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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017    Ayuda

Periodistas y Personas Defensoras Civiles

Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras

Conceptos clave

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que "el periodismo debe considerarse una actividad y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier sociedad ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho a "buscar y recibir información", puede tomar decisiones informadas, expresar sus opiniones libremente y participar activamente en un sistema democrático».[1]

En tal sentido propone que «…por su función y el servicio que prestan, los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando desempeñan por un tiempo esa función».[2]

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señala que «se usa la expresión “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades […] y algunos de los contextos en que actúan…»[3]

También advierte que «en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos […] se hace referencia a “los individuos, los grupos y las instituciones [que contribuyen] a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos” (cuarto párrafo del preámbulo)».[4]

Finalmente expresa que «de acuerdo con esta definición general, pueden ser defensores cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes profesionales o de otro tipo. Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado».[5]

Antecedentes

La estadística sobre agravios contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como de la impunidad en torno a estas formas de agresión ofrece una perspectiva clara sobre las dimensiones de la problemática que el país enfrenta en materia de Derechos Humanos.

Esta situación se ha sostenido en nuestro país a lo largo de los últimos años,[6] lo que llevó a que en 1991 se creara en la CNDH el Programa Especial de Periodistas para conocer presuntas violaciones de derechos humanos en agravio de comunicadoras(es) de distintos medios informativos. En 1993 el programa se hizo permanente. En 1995 el Consejo de la CNDH amplió sus funciones e incluyó los casos de defensores civiles.

El Consejo de Derechos Humanos (CDH), órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, ha aplicado su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismos para valorar la situación de los derechos humanos en el mundo, a lo largo de tres periodos: 2008-2011, 2012-2016 y 2017-2021.[7]

En el primer periodo México informó que el país «enfrenta el desafío de agresiones y homicidios contra periodistas, delitos que se relacionan con la amenaza y acción del crimen organizado»[8]. A partir de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADCP), en febrero de 2006,[9] y hasta septiembre de 2008, en el fuero federal se conocían «262 asuntos por delitos cometidos contra periodistas», indicando que «El tipo de delito más denunciado es la amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de homicidio; recurren también las denuncias por lesiones, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y robo».[10]

Como resultado del EPU, en 2009 se expresan diversas recomendaciones como: invitar a ONG que trabajan el tema de la libertad de prensa a un diálogo constructivo sobre cómo detener la violencia contra los periodistas y garantizar la libertad de prensa;[11] poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la violencia contra los periodistas y personal de los medios de comunicación; en particular de aquellos que investigan y denuncian los casos de tráfico de drogas y la corrupción;[12] así como incrementar la efectividad de las medidas precautorias para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo la adopción de efectivas y comprehensivas estrategias de prevención, a nivel central y local, para prevenir los ataques y proteger la vida e integridad física de los defensores de los derechos humanos y periodistas y garantizar que esos programas estén respaldados por un firme compromiso político y con recursos suficientes.[13]

En el informe presentado para evaluar el segundo periodo (2012-2016) México expresa que en 2010 se instituyó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con facultades de coordinar investigaciones y perseguir delitos contra quien ejerce el periodismo;[14] en 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) que establece la cooperación entre órdenes de gobierno para operar mecanismos de preventivos y de protección de periodistas y defensoras(es) en situación de riesgo; dicha ley establece un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el cual participan representantes de periodistas y defensores de derechos humanos propuestos por la sociedad civil.[15]

Asimismo, el informe establece que en 2012 se reformó la Constitución para que las «autoridades federales conozcan de delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas, personas o instalaciones, que atenten contra la libertad de expresión o el derecho a la información»;[16] además, se indica que en ese mismo año «la FEADLE implementó un Sistema de Alerta Temprana para garantizar la ágil atención a personas defensoras de derechos humanos y periodistas víctimas de un delito, por medio de acciones de prevención y protección, a fin de evitar la posible consumación de una amenaza».[17] Lo anterior aunado a que el Mecanismo había aprobado hasta mediados de 2013 el modelo de convenio de cooperación con entidades federativas, los protocolos de medidas de protección y el método para evaluar riesgos, así como las reglas de operación de su fondo financiero.[18]
Cabe señalar que la CNDH, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en el periodo de 2000 al 31 de diciembre de 2017, ha registrado un total de 130 homicidios de periodistas, de los cuales 13 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10.%. De estas cifras 10 homicidios se verificaron en 2017.
Los seis estados con mayor incidencia en homicidios de periodistas son los siguientes:
 

