lograr la implementación de la Ley General en la materia, se reiteró que ésta, por sí misma, no es la solución al problema, en tanto se requiere de voluntad política y de recursos para materializarla. Se sostuvo que el Estado mexicano y sus autoridades deben cumplir con su obligación de aclarar el paradero de cada persona y, en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho. En todo momento se reconocieron los esfuerzos de colectivos, organizaciones civiles y personas que han logrado que el tema de las desapariciones en México forme parte de la agenda nacional, al igual que el relativo a las fosas clandestinas e irregulares.
 
En este sentido, durante 2018 es de destacarse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la Recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos 15VG/18, derivada de la investigación que llevó a cabo sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en un caso abominable, que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, siendo públicamente identificado con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos; la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad en los tres niveles y órdenes de gobierno; la utilización de la violencia como forma de imposición y actuación de poderes fácticos, al margen de instituciones y leyes; la incapacidad y agotamiento de un sistema de investigación de los delitos y procuración de justicia; así como las consecuencias de que las instituciones renuncien o entreguen indebidamente sus atribuciones legales de investigación y sanción de los delitos a instancias ajenas a las mismas, que no están sujetas a mecanismos imparciales de supervisión y rendición de cuentas sobre su actuación.
 
Este caso, el más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, social y políticamente, marcó un antes y un después. México es un país adolorido, en donde la justicia más que ser un derecho es una cuestión que se debe pedir y a la que difícilmente se puede acceder. La desconfianza en las instituciones, los juicios de carácter mediático y los cuestionamientos sobre la integridad e intención de las autoridades han ocasionado que la verdad, si no es favorable a intereses particulares, se ataque o descalifique. En este caso, el interés y el papel de la CNDH ha sido el de acercarnos a la verdad, partiendo de la realidad compleja y convulsa que se vive en el país, y en particular en el Estado de Guerrero, dejando de lado percepciones parciales y prejuicios, tanto a favor o en contra de grupos y personas, para apreciar los hechos en su dimensión real y objetiva, a efecto de actuar con la mayor imparcialidad e integralidad que el caso permite. Es claro que la presente Recomendación no da por terminada la investigación del caso. El desahogo puntual de las líneas de investigación que se proponen en la Recomendación nos permitirá tener certezas sobre el destino de los normalistas desaparecidos y lograr que la justicia llegue a este caso.  Corresponderá a las nuevas autoridades enderezar y continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual, la presente Recomendación constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.
 
Por otra parte, durante 2018 se continuó llamando constantemente la atención sobre la problemática que prevalece en el sistema penitenciario, los riesgos existentes en cada centro de detención, tales como hacinamiento, autogobierno, insalubridad, entre otros, así como la necesidad de revisar todo el sistema con perspectiva presente y con visión a largo plazo, orientada al respeto de los derechos humanos como lo mandata nuestra Constitución. Se hicieron múltiples llamados para optimizar el funcionamiento del sistema penitenciario, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y contribuir a su reinserción social efectiva. Se resaltó la urgencia de proteger y respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, con un esquema de cultura de la legalidad, proponiendo un modelo que permita colocar a la prisión en su justa dimensión, en donde existan condiciones dignas. Se enfatizó que, parte de la solución integral que se busca para los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, pasa necesariamente, por la revisión del sistema penitenciario en el país a efecto de que se subsanen su irregularidades y fallas, y se trabaje para que la reinserción social sea efectiva.
 
Como en los tres años previos, en 2018 se impulsó y consolidó la colaboración entre la Comisión Nacional y sus homólogas en las entidades federativas, habiéndose asumido como una prioridad la promoción del respeto y vigencia real de la autonomía de las instancias locales, incluida la necesidad de que las mismas cuenten con los recursos y capacidades necesarias para cumplir con sus funciones. En las distintas reuniones celebradas entre el Presidente de la CNDH y los organismos locales, se estrechó la coordinación y se generaron agendas comunes, todo lo cual se materializó en los diversos pronunciamientos conjuntos que se emitieron, los casos y las problemáticas concretas que se atendieron, así como las actividades de vinculación y de promoción que se acordaron y se llevaron a cabo, siendo pertinente mencionar que la mayor parte de estos trabajos se dieron en el marco de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
 
En este año se dio continuidad a la vinculación y trabajo conjunto entre la CNDH y organizaciones de la sociedad civil, en los ámbitos nacional e internacional, para la realización de actividades de colaboración, así como para la atención y el seguimiento de casos. Con esa finalidad, se dio seguimiento a la realización periódica de contactos y reuniones de trabajo que se tradujeron, entre otras acciones, en actividades vinculadas a los ámbitos de promoción y divulgación de los derechos humanos, así como en la intervención de esta Comisión Nacional en casos concretos. En específico, se reiteró públicamente la necesidad de proteger y reconocer las tareas que desarrollan las y los defensores civiles en materia de derechos humanos, rechazándose cualquier acto de descalificación o intimidación que pretenda inhibir sus acciones, las cuales benefician e incumben a toda la sociedad. De la mano de organizaciones de la sociedad civil y con independencia de las múltiples reuniones, acciones de atención y acompañamiento que llevaron a cabo las Visitadurías Generales, la Presidencia de la CNDH fortaleció su política de trato directo con las víctimas de violaciones a derechos humanos, para lo cual sostuvo diversos encuentros con las mismas y sus familiares, en particular de casos de desaparición o ejecuciones arbitrarias, para escuchar sus planteamientos, conocer sus necesidades de manera directa, así como orientar las gestiones y las actividades institucionales para la mejor atención de sus reclamos.
 
En el ámbito internacional, se siguió en la ruta de fortalecer los esquemas de colaboración con los sistemas universal y regional en materia de derechos humanos, razón por la cual, la CNDH incrementó su participación activa con los grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. De esta manera, el Presidente de la CNDH sostuvo diversos encuentros de trabajo con representantes de dichas instancias. Del mismo modo, se buscó aumentar el intercambio de experiencias, conocimientos y la realización de actividades de interés en conjunto con los organismos nacionales de protección de derechos humanos de otras naciones. En este marco, el Ombudsman se reunió con sus homólogos de varios países y participó en diversos eventos realizados por las asociaciones internacionales en la materia, tales como el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (INDH), la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RED) y la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). En particular, en 2018 fue relevante la coordinación que se presentó con otros los Organismos Nacionales de protección y defensa de los derechos humanos en la zona, para la atención de las “Caravanas Migrantes” que desde diversos países de Centroamérica, principalmente, movilizaron a miles de personas con la intención de migrar a los Estados Unidos de América.
 
Respecto de las personas migrantes, este Organismo Nacional llevó a cabo múltiples acciones para denunciar los abusos cometidos en contra de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos de América, así como para promover el reconocimiento y defensa de sus derechos. En particular, la CNDH evidenció y condenó el discurso de odio generado en contra de los migrantes en ese país y promovió, dentro de su ámbito competencial, gestiones para atender situaciones tales como la generada por la política de separación de familias, así como la detención e internamiento de niñas, niños y adolescentes contraviniendo los derechos reconocidos a su favor en diversos instrumentos internacionales. En este sentido, la Comisión Nacional señaló en múltiples espacios y foros, la necesidad de que México determine sus políticas migratorias bajo un principio básico de coherencia y reciprocidad, de tal forma que nosotros brindemos a las personas que se encuentren en nuestro país como migrantes, el mismo trato que pedimos para nuestros connacionales en otros lugares. Asimismo, se enfatizó la necesidad de que México defina políticas migratorias claras, que den vigencia y operatividad a las figuras del asilo y del refugio, así como para dar respuesta a la problemática de la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados.
 
Durante el 2018, el Presidente de la CNDH tuvo una participación activa en diversos foros sobre temas de derechos humanos, en los cuales formuló diversas reflexiones en torno a la situación que éstos guardan en nuestro país y llamó la atención sobre cuestiones problemáticas o aspectos urgentes vinculados al respeto a la dignidad de las personas. Estos espacios, permitieron que, con sustento en la evidencia, experiencia y trabajo institucional cotidiano, se fortaleciera la denuncia y el llamado a emprender acciones en contra de abusos u omisiones del poder, en particular de la casi absoluta impunidad que subsiste en materias tan apremiantes como la violencia en contra de las mujeres; de defensoras y defensores de los derechos humanos; así como de periodistas y comunicadores, tan sólo por enunciar algunas.
 
Actualmente México ha sido convocado a una transformación que ha fijado como su objetivo convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. Compartimos ese propósito y objetivos y queremos trabajar en 2019 para lograrlos, con el convencimiento de que los derechos humanos deben ser el eje del cambio que se plantea para el país. La CNDH siempre ha estado del lado de la ley y de la gente. Esta Comisión Nacional surge por la necesidad de defender la dignidad humana y los derechos inherentes a la misma, por lo que bajo ningún concepto es producto de un modelo o sistema económico. Nuestro trabajo de mediación, conciliación, así como nuestras denuncias, exhortos y recomendaciones han sido posibles solamente por una condición inmutable e indispensable para el funcionamiento del Ombudsperson: su autonomía plena e independencia de todo poder e interés. La autoridad que pretenda vulnerar esta independencia y menoscabar nuestra autonomía vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en favor de la dignidad humana.
 
Finalmente, se incluye una relación mensual de las actividades relevantes realizadas por la Presidencia de la CNDH en el 2018.
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