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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

Sexualidad, Salud y VIH

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Antecedentes 
En México el antecedente más remoto que se tiene en relación al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y al síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) es de 1983, desde entonces, los avances en la atención de la epidemia y en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, tales como el acceso universal a medicamentos antirretrovirales y a los servicios médicos gratuitos, han sido considerables gracias a las demandas y al trabajo conjunto de las personas que viven con VIH, de las organizaciones civiles que las representan y de las  instituciones nacionales e internacionales.
 
No obstante, fue hasta 1996, tras las presiones de la población derechohabiente organizada, que se logró que el Instituto Mexicano del Seguro Social incorporara los antirretrovirales en su cuadro básico de medicamentos. A partir de la inclusión en el catálogo de servicios de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de dichos fármacos en 2004, éstos se proporcionan a toda la población que lo requiere aún si carece de seguridad social, alcanzándose con ello el acceso universal a los antirretrovirales.
 
A pesar de este logro, y si bien es cierto que dicho tratamiento evita que la infección desarrolle el síndrome y, en consecuencia, la muerte, también lo es que ha persistido la llamada “muerte social” ocasionada por el estigma asociado al VIH y la discriminación que del mismo se deriva, circunstancia que ha dado lugar a que las quejas por violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH no dejen de ser una constante.
 
La pandemia, además de ser un padecimiento físico, tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación que, por tanto, además de intervención desde el ámbito de la salud pública, requiere de una respuesta con enfoque de derechos humanos. 
 
Debido a lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, emitieron en el año 2002, las Directrices internacionales sobre VIH/SIDA y los derechos humanos que reconocen que “los Estados deben establecer un marco nacional efectivo para responder al VIH, que permita una actuación coordinada, participativa, transparente y responsable que aplique las funciones de políticas y programas sobre el VIH de todas las ramas del gobierno; […] esto se debe dar mediante apoyo político y financiero, y consultando a las comunidades afectadas en cada uno de los procesos relativos a política, ejecución y evaluación de los programas; […] además se debe analizar y reformar legislación sanitaria para que se preste suficiente atención a las cuestiones de salud pública con el fin de que las disposiciones sobre ITS no se apliquen indebidamente al VIH y que vayan de la mano con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud comenzó a usar el concepto de “poblaciones de riesgo” para identificar con tal denominación a aquéllas con alta probabilidad de adquirir la infección, debido a que en occidente se presentaba con mayor prevalencia en hombres homosexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas con hemofilia y migrantes. Esto marcó un hito en la estigmatización del sida con las personas LGBTTTI que motivó que a la infección se le conociera como el cáncer rosa. Más tarde, la evidencia probaría, que no hay poblaciones de riesgo, sino prácticas de riesgo, y que el virus no discrimina por sexo, género, orientación sexual, ocupación, nacionalidad, ni por otra característica personal.
 
Si bien la personas LGBTTTI han sido asociadas erróneamente con el VIH, estas poblaciones tienen sus propias problemáticas relacionadas con el reconocimiento pleno de sus derechos humanos, tales como la discriminación por preferencia sexual, identidad de género y expresión de género; dificultades para el reconocimiento de su identidad, para el acceso al matrimonio igualitario en algunas entidades federativas y a la adopción, por mencionar algunas, que se traducen en vulneraciones a sus derechos humanos.
 
A fin de visibilizar lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado para el fortalecimiento de los derechos de las poblaciones LGBTTTI, realizando esfuerzos para establecer en criterios internacionales de derechos humanos que la orientación sexual y la identidad o expresión de género son motivos de discriminación prohibidos, postura que ha sido confirmada en varias resoluciones de sus órganos y sostenida en diversas declaraciones y pronunciamientos.
 
Sin duda, una de las resoluciones al respecto de mayor importancia en el ámbito internacional fue la del 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud aprobó la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, en la que se reconoció que la orientación sexual no es un trastorno.
 
Resalta también la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas emitida en 2008 y el proyecto de “Modelo de Lineamientos para la Atención Especializada dirigida a la población sexualmente diversa por parte de las Instituciones de Derechos Humanos” que en 2018, la Federación Iberoamericana del Ombudsman elaboró en colaboración con diversas instituciones de Latinoamérica, incluida esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 
Contexto actual
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, sistematizados a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA), en el Registro Nacional de Casos de SIDA se advierte que del año 1983 al 30 de junio de 2018, se han notificado 155,276 casos, de los cuales 76,053 corresponden a casos de VIH y 79,223 a casos de sida que se encuentran vivos según su estado de evolución.
 