 Homicidios periodistas Columna: Homicidios a periodistas


Igualmente, en el periodo comprendido entre el 2005 al 31 de diciembre de 2017 se registraron 20 periodistas desaparecidos y del 2006 al 31 de diciembre de 2017 se tuvo conocimiento de 52 atentados a instalaciones de medios de información.
 
En el caso de las personas defensoras de derechos humanos la CNDH ha registrado un total de 34 homicidios en el periodo comprendido entre el 2006 al 31 de diciembre de 2017, de los cuales 14 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 40%.
 
Los seis estados con mayor número de homicidios de personas defensoras son los siguientes:
 

 Homicidios personas defensoras Columna: Homicidios de personas defensoras de los derechos humanos


Igualmente, en el periodo comprendido entre el 2009 al 31 de diciembre de 2017 se registraron 4 personas defensoras desaparecidas.

La CNDH reitera su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios y agresiones que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo, así como del derecho a defender.

Subraya que aun cuando las agresiones a periodistas y personas defensoras no provengan de personas servidoras públicas, sino de particulares, el Estado Mexicano no está exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de las mismas. Los agravios a periodistas y personas defensoras que no se atienden hasta su esclarecimiento total, reparación integral del daño a la víctima y castigo a los responsables, generan la reiteración de prácticas criminales que lastiman y afectan la vida nacional en sus valores cívicos y democráticos; así como la privación de vida de periodistas y defensores de derechos humanos.

Entre los casos que lamentablemente se registraron durante 2017 se encuentra el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y El Norte en la ciudad de Chihuahua, así como el del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce de Culiacán, Sinaloa y corresponsal del periódico La Jornada, que motivaron la radicación de oficio de los expedientes respectivos por parte de este Organismo Nacional.  Tales crímenes constituyen hechos inaceptables y reprobables, que lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto, afectando la libertad de expresión y al corazón mismo de la democracia mexicana.

También ocurrió el reprobable asesinato del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, licenciado Silvestre de la Toba Camacho y de su joven hijo Fernando de la Toba Lucero, crimen que se dio en el marco de un atentado perpetrado en La Paz, Baja California Sur.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su más amplia y enérgica condena al artero crimen y exigió a las autoridades estatales y federales realizar una investigación inmediata y a fondo que ubique a los asesinos y los ponga ante la autoridad correspondiente para que este crimen no quede impune, en respuesta a lo cual recibió por parte del gobernador de esa entidad federativa el compromiso de una investigación expedita y a fondo para esclarecer estos condenables hechos.

Esta Comisión Nacional manifiesta que es obligación de la autoridad poner fin al círculo perverso que va desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas y personas defensoras recorrido que pasa por el miedo, la incertidumbre, la duda y en no pocas ocasiones la autocensura, sin olvidar el cierre de medios informativos, el cambio de profesión de periodistas y personas defensoras y el autodestierro o movilidad forzada.

Así también, desde la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos se condenó el artero ataque contra Silvestre de la Toba y su familia y se llamó a las autoridades locales y federales a esclarecerlo, además de exigir justicia para quien con su actividad buscaba defender la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.

Se puntualizó que la ejecución de De la Toba Camacho pone en riesgo la defensa de los derechos fundamentales y es señal clara de la vulnerabilidad de las garantías para que un defensor público pueda realizar su trabajo de manera segura.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera la necesidad de que las Recomendaciones Generales números 24 y 25, emitidas por este Organismo Nacional sean atendidas con la oportunidad y de manera integral, al tiempo que refrenda su solidaridad con el gremio periodístico y con las personas defensoras de derechos humanos.

