INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017    Ayuda

Presentación


PRESENTACIÓN

En nombre de quienes, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH o Comisión Nacional), tenemos la responsabilidad de promover, divulgar y defender los derechos fundamentales de las y los mexicanos, y de todas las personas que habitan o transitan por el territorio nacional, así como de prevenir violaciones a los mismos, me es muy grato externarles un cordial saludo.
 
La CNDH es una institución pública comprometida con sus obligaciones relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información.
 
El presente Informe Anual de Actividades 2017 atiende lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley de la CNDH, los cuales disponen que el Presidente de este Organismo Constitucional Autónomo rinda, anualmente, un informe sobre las actividades que haya realizado. Dicho informe debe comprender una descripción del número y características de las quejas y las denuncias que se hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones que se hubiesen formulado, los resultados obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren convenientes. El marco legal da lugar también a que este informe contenga propuestas dirigidas a las autoridades competentes, tanto federales, como locales y municipales, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de las personas y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
 
Aunque este informe no está destinado a presentar un diagnóstico general del estado de los derechos humanos en el país, toda vez que se circunscribe a las actividades de la CNDH, en el mismo se busca mantener un equilibrio que permita dar cuenta de las acciones realizadas por la misma dentro de un contexto social determinado. En el futuro, el Estado mexicano deberá dar los pasos necesarios para contar con los indicadores y las herramientas de análisis y seguimiento que hagan posible presentar a la sociedad un informe periódico sobre el estado que guardan la vigencia, el ejercicio y el goce de los derechos humanos en el país. Aspiramos a que se pueda hacer una tarea sistemática que permita no solo conocer las violaciones a los derechos humanos y la correspondiente atención, sino también dar cuenta del avance en su cumplimiento, de forma estructural y conforme al principio de progresividad.
 
En este informe nos proponemos ofrecer un panorama de las violaciones denunciadas y registradas en esta institución, en detrimento de los derechos humanos, así como de las acciones realizadas para su debida protección y defensa, teniendo como eje de actuación a las víctimas. Asimismo, dar a conocer las actividades orientadas a monitorear su observancia, a promover su reconocimiento, respeto y garantía y a divulgar contenidos que impulsen una cultura de los derechos humanos en la sociedad.
 
Los derechos humanos no constituyen un renglón aparte o un apartado específico de la acción del Estado o de la vida social. Su vigencia y cumplimiento están relacionados con toda la operación del poder público y con el ámbito de libertad y seguridad que atañe a todos los sectores sociales.
 
El trabajo de la CNDH, durante 2017, se desarrolló en un contexto muy complejo en el que se observó un repunte de la violencia y el crimen en el país. Los delitos cometidos con violencia, especialmente los asesinatos, han alcanzado niveles graves dentro de este siglo. Indignan los feminicidios en muchas regiones, así como el reclamo social en diversas entidades federativas para que se emita la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
 
Los retos se han incrementado no solo en número sino en intensidad, no obstante la respuesta no se ha producido con igual agilidad ante los acontecimientos, por lo que hay retraso en la armonización de los marcos legales tanto en el orden federal como en el estatal, debilidades en la planeación y en la presupuestación de recursos para fortalecer la acción de las áreas responsables de la paz y la seguridad pública, bajos resultados en la actualización de políticas públicas en la materia y una aún limitada coordinación entre los órdenes de gobierno para disminuir los niveles de violencia criminal y atender a las víctimas de manera integral.
 
Hay un debate jurídico-político no resuelto acerca de las relaciones, los alcances y los límites entre conceptos tales como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública.
 
En relación con el tema de seguridad interior, la Comisión Nacional realizó diversas acciones entre las que destacan la participación con el Poder Legislativo, en la discusión respecto a cuatro iniciativas de Ley de Seguridad Interior y dos reformas a la Ley de Seguridad Nacional; además de la emisión de pronunciamientos, destacando el realizado de manera conjunta con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, referente a la inexistencia de las condiciones propicias para que se aprobara el proyecto de ley durante el proceso legislativo, exhortando, de nueva cuenta, a la Cámara de Senadores y al Ejecutivo Federal para que se ampliara el debate y la discusión a efectos de prevenir situaciones que vulneraran los derechos humanos.
 
En este contexto, la atención de la seguridad a las personas oscila entre la ineficacia y el abuso, dando lugar a violaciones de derechos humanos, ya sea por acción u omisión. Preocupa particularmente que las agresiones a las personas periodistas y defensoras continuaron, incluso privando de la vida a un número importante de ellas.
 
Un reflejo de ello lo es el número de recomendaciones por violaciones graves que se emitieron durante el 2017, sin desconocer que los hechos fuesen anteriores a este ejercicio, ya que, de nueve recomendaciones históricamente emitidas de origen bajo esta calificación, cinco corresponden a este año. Hago referencia a casos como: la venta de niños y niñas en el Estado de Sonora (9VG); los cuerpos de personas localizadas en fosas en Cadereyta, Nuevo León (8VG); el excesivo uso de la fuerza que propició el fallecimiento de varias personas en Nochixtlán, Oaxaca (7VG); las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la retención ilegal en Papantla, Veracruz (6VG); así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, de la misma entidad (5VG).
 
También en este año hemos visto reeditarse parte del conflicto agrario en la zona de los altos del Estado de Chiapas, de tal manera que la confrontación ha cobrado su cuota de sufrimiento por la vía del desplazamiento forzado masivo de personas campesinas indígenas de la región, que han tenido que abandonar sus hogares y patrimonios por el miedo a ser asesinadas. Ello ante la inoperancia de autoridades municipales, estatales y federales que, hasta el momento, no han acertado en generar una solución que permita a las personas recuperar la normalidad de su vida cotidiana y, por lo tanto, el ejercicio de sus derechos.
 
