Se recargará la página automáticamente al seleccionar un año para mostrar el informe de actividades
 Buscador   Ir web de la CNDH

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018    Ayuda

I. Estrategia Institucional

Con la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, se sitúa a las personas en el centro de la actividad del Estado. Esto representa un compromiso permanente para éste, pues reconocer los derechos humanos implica honrar la responsabilidad de su salvaguardia activa y contribuir al sostenimiento, procuración y proveeduría de las libertades, la seguridad, el desarrollo y el bien común.

Ello a su vez exige grandes esfuerzos de trabajo creativo y participativo frente a los retos de igualdad y de justicia que demanda el país, además de una gran disposición de todos los actores hacia el aprendizaje significativo de los derechos humanos, porque ambos mejoran los alcances y la perdurabilidad del bienestar.

Al reconocer los derechos humanos, el Estado mexicano se hace responsable de iniciar el proceso para eliminar los rezagos, frenar las violaciones, estar en disposición de no negarlas, proceder a la reparación integral de las víctimas, mejorar la justicia y abordar estrategias muy puntuales de no repetición.

Las amenazas a los derechos humanos son muchas: pobreza, desigualdad, violencia, opresión, discriminación, persecución, feminicidios, tortura, homicidios perpetrados por autoridades, desapariciones forzadas, agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la precariedad de la vivienda, la inseguridad en los entornos comunitarios, los problemas crónicos que enfrentan los sistemas de salud pública, de transporte público, de asistencia social o de protección civil frente a desastres, así como una brecha de género que se refleja en rezago educativo, laboral, político, de ingresos y de propiedad territorial para las mujeres. Todas estas y muchas otras amenazas representan opresiones tangibles en nuestro país y en muchas partes del mundo.

Reconocer la crisis de derechos humanos comprende admitir e investigar las violaciones a derechos humanos cometidas, participar en el análisis de sus causas, coadyuvar sin demora ni obstáculo a su investigación para conocer la verdad, hacer justicia, admitir recomendaciones para su reparación y prevenir su repetición.

México no sólo vive una crisis en materia de violencia, inseguridad y desigualdad, pues ésta forma parte de otra más grave: una crisis de derechos humanos, en la que según los datos del 2016 y 2017 del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y Federal 2017 y 2018[1] se registra un promedio anual de más de 79 mil personas y más de dos mil grupos y colectivos víctimas de violaciones de los derechos humanos, esencialmente en materia de acceso a la salud y la seguridad social, o relacionadas con el empleo de las fuerzas armadas en tareas de contención de la criminalidad, o por un inadecuado acceso a la justicia, además de diversos hechos asociados a la impunidad, desigualdad y discriminación en cuanto al acceso al desarrollo. Esta crisis ha lastimado a personas y familias con niveles de vulnerabilidad crónica alarmantes, lo que ha traído un profundo desasosiego, sufrimiento y desesperanza.

La CNDH cuenta con programas especiales que estudian las amenazas a los derechos humanos de grupos en condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo: víctimas del delito, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores, personas migrantes, defensoras de derechos o periodistas, con discapacidad o que viven con VIH, personas víctimas de trata, además de personas en reclusión, con particular atención a casos de indígenas en reclusión, y personas desaparecidas, este último en el que se coadyuva en la búsqueda y localización de las mismas.

A través de estos programas también se brinda asistencia y orientación especializada a los grupos de atención prioritaria, donde se destaca a manera de ejemplo el estrecho acompañamiento brindado en el éxodo migratorio de personas originarias de Centroamérica, así como en el acompañamiento a las familias en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, entre otros. 

Los mayores problemas que contextualizaron el trabajo de la CNDH en 2018 se relacionaron con un amplio cuadro de preocupaciones del grueso de la población, caracterizados por la violencia, el aumento de feminicidios, la prevención de la tortura, los cambios legislativos en materia de desaparición de personas, la violencia contra las autoridades locales y la violencia en la contienda política, la justicia por propia mano y las agresiones contra periodistas y personas defensoras civiles, así como contra autoridades locales, entre otros.