Pese a estos avances en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU en uno de cada 10 elementos de análisis se expresó la preocupación por el ejercicio de la libertad de expresión y el riesgo que corre el periodismo en México, expresando la importancia de incluir el enfoque de género, la prevención y desactivación temprana de riesgos, y la lucha contra la impunidad; en el apartado de conclusiones y recomendaciones 25 países reiteraron esta preocupación.[19]

Por su parte, en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CmIDH)[20] de la Organización de Estados Americanos (OEA), advertía en su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, que las y los activistas enfrentaban diversas amenazas como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y hostigamientos, campañas de desprestigio e iniciación de acciones penales para menoscabar su trabajo, violación de domicilio y otras injerencias arbitrarias o abusivas, obstaculización, entre otras arbitrariedades, agresiones todas que solían quedar impunes.[21]

La CmIDH advertía en su informe que de las medidas cautelares otorgadas a defensoras y defensores en el periodo 2002-2005, «la mayor concentración de amenazas provino de Colombia (44), Guatemala (18), México (8), Venezuela (7), y Brasil (6)».[22] Asimismo, destacaba que los grupos mayormente amenazados estaban compuestos por personas vinculadas a organizaciones de la sociedad civil actuando a favor de derechos humanos, paz, desarrollo y medio ambiente (51); que individualmente realizan tareas de defensa de los derechos humanos (20), funcionarias y funcionarios públicos como operadoras y operadores de justicia, personal de los servicios de medicina forense, personal de las fiscalías y procuradurías, y personas que ostentan cargos de elección popular como congresistas y cabildantes (10); que forman parte de organizaciones sindicales (10); líderes indígenas (5) o participan en organizaciones estudiantiles (1).[23]

En su segundo informe, presentado en 2012, la CmIDH «reconoce que algunos Estados han realizado importantes esfuerzos dirigidos a cumplir con las recomendaciones del primer informe»,[24] aunque también añade que la situación se ha vuelto preocupante en algunos países como Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela: «Continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y allanamientos, así como los señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan la labor de defensa de los derechos humanos. Además, existe una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, reflejado en la iniciación de acciones penales, la restricción de fuentes de financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectivos para su protección».[25]

Lo anterior, de acuerdo con la propia CmIDH representa una situación especial de riesgo para «líderes sindicales; líderes campesinos y comunitarios; líderes indígenas y afrodescendientes; operadoras y operadores de justicia; mujeres defensoras de derechos humanos; y defensoras y defensores del derecho al medio ambiente sano, de los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexo (LGTBI); y de los trabajadores migratorios y sus familias».[26]

Según la ACNUDH en el periodo 2006-2009 se presentaron en México «128 situaciones de agresiones o limitaciones a la labor de defensoras y defensores; de este total, cerca del 6% correspondería a violaciones del derecho a la vida».[27] Esta cifra actualizada para el periodo 2009-2010 indicaba que se habrían sumado 37 agresiones, «ascendiendo los actos de privación arbitraria de la vida al 13% del total de las agresiones».[28]

Finalmente, en el Informe del Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias (Visita a México 2014), se recomienda adoptar «protocolos especiales de investigación para los delitos cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, que exijan un examen exhaustivo de la posibilidad de que el delito haya estado motivado por la profesión de la víctima»,[29] de igual forma el relator sugiere prestar atención «a lograr la plena aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas destinando los recursos financieros y humanos necesarios para una puesta en marcha efectiva y transparente del Mecanismo, garantizando una estrecha coordinación entre los órganos responsables de las medidas preventivas y protectivas y logrando la plena participación de periodistas, defensores de los derechos humanos, la sociedad civil y los beneficiarios en la puesta en marcha y el funcionamiento del Mecanismo», además propone dar mayor difusión al mecanismos a nivel local.[30]

Obstáculos

Periodistas

Las autoridades encargadas de procurar justicia han propiciado un significativo vacío de resultados en la investigación de los delitos cometidos en perjuicio de periodistas y medios de comunicación, derivados de agresiones diversas provenientes de distintos actores, al omitir cumplir con su obligación de practicar las diligencias en las indagatorias correspondientes, tendentes al esclarecimiento de los hechos, prolongándose el tiempo de su integración, sin lograr su determinación en un importante número de casos lo que se constituye en actos que vulneran los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, así como a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la libertad de expresión.[31]

Las quejas iniciadas en los últimos años en esta Comisión Nacional, en relación con los casos de homicidios y desapariciones de periodistas así como atentados a instalaciones de medios de comunicación, tienen el común denominador de la falta de efectividad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para disuadir y evitar estas agresiones.[32]