Durante 2018 (corte al segundo trimestre) se diagnosticaron 4,183 nuevos casos de VIH y 2,644 casos de sida. Entre los estados con mayor tasa de casos nuevos de sida se encuentran Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Morelos y Colima, mientras que Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Colima, cuentan con la mayor tasa de casos nuevos de VIH.

Según la distribución de los casos nuevos notificados como seropositivos a VIH según grupo de edad y categoría de transmisión, la vía de transmisión sexual se mantiene como la predominante con 4,047 casos, seguida del uso de drogas inyectables con 60 casos, de los que no se especifica la vía de transmisión con 60 casos y de la transmisión perinatal con 16 casos. El grupo poblacional en el que ocurre en mayor medida la transmisión, es de jóvenes entre 25 y 29 años.

El Informe Nacional de Monitoreo de Compromisos y Objetivos Ampliados para Poner Fin al sida 2018, elaborado por el CENSIDA (con información hasta el año 2017) revela que la prevalencia en México de VIH en las personas que se encuentran en un rango de edad de entre 15 y 49 años es de 0.3%, así como que la epidemia está concentrada en las siguientes poblaciones: hombres que tienen sexo con hombres (17.3%), personas que se inyectan drogas (5.8%), mujeres trabajadoras sexuales (0.7%) y hombres trabajadores sexuales (24.1%), así como mujeres transgénero (15-20%).
 
En contraste con lo anterior, en el mundo son pocos los estudios que se han realizado para contar con estadísticas relacionadas con la población LGBTTTI, sin embargo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), con presencia en más de 130 países desde 1978, se dio a la tarea de formalizar el reporte “Minorities Report 2017: attitudes to sexual and gender minorities around the world”, relativo a las actitudes públicas relacionadas con la diversidad sexual y el género que revela que cuando las personas encuestadas conocen a alguien dentro de estas minorías es mucho más probable que apoyen sus derechos, así como que en los Estados donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, el 46% considera que se deben proteger los derechos relacionados con la orientación sexual, mientras que en los Estados donde no se penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, esta cifra se eleva al 60%.  De igual manera, refleja que el 50% de los entrevistados considera que se debe otorgar reconocimiento legal a las diversas identidades sexuales o expresiones de género, sin embargo, el 28% de las personas de los Estados en donde se penalizan las relaciones entre el mismo sexo, considera que quienes mantienen relaciones con alguien del mismo sexo deben ser acusadas como criminales.

El Estudio Jurídico Mundial sobre la Orientación Sexual en el Derecho: Criminalización, Protección y Reconocimiento 2017, informa que únicamente 22 países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, México entre ellos, así como que existen 72 países que criminalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo.

En México, sobre todo a partir del cambio de siglo, ha existido una mayor visibilidad de las personas LGBTTTI, pero aún con algunos espacios ganados, como el reconocimiento, en algunas entidades federativas, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, la vulnerabilidad y las violaciones a sus derechos humanos se siguen presentando.

La Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC), realizó una encuesta sobre diversidad sexual y discriminación en 2015. A los encuestados se les preguntó  si les han discriminado en su familia a causa de su orientación sexual, el 10% respondió que a menudo, el 15% que veces, el 20% rara vez y el resto respondió que nunca, indicando que los que más los discriminan son sus padres y hermanos, seguidos por primos, tíos o abuelos y al final, por parientes lejanos. Según la misma encuesta, las instituciones que más discriminan son las de salud, principalmente las del sector público, seguidas de las instituciones educativas y en el trabajo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del 2017 (ENADIS 2017), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México y esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  da a conocer que el 20.2% de la población mayor de edad fue discriminada en el último año por alguna característica personal, como puede ser la orientación sexual y que el 23.3% de las personas mayores de edad declara que en los últimos cinco años se les negó injustificadamente alguno de los derechos, como la atención médica, los medicamentos o los apoyos sociales. En relación a la percepción sobre el respeto a los derechos humanos, el grupo que encabeza la lista que considera que se respetan poco o nada sus derechos, son las personas trans con 71.9%, seguidas de las personas gays o lesbianas con el 65.5%. 

La misma Encuesta, en relación a la apertura a la diversidad, revela que el 36.4% de la población entrevistada no rentaría un cuarto a una persona trans, seguido del 35.9% que no rentaría un cuarto a una persona por tener VIH o sida, y del 32.3%, que no lo rentaría a alguien por ser gay o lesbiana. Respecto a la pregunta sobre si estarían de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con VIH o sida el 56.6% expresó no estar de acuerdo, y con relación a que se casara con una persona del mismo sexo el 43% no estuvo de acuerdo.

La respuesta del Estado mexicano al VIH ha sido en diversos frentes, y va desde el reconocimiento del derecho a la protección a la salud en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la prohibición de discriminación por condiciones de salud en su artículo 1° y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la previsión del control epidemiológico para el VIH y el sida, así como de la educación sexual en la Ley General de Salud; hasta la creación de instituciones especializadas como el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA) el 24 de agosto de 1988 y el CENSIDA el 5 de julio del 2001, además de la publicación de más de 25 normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia, de entre las que destaca la específica, NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 2010, cuya primera versión data de 1993).

Aunque de lo anterior puede advertirse que en México existe un amplio marco normativo y un entramado institucional robusto que tutela el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación por condiciones de salud, este Organismo Nacional continúa recibiendo escritos de queja relacionados con la vulneración de los derechos de las personas que viven con VIH.

Por otro lado, el Estado mexicano también ha implementado acciones para reconocer y garantizar los derechos de las personas LGBTTTI entre las que resulta trascendente la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 que estableció la obligación para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, e incluyó, a las preferencias sexuales como parte de los motivos por los que se prohíbe la discriminación en nuestro país; así como las reformas legislativas para reconocer el matrimonio igualitario y la expedición de actas de nacimiento por reasignación sexo-genérica en algunas entidades federativas y la reciente firma de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, sin embargo, aún prevalecen prácticas administrativas y conductas sociales que reflejan el estigma de que siguen siendo parte estas poblaciones que se traduce en una reiterada discriminación motivada por su preferencia u orientación sexual y/o su identidad o expresión de género.
 
Retos del Estado Mexicano
 
La materialización de las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBTTTI implica el desafío de diversos retos, entre los que se encuentran los siguientes:
 
  • Redoblar esfuerzos en la difusión de información sobre el VIH, las medidas de prevención, sus vías de transmisión, así como sobre los derechos humanos relacionados con la materia, especialmente, al acceso a la prueba de detección, a la confidencialidad del diagnóstico y al tratamiento antirretroviral,  por mencionar algunos, entre la población en general, con énfasis en las poblaciones mayormente afectadas por la pandemia, sea porque presentan mayores prevalencias o por su vulnerabilidad derivada de sus prácticas o contextos.
  • Para ello, será necesario modificar las prácticas que obstaculizan las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y atención, como son las normas que criminalizan la transmisión del VIH, de manera que es importante revisar y, en su caso, reformar los códigos penales de todo el país, a fin de evitar su criminalización, así como modificar las normas coercitivas contra las poblaciones clave, tales como las y los trabajadores sexuales y las personas usuarias de drogas inyectables.
  • Garantizar la entrega completa y oportuna a la persona usuaria final de los tratamientos ARV, al momento de ser prescritos, para asegurar su continuidad y evitar la aparición de resistencias que podrían mermar su eficacia. Al respecto, es indispensable implementar acciones que permitan avanzar hacia la portabilidad plena de los servicios públicos de salud que garanticen que, en los casos en los que las personas que viven con VIH cambien de derechohabiencia, el plazo de espera se reduzca a cero.
  • Impulsar acciones que garanticen la disponibilidad de fármacos pediátricos para el control de la infección por VIH.  
  • Ampliar la cobertura de los servicios públicos de salud, ya que si bien todos los sistemas de salud cubren la terapia antirretoviral, no todas las comorbilidades, coinfecciones y enfermedades oportunistas al VIH son cubiertas por todos los sistemas de salud.
  •  Implementar acciones que erradiquen la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita.  
  • Garantizar a las personas privadas de su libertad que viven con VIH acceso a servicios médicos oportunos y de calidad para el control del virus, evitando toda forma de discriminación o segregación o el condicionamiento de la atención a la extorsión de las autoridades penitenciarias.
  •  Formular programas de capacitación y actualización del personal del servicio público que en el marco de sus atribuciones tiene relación con las personas que viven con VIH, a fin de que conozcan y observen la normatividad en la materia y los protocolos para su atención.  
  • Fortalecer las acciones que consoliden una cultura de respeto a los derechos humanos y contrarresten el estigma y la discriminación asociada a la condición de salud, a la preferencia u orientación sexual, a la identidad de género y a la expresión de género.
 
Indispensables para el 2019
 
  • Implementar acciones y políticas públicas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de las personas de la comunidad LGBTTTI y que tengan por objeto erradicar el estigma y la discriminación asociada a dichas poblaciones.
  •  Fortalecer las acciones de capacitación y actualización del personal del servicio público sobre el marco normativo y los protocolos de atención de las personas que viven con VIH y de las personas de la comunidad LGBTTTI.  
  • Estrechar la colaboración interinstitucional, principalmente entre aquellas que tienen relación directa con las personas que viven con VIH y con las personas LGBTTTI, a efecto de concertar acciones conjuntas que se traduzcan en atención integral de calidad.
  •  Derogar de los códigos penales la criminalización de la transmisión del VIH.  
  • Ampliar la cobertura de los servicios del Seguro Popular a las mujeres embarazadas con VIH migrantes que carecen de documentos a más de 3 meses, a fin de que los servicios cubran, por lo menos, el embarazo, el parto y el puerperio.
  •  Impulsar las reformas normativas correspondientes que permitan la celebración en todo el país de matrimonios entre personas del mismo sexo, así como el reconocimiento de todos sus efectos.  
  • Promover las modificaciones legislativas que garanticen en todas las entidades federativas, mediante un procedimiento administrativo, la expedición de actas de nacimiento y otros documentos oficiales por reasignación sexo-genérica.
  •  Revisar la adecuada implementación de los protocolos emitidos en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evaluar su eficacia en la investigación de casos de violencia hacia las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis, trans-género, transexuales e intersexuales.  
  • Evaluar la difusión y la implementación del Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual y Guías de Atención Específicas y la eficacia del mismo en la consecución de sus propósitos.
 
 

La CNDH en materia de Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

La atención de las problemáticas que enfrentan las personas que viven con VIH y aquéllas de la diversidad sexual, requiere la implementación de acciones y de políticas públicas en las que la perspectiva de derechos humanos es fundamental. En ese sentido, este Organismo Autónomo impulsa el posicionamiento de los derechos humanos de los aludidos grupos de atención prioritaria en la agenda nacional y el establecimiento de mecanismos que garanticen su respeto.
 
Para la consecución de tal objetivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha realizado actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas que viven con VIH desde su creación en 1990, recibiendo la primera queja por un asunto relacionado con el VIH en 1992. Desde ese año y hasta 2017, esta Comisión Nacional registró 1,391 expedientes de queja relacionados con el VIH y el sida; de estos registros el 34.76% se resolvió durante el trámite respectivo; la institución más mencionada como autoridad presuntamente responsable fue el Instituto Mexicano del Seguro Social y el principal hecho violatorio en los últimos años ha sido omitir suministrar medicamentos.
 
En el año 2001, a fin de visibilizar los derechos de las personas que viven con VIH, se creó una Subdirección como área especializada en la atención de los asuntos relacionados con tal temática que, en 2004, se reforzó como Dirección de Área y en 2007 mediante Acuerdo del Consejo Consultivo se estableció formalmente el Programa Especial de VIH/sida y Derechos Humanos de este Organismo Nacional, cuyo objeto se ha adaptado a las necesidades sociales del país, ampliando su población objetivo a personas LGBTTTI y cambiando su denominación en 2018 a Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH.
 
Como parte de la adaptación, a partir del año 2010, el ahora Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH también realiza acciones relacionadas con la sexualidad y el derecho a la no discriminación, encaminadas a difundir y promover el respeto de los derechos humanos de las comunidades LGBTTTI. Al respecto, de enero de 2010 a diciembre de 2017, en este Organismo Nacional se registraron 69 expedientes de queja relacionados con probables violaciones a derechos humanos de esas poblaciones; de esos registros el 29% se resolvió durante el trámite respectivo y el 33% por orientación; la institución más mencionada como autoridad presuntamente responsable fue el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y el principal hecho violatorio aludido en los últimos años “prestar indebidamente el servicio público”.
 
En virtud de lo anterior, actualmente el Programa busca el respeto de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, así como de la población LGBTTTI, mediante la promoción y difusión de los mismos, con el objeto de generar una cultura incluyente tanto en las y los servidores públicos como en la sociedad en general. En el marco de sus atribuciones proporciona, entre otros, con cobertura nacional, los siguientes servicios:
 
  • Promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, así como de la población LGBTTTI, tanto con vertiente informativa para personas que viven con VIH, personas de las comunidades LGBTTTI y público en general, como con vertiente de actualización y/o especialización para las y los servidores públicos, cuyas funciones se relacionan con la atención de dichos sectores de la población.
  • Orientación y asesoría jurídica sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH, así como de la población LGBTTTI.  
  • Difusión y divulgación de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de la población LGBTTTI, a través de la elaboración, actualización y distribución de materiales como cartillas, folletos, discos compactos, carteles, etc.