Los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que de enero a noviembre de 2018 se registraron 26,376 homicidios dolosos. Con ello, el año 2018 cerraría con un promedio de 79 homicidios diarios: uno cada 19 minutos[2]

El aumento de los feminicidios refleja otro de los fracasos de las estrategias públicas para proveer seguridad a las mujeres. El desafío del Estado mexicano para realizar un registro confiable de los feminicidios sigue siendo una tarea pendiente en la actualidad. Ello guarda relación con diversos elementos, entre ellos: la diferencia en la tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas. Como indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha venido dando de forma gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017.”[3]]
 
Este delito presenta un crecimiento constante desde 2015. De acuerdo con los datos oficiales actualizados, de enero a noviembre de 2018 se registraron 760 víctimas de feminicidio en el país (sin tomar en cuenta los casos que no fueron denunciados o contabilizados como tal y los que a la fecha se desconocen debido al tratamiento de la víctima como persona desaparecida), al comparar este número con el del año previo, 735 casos, se aprecia un aumento en el promedio mensual, pasando de 61.25 feminicidios mensuales en promedio en 2017 a 69.09 feminicidios mensuales en promedio en 2018.

De enero a noviembre de 2018, las entidades federativas con mayor cantidad de feminicidios fueron México (94), Veracruz (85), Nuevo León (74), Chihuahua (48), Ciudad de México (38), Sinaloa (38) y Puebla (30). [4] No obstante no debemos perder de vista la proporción de estos feminicidios con respecto a su propia población femenina (tasa) ya que los estados con las tasas más altas de feminicidios lo son Colima (con 3.11 por cada cien mil mujeres), Nuevo León (2.78), Chihuahua (2.47), Sinaloa (2.45), Zacatecas (2.41), Morelos (2.14) y Tabasco (2.08).

Es importante tomar en cuenta que la tipificación del delito de feminicidio varía dependiendo de la entidad federativa por lo que las cifras reales de homicidios dolosos contra las mujeres por razones de género son superiores a las registradas.

Otro agravio importante es el de la violencia contra autoridades locales. Las reflexiones en torno a ello buscan aportar a la atención del fenómeno y destacar la fragilidad institucional en un contexto de violencia que no sólo atenta contra la propia integridad física de quienes ejercen algún cargo de esta naturaleza, sino que vulnera el desempeño de sus funciones.

Si bien las agresiones cometidas contra autoridades locales era un hecho poco conocido hasta antes de 2004, a partir del 2009 se aprecia que estos hechos han crecido significativamente. No se ha localizado una cifra oficial al respecto, sin embargo una agencia consultora en riesgos y estrategia electoral formuló un informe propio al respecto, en él cita:[5]: “…Durante los últimos 12 meses, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de Etellekt, entre el 1° de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, han ocurrido en todo el país al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados. Los altos niveles de violencia política han persistido de igual forma en el actual periodo de transición, posterior a los comicios del pasado 1 de julio. Desde el 2 de julio y hasta el 31 de agosto, han ocurrido 63 ataques, de los cuales 21 fueron homicidios dolosos contra políticos; 4 de ellos eran representantes y autoridades recién electas. A lo largo de estos 12 meses, destaca además un dato esencial identificado por el Laboratorio de Casos de Etellekt, para entender las causas que han motivado los atentados contra políticos y candidatos en las elecciones concurrentes de 2018. De las 850 agresiones analizadas en este periodo, el 81% se han dirigido en contra de opositores a los partidos y coaliciones gobernantes en las 32 entidades de la república.”

Por otra parte, la justicia por propia mano, por sus características y contextos locales, requiere un seguimiento particular por el uso cada vez más frecuente de la violencia física colectiva para enfrentar vacíos de seguridad pública. Este fenómeno se percibe como una expresión de la indignación y hartazgo de la sociedad por la poca credibilidad y desconfianza al sistema de seguridad pública, lo que lo torna en un desafío a la procuración y la administración de justicia; han dejado de ser sucesos excepcionales en algunas regiones del país.

En 2018 se registraron al menos 246 casos de linchamientos; un 80% de ellos ocurrieron en los estados de Puebla, Estado de México, Tabasco, Ciudad de México e Hidalgo; esa cifra representa un incremento del 134% respecto a 2017, que registró 105 casos.

La justicia por propia mano en el país implica un fenómeno multifactorial alimentado por la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la crisis de autoridad. A ello se suma la imagen negativa que la sociedad tiene de los cuerpos policiacos y de las autoridades responsables de la procuración y administración de la justicia.

Por otra parte, el periodismo mexicano atraviesa la más seria emergencia de su historia. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas atentan contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información y el derecho a la verdad.
 
En 2018 se registraron 11 homicidios de comunicadores en México y desde el año 2000 suman ya 141 asesinatos en país, siendo los Estados de Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15) y Chihuahua (14) los que cuentan con más homicidios registrados, pues más de la mitad de los crímenes contra periodistas ocurren en estas cinco entidades.
 
A todos estos hechos de violencia debe añadirse como una preocupación especial, por sus repercusiones en los derechos humanos, la preponderante participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la cual debiera acotarse conforme a los estándares internacionales: esto es, restringirse las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, estas últimas, deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito. La intervención de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas no es la respuesta más adecuada para enfrentar el índice delictivo que aqueja a nuestro país, dada la especial naturaleza de sus funciones que le son propias; sin embargo, la CNDH consciente de la ola de violencia que vive nuestro país, reconoce la necesidad de que el retiro de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública debe ser gradual, por lo que es urgente el que se fortalezca a las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas, quienes en un futuro próximo, asuman en su totalidad, las tareas de seguridad pública en México.

En consecuencia, las fuerzas militares, en cualquier modalidad, solamente pueden intervenir en cuestiones de seguridad pública de manera excepcional y temporal, no siendo permisible que se institucionalice su uso para la seguridad ciudadana, con apego a los principios del uso legítimo de la fuerza, estableciéndose un programa verificable, de corto y mediano plazos que transfiera a manos de civiles las responsabilidades que han venido asumiendo, adoptando como estrategia central el incremento de buenas prácticas, de la confianza de la ciudadanía y el desarrollo de capacidades apoyadas en la profesionalización, la capacitación y el saneamiento de las instituciones de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno.

Actualmente, en el Congreso de la Unión se discute el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, en sentido positivo, sobre la iniciativa que reforma diversos artículos de la CPEUM para la creación de la Guardia Nacional, iniciativa presentada, con motivo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, en la que la postura de la mayoría de los Ministros fue en el sentido de que la posible participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz se encuentra necesariamente constreñida a condiciones eventuales y transitorias, y que está sujeta, en todo momento, al mando de las autoridades civiles, declarando la invalidez total de dicha Ley.

Al respecto, se considera que no se puede combatir la violencia imperante y la grave crisis de violaciones a derechos humanos, modificando el texto constitucional, pues ello no resuelve el problema, más aún lo agrava, al institucionalizar un cuerpo de seguridad pública integrado, entre otros, con elementos militares.

La CNDH ve con preocupación que el eje de la política de Estado que busca crear condiciones mínimas de seguridad en el país y abatir la violencia, se centre en el replanteamiento de la Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas contraviene lo previsto por los principios que hasta esta fecha ha sustentado nuestra Constitución, en el sentido de garantizar la primacía y división de las autoridades civiles sobre las militares, siendo contraria, de igual forma a recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales.

Este Organismo público autónomo considera que los problemas de seguridad se deben de abordar de manera integral, que las políticas públicas y las normas se formulen bajo este enfoque, sustentado en el respeto de los derechos humanos, en el que se considere contar con fiscalías autónomas en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores.

También destaca la puesta en marcha de leyes que representan riesgo de incremento de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes, como fue el caso de la Ley de Seguridad Interior o la reforma del artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La CNDH considera que, de aprobarse esta reforma para ampliar el catálogo de delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa, sería una regresión al sistema inquisitivo, no abonando a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria.

Contravendría al derecho de los tratados y al debido proceso reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como al principio de progresividad.