En tanto esta práctica se mantenga, se constituye en un impedimento para moldear un marco de convivencia social, justa y pacífica; se atenta contra los presupuestos básicos de los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión y sus correlativos, a la información y la libertad de prensa, así como el derecho al trabajo, cuya defensa ha guiado la lucha por el respeto a los derechos humanos.[33]

Defensores civiles

Del análisis de los escritos de queja que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido en el periodo del primero de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, se advierte que algunos se relacionan con hechos tendentes a obstaculizar o estigmatizar la labor de las personas y organizaciones de defensores civiles de derechos humanos, lo cual constituye un medio directo de presión y censura que debilita la labor desarrollada por dichas organizaciones.[34]

El incremento en las agresiones se pueden vincular a los altos índices de impunidad registrados en nuestro país en los últimos años, así como a la reiterada omisión por parte del Estado Mexicano de establecer protocolos de investigación en los que sea obligatorio y prioritario identificar a las personas defensoras víctimas de delitos en relación con el contexto sociopolítico inherente al desempeño de sus actividades.[35]

Las carencias y omisiones documentadas en las instancias de investigación y persecución de delitos, la corrupción y el abuso de poder en algunas instituciones, la falta de protocolos especializados, programas de prevención, de inspección y supervisión eficaces a las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, de sanciones puntuales y ejemplares para aquellas y aquellos servidores públicos infractores o negligentes, han propiciado el incremento en la impunidad respecto de las agresiones en perjuicio de las personas defensoras, lo que demanda especial atención y un cambio de actitud institucional.[36]

Consecuencias

De no existir una intervención decidida del Estado que revierta la espiral de agresiones contra el ejercicio periodístico como un derecho social, la tendencia del fenómeno se puede profundizar y generalizar en el resto del país con ausencias institucionales que alimenten esta violencia.

A su vez, las agresiones en contra de personas defensoras, particularmente comunitarios, campesinos e indígenas propicia de manera indirecta la subsistencia de condiciones que vulneran los derechos fundamentales de otros grupos que los primeros defienden y representan. Por ello, es necesario que la sociedad comprenda que las agresiones a defensores civiles no se limita(n) a ellos en estricto sentido, sino que trasciende al tejido social, de ahí su profundo impacto.[37]

No prevenir, frenar ni castigar estas agresiones son claras omisiones que se leen como una doble vulnerabilidad para las personas que ejercen el periodismo y/o el activismo de la causa humana (por exposición a diversos peligros que deberían resultar evitables y por abandono de los compromisos nacionales adquiridos a su favor).

[1] Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17 del 4 de junio de 2012, p. 3, párr. 3.
[2] Ob. cit., párr. 4. El Informe del Relator añade " (párr. 5): De hecho, el Comité de Derechos Humanos adoptó también, en su Observación general Nº 34, una definición funcional del periodismo, según la cual participan en esa actividad "una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios; al respecto véase Comité de Derechos Humanos de la ONU (2011) Observación general Nº 34 (al art. 19 Libertad de opinión y libertad de expresión, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), CCPR/C/GC/34 del 12 de septiembre de 2011, p. 12, párr. 44.
[3] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.) Sobre los defensores de los derechos humanos, recuperado de http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx
[4] Fte. cit.; al respecto véase la resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/53/144, del 8 de marzo de 1999, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, p. 3, párr. 1.
[5] Ib.
[6] http://laopcion.com.mx/noticia/176633
[7] https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it, Al respecto, México estaría por enviar su informe para dicho periodo a mediados de 2018.
[8] México (2009) Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) anexo a la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/4/MEX/1, p. 11, párr. 64.
Ib, párr. 66.
[9] Ib, párr. 66.
[10] Ib, p. 25, nota 49.
[11] Examen Periódico Universal (2009) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a México, A/HRC/11/27, p. 26, recomendación 53.
[12] Ib, recomendación 56.
[13] Ib, recomendación 60.
[14] México (2013) Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/17/MEX/1, p. 13, párr. 92.
[15] Ib, párr. 93.
[16] Ib, párr. 95.
[17] Ib. párr. 96.
[18] Ib, p. 14, párr. 97.
[19] Examen Periódico Universal (2013) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, A/HRC/25/7, pp. 14-28.
[20] Se elige esta forma de abreviación, para no confundir la instancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
[21] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006) Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, en http://bit.ly/2B75a48
[22] http://bit.ly/2hNUnEk, párr. 250.
[23] Ib, párr. 251.
[24] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, en http://bit.ly/1QcRlFX, p. 3, párr. 7.
[25] Ib.
[26] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/025.asp
[27] CmIDH (2011), p. 13, párr. 36.
[28] Ib.
[29] Consejo de Derechos Humanos (2014) Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en su vista a México, A/HRC/26/36/Add.1, del 28 de abril de 2014, p. 23, párr. 114.
[30] Ib, párr. 116.
[31] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2013) Recomendación General No. 20, sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante, del 15 de agosto de 2013, DOF: 19/08/2013, p. 3, párr. 9, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_020.pdf
[32] Ib, p. 7, párr. 18.
[33] Ib, p. 10, párr. 28.
[34] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016) Recomendación General No. 25, sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, del 8 de febrero de 2016, DOF: 20/05/2016, p. 29, párr. 62, en http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15002/RecGral_025.pdf
[35] Ib, p. 6, párr. 15.
[36] Ib, p. 55, párr. 151.
[37] CNDH (2016), p. 23, párr. 44.

Promoción de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras

Las acciones de promoción sobre derechos humanos de periodistas y defensores civiles tienen la finalidad de coadyuvar con el desarrollo y consolidación de una cultura de respeto y protección hacia los mismos. En 2017, se realizaron 29 acciones de promoción dirigidas preponderamente a personas servidoras públicas, grupos de atención prioritaria y organizaciones sociales. 
 

 Acciones de promoción Columna: Acciones de promoción



En  enero, en colaboración con el Club de Leones Playa del Carmen, Riviera Maya, se participó en la “Jornada de Difusión del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos” llevada a cabo en el municipio de Cozumel, así como en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo.

Asimismo, en febrero, conjuntamente con la organización Comisión Nacional de Prensa A.C. en las instalaciones del Senado de la República se impartió el taller "Periodistas y Defensores Civiles desde la perspectiva de los derechos humanos"; igualmente, y en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y la Comisión Especial de Atención a Denuncias de Periodistas del Congreso del Estado se realizó el curso "Marco Jurídico para la Protección de la Libertad de Expresión", ambos fueron dirigidos a periodistas, comunicadores y público en general; adicionalmente, se efectuó el curso denominado "Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos" a personas  servidoras públicas de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
 
En mayo se participó en el programa de radio UNAM “Derecho a Debate” con el tema “Agravios a Periodistas”, así como ponente en el Foro “Libertad de Expresión y No discriminación: extraños compañeros de cama” organizado por el CONAPRED y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; dirigido al público en general.
 
Igualmente se realizó el foro “Mujeres Periodistas: El poder de sus voces”, en el Centro Cultural España, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dirigido a periodistas y público en general. También se organizó el “Conversatorio sobre la retrospectiva y expectativas del derecho de las y los periodistas y la procuración de justicia”, en el que participaron servidoras y servidores públicos de las diversas fiscalías estatales y la PGR.
 
Adicionalmente, se efectuó un evento de promoción (capacitación) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dirigido a las y los servidores públicos; mientras que en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se organizó otro evento dirigido a personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.

En junio se impartió la conferencia “Los agravios a Periodistas y defensores de derechos humanos” a elementos del Servicio de Protección Federal de la Comisión Nacional de Seguridad.
 
En julio personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impartió capacitación a servidoras y servidores públicos de las 32 entidades federativas del país que conformarán las unidades de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el fin de sensibilizarlos sobre el riesgo en que desarrollan su labor las y los integrantes de ambos colectivos.
 
Esta capacitación se llevó a cabo en la Academia de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, en la que se les proporcionó información que permitirá mejorar la coordinación entre las autoridades estatales y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en las acciones de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
 
Asimismo, como parte integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la CNDH participó activamente en la capacitación a las y los servidores públicos de las entidades federativas al facilitar que instructores colombianos impartieran temáticas relacionadas con el análisis de riesgo al que se enfrentan en las actividades que desarrollan en el ejercicio de la libertad de expresión, así como en la defensa de los derechos humanos.
 
El Quinto Visitador General, así como visitadoras adjuntas de este Organismo Nacional, comentaron respecto del contexto en que ejercen su labor las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de conformidad con el contenido de las Recomendaciones Generales 24 y 25 de la CNDH publicadas en 2016, además de exponer aspectos vinculados con el manejo de riesgo al que se enfrentan en el ejercicio de su actividad, así como del protocolo de actuación rápida para la investigación de casos de homicidios de periodistas.
 
En septiembre se dio una plática con el tema “Agresiones a mujeres periodistas” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido a periodistas, comunicadores y público en general. Igualmente, en colaboración con el Instituto de la Judicatura Federal, participó con la exposición del tema “Agresiones a periodistas”, la cual fue transmitida por el Cana Judicial. En el mes de octubre se impartió una capacitación a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur con el tema "Las Recomendaciones Generales 24 y 25 de la CNDH". También se participó en un conversatorio dirigido a periodistas, comunicadores y público en general sobre los temas “Libertad de Expresión y el Derecho a Defender” el cual tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

En noviembre, personal adscrito al Programa participó en el curso-taller “Derechos Humanos dentro del sistema penal acusatorio para el ejercicio periodístico”, impartido por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con la CNDH, el cual estuvo dirigido a periodistas y público en general. También participó en el foro “Derechos Laborales para garantizar una ética Periodística en México. La cláusula de conciencia como mecanismo para la protección de derechos laborales de periodistas” organizado por el Senado de la República, así como en el Seminario Internacional “Mejores prácticas internacionales para la protección de la defensa, ejercicio y promoción del Derecho a Defender Derechos Humanos y la Libertad de Expresión” organizado por el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.

En diciembre el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos participó como ponente en el evento realizado por la CNDH en las instalaciones del Museo Rufino Tamayo con el tema “Personas Defensoras de migrantes”, dirigido al público en general.
 

Vinculación de los Derechos Humanos en Materia de Periodistas y Personas Defensoras

Una de las vertientes de este programa consiste en desarrollar estrategias y acciones que permitan generar vínculos con las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, así como con las involucradas en la protección, promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, con objeto de implementar espacios de reflexión para analizar la problemática atinente al ejercicio de la libertad de expresión, y a la defensa de los derechos humanos en México, se llevaron a cabo 60 reuniones de trabajo con autoridades federales y estatales, así como con diversas organizaciones de la sociedad civil.

Entre las acciones de vinculación realizadas en 2017 destaca que el 17 de mayo el presidente de la CNDH  participó en la reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en donde estuvieron presentes el Presidente de la República, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual se acordó tomar una serie de medidas con el objetivo de combatir la violencia contra periodistas en el país, ello como resultado de la solicitud formal que realizó el Presidente de la CNDH a la Conago para tal efecto.

En seguimiento a dicha reunión, a petición del Presidente de la CNDH, el 2 de junio la Segob y la Conago firmaron un convenio sobre protección a periodistas, en donde acordaron:

1) Contar con legislaciones específicas en la materia;
2) Establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas;
3) Promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y
4) Homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas.
 
Asimismo, la CNDH coadyuvó en la celebración de la "Agenda De Periodistas" (agendadeperiodistas.mx), en la que están inscritos cerca de medio millar de periodistas y comunicadores para las mesas de discusión que se llevaron a cabo del 14 al 16 de junio en la Ciudad de México, en el Palacio Postal, conocido también como la Qiunta Casa de Correos, con los temas: riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; alternativas para combatir la impunidad; organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; solidaridad gremial y derechos laborales; reacciones de seguridad pública; y el significado social de las agresiones contra periodistas.
 
El presidente de la CNDH expresó que toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos, quienes requieren mucho más que medidas paliativas mediante declaraciones formales o estructuras burocráticas inoperantes.
 