Promoción de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

El incremento constante del número de nuevos casos de VIH y de sida registrados cada año en nuestro país, permite advertir que los esfuerzos realizados para prevenir su transmisión han sido insuficientes, por lo que la atención de la pandemia aún representa un reto importante para la salud pública que demanda la implementación de acciones que garanticen, sobre todo, sus derechos a la protección de la salud y a la no discriminación, de la que también han sido objeto las personas de la comunidad LGBTTTI, quienes además de padecer los prejuicios creados alrededor de una orientación o identidad sexual diversa, son erróneamente asociados con la pandemia. En ese sentido, a fin de coadyuvar en la atención de dichas problemáticas y contribuir a la protección y respeto de los derechos humanos relacionados con las personas que viven con VIH, así como de las personas LGBTTTI, esta Comisión Nacional, realizó un total de 114 actividades de promoción entre cursos, talleres, pláticas, conferencias y mesas redondas, relativos a temas relacionados con el VIH y la diversidad sexual, tales como el estigma, la discriminación, el marco jurídico protector de los derechos humanos a la igualdad y a la protección de la salud, entre otros. Con estas actividades se ha logrado impactar a un total de 7,502 personas, de las cuales 2,817 fue personal del servicio público y 4,685 público en general, entre los que se encuentran personas que viven con VIH, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles.
 
El Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH busca que su impacto tenga la mayor cobertura posible, por lo que procura constantemente expandir este tipo de actividades, de manera que ha logrado realizarlas en distintos estados de la República Mexicana, tales como Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, así como en el extranjero.
 
Cabe resaltar que en materia de promoción, a lo largo del año se realizaron eventos relevantes, entre los que destacan los siguientes:
 
  • Por invitación de Archivos y Memorias Diversas, A.C., el 20 de enero se impartió, en la Ciudad de México, la conferencia “Feminicidios LGBTTTI”, que tuvo como objetivo promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos a fin de erradicar los crímenes por odio y homofobia.
  •  Por invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, el 26 de febrero, se impartió en la ciudad de Monterrey, la conferencia “Marco jurídico nacional en salud y VIH”, la cual tuvo como objetivo analizar el marco jurídico protector del derecho humano a la salud y promover su ejercicio en personas que viven con VIH, ya que frecuentemente, éstas son discriminadas por su condición de salud.  
  • Por invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el 2 de marzo se impartió, en Ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, la conferencia “Derechos humanos de las personas con VIH o sida”, con el objetivo de promover y difundir los derechos humanos de las personas con VIH y sensibilizar sobre su pleno ejercicio, a través de propuestas que buscan la generación de políticas públicas que permitan garantizar el respeto a su dignidad y sus derechos humanos, ya que estos frecuentemente se ven violentados debido al estigma y la discriminación que impera en torno a esta epidemia.
  •  Por invitación de la Red Mexicana de Mujeres Trans, A.C., el 26 de abril se impartió en Chihuahua, Chihuahua,  la conferencia “Índice de violaciones a los derechos humanos de las mujeres transgénero y transexuales en México: Propuestas para la prevención, atención y medidas de no repetición desde la Perspectiva de la CNDH”, la cual tuvo como objetivo promover políticas más efectivas e integrales para prevenir la discriminación que se ejerce contra las personas travestis, transgéneros y transexuales y dar a conocer la cartilla de esta Comisión Nacional que lleva como título “Los Derechos Humanos de las Personas Transgénero, Transexuales y Travestis” como un instrumento útil para la promoción y defensa de los derechos humanos de quienes se incluyen dentro de las poblaciones trans.  
  • En el marco del 17 de mayo, día internacional de la lucha contra la homofobia y transfobia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo el foro “Derechos humanos, la base para combatir la homofobia y transfobia”, celebrado el 14 de mayo, con el objeto de dar a conocer los esfuerzos institucionales y de las organizaciones civiles para erradicar la homofobia y la transfobia, así como reflexionar sobre los retos en la materia y sensibilizar respecto a los derechos humanos de la diversidad sexual.
  •  Por invitación de Sero Project y Positive Women´s Network, del 3 al 6 de junio, se asistió y se participó con una plática sobre “Derechos humanos: criminalización y VIH”, en la Tercera Academia de Entrenamiento de la Red Mundial contra la Criminalización del VIH, celebrada en la ciudad de Indianápolis de los Estados Unidos de América, con el objetivo de dar a conocer las acciones que este Organismo Nacional ha implementado para prevenir la criminalización del riesgo de transmisión del VIH y compartir experiencias en la materia.  
  • A invitación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el 5 de julio se asistió y se participó con una conferencia sobre “Derechos Humanos y pueblos indígenas en el contexto del VIH en México” en el Coloquio Pueblos indígenas y VIH: un acercamiento desde las políticas públicas, la investigación y la acción participativa, con la finalidad de dar a conocer la situación de ese sector de la población que es objeto de discriminación, tanto por su origen étnico como por su condición de salud y promover el respeto a sus derechos humanos en el contexto del VIH.
  •  Por invitación del Hospital Pediátrico Azcapotzalco, el 9 de agosto se impartió un curso-taller sobre el tema “Atención médica con perspectiva de género y diversidad sexual”, con el objeto de promover el respeto y sensibilizar respecto a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual como usuarias de servicios de salud, así como reflexionar sobre el estigma y discriminación asociados a esas poblaciones.  
  • Por invitación de la Asociación Civil Milk Sero+, el día 11 de septiembre se impartió una conferencia sobre los “Derechos de la Diversidad en México y el Mundo”, en la que se reflexionó sobre los avances experimentados en las últimas décadas acerca de la aceptación de la diversidad sexual en diversas latitudes, tales como el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en 23 países y sobre la protección que brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al derecho a la igualdad al prohibir expresamente la discriminación por orientación sexual.
  • Por invitación de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, el 22 de octubre se impartió, en la ciudad de El Paso Texas de los Estados Unidos de América, a servidoras y servidores públicos del sector salud de dichos países, la conferencia “Los Derechos Humanos en el tema de VIH-ITS y diversidades sexuales”, con el objeto de promover y difundir los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de las personas LGBTTTI, así como de exponer y reflexionar sobre los retos actuales en materia de prevención y tratamiento del VIH y de las ITS que afectan la región fronteriza. 
  • Por invitación del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, el 30 de noviembre se participó en el III Simposio Interdisciplinario Viviendo con VIH con el seminario “La CNDH en la lucha”,  mediante el cual se difundieron los servicios y actividades que realiza la CNDH a través del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, en materia de protección, promoción y difusión de los derechos humanos de las personas que viven con esa condición de salud, con el objeto de sensibilizar sobre su pleno ejercicio, de reflexionar sobre el estigma y discriminación asociados a ese sector de la población, así como de prevenir la vulneración de sus derechos humanos. 
  • Por invitación y en coordinación con la Secretaría de Salud federal, en el marco del Día Mundial del Sida, el 6 de diciembre se participó con una conferencia alusiva a dicha conmemoración a la que asistieron diversas autoridades locales y federales de distintas instituciones públicas del sector salud, así como representantes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, en la que se promovieron y difundieron los derechos humanos de las personas que viven con VIH, se sensibilizó sobre su pleno ejercicio y se reflexionó sobre el estigma y discriminación asociados a ese sector de la población. 