La procedencia de la prisión preventiva oficiosa debe atender a la regla cerrada de aplicabilidad excepcional, para hacer guardar su naturaleza como medida cautelar de aplicación de ultima ratio y de aplicación necesaria para salvaguardar derechos de terceras personas, como lo son las víctimas de los delitos.

Toda iniciativa que se presente no puede restringir o condicionar el ejercicio o goce de derechos de manera más estricta a los términos vigentes en la actualidad.

Otros temas de gran relevancia son el de las violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de migración, el incremento del número de personas desparecidas, el aumento de la obesidad, en especial en niñas, niños y adolescentes, la atención de personas damnificadas por los sismos de 2017 y la aplicación de la justicia en obras públicas con desempeño incierto como en el caso del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Sobre estos últimos aspectos, la CNDH juega un papel importante para proteger los derechos humanos de todas las personas a través de la presentación de demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este año se interpusieron 53 acciones de inconstitucionalidad contras diversas leyes, lo cual debe interpretarse como el ejercicio de una responsabilidad constitucional ya que todas las normas deben ser respetuosas de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, y no como una postura contraria a los poderes públicos. A través del ejercicio de esta facultad se contribuye a garantizar la libertad y la dignidad de las personas.

En cuanto al gran abanico de problemas ya enunciados, la CNDH reconoce como positivo el hecho de que en el actual gobierno sea prioritario el combate a la pobreza y la desigualdad, así como a la corrupción y la impunidad. Frente a ambos binomios este Organismo ha insistido de manera permanente en la necesidad de su atención, pues solo así podría construirse un auténtico Estado democrático, fortalecido con justicia para todos y todas, sin distingo ideológico ni discriminación.

Pero estos aspectos positivos no deben afectar los derechos de poblaciones con condiciones de vulnerabilidad históricamente alta. Reconocemos que los grandes proyectos detonan crecimiento y desarrollo para las regiones y el país; sin embargo, no deben perderse de vista los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados e incluidos en dicho proceso de desarrollo.

Por otra parte, es una aspiración legítima que las personas vivan y crean firmemente en la convivencia pacífica y justa la que genera bienestar para todas y todos; por ello la CNDH considera que debe brindarse la mejor formación a la ciudadanía, la mayor capacitación posible a las autoridades y la mayor sensibilización colectiva en materia de derechos humanos, que colabore a construir una realidad diferente a la actual.

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos 2018 del INEGI, durante el 2017 los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) registraron 7,161 (5,517 las comisiones estatales y 1,644 la Comisión Nacional) violaciones relacionadas con el derecho a no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes: casi una cada hora. Si las autoridades administrativas del país no encuentran limitación a esta práctica, las cifras podrían ser constantes desde, cuando menos, el año 2012, incluso podría ser mayor, considerando que en las quejas no se incluye la estimación de la cifra negra (violaciones que no se hicieron del conocimiento de los OPDH). En todo caso este fenómeno retrata una de las muchas estrategias que algunas autoridades podrían haber adoptado desde el comienzo de la crisis de seguridad pública.

Desde luego que la limitación formal de esta práctica se encuentra: 1) en la admisión de la existencia del fenómeno de tortura; 2) proceder penalmente contra las autoridades violadoras de derechos humanos; 3) garantizar la verdad, resarcir en sus derechos a las víctimas, y 4) mejorar los dispositivos para su prevención. Lo cierto es que, a menudo, cuando las autoridades admiten las recomendaciones emitidas por los OPDH, demoran en su cumplimiento. Tal y como advierte el Censo Nacional de Derechos Humanos 2017 del INEGI, durante 2016 los OPDH emitieron 1,774 recomendaciones a las autoridades responsables de violar los derechos humanos (cuatro por día), de las cuales, al 31 de diciembre de ese año, 24.3 por ciento habían sido cumplidas en su totalidad, 29.1 atendidas parcialmente, 31.8 aceptadas, pero sin contar con pruebas de cumplimiento, 10.7 fueron rechazadas, y 4.1 estaban pendientes de respuesta.

El anticipo sobre el censo relativo al año 2018 (datos 2017)[6] los OPDH emitieron 1,700 recomendaciones (86 la CNDH y 1,614 las comisiones estatales) a las autoridades responsables de violar los derechos humanos (cuatro por día), de las cuales, al 31 de diciembre de ese año, 79.6% aceptadas, 10.3% fueron desechadas, y 7.8% estaban pendientes de respuesta, sin embargo no brinda de manera pública el estatus que guardan dichas recomendaciones al cierre del ejercicio.

Al cierre del 2018 en este Organismo Nacional dispone de un total de 431 recomendaciones en trámite a 179 autoridades en 694 ocasiones; de ellas 10% en tiempo de ser contestadas; 6% aceptadas, en tiempo de aportar pruebas de cumplimiento; 81% con cumplimiento parcial; y 3% sin pruebas de cumplimiento aportadas por la autoridad responsable. Además, debe tomarse en cuenta que existen recomendaciones cuyo seguimiento dispone de más de una década sin que se obtenga el cumplimiento total a las mismas.”

Y esta es una realidad que percibe la sociedad; en noviembre de 2018, cuando se le preguntó a la gente en encuesta de la CNDH: por lo que usted sabe, ¿las autoridades de todos los niveles acatan todas las recomendaciones de la CNDH, las acatan en su mayoría, casi nunca las acatan o nunca las acatan? Las respuestas de “casi nunca” y “nunca”, sumaron 60.6 por ciento (lo que representaría en proporción a 54.5 millones de personas de 18 años y más).

Esta evidencia estadística hace pensar en la enorme necesidad de mejorar la disposición de las autoridades de todo el país para reconocer y hacerse cargo del problema, asimismo, en la gran importancia que reviste contar en México con instituciones autónomas que, además de aquellas que por ley deben procurar e impartir justicia al respecto, ofrezcan orientación, investigación expedita y mecanismos de pronta solución a tantas personas como las que pudieron presentar en este tiempo una queja cada hora o las que podrían haber reducido el riesgo de violación de los derechos humanos si las autoridades administrativas hubiesen atendido diligentemente las cuatro recomendaciones que en promedio fueron emitidas diariamente a través del Conjunto de Organismos Autónomos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en el país.

No obstante, todavía se advierten procesos de resistencia al cambio en este sentido, en contra de la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país. Tal es el caso de autoridades cuya posición de cara a la ciudadanía consiste en reconocer su deuda en materia de derechos humanos y aceptar las recomendaciones, pero en la práctica, suelen obstaculizar, demorar o burocratizar el proceso de atención de solicitudes de información de la CNDH o simplemente no actúan con la debida diligencia para investigar, hacer justicia, reparar a las víctimas y evitar la repetición de violaciones.

Por ello, reconocemos que el Gobierno de México ha afirmado que dará estricto cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH y nos resulta alentador y promisorio, ya que de este modo no se responde al mero reclamo de un organismo autónomo, sino a la sociedad y, particularmente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, el contexto de preocupaciones que el Estado mexicano enfrenta desde el año 2018 no quedaría completo sin esbozar los dos usos básicos que proponemos para todas las comunicaciones que emiten los organismos no jurisdiccionales de protección y defensa de los derechos humanos: el primero, de carácter reflexivo, el trabajo a favor de los derechos humanos, por su intensidad y alta complejidad, demanda instituciones sólidas, fuertes, a las que se les reconozca y afirme el sentido de su autonomía, así como la independencia de su visión crítica, porque ella constituye el gran activo de todas y todos los aliados de los derechos humanos, la capacidad de incidencia para atender la grave crisis que enfrenta el país.

El segundo uso o propósito se refiere al de la consideración de que esta visión crítica constituye siempre un llamado respetuoso para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con respecto a los derechos y libertades básicas de las personas, y el cumplimiento de las normas internacionales, la autoridad revise y fortalezca su quehacer, profundizando en la adopción de estrategias que eviten que las situaciones críticas se complejizaran más, o que los abusos se perpetuaran. Después de todo, éste será el gran aporte social de un informe emitido por la CNDH: recordar las experiencias de cuyo aprendizaje podríamos obtener un camino más claro hacia la reparación, la reconciliación y la solución conjunta y definitiva de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad, en el presente y de cara al futuro.
Herramientas para accesibilidad