Debido ello, este Organismo Nacional reconoce las convocatorias que, desde el ámbito de los propios periodistas, comunicadores, sociedad civil y academia, se han formulado para participar en espacios de reflexión y análisis, donde de manera plural, objetiva e informada, se elaboren propuestas para propiciar un entorno más seguro y adecuado para el ejercicio periodístico que incida en la vigencia de los derechos humanos vinculados al mismo.
 
Para la CNDH, la violencia contra periodistas y personas defensoras es una forma de censura, y un desafío para la justicia que la sociedad reclama, de ahí la necesidad que se articulen y coordinen esfuerzos y capacidades para su abatimiento pero, sobre todo, para su prevención con un compromiso real, eficiencia, pertinencia y dignidad.
 
En ese contexto y con motivo de la celebración de la “Agenda de Periodistas” el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso a las autoridades de los tres órdenes de gobierno revisar la política pública de protección a periodistas, ante la insuficiencia de resultados en las investigaciones de homicidios y agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en el contexto de violencia e inseguridad que se presenta en algunas regiones del país.
 
Igualmente destaca la reunión sostenida entre representantes de diversos medios de comunicación del país, los relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la OEA, señores David Kaye y Edison Lanza respectivamente, el señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  los Derechos Humanos y el presidente de la CNDH quien ratificó el compromiso relativo a la búsqueda de puentes de comunicación con los distintos niveles y órdenes de gobierno, y muy en particular, con la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Fiscales y Procuradores Generales de Justicia.

Esta reunión constituyó una importante ruta para la constitución de un grupo de trabajo con el objetivo de materializar un diagnóstico sistematizado de los distintos riesgos que implica la actividad periodística en nuestro país, así como los planteamientos para alcanzar soluciones prácticas y consistentes para la prevención de las contingencias manifiestas de la actividad  periodística.
  

Observancia de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras

Con el fin de detectar, registrar y, en su caso, investigar hechos que se hacen públicos en diversos medios de comunicación y que pueden constituir violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y comunicadores, así como de defensores civiles de los Derechos Humanos, durante este año se documentaron un total de 150 asuntos que pueden constituir violaciones a derechos humanos, de las cuales 113 se encuentran relacionadas con agravios a periodistas y 37 a defensores civiles de Derechos Humanos.
 

 CASOS Fila: CASOS

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras


Durante el año se radicaron 150 expedientes en el Programa, de los cuales 92 casos correspondieron a actos cometidos en perjuicio de periodistas, 58 asuntos en agravio de defensores civiles de Derechos Humanos. Asimismo, se tramitaron 7 inconformidades, 5 en agravio de periodistas y 2 de defensores civiles de Derechos Humanos.
 

 EXPEDIENTES Columna: PERIODISTASDEFENSORES

De igual manera, se radicaron 11 expedientes de oficio en el Programa, de los cuales 7 concernieron a la investigación de hechos relacionados con actos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos en perjuicio de periodistas, y 4 correspondieron a hechos que pudieran haber vulnerado los Derechos Humanos de defensores civiles.

Por cuanto hace a la atención de las quejas radicadas, se realizaron 90 visitas, con objeto de integrar debidamente los expedientes respectivos, para entrevistar a las personas agraviadas y conocer los pormenores de los hechos denunciados, consultar las averiguaciones previas iniciadas o recabar la información de las autoridades involucradas.

Adicionalmente, se llevaron a cabo 365 búsquedas en prensa de asuntos relacionados con la posible violación a los Derechos Humanos de periodistas y defensores civiles de derechos humanos con la finalidad de advertir casos que pudieran originar expedientes de queja.

Finalmente, se emitió la Recomendación 72/2017 relacionada con la indebida procuración de justicia en el homicidio de un periodista en el estado de Guerrero, cuyo contenido puede ser consultado de manera íntegra en el apartado correspondiente del presente informe.
 

 

Solicitudes de medidas cautelares a favor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Por otra parte, se solicitaron en 66 ocasiones medidas cautelares a favor de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación, a fin de garantizar su seguridad e integridad física. Asimismo, respecto de los casos relacionados con defensores civiles e integrantes de organismos no gubernamentales se solicitaron en 32 ocasiones medidas cautelares, con el mismo fin.

