INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016    Ayuda

Víctimas del Delito

Análisis Situacional de las Víctimas

El Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) desarrolla su actividad en tres ejes fundamentales: 1) eventos de promoción o sensibilización y producción de materiales de divulgación en la materia; 2) atención victimológica que comprende orientación jurídica, acompañamiento, atención psicológica en crisis y/o psicoterapia breve y canalizaciones a instituciones públicas o privadas, y 3) vinculación con organizaciones de la sociedad civil, así como con instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, para concertar acciones conjuntas en materia de atención a víctimas.

Esto genera la necesidad de contar con indicadores asociados a las víctimas que permitan visualizar un panorama general de su situación y condiciones de vulnerabilidad.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)  2016, estima que en 2015 la población afectada fue de 23.3 millones de víctimas de delitos, aproximadamente 5.1 millones más de víctimas que en 2010.


La cifra negra de delitos no denunciados es de 93.7%, siendo el caso que las principales causas por las cuales las víctimas no denuncian, de acuerdo con la encuesta citada, son atribuibles a la autoridad y entre ellas destacan la consideración de la denuncia como una pérdida de tiempo 33% y la desconfianza en la autoridad 16.6%.

La ENVIPE estima que se generaron 29.3 millones de delitos durante 2015, los cuales se relacionan con 23.3 millones de víctimas, lo que representa 1.3 delitos por víctima, e implica una disminución respecto de 2014, toda vez que en ese año la taza correspondía a 1.5 delitos por víctima.

La percepción de inseguridad en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2016), arrojó un elevado 72.4%.

Ante este escenario las víctimas del delito demandan la operación efectiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sin embargo, hasta el mes de noviembre de 2016, solo 17 entidades federativas han creado sus respectivas comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas.

Las comisiones locales de atención a víctimas que han sido establecidas en diversas entidades federativas del país, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), han sido objeto de severas críticas por parte de las víctimas en virtud de los procedimientos ineficientes para acceder de manera inmediata a los recursos previstos en los fondos de ayuda, asistencia y reparación integral. Por ejemplo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, desde finales de 2014 y hasta enero de 2016, contaba con 1,536 millones de pesos de los cuales sólo se ejercieron el 3%, lo que ha motivado la presentación de diversas iniciativas de reforma a la Ley General de Víctimas.

Según datos de una de las iniciativas de modificación a la Ley General de Víctimas, hasta marzo de 2016, 7,640 personas solicitaron ser considerados como víctimas, sin embargo sólo 3,875 de ellas lograron ser inscritas en el Registro Nacional de Víctimas que opera la CEAV, y sólo el 3.5% de los registrados ha podido acceder a los recursos del fondo.

Los datos señalados muestran la imperiosa necesidad de redoblar esfuerzos que se traduzcan en acciones concretas que garanticen un procedimiento ágil, sencillo y eficiente que permita a las víctimas acceder a las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación.

Por tanto, es oportuno reflexionar sobre eventuales modificaciones a la Ley General de Víctimas en los siguientes aspectos:
  • El reconocimiento de la calidad de víctima a partir de las determinaciones de los organismos públicos de protección de los derechos humanos y de los organismos internacionales a los que México les reconozca competencia.
  • Establecer los lineamientos para que la CEAV proporcione las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación a víctimas, con carácter subsidiario, respecto de las comisiones estatales de protección a víctimas.
  • Dotar de autonomía presupuestal a la CEAV.
  • Establecer mecanismos que permitan agilizar las medidas de ayuda inmediata a las víctimas.
  • Fortalecer la figura de asesor jurídico en cuanto a su conformación y sus atribuciones en cada una de las etapas en la que interviene.
  • Se describan las funciones de asesor victimal en las diferentes fases del proceso penal acusatorio, es decir, si son coadyuvantes, si pueden hacer uso de la palabra en las diligencias preliminares, en las de apertura, o durante el desahogo de las diligencias probatorias y los límites de sus intervenciones para no obstaculizar el proceso.
  • Considerar la posibilidad de que las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en la Ley General de Víctimas,  puedan ser proporcionadas por instituciones privadas cuando sea necesario para garantizar la atención oportuna y efectiva de las víctimas, así como evitar que sufran un nuevo proceso victimizante.
  • Revisar y simplificar los procesos administrativos y financieros de la CEAV para proporcionar ayuda inmediata a las víctimas.
  • Para efectos de las medidas de restitución considerar a las víctimas no solamente de desaparición forzada, sino también de aquellas cometidas por particulares.
  • Considerar para efectos de la reparación integral del daño, la existencia de indicios que hagan presumir la desaparición forzada de personas.
  • Establecer la justificación de inasistencias laborales o escolares de las víctimas cuando se requiera su comparecencia ante el órgano revisor, la persona juzgadora o tribunal, o ante cualquier otra autoridad o perito.
  • Eliminar cualquier restricción a las víctimas de desplazamiento forzado interno a fin de que puedan acceder a los beneficios que la Ley General de Víctimas prevé para la protección y reparación del daño.
  • Revisar y armonizar otras normas relacionadas con la atención y protección de víctimas.
  • Establecer en los artículos transitorios la obligación de las autoridades y poderes públicos que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas de modificar los programas o procedimientos que permitan, en el ámbito de su competencia, responder a los compromisos que derivan de la Ley General de Víctimas.

Antecedentes y Objetivos Principales en Materia de los Derechos Humanos de las Víctimas

El incremento en el número de víctimas de secuestro, trata de personas y desaparición de personas, entre otras, es un fenómeno preocupante por el impacto que representan en la salud mental e integridad personal tanto de las víctimas en lo individual como en sus familias. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2000 creó PROVÍCTIMA, con el propósito de brindarles atención, así como para promover el respeto a los derechos que regula el sistema jurídico mexicano a su favor.

En enero de 2013, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Víctimas, a través de la cual se creó el Registro Nacional de Víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Asimismo, promovió la generación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que coordina y articula esfuerzos en los distintos órdenes de gobierno de la República, cuyos órganos operativos son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y las comisiones estatales de atención a víctimas que están en proceso de creación. En las entidades federativas se han expedido leyes específicas en la materia, lo cual se espera redunde en una mayor cobertura y mejor atención a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

En acatamiento de lo que prevé la Ley General de Víctimas y su Reglamento expedido en noviembre de 2014, empezó a operar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual aprobó el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018. En ese sentido, PROVÍCTIMA ha redoblado esfuerzos para seguir proporcionando a las víctimas, asistencia victimológica y promoviendo sus derechos, convirtiéndose en un puente efectivo entre éstas y los nuevos órganos operativos, en la esfera federal y local, del referido Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

En este nuevo escenario, la CNDH a través de PROVÍCTIMA trabaja con la finalidad de ser un actor principal en el nuevo modelo nacional de atención victimológica, que tendrá mayor cobertura y operará de manera más articulada. Dicho modelo privilegia que las acciones se realicen con un enfoque preventivo de violaciones a derechos humanos, que se brinde una atención con especial énfasis en la canalización de casos, la gestión y seguimiento de los mismos ante distintas instancias para que se proporcione a la víctima la asistencia y los apoyos que prevé el marco jurídico, así como que se le garantice el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Este Organismo Nacional ha ampliado la cobertura de atención a víctimas a través de brigadas de trabajo multidisciplinarias que privilegian la prevención de la victimización; enfoca las actividades de promoción al nuevo modelo de atención a víctimas y las dirige a los servidores públicos vinculados con la materia para sensibilizarlos y actualizar sus conocimientos en el tema; diseña y produce materiales destinados a distintos tipos de víctimas con mensajes de prevención de la violencia; propicia convenios de colaboración específicos con instituciones públicas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para agilizar la atención y apoyos que se les proporcionan y entrega materiales de difusión sobre víctimas para el conocimiento de sus derechos humanos.
 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas

En el marco del eje relativo a la atención victimológica, en el periodo aludido se aperturaron 3,933 expedientes de los cuales se concluyeron 3,974, incluidos 41 correspondientes al año 2015. Cabe precisar que en noviembre se concluyeron los 41 expedientes en trámite que corresponden al año 2015. Se atendieron a 4,507 personas. 

Lo anterior, originó que se proporcionaran 16,296 servicios victimológicos: 3,750 orientaciones jurídicas, 3,197 apoyos psicológicos y 9,274 requerimientos de información y acompañamientos, así como 75 canalizaciones a instituciones públicas.

 

Promoción de los Derechos Humanos de las Víctimas

Los 23.3 millones de víctimas de delitos registradas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, que recoge datos del año 2015, requieren información y orientación jurídica respecto de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas y los ordenamientos locales en esta materia, así como sobre las instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, con atribuciones para proporcionarles asistencia, apoyo y acompañamiento para observar que se cumpla con su derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

En ese sentido, en materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en el periodo que se reporta se realizaron 154 eventos de promoción sobre derechos de las víctimas a los que asistieron 10,515 personas, entre personas servidoras públicas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, y familiares de víctimas de personas desaparecidas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Vinculación en Materia de los Derechos Humanos de las Víctimas

De igual manera, se efectuaron 153 vinculaciones con instituciones públicas, organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas para concertar acciones conjuntas en este tema. 
 
 

Divulgación de los Derechos Humanos de las Víctimas

A fin de fortalecer la atención victimológica integral, eficiente y acorde a los criterios y principios internacionales reconocidos en la materia, así como promover y difundir la cultura de respeto a los derechos de las víctimas entre la sociedad mexicana, se revisaron y actualizaron 4 materiales de divulgación. Asimismo, de manera permanente, PROVÍCTIMA distribuye materiales como cartillas, trípticos, libros, cuadernos y folletos de diversos tópicos, de tal manera que en el periodo que se informa se distribuyeron 63,376 materiales de difusión.

A continuación se muestran algunos ejemplares del material de difusión mencionado:

1. Tríptico: Las víctimas tienen derecho a un trato digno.
2. Tríptico: El Programa de Atención a Víctimas te ayuda.
3. Tríptico: Sensibilización para servidores públicos.
4. Tríptico: Autocuidados en la atención a víctimas.

 

Asistencia y Acompañamiento a las Víctimas

Con estas acciones, la Comisión Nacional participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a víctimas de delito y violaciones a derechos humanos como en la prevención de éstas, al proporcionarles información sobre los derechos que les reconoce el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como sobre los mecanismos e instituciones existentes para su defensa.

De esta manera, el trabajo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitió visualizar que las instituciones realizan esfuerzos importantes en la asistencia y acompañamiento a las víctimas, lo que ha contribuido en los avances en ese rubro. Sin embargo, no se observaron los mismos esfuerzos y resultados en el caso de la reparación del daño acorde a los estándares internacionales recogidos en la Ley General de Víctimas. Por ello, resulta fundamental revisar y analizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional después de 2013, año que entró en vigor el referido ordenamiento jurídico.

Con estas acciones, la Comisión Nacional participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a víctimas de delito y violaciones a derechos humanos como en la prevención de éstas, al proporcionarles información sobre los derechos que les reconoce el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como sobre los mecanismos e instituciones existentes para su defensa.