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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017    Ayuda

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Análisis Situacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Desde su creación, el 6 de junio de 1990, la CNDH ha desempeñado un rol central en el reconocimiento y consolidación de los derechos humanos en México. En los últimos años, ha exhortado a través de diversos pronunciamientos dirigidos a las autoridades del país, al cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos vinculados con el otorgamiento de prestaciones en el orden de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
 
Las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído en materia de DESCA, derivan a partir de su reconocimiento constitucional como de su accesión a diversos instrumentos jurídicos internacionales, e igualmente, a los compromisos adquiridos en el marco de la aprobación, en septiembre de 2015, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el seno de las Naciones Unidas. La Agenda constituye un plan de acción global que busca orientar las acciones de todos los países con miras a su realización en el año 2030, hacia la prosperidad y el cumplimiento de los derechos humanos; sus objetivos se concentran en la plena realización de la mayoría de los derechos humanos, y pone énfasis en el pleno cumplimiento de los DESCA, yendo desde el derecho a la educación, al trabajo digno, a la alimentación de calidad y la aspiración de contar con un medio ambiente sano, por mencionar algunos. A través de Recomendaciones específicas, generales, estudios, eventos, documentos y pronunciamientos, la CNDH ha reconocido y dado énfasis y se ha ocupado de casos y situaciones que impactan el goce y ejercicio de esos derechos.
 
La CNDH observa con preocupación que, a pesar de los esfuerzos de diversa índole puestos en marcha del año 2000 a la fecha por la comunidad internacional de alcanzar en primer lugar los Objetivos del Milenio y, a partir del 2015, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con base en las 169 metas que la conforman, la realidad mexicana aún dista de alcanzar dichos estándares. Al respecto, este Organismo Nacional, se ha pronunciado conforme a cada temática no alcanzada, haciendo un llamado de concientización a las autoridades que tienen obligaciones desde su ámbito competencial en materias como medio ambiente, agua, pobreza, trabajo, seguridad social, educación, entre otras. 

La CNDH se ha ocupado de la promoción y defensa de los derechos a un medio ambiente sano en ríos y ecosistemas, de los derechos laborales y de seguridad social, para asegurar la igualdad y no discriminación en particular a personas en situaciones de vulnerabilidad; asimismo, se ha estudiado el impacto en el goce de los DESCA de temas como la corrupción y la necesidad de elaborar el presupuesto de egresos con perspectiva de derechos humanos, la importancia de promover ciudades sostenibles y la vinculación entre la protección civil y los derechos humanos.

La Agenda DESCA de la CNDH para el periodo de 2018 buscará incidir aún más en la promoción y protección de los derechos humanos de carácter social, particularmente, en temas relacionados con las afectaciones por contaminación del aire, la situación de la contaminación de los ríos en el país y en general del derecho humano al agua; de igual manera, se continuará promoviendo la generación de indicadores y elementos de políticas públicas para avanzar en el goce y disfrute de los DESCA, en condiciones de igualdad y no discriminación, en particular a favor de los grupos de atención prioritaria, como son niñas y  niños, adolescentes, personas y comunidades indígenas, personas con discapacidad y personas mayores.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre del 2017, existían 3,583,529 de trabajadoras y trabajadores subordinados cuyos ingresos fueron de hasta un sólo salario mínimo general o menos. La insuficiencia de ingresos de las y los trabajadores del país es evidente si se considera que el monto actual del salario mínimo es de $88.36, fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el 21 de noviembre de 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, el valor de la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al mes de noviembre del 2017, alcanzó $2,959.88 mensuales en las zonas urbanas, es decir, se tendría que destinar el equivalente a un salario diario los treinta y un días de un mes, para que una persona cubra exclusivamente sus necesidades básicas y las de su familia.
 
Otra problemática relativa al goce y ejercicio de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo es la relacionada con las y los jornaleros agrícolas, la cual ha sido objeto de análisis por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de distintos pronunciamientos como la Recomendación 2/2017, del 31 de enero de 2017 y la Recomendación 60/2017, del 27 de noviembre de 2017; con esas resoluciones se busca contribuir al aseguramiento de condiciones de existencia dignas, seguridad e higiene, descanso y limitación razonable de las horas de trabajo de ese grupo.

La Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 dotó de rango constitucional a los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, los cuales se deberán de promover, respetar, proteger y garantizar por las autoridades. Nuestra Constitución reúne un importante catálogo de derechos entre los cuales, el artículo 4º contempla el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

No obstante este notable avance en la cuestión del acceso a la alimentación, el CONEVAL plantea que al 2015, el 21.7% de la población carecía del mismo; por cuanto hace a la suficiencia y calidad de los alimentos, el panorama es altamente contrastante, por un lado, 24.6 millones de personas no pueden acceder a la canasta básica, situación sobre la cual, la Comisión Nacional ha hecho un llamado a los tres niveles de gobierno sobre el riesgo de vulneración a los derechos humanos de 27 millones de personas en el país que viven en pobreza alimentaria. Por otra parte, el Relator Especial el derechos a la alimentación, en el Informe de su misión a México en 2011, ha señalado que aproximadamente 35 millones de mexicanas y mexicanos adultos padecían de sobrepeso y obesidad, situación que va en aumento en todos los grupos de ingresos, especialmente el más pobre; además de afectar a la salud, con enfermedades como diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, lo cual deja ver la interdependencia que existe entre los derechos humanos y la importancia de observar el cumplimiento de cada uno de ellos.

Un grave problema asociado al deterioro ambiental es la contaminación del agua. La disminución en su calidad daña a los ecosistemas, la salud humana y a la disponibilidad de fuentes de agua; lo cual se debe, primordialmente, a la descarga a los cuerpos receptores de una gran parte del caudal de aguas residuales sin tratamiento, por los municipios y las industrias, al uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, a la inadecuada recolección y disposición de los residuos sólidos municipales e industriales y al acelerado proceso de erosión causado por prácticas inadecuadas en las actividades agropecuarias y silvícolas, las cuales dificultan el ejercicio de los derechos humanos al medio ambiente, al agua y al saneamiento.
 
Ejemplo de lo anterior, ocurre en diversas entidades federativas del país como Puebla y Tlaxcala, en específico puede advertirse en la situación de los Ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes. Como se expresó en la Recomendación No. 10/2017, la distribución de agua potable enfrenta la problemática de falta de recursos financieros para la ampliación de la infraestructura, la rehabilitación y mantenimiento de sus redes de alcantarillado, distribución, así como de drenaje. No obstante, estas necesidades apremiantes, el presupuesto federal para atender tales rubros se ha ido reduciendo constante y progresivamente de 2012 a la fecha. Para contribuir a la solución de esa problemática, este Organismo Nacional recomendó establecer como requisito indispensable para las y los usuarios que descarguen sus aguas residuales a dichos cuerpos de agua, la construcción, mantenimiento periódico y adecuada operación de las plantas de tratamiento de aguas a su cargo, con la finalidad de mejorar los procesos para el tratamiento de las aguas residuales; por otra parte, los altos costos de energía eléctrica y de los reactivos químicos utilizados para el tratamiento de las  aguas afectan directamente a las comunidades que habitan cerca de dichos ríos.

Durante el 2017, la CNDH ha hecho énfasis en la necesidad de que la normatividad administrativa atinente a los servicios públicos, sea armonizada con los derechos humanos; el Estado debe garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos que se materializan a través de la provisión de servicios, como es el caso del acceso al agua y saneamiento, el transporte, entre otros, por lo que la ausencia de un proceso integral de armonización no es obstáculo para que las autoridades cumplan con las obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En materia de derecho a la vivienda, la CNDH promovió la realización del Estudio Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos en conjunto con la UNAM. Esta aproximación analiza el derecho a la vivienda, en busca del mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las personas, a fin de que sean considerados por las autoridades en los programas, políticas y toda actividad en dicho ámbito, temas como seguridad jurídica, habitabilidad, adecuación cultural, entre otros, como parte de una perspectiva de derechos humanos.
 
En cuanto al derecho a la educación, para la CNDH no pasa desapercibido el hecho de que al 2016, según estimaciones del CONEVAL, el 17.4% de la población padecía rezago educativo, el cual, se encuentra relacionado con situaciones como la pobreza y la mala alimentación, afectando principalmente a los grupos más vulnerables.
 
En lo que respecta a los derechos culturales, se fortaleció el andamiaje institucional en materia cultural en el país en 2015 con la creación de la Secretaría de Cultura y la nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales del 19 de junio de 2017, sin embargo, todavía falta la emisión de su Reglamento. La evaluación de la gestión de recursos económicos destinados a los programas para la cultura con perspectiva de derechos humanos es indispensable para la sociedad mexicana. Se debe tomar en cuenta que la concreción de los derechos puede representar no sólo la garantía de acceso, sino la generación de oportunidades de desarrollo para algunas regiones del país que sufren pobreza. En ese sentido, el vínculo entre el sector público y el privado debe desenvolverse con transparencia y profundo respeto a la dignidad de las personas.

 

La CNDH y los DESCA

La situación de los derechos humanos en México, así como la Reforma constitucional de 2011 motivaron a la CNDH a crear en 2012 la Sexta Visitaduría General, con la finalidad de ofrecer a la población un medio para hacer valer sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de promover que dichos derechos se conozcan y se hagan valer.
 

Actividades de Promoción de los DESCA

Durante 2017, las actividades de promoción de los DESCA han tenido un papel relevante, al realizarse un total de 9 eventos de promoción y difusión a los cuales asistieron más de 2,300 personas.

Entre las principales actividades de promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentra la realización de eventos como foros, talleres, presentación de estudios. A través de estas actividades, se busca promover entre las autoridades y el público en general, algunas reflexiones sobre los DESCA en relación con la realidad del país, es decir, acercar a la población el conocimiento sobre los derechos de que son titulares. Las actividades de vinculación correspondientes al 2017 se mencionan a continuación:

En febrero de 2017, los días 8, 9 y 10 la CNDH impartió en conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y la Universidad Autónoma de esa Entidad, el Ciclo de Conferencias sobre Derechos Ambientales, misma que contó con la asistencia de 314 personas.

Asimismo, el 24 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos organizó, en conjunto con la Facultad de Derecho y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el Diálogo Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo en el Auditorio Antonio Martínez Báez de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ciudad de México.

El evento tuvo como objetivo propiciar el intercambio de ideas sobre estrategias y acciones urbanas que incluyan la resiliencia y la reducción de riesgo de desastres, colocando a la dignidad humana como eje rector, tal y como lo expresa el Objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Diálogo fue el marco para la presentación del Estudio Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos, el cual es producto del Convenio de Colaboración celebrado en noviembre de 2016 entre la CNDH y la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre el vínculo entre los espacios urbanos y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de quienes los habitan, particularmente, de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. El estudio se encuentra disponible en el sitio web de la CNDH.

El 31 de mayo se realizó el Foro Corrupción y sus implicaciones sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en México, el cual fue organizado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el objetivo de tratar los vínculos que actualmente existen entre la corrupción y la realización de la dignidad humana en el país, conforme al Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas y todos, así como crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; y en este tenor, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

En el marco del Foro, se presentó el Estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 al 2014, producto del Convenio Específico de Colaboración celebrado en noviembre de 2016 por la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y este Organismo Nacional, con el propósito de ampliar las fronteras del conocimiento sobre las prácticas de combate a la corrupción que redunden en una mayor protección a la dignidad humana.

A efecto de abordar los vacíos y oportunidades en el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano en México, se llevó a cabo el 22 de junio, el Foro El derecho a un medio ambiente sano en México a 100 años de la Constitución, co-organizado con la Coordinación de Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Social y de Energía, así como con la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

El Foro convocó a autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas académicas en materia de derecho ambiental y evaluación ambiental. A través de tres mesas de trabajo, se intercambiaron experiencias y reflexiones sobre los principales vacíos y oportunidades en el cumplimiento al derecho a un medio ambiente sano en México, desde la perspectiva de la legislación, la medición y la instrumentación, de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El foro hizo evidente que, ante los vacíos comúnmente identificados en la legislación ambiental, debe promoverse una más eficiente coordinación entre los órdenes de gobierno que incluya el manejo transparente de recursos económicos para la gestión ambiental. Lo anterior, se ve reflejado en la falta de programas que coadyuven a mejorar el medio ambiente.

También, en orden a la promoción del derecho humano al medio ambiente sano, el día 24 de agosto de 2017, la Comisión Nacional llevó a cabo en colaboración con el Programa Universitario de Estrategias de la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Foro Los derechos humanos en materia ambiental y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicho Foro reunió a personas expertas, académicas, autoridades y estudiantes con la finalidad de promover el diálogo y el conocimiento sobre el contenido normativo de los derechos ambientales e impulsar mejores prácticas conducentes al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El evento se integró en cuatro mesas de trabajo, cuyas temáticas se enfocaron en discutir y reflexionar los problemas ambientales, así como profundizar en tópicos específicos que refieren a las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento; a la participación y justicia ambiental; y la protección y reparación del derecho humano a un ambiente sano.

El 18 de septiembre, se llevó a cabo la presentación del Estudio Sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, el cual derivó de un Convenio de Colaboración celebrado entre este Organismo Nacional y la UNAM a través del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Este evento tuvo lugar en el Auditorio Jorge Carpizo Mac Gregor de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y contó con la asistencia de legisladores, legislativos, personas expertas, estudiantes y académicos, y buscó fomentar el diálogo y promover en nuestro país, la perspectiva de los derechos humanos en todas las fases del ejercicio presupuestario.

El 13 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, se presentó, en el Auditorio del Centro Nacional de los Derechos Humanos, producto del Convenio de colaboración entre la CNDH y la UNAM a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el Estudio sobre Protección Civil y Derechos Humanos. Ante las lamentables circunstancias que aquejaron de manera inmediata al país, los días 7 y 19 de septiembre, se espera que el Estudio contribuya desarrollar una cultura de prevención, así como una correcta implementación de programas y acciones ante este tipo de situaciones, con perspectiva de derechos humanos, tanto en lo que atañe a las autoridades y como a la sociedad civil.

En conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Semana de la Investigación Jurídica, la cual, tuvo lugar en el Auditorio Ius Semper Loquitur del 16 al 19 de octubre. El objetivo primordial de la Semana fue promover y difundir el desarrollo de investigaciones para el conocimiento jurídico a nivel Licenciatura, en especial, en temáticas enfocadas a los derechos humanos. Durante sus cuatro días de duración, fueron distribuidos entre estudiantes y público en general, un total de 20,450 publicaciones y 80 colecciones de esta Comisión Nacional.

El 14 de noviembre se llevó a cabo la celebración del Convenio General de Cooperación entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuyo propósito es generar un marco propicio para investigar y desarrollar tecnologías para la protección del agua y su gestión sustentable desde una perspectiva de derechos humanos.

Actividades de Vinculación en Materia de los DESCA

Las actividades de vinculación que realiza la CNDH con distintas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, entre otros actores, buscan generar vínculos que permitan un mejor acercamiento a diversos actores con respecto a su obligación de proteger los derechos humanos y que éstos instrumenten las medidas necesarias para que sus actividades se rijan por una perspectiva de derechos humanos. En dichas actividades de vinculación, se realizan reuniones que permiten estrechar los lazos de cooperación, difusión y promoción de los derechos inherentes a todas las personas a través de congresos, convenios, cursos, la elaboración de análisis y estudios, foros, talleres, entre otros.

En 2017 se llevaron a cabo 18 reuniones de vinculación relacionadas con el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con actores como el Instituto de Investigaciones Jurídicas y los Programas Universitarios de Estudios sobre la Ciudad; de la Diversidad Cultural e Interculturalidad; de Estrategias para la Sustentabilidad; y con la Coordinación de Humanidades todos estos de la UNAM y de los cuales, surgieron estudios con perspectiva de derechos humanos o eventos que permitieron realizar la promoción de los DESCA; además reuniones con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del cual derivó un Convenio General de Colaboración, entre otros.

Actividades de Divulgación de los DESCA

Durante el año 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos distribuyó en eventos concernientes a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, folletos y otras publicaciones entre los que destacan el folleto de Biodiversidad y Derechos Humanos, y el folleto Movilidad, Vivienda y Derechos Humanos por cuanto hace a los DESCA, así como diversas publicaciones realizadas por esta Comisión Nacional, con un total de 209,827 ejemplares distribuidos.

Recomendaciones en Materia de los DESCA

Durante 2017, se emitieron 11 recomendaciones que abarcaron temas como derecho al trabajo, derecho al medio ambiente, seguridad social, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho al trato digno y derecho a una vida libre de violencia contra la mujer, las cuales se describen a continuación.

Como ya se mencionó anteriormente, se emitieron algunas Recomendaciones para la garantía del derecho al medio ambiente, tales como: la Recomendación No. 10/2017 Sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el Estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala.

De igual forma se emitió la Recomendación No. 67/2017 Sobre el caso de la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, por la remoción de manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar) en Quintana Roo.

Además, con respecto a los derechos al trabajo y a la seguridad social, se emitieron las siguientes recomendaciones:
 
  • Recomendación No. 2/2017 Caso sobre la violación a diversos derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, Ensenada, Baja California;
  • Recomendación No. 22/2017 Sobre el caso de violaciones de los derechos humanos a la protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de V, por pesonas servidoras públicas de la Procuraduría General de la República;
  • Recomendación 23/2017 Sobre casos de restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad, en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14 y V15
  •  Recomendación No. 25/2017 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, a la legalidad, y al trabajo en su modalidad de impedir el acceso al trabajo, cometidas en agravio de V, en el Estado de Oaxaca;
  • Recomendación No. 28/2017 Sobre los casos de violaciones a diversos derechos humanos por la pensión por viudez negada o declarada improcedente en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8, por motivos de sexo, condición económica y salud;
  • Recomendación No. 37/2017 Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a una vida libre de violencia, a la legalidad y seguridad jurídica y al acceso a la justicia en sede administrativa, de V1, V2, V3, V4, V5 Y V6, atribuidas a personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” y de su órgano interno de control;
  • Recomendación No. 53/2017 Sobre los casos de violaciones a los derechos humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica con motivo de la declaración de improcedencia de la pensión por viudez en agravio de V1, V2 y V3 por causa de su estado civil;
  • Recomendación No. 60/2017 Sobre el caso de la violación a los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y al interés superior del niño en agravio de V1 y V2, personas jornaleras agrícolas en el Estado de Coahuila de Zaragoza; y
  • Recomendación No. 61/2017 Sobre el caso de violaciones a los derechos al trato digno y a una vida libre de violencia contra la mujer, en agravio de V, por actos de autoridades del gobierno de San Luis Potosí.
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