 Medidas cautelares Columna: Ocasiones de medidas cautelares

Campaña "Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos"

Con el fin de revertir la estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos y sensibilizar a las y los servidores públicos y sociedad en general sobre la importancia del trabajo que realizan, en los meses de septiembre y noviembre fue presentada la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos” con el hashtag #DefensaDHNecesaria que se extenderá a medios impresos, la cual se ha difundido en redes sociales, medios digitales y electrónicos.

La campaña en cita tiene por objeto contribuir a informar sobre la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos en el país, en temáticas diversas como el derecho a la tierra y el medio ambiente, igualdad de género, combate a la discriminación, defensa de los derechos sexuales y reproductivos, defensa de los derechos de las personas LGBTTTI, tortura, la desaparición de personas, así como la protección de periodistas.

Con motivo de la presentación de esta campaña, el Presidente de la CNDH hizo un llamado a los gobiernos federal y estatales a que hagan suya la campaña y la difundan con los presupuestos que tienen asignados para publicidad, y que públicamente expresen la importancia de la actividad de las personas defensoras de derechos fundamentales, dando cumplimiento con ello a uno de los puntos contenidos en la Recomendación General 25 emitida por la CNDH. No obstante, al 31 de diciembre de 2017, ni el gobierno federal ni los gobiernos de las entidades federativas han hecho suya la referida campaña.

Los promocionales sobre las temáticas de la campaña fueron presentados por representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes formularon distintas consideraciones sobre el trabajo que desarrollan y los problemas que enfrentan. Los materiales de la campaña en audio, video, infografías e impresos se encuentran en el siguiente micrositio: http://defensoresdh.cndh.org.mx/.

Foro Internacional "Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias"

El 13 de enero de 2017 en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia ubicado en la Ciudad de México tuvo lugar el Foro Internacional “Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias”; el cual fue organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (ONUDH).

Dicho Foro inició con un Acto de Reconocimiento público sobre la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos y su contribución a la Democracia en México. En este acto participaron el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; el doctor Raúl Cervantes Andrade, entonces Procurador General de la República; el señor Michel Forst, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos; la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; el diputado Armando L. Canales, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; la maestra Mariclaire Acosta, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Directora de Freedom House México; el licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el señor Jan Jarab, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
Posteriormente, se integró la “Mesa1: Contexto de Violencia, deslegitimación y criminalización que enfrentan las personas defensoras de Derechos Humanos”; con la participación del doctor Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la señora Alejandra Nuño, defensora de derechos humanos; el señor José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos;  la señora Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Oaxaca); el señor Abel Barrera, Director de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Guerrero); y el señor Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
 
Finalmente, se llevó a cabo la Mesa 2: “Perspectivas Latinoamericanas sobre la Promoción y Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, en la que participaron el señor José de Jesús Orozco, Relator sobre los derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la señora Claudia Samayoa, Coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA); la señora Patricia Colchero, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; el señor Juan Carlos Botero, Consultor de Freedom House (Colombia); la señora María Martín, Coordinadora de Programas JASS Mesoamérica y el señor  Francisco Quintana, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Participación de la CNDH en la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, estableció las bases de cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de protección, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

La CNDH es miembro permanente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual es un órgano interinstitucional integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional, operado por la Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el artículo 3 de la referida Ley Federal.

La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo, está integrada por nueve miembros permanentes, entre los que se encuentra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la referida Junta de Gobierno corresponde al Quinto Visitador General.

En esa virtud, durante 2017 este Organismo Nacional participó en 12 sesiones ordinarias y tres extraordinarias de la Junta de Gobierno del referido Mecanismo.

Cabe destacar que la CNDH como parte integrante de la Junta de Gobierno siempre está en pro de las personas beneficiarias y busca que cuenten con las medidas de protección necesarias para que puedan continuar con el ejercicio de su labor, ya sea en el ejercicio de la libertad de expresión como en la defensa de los derechos humanos.

Debido a ello y ante la noticia de que no se habían designado recursos para la operación del Mecanismo de protección, el 10 de abril de 2017, la CNDH solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados, destinaran los recursos extraordinarios necesarios para que el fideicomiso del Mecanismo pudiera continuar con su operación y con el otorgamiento de las medidas de protección durante 2017, además de solicitar se programara el presupuesto para el ejercicio 2018.
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