Vinculación con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en materia de Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Durante 2018 se realizaron 59 reuniones de vinculación en diversas entidades federativas del país y en el extranjero, de las cuales 18 fueron con organizaciones de la sociedad civil, grupos de personas que viven con VIH y de la comunidad LGBTTTI y 41 con diversas instituciones públicas.
 
Es importante mencionar que se tuvo colaboración estrecha, tanto para realizar eventos de promoción, como para coordinar acciones de prevención de violaciones a derechos humanos con la Secretaría de Gobernación; el Senado de la República; el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA); el Instituto Nacional de las Mujeres; el Instituto Nacional de Desarrollo Social; el Consejo Estatal para la Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida del estado de Quintana Roo; el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo; Instituto Veracruzano de las Mujeres; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico Nacional y organizaciones civiles nacionales e internacionales como el Centro Cultural Border; la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C.; la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, A.C. (Red Lactrans); la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH SIDA-IWC Latina; AIDS Healthcare Foundation (AHF México); Yaaj, Transformando tu vida,  A.C., México; Sero Project; Positive Women´s Network; Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C.; el Comité Organizador de la XL Marcha del Orgullo LGBTTTI; la Agencia de Cooperación Global para el Intercambio Cultural, A.C.; la Fundación GAAT Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans; la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C. (AMSSAC); Red de Democracia y Sexualidad, A.C. (DEMYSEX); Inspira Cambio, A.C. y la Organización de las Naciones Unidas, por mencionar algunas. 

En la materialización de acciones que impulsan el reconocimiento de los derechos humanos, tanto de las personas que viven con VIH como de las personas LGBTTTI, las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en el principal motor, por lo que esta Comisión Nacional seguirá privilegiando la concertación de acciones conjuntas.

Como resultado relevante de las tareas de vinculación de este Organismo Nacional, en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se presentó en el mes de diciembre la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), cuyo objeto fue conocer las opiniones, expresiones, prácticas y experiencias de discriminación, exclusión y violencia que enfrentan las personas por su orientación sexual, su identidad y expresión de género en México; se dirigió a personas mayores de 16 años residentes en el territorio nacional que se autoidentifican con orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género no normativas.  Algunos de los hallazgos de tal ejercicio reflejan que en el último año el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo, el 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho, una de cada dos personas no fue abierta sobre su orientación sexual y/o identidad de género en su último empleo, el 30.8% ha recibido tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía, entre otros. Los datos que revela la ENDOSIG dejan al descubierto experiencias de rechazo, estigma constante e interacciones sociales adversas a las que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas se enfrentan.
 
Trabajo Interinstitucional en favor de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual
 
Con el objeto de fortalecer la vinculación interinstitucional y a través de ello influir en la materialización de acciones encaminadas a proteger los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBTTTI, el Programa mantiene vínculos constantes con las instancias que regulan las acciones oficiales e internacionales en la materia.
 
El Presidente de la CNDH, por invitación del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA) ocupa una vocalía rotatoria en su Consejo Nacional para la Prevención y el Control del sida (CONASIDA). Asimismo, el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH participa en los siguientes Comités del CENSIDA:
 
  • Atención Integral. Dentro de este Comité se continuaron los trabajos del Grupo “Abasto y entrega oportuna de antirretrovirales”, los cuales permiten conocer y analizar la problemática del abasto, las dificultades para la distribución y entrega completa y oportuna al usuario final de los tratamientos ARV, así como las posibles alternativas para su mitigación por parte de las instituciones del sector salud que integran el Grupo de Trabajo.
  • Monitoreo y Evaluación. En el marco de las actividades de este comité se realizó el análisis de los indicadores y las estrategias generales propuestas para el seguimiento de las tendencias del VIH/sida e ITS en México; la evaluación de las fuentes de información disponibles para su medición; así como recomendaciones para el fortalecimiento del Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, Sida e ITS.
  • Prevención. Como parte de los trabajos de este comité se analizaron las políticas públicas que fortalecen las actividades de prevención del VIH/sida y otras ITS en las poblaciones clave. También se dio seguimiento a los compromisos adquiridos por nuestro país a través del PRONASA, de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el Sida, de las recomendaciones en la materia de las agencias y de los programas de las Naciones Unidas, en particular de ONUSIDA. 
  • Normatividad y Derechos Humanos. En este comité se analizaron las políticas públicas y la legislación federal y local, desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas que viven con VIH para revertir el estigma y la discriminación relacionados con la pandemia. 
Dichos Comités elaboran propuestas de acuerdos que son presentados al CONASIDA con el objeto de concertar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con VIH y a prevenir la transmisión del virus.
 
En esta sinergia, la Comisión Nacional también colabora de cerca en los Grupos de Trabajo 3 y 4 de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos que preside la Secretaría de Gobernación, denominados “Sobre el derecho a la no discriminación por preferencia y orientación sexual e identidad de género” y “Salud sexual y personas con VIH”, respectivamente.
 
Este año, en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo 3 de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad aludido, se elaboró el Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.
 

Divulgación de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Para difundir los derechos humanos de las personas que viven con VIH, así como de la diversidad sexual, se elaboraron y actualizaron diversos materiales de divulgación y se entregaron para su edición, reedición, y/o reimpresión 13 materiales entre libros, cartillas, folletos, discos compactos y tarjetas postales.
 
A continuación, se presenta el contenido de algunos materiales de divulgación aludidos en el párrafo anterior:
   
Asimismo, en este año se distribuyeron 11,850 materiales de divulgación en la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Sonora, Veracruz y Yucatán. Adicionalmente, a través del Centro Nacional de Derechos Humanos se distribuyeron 133,313 ejemplares a servicios de salud especializados en la atención de las personas que viven con VIH y a los organismos públicos de derechos humanos del país. 
 
 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Con la finalidad de contar con un mejor panorama sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBTTTI más vulnerados, el Programa cuenta con una base de datos en la que con fines estadísticos y a partir de la información proporcionada por la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, se registran los expedientes de queja recibidos en la CNDH en torno a tales temáticas por año, por entidad federativa donde ocurrió la presunta violación, por autoridades presuntamente responsables y por hechos presuntamente violatorios. De dicha base se advierte que durante el 2018, se registraron un total de 80 quejas relacionadas con el VIH y el sida, siendo el principal hecho violatorio el omitir suministrar medicamentos y la autoridad presuntamente responsable más señalada el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; además de 6 quejas relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTI, en las que el principal hecho violatorio fue prestar indebidamente el servicio público y el Instituto Nacional de Migración la autoridad señalada como presunta responsable con mayor frecuencia.
 

 

Asesorías y Orientaciones en materia de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Durante el 2018 se brindaron 447 asesorías de diversa índole, de las cuales 169 implicaron la entrega de información general relativa a la pandemia del VIH y el sida, así como de la diversidad sexual (atenciones) y 278 orientaciones sobre quejas en dichas materias.

Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos: Derechos de la comunidad LGBTTTI

Durante el mes de noviembre, esta Comisión Nacional presentó los resultados del análisis realizado en torno al Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos: “Derechos de la comunidad LGBTTTI”, cuyo objeto fue presentar un panorama sobre el estado que guarda la normatividad interna en nuestro país en relación con los compromisos asumidos internacionalmente mediante la suscripción de diversos tratados de los sistemas universal e interamericano que a partir de la reforma constitucional del 2011 se han incorporado a nuestro orden jurídico, a través de la medición del grado de avance en el proceso de armonización normativa, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local respecto a los derechos de las personas LGBTTTI.
 
En la revisión de la normatividad se analizó si los derechos de las personas LGBTTTI han sido incorporados de manera efectiva para poder ser puestos en práctica, de tal manera que se examinaron las disposiciones vigentes hasta septiembre de 2018 sobre derechos tales como: no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, reconocimiento de la personalidad jurídica, vida libre de violencia, no discriminación laboral, matrimonio en función de la determinación de los fines del mismo, adopción, entre otros.
 
Del análisis practicado, se advierte que a nivel nacional existe un porcentaje del 59.15% de avance en la armonización de las normas revisadas. En cuanto al orden federal, la normatividad en estudio reflejó un porcentaje de armonización del 43.64%. El resultado del avance de la armonización en cada entidad federativa, respecto de las disposiciones seleccionadas, puede consultarse en la página electrónica http://armonizacion.cndh.org.mx/ de la que es posible observar que San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Baja California son las entidades con menor porcentaje de armonización normativa en materia de derechos de las personas LGBTTTI, así como que la Ciudad de México y Campeche obtuvieron los porcentajes más altos.
 

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la Situación de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI) en México (2013-2017)

A fin de conocer la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestistransgénerostransexuales e intersexuales en México, este Organismo Nacional realiza un informe para cuya elaboración se analiza el marco normativo nacional en relación a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y se requirió información en vía de colaboración a diversas instituciones federales y locales respecto a acciones implementadas en el marco de sus atribuciones a favor de dichas poblaciones, durante el periodo 2013-2017, cuya sistematización y análisis se encuentra en proceso.
 
Lo anterior, con el objeto de identificar las problemáticas que pudieran traducirse en vulneraciones a los derechos humanos de la población LGBTTTI, analizar las acciones que han desarrollado las autoridades competentes para la protección y defensa de esos grupos en situación de vulnerabilidad, determinar los rubros pendientes en la protección de sus derechos humanos y generar una herramienta de consulta para las autoridades competentes que les permita realizar mejoras, modificaciones y adecuaciones en los procedimientos de atención a dichos sectores de la población.

Recomendaciones Generales en materia de Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH y de la Diversidad Sexual

Recomendación General por las Principales Violaciones a los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH 

Ante la existencia de disposiciones normativas y prácticas administrativas que propician o constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH, esta Comisión Nacional elabora una Recomendación General en la que a partir del análisis de los expedientes de queja recibidos durante el periodo 2010-2017 se formularán recomendaciones en torno al surtimiento no oportuno de tratamientos antirretrovirales y la insuficiencia de dosis pediátricas, al estigma y la discriminación asociados a dicho sector de la población, a la inadecuada aplicación de los protocolos para su atención y a la necesidad de armonizar el marco normativo a fin de que se garanticen sus derechos humanos, entre otras, por ser las problemáticas que con mayor frecuencia vulneran los derechos humanos de ese grupo de atención prioritaria. 

Recomendación General sobre la Concordancia Legal de la Identidad Sexo-Genérica de las Personas Trans e Intersexuales

Ante la situación de vulnerabilidad a la que se ha expuesto a aquellas personas cuya identidad sexual y de género no es concordante con el binomio sexo-genérico que les fue asignado al nacer (personas transgénerotransexuales e intersexuales) y con el asentado en sus documentos del estado civil y de identificación oficial, este Organismo Nacional elabora una Recomendación General en la que se analiza la importancia de que dichos documentos reflejen la identidad con la que los individuos se presentan ante la sociedad, lo anterior, en el marco de los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al nombre, a la intimidad, a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual.

Un insumo importante en el desarrollo de la Recomendación General son los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunal que ha determinado que debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente el derecho a la identidad sexual de las personas transexuales, toda vez que se trata de aspectos que definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad.

Asimismo, en la Recomendación General se analizarán los casos de las entidades federativas (Ciudad de México, NayaritMichoacán y Chihuahua) en las que se contemplan trámites para solicitar la concordancia legal de la identidad sexo genérica para personas trans e intersexuales.

Lo anterior, con el objeto de impulsar la adecuación de los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar que permitan la concordancia legal de la identidad de las personas trans e intersexuales, así como la realización de acciones encaminadas a la capacitación de las y los servidores públicos que por cuestiones de competencia tengan participación en la implementación de dichos cambios y en la atención de las personas LGBTTTI.
 
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