Por otra parte, es pertinente también destacar que en 2017 se suscitaron dos terremotos en el mes de septiembre, los cuales afectaron a un número significativo de personas en varias entidades federativas del país, tanto por la trágica pérdida de vidas humanas, como por la lamentable destrucción del patrimonio de muchas familias. La emergencia representó un importante desafío para las instituciones, no solo por la rápida respuesta que la situación exigía para salvar personas, sino también por haber puesto en evidencia irregularidades y actos de corrupción en las construcciones que, sin duda, perjudicaron el goce de los derechos humanos de muchas personas.
 
Frente a estos acontecimientos y retos al Estado Democrático de Derecho y a la vigencia de los derechos fundamentales, se ha desarrollado la actividad de la CNDH, la cual se ha desplegado conforme a las atribuciones que le otorga el marco legal.
 
En 2017 esta Comisión Nacional privilegió la actuación preventiva, por ello, llevó a cabo acciones de atención inmediata, entre las que se cuentan gestiones de diversa índole ante autoridades, dictámenes médicos, asesorías jurídicas, intervenciones durante las visitas de supervisión y otras, todas encaminadas a solucionar asuntos que, al plantearse a la autoridad y al resolverse en el acto, no motivaron la apertura de expedientes de queja, lo que ocurrió particularmente en la materia penitenciaria y migratoria, en las que se observa una situación crítica que motivó una amplia agenda de trabajo.
 
Durante 2017 se recibieron y clasificaron 45,639 escritos de personas quejosas. De este total, 8,319 fueron de orientación directa, 7,682 de remisión, 627 de inconformidad y 9,331 de queja. Los restantes escritos refirieron otro tipo de documentos, entre los que destacan las aportaciones para la integración de dichos expedientes.
 
Asimismo, cabe señalar que se realizaron 559 vistas a las autoridades y órganos internos de control por ser de su competencia o por omisiones de las mismas.
 
Además, en lo que corresponde a la tramitación de presuntas violaciones a los derechos humanos, es de destacarse que 4,001 expedientes de queja fueron solucionados durante el trámite y 1,332 por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, en virtud de que la autoridad tomó las medidas para resolver la violación a los derechos humanos, por intervención de la CNDH, y en 146 se alcanzó la conciliación entre las partes, privilegiando con ello la solución más expedita para las víctimas.
 
Esta Comisión Nacional emitió durante el 2017 un total de 97 instrumentos recomendatorios. De ellos, 81 dieron resolución a un total de 162 casos (expedientes); asimismo, se emitieron cinco recomendaciones por violaciones graves, ocho recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tres recomendaciones generales.
 
Respecto a las últimas, la Núm. 29 versó sobre el derecho a la información en servicios de salud; la Núm. 30 sobre condiciones de autogobierno y cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana y la Núm. 31 se elaboró con el fin de eliminar la violencia obstétrica y prácticas que vulneran los derechos humanos de las mujeres en instituciones de salud.
 
Fueron cuatro los informes especiales que este año emitió la CNDH: uno sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en el que se formularon 102 propuestas para la atención integral del problema; otro, sobre adolescentes: vulnerabilidad y violencia, con el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); otro sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana, y uno más sobre los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Adicionalmente, se presentó un informe sobre el derecho a la salud de las mujeres indígenas en México, y diversos pronunciamientos, diagnósticos, declaraciones y estudios que proveen un mayor conocimiento sobre el estado que guardan los derechos humanos y plantean medidas a adoptar para mejorar su situación en el país.
 
Se promovieron 34 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, sumadas a las iniciadas con anterioridad durante esta gestión, totalizan 94 acciones presentadas por la actual administración. Conviene destacar que dicho número resulta especialmente significativo a efectos de dar cuenta del empeño que esta Comisión Nacional ha puesto en la búsqueda de la observancia constitucional.
 
Aunado a lo anterior, y en el ejercicio de sus atribuciones, la CNDH formuló propuestas tendentes a mejorar la atención de los derechos humanos en el país por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Especial mención ameritan los pronunciamientos formulados en torno a la expedición de la Ley de Seguridad Interior, o bien, el estudio y sus consecuentes acciones, relativas a promover la planeación de los presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos. Asimismo, se realizó una propuesta al Senado de la República a fin de modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), concretamente al artículo 16, párrafo octavo, para eliminar la figura del arraigo. Es de mencionarse también el posicionamiento en contra de la intención de retroceso del nuevo sistema de justicia penal, frente a la pretensión de algunos operadores y operadoras en ese sentido.
 
Por otra parte, con motivo de los sismos de gran magnitud ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, la CNDH realizó diversas acciones inmediatas orientadas a coadyuvar en la atención y protección de los derechos humanos en diversos Estados de la República, e inició la investigación de 289 quejas que le fueron presentadas y de nueve más de oficio.
 
A través de este Informe las personas interesadas podrán analizar la forma en que la CNDH ha utilizado el presupuesto que se le asigna, las actividades realizadas durante 2017 para la protección, la defensa, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos, así como el desarrollo institucional. Todo lo anterior se muestra en este resumen ejecutivo y puede consultarse de manera más amplia en el dispositivo de memoria (USB) que se anexa, así como en la página web de la CNDH, con un lenguaje incluyente y un formato sencillo y accesible para toda persona.
 
De esta manera, la Comisión Nacional no solo atiende el derecho a la información de quienes desean saber sobre su desempeño, sino que además invita a participar en la generación de una cultura de respeto a los derechos fundamentales, misión en la que como sociedad tenemos muchos retos por delante.
 
Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos