INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017    Ayuda

Presidencia

Durante el tercer año de gestión, se dio continuidad al objetivo de lograr un ejercicio integral de las funciones de esta Comisión Nacional, con pleno respeto a su autonomía e independencia, a efectos de lograr una mayor y mejor incidencia en la atención de la coyuntura crítica que, desde hace varios años, México atraviesa en materia de derechos humanos. Desde la Presidencia de la CNDH, se enfatizó la atención de problemáticas específicas, vinculadas al entorno de inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y falta de un acceso real a la justicia que la sociedad enfrenta de manera cotidiana. Lo anterior, bajo un esquema no solo reactivo, sino también preventivo, que busca en todo momento el acompañamiento y atención a las víctimas, pero también el que los abusos de poder y las afectaciones a la dignidad humana no se presenten. Esto último solo se puede lograr mediante el fortalecimiento de una cultura de respeto y protección a los derechos humanos.

En este contexto, las cuestiones vinculadas a la seguridad y justicia tuvieron un papel preponderante durante 2017, año en el que, ante la falta de respuestas, pertinentes y adecuadas, por parte de las distintas autoridades a los reclamos de la sociedad en estos ámbitos, se intensificó el falso debate entre el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de que se cumpla y aplique la ley para garantizar la convivencia pacífica entre las y los mexicanos. Frente a las voces que quisieron identificar la defensa y promoción de los derechos humanos como una vía para la ilegalidad y propiciar la impunidad, se reiteró que estos derechos solo pueden ser vigentes en un Estado de Derecho; que el respeto a los mismos implica el respeto a una parte esencial de la Constitución; que todas las personas tienen derechos humanos, sean autoridades o particulares y que, de conformidad con nuestro sistema jurídico, solo las autoridades pueden violar los derechos humanos, mientras que cuando un particular agravia a una persona comete delito, cuya persecución y sanción no corresponde a la CNDH sino a la autoridad ministerial y, en última instancia, al Poder Judicial. Que los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos no tienen por vocación proteger delincuentes, sino el respeto de la legalidad y del debido ejercicio del poder público, y que las víctimas de los delitos tengan acceso a la justicia.

Con la certeza de que brindar seguridad y justicia a la sociedad es perfectamente compatible con el respeto a la legalidad y a la dignidad de las personas, la CNDH expresó razones y argumentos para fundamentar su oposición a medidas y acciones que, desde su perspectiva, por sí mismas implicaban o podrían propiciar que se afectaran los derechos y libertades de las personas. En este sentido, contra las propuestas que planteaban modificaciones que contrariaban la esencia del sistema de justicia penal acusatorio, se señaló que el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa no implica, necesariamente, que la justicia sea efectiva; que la alza o baja de la criminalidad no depende del sistema de justicia penal que esté operando y que, en los resultados del mismo inciden, fundamentalmente, la calidad y profesionalismo con que actúen las personas que lo operan. Desde el personal policíaco, ministerial y judicial, todos y todas deben ejercer debida, plena y oportunamente sus atribuciones. Sin la capacitación adecuada, la efectiva implementación de los registros y controles que el marco normativo contempla y una convicción clara por la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, ningún modelo de sistema penal dará las respuestas que nuestra sociedad demanda.

En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, desde los primeros momentos del proceso legislativo que concluyó con su publicación, esta Comisión Nacional llamó la atención sobre los riesgos que la misma, en los términos en que fue formulada, llevaba implícitos para el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto que no es acorde con el sentido y contenido de la reforma constitucional de 2011 en la materia por lo que genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos. Además de que afecta el diseño y el equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, y posibilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática de la sociedad mexicana. Se reiteró que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, partiendo de una lógica preventiva más que reactiva que se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles.

En este contexto, los ataques y agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que continuaron de manera preocupante durante 2017, también fueron causa de acción por parte de esta Comisión Nacional. Al respecto, si bien se enfatizó que todas las vidas son igual de valiosas y todos los hechos delictivos deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, sin importar para ello la ocupación o actividad profesional de quienes son víctimas de los mismos, cuando se ataca a una persona periodista o comunicadora, la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, toda vez que al atacarse la libertad de expresión, también se vulneran los derechos a la libertad de pensamiento e información y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático. Se exigió que todos los casos de ataques y agresiones sean investigados y se genere una política pública integral de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que propicie un ambiente adecuado para el desarrollo de sus labores y permita una protección real, digna y pertinente de los mismos, bajo estándares que den los mismos recursos y posibilidades de atención a todas las personas periodistas y defensoras, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico o ámbito en el que lleven a cabo sus actividades.

Estas agresiones alcanzaron en 2017 un nivel inédito con el homicidio del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, hecho que fue enérgicamente condenado y ante el cual se denunció la gran indiferencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender las agresiones y crímenes contra personas defensoras de derechos humanos toda vez que, pese a los reiterados llamados realizados para que todos esos crímenes sean esclarecidos, la gran mayoría de los ataques y agresiones permanecen en la impunidad. Las acciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia contra las personas defensoras han sido insuficientes, lo que ha generado condiciones para que aumenten las agresiones contra las y los defensores civiles y públicos.

Por otra parte, la necesidad de abatir prácticas y conductas que niegan la dignidad humana, como la tortura, las ejecuciones arbitrarias y las desapariciones, fue otro de los puntos que se reiteraron desde la Presidencia de la CNDH en el año que se reporta. En particular, por lo que hace al tema de las desapariciones, si bien se saludó la emisión de la Ley General en la materia, se reiteró que ésta, por sí misma, no es la solución al problema, en tanto se requiere de voluntad política y de recursos para materializarla. Se sostuvo que el Estado mexicano y sus autoridades deben cumplir con su obligación de aclarar el paradero de cada persona y, en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho. En todo momento se reconocieron los esfuerzos de colectivos, organizaciones civiles y personas que han logrado que el tema de las desapariciones en México forme parte de la agenda nacional, y que las voces de la sociedad se sumen a la exigencia al Estado mexicano de frenar la violencia en ciertas regiones del país y, por ende, las desapariciones de personas.

Asimismo, durante 2017 se llamó constantemente la atención sobre la problemática que prevalece en el sistema penitenciario, los riesgos existentes en cada centro de detención, tales como hacinamiento, autogobierno, insalubridad, entre otros, así como la necesidad de revisar todo el sistema con perspectiva presente y con visión a largo plazo, orientada al respeto de los derechos humanos como lo mandata nuestra Constitución. Se hicieron múltiples llamados para optimizar el funcionamiento del sistema penitenciario, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y contribuir a su reinserción social efectiva. Se resaltó la urgencia de proteger y respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, con un esquema de cultura de la legalidad, proponiendo un modelo que permita colocar a la prisión en su justa dimensión, en donde existan condiciones dignas.

Se evidenció ante la sociedad que el simple reconocimiento de los derechos no garantiza su vigencia, pues para ello se requiere contar con los recursos económicos necesarios para tal efecto. Las políticas presupuestarias deben tener como condición indispensable un enfoque de derechos humanos, con la finalidad de que los recursos públicos se destinen, de manera racional, transparente y efectiva a lograr que los mismos sean una realidad para todas y todos los mexicanos, así como para generar un entorno en el que sea posible su vigencia. Bajo el esquema actual, al definirse primero el ingreso y la capacidad de endeudamiento, toda política pública se construye bajo la restricción presupuestal, por lo que se debe contar con un horizonte de ingresos públicos para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y, con esa meta, adoptar acciones para acercarse al monto ideal. En este contexto, se señaló que un manejo adecuado y responsable de los recursos públicos debe pasar, necesariamente, por un ataque frontal a la corrupción, la cual es un factor que por sí mismo implica violaciones a derechos humanos o propicia que éstas se cometan.

Como en los dos años previos, en 2017 se impulsó y consolidó la colaboración entre la Comisión Nacional y sus homólogas en las entidades federativas, habiéndose asumido como una prioridad la promoción del respeto y vigencia real de la autonomía de las instancias locales, incluida la necesidad de que las mismas cuenten con los recursos y capacidades necesarias para cumplir con sus funciones. En las distintas reuniones celebradas entre el Presidente de la CNDH y los organismos locales, se estrechó la coordinación y se generaron agendas comunes, todo lo cual se materializó en los diversos pronunciamientos conjuntos que se emitieron, los casos y las problemáticas concretas que se atendieron, así como las actividades de vinculación y de promoción que se acordaron y se llevaron a cabo, siendo pertinente mencionar que la mayor parte de estos trabajos se dieron en el marco de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

En este año se dio continuidad a la vinculación y trabajo conjunto entre la CNDH y organizaciones de la sociedad civil, en los ámbitos nacional e internacional, para la realización de actividades de colaboración, así como para la atención y el seguimiento de casos. Con esa finalidad, se dio seguimiento a la realización periódica de contactos y reuniones de trabajo que se tradujeron, entre otras acciones, en actividades vinculadas a los ámbitos de promoción y divulgación de los derechos humanos, así como en la intervención de esta Comisión Nacional en casos concretos. En específico, se reiteró públicamente la necesidad de proteger y reconocer las tareas que desarrollan las y los defensores civiles en materia de derechos humanos, rechazándose cualquier acto de descalificación o intimidación que pretenda inhibir sus acciones, las cuales benefician e incumben a toda la sociedad.

De la mano de organizaciones de la sociedad civil y con independencia de las múltiples reuniones, acciones de atención y acompañamiento que llevaron a cabo las Visitadurías Generales, la Presidencia de la CNDH fortaleció su política de trato directo con las víctimas de violaciones a derechos humanos, para lo cual sostuvo diversos encuentros con las mismas y sus familiares, en particular de casos de desaparición o ejecuciones arbitrarias, para escuchar sus planteamientos, conocer sus necesidades de manera directa, así como orientar las gestiones y las actividades institucionales para la mejor atención de sus reclamos.

Sin comprometer la independencia y autonomía inherente a su carácter como órgano constitucional del Estado, durante el periodo que se reporta, la Presidencia de la CNDH consolidó los esquemas de contacto y vinculación con las distintas instancias y poderes de gobierno, tanto a nivel federal como local, así como la participación de esta Comisión Nacional en distintas instancias colegiadas vinculadas a la atención de problemáticas específicas en materia de derechos humanos, tales como seguridad pública, género, infancia y adolescencia, entre otras.

Del mismo modo, deben destacarse las reuniones de trabajo y encuentros que el Ombudsman sostuvo con comisiones y grupos de las Cámaras de las y los Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, así como con representantes de diversas legislaturas locales, que se han constituido como espacios de diálogo y colaboración objetivos, plurales e informados, y de seguimiento de casos relevantes o graves de violaciones a derechos humanos, con total respeto de las atribuciones y autonomía de cada instancia.

En el ámbito internacional, se siguió en la ruta de fortalecer los esquemas de colaboración con los sistemas universal y regional en materia de derechos humanos, razón por la cual, la CNDH incrementó su participación activa con los grupos de trabajo y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. De esta manera, el Presidente de la CNDH sostuvo diversos encuentros de trabajo con representantes de dichas instancias. Del mismo modo, se buscó aumentar el intercambio de experiencias, conocimientos y la realización de actividades de interés en conjunto con los organismos nacionales de protección de derechos humanos de otras naciones. En este marco, el Ombudsman se reunió con sus homólogos de varios países y participó en diversos eventos realizados por las asociaciones internacionales en la materia, tales como el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (INDH), la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RED) y la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). En particular, en 2017 destaca el papel de vocería que confirieron a la CNDH diversas organizaciones de instituciones nacionales de derechos humanos, para hacer llegar la voz de las mismas, sobre temas específicos, a las más altas instancias de la ONU en la materia.

Durante el 2017, el Presidente de la CNDH tuvo una participación activa en foros y espacios sobre temas de derechos humanos, en los cuales formuló diversas reflexiones en torno a la situación que éstos guardan en nuestro país y llamó la atención sobre cuestiones problemáticas o aspectos urgentes vinculados al respeto a la dignidad de las personas. A espacios propiciados por la sociedad civil, la academia o instituciones públicas, se acudió con la convicción de contribuir a visibilizar los problemas que se enfrentan en materia de derechos fundamentales, concientizar a la sociedad sobre la necesidad de que se fortalezca una cultura de convivencia sustentada en el respeto a la dignidad de las personas, así como informar sobre las actividades que esta Comisión Nacional lleva a cabo.

Del conjunto de actividades relevantes realizadas por la Presidencia de la CNDH en el 2017, han dado cuenta puntual los diversos comunicados de prensa que se han emitido.