INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016    Ayuda

Recomendación General 25

Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la Recomendación General 25, reconoce que la labor de las personas defensoras de derechos humanos contribuye a la protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático del país; no obstante, se han enfrentado diversas agresiones, entre las que destacan las amenazas, homicidios y desapariciones, motivo por el cual constituyen un grupo en situación de riesgo, cuya atención y protección es un tema de gran trascendencia. 

Asimismo, se hizo hincapié en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere en contra del derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, el Estado debe atender la sensible problemática que implican las agresiones a defensores de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su objetivo de proteger y velar por el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas.

En ese contexto, en la recomendación de mérito este Organismo Nacional observó con preocupación que el nivel de agresiones a defensores civiles se ha incrementado en los últimos años; es decir del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015, ya que en este periodo en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de este Organismo Nacional se integraron un total de 380 expedientes respecto de casos relacionados con personas defensoras. Durante el último lustro (2011-2015) el número de quejas radicadas representan el 70.27% del total de quejas recibidas en el periodo de 2006 al 31 diciembre de 2015.

Por otra parte, de la información cuyo análisis se expone en la recomendación en cita se advierte que las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar de manera clara y precisa el número real de agresiones y delitos cometidos en su contra vinculados a su actividad; y que en la mayoría de los casos de homicidios y desapariciones de personas defensoras, según la información de la que se ha allegado esta Comisión Nacional entre enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2015, las distintas representaciones sociales de procuración de justicia a nivel federal y estatal, han generado malos resultados.

En efecto, de la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías Generales se advirtió que existen 12 averiguaciones previas en trámite; 13 consignadas; nueve judicializadas; seis en reserva; y siete en las que se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal; no obstante, la CNDH tiene el registro de 25 homicidios en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015 y tres desapariciones entre el 1° de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2015.

En ese sentido, el incremento en las agresiones se puede vincular a los altos índices de impunidad registrados en nuestro país en los últimos años, así como a la reiterada omisión por parte del Estado Mexicano de establecer protocolos de investigación en los que sea obligatorio y prioritario identificar a las personas defensoras víctimas de delitos en relación con el contexto sociopolítico inherente al desempeño de sus actividades.
 
Cabe señalar que uno de los aspectos sensibles de la problemática que aqueja a las personas defensoras y que es abordado en la referida recomendación general lo constituye la ausencia de protocolos de investigación, así como programas o áreas especializadas en los que se privilegie el análisis del contexto sociopolítico que enfrenta la víctima del delito en su calidad de defensor de derechos humanos, a fin de canalizarlos de manera inmediata a estas unidades en las que los servidores públicos se encuentren capacitados y sensibilizados para su atención, así como para la investigación de delitos cometidos en su agravio, por parte de las Procuradurías y Fiscalías Generales.

Asimismo, se analiza el que los órganos del Estado están obligados a garantizar el respeto a los derechos de los gobernados en general y, en particular, evitar que se cometan abusos en perjuicio de las personas defensoras, por lo que deben implementar todas aquellas acciones para enfrentar y erradicar la violencia en contra de este grupo de personas en todo el país, ya sea ejercida de forma individual o colectiva.

Para lograr tal fin, en el documento de mérito se realizan algunas propuestas tendentes a que el Estado garantice a las personas defensoras de derechos humanos la erradicación de la violencia en su contra implementando acciones preventivas, por ejemplo, por medio de la educación, con el fin de no crear estigmas que obstaculicen su labor, así como sensibilizar a las y los servidores públicos que intervienen en la procuración e impartición de justicia respecto del impacto social que tienen las agresiones a este grupo de la población.

Igualmente, y atendiendo a que la posición de las personas defensoras de derechos humanos los coloca como un sector en riesgo, debido a la sobreexposición a las agresiones y a otras violaciones a sus derechos humanos tanto por servidoras y servidores públicos como por particulares, en el documento de referencia se propone la creación de mecanismos adecuados para su protección y defensa, a partir del análisis de los contextos social, político y económico que se interrelacionan en función de los grupos en situación de vulnerabilidad a los que representan, como es el caso de niños, niñas y jóvenes, comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes, entre otros, mediante los que se garantice el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad.

La presente recomendación fue dirigida a la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Gubernaturas, Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Comisión Nacional de Seguridad, Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretarías de Seguridad Pública, Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas y Comisiones Estatales de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen, prevengan y ejecuten las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención a fin de que el desempeño de las personas defensoras de derechos humanos no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna.